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viernes, 17 de enero de 2020

Claves del segundo informe de bancarrota del Banco del Orinoco N.V de Curazao

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Un informe —fechado el 17 de diciembre de 2019— da detalles del proceso de bancarrota del Banco del Orinoco N.V, propiedad del banquero vinculado al régimen de Nicolás Maduro, Víctor Vargas Irausquín. El reporte dice que para el momento de publicación de la información no queda claro si "el BDO tiene activos líquidos o garantía de bonos para cumplir con sus obligaciones con los depositantes y otros acreedores". Asegura que la mayoría de esas seguridades existen en valores y bonos que según los representantes de banco intervenido "están en manos de los custodios Farringdon de Singapur, Vistra International SA de Panamá y Welden Securities de Uruguay / Paraguay".
   El segundo reporte público de bancarrota del BDO, referenciado en el expediente Cur-201903648, fechado el 4 de octubre de 2019, fue firmado por los fideicomisarios del caso, M.C Van Liere y MRB Gorsira y por el juez supervisor P. E. de Kort. 

Resumen de cuestiones claves

    El segundo informe público de bancarrota de los Fideicomisarios de Banco del Orinoco N.V. del 18 de octubre de 2019, los accionistas, así como (la mayoría de los empleados, se opusieron (a tiempo) a la adjudicación de la quiebra el 4 de octubre de 2019.

   1) El 13 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró al BDO inadmisible en su objeción y desestimó la objeción de los accionistas y los (antiguos) empleados de BDO.

  2) El 28 de octubre de 2019, el juez de supervisión rechazó la solicitud de los accionistas de BDO de despedir a los Fideicomisarios.

 3) Los accionistas apelaron (a tiempo) contra las sentencias mencionadas. Además, existe una apelación L.A.R (Ley Administrativa de la Ordenanza Nacional) en el Tribunal de Curazao contra el retiro de la licencia bancaria de BDO.

  4) Los antiguos representantes (autorizados) de los accionistas de BDO se retiraron a partir del 14 de noviembre de 2019. Con los nuevos representantes de los accionistas del BDO, los Fideicomisarios (y los representantes del Banco Central de Curazao y St. Maarten) acordaron el aplazamiento por un período indeterminado. Durante este período, los Fideicomisarios y los accionistas deliberaron, con el objetivo de alcanzar una solución amigable, donde prevalecieran los intereses de los acreedores conjuntos.

    5) Los Fideicomisarios enfatizaron que la información provista en este informe aún está sujeta a una investigación adicional. Teniendo en cuenta que la información puede tener que modificarse sustancialmente después de dicha investigación adicional.

   6) En este momento no se pueden hacer declaraciones sobre la integridad y exactitud de los datos según lo dispuesto en este informe. No se pueden derivar derechos de este informe de quiebra y/o informes posteriores. Nada en este informe puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad ni como una renuncia a ningún derecho. Con este informe, los Fideicomisarios presentan, de manera simplificada, el estado actual del estado de bancarrota de acuerdo con las pautas aplicables en Curazao para los informes de bancarrota y la suspensión de los informes de pago.

   7) Los Fideicomisarios junto con el arrendador de los edificios de oficinas de BDO acordaron una terminación a mediados de enero de 2020.

   8) En el próximo período, un comprador del inventario de BDO garantizará que el inventario de BDO se elimine y que el edificio se entregue.

  9) El BDO posee equipos de oficina en las propiedades arrendadas. Existe la posibilidad de que René Philippe Römer tenga derecho, según la ley de propiedad, al equipo de oficina, ya que supuestamente compró los artículos en una subasta pública (y antes de la quiebra).

   10) En este momento, no está claro si el BDO tiene activos líquidos o garantía de bonos para sus obligaciones con los depositantes y otros acreedores. Se dice que la mayoría de esa seguridad, es decir, más de ANG 2,4 mil millones, existe en valores y bonos que, según el BDO, están en manos de los custodios Farringdon de Singapur, Vistra International SA de Panamá y Welden Securities de Uruguay / Paraguay .

  11) En previsión y durante las regulaciones de emergencia, el Banco Central y el antiguo contador KPMG del BDO en Curazao han llevado a cabo una investigación sobre estos custodios y las carteras de valores que administraron, según el BDO. Además, los Fideicomisarios se han acercado a los custodios involucrados y han solicitado aclaraciones.

  12) En el último período del informe, los Fideicomisarios llegaron a un acuerdo sobre la venta del inventario del BDO a Franks Spullen. Esta parte garantizará que se elimine el inventario del BDO y que los edificios alquilados se entreguen al arrendador. Römer ha renunciado a sus derechos de propiedad.

    13) En el informe anterior, los Fideicomisarios no pudieron obtener una respuesta definitiva sobre la existencia, el alcance o el control de la cartera de inversiones. Actualmente hay conversaciones entre los Fideicomisarios y los accionistas del BDO para llegar a una solución conjunta en interés (primario) de los tenedores de depósitos del BDO. Durante este período, los Fideicomisarios y los accionistas consultarán juntos, para llegar a una solución amistosa, donde los intereses de los acreedores conjuntos son primordiales.

   14) El BDO tiene un reclamo sobre Plus Capital Markets en Panamá, que también está controlado por la UBO, (préstamo a plazo) de USD 12,903,000 (al 30 de abril de 2019). La autoridad supervisora panameña también ha tomado medidas contra Plus Capital Markets.

   15) Es posible que del BDO tenga derechos de seguridad sobre los activos de Plus Capital Markets como garantía para esas reclamaciones. Los Fideicomisarios están investigando estos asuntos.

   16) Cipresco Company Group: USD 620,000. Además, en este caso, supuestamente se proporcionaron valores al BDO.

   17) Agrícola Agrocao C.A .: USD 190,000. Es poco probable que haya valores.

   18) Gavides Omar: USD 160,800.

    Según la información de CBCS, los Fideicomisarios aún asumen la siguiente posición con respecto a los bancos (extranjeros) dentro del grupo del BDO:

Banco BOI: Reclamaciones: 2 cuentas de ahorro por septiembre de 2019: USD 25,000 .--.

Deudas: 2 cuentas de ahorro por septiembre de 2019: USD 35,960,000 .--.

Allbank:

Reclamaciones: Cuenta de agosto de  2019: USD 85,000.

  Deudas: depósitos de ahorro y a plazo en agosto de 2019 (total) USD 6,017,000. Allbank ha solicitado a los Fideicomisarios que paguen las letras del Tesoro de los EE. UU. Y los payments pagos de cupones ’relacionados, que han expirado (‘vencido’) con un valor (nominal) de USD 5,000,000. 

   Los Fideicomisarios han colocado este reclamo en la lista de acreedores permitidos provisionalmente.

Banco Múltiple de Las Américas:

Reclamaciones: varias cuentas por 29 de agosto de 2019: USD 778,000.

Deudas: cuentas de ahorro en agosto de 2019: USD 800,000. -
Bancos locales:

MCB Bank (local): en investigación (aproximadamente USD 70,000).

Teniendo en cuenta el apagón nacional en Curazao a mediados de noviembre de 2019, existe la posibilidad de que la administración digital del BDO se haya perdido. Los Fideicomisarios están conversando con otra parte para hacer una impresión digital de la administración del BDO nuevamente.

   Inmediatamente después de la orden de quiebra emitida, el BDO y los Fideicomisarios notificaron la quiebra al público en general y solicitaron a los titulares de depósitos y a otros acreedores del BDO que presentaran su reclamo de verificación. La quiebra se publicó en los periódicos (locales) y se colocó una notificación (en español) en el sitio web del BDO. Los Fideicomisarios han establecido una dirección de correo electrónico (creditors.bdo@ekvandoorne.com) que se puede utilizar para presentar reclamos y otras consultas sobre la bancarrota.

   Según las últimas cuentas provisionales (no verificadas) de BDO, el monto total pendiente de los depósitos se acumula a NAF 1.585.154.000 (julio de 2019).

Costes de los procedimientos de quiebra: por determinar

   Monto de arrendamiento pendiente después de la fecha de quiebra: ANG 24,000.(para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019). Salarios de los empleados pendientes después de la fecha de quiebra: ANG 177,297.06 (para el mes de septiembre y el período de notificación).

TBD
   Autoridades fiscales de reclamaciones: ANG 1.374.156,38 en relación con los ingresos impuestos, impuestos salariales y BVZI. Los fideicomisarios han presentado una objeción (pro forma) a tiempo.

Número de acreedores no garantizados presentados: 407

Cantidad de acreedores no garantizados presentados: USD 118,442,574.97

Plazo de liquidación Desconocido

Plan de acción: Los Fideicomisarios deberán, dependiendo del resultado de las conversaciones con los accionistas, llegar a un acuerdo conjunto y controlado.

Liquidación de BDO o una liquidación de los activos de la empresa. Presentación del próximo informe: El próximo informe oficial de bancarrota se publicará en tres (3) meses.






jueves, 21 de noviembre de 2019

Estas fueron las recomendaciones que se formularon para salvar al Banco del Orinoco en Curazao

Cuatro fueron los escenarios propuestos por los expertos, quienes planteaban desde la venta y transferencia de las acciones a un tercero, el traspaso a otros bancos en el grupo, la liquidación de la entidad o su conversión en una entidad extranjera.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un memorando confidencial elaborado por expertos pertenecientes a una reconocida firma de abogados de Curazao, fue presentado a las autoridades del Grupo Financiero BOD, planteando la posibilidad de aplicar alguno de los cuatro escenarios que recomendaron para salvar al Banco del Orinoco N.V., entidad que, finalmente, fue intervenida y liquidada por el Banco Central de Curazao y San Martín.
   El documento fue elaborado por HBN Law[1], un bufete de abogados fundado en 1938 en Curazao, líder tanto en esa isla como en el resto del Caribe.

El memorando

Un borrador de memorando confidencial fechado el 5 de octubre de 2018 y elaborado por los abogados Eric R. de Vries[2] y Chris van Amersfoort[3] de la firma HBN Law, estaba dirigido a Jesús Escudero, director legal del Grupo Financiero BOD cuyo contenido planteaba los distintos escenarios que ese despacho visualizaba  con relación al Banco del Orinoco N.V.

   Refería el memorando, en primer término, que el  BDO se encontraba establecido en Curazao gracias a una licencia de institución de crédito internacional otorgada por el Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS) bajo la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, P.B. 1994, Nº 4, estando registrada como un banco internacional no consolidado.

  La comunicación planteó cuatro escenarios proporcionando una visión general de alto nivel de los requisitos legales y reglamentarios para cada uno de ellos.

   Dichos escenarios planteaban, primero, una venta y transferencia de todas las acciones del capital del BDO a un tercero comprador; segundo, (i) una transferencia de acuerdos con clientes más grandes a otros bancos en el grupo BDO, (ii) una terminación de acuerdos con clientes más pequeños del BDO seguido del pago del saldo de cuentas a dichos clientes; y (iii) que el BDO continuara como un banco de inversión/crédito documental para ciertos clientes comerciales; tercero, (i) y (ii) del escenario 2, (iii) una liquidación de BDO; y cuarto, una conversión del BDO en una entidad extranjera.

   Para la elaboración del documento, los abogados de HBN Law revisaron la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito y sus actualizaciones; la licencia bancaria emitida al Banco del Orinoco (Bonaire) N.V. de fecha 12 de septiembre de 1994, número 94-11.502; las versiones en inglés y en español del BDO sobre los términos y condiciones generales de la entidad; los términos y condiciones de los certificados de depósito de BDO; los estatutos de BDO modificados por última vez el 5 de marzo de 2009; otras leyes o reglamentos de aplicación general en Curazao que estimaron relevantes.
   Se advirtió que el memorando no describe ningún aspecto fiscal o laboral de los escenarios.

Primer escenario

  La venta y transferencia de acciones en BDO es el primer escenario planteado por HBN Law, para lo cual debía cumplirse con una serie de requerimientos y requisitos legales y reglamentarios.

  Los requerimientos legales contemplaban, primero, la venta y transferencia de acciones, lo cual en instituciones tipo N.V. puede ocurrir a través de una escritura privada o notarial de transferencia de acciones y el reconocimiento de la misma por parte de la compañía o la notificación de la transferencia a la compañía por orden judicial.

  Luego, refería que de acuerdo a los estatutos del Banco del Orinoco, la venta y transferencia de sus acciones por parte de un accionista estaba sujeta al otorgamiento del permiso respectivo por parte del Banco Central de Curazao y San Martín; así como a la obligación de ofrecer dichas acciones a los coaccionistas, si correspondiera.

  En el orden reglamentario, los requisitos estaban referidos, primero, a lo establecido en el artículo 23 (2) (c) de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, que prohíbe vender o transferir acciones directa o indirectamente en una entidad de crédito sin la aprobación previa del Banco Central.

  Se remitieron a un memorando de política sobre la venta o transferencia de acciones emitido por el Banco Central de Curazao y San Martín referido a las instituciones de crédito supervisadas, las cuales requieren de la aprobación previa. En tal sentido, explicaron que una venta o transferencia de acciones en una entidad de crédito supervisada se encuentra sujeta a la aprobación previa por escrito del Banco Central.

  Desde el banco en cuestión, la oficina de administración debe informar por medio de una carta al CBCS su intención de vender o transferir acciones de los actuales accionistas, ofreciendo detalle de las razones por las cuales las acciones se venden o transfieren, así como acerca de la contraprestación pagada por acción por los nuevos accionistas.

  El Banco Central debía revisar los antecedentes y planes de los posibles accionistas quienes serían evaluados de acuerdo a los estipulado en el artículo 3 (2) (d) de la ordenanza relativa a la identidad, posición financiera y las referencia e historial de los mismos.

Se indica que existen tres tipos de accionistas:

a. Los nuevos accionistas siendo personas físicas, quienes individualmente no pueden tener más del 5 por ciento de las acciones en circulación de un banco y más del 25 por ciento en total para todas las personas físicas, a menos que el Banco Central otorgue una dispensa. Los aspirantes a nuevos accionistas deben enviar un cuestionario personal al CBCS, un certificado de buena conducta y referencias bancarias de instituciones donde hayan mantenido una relación de larga data.

b. Los nuevos accionistas como empresas o instituciones no bancarias, las cuales para convertirse en accionistas de una institución de crédito, deben someterse a los requerimientos del Banco Central, tales como cuestionarios personales de sus directores gerentes; estados financieros auditados de los últimos tres años de la empresa/institución; estatutos sociales; un cuadro de grupo que contenga un resumen de todas las empresas e instituciones del grupo, incluida la empresa matriz y los beneficiarios finales.

c. Nuevos accionistas siendo una entidad de crédito supervisada, las cuales deben presentar al CBCS una declaración de la autoridad supervisora del país de origen que indique que no tiene objeciones contra la inversión de la institución bajo su supervisión en un banco establecido localmente y que ejerce una adecuada supervisión consolidada de la entidad de crédito. Igualmente debe entregar los estados financieros auditados de los últimos tres años y un cuadro de grupo con la información al Banco Central.

   Por otra parte, el Banco Central de Curazao y San Martín puede solicitar información adicional de los nuevos accionistas si estimare que la información presentada es insuficiente para formar y una opinión adecuada sobre la identidad, la situación financiera y los antecedentes de los posibles accionistas.

Segundo escenario

  HBN Law plantea como segundo escenario la transferencia/terminación de acuerdos con clientes y la continuación del Banco del Orinoco NV.

   Para llevar a cabo la transferencia de acuerdos con clientes es necesario que los acuerdos puedan ser pasados por una parte a otra mediante una escritura privada que requiere el consentimiento de la contraparte.


     Tal como ocurre con la mayoría de las instituciones de crédito, el BDO establece en sus términos y condiciones generales una disposición en la cual la contraparte brinda su cooperación por adelantado para una transferencia asignación (parcial) de la relación de crédito. Así ocurre con los certificados de depósito del BDO. El despacho de abogados advirtió que al momento de redactar el memorando, no habían revisado aún la cuenta modelo de los acuerdos de depósito que el BDO usa con sus clientes, pero alertaron que la redacción de dicha disposición y los hechos y circunstancias dados de la transferencia de los acuerdos, requieren determinar si la cooperación que se ha brindado de antemano es suficiente.

    En caso de que el BDO no hubiera incluido dicha disposición en el acuerdo con sus clientes, podría considerar transferir los acuerdos con sus grandes clientes a su afiliado sobre la base de un "consentimiento implícito". De este modo, solamente los clientes que se opongan a dicha transferencia dentro de un cierto plazo se excluirían de la transferencia. Advierten que si algunos clientes lleguen a oponerse posteriormente a una transferencia al haber expirado el plazo, dicha transferencia puede no considerarse válida.

  Este segundo escenario contempla también la terminación de cuentas de clientes y certificados de depósito, para lo cual, en el primer caso, el BDO podría cerrar en cualquier momento cualquier cuenta mantenida por el cliente después de haber enviado un aviso por escrito cinco días hábiles  —o el período requerido o permitido por ley— a partir de la fecha en que el cliente recibió o se considera que recibió dicha notificación. Tanto el cliente como el BDO tienen derecho en todo momento a notificar la finalización de la relación.

  Respecto a los certificados de depósito, el BDO se reserva el derecho de decidir unilateral y discrecionalmente sobre la precancelación o la no renovación del depósito sin la necesidad de explicar las razones para hacerlo sin responsabilidad u obligación de compensar. El Banco del Orinoco pondrá a disposición del cliente el monto del depósito más los intereses generados hasta la fecha.

   Se alerta de que aun cuando los términos y condiciones generales del BDO permitían la terminación de la relación y el cierre de cuentas por parte de la entidad, al igual que también lo contemplaban los términos y condiciones de los certificados de depositario y la jurisprudencia lo dicta en función de los hechos y circunstancia, el Banco del Orinoco debía tener una base convincente para dicha terminación.

    Para llevar a cabo las transferencias de cuentas de clientes debían cumplirse una serie de normas, tal como lo establecido en el artículo 23 (1) (e) de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, que prohíbe que una entidad de crédito proceda a una reorganización corporativa o financiera sin la aprobación previa del Banco Central de Curazao y San Martín. El CBCS podía establecer algunas condiciones para aprobar la transferencia.

   Se observa que la ordenanza y las notas explicativas de la misma no especifican lo que corresponde a una "reorganización corporativa o financiera". Partiendo de que la legislación holandesa contiene una disposición similar a la de la ley de Curazao, se establece que la reorganización corporativa debía contemplar una situación en la que las actividades de una entidad de crédito se transfieren a una nueva estructura corporativa, es decir, una escisión de una parte de la empresa en una nueva subsidiaria.

  Refirieron que por analogía con la legislación holandesa, la transferencia de ciertos clientes depositarios a otros bancos dentro del grupo BDO requeriría probablemente la aprobación previa por escrito del Banco Central, ya que esto podría calificar como una reorganización financiera o corporativa.

 En caso de terminación masiva de cuentas de clientes probablemente requerirá la aprobación previa del Banco Central por escrito, sobre la base de que esto puede calificar como una reorganización financiera o corporativa.

  Se preveía que siempre que el BDO continuara cumpliendo con los requisitos de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994 y su licencia bancaria, podía continuar haciendo negocios como un banco de inversión/crédito documental para ciertos clientes comerciales.

Tercer escenario

   Seguidamente, el memorando de HBN Law a Jesús Escudero hacía referencia al tercer escenario, el cual contemplaba la transferencia/terminación de acuerdos con clientes y la liquidación del Banco del Orinoco N.V.

  Para ello regirían algunos de los requisitos legales y reglamentarios referidos en el escenario anterior, mientras que la liquidación se llevaría a cabo de acuerdo a lo pautado en la legislación y las normas del Banco Central de Curazao y San Martín.

     El memorando indica que una institución tipo N.V. solo se puede disolver si hay fondos suficientes para pagar a todos los acreedores y asumir todos los costos de liquidación. En caso de que la empresa no pudiera pagar a todos sus acreedores, los accionistas debían proporcionar medios financieros adicionales. Se advertía que en caso de que durante la liquidación, los liquidadores se dieran cuenta de que las deudas de la compañía exceden los activos y, en consecuencia, que algunos acreedores permanecerían impagos, estarían en la obligación de informar la quiebra de la compañía al Tribunal en Primera Instancia, a menos que todos los acreedores conocidos de La compañía acuerden por escrito la continuación de la liquidación.

    Explicaba el documento que los procedimientos de liquidación del BDO se iniciarían mediante una decisión de la junta general de accionistas, lo que requeriría de un voto mayoritario de las tres cuartas partes de la misma, así como también de no menos de 3/4 del capital social emitido del  Banco del Orinoco.

    Señalaba el documento que la decisión de los accionistas de liquidar la empresa debía incluir, entre otras cosas, la fecha a partir de la cual la empresa entraría en liquidación; los nombres de los liquidadores si no son las mismas personas/entidades que los directores gerentes de la compañía; las tareas y poderes especiales para los liquidadores, si los hay.

    Agregaban que, los directores gerentes de una empresa también pueden actuar como liquidadores, en particular si los accionistas no habían designado otros liquidadores, quienes pueden ser bien individuos o personas jurídicas. Se indicaba que los liquidadores tendrían poderes similares a los de los directores gerentes, a menos que los estatutos de la empresa o la naturaleza misma de las tareas de los liquidadores indiquen lo contrario.

   Correspondería a los liquidadores, pagar a todos los acreedores y resolver los asuntos de la empresa, por lo que al cumplimiento de dicho fin deberían dirigirse todas sus acciones.

   HBN Law refirió que los liquidadores debían seguir una serie de pasos para llevar a cabo su labor, tales como registrar su nombramiento como liquidadores y la fecha en que la liquidación comenzaría en el Registro de Comercio de Curazao; anunciar la liquidación y su fecha en la Gaceta Nacional; presentar una "cuenta de finalización" o "plan de distribución" al Registro de Comercio de Curazao; y asegurar que a partir de la fecha de liquidación, la compañía agregara las palabras "En liquidación" después del nombre de su empresa en todas las publicaciones, correo, etc.

   Del mismo modo, los documentos a presentar al Registro de Comercio de Curazao debían en incluir la leyenda "Cuenta de finalización" si solo hay un accionista o un "plan de distribución" si la empresa cuenta con más de un accionista. Se debía incluir una confirmación de que se pagaría a todos los acreedores y que el excedente de liquidación, de corresponder, se distribuiría al accionista o accionistas en proporción a sus acciones.

  La liquidación pudiera finalizar tan pronto como todos los acreedores fueran pagados y los asuntos de la empresa se hubieran resuelto adecuadamente.

   Se advirtió que la finalización de la liquidación de la empresa no significaría automáticamente el final de la empresa, pues esta sobreviviría mientras hubiera activos ocultos.

   El liquidador podía decidir pagar una distribución anticipada si la posición financiera y los estatutos de la empresa lo permitían.

  Los liquidadores deberían indicar en las cuentas finales, el nombre y la dirección de un custodio de los libros quien deberá mantener estos y los registros de la empresa durante un período de al menos diez años después de la finalización de la liquidación.

  HBN Law refirió en el memorando que la liquidación debía regirse de conformidad con el artículo 26 de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, estando el BDO obligado a notificar por escrito al Banco Central sobre una decisión de liquidación total o parcial o sobre la liquidación o la venta directa o indirecta de su establecimiento en Curazao y ejecutar dicha decisión bajo la supervisión y de acuerdo con las instrucciones del CBCS.

Cuarto escenario

   Por último, el memorando de HBN Law se refirió al cuarto escenario relativo a una conversión del Banco del Orinoco N.V., lo cual debe cumplir con una serie de requerimientos legales entre ellos la exigencia de la legislación de Curazao, que plantea que una entidad puede convertirse en una entidad extranjera, lo cual es conocido también como una conversión saliente. Para ello, la compañía continuaría existiendo en la forma de compañía elegida según las leyes extranjeras aplicables.

    Los abogados explicaron que una conversión de salida requiere, primero, que la junta general de accionistas así lo decida unánimemente sobre una propuesta del consejo de administración. De este modo, tres cuartas partes de la junta directiva del Banco del Orinoco N.V. debía votar a favor, siempre y cuando igualmente, no menos de 3/4 del capital social emitido del banco estuviera representado.

   Igualmente, sería necesario elaborar una escritura notarial que contemple la toma de decisión de la conversión saliente, acompañada de un documento emitido por una persona u organismo autorizado bajo las leyes de la entidad extranjera para establecer la conversión saliente en una entidad extranjera o la incorporación de dicha entidad extranjera, cuyo documento contiene los estatutos o reglas similares que gobernar la entidad extranjera después de la conversión.

  También debe presentarse una declaración que indique el "requisito de continuación" firmada por la persona u organismo u otro experto en el área de derecho de la entidad extranjera.

   Un notario de derecho civil en Curazao, a más tardar tres meses y después de cinco semanas antes de la ejecución de la escritura de conversión, debía notificar la conversión prevista en un periódico curazoleño y en la Gaceta Nacional de Curazao. Este requisito podía obviarse cuando el interés corporativo de la empresa lo requiera.

   Un notario de derecho civil en Curazao debería depositar la escritura y los anexos en el Registro de Comercio de Curazao y cancelar el registro de la empresa en el mismo.

  Apunta el memorando que la conversión saliente se vuelve inviolable cuando la empresa se da de baja del Registro de Comercio de Curazao, a menos que luego se compruebe que no cumplió con el "requisito de continuación", lo que se tomará como que la conversión no se hubiera producido.

   Luego de un mes de haberse producido la notificación y haya aparecido el anuncio de conversión saliente en el periódico local y en la Gaceta Nacional, cada acreedor o contraparte contractual de la empresa tiene derecho a presentar una objeción a la conversión ante el Tribunal de Primera Instancia en Curazao sobre la base de que se les perjudicaría en su posición de acreedor o contraparte contractual. Esta solicitud debe indicar qué garantía, cambio de contrato, disolución o compensación es exigida y el Tribunal determinará lo aplicable.

   Se subrayó que el tribunal podía imponer una obligación a la compañía de pagar una compensación con respecto a un cambio o disolución del contrato para que entre en vigencia a partir de la fecha de conversión en adelante.

   Se alerta que aunque no existen disposiciones reglamentarias específicas relativas a una conversión saliente de una entidad de crédito, está se estima que esté regida por el artículo 23 (1) (e) de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994 que prohíbe una reorganización corporativa o financiera sin el aprobación previa del Banco Central y requerir permiso de este en vista de la modificación de los estatutos sociales derivada de la conversión, lo cual, de otra manera está prohibida.

    Finalmente, HBN Law refirió que el Banco Central de Curazao y San Martín trata una conversión saliente de la misma manera que un cese de actividades, aplicando por ello las políticas aplicables sobre la conversión saliente tanto como sea posible.











[1] HBN Law. https://hbnlaw.com/

[2] HBN Law. Eric de Vries. https://hbnlaw.com/eric-de-vries/

[3] HBN Law. Chris van Amersfoort. https://hbnlaw.com/chris-van-amersfoort/