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jueves, 24 de junio de 2021

Condenan a una mujer en EE. UU. por transmitir información clasificada a Hezbollah libanés sobre quienes ejecutaron la operación para darle de baja a Soleimani

   La lingüista del Departamento de Defensa condenado a 23 años de prisión por transmitir información confidencial de defensa nacional clasificada para ayudar a un gobierno extranjero.

Por Maibort Petit

   Mariam Taha Thompson, de 62 años, de Rochester, Minnesota, fue sentenciada a 23 años de prisión por entregar información clasificada de defensa nacional para ayudar al gobierno extranjero. Como parte de su declaración de culpabilidad del 26 de marzo, Thompson admitió que creía que la información clasificada de defensa nacional que estaba pasando a un ciudadano libanés se proporcionaría a Hezbollah, una organización terrorista extranjera designada como tal por Estados Unidos.
   “La sentencia de Thompson refleja la gravedad de su violación de la confianza del pueblo estadounidense, de las fuentes humanas que puso en peligro y de las tropas que trabajaron a su lado como amigos y colegas”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar John C. Demers de la División de Seguridad Nacional.

   Según Demers, el hecho de que "Thompson le pasara los secretos sensibles de nuestra nación a alguien que sabía que tenía vínculos con el Hezbolá libanés hizo que su traición fuera aún más seria. La sentencia de Thompson debe ser una advertencia clara para todos los titulares de la autorización de que las violaciones de su juramento a este país no se tomarán a la ligera, especialmente cuando ponen vidas en peligro", advirtió.

"La decisión de la acusada de ayudar a una organización terrorista extranjera fue una traición que puso en peligro la vida de los mismos hombres y mujeres estadounidenses en el campo de batalla que habían servido a su lado durante más de una década", dijo el fiscal federal interino Channing D. Phillips para el distrito de Columbia. 

    Phillips aseguró que "la sentencia de hoy sirva para advertir que hay graves consecuencias para cualquiera que traicione a este país al comprometer la información de defensa nacional".

   En un comunicado del Departamento de Justicia, el subdirector Alan E. Kohler, Jr. de la División de Contrainteligencia del FBI, dijo que: “Este caso debe servir como un claro recordatorio para todos aquellos a quienes se les ha confiado información de defensa nacional de que la divulgación unilateral de dicha información para beneficio personal o de otros no es desinteresada ni heroica; es criminal”.

  Kohler sostuvo que: “Al distribuir a sabiendas información clasificada que se pasaría a una organización terrorista extranjera designada, Mariam Thompson puso en peligro nuestra defensa nacional. Los hombres y mujeres del FBI continuarán trabajando incansablemente para derrotar las actividades de inteligencia hostiles que tienen como objetivo los Estados Unidos y hacer que los que ayudan a nuestros adversarios rindan cuentas ”.

   Según documentos judiciales, Thompson trabajaba como lingüista contratada en una instalación militar estadounidense en el extranjero, donde se le confió una autorización de seguridad del gobierno de alto secreto. 

   Thompson admitió que, a partir de 2017, comenzó a comunicarse con su cómplice no acusado mediante una función de chat de video en una aplicación segura de mensajería de texto y voz. Con el tiempo, Thompson desarrolló un interés romántico por su cómplice. Thompson se enteró de que el co-conspirador no acusado tenía un familiar que estaba en el Ministerio del Interior libanés y que el co-conspirador no acusado afirmó haber recibido un anillo de Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah libanés.

   En diciembre de 2019, mientras Thompson fue asignada a una instalación de la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales en Irak, Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos en Irak contra Kata’ib Hezbollah, una organización terrorista extranjera respaldada por Irán. Estos ataques aéreos culminaron en un ataque del 3 de enero de 2020 que resultó en la muerte del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Suleimani, así como del fundador de Kata’ib Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis.

  Tras la muerte de Suleimani, el co-conspirador (no acusado) comenzó a pedirle a Thompson que les proporcionara información sobre los activos humanos que habían ayudado a Estados Unidos a atacar a Suleimani. Thompson admitió que entendía que "ellos" eran miembros de Hezbollah libanés, incluido un comandante militar de alto rango no identificado.

  Después de recibir esta solicitud de información a principios de enero de 2020, Thompson comenzó a acceder a docenas de archivos relacionados con fuentes de inteligencia humana, incluidos nombres verdaderos, datos de identificación personal, información de antecedentes y fotografías de los activos humanos, así como cables operativos que detallan la información de los activos proporcionados a el gobierno de los Estados Unidos. 

   Thompson utilizó varias técnicas para transmitir esta información al co-conspirador no acusado, quien le dijo que sus contactos estaban complacidos con la información y que el comandante militar libanés de Hezbollah quería reunirse con Thompson cuando ella llegara al Líbano.

   Cuando fue arrestada por el FBI el 27 de febrero de 2020, Thompson había utilizado su acceso a información clasificada de defensa nacional para proporcionar a su co-conspirador las identidades de al menos ocho activos humanos clandestinos; al menos 10 objetivos estadounidenses; y múltiples tácticas, técnicas y procedimientos. Thompson tenía la intención y tenía motivos para creer que esta información clasificada de defensa nacional se utilizaría para perjuicio de Estados Unidos y en beneficio del Hezbolá libanés.

   La sentencia de Thompson fue el resultado de la cooperación significativa entre las fuerzas del orden, el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia en la resolución exitosa de esta investigación dirigida por la Oficina de Campo del FBI en Washington.


viernes, 15 de enero de 2021

Estados Unidos acusa de delitos de terrorismo a líderes de mayor rango de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13

Nota de Prensa

   El gobierno de los Estados Unidos acusó formalmente a 14 líderes de mayor rango de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13, que se conocen hoy como Ranfla Nacional, que operaba como la Junta Directiva de la Organización que dirigía las violentas actividades que la banda criminal ejecutaba en todo el mundo durante casi dos décadas. 
 Las autoridades de Central Islip, Nueva York, presentaron una acusación contra 14 de los líderes de mayor rango de la MS-13 en el mundo, conocidos como la Ranfla Nacional, la cual funcionaba como la Junta Directiva de la Organización y dirigió la violencia y la actividad delictiva de la MS-13 en todo el mundo durante casi dos décadas.

  Según el acta presentada, se les acusa de conspiración para prestar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo en relación con la dirección de los acusados de la organización delictiva transnacional durante las últimas dos décadas en El Salvador, Estados Unidos, México y otros lugares.

  El acusado Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood,” es ampliamente reconocido como el miembro más poderoso de la Ranfla Nacional. Tres de los acusados, Fredy Iván Jandres-Parada, alias “Lucky de Park View” y “Lacky de Park View;” César Humberto López-Larios, alias “El Greñas de Stoners” y “Oso de Stoners” y Hugo Armando Quinteros-Mineros, alias “Flaco de Francis,” siguen en libertad y deben ser considerados como armados y peligrosos. Se exhorta a los ciudadanos que tengan información sobre su paradero que se pongan en contacto con la línea telefónica gratuita de información MS-13 del Buró Federal de Investigaciones (FBI), 1-866-STP-MS13 (1-866-787-6713), o con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, en el (866) 347-2423, o en https://www.ice.gov/webform/ice-tip-form. Juntos, el FBI y HSI han ofrecido $20,000 en recompensa por información que lleve al arresto y condena de cada uno de los tres fugitivos. Henríquez y otros 10 acusados están en custodia en El Salvador. Estados Unidos, en conjunto con el Gobierno de El Salvador, estudiarán las opciones para su extradición a los Estados Unidos.

  El fiscal general en funciones, Jeffrey A. Rosen; el fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York (EDNY), Seth D. DuCharme; el director de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano (JTFV), John J. Durham; el director del FBI, Christopher A. Wray, y el director ejecutivo asociado de HSI, Derek Benner, anunciaron la acusación.

  El fiscal general en funciones Rosen dijo, “La acusación anunciada hoy es la más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de los EE.UU. contra la MS-13 y su estructura de mando y control. Cuando el fiscal general Barr anunció la creación de la JTFV en agosto de 2019, previó un enfoque transversal que combinaría herramientas procesales ya probadas con estrategias innovadoras diseñadas específicamente para eliminar la capacidad de los líderes de la MS-13 de operar la banda y dirigir su actividad terrorista. 

  Esta acusación refleja un importante paso hacia el logro de ese objetivo. Al trabajar codo a codo con nuestros socios de la aplicación de la ley de EE. UU. y con nuestros socios en El Salvador, hemos acusado a los líderes de más alto rango de la MS-13 de operar una organización criminal transnacional que utiliza el terror para imponer su voluntad en los barrios, negocios y sobre civiles inocentes en Estados Unidos y América Central.”

“La MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando a los barrios de Long Island y a todo el Distrito Este de Nueva York inundados de sangre,” dijo el fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York (EDNY), Seth D. DuCharme. “Incluso desde la cárcel, la Ranfla Nacional continuó dirigiendo las operaciones globales de la MS-13, reclutando nuevos miembros en la MS-13, incluyendo niños, y orquestando asesinatos y caos en todo el mundo. La innovadora acusación de hoy busca demoler la MS-13 apuntando a su estructura de mando y control y haciendo responsable a la Junta Directiva de la MS-13 por sus acciones terroristas.”

“El FBI está comprometido a combatir todas las formas de terrorismo que amenazan al pueblo estadounidense así como a nuestros socios internacionales,” dijo el director del FBI, Christopher Wray. “En colaboración con nuestros socios federales, estatales, locales e internacionales, tomamos medidas agresivas para atacar y perseguir algunos de los más altos niveles de liderazgo de la MS-13. Esta operación es una clara señal para otros que participan en este tipo de actividad delictiva transnacional: el FBI trabajará incansablemente para llevarlos ante la justicia dondequiera que tengan su base.”

“Por más de una década, HSI se ha mantenido firme en nuestra resolución de desmantelar las pandillas transnacionales como la MS-13,” dijo el director ejecutivo asociado de HSI, Derek Benner. “Como una de las organizaciones criminales más violentas y peligrosas, la MS-13 y la Ranfla Nacional fueron directamente responsables de una violencia y actividad criminal impensables en comunidades a lo largo de los Estados Unidos y Centroamérica. Como resultado de la ardua labor y los considerables recursos dedicados a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano por nuestros socios en la aplicación de la ley, tanto nacionales como internacionales, esta acusación tendrá un efecto negativo duradero en las futuras actividades ilícitas mundiales de esta organización delictiva transnacional.”

Como se alega en la acusación, la Ranfla Nacional comprende el más alto nivel de liderazgo del MS-13.  Aproximadamente en 2002, los acusados y otros dirigentes del MS-13 comenzaron a establecer una estructura de mando y control altamente organizada y jerárquica como medio para llevar a cabo sus decisiones y hacer cumplir sus órdenes, incluso mientras estaban en prisión.  Dirigieron actos de violencia y asesinato en El Salvador, Estados Unidos y otros lugares; establecieron campamentos de entrenamiento de tipo militar para sus miembros y obtuvieron armas militares como rifles, pistolas, granadas, artefactos explosivos improvisados (IED) y lanzacohetes. Como líderes de la MS-13, los acusados controlaban franjas de territorio y participaban en actividades de relaciones públicas en nombre de la organización delictiva transnacional. Además, los acusados utilizaban la gran cantidad de miembros de la MS-13 en los Estados Unidos para participar en actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la extorsión para recaudar fondos en apoyo de las actividades terroristas de la MS-13 en El Salvador y en otros lugares, y dirigían a sus miembros en los Estados Unidos a cometer actos de violencia, incluidos asesinatos, para promover sus objetivos. 

Como se alega también en la acusación, un tema central de las normas aplicadas por la Ranfla Nacional era el requisito de lealtad a la MS-13, o al “barrio.”  El requisito de lealtad era fundamental en todos los aspectos de la vida de los miembros del MS-13.  Los miembros que desobedecían las reglas, mostraban deslealtad a la banda o a sus líderes, cooperaban con las fuerzas del orden o faltaban al respeto a otros miembros eran sometidos a severos castigos, incluso la muerte. Las normas establecidas por la Ranfla Nacional permitieron que la banda prosperara en algunas partes de los Estados Unidos, incluso dentro del EDNY, donde, bajo el mando de los acusados, la MS-13 ha cometido numerosos actos de violencia, entre ellos asesinatos, intentos de asesinato, asaltos, secuestros, tráfico de drogas, extorsión de personas y empresas, obstrucción de la justicia y envío de las cuotas y el producto de la actividad delictiva por transferencia electrónica a los líderes de la MS-13 en El Salvador. 

   Como se expone más adelante en el acta de acusación, la Ranfla Nacional ha ejercido su poder sobre el Gobierno de El Salvador cometiendo actos de violencia e intimidación contra funcionarios del gobierno, los organismos de represión y la población de El Salvador en general.  Al hacerlo, el Ranfla Nacional ha ordenado el asesinato de funcionarios de los organismos de represión y del Gobierno de El Salvador, así como la “luz verde”, o el asesinato, de un agente especial del FBI destacado en El Salvador que investigaba la MS-13 y sus miembros. Además, al controlar el nivel de violencia del MS-13, la Ranfla Nacional ejerció influencia sobre el Gobierno de El Salvador. 
 
  Por ejemplo, como se alega en el acta de acusación, desde aproximadamente 2012 hasta aproximadamente 2015, la Ranfla Nacional entró en una “tregua” con el entonces Gobierno de El Salvador.  Como parte de ese acuerdo, la Ranfla Nacional ordenó a la MS-13 que redujera los homicidios en El Salvador a cambio de mejores condiciones carcelarias, prestaciones y pagos en efectivo. 

  En 2015, cuando este acuerdo se derrumbó, la Ranfla Nacional culpó a los Estados Unidos, creyendo que el gobierno de los Estados Unidos presionó al gobierno de El Salvador para que pusiera fin a la “tregua” como condición para recibir fondos de cooperación. A partir de entonces, a principios de 2016, la Ranfla Nacional comenzó a planificar una importante campaña de violencia coordinada en El Salvador en represalia por las medidas más severas impuestas a sus miembros tras el fin de la “tregua.” 

  Como se alega en la acusación, los acusados ordenaron a todas las clicas de El Salvador que crearan una unidad especializada de miembros de la MS-13 para atacar a los agentes de policía, los militares y los funcionarios gubernamentales de El Salvador. Estos miembros se sometieron a entrenamiento militar en los campamentos de entrenamiento militar de la MS-13 en El Salvador.  

  Los acusados también ordenaron a todas las clicas, incluidas las de los Estados Unidos y el EDNY, que proporcionarán los beneficios de sus actividades delictivas relacionadas con la MS-13 para que se utilizaran en la compra de armas para los ataques previstos contra la policía en El Salvador. 

   En total, los acusados recaudaron más de $600,000 para este fondo que se utilizó para comprar armas, incluyendo ametralladoras M-16 y M-60, granadas, IED y lanzacohetes.  Además, los acusados ordenaron un aumento de la violencia, incluyendo asesinatos, en el EDNY y en otras partes de los Estados Unidos, que vieron un dramático aumento de la violencia con las MS-13 en 2016 y 2017. 

  Por último, como se alega en la acusación, la Ranfla Nacional dirigió la expansión de las actividades de la MS-13 en todo el mundo, sobre todo en México, donde se envió a varios dirigentes de alto rango para que organizaran operaciones. 

  En México, los líderes de la MS-13 establecieron conexiones para obtener narcóticos y armas de fuego, hicieron negocios con los cárteles mexicanos de la droga, como los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, y se dedicaron a la trata y el contrabando de personas.

  En agosto de 2019, el fiscal general William P. Barr creó la JTFV para llevar a cabo las recomendaciones del Subcomité MS-13 formado en el marco del Grupo de Trabajo del fiscal general sobre la Delincuencia Organizada Transnacional. 

  El Grupo de Tarea del fiscal general fue el resultado de la Orden Ejecutiva del presidente Donald J. Trump, de febrero de 2017, en la que se ordenaba a los Departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Nacional y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional que coordinaran un enfoque de todo el gobierno para desmantelar las organizaciones delictivas transnacionales, como la MS-13, y aumentar la seguridad del pueblo estadounidense.

  Desde su creación, la JTFV ha aplicado con éxito un enfoque de todo el gobierno para combatir la MS-13, que incluye el aumento de la coordinación y la colaboración con asociados extranjeros en la aplicación de la ley, entre ellos El Salvador, México, Honduras y Guatemala; la designación de programas, camarillas y líderes de la MS-13 prioritarios, que tienen el mayor impacto en los Estados Unidos, para enjuiciamientos selectivos; y la coordinación de acusaciones importantes de la MS-13 en las oficinas de los fiscales de los Estados Unidos en todo el país, incluido el primer uso de cargos de seguridad nacional contra los líderes de la MS-13.

  La JTFV ha estado compuesta por miembros de la División de Seguridad Nacional y de la División Penal del Departamento de Justicia, así como de la División de los Estados Unidos Fiscalías de todo el país, incluyendo el EDNY; el Distrito de Nueva Jersey; el Distrito Norte de Ohio; el Distrito de Utah; el Distrito Este de Virginia; el Distrito de Massachusetts; el Distrito Este de Texas; el Distrito Sur de Nueva York; el Distrito de Alaska; el Distrito Sur de Florida; el Distrito Sur de California; el Distrito de Nevada, y el Distrito de Columbia. Además, todos los organismos de aplicación de la ley del Departamento de Justicia participan en el esfuerzo, incluidos el FBI, la Administración de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos.  Además, HSI también desempeña un papel fundamental en el JTFV.

  El fiscal general, en funciones, Jeffrey A. Rosen, expresó su sincero agradecimiento al fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, por la asistencia de su oficina, así como a los investigadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador, unidad del Centro Transnacional Antipandillas, por su inestimable cooperación. Además, numerosos componentes del Departamento de Justicia contribuyeron a esta acusación, entre ellos: la Sección de Lucha contra el Terrorismo de la División de Seguridad Nacional; la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Ministerio Público en el Extranjero de la División Penal; la Sección de Lucha contra la Delincuencia Organizada y las Pandillas; y la Oficina Ejecutiva de los Grupos de Tareas para la Lucha contra la Delincuencia Organizada contra las Drogas. Por último, en consonancia con la Orden Ejecutiva del presidente Trump y el enfoque de todo el gobierno del fiscal general, el Departamento de Estado ha prestado un apoyo fundamental a la misión de la JTFV.

  Los cargos anunciados hoy son acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.  Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una sentencia máxima de cadena perpetua.

    El caso del gobierno está siendo procesado por los fiscales adjuntos James Donnelly, Matthew Shepherd y Stewart Young de JTFV, y los fiscales adjuntos Paul G. Scotti, Justina L. Geraci y Megan E. Farrell de la División Criminal de Long Island del EDNY.

   Para saber más sobre los esfuerzos del Departamento de Justicia en la lucha contra la MS-13 de 2016 a 2020, véase el informe en: https://www.justice.gov/ag/page/file/1329776/download.

   Una copia de la acusación y los carteles de buscados en español haciendo clic en: acusación, Fredy Ivan Jandres-Parada póster buscado en español, Cesar Humberto Lopez-Larios póster buscado en español, y Hugo Armando Quinteros-Mineros Wanted póster buscado en español.

Los Acusados:

BORROMEO ENRIQUE HENRIQUEZ (“Diablito de Hollywood”)

Edad: 42 años

ELMER CANALES-RIVERA (“Crook de Hollywood”)

Edad: 44 años

EFRAIN CORTEZ (“Tigre de Park View” y “Viejo Tigre de Park View”)

Edad: 51 años

RICARDO ALBERTO DIAZ (“Rata de Sotavento” y “Ratón de Sotavento”)

Edad: 47 años

EDUARDO ERAZO-NOLASCO (“Colocho de Western” y “Mustage de Western”)

Edad: 48 años

EDSON SACHARY EUFEMIA (“Speedy de Park View”)

Edad: 46 años

JOSE FERNANDEZ FLORES-CUBAS (“Cola de Western”)

Edad: 46 años

FREDY IVAN JANDRES-PARADA (“Lucky de Park View” y “Lacky de Park View”)

Edad: 45 años

LEONEL ALEXANDER LEONARDO (“El Necio de San Cocos”)

Edad: 40 años

CESAR HUMBERTO LOPEZ-LARIOS (“El Greñas de Stoners” y “Oso de Stoners”)

Edad: 42 años

JOSE LUIS MENDOZA-FIGUEROA (“Pavas de 7-11” y “Viejo Pavas de 7-11”)

Edad: 56 años

HUGO ARMANDO QUINTEROS-MINEROS (“Flaco de Francis”)

Edad: 48 años

SAUL ANTONIO TURCIOS (“Trece de Teclas”)

Edad: 42 años

ARISTIDES DIONISIO UMANZOR (“Sirra de Teclas”)

Edad: 42 años

jueves, 17 de septiembre de 2020

EE. UU. acusó a hackers que actuaban en nombre de la Guardia Revolucionaria Iraní para robar información estadounidense

Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó a tres hackers iraníes, patrocinados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para robar información a empresas satélites estadounidenses. La operación duró varios años y buscaba apoderarse de data comercial confidencial, propiedad intelectual y datos personales.

  Los tres piratas informáticos son residentes y ciudadanos de la República Islámica de Irán. La acusación federal establece que los acusados participaron en una campaña coordinada de robo de identidad y piratería en nombre del (IRGC), una organización terrorista extranjera designada, con el fin de robar información crítica relacionada con la tecnología y los recursos aeroespaciales y satelitales estadounidenses.

"Por tercera vez en tres días, el Departamento de Justicia ha acusado a los piratas informáticos iraníes", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers. 

  El alto funcionario agregó que “Este caso destaca los esfuerzos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para infiltrarse en las redes de empresas estadounidenses en busca de valiosa información comercial y propiedad intelectual. Es un esfuerzo más de una nación extranjera rebelde para robar los frutos del arduo trabajo y la experiencia de este país ".

 Por su parte, el Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia, G. Zachary Terwilliger dijo: “Perseguiremos y expondremos sin descanso a aquellos que busquen dañar a las empresas e individuos estadounidenses en cualquier lugar del mundo” . 

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Agregó que “No se tolerará el uso de malware, el robo de datos comerciales y propiedad intelectual, y el uso de ingeniería social para robar las identidades de ciudadanos estadounidenses para llevar a cabo actos ilegales". 

Zachary advirtió que "Junto con nuestros increíbles y firmes socios encargados de hacer cumplir la ley, el Distrito Este de Virginia continúa liderando los esfuerzos para combatir los delitos cibernéticos graves a nivel mundial y los cargos descritos en la acusación que exponen las operaciones de piratería vinculadas al IRGC en los Estados Unidos son solo otro ejemplo de los frutos de nuestra fluidez trabajo en equipo."

"Los cargos de hoy son otro ejemplo más de la dedicación del FBI para investigar a aquellos que atacan e intentan robar datos e información de propiedad de los Estados Unidos", dijo James A. Dawson, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Washington.

 “Los cargos de hoy alegan que estas personas conspiraron en una campaña coordinada con miembros conocidos del IRGC y actuaron en su dirección. Los acusados ​​atacaron a miles de personas en un intento de robar información crítica relacionada con la tecnología aeroespacial y satelital de EE. UU. El FBI sigue dedicado a proteger a los EE. UU. Y continuamos imponiendo riesgos y consecuencias a los adversarios cibernéticos a través de nuestras autoridades únicas, capacidades de clase mundial y asociaciones duraderas", acotó Dawson.

  Como se alega en la acusación, la campaña de piratería informática de los acusados, dirigida a numerosas empresas y organizaciones en los Estados Unidos y en el extranjero, comenzó aproximadamente en julio de 2015 y continuó hasta al menos febrero de 2019. Según la demanda, los acusados ​​en un momento intervinieron en más de 1.800 cuentas en línea, incluidas cuentas que pertenecen a organizaciones y empresas involucradas en tecnología aeroespacial o satelital y organizaciones gubernamentales internacionales en Australia, Israel, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido.

  Para facilitar su victimización de estos objetivos, los acusados ​​participaron en una campaña coordinada de ingeniería social para identificar a ciudadanos estadounidenses reales que trabajan en los campos aeroespacial y satelital cuyas identidades los acusados ​​podrían asumir en línea. 

  La demanda señala que "Los acusados ​​se hicieron pasar por esas personas y utilizaron sus identidades robadas para registrar direcciones de correo electrónico y comprar dominios y herramientas de piratería de manera fraudulenta para su uso en el esquema". 

  Asimismo, "Los acusados ​​crearon correos electrónicos personalizados de spear phishing que supuestamente eran de las personas cuyas identidades habían robado los acusados, en un intento de atraer a los destinatarios a hacer clic en enlaces maliciosos incrustados en los correos electrónicos. Una vez que un destinatario hacía clic en un enlace malicioso, el malware se descargaba en la computadora del individuo, lo que les daba a los acusados ​​acceso no autorizado a la computadora y la red del destinatario". 

  Los fiscales alegan que "los acusados ​​utilizaron herramientas de piratería adicionales para mantener el acceso no autorizado, aumentar sus privilegios y robar los datos buscados por el IRGC. Usando estos métodos, los acusados ​​comprometieron con éxito múltiples redes de víctimas, lo que resultó en el robo de información comercial confidencial, propiedad intelectual y datos personales de las empresas víctimas, incluida una empresa de seguimiento por satélite y una empresa de comunicación de datos y voz por satélite".

Los tres demandados

 Los acusados son: ​​Said Pourkarim Arabi, de 34 años, Mohammad Reza Espargham, de edad desconocida, y Mohammad Bayati, de 34. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia ha emitido órdenes de arresto.

  Arabi, quien fue miembro del IRGC, está acusado de conspiración para cometer intrusiones informáticas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, obteniendo información por acceso no autorizado a computadoras protegidas, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; daño intencional a computadoras protegidas, que conlleva una sentencia máxima de diez años de prisión; robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia obligatoria de dos años de prisión, y conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.

  Esphargham está acusado de conspiración para cometer intrusiones informáticas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; la obtención de información por acceso no autorizado a computadoras protegidas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; daño intencional a computadoras protegidas, lo que conlleva una pena máxima de diez años de prisión y conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

 Bayati está acusado de conspiración para cometer intrusiones informáticas, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, y de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.




lunes, 20 de julio de 2020

Juez de EE. UU. sentencia a un libanés por exportar ilegalmente componentes de drones a Hezbollah

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un juez de Estados Unidos sentenció hoy lunes a un ciudadano libanés, a 42 meses de cárcel, por exportar ilegalmente piezas y tecnología de drones estadounidenses a la organización terrorista Hezbollah.
  El Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers y la Fiscal Federal Erica H. MacDonald para el Distrito de Minnesota anunciaron la sentencia de Usama Darwich Hamade, tres años y medio de prisión, por conspirar para exportar ilegalmente bienes y tecnología en violación de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA), las Regulaciones de la Administración de Exportaciones, la Ley de Control de Exportaciones de Armas y las Regulaciones del Tráfico Internacional de Armas. 

  La sentencia  de Hamade fue dictada por el juez principal John R. Tunheim en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota.

   De acuerdo con la declaración de culpabilidad del acusado y los documentos presentados ante el tribunal, de 2009 a 2011, Hamade conspiró con otros para exportar bienes y tecnología de origen estadounidense, incluidas unidades de medición de inercia adecuadas para su uso en vehículos aéreos no tripulados , o "UAV", brújulas digitales adecuadas para UAV usar un motor a reacción, motores de pistón y binoculares de registro, sin obtener las licencias de exportación requeridas del Departamento de Comercio de los EE. UU. y el Departamento de Estado de los EE. UU., en violación de IEEPA, las Regulaciones de la Administración de Exportaciones, la Ley de Control de Exportaciones de Armas y las Regulaciones del tráfico internacional de armas. 

   Según la evidencia presentada por el gobierno, el beneficiario final de las acciones de Hamade fue la organización terrorista extranjera Hezbollah.

   En febrero de 2018, Usama Darwich Hamade fue arrestado en su casa de Kempton Park. Su hermano, Issam Hamade, también fue procesado por la misma conspiración.

   En el expediente aparece un tercer conspirador, Samir Ahmed Berro, de 64 años, que tiene ciudadanía libanesa y británica.

   Este caso fue el resultado de una investigación realizada por el FBI, la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio de EE. UU. E Investigaciones de Seguridad Nacional y fue procesado por los fiscales federales adjuntos John Docherty y David MacLaughlin y el abogado litigante David Recker de la División de Seguridad Nacional.

Las cinco estructuras criminales que operan en Venezuela

  El territorio venezolano en tiempos del chavo-madurismo se ha convertido en tierra fértil para que las organizaciones criminales han tomado el país como base de operaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  El criminalista y consultor penal venezolano, Iván Antonio Simonovis, identificó cinco grandes estructuras criminales que, según ha podido determinar, hacen vida en Venezuela y convergen de diferentes formas para poder llevar a cabo gran cantidad de actividades terroristas criminales.
  A través de una conferencia Zoom, el exsecretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital y actual coordinador especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó ante Estados Unidos, refirió que el crimen transnacional en Venezuela hoy en día existe y atenta, no solamente contra este país, sino también contra las economías de países aliados cercanos, como es el caso de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, por decir algunos.

Las 12 megabandas

  Al pasar a referirse a cada una de estas cinco estructuras criminales, hace mención, en primer lugar, a las doce mega bandas que operan en Venezuela.

  Las enumera y cita, primeramente, la de “Los 300”, en estado Miranda; “El Tren de Aragua”, que opera en Aragua, Zulia, Trujillo, Falcón; “El Tren del Zulia”, en el estado Zulia; “Los Meleán”, también el Zulia; “Los Leal”,  hoy en día protegidos por el gobernador Omar Prieto; la de “Carlos Bapal”, en estado Miranda, específicamente en los Valles del Tuy; la de “Bander”, ubicada en Delta Amacuro y Monagas.

  Estas, según Simonovis, son las más importantes megabandas que operan en el país.

Los colectivos

   Otra estructura criminal citada por el coordinador de seguridad, son los “colectivos”, haciendo la salvedad de que, si bien algunos de estos grupos se han dedicado a los temas sociales, existe un brazo armado de estas agrupaciones.

  Menciona en primer lugar, al fundado por Freddy Bernal denominado “Colectivo de seguridad y defensa fronteriza”, que se ha erigido como uno de los más importantes y de los que cuentan con mayor apoyo del régimen de Nicolás Maduro.

  Además, está el colectivo “Tres raíces”, “Frente 5 de marzo”, el ampliamente conocido Colectivo La Piedrita, dirigido por el delincuente Valentín Santana. Este último grupo es el que está a cargo de la protección y movilidad del guerrillero colombiano, Jesús Santrich, protegido del gobierno de Maduro.

Los carteles de droga

  La tercera estructura criminal citada por Iván Simonovis, son los carteles de la droga, entre los que citó el de la Guajira y el Cartel de Paraguaná.

  Destaca el Cártel de los Soles, de amplia difusión a través de los medios de comunicación, integrado por parte del alto militar venezolano, que se dedica al tráfico de drogas a escala internacional.

Los terroristas

  Refiere que en los Estados Unidos hasta principios del siglo 21 se focalizaron en el terrorismo islámico suní, básicamente con Al Qaeda.

  Sin embargo, en Latinoamérica, gracias a las investigaciones que llevó a cabo el fiscal argentino, Alberto Nisman, especialista en de la causa AMIA, se evidenció la presencia de grupos iraníes y de Hezbolá en Centroamérica y Suramérica. Estos crearon una red que opera, principalmente, en Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. Se sospecha de su presencia en otros países, pero la certeza es respecto a estos aquí señalados.

  Subraya que una de las investigaciones del fiscal Nisman condujo a Mohsen Rabbani, ex-agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, quien es uno de los sindicados de haber participado en el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994 con un saldo de 85 personas muertas.

   Según sostiene Iván Simonovis, Rabbani conformó una estructura que, en principio la integraban 13 delegados en la embajada de Irán en Argentina, pero que al momento de su retiro constaba de 67 delegados operando en toda Latinoamérica.

  Recordó que la República Islámica de Irán, de tendencia Chií, inició sus operaciones en el año 2006 en Venezuela, lo cual fue público y comunicacional, habiéndose firmado convenios de diferente tipo en los años 2010, 2012. Más recientemente, el mundo ha sido testigo de la llegada de 17 vuelos a Venezuela de la aerolínea Mahan Air que está asociada al traslado de la Fuerza Quds, una unidad de Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la cual hasta el día de su fallecimiento, estaba comandada por el general Qasem Soleimani.

  Además de estos vuelos, también se sabe de los buques que arribaron a Venezuela con gasolina, “pero de los cuales no sabemos qué se llevaron del país, pues es casi imposible verificarlo en razón de que en cada oportunidad en que han venido, bien los barcos o bien los aviones, se implementa un plan de seguridad con un cerco de protección de 300 o 400 metros acordonamiento de las zonas del arribo en el que no se permiten fotografías, se les quitan los teléfonos a los funcionarios, así que todo es absolutamente secreto”.

  Igualmente, informó que ya es un hecho confirmado que en la Península de San Román se está instalando una base de operaciones para monitorear todas las comunicaciones que se produzcan al norte de Venezuela. De este modo, en 600 millas náuticas por aire o tierra, todo lo que se transmita será monitoreado por este centro de operaciones que cuenta con la presencia de personal iraní y ruso.

  También hay que resaltar la presencia del ala militar del partico chiita libanés Hezbolá, un grupo que, en por lo menos 18 países, es considerada como una organización terrorista.

  En el plano nacional, se encuentra Ghazi Nasr al Din, conocido como Ghazi Atef Nassereddine, quien es mano derecha de Tareck El Aissami, habiendo construido ambos una red de personas con identificación venezolana que operan en Europa y en el Medio Oriente.

  Se refirió también al caso de Hakim Mohamed Alí Diab Fattah, involucrado en los hechos terroristas del 11 de septiembre de 2001, quien fue detenido en Jordania por participar en unos ataques terroristas en el año 2015, portando un pasaporte venezolano. Este señor quedó en libertad porque se alegó que sufría de demencia, habiendo sido pagados sus abogados por el régimen venezolano.

La guerrilla

 La quinta estructura criminal que opera en Venezuela es la guerrilla, en primer lugar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que, aunque ya no operan como guerrilla en la nación neogranadina, ha hallado terreno fértil en Venezuela para su actividad criminal. “Estas personas circulan a lo largo y ancho del territorio venezolano, muchos de ellos con escolta y protección de primer nivel, incluso, de la policía. Sus traslados son también aéreos dentro y fuera del país, pues van y vienen a Cuba u otros destinos, tal como ha sido corroborado por organismos de inteligencia”.

  Entre los líderes guerrilleros a que hace mención Simonovis, está Iván Márquez, Romaña, “John 40”, el “Comandante Lucas”, quien se ha apoderado de Elorza y, Jesús Santrich, quien está en Caracas, en el “23 de Enero”, en el Bloque 41, piso 14. “Cuando digo que está en el ‘23 de Enero’, es porque se trata del lugar en que se encuentra la mayor parte del tiempo, con la protección de Valentín Santana y el Colectivo La Piedrita, pero eso no significa que no se mueva de allí, pues va a Bolívar, se mueve a la frontera, se mueve para reunirse con diputados del régimen. Mantiene una vida bastante activa, inclusive, va a Cuba y regresa”.

  Asegura que las FARC-EP es una organización que tiene 600 miembros contabilizados hasta ahora operando en Venezuela. Aclara que estas personas no son solamente de nacionalidad colombiana, pues ya muchos de sus integrantes son venezolanos, quienes reciben como pago entre 200 y 300 dólares mensuales, además de un teléfono celular. “Increíble esto en contraste con el salario de los policías, quienes reciben USD 10 al mes. Pero la FARC-EP recluta venezolanos y les paga entre USD 200 y USD 300 mensuales”.

  Recuerda que Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, estuvo al frente de esta organización, pero desde 2019, es Iván Márquez quien tiene el control. Las FARC-EP tiene fuerte presencia y se ha establecido en seis estados país, a saber Zulia, Barinas, Apure, Bolívar, Táchira y Amazonas. También incursionan en otros estados del país, pero no con la contundencia que lo han hecho en los anteriormente nombrados.

   Precisó que “John 40” es el encargado de manejar la explotación minera, básicamente el oro y el coltán. Igualmente, está a cargo del manejo de todas las rutas fluviales que permiten transportar droga al mercado interno de Brasil, Europa y África.

  Recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a varios generales y otros militares de alto rango de la Fuerza Armada de Venezuela por sus vínculos con la guerrilla colombiana. Se sabe con certeza, dijo, que Hugo Chávez se comprometió con los guerrilleros a suministrar el transporte necesario para que estos grupos terroristas continuaran con sus actividades. También está comprobado que el enlace entre el gobierno y la guerrilla para establecer esas relaciones fue Hugo “El Pollo” Carvajal.

  Entonces, Iván Simonovis pasa a referirse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus líderes Gustavo Giraldo alias “Pablito, Eliecer Chamorro, Antonio García, Rafael Granado o “Ramiro Vargas”, quienes mantienen aproximadamente 1.500 hombres en Venezuela y, al igual que las FARC, reclutan venezolanos para incorporarlos a la agrupación.

  El ELN tiene fuerte presencia en ocho estados de Venezuela: Zulia, Táchira, Falcón, Lara, Apure, Guárico, Bolívar y Amazonas. “Se sabe que en otros cuatro estados el ELN también hacen vida”.

  Al igual que la FARC-EP, sus actividades criminales son la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal.  Revela que están muy vinculados al CLAP, pues son las que tienen el control del programa de alimentación en algunos sitios, incluso, por encima de las fuerzas militares.

“Un afectivo militar me comentó que en una oportunidad se acercó un agente del ELN para decirle que serían ellos los que a partir de ese momento se iban a encargar de la distribución de la gasolina. A ese nivel de penetración y de control llega el ELN”, comenta Simonovis.

  Advierte de la gran capacidad de fuego del ELN, pues además de tener 1.500 hombres en el territorio venezolano, son una organización que, a diferencia de las FARC, dirimen sus problemas a la fuerza.

  “No tienen la diplomacia que posee la FARC, inclusive con el régimen. Prueba de ello es que, en 2018, tres efectivos militares de la Guardia Nacional fallecieron y otros diez resultaron heridos en una emboscada del ELN. Esto ocurrió porque se había detenido a un ciudadano de nombre Luis Felipe Ortega Bernal, quien era líder del ELN. Hay pruebas contundentes de que esto es así, aun cuando Vladimir Padrino López y Jorge Arreaza insistan en que no hay guerrilla en Venezuela”.

  Sostiene que, tanto las FARC como el ELN, son la fuerzas militares no convencionales con las que cuenta el régimen de Nicolás Maduro, pues “están conscientes de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), está en una condición de minusvalía, su apresto operacional no sirve o se ha venido a menos, la gente está desmotivada y, a la final, porque la FANB, en su núcleo más importante, es gente respetuosa de las leyes y no arremetería contra el ciudadano común, algo que no le importa absolutamente nada al ELN ni a las FARC”.

  Hay dos organizaciones más, el Ejército de Liberación Popular (ELP), liderado por Luis Clavijo, con aproximadamente 300 miembros, con presencia principalmente en el estado Zulia. Sus actividades criminales son el narcotráfico, el contrabando de combustible y de ganado.

  Están también, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), llamados “Boliches”, la cual se ha tenido que plegar al ELN y a las FARC, porque no cuentan con más de 50 miembros y no tienen la capacidad ni la experiencia que tienen las demás guerrillas.

“Así que, para resumir, diría que el régimen de Nicolás Maduro hoy en día se ha asociado internacionalmente con los criminales y terroristas más importantes que existen, a los que el planeta les tiene miedo, porque ellos necesitan aliados de ese tipo para blindarse. Eso a lo externo, mientras a lo interno se valen de la guerrilla, del ELN y las FARC, para poder protegerse. Venezuela y sus 916 mil kilómetros cuadrados se han convertido en el asidero de las organizaciones criminales más importantes del mundo”, concluyó.

lunes, 29 de junio de 2020

Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Este jueves se conoció que los fiscales federales de Nueva York solicitaron a un juez que cambiara la fecha de la audiencia de presentación del general venezolano, Clíver Alcalá Cordones, acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de narcotráfico y terrorismo.



   En una misiva, la fiscalía pidió al juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein se reprogramara la conferencia prevista para este viernes 26 de junio a las 11:00 AM, debido a que el gobierno ha tenido unos problemas y no será posible hacer la teleconferencia. 



El sistema de cortes federales de Nueva York realizan las audiencias por videoconferencia desde finales del mes de marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus.



El general (r) Alcalá Cordones es uno de los militares  venezolanos que Estado Unidos incluyó en el cartel de recompensas por terrorismo del régimen de Nicolás Maduro. Se le acusa de ser parte del parte del cártel de los Soles, una organización criminal dedicada al narcotráfico que está conformada por altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas y las principales cabecillas del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo a fuentes oficiales colombianas, Alcalá Cordones vivió, por al menos dos años, en Barranquilla.  



El 26 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos anunció una acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios, y ofreció una recompensa de $10 millones por la captura y entrega de Alcalá Cordones. 



El militar chavista declaró al enterarse que EE. UU. había ofrecido una recompensa por su cabeza, que estaba sorprendido porque estaba trabajando para lograr la democracia en Venezuela, supuestamente planeando un golpe de estado contra el régimen de Maduro, con armamento que había sido incautado por la Policía en la vía Barranquilla-Santa Marta.



Según los reportes de la prensa local, el arsenal incautado constaba de 26 fusiles de asalto sin marca ni serie, calibre 556, de fabricación americana, AR-15, junto a otros elementos de guerra.

El general (r) Clíver Alcalá formó parte del grupo de militares que participó junto a Hugo Chávez en un intento de golpe de estado el 4 de febrero de 1992. 



Supuestamente había roto relaciones con Nicolás Maduro, y declaró públicamente su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por los Estados Unidos y más de 50 países. 



El 27 de marzo  Alcalá Cordones se entregó a las autoridades estadounidenses en Colombia, fue trasladado a Nueva York para enfrentar la justicia. 



El 31 de marzo se declaró “no culpable” ante un juez de New York, en una teleconferencia debido a las reglas estrictas de la cuarentena tomadas por el gobierno de Nueva York para evitar el contagio del Covid-19.




Alcalá Cordones estuvo representado en la primera audiencia por Adam Kaufman y Anthony Capozzolo. La audiencia preliminar fue atendida por el juez accidental,  Paul E. Davison, quien fijó la próxima fecha del caso para el 26 de junio. 



  El caso  de Cliver Alcalá fue designado al juez Hellerstein  a quien los fiscales pidieron el cambio de fecha, y sugirieron que la teleconferencia fuera fijada para el 1 de julio. 



  Los fiscales también solicitaron que debido a la pandemia de COVID-19, la Corte extienda la exclusión del tiempo hasta el 1 de julio de 2020, en interés de la justicia de conformidad con 18 USC § 3161 (h) (7) (A). 



   El abogado defensor aceptó las solicitudes hechas por los fiscales federales de Nueva York,  Audrey Strauss, Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba.



domingo, 31 de mayo de 2020

La carta que Franklin D. Durán le envió a Hugo Chávez por el caso del maletín de Antonini Wilson

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El empresario Franklin Durán, quien estuvo en prisión en los Estados Unidos por su  asociación con el episodio del maletín de Guido Antonini Wilson, y quien fue arrestado en Venezuela, por supuestamente haber financiado la Operación Gedeón que encabezó ex-boina verde  estadounidense, Jordan Goudreau, envió una comunicación a Hugo Chávez para aclararle la situación con el hecho que lo llevó a permanecer en una cárcel federal de EE. UU.
     Durán estuvo detenido por casi cuatro años por tratar de ocultar pagos clandestinos en efectivo a sus asociados, en relación al polémico caso Antonini Wilson. 
  
 Guido Antonini Wilson es un empresario venezolano-estadounidense, que llegó a Argentina, el 4 de agosto de 2007, con una maleta con 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados por las autoridades. El caso tuvo una amplia repercusión mediática porque coincidió con la campaña presidencial de Cristina Fernández.

  A Durán, se le vincula con participar como financista de la Operación Gedeón.

Un poco de historia


  Franklin D. Durán envió a Hugo Chávez Frías el 28 de noviembre de 2008, en la que explica que ni él ni sus empresas "tienen vinculación con la maleta de Antonini Wilson". 


  Durán fue relacionado en el caso de la valija que fue enviadoa desde Venezuela hasta Argentina con la colaboración de Antonini Wilson, para supuestamente financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner.


  En la misiva, Durán le aclara a Chávez que fue Mario Silva quien relacionó a Pedro Durán y a su empres Venoco con el hecho. 

  Sostiene que  después del 31 de agosto de 2008, sostuvo una reunión con Henry Rangel Silva, en la DIS, y que éste le señaló que Moisés Maionica se iba a encargar del caso. 


  Durán agrega que en noviembre de 2007, una de sus empresas tuvo problema en PDVSA porque supuestamente querían perjudicar a Rafael Ramírez.


   Sostiene que  Henry Rangel Silva "le pidió un favor en 2007, que era entregar unos recibos por 800 mil dólares y llevarle 2 millones de dólares para sus gastos de abogados. Yo acepté pensando que todo se estaba haciendo con abogados en EE. UU. y fue cuando se enteró que Maionica estaba junto con Antoni robando y extorsionando al gobierno de Venezuela y nunca actuó como abogado sino como un vulgar ladrón y a penas nos arrestaron se cuadró con el FBI para hacer el Indictment". Aquí está la carta.



martes, 31 de marzo de 2020

Fiscales de Nueva York se oponen rotundamente a que el cómplice de Tareck El Aissami salga en libertad bajo fianza bajo el argumento del coronavirus

   En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se opuso a la solicitud  de libertad bajo fianza presentada ante el tribunal por los abogados de uno de los cómplices del vicepresidente de Economía e Industria de Venezuela, Tareck El Aissami, quien está a la espera de ser sentenciado, luego de declararse culpable. Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años, y pidió que lo dejaran salir de la cárcel debido, entre otros argumentos, a su temor al contagio de coronavirus.
  La defensa de Víctor Mones Coro presentó el 25 de marzo de 2020  una petición ante la corte donde pide que se le permita abandonar la prisión ante los posibles riesgos de COVID-19.

  Los fiscales neoyorquinos sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país. 

  Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos. 

   Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala". 

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos". 

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación, razón por la cual, el juez debe rechazar la petición.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado. 

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación 

   Entre 2017 y marzo de 2019,  Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin. 

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida,  que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados. 

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr. 

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas. 

  Moros Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley. 

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente,  utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales. 

   El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación. 

   Moros Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano. 

   El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable  y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

   Moros Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

   Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales "como mínimo, unos increíbles $ 6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

   La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa". 

   De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían. 

   Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente. 

   Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España  y su hermana reside en las Islas Canarias españolas. 

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos. 

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho,  actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela. 

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo  a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

   La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Moros Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado,  Es dueño de un avión privado  y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados. 

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

  Estas circunstancias únicas requieren un encarcelamiento continuo en este caso. 

  Los fiscales sostiene que Moros Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión. 


  En el documento de moción, donde la fiscalía rechaza la petición, se señala que las condiciones del Centro Correccional Metropolitano (MCC), el acusado tiene acceso a sus abogados y que si bien la situación de COVID-19 ha requerido cambios temporales en el prisión en relación con las interacciones abogado-cliente, MCC está trabajando de manera constante y rápida para presentar alternativas a las reuniones en persona. 

  El abogado defensor se comunicó recientemente con el acusado por teléfono, y el Gobierno entiende que se atenderán las futuras solicitudes de llamadas telefónicas del defensor.

  El abogado defensor tiene la capacidad de comunicarse con el acusado por correo electrónico. Además, el MCC está trabajando para establecer capacidades de videoconferencia a partir de la próxima semana, a las cuales el acusado tendrá acceso. 

  Estas medidas, dicen los fiscales,  son apropiadas para proteger la salud de los reclusos y el personal al tiempo que equilibran las necesidades de los acusados ​​para comunicarse con un abogado. 

  Dado el mandato casi universalmente aceptado de la comunidad médica de que las reuniones en persona deben evitarse para todos, ya sea que estén encarcelados o no, el acceso del acusado a llamadas legales y correo electrónico es claramente una alternativa adecuada a las reuniones presenciales durante la duración del peligro más grave planteado por COVID-19.

   Además, gran parte del argumento del acusado con respecto a los desafíos de prepararse para su sentencia se basa en la falta de voluntad del acusado de aplazar la fecha de la sentencia. 

   El Gobierno entiende que el acusado está ansioso por proceder a la sentencia, y el Gobierno está dispuesto a proceder a la sentencia tan pronto como la próxima semana si el Tribunal lo desea. Pero el acusado no puede quejarse de que no puede cumplir con las expectativas de tiempo de su sentencia mientras se opone simultáneamente a la flexibilización de esos plazos. 

  Un breve aplazamiento de la fecha de la sentencia permitiría al abogado tiempo adicional para mantener llamadas y videoconferencias con el acusado, o tal vez para reunirse en persona cada vez que los protocolos COVID-19 puedan ser relajados de manera segura. 

   Dado que el acusado enfrenta una sentencia máxima de 30 años en prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión, un aplazamiento de algunas semanas no es irrazonable, y es una solución infinitamente más adecuada para abordar las preocupaciones del acusado de lo que es liberación de la custodia dado el riesgo de fuga que plantea.

  Por su parte, la Oficina de Prisiones  ha informado al Gobierno que está preparado para manejar los riesgos planteados por COVID-19, al igual que con otras enfermedades infecciosas y otras condiciones médicas. Desde al menos octubre de 2012, BOP ha implementado un Plan de influenza pandémica.