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jueves, 17 de septiembre de 2020

EE. UU. acusó a hackers que actuaban en nombre de la Guardia Revolucionaria Iraní para robar información estadounidense

Por Maibort Petit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó a tres hackers iraníes, patrocinados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para robar información a empresas satélites estadounidenses. La operación duró varios años y buscaba apoderarse de data comercial confidencial, propiedad intelectual y datos personales.

  Los tres piratas informáticos son residentes y ciudadanos de la República Islámica de Irán. La acusación federal establece que los acusados participaron en una campaña coordinada de robo de identidad y piratería en nombre del (IRGC), una organización terrorista extranjera designada, con el fin de robar información crítica relacionada con la tecnología y los recursos aeroespaciales y satelitales estadounidenses.

"Por tercera vez en tres días, el Departamento de Justicia ha acusado a los piratas informáticos iraníes", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers. 

  El alto funcionario agregó que “Este caso destaca los esfuerzos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para infiltrarse en las redes de empresas estadounidenses en busca de valiosa información comercial y propiedad intelectual. Es un esfuerzo más de una nación extranjera rebelde para robar los frutos del arduo trabajo y la experiencia de este país ".

 Por su parte, el Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia, G. Zachary Terwilliger dijo: “Perseguiremos y expondremos sin descanso a aquellos que busquen dañar a las empresas e individuos estadounidenses en cualquier lugar del mundo” . 

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Agregó que “No se tolerará el uso de malware, el robo de datos comerciales y propiedad intelectual, y el uso de ingeniería social para robar las identidades de ciudadanos estadounidenses para llevar a cabo actos ilegales". 

Zachary advirtió que "Junto con nuestros increíbles y firmes socios encargados de hacer cumplir la ley, el Distrito Este de Virginia continúa liderando los esfuerzos para combatir los delitos cibernéticos graves a nivel mundial y los cargos descritos en la acusación que exponen las operaciones de piratería vinculadas al IRGC en los Estados Unidos son solo otro ejemplo de los frutos de nuestra fluidez trabajo en equipo."

"Los cargos de hoy son otro ejemplo más de la dedicación del FBI para investigar a aquellos que atacan e intentan robar datos e información de propiedad de los Estados Unidos", dijo James A. Dawson, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Washington.

 “Los cargos de hoy alegan que estas personas conspiraron en una campaña coordinada con miembros conocidos del IRGC y actuaron en su dirección. Los acusados ​​atacaron a miles de personas en un intento de robar información crítica relacionada con la tecnología aeroespacial y satelital de EE. UU. El FBI sigue dedicado a proteger a los EE. UU. Y continuamos imponiendo riesgos y consecuencias a los adversarios cibernéticos a través de nuestras autoridades únicas, capacidades de clase mundial y asociaciones duraderas", acotó Dawson.

  Como se alega en la acusación, la campaña de piratería informática de los acusados, dirigida a numerosas empresas y organizaciones en los Estados Unidos y en el extranjero, comenzó aproximadamente en julio de 2015 y continuó hasta al menos febrero de 2019. Según la demanda, los acusados ​​en un momento intervinieron en más de 1.800 cuentas en línea, incluidas cuentas que pertenecen a organizaciones y empresas involucradas en tecnología aeroespacial o satelital y organizaciones gubernamentales internacionales en Australia, Israel, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido.

  Para facilitar su victimización de estos objetivos, los acusados ​​participaron en una campaña coordinada de ingeniería social para identificar a ciudadanos estadounidenses reales que trabajan en los campos aeroespacial y satelital cuyas identidades los acusados ​​podrían asumir en línea. 

  La demanda señala que "Los acusados ​​se hicieron pasar por esas personas y utilizaron sus identidades robadas para registrar direcciones de correo electrónico y comprar dominios y herramientas de piratería de manera fraudulenta para su uso en el esquema". 

  Asimismo, "Los acusados ​​crearon correos electrónicos personalizados de spear phishing que supuestamente eran de las personas cuyas identidades habían robado los acusados, en un intento de atraer a los destinatarios a hacer clic en enlaces maliciosos incrustados en los correos electrónicos. Una vez que un destinatario hacía clic en un enlace malicioso, el malware se descargaba en la computadora del individuo, lo que les daba a los acusados ​​acceso no autorizado a la computadora y la red del destinatario". 

  Los fiscales alegan que "los acusados ​​utilizaron herramientas de piratería adicionales para mantener el acceso no autorizado, aumentar sus privilegios y robar los datos buscados por el IRGC. Usando estos métodos, los acusados ​​comprometieron con éxito múltiples redes de víctimas, lo que resultó en el robo de información comercial confidencial, propiedad intelectual y datos personales de las empresas víctimas, incluida una empresa de seguimiento por satélite y una empresa de comunicación de datos y voz por satélite".

Los tres demandados

 Los acusados son: ​​Said Pourkarim Arabi, de 34 años, Mohammad Reza Espargham, de edad desconocida, y Mohammad Bayati, de 34. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia ha emitido órdenes de arresto.

  Arabi, quien fue miembro del IRGC, está acusado de conspiración para cometer intrusiones informáticas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, obteniendo información por acceso no autorizado a computadoras protegidas, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; daño intencional a computadoras protegidas, que conlleva una sentencia máxima de diez años de prisión; robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia obligatoria de dos años de prisión, y conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.

  Esphargham está acusado de conspiración para cometer intrusiones informáticas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; la obtención de información por acceso no autorizado a computadoras protegidas, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; daño intencional a computadoras protegidas, lo que conlleva una pena máxima de diez años de prisión y conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

 Bayati está acusado de conspiración para cometer intrusiones informáticas, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión, y de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.




lunes, 20 de julio de 2020

Juez de EE. UU. sentencia a un libanés por exportar ilegalmente componentes de drones a Hezbollah

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un juez de Estados Unidos sentenció hoy lunes a un ciudadano libanés, a 42 meses de cárcel, por exportar ilegalmente piezas y tecnología de drones estadounidenses a la organización terrorista Hezbollah.
  El Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers y la Fiscal Federal Erica H. MacDonald para el Distrito de Minnesota anunciaron la sentencia de Usama Darwich Hamade, tres años y medio de prisión, por conspirar para exportar ilegalmente bienes y tecnología en violación de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA), las Regulaciones de la Administración de Exportaciones, la Ley de Control de Exportaciones de Armas y las Regulaciones del Tráfico Internacional de Armas. 

  La sentencia  de Hamade fue dictada por el juez principal John R. Tunheim en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota.

   De acuerdo con la declaración de culpabilidad del acusado y los documentos presentados ante el tribunal, de 2009 a 2011, Hamade conspiró con otros para exportar bienes y tecnología de origen estadounidense, incluidas unidades de medición de inercia adecuadas para su uso en vehículos aéreos no tripulados , o "UAV", brújulas digitales adecuadas para UAV usar un motor a reacción, motores de pistón y binoculares de registro, sin obtener las licencias de exportación requeridas del Departamento de Comercio de los EE. UU. y el Departamento de Estado de los EE. UU., en violación de IEEPA, las Regulaciones de la Administración de Exportaciones, la Ley de Control de Exportaciones de Armas y las Regulaciones del tráfico internacional de armas. 

   Según la evidencia presentada por el gobierno, el beneficiario final de las acciones de Hamade fue la organización terrorista extranjera Hezbollah.

   En febrero de 2018, Usama Darwich Hamade fue arrestado en su casa de Kempton Park. Su hermano, Issam Hamade, también fue procesado por la misma conspiración.

   En el expediente aparece un tercer conspirador, Samir Ahmed Berro, de 64 años, que tiene ciudadanía libanesa y británica.

   Este caso fue el resultado de una investigación realizada por el FBI, la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio de EE. UU. E Investigaciones de Seguridad Nacional y fue procesado por los fiscales federales adjuntos John Docherty y David MacLaughlin y el abogado litigante David Recker de la División de Seguridad Nacional.

Las cinco estructuras criminales que operan en Venezuela

  El territorio venezolano en tiempos del chavo-madurismo se ha convertido en tierra fértil para que las organizaciones criminales han tomado el país como base de operaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  El criminalista y consultor penal venezolano, Iván Antonio Simonovis, identificó cinco grandes estructuras criminales que, según ha podido determinar, hacen vida en Venezuela y convergen de diferentes formas para poder llevar a cabo gran cantidad de actividades terroristas criminales.
  A través de una conferencia Zoom, el exsecretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital y actual coordinador especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó ante Estados Unidos, refirió que el crimen transnacional en Venezuela hoy en día existe y atenta, no solamente contra este país, sino también contra las economías de países aliados cercanos, como es el caso de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, por decir algunos.

Las 12 megabandas

  Al pasar a referirse a cada una de estas cinco estructuras criminales, hace mención, en primer lugar, a las doce mega bandas que operan en Venezuela.

  Las enumera y cita, primeramente, la de “Los 300”, en estado Miranda; “El Tren de Aragua”, que opera en Aragua, Zulia, Trujillo, Falcón; “El Tren del Zulia”, en el estado Zulia; “Los Meleán”, también el Zulia; “Los Leal”,  hoy en día protegidos por el gobernador Omar Prieto; la de “Carlos Bapal”, en estado Miranda, específicamente en los Valles del Tuy; la de “Bander”, ubicada en Delta Amacuro y Monagas.

  Estas, según Simonovis, son las más importantes megabandas que operan en el país.

Los colectivos

   Otra estructura criminal citada por el coordinador de seguridad, son los “colectivos”, haciendo la salvedad de que, si bien algunos de estos grupos se han dedicado a los temas sociales, existe un brazo armado de estas agrupaciones.

  Menciona en primer lugar, al fundado por Freddy Bernal denominado “Colectivo de seguridad y defensa fronteriza”, que se ha erigido como uno de los más importantes y de los que cuentan con mayor apoyo del régimen de Nicolás Maduro.

  Además, está el colectivo “Tres raíces”, “Frente 5 de marzo”, el ampliamente conocido Colectivo La Piedrita, dirigido por el delincuente Valentín Santana. Este último grupo es el que está a cargo de la protección y movilidad del guerrillero colombiano, Jesús Santrich, protegido del gobierno de Maduro.

Los carteles de droga

  La tercera estructura criminal citada por Iván Simonovis, son los carteles de la droga, entre los que citó el de la Guajira y el Cartel de Paraguaná.

  Destaca el Cártel de los Soles, de amplia difusión a través de los medios de comunicación, integrado por parte del alto militar venezolano, que se dedica al tráfico de drogas a escala internacional.

Los terroristas

  Refiere que en los Estados Unidos hasta principios del siglo 21 se focalizaron en el terrorismo islámico suní, básicamente con Al Qaeda.

  Sin embargo, en Latinoamérica, gracias a las investigaciones que llevó a cabo el fiscal argentino, Alberto Nisman, especialista en de la causa AMIA, se evidenció la presencia de grupos iraníes y de Hezbolá en Centroamérica y Suramérica. Estos crearon una red que opera, principalmente, en Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela. Se sospecha de su presencia en otros países, pero la certeza es respecto a estos aquí señalados.

  Subraya que una de las investigaciones del fiscal Nisman condujo a Mohsen Rabbani, ex-agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, quien es uno de los sindicados de haber participado en el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994 con un saldo de 85 personas muertas.

   Según sostiene Iván Simonovis, Rabbani conformó una estructura que, en principio la integraban 13 delegados en la embajada de Irán en Argentina, pero que al momento de su retiro constaba de 67 delegados operando en toda Latinoamérica.

  Recordó que la República Islámica de Irán, de tendencia Chií, inició sus operaciones en el año 2006 en Venezuela, lo cual fue público y comunicacional, habiéndose firmado convenios de diferente tipo en los años 2010, 2012. Más recientemente, el mundo ha sido testigo de la llegada de 17 vuelos a Venezuela de la aerolínea Mahan Air que está asociada al traslado de la Fuerza Quds, una unidad de Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la cual hasta el día de su fallecimiento, estaba comandada por el general Qasem Soleimani.

  Además de estos vuelos, también se sabe de los buques que arribaron a Venezuela con gasolina, “pero de los cuales no sabemos qué se llevaron del país, pues es casi imposible verificarlo en razón de que en cada oportunidad en que han venido, bien los barcos o bien los aviones, se implementa un plan de seguridad con un cerco de protección de 300 o 400 metros acordonamiento de las zonas del arribo en el que no se permiten fotografías, se les quitan los teléfonos a los funcionarios, así que todo es absolutamente secreto”.

  Igualmente, informó que ya es un hecho confirmado que en la Península de San Román se está instalando una base de operaciones para monitorear todas las comunicaciones que se produzcan al norte de Venezuela. De este modo, en 600 millas náuticas por aire o tierra, todo lo que se transmita será monitoreado por este centro de operaciones que cuenta con la presencia de personal iraní y ruso.

  También hay que resaltar la presencia del ala militar del partico chiita libanés Hezbolá, un grupo que, en por lo menos 18 países, es considerada como una organización terrorista.

  En el plano nacional, se encuentra Ghazi Nasr al Din, conocido como Ghazi Atef Nassereddine, quien es mano derecha de Tareck El Aissami, habiendo construido ambos una red de personas con identificación venezolana que operan en Europa y en el Medio Oriente.

  Se refirió también al caso de Hakim Mohamed Alí Diab Fattah, involucrado en los hechos terroristas del 11 de septiembre de 2001, quien fue detenido en Jordania por participar en unos ataques terroristas en el año 2015, portando un pasaporte venezolano. Este señor quedó en libertad porque se alegó que sufría de demencia, habiendo sido pagados sus abogados por el régimen venezolano.

La guerrilla

 La quinta estructura criminal que opera en Venezuela es la guerrilla, en primer lugar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que, aunque ya no operan como guerrilla en la nación neogranadina, ha hallado terreno fértil en Venezuela para su actividad criminal. “Estas personas circulan a lo largo y ancho del territorio venezolano, muchos de ellos con escolta y protección de primer nivel, incluso, de la policía. Sus traslados son también aéreos dentro y fuera del país, pues van y vienen a Cuba u otros destinos, tal como ha sido corroborado por organismos de inteligencia”.

  Entre los líderes guerrilleros a que hace mención Simonovis, está Iván Márquez, Romaña, “John 40”, el “Comandante Lucas”, quien se ha apoderado de Elorza y, Jesús Santrich, quien está en Caracas, en el “23 de Enero”, en el Bloque 41, piso 14. “Cuando digo que está en el ‘23 de Enero’, es porque se trata del lugar en que se encuentra la mayor parte del tiempo, con la protección de Valentín Santana y el Colectivo La Piedrita, pero eso no significa que no se mueva de allí, pues va a Bolívar, se mueve a la frontera, se mueve para reunirse con diputados del régimen. Mantiene una vida bastante activa, inclusive, va a Cuba y regresa”.

  Asegura que las FARC-EP es una organización que tiene 600 miembros contabilizados hasta ahora operando en Venezuela. Aclara que estas personas no son solamente de nacionalidad colombiana, pues ya muchos de sus integrantes son venezolanos, quienes reciben como pago entre 200 y 300 dólares mensuales, además de un teléfono celular. “Increíble esto en contraste con el salario de los policías, quienes reciben USD 10 al mes. Pero la FARC-EP recluta venezolanos y les paga entre USD 200 y USD 300 mensuales”.

  Recuerda que Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, estuvo al frente de esta organización, pero desde 2019, es Iván Márquez quien tiene el control. Las FARC-EP tiene fuerte presencia y se ha establecido en seis estados país, a saber Zulia, Barinas, Apure, Bolívar, Táchira y Amazonas. También incursionan en otros estados del país, pero no con la contundencia que lo han hecho en los anteriormente nombrados.

   Precisó que “John 40” es el encargado de manejar la explotación minera, básicamente el oro y el coltán. Igualmente, está a cargo del manejo de todas las rutas fluviales que permiten transportar droga al mercado interno de Brasil, Europa y África.

  Recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a varios generales y otros militares de alto rango de la Fuerza Armada de Venezuela por sus vínculos con la guerrilla colombiana. Se sabe con certeza, dijo, que Hugo Chávez se comprometió con los guerrilleros a suministrar el transporte necesario para que estos grupos terroristas continuaran con sus actividades. También está comprobado que el enlace entre el gobierno y la guerrilla para establecer esas relaciones fue Hugo “El Pollo” Carvajal.

  Entonces, Iván Simonovis pasa a referirse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sus líderes Gustavo Giraldo alias “Pablito, Eliecer Chamorro, Antonio García, Rafael Granado o “Ramiro Vargas”, quienes mantienen aproximadamente 1.500 hombres en Venezuela y, al igual que las FARC, reclutan venezolanos para incorporarlos a la agrupación.

  El ELN tiene fuerte presencia en ocho estados de Venezuela: Zulia, Táchira, Falcón, Lara, Apure, Guárico, Bolívar y Amazonas. “Se sabe que en otros cuatro estados el ELN también hacen vida”.

  Al igual que la FARC-EP, sus actividades criminales son la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, la minería ilegal.  Revela que están muy vinculados al CLAP, pues son las que tienen el control del programa de alimentación en algunos sitios, incluso, por encima de las fuerzas militares.

“Un afectivo militar me comentó que en una oportunidad se acercó un agente del ELN para decirle que serían ellos los que a partir de ese momento se iban a encargar de la distribución de la gasolina. A ese nivel de penetración y de control llega el ELN”, comenta Simonovis.

  Advierte de la gran capacidad de fuego del ELN, pues además de tener 1.500 hombres en el territorio venezolano, son una organización que, a diferencia de las FARC, dirimen sus problemas a la fuerza.

  “No tienen la diplomacia que posee la FARC, inclusive con el régimen. Prueba de ello es que, en 2018, tres efectivos militares de la Guardia Nacional fallecieron y otros diez resultaron heridos en una emboscada del ELN. Esto ocurrió porque se había detenido a un ciudadano de nombre Luis Felipe Ortega Bernal, quien era líder del ELN. Hay pruebas contundentes de que esto es así, aun cuando Vladimir Padrino López y Jorge Arreaza insistan en que no hay guerrilla en Venezuela”.

  Sostiene que, tanto las FARC como el ELN, son la fuerzas militares no convencionales con las que cuenta el régimen de Nicolás Maduro, pues “están conscientes de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), está en una condición de minusvalía, su apresto operacional no sirve o se ha venido a menos, la gente está desmotivada y, a la final, porque la FANB, en su núcleo más importante, es gente respetuosa de las leyes y no arremetería contra el ciudadano común, algo que no le importa absolutamente nada al ELN ni a las FARC”.

  Hay dos organizaciones más, el Ejército de Liberación Popular (ELP), liderado por Luis Clavijo, con aproximadamente 300 miembros, con presencia principalmente en el estado Zulia. Sus actividades criminales son el narcotráfico, el contrabando de combustible y de ganado.

  Están también, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), llamados “Boliches”, la cual se ha tenido que plegar al ELN y a las FARC, porque no cuentan con más de 50 miembros y no tienen la capacidad ni la experiencia que tienen las demás guerrillas.

“Así que, para resumir, diría que el régimen de Nicolás Maduro hoy en día se ha asociado internacionalmente con los criminales y terroristas más importantes que existen, a los que el planeta les tiene miedo, porque ellos necesitan aliados de ese tipo para blindarse. Eso a lo externo, mientras a lo interno se valen de la guerrilla, del ELN y las FARC, para poder protegerse. Venezuela y sus 916 mil kilómetros cuadrados se han convertido en el asidero de las organizaciones criminales más importantes del mundo”, concluyó.

lunes, 29 de junio de 2020

Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Este jueves se conoció que los fiscales federales de Nueva York solicitaron a un juez que cambiara la fecha de la audiencia de presentación del general venezolano, Clíver Alcalá Cordones, acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de narcotráfico y terrorismo.



   En una misiva, la fiscalía pidió al juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein se reprogramara la conferencia prevista para este viernes 26 de junio a las 11:00 AM, debido a que el gobierno ha tenido unos problemas y no será posible hacer la teleconferencia. 



El sistema de cortes federales de Nueva York realizan las audiencias por videoconferencia desde finales del mes de marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus.



El general (r) Alcalá Cordones es uno de los militares  venezolanos que Estado Unidos incluyó en el cartel de recompensas por terrorismo del régimen de Nicolás Maduro. Se le acusa de ser parte del parte del cártel de los Soles, una organización criminal dedicada al narcotráfico que está conformada por altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas y las principales cabecillas del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo a fuentes oficiales colombianas, Alcalá Cordones vivió, por al menos dos años, en Barranquilla.  



El 26 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos anunció una acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios, y ofreció una recompensa de $10 millones por la captura y entrega de Alcalá Cordones. 



El militar chavista declaró al enterarse que EE. UU. había ofrecido una recompensa por su cabeza, que estaba sorprendido porque estaba trabajando para lograr la democracia en Venezuela, supuestamente planeando un golpe de estado contra el régimen de Maduro, con armamento que había sido incautado por la Policía en la vía Barranquilla-Santa Marta.



Según los reportes de la prensa local, el arsenal incautado constaba de 26 fusiles de asalto sin marca ni serie, calibre 556, de fabricación americana, AR-15, junto a otros elementos de guerra.

El general (r) Clíver Alcalá formó parte del grupo de militares que participó junto a Hugo Chávez en un intento de golpe de estado el 4 de febrero de 1992. 



Supuestamente había roto relaciones con Nicolás Maduro, y declaró públicamente su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por los Estados Unidos y más de 50 países. 



El 27 de marzo  Alcalá Cordones se entregó a las autoridades estadounidenses en Colombia, fue trasladado a Nueva York para enfrentar la justicia. 



El 31 de marzo se declaró “no culpable” ante un juez de New York, en una teleconferencia debido a las reglas estrictas de la cuarentena tomadas por el gobierno de Nueva York para evitar el contagio del Covid-19.




Alcalá Cordones estuvo representado en la primera audiencia por Adam Kaufman y Anthony Capozzolo. La audiencia preliminar fue atendida por el juez accidental,  Paul E. Davison, quien fijó la próxima fecha del caso para el 26 de junio. 



  El caso  de Cliver Alcalá fue designado al juez Hellerstein  a quien los fiscales pidieron el cambio de fecha, y sugirieron que la teleconferencia fuera fijada para el 1 de julio. 



  Los fiscales también solicitaron que debido a la pandemia de COVID-19, la Corte extienda la exclusión del tiempo hasta el 1 de julio de 2020, en interés de la justicia de conformidad con 18 USC § 3161 (h) (7) (A). 



   El abogado defensor aceptó las solicitudes hechas por los fiscales federales de Nueva York,  Audrey Strauss, Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba.



domingo, 31 de mayo de 2020

La carta que Franklin D. Durán le envió a Hugo Chávez por el caso del maletín de Antonini Wilson

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El empresario Franklin Durán, quien estuvo en prisión en los Estados Unidos por su  asociación con el episodio del maletín de Guido Antonini Wilson, y quien fue arrestado en Venezuela, por supuestamente haber financiado la Operación Gedeón que encabezó ex-boina verde  estadounidense, Jordan Goudreau, envió una comunicación a Hugo Chávez para aclararle la situación con el hecho que lo llevó a permanecer en una cárcel federal de EE. UU.
     Durán estuvo detenido por casi cuatro años por tratar de ocultar pagos clandestinos en efectivo a sus asociados, en relación al polémico caso Antonini Wilson. 
  
 Guido Antonini Wilson es un empresario venezolano-estadounidense, que llegó a Argentina, el 4 de agosto de 2007, con una maleta con 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados por las autoridades. El caso tuvo una amplia repercusión mediática porque coincidió con la campaña presidencial de Cristina Fernández.

  A Durán, se le vincula con participar como financista de la Operación Gedeón.

Un poco de historia


  Franklin D. Durán envió a Hugo Chávez Frías el 28 de noviembre de 2008, en la que explica que ni él ni sus empresas "tienen vinculación con la maleta de Antonini Wilson". 


  Durán fue relacionado en el caso de la valija que fue enviadoa desde Venezuela hasta Argentina con la colaboración de Antonini Wilson, para supuestamente financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner.


  En la misiva, Durán le aclara a Chávez que fue Mario Silva quien relacionó a Pedro Durán y a su empres Venoco con el hecho. 

  Sostiene que  después del 31 de agosto de 2008, sostuvo una reunión con Henry Rangel Silva, en la DIS, y que éste le señaló que Moisés Maionica se iba a encargar del caso. 


  Durán agrega que en noviembre de 2007, una de sus empresas tuvo problema en PDVSA porque supuestamente querían perjudicar a Rafael Ramírez.


   Sostiene que  Henry Rangel Silva "le pidió un favor en 2007, que era entregar unos recibos por 800 mil dólares y llevarle 2 millones de dólares para sus gastos de abogados. Yo acepté pensando que todo se estaba haciendo con abogados en EE. UU. y fue cuando se enteró que Maionica estaba junto con Antoni robando y extorsionando al gobierno de Venezuela y nunca actuó como abogado sino como un vulgar ladrón y a penas nos arrestaron se cuadró con el FBI para hacer el Indictment". Aquí está la carta.



martes, 31 de marzo de 2020

Fiscales de Nueva York se oponen rotundamente a que el cómplice de Tareck El Aissami salga en libertad bajo fianza bajo el argumento del coronavirus

   En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se opuso a la solicitud  de libertad bajo fianza presentada ante el tribunal por los abogados de uno de los cómplices del vicepresidente de Economía e Industria de Venezuela, Tareck El Aissami, quien está a la espera de ser sentenciado, luego de declararse culpable. Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años, y pidió que lo dejaran salir de la cárcel debido, entre otros argumentos, a su temor al contagio de coronavirus.
  La defensa de Víctor Mones Coro presentó el 25 de marzo de 2020  una petición ante la corte donde pide que se le permita abandonar la prisión ante los posibles riesgos de COVID-19.

  Los fiscales neoyorquinos sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país. 

  Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos. 

   Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala". 

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos". 

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación, razón por la cual, el juez debe rechazar la petición.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado. 

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación 

   Entre 2017 y marzo de 2019,  Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin. 

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida,  que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados. 

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr. 

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas. 

  Moros Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley. 

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente,  utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales. 

   El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación. 

   Moros Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano. 

   El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable  y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

   Moros Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

   Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales "como mínimo, unos increíbles $ 6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

   La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa". 

   De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían. 

   Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente. 

   Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España  y su hermana reside en las Islas Canarias españolas. 

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos. 

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho,  actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela. 

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo  a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

   La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Moros Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado,  Es dueño de un avión privado  y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados. 

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

  Estas circunstancias únicas requieren un encarcelamiento continuo en este caso. 

  Los fiscales sostiene que Moros Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión. 


  En el documento de moción, donde la fiscalía rechaza la petición, se señala que las condiciones del Centro Correccional Metropolitano (MCC), el acusado tiene acceso a sus abogados y que si bien la situación de COVID-19 ha requerido cambios temporales en el prisión en relación con las interacciones abogado-cliente, MCC está trabajando de manera constante y rápida para presentar alternativas a las reuniones en persona. 

  El abogado defensor se comunicó recientemente con el acusado por teléfono, y el Gobierno entiende que se atenderán las futuras solicitudes de llamadas telefónicas del defensor.

  El abogado defensor tiene la capacidad de comunicarse con el acusado por correo electrónico. Además, el MCC está trabajando para establecer capacidades de videoconferencia a partir de la próxima semana, a las cuales el acusado tendrá acceso. 

  Estas medidas, dicen los fiscales,  son apropiadas para proteger la salud de los reclusos y el personal al tiempo que equilibran las necesidades de los acusados ​​para comunicarse con un abogado. 

  Dado el mandato casi universalmente aceptado de la comunidad médica de que las reuniones en persona deben evitarse para todos, ya sea que estén encarcelados o no, el acceso del acusado a llamadas legales y correo electrónico es claramente una alternativa adecuada a las reuniones presenciales durante la duración del peligro más grave planteado por COVID-19.

   Además, gran parte del argumento del acusado con respecto a los desafíos de prepararse para su sentencia se basa en la falta de voluntad del acusado de aplazar la fecha de la sentencia. 

   El Gobierno entiende que el acusado está ansioso por proceder a la sentencia, y el Gobierno está dispuesto a proceder a la sentencia tan pronto como la próxima semana si el Tribunal lo desea. Pero el acusado no puede quejarse de que no puede cumplir con las expectativas de tiempo de su sentencia mientras se opone simultáneamente a la flexibilización de esos plazos. 

  Un breve aplazamiento de la fecha de la sentencia permitiría al abogado tiempo adicional para mantener llamadas y videoconferencias con el acusado, o tal vez para reunirse en persona cada vez que los protocolos COVID-19 puedan ser relajados de manera segura. 

   Dado que el acusado enfrenta una sentencia máxima de 30 años en prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión, un aplazamiento de algunas semanas no es irrazonable, y es una solución infinitamente más adecuada para abordar las preocupaciones del acusado de lo que es liberación de la custodia dado el riesgo de fuga que plantea.

  Por su parte, la Oficina de Prisiones  ha informado al Gobierno que está preparado para manejar los riesgos planteados por COVID-19, al igual que con otras enfermedades infecciosas y otras condiciones médicas. Desde al menos octubre de 2012, BOP ha implementado un Plan de influenza pandémica. 

lunes, 20 de enero de 2020

III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo: Naciones democráticas preocupadas por las actividades de las redes de Hezbollah en el hemisferio occidental

COMUNICADO CONJUNTO
III CONFERENCIA MINISTERIAL HEMISFÉRICA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

El 20 de enero de 2020, la República de Colombia albergó la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, en continuidad a los esfuerzos del hemisferio en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento y como seguimiento a las Conferencias celebradas en Washington 2018 y Buenos Aires 2019.

Con la participación de los siguientes Estados:

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

En Calidad de observadores asistieron: Israel, México, Uruguay, Venezuela, el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA), INTERPOL, AMERIPOL.

Los Gobiernos participantes:

1. Condenaron al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, cualesquiera que sean sus motivaciones, enfatizando que constituye una amenaza para la paz y la seguridad de los países y de la comunidad internacional toda; así como para los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico y social y los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios nacionales, deplorando sus efectos en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas. En tal sentido, expresaron que no es admisible justificar o validar el terrorismo como medio de acción política en la democracia.

2. Reconocieron que el terrorismo transnacional no conoce frontera geográfica, y en tal sentido, ratificaron el compromiso indeclinable de los Estados para que, denieguen refugio, asilo, albergue y/o cualquier tipo de apoyo a quienes financien, planifiquen o cometan actos terroristas, o a quienes les presten colaboración, de conformidad con las legislaciones nacionales, las obligaciones del derecho internacional, los tratados internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellas: la 1267 (1999),1373 (2001),1540 (2004), 1988 (2011), 2178 (2014), 2309 (2016), 2322 (2016), 2368 (2017), 2396 (2017), 2482 (2019), 2462 (2019); la resolución de la Asamblea General 74/194 (2019); y en línea con el cumplimiento de las recomendaciones 5, 6, 7 y 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.

3. Destacaron la importancia de un enfoque holístico, que tenga en consideración los vínculos que existen entre el terrorismo y su financiamiento, los cuales pueden incluir diversas manifestaciones de la Delincuencia Organizada Transnacional. En tal sentido, reafirmaron la responsabilidad de los Estados de negar cobijo financiero, operacional o cualquier otro tipo de apoyo a los terroristas, y ponerlos a disposición de la justicia. Así mismo, condenaron las acciones de aquellos actores que intencionalmente brindan apoyo o protección a grupos u organizaciones terroristas, perpetradores, organizadores y patrocinadores del terrorismo.

4. Afirmaron que las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios, y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones.

5. Expresaron su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental. Aplaudieron las acciones recientes de Estados de la región para contrarrestar las actividades de las redes de Hezbolá; así como alentaron a otros gobiernos a buscar formas más efectivas de abordar esta amenaza.

6. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región, la acción del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual perpetra actos terroristas y actividades criminales de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito. Asimismo, expresaron su rechazo a las actividades criminales de Sendero Luminoso.

7. Condenaron el atentado terrorista perpetrado por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, en el que 21 cadetes colombianos y 1 cadete ecuatoriana fueron vilmente asesinados, así como otros cadetes que resultaron heridos.

8. Expresaron su rechazo y condena a las acciones terroristas y actividades criminales como las perpetradas por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional- ELN- y por el Grupo Armado Organizado Residual -GAO-r, que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a la libertad, al régimen democrático y a los Derechos Humanos.

9. Reconocieron como una amenaza a la estabilidad de la región las acciones terroristas de organizaciones como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales perpetran actos de inaceptable violencia y barbarie, y obtienen su financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con la Delincuencia Organizada Transnacional.

10. Expresaron su preocupación que organizaciones que cometen actos terroristas como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional -ELN-, puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo en Venezuela, para potenciar actos terroristas y actividades delictivas en la región.

11. Reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación contra los delitos transnacionales y el terrorismo, mejorando la coordinación estatal para responder a la amenaza del terrorismo en todos los espacios (físicos y digital).

12. Coincidieron en la necesidad de promover e implementar las iniciativas hemisféricas de lucha contra el terrorismo, de forma tal que permitan una adecuada articulación regional para combatir el accionar de las organizaciones terroristas transnacionales.

13. Destacaron la importancia de incrementar la cooperación internacional y el fortalecimiento de escenarios de articulación regional, principalmente en el marco del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en materia de capacitación, intercambio de información e inteligencia, así como la cooperación internacional en materia judicial, la extradición y la implementación de alertas de viaje.

14. Incentivaron a los gobiernos de la región a usar las herramientas y capacidades de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, incluido el sistema seguro de comunicación global I-24/7 y las notificaciones y difusiones, para prevenir y afectar el movimiento de terroristas, y reprimir el financiamiento del terrorismo, como lo indican las resoluciones de las Naciones Unidas 2178 (2014), 2396 (2017) y 2462 (2019). Así mismo, expresaron su voluntad de fortalecer la Comunidad de Policías de América – AMERIPOL, como un mecanismo regional efectivo para combatir el asocio del terrorismo con el crimen transnacional organizado.

15. Expresaron su compromiso para participar y utilizar, en el marco de la Organización de los Estados Americanos / Comité Interamericano Contra el Terrorismo OEA / CICTE, la nueva Red Interamericana contra el Terrorismo, que fue propuesta en la Reunión Preparatoria de Santiago de Chile y convenida por los Estados en la II Conferencia contra el terrorismo en Buenos Aires, la cual está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, con el fin de facilitar el intercambio oportuno de información para responder de manera más efectiva a las amenazas terroristas.

16. Notaron que prácticas tales como participar en la Red Interamericana contra el Terrorismo 24/7, está entre las herramientas más efectivas de que disponen los Estados para detectar y prevenir viajes de terroristas y otras amenazas, conforme la Resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros compromisos internacionales.

17. Resaltaron la importancia de prevenir, combatir, contrarrestar y reprimir el uso con fines terroristas del internet, de las nuevas tecnologías, las plataformas virtuales FINTECH, las redes sociales y de activos virtuales, como medio para la planificación, la radicalización, el reclutamiento de personas, la recaudación de fondos y el financiamiento; al tiempo que se toman medidas para mantener un internet abierto, libre y un ciberespacio seguro, con respeto pleno a la privacidad y la libertad de expresión.

18. Reafirmaron su compromiso en redoblar los esfuerzos para combatir las fuentes de financiación del terrorismo, incluyendo aquellas que resultan del lavado de activos.

19. Resaltaron la necesidad de seguir fortaleciendo sus marcos legales nacionales para implementar sanciones financieras y otras medidas efectivas para congelar los activos vinculados a organizaciones terroristas; y evitar que los Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados Transnacionales utilicen los sistemas financieros y/o económicos para dar apariencia de legalidad u ocultar el origen ilícito de esos activos.

20. Renovaron su compromiso para fortalecer sus unidades de inteligencia financiera a efectos de crear espacios regionales de cooperación, con el fin de ubicar, rastrear, recuperar e incautar los activos de las organizaciones criminales en sus jurisdicciones.

21. Ratificaron su compromiso de fortalecer sus capacidades en materia de control de fronteras, equipos conjuntos de investigación, inteligencia, incluida la inteligencia financiera, transporte transfronterizo de efectivo y valores negociables, para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y sus medios de financiación; así como prevenir el flujo de combatientes terroristas extranjeros retornados en la región.

22. Subrayaron las acciones que a nivel de los mecanismos bilaterales están disponibles para las autoridades de los Estados, de conformidad con las resoluciones de las organizaciones internacionales. En este sentido, apoyaron experiencias exitosas entre países y organizaciones internacionales, que fomentan nuevas formas de cooperación.

23. Reafirmaron el convencimiento de que los esfuerzos de los Estados en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, tanto en el ámbito de las respuestas individuales como colectivas, deben realizarse en el marco del Estado de Derecho y la legislación nacional, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el Derecho Internacional vigente.

24. La Delegación del Perú anunció su ofrecimiento para ser sede de la IV Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.

Bogotá, DC. 20 de enero de 2020
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miércoles, 30 de octubre de 2019

Joseph Humire: Para deshacerse de Maduro en Venezuela, Estados Unidos debe desafiar a sus facilitadores

Este artículo, escrito por Joseph M. Humire y Christina Armes, fue publicado originalmente en inglés en The Hill. Con la autorización de los autores lo publicamos en español en este blog.  Joseph M. Humire es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS) y miembro principal del Instituto Gatestone y del Foro del Medio Oriente. Es especialista en Seguridad Nacional y un experto en seguridad global, especializado en analizar amenazas trans-regionales en el hemisferio occidental. 

Para deshacerse de Maduro en Venezuela, Estados Unidos debe desafiar a sus facilitadores 

La semana pasada, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump se reunió con líderes del gobierno interino de Venezuela, junto con representantes del Grupo de Lima, un bloque de 14 naciones en América Latina que se enfrenta a la crisis en Venezuela. El consenso fue claro: Venezuela necesita un nuevo liderazgo, sin la batalla del presidente Nicolás Maduro.

En su declaración en la reunión, el presidente chileno, Sebastián Piñera, subrayó que Maduro no trabaja solo. “Tenemos que darnos cuenta ... de que hay aliados [internacionales] que ayudan a [Maduro en] Venezuela y estamos hablando de países como Cuba, China, Rusia, Irán y Turquía. Creo que toda la comunidad latinoamericana, y tal vez todo el mundo, debería [tener] muy claro que lo que están haciendo realmente está afectando los intereses de todos los países latinoamericanos ”.

El presidente Piñera tiene razón. Abordar a Venezuela de manera aislada es interpretar mal la crisis; El régimen de Maduro está respaldado por una red multipolar de actores externos estatales y no estatales decididos a mantener el régimen en el poder.

El reinado de Maduro no terminará hasta que esta red se deshaga.

El Centro para una Sociedad Libre Segura, conformado por un grupo de expertos en seguridad nacional con sede en Washington, ha acuñado el acrónimo "VRIC" para la alianza emergente de seguridad e inteligencia que no es natural, no convencional, pero cada vez más real. El VRIC recuerda el acrónimo BRIC, acuñado por el economista británico Jim O’Neill, que representaba las cuatro economías mundiales en ascenso. Sin embargo, el VRIC es más siniestro y describe las cuatro mayores amenazas para la seguridad global y su creciente dependencia mutua: Venezuela (y la Alianza Bolivariana más amplia), Rusia, Irán y China.

A pesar de las paralizantes sanciones, la presión internacional por el cambio de régimen y más de 4 millones de venezolanos que han huído de su país, Maduro aún conserva el poder con la ayuda de la alianza VRIC.

No hay mayor indicio de que el régimen de Maduro cuente con el apoyo internacional para sobrevivir [ en especial durante lo ocurrido en semana de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando los líderes del régimen se fueron al extranjero]. Ante el aumento de la presión, Maduro, que pasó por alto la Asamblea General y envió a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, viajó a Moscú. Maduro llevó a su gira, "el poder detrás del trono", Tareck El Aissami, ex vicepresidente de la República y actual Vicepresidente de Industrias y Producción Nacional, para discutir el compromiso internacional con el presidente ruso Vladimir Putin. El Aissami está actualmente acusado por el Departamento de Justicia, sancionado por el Departamento del Tesoro y en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.

Mientras Maduro estaba en Moscú, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, visitó Corea del Norte con una delegación que presentó un regalo a Kim Jong Un en nombre de Maduro. Venezuela abrió su primera embajada en Pyongyang en agosto de 2019.

Rara vez Maduro, Cabello, Rodríguez y El Aissami salen de Venezuela al mismo tiempo. Pero lo ocurrido en esa semana pasada demuestra que el régimen, en su estado debilitado, depende cada vez más de sus aliados internacionales para que lo rescaten. Es un patrón de comportamiento evidente durante todo el año.

Después del 23 de febrero, cuando Maduro bloqueó el paso de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a través de la frontera colombiano-venezolana, envió de inmediato a Rodríguez a Rusia para conversar con el canciller Sergei Lavrov. Poco después, Rusia, China y Turquía enviaron ayuda humanitaria a Venezuela.

Lo mismo sucedió en marzo. Cuando Venezuela experimentó una serie de apagones en todo el país, China ofreció su apoyo técnico para ayudar a poner fin al apagón y Rusia envió un contingente de "especialistas" militares de 100 personas.

Luego, después de la fallida Operación Libertad el 30 de abril, con el objetivo de remover a Maduro, el canciller venezolano Jorge Arreaza anunció que Rusia podría enviar más especialistas militares. Y así lo hicieron, en junio, cuando un avión lleno de técnicos militares rusos aterrizó en Caracas.

El equipo conformado por Rusia-China (con ayuda de Irán) ha demostrado ser efectivo para neutralizar los esfuerzos del presidente interino, Juan Guaidó, de poner fin a la usurpación de Maduro en Venezuela. 

Aunque menos visible en Venezuela, la República Islámica de Irán presta apoyo a Maduro a través de canales secundarios y fuertes relaciones diplomáticas y militares. Durante los tiempos tensos en Teherán, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif viajó a Caracas en julio para mostrar solidaridad con Maduro y asistir a la reunión del Movimiento de Países No Alineados. Esto ocurrió semanas después de que el principal funcionario de seguridad iraní, Ali Shamkhani, se reunió con su homólogo venezolano, el general Angiollilo Fernández, para discutir la cooperación en seguridad. Fernández ahora está a cargo de UNEFA, la academia militar de Venezuela.

Si bien las naciones VRIC respaldan abiertamente las negociaciones fallidas entre Maduro y su oposición, también alimentan el fracaso al dividir a la oposición a través de operaciones de información y medidas activas llevadas a cabo por la contrainteligencia cubana.

Está claro que trabajar con Maduro hacia una transición no es una opción. Pero simplemente apuntar a Maduro y su régimen dentro de Venezuela ha resultado inútil. Obligar a Maduro a sacar una "rampa de salida" de Venezuela significa contrarrestar a sus aliados externos que lo sostienen. Cualquier acción tomada contra Maduro debe tener en cuenta los actores estatales externos que proporcionan líneas de vida a su gobierno.

"Maduro es parte del problema y nunca será parte de la solución", insistió Piñera en la reunión al margen de la Asamblea General. De hecho, Maduro es parte del problema, pero la otra parte es su red internacional. Si el presidente Trump y la mayoría de los líderes latinoamericanos desean poner fin al gobierno de Maduro en Venezuela, deben desafiar su fuente de apoyo: una red estatal y no estatal de actores externos en América Latina.