La 'justicia' venezolana estimó que ni Raúl Gorrín, Rantor, ni Eaton cometieron irregularidad alguna con el préstamo otorgado a PDVSA que los benefició con el diferencial cambiario

   La fiscalía y el tribunal que analizaron el caso, consideraron que no se violó la normativa legal vigente en Venezuela para la fecha de la operación.

Por Maibort Petit

   

   Mientras las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. han emprendido procesos judiciales por la presunta comisión de delitos lavado de dinero en torno a un empréstito que la empresa Rantor Capital C.A. otorgó a Petróleos de Venezuela S.A. para que luego esta cediera los derechos a otra compañía de maletín, Eaton Global Services Limited, logrando establecer que se trató de un ardid que buscó aprovecharse del diferencial que ofrecía el control cambiario venezolano, cuyas ganancias en parte procuraron legitimase en Estados Unidos, en Venezuela el 'sistema de justicia' decidió sobreseer la causa en 2020, por estimar que no existía conducta delictiva en tal acción.

La decisión

  El 16 de septiembre de 2020, Luisa Romero, juez del juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la solicitud presentada por Farik Karin Mora Salcedo, Fiscal Provisorio Sexagésimo Séptimo a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, a objeto de que se emitiera el decreto de sobreseimiento de la causa seguida en contra de Raúl Antonio Gorrín, Gustavo Perdomo y Víctor Eduardo Aular Blanco, señalados de la presunta comisión de delitos de Legitimación de Capitales, Traición a la Patria, Corrupción, Instigación Pública y Asociación, denunciada por Luis Alejandro Tellería Perdomo. 

  Para adoptar tal decisión la juez se sustentó en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que “…El sobreseimiento procede cuando: 2. El hecho imputado no es típico…”. Igualmente, la sentencia benefició a José Manuel Cerro y Marcel Orejanu, directores generales de la empresa Rantor Capital C.A.

  La juez Romero ordenó el cese de cualquier medida de carácter personal o real que pese sobre Gorrín, Perdomo Aular Blanco, Cerro y Orejanu, respecto a los hechos sobre los cuales recae la decisión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal. También, ordenó notificar la decisión a la Procuraduría General de la República.

La solicitud del fiscal

  El fiscal Farik Karin Mora Salcedo se refirió a la investigación emprendida el 28 de abril de 2017 en razón de la denuncia de Luis Tellería contra Julio Borges, José Gregorio Correa, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, por la presunta comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, Traición a la Patria, Corrupción, Instigación Pública y Asociación, a la cual se sumó el 14 de agosto del mismo año, el diputado suplente a la Asamblea Nacional, Oscar Adolfo Ronderos Rangel, y advirtió que se reservaba el derecho de continuar la investigación y realizar un pronunciamiento separado, dado que para la fecha aún estaban pendientes de ser recabadas las resultas de una serie de diligencias que eran imprescindibles para resolver acerca de la existencia de los hechos planteados en la denuncia.

   Apuntó el fiscal el diputado Ronderos Rangel llamó la atención sobre el hecho de que en el esquema denunciado de desvío de divisas, aunque ya había sido “profundamente investigado por el Ministerio Público y en algunos casos” se habían establecido responsabilidades y sanciones, existía un punto ciego en el cual no se había indagado y que, a saber, era “la asignación de divisas directamente por Petróleos de Venezuela (PDVSA) a particulares sin cumplir con el régimen cambiario existente”.

  Ronderos hizo hincapié en específico a la “operación por siete mil doscientos millones (BsF. 7.200.000.000,00) pagaderos en dólares, realizada presuntamente por PDVSA en contra del patrimonio de todos los venezolanos”.

  Destacaba el parlamentario que esta operación que data de 2014 fue ampliamente reseñada por los medios de comunicación en abril de 2017 cuando se apuntó que PDVSA funcionaba como un Cadivi paralelo en tiempos de la administración de Rafael Ramírez, cuando se favoreció a “jóvenes empresarios venezolanos denominados los bolichicos”.

   En específico, citó el préstamo referido anteriormente otorgado por Rantor Capital C.A., una entidad privada no financiera privada, que después cedió el contrato por un monto en dólares de USD 1.143 millones a la empresa Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong. Esta cesión fue notificada a la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA y se indicó que debido a que esta firma no poseía cuenta en moneda nacional venezolana, el pago del préstamo se haría en dólares o cualquier otra moneda convertible. En tal sentido, PDVSA hizo varios pagos por un monto de 511.913.270,74 Euros, equivalentes a USD 600.000.000, correspondientes a los 7.200.000.000 del préstamo otorgado, calculados a la tasa de cambio oficial para la fecha del pago, a saber, diciembre de 2014 y enero de 2015, la cual era de Bs. 6,30 por dólar.

  El diputado Ronderos acusó a Raúl Gorrín, a su socio Gustavo Perdomo, al consultor jurídico de PDVSA para la época, Carmelo Urdaneta Aquí, al director de la petrolera Víctor Aular que firmó el contrato. Dijo que, con las ganancias, Gorrín compró bonos, realizó manejos en el mercado paralelo y compró el banco Asociación Peravia de Ahorros y Préstamo en República Dominicana.

Los argumentos para el sobreseimiento

   La juez, Luisa Romero, luego de revisar toda la documentación del caso, determinó que la fiscalía llevó a cabo múltiples diligencias de investigación con el objeto de esclarecer los hechos denunciados, al tiempo que realizó las debidas peticiones de colaboración a los organismos necesarias.

  Refiere que la decisión se toma de en cuenta, en primer lugar, la suscripción del contrato el 17 de diciembre de 201e PDVSA y Rantor Capital C.A. por Bs. 7.200.000.000 el cual fue cedido posteriormente a Eaton Global Services Limited a la que la petrolera le canceló el préstamo en divisas. En segundo lugar, la presunta compra por parte de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo con las divisas obtenidas, de bonos de la deuda pública venezolana.

   Consideró la magistrada el hecho de que entre los representantes y directivos de Rantor no figuran ni Gorrín ni Perdomo, de acuerdo a lo indica el acta constitutiva de la empresa y sus estatutos; que Rantor cedió sus derechos a Eaton; que el préstamo fue entregado en su totalidad por Rantor a PDVSA; que la cesión fue notificada por Eaton a PDVSA y por ser una firma constituida en Hong Kong no poseía cuenta en moneda nacional y por ello los pagos se acordaron en divisas; que Eaton recibió de PDVSA los pagos desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el 2 de febrero de 2015 por 511.913.270, 74 Euros equivalentes a USD 600.000.000; que dicha cancelación se calculó a Bs. 6,30 por dólar como lo comprobó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; que PDVSA ya con anterioridad había suscrito préstamos a interés bajo la modalidad de línea de crédito; que al PDVSA al haber cancelado el préstamos de manera anticipada se hizo acreedora a un descuento del 47,5 por ciento; que los otorgados como préstamos financieros consolidados de PDVSA  al 31 de diciembre de 2014 se comprobó dicha ganancia; que el Banco Central de Venezuela (BCV)  y el Centro Nacional de Comercio Exterior del Ministerio Popular de Economía y Finanzas estableció que ni Gorrín, ni Perdomo ni Rantor Capital C.A. no aparecen en los registros estatales relacionados con el manejo y comercialización de bonos y demás títulos de la deuda pública de Venezuela.

  En función de ello, Luisa Romero pasó a resolver la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público y analizó los supuestos contenidos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal que en sus numerales 1 y 2 establece que el sobreseimiento procede cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuirse al imputado; y cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad.

  Se constató en este sentido el contrato se suscribió cumpliendo con las normas y las debidas autorizaciones y se comprobó que Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo no tuvieron participación expresa en la referida contratación, ni poseían relación con Rantor Capital C.A.

  Igualmente, se determinó que Gorrín y Perdomo no adquirieron bonos ni títulos valores para la fecha de la referida contratación.

  Respecto a la denuncia de que es ilícito el pago de obligaciones contractuales por parte de PDVSA en divisas extranjeras, la juez Romero se remitió al artículo 128 d e las Ley del BCV que establece que “Los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago”. Concluyó que, con base a esto, existe la posibilidad de pactar obligaciones en moneda extranjera.

  Igualmente refirió que el Código Civil permite la cesión de créditos, por lo que en contrato de cesión entre Rantor y Eaton está adecuada al ordenamiento jurídico venezolano.

  A magistrada concluyó que no hubo ninguna infracción al régimen cambiario en la operación realizada entre PDVSA, Rantor Capital C.A.y Eaton Global Services Limited.

  Por todo lo expuesto, Luisa Romero consideró procedente y ajustado en derecho declarar con lugar la solicitud de sobreseimiento presentada del fiscal Farik Karin Mora, pues estimó que la contratación objeto de la investigación, no fue ejecutada contrariando los procedimientos administrativos y disposiciones legales según los elementos de convicción e informes que corren insertos en la actuaciones, delimitarse la existencia de conducta delictiva ni pueden subsumirse los hechos dentro de un tipo penal específico”.

Viuda de Fernando Albán demandó a Maduro, Padrino, Maikel Moreno, Tarek Saab, Reverol, las FARC y al Cartel de los Soles en corte de la Florida

  Los familiares de quien es considerado un muerto de la dictadura venezolana, sostienen que el político opositor fue víctima de secuestro, tortura y asesinato.

Por Maibort Petit

  Meudy Albán Osío, viuda del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, muerto en extrañas circunstancias mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), el 8 de octubre de 2018, demandó a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida por daños y perjuicios.

 Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  Sostienen los demandantes que los demandados deben resarcirlos por daños y perjuicios derivados del secuestro, tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, difamación y nuevas represalias contra sus familiares sobrevivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros, su aparato ilegal y los diputados controlan Venezuela y sus co-conspiradores narcoterroristas.

  Ante el tribunal, Meudy Albán Osío, quien además actúa en calidad de representante personal del patrimonio de Fernando Alberto Albán, Fernando Albán, Fernando Albán Osío y María Fernanda Albán Osio, reclaman les sean adjudicados daños compensatorios y consecuentes, incluidos daños triplicados, en una cantidad que se determinará en el juicio; una indemnización por daños y perjuicios ejemplares y punitivos por una cantidad que se determinará en el juicio; una adjudicación de honorarios y costas de abogados; un juicio con jurado sobre todos los asuntos tan probables; y cualquier otro alivio que sea justo y apropiado.

Los hechos

   Refiere la demanda que el concejal Albán se convirtió en objetivo del régimen de Nicolás Maduro, quien asumió la presidencia en Venezuela a la muerte de Hugo Chávez, consolidando a partir de entonces el control autoritario del país, reprimiendo a la disidencia, mediante la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones" y otros crímenes de lesa humanidad a gran escala. Paralelamente, Maduro aprovechó el ejercicio del poder para enriquecerse “a sí mismo y a sus compinches a expensas de los ciudadanos respetuosos de la ley de Venezuela (…) y [con] su empresa criminal saquearon el tesoro de Venezuela, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar toneladas de cocaína y lavaron las ganancias mal habidas a nivel internacional, incluido Estados Unidos. Maduro y todos menos uno de los acusados individuales han sido acusados de narco-terrorismo, lavado de dinero y/u otros delitos en varias jurisdicciones de los EE. UU., Incluido el Distrito Sur de Florida”.

  Agrega que la mala gestión y la avaricia de Maduro sumieron a Venezuela en una crisis humanitaria épica, con enfermedades desenfrenadas, hambre y desnutrición, por lo que Fernando Albán redobló sus esfuerzos para abogar por la democracia y contra la corrupción. En razón de esto, él su familia, desde 2015 comenzaron a recibir amenazas de muerte y, temiendo por sus vidas, la esposa y los hijos de Albán, huyeron a Estados Unidos, donde solicitaron asilo. Fernando Albán decidió quedarse en Venezuela para continuar sus esfuerzos por rehabilitar el país y la democracia.

   En agosto de 2018, Albán viajó a Nueva York para ver a su familia y luego para conectarse con la delegación de Primero Justicia reuniones y eventos relacionados con la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre, luego de lo cual hizo pronunciamientos a favor de la democracia y contra la corrupción en Venezuela. Violando la ley estadunidense, agente del Maduro siguieron descaradamente a la delegación de Justicia Primero, los fotografiaron y apuntaron sobre Fernando Albán, transmitiendo a Venezuela información de inteligencia que reunieron sobre él, con consecuencias mortales.

  Al regreso de Albán a Venezuela, el 5 de octubre de 2018, fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por miembros armados del SEBIN en cuya sede a donde fue trasladado, fue torturado con descargas eléctrica y luego fue asesinado.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN arrojó el cuerpo de Fernando Albán desde el décimo piso de su sede, pero el régimen de Maduro difamó al dirigente de Primero Justicia al alegar falsamente que se había suicidado, así como de ver pornografía infantil. También destruyeron el negocio contable que poseía junto a su esposa.

  La demanda califica como una afrenta a la soberanía de Estados Unidos, el envío de agentes a suelo estadounidense para espiar y reprimir la libertad de expresión de Fernando Albán en suelo estadunidense.

Los demandados

  Al hacer referencia a los demandados por los Albán-Osío, el recurso legal que estos presentan ante el Tribunal del Sur de la Florida recuerda que Nicolás Maduro fue sancionado el 31 de julio de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por “socavar la democracia en Venezuela”; que fue acusado el 26 de marzo de 2020, por el Departamento de Justicia de orquestar una “conspiración de narcoterrorismo corrupta y violenta entre el Cartel de los Soles venezolano y las FARC'; y que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de USD 15 millones por información que conduzca a su captura.

  A Vladimir Padrino López, también sancionado por la OFAC, es acusado en el Tribunal del Distrito de Columbia de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos. Precisa que es un miembro senior del Cartel de los Soles.

  Sobre Maikel José Moreno Pérez, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la demanda apunta que fue sancionado por la OFAC en mayo de 2017, por cometer “fallos judiciales (…) que han usurpado la autoridad de la legislatura elegida democráticamente en Venezuela". En Estados Unidos es acusado penalmente en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Miami por conspiración para cometer lavado de dinero. Por información que facilite su captura, el Departamento de Estado ofrece USD 5 millones.

   Entretanto, Néstor Luis Reverol Torres, entre otros cargos que ha ocupado, fue director general de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, agencia gubernamental encargada de combatir el narcotráfico. Fue sancionado el 26 de julio de 2017, por la OFAC por “socavar la democracia”. El Departamento de Justicia lo acusó en 2016 por delitos de tráfico y distribución de cocaína Es un miembro de alto rango del Cartel de el Sol.

  Tarek William Saab, Fiscal General, fue sancionado por la OFAC el 26 de julio de 2017, por socavar la democracia en Venezuela. También ha sido sancionado por otros países, como Suiza, por violaciones de derechos humanos.

  Además de los altos dirigentes oficialistas señalados, la demanda incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Cartel de Los Soles, grupos que los Albán Osío señala de conformar, conjuntamente con Maduro y el resto de demandado, una sociedad criminal a través de la cual el régimen tortura y asesina para proteger y encubrir sus presuntas actividades de corrupción y narcotráfico.

Sobre la jurisdicción del tribunal

  Los demandantes sostienen que el Tribunal del Distrito Sur de Florida tiene jurisdicción para considerar el caso, bajo la ley RICO y por el artículo III de la Constitución de los Estados Unidos.

   Se puntualiza que la tortura a Fernando Albán en la sede del SEBIN en Caracas viola la legislación estadounidense forma parte de la conspiración que busca “inundar esta jurisdicción con cocaína, (b) blanquear el producto del tráfico de estupefacientes y la corrupción del gobierno de Venezuela a través de esta jurisdicción, y/o (c) aceptar sobornos de cuentas mantenidas en este distrito judicial”.

  Agrega que la corte tiene jurisdicción personal, según el estatuto de brazo largo de Florida y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución, sobre los demandados porque ellos personalmente y/o a través de agentes cometieron un acto ilícito en la Florida, dando lugar a los reclamos.

  Sostiene la demanda que los demandados difamaron a Fernando Albán en el estado de a Florida a través de Twitter, YouTube y otros medios accesibles a nivel mundial, haciendo que esas declaraciones difamatorias sean leídas, escuchadas y revisadas por numerosos terceros en el citado estado de los EE. UU., entre ellos miembros de la gran población de venezolanos que allí residen.

  Del mismo modo, porque los demandados traficaron criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia Florida, causando en represalia el secuestro, tortura y asesinato de Albán, con el objetivo de silenciar su oposición a dichas actividades de narcotráfico criminal y narcoterrorismo.

  Los demandados, blanquearon millones de dólares de ganancias ilícitas del tráfico de estupefacientes y delitos de corrupción pública a través del sur de Florida, provocando el secuestro, tortura y asesinato de Fernando Albán en represalia y para silenciar su oposición a las actividades criminales.

  Asegura la demanda que los agravios de los demandados contra Fernando Albán estaban indisolublemente entrelazados y eran un componente necesario y previsible del tráfico de drogas ilegales, hacia y en todo el sur de Florida.

   Reitera que la corte tiene jurisdicción personal sobre los acusados de conformidad con la ley RICO, porque los demandados ayudaron e incitaron el asesinato de Fernando Albán al acecharlo en territorio estadunidense y acusarlo en represalia por haber proporcionado información de inteligencia de los EE. UU. a los miembros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y seguir un curso de conducta hostil a Albán, la cual comenzó en Estados Unidos y culminó en Venezuela.

   Según los demandantes, el haber traficado criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, provocó el secuestro, tortura y asesinato de Albán en represalia, pues quisieron silenciar su oposición a tales actividades. Algo que ocurrió igualmente por sus actividades de lavado de dinero producto del narcotráfico.

   Secuestrar y asesinar a Fernando Albán, lesionó a los demandantes en los Estados Unidos, donde son residentes, aseguran Meudy Albán Osío y sus hijos.

Tarek William Saab: El 'garante' de la legalidad que está en deuda con la justicia

 Ante los múltiples señalamientos de supuestas irregularidades en negociaciones detrás de las cuales estaría su mano, el actual titular del Ministerio Público mantiene un silencio absoluto.

Por Maibort Petit

   Resulta incomprensible que quien tenga sobre sí la responsabilidad de 'garantizar' la supuesta 'legalidad' en el país, se encuentre en deuda con la justicia al no haber respondido a una serie de denuncias en su contra relativas a negociaciones irregulares y a los señalamientos que indican su presunta tendencia a esconderse tras la figura de testaferros. Se trata del fiscal general de la república designado por la ilegal asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, a quien su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, lo relacionó con el otorgamiento de doce contratos a la empresa Constructora Conkor C.A.[1], cuyos dueños, supuestamente, serían prestanombres del actual representante del Ministerio Público[2].

 El asunto consiste en una enrevesada situación en la que los acusadores también son acusados y que, aun cuando lleva varios años de haberse develado, no se ha aclarado a la opinión pública la naturaleza de los irregulares hechos.

 Saab denunció el 31 de agosto de 2017, un supuesto desfalco millonario contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por más de USD 200 millones el cual se materializó mediante los contratos cedidos a las 12 empresas que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco. Ambos fiscales por lo menos coincidían en señalar a la FPO como eje neurálgico de la corrupción imperante en la que por años fue la principal industria del país. Sin embargo, Tarek Saab evitó hacer mención de Pedro León Rodríguez limitándose a acusar a Ortega Díaz por no haberle dado curso a las investigaciones. Algo que niega Ortega Díaz, quien asegura que durante su gestión ordenó la detención de Pedro León Rodríguez.

   Quien era conocido como el zar de la FPCO, fue uno de los hombres de confianza del finado expresidente, Hugo Chávez, quien lo puso al frente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), encargada de la administración de los negocios en la Faja y de las negociaciones con las 21 empresas mixtas que operan alrededor del proyecto en los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro. De allí pasó al cargo de director ejecutivo de la FPO, donde habría dado rienda suelta a las irregularidades en contratos entregados a por lo menos 35 empresas. En su contra se emitió una orden de arresto el 4 de febrero del citado año, pero huyó del país rumbo a República Dominicana.

  ¿Por qué el silencio de Saab respecto a León Rodríguez? La respuesta estaría en los señalamientos iniciales de Luisa Ortega respecto a la propiedad de Constructora Conkor C.A., cuyos dueños titulares simplemente serían testaferros de Saab, según acusa la exfiscal. Vale recordar que la citada empresa ha estado vinculada a Tarek Saab desde sus tiempos como gobernador del estado Anzoátegui, posición desde la que habría ordenado o influido en ese tiempo en el otorgamiento de contratos por más de USD 2.000 millones en contratos de entes públicos, la mayoría en el área petrolera y de construcción de obras públicas. Las empresas beneficiarias supuestamente formarían parte del entorno del exgobernador y actual fiscal. Esta es la sospecha de investigadores tanto en Venezuela como en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia lo incluyó como objeto de sus averiguaciones.

   De acuerdo a lo recabado por las agencias federales estadounidenses, entre octubre de 2003 y julio de 2016, Constructora Conkor C.A. suscribió más de 40 contratos multimillonarios de empresas controladas por PDVSA que operan en la FPO y en otros proyectos conjuntos con la estatal petrolera venezolana que sumarían más de USD 2.000 millones. Se ha sabido que, en tiempos de Saab en la gobernación de anzoatiguense, la empresa fue beneficiaria de millonarios contratos tanto en bolívares como en dólares, que muchas veces fue denunciada por dejar las obras inconclusas.

  Los vínculos de Tarek Saab se extenderían también a otros empresarios acusados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el año 2012, a saber, Alejandro Josue Koury Guevara y Elías Ramón Ruiz Mazzeo[3] [4].

   Pedro León Rodríguez fue detenido el 2 de septiembre de 2017, en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de Porlamar, estado Nueva Esparta, tras arribar en vuelo al país procedente de República Dominicana[5]. Un arresto que Luis Ortega Díaz puso bajo sospecha, pues según aseguró fue el mismo gobierno el que mandó a buscar al funcionario en un avión privado propiedad de la empresa Líder Airlines e identificado con las siglas YV-3209. Para ella, el régimen negoció con el ex zar de la FPO y llegó a un acuerdo para que este dirija sus acusaciones en contra la ex-titular del ministerio público. Sostiene que Tarek William Saab "inventa delitos" y construye expedientes para inculparla.

  En esta guerra de acusaciones mutuas, Saab asegura que Ortega y su esposo, el ex-diputado, Germán Ferrer, dirigen una red de extorsión que se habría beneficiado de contrataciones públicas, de que habría encubierto a empresarios corruptos y de poseer cuentas bancarias en las Bahamas por unos USD 6 millones[6].

 El representante de Conkor en el contrato que a continuación presentamos como ejemplo de los muchos suscritos bajo supuestas condiciones de irregularidad,

 A continuación, presentamos uno de los contratos suscritos por Conkor y PDVSA Petróleo.

El contrato

 PDVSA Petróleo S.A., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), representada por Pedro León, director ejecutivo de Producción Faja Petrolífera del Orinoco, por una parte y, por la otra, Constructora Conkor C.A., representada por su director ejecutivo, Alejandro Ruiz Mazzeo, suscribieron el contrato de obra identificado con el número 4600060550.

  El contrato tenía por objeto el que la referida contratista ejecutaría con su propio personal, herramientas, materiales y equipos, una serie de trabajos relacionados con obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación que se detallan en el Anexo A de acuerdo al pliego de contrataciones/especificaciones Nº 1300256789.

  Las obras se llevarían a cabo en el patio de tanques de Morichal y estarían dirigidas a la correcta instalación e interconexión de los equipos del mismo.

  Las obras debían ejecutarse, de acuerdo a lo que dicta la cláusula segunda, de acuerdo a lo previsto en el Anexo B, el cual estableció un plazo de 365 días calendario.

   El plazo se contaría desde la fecha de la firma del Acta de Inicio por los representantes autorizados de las partes, hasta la recepción provisional del contrato, aunque este consideraría vigente, hasta tanto no se produjera la recepción definitiva de la obra.

  El contrato podía prorrogarse por el tiempo que PDVSA Petróleo lo estimase conveniente. Igualmente podía ser renovado pro acuerdo de las partes.

 El referido anexo también fijó el precio del contrato, indicándose que PDVSA Petróleo S.A. pagaría a Constructora Conkor C.A. Bs. 4.112.702.281,06 y USD 707,853,37, para un monto global de Bs. 4.117.161757,29.

  Se escogió la modalidad de Precio Unitario, advirtiéndose que la petrolera solamente reconocería el pago de las porciones de la obra realmente terminadas y aceptadas.

  PDVSA Petróleo reconocería variaciones en el precio del contrato que fueran consecuencia de medidas legislativas y administrativas de las autoridades competentes, así como por aumentos de los costos de labor por convenciones colectivas.

REFERENCIAS

[1] Constructora Conkor. https://www.conkor.com/es/

[2] Venezuela Política. “Ortega Díaz denuncia esquema de corrupción: Constructora Conkor recibió 12 contratos para operar la Faja Petrolífera del Orinoco”. 5 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/09/ortega-diaz-confirma-que-constructora.html

 

[3] Venezuela Política. “PRIMERA PARTE: Denuncian red de empresas ligadas a Tarek William Saab”. 1 de mayo de 2017.  https://www.maibortpetit.info/2017/05/primera-parte-denuncian-red-de-empresas.html

[4] Venezuela Política. “SEGUNDA PARTE: Empresarios vinculados a Tarek William Saab acusados por EEUU de lavado de dinero proveniente del narcotráfico”. 2 de mayo de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/05/segunda-parte-empresarios-vinculados.html

[5] Efecto Cocuyo. “Detienen en aeropuerto de Porlamar a exjefe de la Faja Petrolífera del Orinoco”. 2 de septiembre de 2017. https://efectococuyo.com/sucesos/detienen-en-aeropuerto-de-porlamar-a-exjefe-de-la-faja-petrolifera-del-orinoco/  

[6] Vértice. “Los negocios secretos de Tarek William Saab”. 18 de diciembre de 2017. https://vertice.news/los-negocios-secretos-de-tarek-william-saab-e70290cd5de0

Denuncian al diputado Luis Parra por amenazar de muerte a Carlos Herrera

   Según le expuso Herrera a la Fiscalía, el diputado Parra porta un fusil de alto calibre, por lo que deben tomarse muy en serie tales amenazas por parte del ministerio Público.

Por Maibort Petit

  El 21 de septiembre de 2020, Carlos Herrera, editor del portal Primicias 24, asistido por el abogado, Pedro Aranguren Gualdrón, denunció ante el fiscal general de la república, Tarek William Saab, al diputado a la Asamblea Nacional, Luis Parra, a quien señaló de proferir supuestas amenazas muerte en su contra.

   Herrera expone en su denuncia que el día 18 de septiembre de 2020, aproximadamente a las 9 de la mañana, recibió una llamada del diputado Parra, a través de la cual este procedió a acusarlo de ser responsable de una información documentada que circulaba en las redes sociales en la cual se lo vinculaba —junto a otros parlamentarios— con la denominada “operación alacrán” y con unas diligencias presuntamente practicadas ante bancos europeos, las cuales tenían por objeto la defensa del empresario colombiano, Álex Saab y el desbloqueo de las cuentas de este en dichas entidades financieras. A tal efecto, la versión apunta a que los parlamentarios eximían a Saab de toda culpa en la comisión de irregularidades en las operaciones de importación de alimentos para al programa CLAP, mediante la presunta presentación de unos documentos y credenciales de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

  Igualmente, Carlos Herrera señala al diputado Luis Parra de, seguidamente a la acusaciones antes señaladas, proceder a amenazarlo de muerte  o de hacerlo apresar: “O te mandamos a matar o te mando a poner preso”, le habría dicho el parlamentario, al tiempo que agregaba que esto último podía lograrlo por sus relaciones con un “alto dirigente de la revolución venezolana, utilizando de una manera vulgar el nombre de ese ministro”, a quien en ninguna parte de la denuncia se identifica.

  En tercer lugar, el denunciante Carlos Herrera, procede a desmentir las supuestas acusaciones que Parra le formulara, señalándolo de ser el responsable de la campaña en contra del parlamentario, “porque en ningún momento he publicado en Primicias24, de quien soy editor, esa documentación que circula en las redes sociales”.

  En este sentido, Herrera advierte que a los documentos que se han difundido en las redes sociales también tuvieron acceso los diputados que viajaron a Europa junto con Parra, puesto que las suscribieron, por lo cual es posible deducir que cualquiera de ellos habría podido darlas a conocer a través de internet. Agrega que esto es una posibilidad, en razón de que dichos diputados —así como los abogados que le acompañaron y a quienes deben dinero por concepto de honorarios profesionales por sus gestiones en Europa— en la actualidad se encuentran enemistados con Parra.

 A Herrera le resulta inconcebible que el diputado Luis Parra continúe en su empeño “de engañar a la opinión pública, [y] opta por amenazarme de muerte cual delincuente y mafioso político”.

Aclaratoria ante el MP

  Carlos Herrera la advierte al Ministerio Público en su denuncia que, efectivamente, él viajó con los diputados de la Comisión de Contraloría de la AN entre los que se encontraba Luis Parra, a Europa.

  Para ello, había recibido una invitación del citado ente legislativo, el día 13 de febrero de 2020, con el objeto de que los acompañara para dar cobertura periodística a las investigaciones que seguirían en el viejo continente, con relación a exfuncionario del gobierno nacional incursos en supuestos hechos de corrupción.

   Sin embargo, destaca que “en ningún momento participé en el entramado que supuestamente formaron los diputados viajeros de enviar cartas a instituciones bancarias de Europa para solicitar desbloqueo de cuentas bancarias a favor de ciertas empresas supuestamente vinculadas con Álex Saab, según han relatado medios de comunicación, o a pedir que no se bloquearan fondos de dichas empresas, porque los diputados tenían su propia agenda que no se correspondía a la mía (…)”.

  Refiere que durante el viaje con compartió hospedaje con los diputados ni los acompañó todo el tiempo.

  Califica la acusación en su contra formulada por Parra de “elucubración de base fantástica” y subraya que sólo es responsable de lo que se publica Primicias24, puesto que la cuenta en Twitter @primicias24 se encuentra bloqueada.

  Señala que ni Primicias24, ni el resto de los medios de comunicación que acompañaron a Europa a los diputados de la Comisión de Contraloría, pueden ser responsabilizados de las acciones de los diputados, pues sólo cumplían una labor periodística, “sin que tengamos que ver en participaciones escabrosas de amparar supuestamente a empresarios”.

Parra es un “delincuente político”

  Carlos Herrera expone en su denuncia ante la Fiscalía General de la República que esta debe tomarse en serio, toda vez que el diputado Luis Parra, a su juicio, “ha demostrado fehacientemente ser un delincuente político”.

  Para calificarlo de tal manera, Herrera se remite al comportamiento de Parra, porque este primeramente apoyó a Juan Guaidó y las leyes propuestas por este que habrían dado lugar a las sanciones emitidas por Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Venezuela. Posterior a estos hechos, cuando fue designado como presidente de la Asamblea Nacional, entonces cambió radicalmente de “actitud política, dando un giro de trescientos sesenta grados, traicionando sus supuestos principios políticos de derecha por unos revolucionarios que sabemos que son inexistentes, para andar ahora suplicando ante las instituciones ante las que antes pedía se sancionara al país, que hagan cesar el bloqueo inclemente que han impuesto contra Venezuela”.

  Además de hacer referencia a otros vaivenes políticos de Parra, el denunciante Carlos Herrera indicó que el 21 de enero de 2020, sin que previamente éste hubiera consultado con su persona, el diputado procedió a designarlo como Asesor y/o Delegado de Asuntos Internacionales y Representante ante el Hemisferio Norte de la Asamblea Nacional de Venezuela” (sic).

  Esta decisión del poder Legislativo se comunicó al departamento de Estado de los Estados Unidos.

   El parlamento presidido por Parra hizo el nombramiento de Herrera “para que represente a la Asamblea Nacional de Venezuela, ante las instancias internacionales y muy especialmente para realizar todo lo que considere necesario orientado a lograr como interlocutor válido el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de Norteamérica (sic) de las nuevas autoridades parlamentarias y del mismo modo para facilitar el entendimiento que conlleve a una salida electoral para sí lograr el restablecimiento de la estabilidad democrática que reclama urgentemente nuestra nación y nuestro hemisferio”.

  Carlos Herrera en carta remitida a Parra renunció a “tan espúrea representación que él me había otorgado inconsultamente” y así lo dio a conocer a la Fiscalía.

   

En carta remitida a Luis Parra el 23 de enero de 2020, Carlos Herrera le manifestó su “sorpresa y estupor”, por la designación toda vez que no contaba “con la legitimidad para realizar un acto de esta naturaleza, pues es público y notorio, que el status que dice mantener como Presidente de la Asamblea Nacional se mantiene en discusión en la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto”.

   Herrera también informa al Ministerio Público en su denuncia que fue deportado por el gobierno colombiano al catalogarlo como “persona de alta peligrosidad por supuestamente estar vinculado con la llamada ‘Operación Alacrán’, cosa que es complemente falsa”.

  Acompaña esto de una carta firmada por el diputado a la Asamblea Nacional, Ismael León, denunciante de la cita “Operación Alacrán”, quien lo exoneró de participar, directa o indirectamente en dichos hechos.

  Por último, Carlos Herrera alertó a la Fiscalía de que el diputado Luis Parra “anda armado con fusiles de alto calibre, siendo creíble entonces la amenaza de muerte a través del sicariato que me profirió (…)”

La carta que le envió Tarek William Saab a Nancy Pelosi donde pide una investigación "exhaustiva y transparente" de la Operación Gedeón

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro envió una carta a la presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi para solicitarle que realice una investigación transparente sobre los eventos ocurridos con la llamada Operación Gedeón. Tarek William Saab aseguró el jueves que la misiva fue recibida por la líder demócrata.

  La intención de la comunicación es denunciar que el gobierno del presidente Donald Trump y el de Colombia estuvieron involucrados en el evento que el régimen venezolano insiste en llamar "invasión marítima fallida".

  La carta firmada por Saab dice  proporcionar "información al Congreso estadounidense sobre los hechos de la llamada Operación Gedeón".

La comunicación dice lo siguiente:

  Tarek William Saab dice a Nancy Pelosi que el interés del Ministerio Público venezolano de solicitar resultados de la propuesta presentada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Elío Engel, el 12 de mayo de 2020,  sobre los sucesos ocurridos en Venezuela el 3 de mayo de este año, donde hubo "una incursión armada en violación de la soberanía nacional", en la cual estuvieron involucrados ciudadanos norteamericanos, políticos, exmilitares y contratistas que se presume tienen vínculos con el presidente Donald Trump.

  Seguidamente, explica los detalles de la "incursión armada" y "las evidencias basadas en los testimonios logrados de manera directa por los participantes de el evento del 3 de mayo, y que prueban la verdad que envuelven serios crímenes como tráfico de armas, terrorismo y narcotráfico".

Hace mención a lo siguiente detalles:

1) El domingo 3 de mayo, hubo "una incursión armada" en la costa norte de Venezuela en Macuto, estado La Guaira, a 19 minutos de la capital Caracas. En una localidad cercana, la investigación consiguió escondidas un lote de armas de guerra.

2) Uno de los detenidos en la operación confesó que había un segundo bote que transportaba entre 47 y 50 mercenarios que no habían podido llegar a la Guaira. Al día siguiente, 8  de esos pasajeros fueron capturados en un pueblo cercano, Chuao, en las costas del estado Aragua.

3) El 4 de mayo, dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos. Los nombres de los individuos son: Luke Alexander Denman (34) y Airan Seth Barry (41), ambos ex miembros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos (boinas verdes), quienes confesaron que estaban trabajando para la empresa de seguridad privada, Silvercorp USA Inc, localizada en 4150 DW Road, Melbourne, Florida 32934, propiedad de Jordan Goudreau, también ciudadano norteamericano, quien habría firmado un contrato con personas del entorno del diputado Juan Guaidó (Sergio Vergara y Juan José Rendón). Se menciona además a Iván Simonovis,  "fugitivo de la justicia venezolana".

  Saab argumentó a Pelosi que no hay precedente en la historia de Venezuela donde se haya presentado un contrato de esta naturaleza, "con el propósito inmoral e ilícito de actuar contra el más básico principio de derechos humanos que contradice los principios de la democracia. Nosotros, como ustedes, estamos buscando respuestas a nuestras preguntas".

* ¿El marco legal de los Estados Unidos permite que contratistas de servicios de seguridad privado puedan ejecutar acciones donde el resultado sea el desmembramiento del estado, la violación de la soberanía de otros países y asesinar al presidente legítimo y las autoridades constitucionales de una nación?

*¿Es legal, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, que se contrate a una firma privada para traficar armas que son usadas contra la población civil para acabar con la paz de una nación?

*¿ Permite su Constitución que los objetivos de política exterior sean financiados por recursos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado?

 Saad sostiene su gobierno considera que es del su interés y preocupación de la representante Pelosi, que las  evidencias sobre  evento refiere que hubo una participación de organizaciones criminales de Colombia, en especial de tres narcotraficantes y colaboradores. 

Seguidamente asegura que de acuerdo al testimonio voluntario dado por los mercenarios, la DEA no solo sabía de la actividad criminal, sino de la participación en dicha actividad de criminales, como Elkin Javier López Torres (alias "La Silla" o "Doble Rueda") responsable de la logística del hospedaje y entrenamiento de los mercenarios vinculados en la operación, en Riohacha, Colombia. Este criminal notorio tiene una orden de arresto de la DEA desde 2019, y su extradición fue solicitada. Ha sido capturado dos veces por cargos de narcotráfico y homicidio.

Cliver Alcalá Cordones fue capturado en Colombia y extraditado por la DEA, de acuerdo a los récords oficiales.

José Alberto Socorro Fernández acusado en por los servicios de Inteligencia de Venezuela y las autoridades del país de ser el responsable de las bandas criminales que participaron en la sedición. estaba a cargo de blindaje de camiones civiles en Venezuela que iban a ser usados por  los invasores, además de proveer armas y logísticas a los mercenarios.

José Charaima Muguerza estaba encargado de la logística para reclutar a los  mercenarios en Venezuela.Muguerza está actualmente en prisión en el Cárcel de Puente Ayala (Anzoátegui-Venezuela) por crímenes de narcotráfico.

  Saad dice a Pelosi que "toda la información suministrada con la misiva forma parte de la acusación y está apoyada con testimonios voluntarios certificados de las confesiones de los protagonistas del hecho". 

  Asegura que la carta está acompañada por anexos de investigaciones científicas realizadas por los organismos de inteligencia, "en conjunto con las quejas formuladas por las autoridades de nuestro país en conjunto con investigaciones publicadas por periodistas independientes basadas en declaraciones dadas a la prensa por todos los involucrados en los eventos".

Apelando a los altos valores del mundo libre y el supremo respeto a la Constitución, históricamente profesada por el pueblo de los Estados Unidos, "ideales que compartimos  y practicamos por nuestro pueblo", esperamos que haya  por una investigación exhaustiva y transparente por el interés de las dos naciones, y por la firme coherencia con las leyes internacionales.

Carlos Enrique Urbano Fermín presuntamente pagó a Luisa Ortega Díaz $100.000 para que no investigara los contratos fraudulentos que sus empresas tenían con PDVSA y sus subsidiarias

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida acusó a Carlos Enrique Urbano Fermín de haber participado en una trama de corrupción que incluyó pago de sobornos a una funcionaria del gobierno de Venezuela, que sería la fiscal Luisa Ortega Díaz, para que la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela no investigara los fraudulentos contratos obtenidos por las empresas del acusado con las petroleras Sinovensa, PetroMiranda y Petrocedeño.

   Carlos Enrique Urbano Fermín residió en Venezuela hasta inicios de 2017. El acusado es dueño de varias empresas que son proveedoras de equipos y servicios a PDVSA y a sus subsidiarias, incluyendo la firma CEUF Corporation Limited y Constructora Urbano Fermín C.A.

  De acuerdo a la demanda, el oficial (1) del gobierno de Venezuela, cuya identidad es conocida en Estados Unidos [la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz], el intermediario (1) es un abogado venezolano que tiene una relación muy cercana con la Oficial (1) se unieron en una conspiración para cometer el delito de lavado de dinero en Estados Unidos.

  Destacan los documentos que "desde 2014 hasta 2017, en el estado de la Florida, Carlos Enrique Urbano Fermín, estaba conspirando y acordó con los otros co-conspiradores y otros que incluyen y no se limitan a la oficial (1) y el intermediario para cometer delitos financieros en los Estados Unidos".

  Sostiene que los acusados sabían que las transacciones eran una actividad ilegal, y que las mismas  envolvían el pago de sobornos a un oficial público extranjero que está contemplado en el Código de los Estados Unidos, Título 18, y que dicha actividad fraudulenta envolvió una transacción que hizo daño al sistema financiero estadounidense, "una ofensa contra una una nación extranjera que incluye el pago de sobornos a los funcionarios extranjeros".

  Asegura la acusación que los individuos que participaron en la conspiración, "acordaron hacer transacciones financieras que promovieron un esquema de sobornos para pagarle a una funcionaria del gobierno de Venezuela".

  Los sobornos fueron para evitar que las empresas de Carlos Enrique Urbano Fermín no fueran investigadas en la fiscalía por sus actividades corruptas relacionadas con el proceso de procura en las subsidiarias de PDVSA.

  El soborno pagado por Urbano Fermín a la funcionaria [Luisa Ortega Díaz] se hizo en una cuenta bancaria de un banco de los Estados Unidos en el estado de la Florida que está a nombre de un tercero.

  Al inicio de 2017, el intermediario informó a Carlos Enrique Urbano Fermín que ella [Luisa Ortega Díaz] podía prevenir cargos criminales en su contra, debido a su cercanía con la funcionaria. El 3 de abril  de 2017, Urbano Fermín transfirió aproximadamente $100.000 de una cuenta a nombre de Urbano Fermín de un banco estadounidense a una cuenta del intermediario (1) en un banco de la ciudad de Coral Gables, Florida.

  La acusación está firmada por la fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo y el fiscal asistente Michael N. Berger, Robert Zink, Jefe de la División Criminal, Sección Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

  Urbano Quintero enfrenta una posible sentencia de más de un año.

Ortega Díaz niega las acusaciones

  A través de su cuenta Twitter, Luisa Ortega Díaz negó los cargos, y aseguró que las acciones constituían una venganza en su contra del actual Fiscal al servicio del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. Ver video en el siguiente link.
https://twitter.com/lortegadiaz/status/1248071777512640517?s=20

Corrupción: Denuncian al presidente de CVG Internacional C.A por vender (en $) las cajas de alimentos de los empleados en el mercado local

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una nueva denuncia, con una variedad de soportes, señala que Jonathan Adolfo Ardila Sanabria mantiene la práctica corrupta de vender las cajas de alimentos designadas por la Corporación Venezuela de Guayana a los empleados de CVG Internacional, C.A.  en dólares en el mercado local.

  Los denunciantes señalan que las cajas no llegan al personal, y que las mismas son vendidas, casi semanalmente, en moneda americana.  

   

   Jonathan Adolfo Ardila Sanabria despacha desde Caracas (no desde Puerto Ordaz), Torre Las Mercedes, Piso 4, Chuao. Asiste su grupo de empleados que le colabora para hacer las ventas irregulares de las cajas de alimentos de empleados.

   El personal de CVG Internacional, C.A. está trabajando una vez a la semana por la falta de operaciones.

   En una de las evidencias que acompaña la denuncia hay una comunicación, fechada el 18 de febrero de 2020, en Ciudad Guayana, del vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Lino Jairo Mora Gómez quien informa a Jonathan Adolfo Ardilla que el 19 de febrero de 2020 podrá retirar del inventario de cajas de alimentos de la CVG, que se encuentra en las instalaciones de CVG-Ferrominera del Orinoco, 54 cajas de incentivo productivo, con la finalidad de distribuirlas a los trabajadores (as) de Ciudad Guayana que efectivamente tiene una asistencia a sus puestos de trabajo mayor al 75% y cumplen sus labores diarias.

  Jonathan Adolfo Ardila Sanabria, C.I. 14.267.987, alias "El Pana Jonny", fue designado como Presidente de la CVG Internacional, C.A. mediante la Resolución Nº 027 de fecha 23 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.471 de fecha 30 de agosto de 2018(1).

  La denuncia contra Ardila Sanabria no es nueva, este tipo de prácticas se vienen realizando en ese despacho desde marzo de 2019. 

   

  Los denunciantes señalan que la justicia (selectiva) no abre las investigaciones correspondientes contra los actos de corrupción cometidos por Ardila Sanabria porque el funcionario del gobierno tiene una amistad muy cercana con el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

  A Ardila Sanabria también se le acusa de ostentar un título universitario falso. Se hace llamar abogado sin que su título haya sido acreditado, hasta ahora, por ninguna institución del país.

En Madrid, España

   Ardila Sanabria también es el presidente de la CVG Internacional Filial Europea SL, que se mantiene activa en estos momentos en Madrid, España bajo el registro N-B85080729. Esta empresa estatal venezolana se encarga del comercio de productos diversos. Su SIC es 5084  que equivale al rubro de maquinaria y equipo industrial.

     Las denuncias señalan que Ardila Sanabria realiza operaciones ilegales a través de la CVG Internacional Filial Europea SL, sin que hasta ahora haya sido investigado ni puesto en el radar de las autoridades internacionales.

  De acuerdo al anuncio 11103 del 14 de enero 2020, la empresa CVG Internacional Filial Europea SL tuvo una modificación estatutaria, organización y de la administración de la sociedad y nuevos nombramientos. La persona que aparece como administrador único de la empresa es Ardila Sanabria Jonathan Adolfo y hubo la dimisión o cese de Santander De Ramírez Mayra Alejandra.

  El domición de la CVG Internacional Filial Europea SL fue cambiado en enero 14 de 2020 a la siguiente dirección: Avenida de España 17, Centro Comercial Dulce Vita 2, Alcobendas (2) 

    Según los récords de empresas de España, CVG Internacional Filial Europea SL cuenta con entre 10 y 49 empleados y con una facturación anual de entre 10 y 50 millones de euros (3).

La empresa está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. En total tiene 77 cargos registrales. Su último anuncio en Borme ha sido publicado el 14/01/2020 y su último depósito de cuentas anuales ordinarias es del año 2017 (4).

Entre las personas que aparecen vinculada a la empresa destacan las siguientes: 

• Jorge Luis Rodríguez Osorio (Secretario) desde 2009 hasta 2020.
• Baker Tilly Fabregas Mercade Satorra SLP (Auditor) desde 2018 hasta 2020.
• Alejandro Suárez Sergent desde 2010-2020
• María Isabel Heredia González desde 2014-2020
• Elsa Coromoto De Gouveia Ribeiro 2010-2020
• María Angelica  Oropeza Barrios 2018-2020
• Enrique Manuel Castells Yesiar 2020-01-14

Citas

1) https://pandectasdigital.blogspot.com/2018/09/resolucion-mediante-la-cual-se-designa_89.html

2) https://librebor.me/borme/anuncio/2020/11103/

3) https://www.infoempresa.com/es-es/es/empresa/cvg-internacional-filial-europea-sl

4) https://librebor.me/borme/empresa/cvg-internacional-filial-europea/

Tarek William Saab ordenó el sobreseimiento de una causa para proteger a familiares de un constituyente y socios de Pedro León Rodríguez

   La contundencia de las pruebas no habría sido suficiente para acusar y castigar a quienes arropados en sus relaciones fueron capaces de estafar a su propio hermano.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   Las relaciones y vínculos con el poder habrían sido determinantes para que el fiscal general de la república designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenara el sobreseimiento de un caso de denuncia de estafa y forjamiento de documentos en contra de familiares del constituyente Luis Antonio Fernández León, quienes además son allegados al ex-zar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Rodríguez, quien de acusado por corrupción pasó a convertirse en testigo del titular del Ministerio Público en contra de su predecesora, Luisa Ortega Díaz[1].

   El 20 de marzo de 2019, Edgar Enrique Chacín Alchivet, denunció ante la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, cuyo fiscal titular es Jorge Leonardo Salazar Rangel, a Lorena Nataly Chacín Alchivet de haber cometido los delitos de Estafa Agravada Continuada (artículo 462 último aparte en concordancia con el artículo 99 del Código Penal), Falsedad con Copia de Acto Público (artículo 319 del Código Penal), Aprovechamiento de Acto Falso (artículo 322 del Código Penal) y Asociación para Delinquir (artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo). El caso está identificado con el número MP-87325-19.

    Ante esa instancia, Edgar Chacín se declaró víctima de su hermana anteriormente identificada, quien está casada con Manuel Antonio Fernández León, a su vez hermano de Luis Antonio Fernández León, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en representación del municipio Libertad (San Mateo), y primos de Pedro León Rodríguez[2], exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y expresidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), imputado por delitos de corrupción en perjuicio de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a saber, posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la FPO y por presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento José Antonio Anzoátegui.

    Sobre Luis Antonio Fernández León, hay que apuntar que aparte de integrar la irregular e ilícita ANC, ha sido señalado de haber sido favorecido por el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, con millonarios negocios petroleros a través de una empresa mixta vinculada al constituyente. Fernández León estaría relacionado con la empresa mixta Petrovenezolana de Servicios, C.A. (perforación y servicios a pozos; con la empresa mixta Sísmica (equipos petroleros especializados) y con el Consorcio Rimoca-Centauro-Kariña[3].

   El denunciante refiere que Lorena Chacín presuntamente habría apropiado y vendido cinco inmuebles ubicados en Lechería, los cuales formaban parte de la herencia dejada por su madre, María Lucía Alchivet Almazán, valiéndose para ello de un poder falso que le permitiría administrar y disponer de dichos bienes. Asegura que por orden de la Subdelegación Barcelona del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (CICPC) la experta Milano Jelimer llevó a cabo un estudio grafotécnico y documentológico al referido poder, determinando la falsedad de la firma de la difunta, por lo que se estableció que el poder había sido falsificado por Lorena Chacín.

    Sin embargo, la denunciada autenticó el documento írrito en la Notaría Pública Primera de Barcelona, estado Anzoátegui, el 21 de noviembre de 2012, anotado bajo el N° 011, tomo 174 y fue registrado en el Registro Inmobiliario de Lechería en dos oportunidades diferentes, la primera el 17 de enero de 2013, bajo el N° 32, folio 182, tomo 1, protocolo de transcripción del 2013 y el segundo, el 11 de enero de 2.019 bajo el N° 17, folio 45637, tomo 1 protocolo de transcripción 2019.

  Edgar Chacín Alchivet informa que María Lucía Alchivet Almazán, de nacionalidad española, falleció ab-intestato, en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, el 14 de octubre de 2013. La declaración sucesoral fechada el 31 de marzo de 2017, declarada por Rosa Mary Chacín Alchivet (también hija), quien supuestamente participó en la estafa.

  De acuerdo a la narración del denunciante, vendieron fraudulentamente todos los bienes de su madre con el poder falsificado. Apunta que la declaración sucesoral solamente se habla de la venta del último bien que quedaba sin vender bajo estafa, a saber, un apartamento de 83,01 Mts2, ubicado en el Conjunto Residencial Ventana al Mediterráneo, distinguido con la letra “2-B”, situado en la torre “E”, piso “2”, del Complejo Turístico El Morro, Lechería, municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.

Las ventas fraudulentas

  Seguidamente, Edgar Chacín hace referencia a las ventas fraudulentas realizadas por su hermana, Lorena Chacín, y advierte, en primer término, que tales operaciones están registradas en documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Barcelona, estado Anzoátegui, el 22 de enero de 2013, bajo el número 026, tomo 010, que la denunciada “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet (igualmente hermana), un local comercial con una superficie de 23,48 Mts2, distinguido con el número N1-B-42-B, nivel N1 (N+6,25) del módulo “B”, del Centro Comercial Ciudad Puente Real, en la avenida Costanera, Urbanización Nueva Barcelona, Municipio Bolívar, estado Anzoátegui. El documento de la venta fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, el 26 de julio de 2016, bajo el número 2012.163, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.12324 y correspondiente al libro del folio real del año 2012.

   La segunda venta consta en un documento autenticado ante la Notaría Pública Primera de Barcelona del Estado Anzoátegui el 22 de enero de 2013, bajo el número 027, tomo 010, refiriendo que Lorena Chacín, “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, un local comercial de 20,75 Mts2, número MTS-33, ubicado en el nivel N1 (N+4,60) del módulo “A” del Centro Comercial Ciudad Puente Real, en la avenida La Costanera, Urbanización Nueva Barcelona, Municipio Bolívar, estado Anzoátegui. La operación se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui el 26 de julio de 2016, bajo el número 2011.1394, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.9889 y correspondiente al libro de folio real del año 2011.

   La tercera venta autenticada como las anteriores en documento en la misma notaría y en la misma fecha, esta vez bajo el número 028, Tomo 010, Lorena Chacín vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, un apartamento de 43 Mts2, distinguido con el número 3-3, ubicado en la planta 3 del Conjunto Residencial Villa Solariega, avenida Américo Vespucio en el Complejo Turístico El Morro, Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui. La operación se protocolizó el 28 de octubre de 2016 ante el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, bajo el número 2016.484, asiento registral 1, del inmueble matriculado con el número 250.2.17.1.4067 y correspondiente al libro de folio real del año 2016.

   Entretanto, la cuarta venta, de acuerdo a lo que consta en documento inscrito por ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, el 31 de enero de 2019, bajo el N° 2019.28, Asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2019, Lorena Chacín Alchivet de Fernández, en nombre y representación de la finada María Lucía Alchivet Almazan vendió a Naike Rosanna Merlo Muro, un apartamento de 83,01 Mts2, ubicado en el Conjunto residencial Ventana al Mediterráneo, distinguido con la letra “2-B”, situado en la torre “E”, Piso “2”, ubicado en el Complejo Turístico El Morro, en la ciudad de Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, propiedad de los sucesores. El medio utilizado para esta operación, igualmente habría sido el poder supuestamente falsificado.

  El pago por la venta fue a través del cheque N° 49000093, fechado el 8 de enero de 2019, por Bs. 50.000 a favor de María Lucía Alchivet Almazan.

Se descubre el fraude

  Edgar Chacín detiene su narración para advertir que fue durante esta operación cuando se dio cuenta del fraude que sus hermanas, Lorena Chacín y Rosa Mary Chacín, venían fraguando. Recuerda que su condición de sucesor quedó registrada en la Declaración sucesoral a que se hizo referencia líneas arriba, llevada a cabo el 31 de marzo de 2017, contenida en el expediente N° 2017-156, amparada por el certificado de solvencia expedido el 17 de octubre de 2017 por la División de Recaudación, División de Tramitaciones/Archivo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

   A partir de entonces, Edgar Enrique Chacín Alchivet contrató los servicios de un abogado que procedió a informar a la compradora del inmueble anteriormente descrito, que la venta es fraudulenta. Fue cuando interpuso la denuncia por ante la Fiscalía del Ministerio Público.

 Luego de esto, Lorena Chacín de Fernández, actuando en representación de la difunta María Lucía Alchivet Almazan y la compradora del inmueble, Naike Rosanna Merlo Muro, convinieron en desistir de la compra el 6 de marzo de 2019. Así se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, inscrito bajo el número 36, folios 132046 del tomo 4 del protocolo de transcripción del año 2019. Alegaron “motivos inherentes a las partes”.

  Un día después, es decir el 7 de marzo de 2019, Lorena Chacín procedió a vender el inmueble a Rosa Mary Chacín Alchivet, operación que quedó registrada bajo el número 2019.28, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de folio real del año 2019.  La venta se protocolizó en el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui y se refirió que la venta se había efectuado el 4 de julio de 2013.

  Acota Edgar Chacín Alchivet, que el documento no fue agregado al cuaderno de índices llevados por la Notaría y, peor aún, el sistema arroja que la planilla única bancaria (PUB) N° 088-00067966 fechada el 26 de junio de 2013 que acompaña al documento de compra venta no corresponde al acto de compra autenticado bajo el N° 38, tomo 161, de fecha 4 de julio de 2013 en los libros de autenticaciones llevados por la Notaría Pública de Barcelona.

  Tal situación, según el criterio del denunciante, evidencia que el documento fue “sembrado”, es decir, elaborado y autenticado en fecha posterior o diferente a la autenticada, “ello con el ánimo de defraudarme”. Destaca que Rosa Mary Chacín Alchivet, quien funge como compradora en el año 2013, aparece en el año 2017, como presentante de la declaración sucesoral de María Lucía Alchivet Almazan.

  Posteriormente, el 14 de marzo de 2019, Lorena Chacín, valiéndose de un poder otorgado por Rosa Mary Chacín, le vendió nuevamente el apartamento a Naike Rosanna Merlo Muro, según consta de documento protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, quedando registrado bajo el número 2019.28, AR.3, matrícula 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de folio real del año 2019.

  Edgar Chacín cita las conclusiones de un examen de este documento realizado por la experta adscrita al laboratorio de criminalística del CICPC, Subdelegación Barcelona, detective Jelimar Milano determinó que: “En lo que respecta al estudio y análisis técnico  comparativo entre el documento de fecha 06-06-2013, bajo el N° 38, TOMO 161, el cual reposa en la Notaría Pública Primera de Barcelona con la planilla única bancaria número 088-00067966, presenta DISCREPANCIA, por cuanto la información que refleja no se pudo observar en el libro diario para el momento de realizar el estudio documentológico, corresponden a una declaración presentada por una ciudadana de nombre HILDA RODRÍGUEZ, negando ser la propietaria de un vehículo y a su vez no registra en el sistema automatizado llevados por ante esa Notaría”.

La quinta venta

   La quinta venta se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013 cuando quedó autenticada en un documento inscrito en la Notaría Pública Primera de Barcelona, bajo el número 005, tomo 206, que refiere que Lorena Nataly Chacín Alchivet, “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, una parcela de terreno y la casa quinta sobre ella construida, con una superficie de 707,60 Mts2, situada en la vereda 13, número 90, de la urbanización Colinas del Neverí, Barcelona, municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui. Este documento de venta se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, el 7 de noviembre de 2016 bajo el número 2013.1758, asiento registral 2, del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.17028 y correspondiente al libro de folio real del año 2013.

   El 21 de noviembre de 2019, la Fiscalía Sexta de Anzoátegui solicitó al Tribunal de Control 07 de Barcelona, la imputación por delitos contra la propiedad de las hermanas Lorena Chacín Alchivet de Fernández y de Rosa Mary Chacín Alchivet. Dicha instancia judicial le dio entrada y asignó el número BP01-P-2019-6591 al referido proceso penal fijando la celebración de la audiencia para el 17 de enero de 2020, tal y como consta de solicitud de imputación presentada por el abogado Jorge Leonardo Salazar Rangel, Fiscal Sexto del Ministerio Público de Anzoátegui y en la Boleta de Citación firmada por Lorena Chacín.

Interviene Tarek William Saab

   Refiere Edgar Enrique Chacín Alchivet que cuando llegó el día de la citada audiencia de imputación —17 de enero de 2020— ni Lorena Chacín, ni el fiscal sexto, Jorge Salazar, se presentaron al tribunal donde la primera sería imputada de varios delitos.

   Sin embargo —continúa exponiendo Edgar Chacín—la tarde de ese mismo día, ya habiéndose solicitado la inhibición fiscal, Jorge Salazar Rangel, violando el debido proceso y la tutela judicial efectiva, bajo el argumento de que solamente cumplía órdenes de Tarek William Saab, fiscal general de la república designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, procedió a solicitar el sobreseimiento de la causa.

   El titular del Ministerio Público venezolano alegó que Lorena Chacín de Fernández no había cometido delito alguno en perjuicio del denunciante. Subraya Edgar Chacín que Saab obvió todas las pruebas que incriminaban a Lorena Nataly Chacín Alchivet.

   Ante la solicitud de la fiscalía, la jueza Adriana María Gómez Guadely, decretó el sobreseimiento el 19 de enero de 2020, exonerando a Lorena Chacín de los delitos cometidos en perjuicio de su hermano, Edgar Chacín Alchivet.

   Edgar Chacín denuncia que todas las diligencias realizadas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Lorena Chacín con Los Topos

   Además, Edgar Enrique Chacín Alchivet, informó que su hermana, Lorena Nataly Chacín Alchivet de Fernández y su esposo, Manuel Antonio Fernández León, son propietarios de El Bodegón La Bodeguilla Andaluz[4] —a cuya inauguración asistió Tarek William Saab— cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) es J-411169650, un negocio que se vincula supuestamente con exzar de la FPO, Pedro José León Rodríguez (suegro de Leymar Fernández Guzmán, hija del primer matrimonio de Manuel Fernández).

   Acota el denunciante, que Lorena Chacín Alchivet viaja constantemente a Miami, Estados Unidos, para comprar contenedores para surtir La Bodeguilla.

    Subraya Edgar Chacín que, a Luis Antonio y a Manuel Fernández León, a la sazón primos de Pedro León Rodríguez, se los conoce en Lechería como “Los Topos”.

Otras empresas

   Sostiene Edgar Chacín que la fortuna de Lorena Chacín de Fernández y Manuel Fernández León, se amasó presuntamente a la sombra de los negocios irregulares. Un esquema de corrupción y soborno mantendrían estas personas junto con exdirectivo petrolero, a través de la una sociedad mercantil denominada L & M Servicios C.A., Registro de Información Fiscal J-295788126, domiciliada en la Avenida Country Club, Centro Comercial Caribbean Country, piso 5, oficina F-3, Sector Country Club, en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

  L & M Servicios está presidida por Lorena Chacín, mientras que Manuel Fernández León es director general. Esta firma ha firmado 110 contratos con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), cuya facturación se mantiene en el más completo secreto por parte de la estatal.

He aquí algunos de ellos:

    En el estado de la Florida, Estados Unidos, se registró el 29 de mayo de 2013, una empresa con la misma denominación, L & M Servicios LLC, según lo informa el portal Sunbiz[5], que indica que la inscripción se hizo bajo el número L13000077860, FEI/EIN 12-1234567.

   Esta empresa que la actualidad esta compañía se encuentra inactiva luego de haber sido disuelta administrativamente, tenía su sede en el 10476 NW 61 Street, Doral, FL 33178 que figura también como dirección fiscal y era domicilio de sus directivos y agente registrador.

   La conducción de la empresa estaba en manos de Lorena Chacín de Fernández y Manuel Fernández León. Este último figura igualmente como agente registrador.

   Agrega Edgar Chacín, que a Manuel Fernández León le revocaron la visa y por eso no puede entrar a los Estados Unidos, a raíz de que su hijo, de igual nombre que él, estuvo preso en territorio estadounidense por tráfico de arma.

   Otro negocio de los hermanos Fernández León es la Fundación Mano de Dios, la cual es administrada por Leymar Fernández Guzmán, ya referida anteriormente[6].

   También Sunbiz[7] refiere que en la Florida fue registrada La Bodeguilla Andaluz INC el 29 de abril de 2019, bajo el número P19000035578, cuyo estatus actual es activo. Su domicilio es en 10476 NW 161ST Street 136, Doral, FL 33178 que también es la dirección de los directivos y la que tenía L & M Servicios LLC. El agente registrador es G & A Accounting and Taxes Services INC. Lorena Chacín es la presidenta, vicepresidenta, secretaria, directora y tesorera[8].

CITAS

[1] Venezuela Política. “Pedro León Rodríguez: ¿De prófugo de la justicia por corrupción a testigo estrella contra fiscal Luisa Ortega Díaz?”. 22 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/search?q=Pedro+Le%C3%B3n+Rodr%C3%ADguez

[2] Venezuela Política. “Conozca las investigaciones que la Fiscalía hace a personeros y relacionados de PDVSA”. 22 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/conozca-las-investigaciones-que-la.html

[3] Venezuela Política. “Manuel Quevedo entregó negocios a empresas del constituyentista Luis Antonio Fernández León”. 8 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/manuel-quevedo-entrego-negocios.html

[4] Expresa.Me. “La Bodeguilla”, un minimarket vinculado con la corrupción petrolera en Venezuela”. 9 de agosto de 2019. https://expresa.me/2019/08/09/la-bodeguilla-un-minimarket-vinculado-con-la-corrupcion-petrolera-en-venezuela.html

[5] Sunbiz. Dibvision of Corporations. L & M Servicios LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=FERNANDEZLEONMANUELANTONIO%20L130000778600&aggregateId=flal-l13000077860-eec11208-228d-4ad9-9e0c-65831ea66a30&searchTerm=Fernandez%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Leonid&listNameOrder=FERNANDEZLEONID%20L150001421201

[6] Prensa América. “¿Bodegón La Bodeguilla Andaluz, una “lavadora industrial” en Venezuela?”. 9 de agosto de 2019. https://www.prensaamerica.com/2019/08/bodegon-la-bodeguilla-andaluz-una-lavadora-industrial-en-venezuela/

[7] Sunbiz. Division of Corporations. La Bodeguilla Andaluz INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=LABODEGUILLAANDALUZ%20P190000355780&aggregateId=domp-p19000035578-e55ef019-ffa6-4be0-8357-9347b0011255&searchTerm=LA%20BODEGUILLA%20ANDALUZ%2C%20INC&listNameOrder=LABODEGUILLAANDALUZ%20P190000355780

[8] Open Corporates. La Bodeguilla Andaluz INC. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P19000035578