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jueves, 20 de febrero de 2020

Corrupción: Denuncian al presidente de CVG Internacional C.A por vender (en $) las cajas de alimentos de los empleados en el mercado local

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  Una nueva denuncia, con una variedad de soportes, señala que Jonathan Adolfo Ardila Sanabria mantiene la práctica corrupta de vender las cajas de alimentos designadas por la Corporación Venezuela de Guayana a los empleados de CVG Internacional, C.A.  en dólares en el mercado local.
  Los denunciantes señalan que las cajas no llegan al personal, y que las mismas son vendidas, casi semanalmente, en moneda americana.  
   
   Jonathan Adolfo Ardila Sanabria despacha desde Caracas (no desde Puerto Ordaz), Torre Las Mercedes, Piso 4, Chuao. Asiste su grupo de empleados que le colabora para hacer las ventas irregulares de las cajas de alimentos de empleados.

   El personal de CVG Internacional, C.A. está trabajando una vez a la semana por la falta de operaciones.

   En una de las evidencias que acompaña la denuncia hay una comunicación, fechada el 18 de febrero de 2020, en Ciudad Guayana, del vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Lino Jairo Mora Gómez quien informa a Jonathan Adolfo Ardilla que el 19 de febrero de 2020 podrá retirar del inventario de cajas de alimentos de la CVG, que se encuentra en las instalaciones de CVG-Ferrominera del Orinoco, 54 cajas de incentivo productivo, con la finalidad de distribuirlas a los trabajadores (as) de Ciudad Guayana que efectivamente tiene una asistencia a sus puestos de trabajo mayor al 75% y cumplen sus labores diarias.
  Jonathan Adolfo Ardila Sanabria, C.I. 14.267.987, alias "El Pana Jonny", fue designado como Presidente de la CVG Internacional, C.A. mediante la Resolución Nº 027 de fecha 23 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.471 de fecha 30 de agosto de 2018(1).

  La denuncia contra Ardila Sanabria no es nueva, este tipo de prácticas se vienen realizando en ese despacho desde marzo de 2019. 
   
  Los denunciantes señalan que la justicia (selectiva) no abre las investigaciones correspondientes contra los actos de corrupción cometidos por Ardila Sanabria porque el funcionario del gobierno tiene una amistad muy cercana con el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

  A Ardila Sanabria también se le acusa de ostentar un título universitario falso. Se hace llamar abogado sin que su título haya sido acreditado, hasta ahora, por ninguna institución del país.

En Madrid, España


   Ardila Sanabria también es el presidente de la CVG Internacional Filial Europea SL, que se mantiene activa en estos momentos en Madrid, España bajo el registro N-B85080729. Esta empresa estatal venezolana se encarga del comercio de productos diversos. Su SIC es 5084  que equivale al rubro de maquinaria y equipo industrial.

     Las denuncias señalan que Ardila Sanabria realiza operaciones ilegales a través de la CVG Internacional Filial Europea SL, sin que hasta ahora haya sido investigado ni puesto en el radar de las autoridades internacionales.

  De acuerdo al anuncio 11103 del 14 de enero 2020, la empresa CVG Internacional Filial Europea SL tuvo una modificación estatutaria, organización y de la administración de la sociedad y nuevos nombramientos. La persona que aparece como administrador único de la empresa es Ardila Sanabria Jonathan Adolfo y hubo la dimisión o cese de Santander De Ramírez Mayra Alejandra.

  El domición de la CVG Internacional Filial Europea SL fue cambiado en enero 14 de 2020 a la siguiente dirección: Avenida de España 17, Centro Comercial Dulce Vita 2, Alcobendas (2) 

    Según los récords de empresas de España, CVG Internacional Filial Europea SL cuenta con entre 10 y 49 empleados y con una facturación anual de entre 10 y 50 millones de euros (3).


La empresa está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. En total tiene 77 cargos registrales. Su último anuncio en Borme ha sido publicado el 14/01/2020 y su último depósito de cuentas anuales ordinarias es del año 2017 (4).

Entre las personas que aparecen vinculada a la empresa destacan las siguientes: 

  • Jorge Luis Rodríguez Osorio (Secretario) desde 2009 hasta 2020.
  • Baker Tilly Fabregas Mercade Satorra SLP (Auditor) desde 2018 hasta 2020.
  • Alejandro Suárez Sergent desde 2010-2020
  • María Isabel Heredia González desde 2014-2020
  • Elsa Coromoto De Gouveia Ribeiro 2010-2020
  • María Angelica  Oropeza Barrios 2018-2020
  • Enrique Manuel Castells Yesiar 2020-01-14


Citas
1) https://pandectasdigital.blogspot.com/2018/09/resolucion-mediante-la-cual-se-designa_89.html
2) https://librebor.me/borme/anuncio/2020/11103/
3) https://www.infoempresa.com/es-es/es/empresa/cvg-internacional-filial-europea-sl
4) https://librebor.me/borme/empresa/cvg-internacional-filial-europea/

domingo, 9 de febrero de 2020

Tarek William Saab ordenó el sobreseimiento de una causa para proteger a familiares de un constituyente y socios de Pedro León Rodríguez

   La contundencia de las pruebas no habría sido suficiente para acusar y castigar a quienes arropados en sus relaciones fueron capaces de estafar a su propio hermano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Las relaciones y vínculos con el poder habrían sido determinantes para que el fiscal general de la república designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenara el sobreseimiento de un caso de denuncia de estafa y forjamiento de documentos en contra de familiares del constituyente Luis Antonio Fernández León, quienes además son allegados al ex-zar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Rodríguez, quien de acusado por corrupción pasó a convertirse en testigo del titular del Ministerio Público en contra de su predecesora, Luisa Ortega Díaz[1].
   El 20 de marzo de 2019, Edgar Enrique Chacín Alchivet, denunció ante la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, cuyo fiscal titular es Jorge Leonardo Salazar Rangel, a Lorena Nataly Chacín Alchivet de haber cometido los delitos de Estafa Agravada Continuada (artículo 462 último aparte en concordancia con el artículo 99 del Código Penal), Falsedad con Copia de Acto Público (artículo 319 del Código Penal), Aprovechamiento de Acto Falso (artículo 322 del Código Penal) y Asociación para Delinquir (artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo). El caso está identificado con el número MP-87325-19.

    Ante esa instancia, Edgar Chacín se declaró víctima de su hermana anteriormente identificada, quien está casada con Manuel Antonio Fernández León, a su vez hermano de Luis Antonio Fernández León, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en representación del municipio Libertad (San Mateo), y primos de Pedro León Rodríguez[2], exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y expresidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), imputado por delitos de corrupción en perjuicio de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a saber, posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la FPO y por presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento José Antonio Anzoátegui.

    Sobre Luis Antonio Fernández León, hay que apuntar que aparte de integrar la irregular e ilícita ANC, ha sido señalado de haber sido favorecido por el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, con millonarios negocios petroleros a través de una empresa mixta vinculada al constituyente. Fernández León estaría relacionado con la empresa mixta Petrovenezolana de Servicios, C.A. (perforación y servicios a pozos; con la empresa mixta Sísmica (equipos petroleros especializados) y con el Consorcio Rimoca-Centauro-Kariña[3].

   El denunciante refiere que Lorena Chacín presuntamente habría apropiado y vendido cinco inmuebles ubicados en Lechería, los cuales formaban parte de la herencia dejada por su madre, María Lucía Alchivet Almazán, valiéndose para ello de un poder falso que le permitiría administrar y disponer de dichos bienes. Asegura que por orden de la Subdelegación Barcelona del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (CICPC) la experta Milano Jelimer llevó a cabo un estudio grafotécnico y documentológico al referido poder, determinando la falsedad de la firma de la difunta, por lo que se estableció que el poder había sido falsificado por Lorena Chacín.


    Sin embargo, la denunciada autenticó el documento írrito en la Notaría Pública Primera de Barcelona, estado Anzoátegui, el 21 de noviembre de 2012, anotado bajo el N° 011, tomo 174 y fue registrado en el Registro Inmobiliario de Lechería en dos oportunidades diferentes, la primera el 17 de enero de 2013, bajo el N° 32, folio 182, tomo 1, protocolo de transcripción del 2013 y el segundo, el 11 de enero de 2.019 bajo el N° 17, folio 45637, tomo 1 protocolo de transcripción 2019.

  Edgar Chacín Alchivet informa que María Lucía Alchivet Almazán, de nacionalidad española, falleció ab-intestato, en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, el 14 de octubre de 2013. La declaración sucesoral fechada el 31 de marzo de 2017, declarada por Rosa Mary Chacín Alchivet (también hija), quien supuestamente participó en la estafa.

  De acuerdo a la narración del denunciante, vendieron fraudulentamente todos los bienes de su madre con el poder falsificado. Apunta que la declaración sucesoral solamente se habla de la venta del último bien que quedaba sin vender bajo estafa, a saber, un apartamento de 83,01 Mts2, ubicado en el Conjunto Residencial Ventana al Mediterráneo, distinguido con la letra “2-B”, situado en la torre “E”, piso “2”, del Complejo Turístico El Morro, Lechería, municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.

Las ventas fraudulentas

  Seguidamente, Edgar Chacín hace referencia a las ventas fraudulentas realizadas por su hermana, Lorena Chacín, y advierte, en primer término, que tales operaciones están registradas en documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Barcelona, estado Anzoátegui, el 22 de enero de 2013, bajo el número 026, tomo 010, que la denunciada “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet (igualmente hermana), un local comercial con una superficie de 23,48 Mts2, distinguido con el número N1-B-42-B, nivel N1 (N+6,25) del módulo “B”, del Centro Comercial Ciudad Puente Real, en la avenida Costanera, Urbanización Nueva Barcelona, Municipio Bolívar, estado Anzoátegui. El documento de la venta fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, el 26 de julio de 2016, bajo el número 2012.163, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.12324 y correspondiente al libro del folio real del año 2012.

   La segunda venta consta en un documento autenticado ante la Notaría Pública Primera de Barcelona del Estado Anzoátegui el 22 de enero de 2013, bajo el número 027, tomo 010, refiriendo que Lorena Chacín, “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, un local comercial de 20,75 Mts2, número MTS-33, ubicado en el nivel N1 (N+4,60) del módulo “A” del Centro Comercial Ciudad Puente Real, en la avenida La Costanera, Urbanización Nueva Barcelona, Municipio Bolívar, estado Anzoátegui. La operación se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui el 26 de julio de 2016, bajo el número 2011.1394, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.9889 y correspondiente al libro de folio real del año 2011.

   La tercera venta autenticada como las anteriores en documento en la misma notaría y en la misma fecha, esta vez bajo el número 028, Tomo 010, Lorena Chacín vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, un apartamento de 43 Mts2, distinguido con el número 3-3, ubicado en la planta 3 del Conjunto Residencial Villa Solariega, avenida Américo Vespucio en el Complejo Turístico El Morro, Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui. La operación se protocolizó el 28 de octubre de 2016 ante el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, bajo el número 2016.484, asiento registral 1, del inmueble matriculado con el número 250.2.17.1.4067 y correspondiente al libro de folio real del año 2016.

   Entretanto, la cuarta venta, de acuerdo a lo que consta en documento inscrito por ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, el 31 de enero de 2019, bajo el N° 2019.28, Asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2019, Lorena Chacín Alchivet de Fernández, en nombre y representación de la finada María Lucía Alchivet Almazan vendió a Naike Rosanna Merlo Muro, un apartamento de 83,01 Mts2, ubicado en el Conjunto residencial Ventana al Mediterráneo, distinguido con la letra “2-B”, situado en la torre “E”, Piso “2”, ubicado en el Complejo Turístico El Morro, en la ciudad de Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, propiedad de los sucesores. El medio utilizado para esta operación, igualmente habría sido el poder supuestamente falsificado.

  El pago por la venta fue a través del cheque N° 49000093, fechado el 8 de enero de 2019, por Bs. 50.000 a favor de María Lucía Alchivet Almazan.

Se descubre el fraude

  Edgar Chacín detiene su narración para advertir que fue durante esta operación cuando se dio cuenta del fraude que sus hermanas, Lorena Chacín y Rosa Mary Chacín, venían fraguando. Recuerda que su condición de sucesor quedó registrada en la Declaración sucesoral a que se hizo referencia líneas arriba, llevada a cabo el 31 de marzo de 2017, contenida en el expediente N° 2017-156, amparada por el certificado de solvencia expedido el 17 de octubre de 2017 por la División de Recaudación, División de Tramitaciones/Archivo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

   A partir de entonces, Edgar Enrique Chacín Alchivet contrató los servicios de un abogado que procedió a informar a la compradora del inmueble anteriormente descrito, que la venta es fraudulenta. Fue cuando interpuso la denuncia por ante la Fiscalía del Ministerio Público.

 Luego de esto, Lorena Chacín de Fernández, actuando en representación de la difunta María Lucía Alchivet Almazan y la compradora del inmueble, Naike Rosanna Merlo Muro, convinieron en desistir de la compra el 6 de marzo de 2019. Así se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, inscrito bajo el número 36, folios 132046 del tomo 4 del protocolo de transcripción del año 2019. Alegaron “motivos inherentes a las partes”.

  Un día después, es decir el 7 de marzo de 2019, Lorena Chacín procedió a vender el inmueble a Rosa Mary Chacín Alchivet, operación que quedó registrada bajo el número 2019.28, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de folio real del año 2019.  La venta se protocolizó en el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui y se refirió que la venta se había efectuado el 4 de julio de 2013.

  Acota Edgar Chacín Alchivet, que el documento no fue agregado al cuaderno de índices llevados por la Notaría y, peor aún, el sistema arroja que la planilla única bancaria (PUB) N° 088-00067966 fechada el 26 de junio de 2013 que acompaña al documento de compra venta no corresponde al acto de compra autenticado bajo el N° 38, tomo 161, de fecha 4 de julio de 2013 en los libros de autenticaciones llevados por la Notaría Pública de Barcelona.

  Tal situación, según el criterio del denunciante, evidencia que el documento fue “sembrado”, es decir, elaborado y autenticado en fecha posterior o diferente a la autenticada, “ello con el ánimo de defraudarme”. Destaca que Rosa Mary Chacín Alchivet, quien funge como compradora en el año 2013, aparece en el año 2017, como presentante de la declaración sucesoral de María Lucía Alchivet Almazan.

  Posteriormente, el 14 de marzo de 2019, Lorena Chacín, valiéndose de un poder otorgado por Rosa Mary Chacín, le vendió nuevamente el apartamento a Naike Rosanna Merlo Muro, según consta de documento protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, quedando registrado bajo el número 2019.28, AR.3, matrícula 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de folio real del año 2019.

  Edgar Chacín cita las conclusiones de un examen de este documento realizado por la experta adscrita al laboratorio de criminalística del CICPC, Subdelegación Barcelona, detective Jelimar Milano determinó que: “En lo que respecta al estudio y análisis técnico  comparativo entre el documento de fecha 06-06-2013, bajo el N° 38, TOMO 161, el cual reposa en la Notaría Pública Primera de Barcelona con la planilla única bancaria número 088-00067966, presenta DISCREPANCIA, por cuanto la información que refleja no se pudo observar en el libro diario para el momento de realizar el estudio documentológico, corresponden a una declaración presentada por una ciudadana de nombre HILDA RODRÍGUEZ, negando ser la propietaria de un vehículo y a su vez no registra en el sistema automatizado llevados por ante esa Notaría”.

La quinta venta

   La quinta venta se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013 cuando quedó autenticada en un documento inscrito en la Notaría Pública Primera de Barcelona, bajo el número 005, tomo 206, que refiere que Lorena Nataly Chacín Alchivet, “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, una parcela de terreno y la casa quinta sobre ella construida, con una superficie de 707,60 Mts2, situada en la vereda 13, número 90, de la urbanización Colinas del Neverí, Barcelona, municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui. Este documento de venta se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, el 7 de noviembre de 2016 bajo el número 2013.1758, asiento registral 2, del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.17028 y correspondiente al libro de folio real del año 2013.

   El 21 de noviembre de 2019, la Fiscalía Sexta de Anzoátegui solicitó al Tribunal de Control 07 de Barcelona, la imputación por delitos contra la propiedad de las hermanas Lorena Chacín Alchivet de Fernández y de Rosa Mary Chacín Alchivet. Dicha instancia judicial le dio entrada y asignó el número BP01-P-2019-6591 al referido proceso penal fijando la celebración de la audiencia para el 17 de enero de 2020, tal y como consta de solicitud de imputación presentada por el abogado Jorge Leonardo Salazar Rangel, Fiscal Sexto del Ministerio Público de Anzoátegui y en la Boleta de Citación firmada por Lorena Chacín.

Interviene Tarek William Saab

   Refiere Edgar Enrique Chacín Alchivet que cuando llegó el día de la citada audiencia de imputación —17 de enero de 2020— ni Lorena Chacín, ni el fiscal sexto, Jorge Salazar, se presentaron al tribunal donde la primera sería imputada de varios delitos.

   Sin embargo —continúa exponiendo Edgar Chacín—la tarde de ese mismo día, ya habiéndose solicitado la inhibición fiscal, Jorge Salazar Rangel, violando el debido proceso y la tutela judicial efectiva, bajo el argumento de que solamente cumplía órdenes de Tarek William Saab, fiscal general de la república designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, procedió a solicitar el sobreseimiento de la causa.
   El titular del Ministerio Público venezolano alegó que Lorena Chacín de Fernández no había cometido delito alguno en perjuicio del denunciante. Subraya Edgar Chacín que Saab obvió todas las pruebas que incriminaban a Lorena Nataly Chacín Alchivet.
   Ante la solicitud de la fiscalía, la jueza Adriana María Gómez Guadely, decretó el sobreseimiento el 19 de enero de 2020, exonerando a Lorena Chacín de los delitos cometidos en perjuicio de su hermano, Edgar Chacín Alchivet.

   Edgar Chacín denuncia que todas las diligencias realizadas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Lorena Chacín con Los Topos

   Además, Edgar Enrique Chacín Alchivet, informó que su hermana, Lorena Nataly Chacín Alchivet de Fernández y su esposo, Manuel Antonio Fernández León, son propietarios de El Bodegón La Bodeguilla Andaluz[4] —a cuya inauguración asistió Tarek William Saab— cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) es J-411169650, un negocio que se vincula supuestamente con exzar de la FPO, Pedro José León Rodríguez (suegro de Leymar Fernández Guzmán, hija del primer matrimonio de Manuel Fernández).

   Acota el denunciante, que Lorena Chacín Alchivet viaja constantemente a Miami, Estados Unidos, para comprar contenedores para surtir La Bodeguilla.

    Subraya Edgar Chacín que, a Luis Antonio y a Manuel Fernández León, a la sazón primos de Pedro León Rodríguez, se los conoce en Lechería como “Los Topos”.

Otras empresas

   Sostiene Edgar Chacín que la fortuna de Lorena Chacín de Fernández y Manuel Fernández León, se amasó presuntamente a la sombra de los negocios irregulares. Un esquema de corrupción y soborno mantendrían estas personas junto con exdirectivo petrolero, a través de la una sociedad mercantil denominada L & M Servicios C.A., Registro de Información Fiscal J-295788126, domiciliada en la Avenida Country Club, Centro Comercial Caribbean Country, piso 5, oficina F-3, Sector Country Club, en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.
  L & M Servicios está presidida por Lorena Chacín, mientras que Manuel Fernández León es director general. Esta firma ha firmado 110 contratos con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), cuya facturación se mantiene en el más completo secreto por parte de la estatal.

He aquí algunos de ellos:
    En el estado de la Florida, Estados Unidos, se registró el 29 de mayo de 2013, una empresa con la misma denominación, L & M Servicios LLC, según lo informa el portal Sunbiz[5], que indica que la inscripción se hizo bajo el número L13000077860, FEI/EIN 12-1234567.
   Esta empresa que la actualidad esta compañía se encuentra inactiva luego de haber sido disuelta administrativamente, tenía su sede en el 10476 NW 61 Street, Doral, FL 33178 que figura también como dirección fiscal y era domicilio de sus directivos y agente registrador.

   La conducción de la empresa estaba en manos de Lorena Chacín de Fernández y Manuel Fernández León. Este último figura igualmente como agente registrador.

   Agrega Edgar Chacín, que a Manuel Fernández León le revocaron la visa y por eso no puede entrar a los Estados Unidos, a raíz de que su hijo, de igual nombre que él, estuvo preso en territorio estadounidense por tráfico de arma.

   Otro negocio de los hermanos Fernández León es la Fundación Mano de Dios, la cual es administrada por Leymar Fernández Guzmán, ya referida anteriormente[6].

   También Sunbiz[7] refiere que en la Florida fue registrada La Bodeguilla Andaluz INC el 29 de abril de 2019, bajo el número P19000035578, cuyo estatus actual es activo. Su domicilio es en 10476 NW 161ST Street 136, Doral, FL 33178 que también es la dirección de los directivos y la que tenía L & M Servicios LLC. El agente registrador es G & A Accounting and Taxes Services INC. Lorena Chacín es la presidenta, vicepresidenta, secretaria, directora y tesorera[8].

CITAS

[1] Venezuela Política. “Pedro León Rodríguez: ¿De prófugo de la justicia por corrupción a testigo estrella contra fiscal Luisa Ortega Díaz?”. 22 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/search?q=Pedro+Le%C3%B3n+Rodr%C3%ADguez



[2] Venezuela Política. “Conozca las investigaciones que la Fiscalía hace a personeros y relacionados de PDVSA”. 22 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/conozca-las-investigaciones-que-la.html

[3] Venezuela Política. “Manuel Quevedo entregó negocios a empresas del constituyentista Luis Antonio Fernández León”. 8 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/manuel-quevedo-entrego-negocios.html



[4] Expresa.Me. “La Bodeguilla”, un minimarket vinculado con la corrupción petrolera en Venezuela”. 9 de agosto de 2019. https://expresa.me/2019/08/09/la-bodeguilla-un-minimarket-vinculado-con-la-corrupcion-petrolera-en-venezuela.html

[5] Sunbiz. Dibvision of Corporations. L & M Servicios LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=FERNANDEZLEONMANUELANTONIO%20L130000778600&aggregateId=flal-l13000077860-eec11208-228d-4ad9-9e0c-65831ea66a30&searchTerm=Fernandez%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Leonid&listNameOrder=FERNANDEZLEONID%20L150001421201



[6] Prensa América. “¿Bodegón La Bodeguilla Andaluz, una “lavadora industrial” en Venezuela?”. 9 de agosto de 2019. https://www.prensaamerica.com/2019/08/bodegon-la-bodeguilla-andaluz-una-lavadora-industrial-en-venezuela/

[7] Sunbiz. Division of Corporations. La Bodeguilla Andaluz INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=LABODEGUILLAANDALUZ%20P190000355780&aggregateId=domp-p19000035578-e55ef019-ffa6-4be0-8357-9347b0011255&searchTerm=LA%20BODEGUILLA%20ANDALUZ%2C%20INC&listNameOrder=LABODEGUILLAANDALUZ%20P190000355780

[8] Open Corporates. La Bodeguilla Andaluz INC. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P19000035578

jueves, 31 de enero de 2019

Fiscal provisorio exculpó a empresa bloqueada por PDVSA por sobreprecios en contratos contradiciendo a Tarek William Saab

Contraviniendo las afirmaciones del Tarek William Saab, el Fiscal Provisorio 55° de competencia Nacional en lo Penal, exculpó a la empresa Capriservis C.A., señalada por su superior de desfalcar a PDVSA mediante contratos con sobreprecios.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Desmintiendo al fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el Fiscal Provisorio 55° Nacional Penal, Ronny José Salimey Mejías, exculpó a la empresa Capriservis C.A. por no ser objeto de investigación en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), pese a que su superior jerárquico así lo había asegurado ante la opinión pública venezolana.

Cabe recordar que el 31 de agosto de 2017, Saab dio a conocer que las empresas Nalco Venezuela, Sumi Service 2021, Capriservis, Cooperativa servicio de Oriente, Servicio construcciones y mantenimiento Romara, Constructora Urbano Fermín, Metroemergencias, Travequip, SDV Energía e Infraestructura y Derwick Associates, estaban señaladas de supuestamente haber desfalcado al país por un monto de USD 200 millones, ocasión que aprovechó para vincular en estos hechos irregulares a Luisa Ortega Díaz por actuar “con permisiva omisión. Usted es la principal responsable del desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco porque desviaron la investigación para extorsionar”[1].

Y aunque ahora el fiscal Ronny José Salimey Mejías niega que Capriservis haya incurrido en el ilícito de negociar con sobreprecio con la estatal petrolera, Tarek William Saab aseguró que sus investigaciones lo llevaron a determinar que las diez empresas involucradas recibieron doce contratos para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco entre 2010 y 2016 estableciendo tarifas sobrevaloradas en hasta 230 por ciento[2].

Esa no fue la única ocasión en la que Tarek William Saab se refirió al asunto, pues posteriormente, el 22 de septiembre del mismo año 2017, indicó que luego de avanzar en las investigaciones de su despacho —pese a que el fiscal Salimey Mejías lo niega— el número de las empresas bajo averiguación se había elevado a 17, “de las cuales 10 están totalmente auditadas y comprometidas en este desfalco con sobreprecio en las contrataciones que se hicieron en la Faja” y agregó que a través de estas “contrataciones colosales”, aproximadamente con 41 mil contratos otorgados de manera directa, se había esquilmado el patrimonio público en unos 35 mil millones de dólares, informó el periódico de tendencia oficialista El Correo del Orinoco[3].

El oficio exculpatorio

El 27 de abril de 2018, el Fiscal Provisorio 55° Nacional Penal, Ronny José Salimey Mejías, dirigió una comunicación al presidente de Petróleos de Venezuela S.A., Mayor General Manuel Quevedo, para informarle que las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público en la Faja Petrolífera del Orinoco, “en razón del otorgamiento de los distintos contratos que contienen procura con sobreprecio”, se constató que la empresa Capriservis C.A. con el Registro de Información Fiscal (RIF) J-31131922-0, con el código de proveedor en la industria N° 100066862, no estaba siendo investigada por las fiscalías comisionadas para el caso signado con el número MP-257978-2017, referido a Petropiar, “ni en ninguna otra causa”.

El fiscal Salimey Mejías le refirió a Manuel Quevedo que en razón de que para el momento de suscribir dicha comunicación, la susodicha empresa se encontraba bloqueada por PDVSA y sus filiales, se exhortaba a la Petróleos de Venezuela S.A. a proceder al respectivo desbloqueo “a los fines que pueda continuar son sus labores dentro de la estatal, honre los compromisos contratados con esa empresa y así se le realicen los pagos correspondientes”.

“En tal sentido, siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y su función está dirigida a determinar la culpabilidad de los posibles agentes que están inmersos en algún hecho punible, también tiene atribuida la facultad de exculpar en aquellos casos donde no se encuentran elementos de convicción, en consecuencia solicitamos de sus buenos oficios de cumplimiento a lo exhortado por esta Oficina Fiscal”, concluye.

La comunicación iba con copia a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, a la Consultoría Jurídica, a la Dirección de Auditoría Interna y a la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA.



La orden de bloqueo

El 14 de agosto de 2017, el entonces presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, pidió al vicepresidente de la estatal, Simón Zerpa, así como al presidente de Bariven, Francisco Jiménez, bloquear preventivamente de forma inmediata a diez empresas para todo tipo de operaciones en el maestro de proveedores, incluida la colocación de pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

La orden de Del Pino se sustentaba en el hecho de que cursaba una investigación sobre la procura de la Faja Petrolífera donde estas diez empresas, entre las que figuraba Capriservis C.A., eran consideradas "de alto riesgo [y] a las cuales se les debe hacer bloqueo inmediato".

El presidente de la estatal petrolera prohibió que ha dichas compañías se les invitara a participar “en procesos de licitación, celebración de negocios y contratos hasta que culmine la investigación”[4].



La empresa

La empresa Capriservis C.A., de acuerdo al portal Pymes Venezuela[5], se dedica a “todo lo relacionado con la prestación de servicios de control ambiental y de manera enunciativa podría realizar mantenimiento de fosas con componentes derivados del petróleo, aceites, gases, fosas de agua salada, desechos tóxicos, reciclaje de derivados del petróleo aceites, construcción, mantenimiento  e inspección de obras civiles, petroleras, mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, transporte en general marítimo y terrestre, suministro, alquiler y venta de maquinarias y equipos pesados, elaboración de proyectos, mantenimiento en general, importación, fabricación, compra, venta de materiales de ferretería y de la construcción, suministro y supervisión de personal, recuperación y restauración de áreas verdes, arborización, paisajismo, decoración de ambientes exteriores e interiores, así como la explotación de cualquier rama de actividad mercantil de lícito comercio establecidas en las leyes venezolanas, además de las ramas conexas o no relacionadas, siempre que así se decida en asamblea general de accionistas”.

La compañía tiene su sede en Santa Elena de las Piñas, calle principal, Quinta N° 58, Maturín, estado Monagas, la cual también figura como dirección fiscal. El Registro de Información Fiscal (RIF) es J-31131922-0.

Se informa que cuenta con un trabajador y sus teléfonos son 0414-3824569, 0416-9922186, Fax 0291-6419119 y correo electrónico: capriservis@cantv.net.

Entretanto, Dato Capital[6] informa que el último balance presentado por Capriservis tenía fecha de 31 de diciembre de 2016, con una facturación de 118.566.483 bolívares, un beneficio bruto de Bs. 93.064.031, un beneficio neto de Bs. 3.034.981 y un efectivo disponible de Bs. 3.760.193.

La empresa, que figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) correspondiente al estado Monagas.

Capriservis estaba habilitada para contratar con el estado de  acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones Públicas.


El fiscal

Ronny José Salimey Mejías nació el 13 de noviembre de 1976 y es titular de la Cédula de Identidad número V-13.406.007, se le ubica en la parroquia Sucre del municipio Libertador del Distrito Capital, de acuerdo a información del portal Dateas[7].

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional “Doctor Elías Rodríguez”, ubicado en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital.

Según su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ingresó al sistema el 16 de junio de 1997, su fecha de contingencia es el 13 de noviembre de 2036. Su estatus actual es cesante, al haberse retirado de la Defensoría del Pueblo Número Patronal 19891412, el 9 de enero de 2019. Acumula 992 semanas cotizadas y un total de salarios de Bs. 21.045,76.


Este fiscal, según fuentes informativas, es protegido del Director General de Administración de la Fiscalía General.

Ronny José Salimey Mejías También fue señalado por los familiares del expresidente de Citgo y PDVSA, Nelson Martínez, quien murió cuando estaba detenido por acusaciones de corrupción, por no haber tomado acciones a tiempo que hubieran impedido que el exfuncionario falleciera, supuestamente, por negársele a tiempo los servicios médicos que requería[8].

Notas

[1] Efecto Cocuyo. “Saab vincula a exfiscal en desfalco a la Nación de 200 millones de dólares”. 31 de agosto de 2017. http://efectococuyo.com/politica/saab-vincula-a-exfiscal-en-desfalco-a-la-nacion-de-200-millones-de-dolares/

[2] 2001. “Tarek William Saab nombra 10 empresas que incurrieron en robo a la nación (+Lista)”. 31 de agosto de 2017. http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/168537/tarek-william-saab-nombra-10-empresas-que-incurrieron-en-dano-patrimonial---lista-.html

[3] Correo del Orinoco. “Cronología de la caída de las mafias petroleras”. 1° de diciembre de 2017. http://www.correodelorinoco.gob.ve/cronologia-de-la-caida-de-las-mafias-petroleras/

[4] Venezuela Política. “Presidente de PDVSA pide bloquear a 10 empresas con antecedentes de corrupción para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco”. 31 de agosto de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/08/presidente-de-pdvsa-pide-bloquear-10.html

[5] Pymes Venezuela. Capriservis C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/capriservis-ca-33280

[6] Datos Capital. Capriservis C.A. https://www.datocapital.com.ve/empresas/Capriservis-Ca.html

[7] Dateas. Salimey Mejías, Ronmy José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/salimey-mejias-ronmy-jose-578294

[8] Noticias Venezuela. “Maibort Petit: Al expresidente de Citgo y PDVSA Nelson Martínez se le habría violado servicio médico y tratamiento adecuado”,

martes, 27 de febrero de 2018

Acuerdo entre Citgo y Apollo/Frontier corrobora que no hubo financiación: Aquí los términos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una serie de evidencias muestran que la causa por la cual están siendo procesados en Venezuela seis directivos de CITGO no existe, puesto que la negociación de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos nunca concretó el acuerdo de refinanciamiento de su deuda global con las firmas Apollo y Frontier, y tampoco se hicieron desembolsos de ningún tipo ya que el contrato no se ejecutó.


Para corroborar lo informado hasta ahora, presentamos los términos de los acuerdos suscritos el 10 de julio de 2017 entre CITGO Petroelum Corporation y CITGO Holding, por un lado y, Frontier Management Group Ltd. y Apollo Management Holdings, L.P., por el otro, en los cuales no se hace referencia alguna a condiciones de refinanciamiento de la deuda de la filial de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos, por la cual el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, imputó a seis directivos la subsidiaria, señalándolos de haber firmado un contrato de condiciones leoninas para la república.
En el referido acuerdo sólo se hace referencia a las cláusulas de confidencialidad que deben regir entre las partes, la forma de pagos de los honorarios que deberían ser cancelados a futuro, reembolsos por gastos contraídos y la circunscripción judicial y las normas que regirán en el acuerdo.

Hasta la fecha, el fiscal Saab no ha hecho mención tampoco a la responsabilidad que la junta directiva de PDVSA tendría en el asunto, toda vez que fue ella la que finalmente le habría dado el visto bueno a la negociación que nunca se concretó.

De todas maneras, como lo hemos referido en entregas anteriores, en razón a las sanciones dictadas por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA y sus empresas filiales, las negociaciones con las firmas Apollo y Frontier quedaron en suspenso.

La empresa venezolana solicitó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) que autorizara el refinanciamiento de su deuda, pero hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte de la administración de Donald Trump.

Lo firmado

Con base a la decisión adoptada en la reunión de la junta directiva de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, N° 2017-17, de fecha 14 de junio de 2017, en la que se autorizó la firma de un acuerdo para empezar las negociaciones de la Propuesta Alternativa Privada de Reestructuración de la Deuda CITGO y CITGO Holding, presentada por las firmas Apollo Global Management LLC, con sede en Nueva York, y Frontier Management Group Ltd., ubicada en Dubai, atendiendo a los parámetros propuestos y aprobados previamente que establecen que cualquier negociación deberá ser presentados a la directiva de la estatal petrolera venezolana para su aprobación, se procedió a firmar un acuerdo  el 10 de julio de 2017 sobre la base de la hoja de términos preliminares no vinculantes, preparada el 29 de junio de 2017.

Veamos los detalles de dicho acuerdo

Se definen en primer términos quiénes son las partes que suscriben, estando por un lado, Frontier Management Group Limited, empresa constituida bajo las leyes de los Emiratos Árabes Unidos, EAU, con domicilio social en Burj Daman, Nivel 15, P.O. Box 507005, DIFC, Dubái, EAU; y por el otro CITGO Petroleum Corporation y CITGO Holding, Inc., corporaciones de Delaware, a las cuales se referirán como el Grupo CITGO.

Confidencialidad

Se establece un pacto de confidencialidad mutua entre las partes, bajo el cual estas se comprometen a no divulgar los términos de la transacción que se encuentran negociando. De este modo, queda prohibido dar a conocer información relacionada a cada uno de los suscritores del acuerdo sus negocios, operaciones, activos, pasivos o condición financiera, así como sobre sus filiales. Igualmente las fuentes de financiación potenciales, sus directores, funcionarios, empleados, agentes, asesores u otros representantes tales como contadores, asesores legales, consultores, banqueros y asesores financieros. Esta prohibición comprende la difusión por medios electrónicos, de manera oral o mediante inspección de objetivos tangibles.

Tampoco podrá darse a conocer cualquier información sobre la transacción, lo cual incluye la existencia y los términos del contrato y la negociación; las discusiones y negociaciones sobre la transacción y el estado de esas discusiones y negociaciones; y cualesquiera documentos definitivos presentados por cualquiera de las partes con respecto a la transacción; y cualquier información o análisis derivado de otra información confidencial.
Se advierte que por información confidencial no se tendrá ninguna información que sea o se haga pública y esté disponible públicamente y que no sea el resultado de una infracción por parte de una de las partes; o  en el caso de información comercial que ya se conociera al momento de establecer el acuerdo.

Las partes tampoco utilizarán la información confidencial de la otra parte excepto cuando sea razonablemente necesario en relación con la evaluación y negociación de la transacción. Tampoco se divulgará ni total ni en parte la información confidencial de la otra parte, salvo lo permitido en el acuerdo. No se copiará ni resumirá la información comercial confidencial de la otra parte, excepto cuando sea necesario en relación con la evaluación, negociación y ejecución de la transacción.

Cada parte adoptará las normas que garanticen y protejan la confidencialidad de la información y sólo la divulgará cuando sea absolutamente necesario y de acuerdo a los términos del acuerdo dando a conocer a los representantes de la otra parte cualquier divulgación que haya hecho. Frontier se responsabiliza de cualquier incumplimiento de las disposiciones del acuerdo por cualquiera de sus representantes, pudiéndose entablar cualquier procedimiento en caso de incumplimiento únicamente contra la citada empresa y no contra ninguno de los directores, funcionarios, empleados, socios o miembros.

Para evitar dudas, Frontier acuerda que no divulgará ninguna información confidencial revelada a él o sus representantes por parte de CITGO a Apollo, a menos que esta última haya firmado y entregado, para el beneficio de CITGO un acuerdo de no divulgación en términos sustancialmente similares al firmado por Frontier.

Una de las partes podrá divulgar información confidencial en la medida en que la ley así lo exija, o sea esta información solicitada por cualquier autoridad reguladora gubernamental o de otro tipo, así como algún tribunal u otra autoridad jurisdiccional competente. Así será siempre que esté penado por la ley aplicable y la parte que haga la revelación actué dando aviso de esta divulgación tanto como le sea posible.

Además, una parte podrá, sin previo aviso a la otra parte, divulgar la información confidencial de la transacción a las agencias de calificación crediticia, según se requiera, para cumplir las obligaciones contractuales de información con los acreedores y otras contrapartes. Todos los costos de cualquier divulgación obligada serán asumidos por la parte divulgadora.

Se establece que toda la información confidencial se proporciona "tal cual" y sin que cada parte ofrezca ninguna garantía, expresa, explícita o de otro tipo, con respecto a su exactitud o integridad.

Igualmente, el acuerdo contempla que todos los documentos y otros objetos tangibles que contengan o representen información comercial confidencial, así como todas las copias de los mismos que estén en posesión o bajo el control de una de las partes, deberán devolverse tan pronto como sea posible al otro o deberán ser destruidas a solicitud escrita de la parte reveladora. No obstante lo anterior, la parte receptora y sus representantes pueden conservar copias de archivo de cualquier información confidencial para propósitos legales y de cumplimiento o para cumplir con una política de retención de registros de buena fe.

Nada de lo contemplado en el acuerdo tiene la intención de otorgar ningún derecho a ninguna parte con respecto a propiedad intelectual de ningún tipo, incluyendo, sin limitación, cualquier patente o derecho de autor (o el equivalente bajo cualquier ley o jurisdicción) de la otra parte. El acuerdo tampoco derecho en o a la Información confidencial de la otra parte, salvo lo expresamente establecido en el acuerdo mismo.

Queda estipulado que las obligaciones relacionadas con la Información confidencial de cada parte en virtud del acuerdo, continuarán vigentes hasta un año después de la fecha de la firma del acuerdo.

Frontier reconoce que es consciente de que las leyes de valores de Estados Unidos prohíben a cualquier persona que tenga información material no pública relativa a un emisor de valores, comprar o vender valores confiando en dicha información o de comunicar dicha información a cualquier otra persona o entidad bajo circunstancias en las cuales, es razonablemente previsible que tal persona o entidad pueda comprar o vender tales valores en base a dicha información.

La exclusividad

A partir del 15 de julio de 2017, CITGO otorgará a Frontier un período de exclusividad de ocho semanas. Dicho período comienza a regir a las 00:01 GMT del 15 de julio de 2017 y se extiende hasta las 00:01 GMT del 15 de septiembre de 2017. Recordemos que el acuerdo nunca se concretó.

Durante este tiempo, Citgo ni sus representantes no solicitarán ni directa ni indirectamente, ni alentarán la iniciación o presentación de cualquier expresión de interés, consulta, propuesta u oferta de cualquier persona (que no sea el destinatario) o cualquier subsidiaria del receptor) relacionada o en conexión con una posible transacción o cualquier otra transacción que impediría o inhibiría una negociación entre las partes.

Tampoco participará en cualquier discusión o negociación o celebrará acuerdos o proporcionará cualquier información no pública a cualquier persona relacionada o en conexión con una posible transacción o cualquier otra transacción que excluiría o inhibiría una transacción entre las partes.

Se indica que nada en el acuerdo impedirá que Citgo o cualquiera de sus filiales enfrente cualquier revelación o anuncio requerido en relación con la transacción después de la ejecución de documentos definitivos por la ley aplicable o cualquier autoridad reguladora competente o para cumplir obligaciones contractuales de informes para los acreedores y otras contrapartes, y no se divulgará ni dará a conocer tal información en interés de ningún tercero.

No obstante estas disposiciones, las partes acuerdan que se reunirán y conferenciarán (en persona o por teléfono) de buena fe semanalmente para considerar el estado de la transacción, las perspectivas de lograr el cierre y la financiación, el período de tiempo esperado para lograrlo y acordarán una extensión del período de exclusividad a medida que las partes trabajen para cerrar la transacción. Esto, siempre que CITGO no tenga la obligación de extender el período de exclusividad más allá del 15 de octubre de 2017.

De los honorarios

Ya sea que la transacción se consuma o no, CITGO reembolsará todas las tarifas y gastos razonables y documentados, lo cual (incluida la asesoría legal, financiera, contable y de viaje, y tales honorarios y gastos de terceros acordados con anticipación, de Frontier y Apollo en los que hayan incurrido en razón de diligencias, negociación y documentación de la transacción. Si los gastos de viaje se incurren para otros fines comerciales, Frontier o Apollo los distribuirán de forma equitativa. Solo en caso de que la Transacción se cierre y sea financiada, CITGO reembolsará a Frontier y Apollo por cualquier asesor financiero potencial relacionado con la debida diligencia, estructuración y ejecución de la transacción que se deducirá de los ingresos de la misma.

En tal sentido, Fronlier presentará las facturas conforme se incurran y CITGO pagará al proveedor de servicios correspondiente tan pronto como sea posible y en cualquier caso dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la recepción de cada factura.

Además, dentro de los tres (3) días hábiles a partir de la fecha del presente y una vez que Frontier presente la factura correspondiente, CITGO depositará a los asesores legales de Frontier la cantidad de cien miles de dólares (USD 100.000) como retenedores para el pago de los honorarios y gastos legales de Frontier y Apollo que pueden requerir reposición cada cierto tiempo. En el caso de que no se utilice ningún monto del retenedor en la conclusión o el vencimiento de la Transacción, se devolverá puntualmente a CITGO.

Citgo reconoce su obligación solidaria respecto a todos los gastos reembolsables a Frontier y/o Apollo relacionados con honorarios.

Otros aspectos

El acuerdo no obliga a las partes a proceder con cualquier transacción entre ellos, siendo que cada uno se reserva el derecho, a su entera discreción, de terminar cualquier discusión en torno a la transacción.

Cada parte acuerda que cualquier violación o amenaza de violación del acuerdo puede causar un daño irreparable a la otra parte y/o que los daños no puedan ser remediados adecuadamente.

El acuerdo y cualquier disputa o reclamo que surja se regirán por las leyes del estado de Nueva York aplicables a los acuerdos que se realizarán íntegramente en dicho estado. Cualquier disputa, controversia o reclamo entre las partes que surja en relación con el acuerdo serán resueltas de manera exclusiva y definitiva conforme a las Reglas de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio por tres árbitros designados de conformidad con dichas reglas. La sede del arbitraje será París, Francia, y el idioma será inglés. Las partes tendrán derecho a solicitar la reparación equitativa no monetaria por vía judicial en cualquier tribunal de jurisdicción competente en caso de incumplimiento o amenaza de incumplimiento del acuerdo.

Este documento contiene el acuerdo completo entre las partes y ninguna tendrá ninguna obligación, expresa o implícita por ley, con respecto al secreto comercial o información de propiedad de la otra parte, excepto lo establecido en el acuerdo. Cualquier falla en hacer cumplir cualquier disposición del mismo no constituirá una renuncia del mismo o de cualquier otra disposición. El acuerdo no podrá ser enmendado ni se puede renunciar a ninguna obligación, excepto mediante un escrito firmado por las Partes.

En los mismos términos del documento suscrito con Frontier, CITGO Petroleum Corporation y CITGO Holding INC., firmó un acuerdo con Apollo Management Holdings, L.P. 

martes, 6 de febrero de 2018

Intocables de PDVSA: Por contratación del buque "fantasma" el fiscal Saab no imputa a todos los involucrados en la negociación

Una acta de la asamblea de accionista muestra que la contratación del buque taladro de perforación Songa Saturn (apodado buque fantasma) fue evaluada y aprobada en una reunión de la junta directiva de PDVSA, sin que se produjera ningún argumento negativo en contra de la propuesta que se adjudicó de manera directa a la empresa constituida en Bahamas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

El pasado 5 de diciembre, el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra 6 funcionarios de PDVSA Servicios S.A. que —según el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab— son los responsables de haber aprobado un contrato de arrendamiento por 7 años de un buque taladro que habría traído enormes pérdidas al patrimonio de Petróleos de Venezuela. Una evaluación de los documentos oficiales de Petróleos de Venezuela revela que los directivos que aprobaron el contrato de PDVSA Servicios S.A. con la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. no han sido mencionados por Saab.
  A través de un mecanismo enrevesado la cúpula de la estatal petrolera para el año 2010 cambió la directiva de la filial, sustituyó al presidente y entregó poderes especiales a un funcionario para que realizara contrataciones en nombre de la compañía del Estado.

Los documentos revisados prueban que el exzar de PPVSA, Rafael Ramírez Carreño, Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino —entre otros— conocieron y aprobaron los términos de la negociación antes de firmarse  el contrato de Suministro y Operación de la unidad de perforación "Costa Afuera" otorgado en adjudicación directa (SOLPED 1300160798) por la Junta directiva de PDVSA en septiembre de 2010.
La acusación

En un espectacular anuncio realizado el 5 de diciembre de 2017, el fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, aseguró que su despacho había liberado órdenes de aprehensión en contra de los directivos de PDVSA Servicios S.A., quienes serían responsables de la firma de unos de los contratos "más leoninos y corruptos en la historia de PDVSA". El funcionario del régimen de Nicolás Maduro hizo referencia al barco (bautizado por él como "fantasma") Petrosaudi Saturn", el cual se alquiló en el año 2010 para la explotación de gas Costa Afuera en el marco del Proyecto Mariscal Sucre.


Frente a las cámaras de televisión, Saab aseguró que "el barco es propiedad de la empresa Petrosaudi Oil Services, Limited, que a pesar de su nombre es una empresa fantasma constituida en Barbados. Esta empresa no tenía historial de trabajos en perforación Costa Afuera.

El funcionario dijo —además— que había instruido para ese caso al Fiscal 67 nacional quien ya había librado órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10 de Control contra Romer Antonio Valdez Prieto, en su condición de presidente de PDVSA Servicios, S.A., para la fecha de los hechos, así como para los directores de la filial, Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Beltrán y el Secretario Accidental de la Junta Directiva de la misma empresa, Rafael Rodríguez.

Saab aseguró que PDVSA Servicios —encargada de esa operación— y los directores informaron "falsamente" sobre las características del barco perteneciente a la compañía Petrosaudi Oil Services Limited. "Casi dijeron que era espacial, que navegaba y volaba", cuando "no servía para nada", afirmó el fiscal.

Igualmente, el funcionario dijo que el barco siempre estuvo detenido, es decir, que nunca realizó labores costa afuera.

Señaló que entre las irregularidades estaba que el contrato de arrendamiento del buque se adjudicó "sin estudiar otras ofertas", con lo cual el negocio se hizo "en términos escandalosamente perjudiciales para PDVSA".

Destacó Saab que el contrato duró siete años, aunque lo normal es que duren tres años, a la vez que reveló que el Estado venezolano pagó un precio exorbitante por un barco que estuvo inoperativo el 60 por ciento del tiempo. Es decir se firmó un contrato por el cual se pagaron millones de dólares por el alquiler de una embarcación para, simplemente, no hacer nada.

Comentó que desde 2010, año en que se cerró la negociación, el alquiler del Petrosaudi Saturn costó unos 461.000 dólares cada día —en el mercado internacional, mejores embarcaciones recién construidas y con alta tecnología tenían una tasa diaria de 350.000 dólares— y un barco similar al mencionado en buen estado solía costar 170.000 dólares diarios.

Saab aseguró que el monto total del desembolso fue de 1.175,3 millones de dólares, que se pagarían incluso si la nave no trabajara, debido a una cláusula que obligaba a PDVSA a cancelar el 95 por ciento de la tasa diaria de la embarcación cuando estuviera inoperativa.

Según Saab, el barco, contratado para la exploración de 18 yacimientos de gas, solo logró explotar cuatro pozos, informó el fiscal, con lo cual "este contrato solo ocasionó pérdidas".

Los documentos no mienten

En una investigación sobre los documentos de la filial PDVSA Servicios S.A., y papeles oficiales de la petrolera entre los años 2009 y 2010, se observa que en ese periodo se produjeron varios cambios en la Junta Directiva de dicha empresa, la cual firmó en septiembre de 2010 el contrato del llamado "buque fantasma" denunciado por Saab.
He aquí la primera junta directiva de PDVSA Servicios S.A.
Tuvimos acceso a las actas en la que se registra oficialmente quiénes fueron los que asistieron a la reunión donde se aprobó el contrato y en qué condición estaban presentes. Asimismo, se pudo confirmar que las Asambleas de Accionistas de febrero 2009 y de marzo 2010, se realizaron el mismo día en que el Comité Ejecutivo y el Comité de Recursos Humanos de PDVSA hicieron sus reuniones para cambiar de Presidente y de miembros de la Junta Directiva, actuando de conformidad con lo decidido por dichos comités.

Llama la atención que esa regla no se aplica en la reunión de Asamblea de Accionistas de septiembre 2010, la cual es realizada por las mismas personas pero 23 días después de que el Comité Ejecutivo de PDVSA tomara la decisión de nombrar a los miembros de la Junta Directiva de PDVSA Servicios S.A., es decir, en su reunión del día 31 de agosto 2010.

Uno de los documentos estudiados representa la culminación del proceso de contratación realizado con la empresa Petrosaudi Oil Services Limited, en el cual se deja claro que es esa Junta Directiva la que posee el Nivel de Autoridad Administrativa y Financiera (NAAF), para aprobar ese tipo de contratación por el monto involucrado en la misma.

Lo primero que se destaca en la documentación es que la junta directiva de PDVSA para ese momento estaba conformada por Rafael Ramírez (presidente), Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino (vicepresidentes), mientras que como directores figuraban: Hercilio Rivas, Eudomario Carruyo, Luis Pulido, Carlos Vallejo, Fadi Kabboul, Iván Orellana, Aref E. Richany. Como director ejecutivo de Producción se desempeñaba José Luis Parada.
La plataforma Aban Pearl se derrumbó el 13 de abril del año 2010 y la junta directiva de PDVSA en la reunión N-2010-10, celebrada el día 21 de agosto de 2010, procedió a entregarle en adjudicación directa el contrato a la empresa offshore Petrosaudi Oil Services Ltd, registrada en Barbados.

En el acta de la junta directiva se señala —claramente— que debido al hecho acaecido en la Plataforma Aban Pearl, se requería que PDVSA sustituyera el equipo de perforación para garantizar la continuidad de las operaciones de producción y suministro de gas al mercado nacional.

En el documento se asegura que se realizó una búsqueda exhaustiva de equipos a nivel internacional, "PDVSA encontró un equipo de perforación cuya tarifa es competitiva y a disposición inmediata".

Según la explicación, el equipo de perforación directa para el Suministro y Operación de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn se contrató por 1 mil 302 millones 645 mil 907 dólares americanos con 86 centavos. (USD 1.302.645.907,86) por un período de 2.557 días (7 años) con la empresa PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd.

Para ese momento, la junta directiva aprobó el pago por concepto de movilización inicial de la Unidad de Perforación de 56 millones de dólares (USD 56.000.000). Se especifica que el pago será de USD 40 millones para la salida del equipo y USD 16 millones a la llegada del equipo a Venezuela.

Asimismo, se aprobó la inclusión de la Cláusula de Arbitraje Comercial Internacional en el Contrato de Suministro y Operación de la Unidad de Perforación  Costa Afuera-Songa Saturn, en los términos previsto en el artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial y, solicitar al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (ministro Rafael Ramírez Carreño) la autorización correspondiente para la inclusión definitiva en la misma.

La directiva de PDVSA aprobó en esa misma reunión la emisión de una fianza solidaria a favor de PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd., a los efectos de garantizar las obligaciones asumidas por PDVSA Servicios S.A. La misma entraría en vigencia a partir de la llegada del equipo a Venezuela, la cual deberá ser emitida según condiciones de la Dirección Ejecutiva de Finanzas y la Junta directiva de PDVSA.

Se acordó delegar en el Director de Enlace de PDVSA Servicios, la firma de la Fianza Solidaria por Petróleos de Venezuela S.A para el contrato de Suministro y Operación de la mencionada unidad de perforación. Además decidieron delegar a la presidencia de PDVSA Servicios S.A., la firma del Acto Motivado, Carta de Adjudicación y Firma de Contrato, así como la administración de dicho contrato.

La directa de PDVSA dio el visto bueno, como condición previa para la firma del contrato de suministro y operación de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn, la firma conjunta de una carta de intención que debía ser suscrita por PDVSA Servicios, S.A. y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. a los fines siguientes:

a) Las partes acordarán en un plazo de 6 meses, los términos de la constitución de la empresa mixta de perforación Costa Afuera con PDVSA, reservándose esta última el derecho de suscribir el 60 por ciento del capital de dicha empresa mixta.

b) Las partes acordarán en un plazo de 6 meses los términos económicos y contractuales para que la empresa mixta reciba el aporte de 2 unidades de perforación, Petrosaudi Discoverer y Songa-Saturn, y opere dichas unidades al tiempo que obtenga como cesionaria los respectivos contratos de perforación y contratos de suministros y operación.

En esa misma reunión también se aprobó la emisión de una garantía financiera en forma de carta de crédito a favor de Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd., por la cantidad de 130 millones de dólares. Aseguran que la emisión de la carta de crédito estaba condicionada a la firma previa entre PDVSA Servicios S.A. y Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. de la carta de intención aprobado en el punto anterior.

En los asuntos aprobados también se destaca que el contrato de suministro y operación de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn, debía incorporar la tripulación de la Plataforma Aban Pearl, la cual fue absorbida por PDVSA, debiéndose deducir del monto presupuestado por el concepto de oferta presentada.

Se pidió en esa reunión instruir a la gerencia contratante a presentar un Plan de Adquisición y Administración de los Equipos necesarios para los servicios de Apoyo Logísticos Naval de los equipos (plataformas y buques) de Perforación Costa Afuera.

Este documento representa la culminación del proceso de contratación realizado, y es esa Junta Directiva la que posee el Nivel de Autoridad Administrativa  y Financiera (NAAF), para aprobar ese tipo de contratación por el monto involucrado en el mismo.

En la resolución de la Junta Directiva de PDVSA, se muestra como la JD toma la decisión de aprobar la contratación del buque en los términos que allí se establecen y ante los cuales no existe ningún récord de que los directivos allí presentes y mencionados al inicio de esta nota, hayan emitido ninguna opinión negativa sobre los términos de la contratación.

De acuerdo a las regulaciones de PDVSA, los miembros de la Junta directiva de la petrolera son responsables de las decisiones que se tomen durante su período como accionistas.

El Petrosaudi Saturn

Esta embarcación contratada —el Petrosaudi Songa Saturn— es (supuestamente) un buque taladro de última generación que permite dar inicio a la tarea de taladrar a una profundidad de hasta 1.200 metros, pudiendo perforar hasta 1.000 metros a partir del fondo marino. Esta fue la explicación que, desde el estado Zulia, Rafael Ramírez—ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA para la época—dio acerca de las características y objetivo de contratación de la nave, al tiempo que anunciaba la llegada del equipo para el 28 de septiembre de 2010.

Ramírez agregó que la nueva plataforma procedía de Arabia Saudí y, para ese momento del anuncio, había zarpado hacía 10 días de Malta, donde había sido certificada.

Del mismo modo, el ministro y presidente de la estatal petrolera, precisó que la incorporación del barco taladro al desarrollo gasífero venezolano costa afuera, era una actividad que formaba parte de un acuerdo con Arabia Saudita para la conformación de una compañía mixta. En tal sentido, subrayó que “será la primera vez en la historia que se constituye una empresa de estas características entre Venezuela y otra nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”.


Resultó altamente significativo que estas contrataciones se produjeron luego del naufragio de la plataforma de perforación gasífera Aban Pearl, hecho que ocurrió a mediados de abril de 2010 y que justificó la negociación con Petrosaudi como se advierte en el documento de la JD de PDVSA.

La junta directiva de PDVSA Servicios, S.A.

De acuerdo con un documento protocolizado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado bolivariano de Miranda, por Rubén Darío Bolívar, se presentó un acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil PDVSA Servicios, S.A., filial de Petróleos de Venezuela, domiciliada en Caracas y constituida el 27 de diciembre de 2007. Dicha acta reposa en el N-29, Tomo 265-A segundo de los libros respectivo, Expediente N-689260.

La citada acta destaca la reunión celebrada el 23 de septiembre de 2010 donde se designa la junta directiva de PSVSA Servicios S.A., estuvo encabezada por Rafael Ramírez Carreño, quien señaló que en la reunión N-2010-05 de fecha 31 de agosto de 2010 se resolvió la constitución de la junta directiva, la cual estaría integrada por Eulogio Del Pino (presidente) y como directores: Ricardo Coronado, Orlando Chacín, Victor E. Aular y José Luis Parada. Como secretario actuó Rubén Darío Bolívar Carrasquel.
El 2 de febrero de 2009 se realizó una reunión de la Asamblea de Accionistas de PDVSA Servicios S.A., donde también actuó como presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño y como secretario de PDVSA Servicios, Rafael Rodríguez Sánchez. En esa reunión sólo se discutió un punto único, a saber, la sustitución de Jesús Figueroa como presidente de la Sociedad, así como de los directores Carlos Valles, José Flores y Manuel González, al tiempo de dar nombramiento a la nueva junta directiva.

La curiosa destitución de Parada

En los documentos referidos anteriormente resulta sumamente curioso el hecho de que en fecha 15 de marzo de 2010 se registró un acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Servicios S.A. que tuvo como propósito y así se desprende de que este asunto fuera el único punto a tratar por la reunión de asamblea, la sustitución de José Luis Parada, quien hasta ese momento había ocupado la presidencia de PDVSA Servicios, S.A. y designar en su lugar a Romer Antonio Valdez Prieto, C.I. V-7.960.269.
Tal decisión fue adoptada por unanimidad de la asamblea de conformidad a lo acordado por el Comité de Recursos Humanos de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, en la reunión N° 2010-05 del 15 de marzo de 2010, es decir, en la misma fecha de la reunión de asamblea de la filial petrolera.

El resto de la directiva de PDVSA Servicios quedó conformada de la misma manera como lo venía estando hasta esa fecha, a saber, por Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero y Elías Roa en carácter de directores.
En esa reunión —como en resto a las que hemos hecho referencia en esta nota— actuó como secretario accidental Rafael Rodríguez Sánchez y se aclara que estuvo presente el 100 por ciento de los accionistas representados por Rafael Ramírez, titular de la C.I. V-5.479.706, presidente de PDVSA, única accionista de PDVSA Servicios, S.A. Tal representación de Ramírez del resto miembros de la directiva de la filial, la hace de acuerdo a lo establecido en la cláusula trigésima sexta de los estatutos que reza que “El presidente de Petróleos de Venezuela, S.A., cualquiera de las vicepresidentes o cualquier otro miembro de la junta directiva de dicha empresa que este designe, ejercerá la representación de las acciones que posee Petróleos de Venezuela, S.A. en la asamblea y la presidirá”.

Se autorizó a Guillermo Ríos para que hiciera los trámites pertinentes de la inscripción y protocolización del acta en el registro correspondiente.

Ahora bien, el día 3 de agosto de 2010, a escasos días de que se aprobara el contrato con la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. Para arrendar por siete años el "Petrosaudi Saturn", el recientemente nombrado presidente de PDVSA Servicios, Romer Valdez en nombre y representación de la filial y actuando de conformidad con lo acordado por el Comité Ejecutivo de PDVSA en su reunión N° 2010-03 de fecha 30 de junio de 2010, confirió un Poder Especial a José Luis Parada en su carácter de Director Ejcutivo de Producción de PDVSA Exploración y Producción para que ejecutara y realizara “todas las actividades y medidas necesarias y tendentes a incrementar la producción nacional de hidrocarburos”. Entre estas actuaciones estuvo la contratación del “buque fantasma”.
Con esta acción, José Luis Parada quedó facultado plenamente “para suscribir y administrar contratos para servicios de construcción y mantenimiento de pozos petroleros, con operaciones de taladros, cabilleros, unidades de servicios; promover y realizar actividades de rehabilitación de pozos, actividades menores de unidades de tubería continua, estimulación, cambio de métodos, captura de datos en subsuelo, perforación direccional, registros eléctricos, suministro de fluidos, apoyo logístico, guaya fina, alquiler, pesca, cañoneo, control de sólidos, productos químicos y servicios de cementación, además de mantenimiento y reparación de equipos propios, tecnologías emergentes; Aprobar las estrategias de contratación y administración de los contratos de todas las actividades inherentes a la construcción y mantenimiento de pozos (servicios a pozos, taladros, cabilleros, unidades de servicio) en el marco de la renegociación o negociación de tarifas; Aprobar la compra de partes, piezas, repuestos y todos los productos necesarios para la continuidad de las operaciones en la construcción y mantenimiento de pozos; y en fin, realizar y ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo planteado dentro del marco corporativo establecido, considerando que las facultades aquí conferidas son enunciativas y no limitativas”.

Además, este poder se otorgó a Parada, aun cuando la cláusula vigésima de los estatutos de PDVSA Servicios le confiere a su junta directiva la facultad de celebrar contratos.

Parada volvió a la junta directiva de PDVSA Servicios de la que había sido destituido en marzo de 2010 en fecha 23 de septiembre de 2010, cuando la asamblea de accionistas de la filial lo designó como director.

Lo que dice la norma

El Manual de contratación de PDVSA y sus filiales establece entre sus políticas generales que los procesos de contratación para la ejecución de obras, prestación de servicios comerciales y/o profesionales y adquisición de bienes muebles, deben garantizar integralmente las condiciones más convenientes para Petróleos de Venezuela, S.A., y sus Filiales.

Para ello, toda negociación debe cumplir con los parámetros calidad, precio, tiempo de entrega que sean favorables para la empresa, lo cual a criterio de la fiscalía en manos de Tarek William Saab no se cumplió al haberse convertido el contrato de alquiler del Saturn en un convenio de condiciones leoninas para la nación.

El referido manual igualmente estipula que los procedimientos de contratación deben estar fundamentados en los principios establecidos en la Ley de Licitaciones, algo que tampoco se cumplió al haberse recurrido a la adjudicación directa.

Del mismo modo, el manual refiere que las contrataciones deben realizarse con personas naturales o jurídicas, con comprobada capacidad legal, técnica y financiera, establecidas en concordancia con las políticas del Estado, garantizando satisfacer las necesidades de PDVSA y sus filiales. Esto, de acuerdo a lo denunciado por la fiscalía fue obviado, pues como señaló Saab la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. carecía de experiencia comprobada en la materia.

Surgen algunas preguntas respecto a la contratación del Petrosaudi Saturn, como por ejemplo saber si PDVSA Servicios contaba con el aval y la facultad delegada por la junta directiva de Petróleos de Venezuela, S.A., como máxima autoridad de la filial, tal como lo indican las normas del Manual de Delegación de Autoridad Financiera Corporativa, los deberes y responsabilidades en el proceso de contratación para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, ejecución de obras y prestación de servicios comerciales o profesionales.

Por otra parte, el manual advierte que cuando el Nivel de Delegación de Autoridad Financiera requerido para la contratación, exceda el monto delegado al ente o filial contratante, la Gerencia Contratante podrá solicitar la recomendación previa de la Comisión de Licitaciones correspondiente, con la sola aprobación del Nivel de Delegación de Autoridad Administrativo para someter casos a la consideración de la respectiva Comisión.

Igualmente alerta el manual que solamente se podrá iniciarse un procedimiento de contratación cuando exista un proyecto de ejecución de la obra que contemple todas las especificaciones, cálculos, dibujos y planos que se hacen para determinar su alcance, lo que permitirá además estimar el costo de la obra a ejecutar, bien sea de arquitectura, ingeniería, infraestructura pública o social, e instalación industrial. De acuerdo a lo denunciado por la fiscalía, este paso debió ser obviado pues se hubiera advertido que el monto del contrato resultaba exagerado y no se compadecía con la naturaleza del trabajo a realizar.

Todo indica que para la contratación con Petrosaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. para alquiler del Saturn la junta directiva de PDVSA Servicios no poseía el Nivel de Delegación de Autoridad Financiera (NDAF) requerido para llevar a cabo tal negociación. Sin embargo, la fiscalía a cargo de Tarek William Saab obvia la responsabilidad que la directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. tuvo al momento de permitir que la operación se llevara a cabo y se afectara el patrimonio nacional en los términos en que se hizo.

La pregunta final es: ¿a quién intenta proteger el fiscal Saab?