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martes, 3 de mayo de 2022

La deuda amarrada al petróleo con China se contrajo en condiciones perjudiciales a Ecuador y con altos intereses

   El gobierno chino puso como condición 'mantener en secreto las condiciones de los préstamos' otorgados durante la administración de Rafael Correa, los cuales terminaron en sobrepago con la producción petrolera de Petroecuador.

Por Maibort Petit

  Una exigencia de la República Popular China al gobierno del expresidente, Rafael Correa, impidió que se conocieran las condiciones perjudiciales para Ecuador de los prestados atados al petróleo, así como los altos intereses de la misma, reveló el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”.

   La investigación parlamentaria saca a un informe de la Contraloría General del Estado fechado en abril de 2018 e identificado con el serial NA3-007-2018, donde se estableció que “Se declaró secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento, sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y extendiendo indebidamente tal declaratoria hasta el pago total de los créditos”.

  Así lo había impuesto el gobierno chino a Rafael Correa, quien procedió a declarar las operaciones como reservadas de manera de evitar el escrutinio público de toda la contratación, para lo que emitió tres resoluciones ministeriales de 2010, a saber, MF-DM-RD-2010-001, MF- DM-RD-2010-002 y MF-DM-RD-2010-003, las cuales pusieron cerrojo sobre las negociaciones   pusieron candados sobre las negociaciones impidiendo que, por varios años, la nación ecuatoriana se enterara de los manejos del endeudamiento.

  El informe parlamentario refiere que fueron algunas publicaciones periodísticas, así como el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas y Petroecuador levantaran en ciertos casos la confidencialidad, lo que permitió que inicialmente que Ecuador se enterara de que se habían recibido esos préstamos con altos intereses, así como del castigo que se infligió al petróleo ecuatoriano por la forma en cómo se fijó su precio en los contratos comerciales. Dichas condiciones significaron que la nación ecuatoriana terminara comprometiendo mucho más crudo que el requerido para saldar la deuda.

Petroecuador más allá de sus competencias

  El informe de la comisión de fiscalización y control político hace referencia a la auditoría de la Contraloría General la cual estableció que Petroecuador se extralimitó en sus competencias.

  Refiere dicha auditoría que “‘a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y demás entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017’, la Contraloría General del Estado concluyó que Petroecuador E.P. gestionó, sin ser de su competencia, líneas de crédito mediante un convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito con el Ministerio de Finanzas, destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal, cuando debieron destinarse únicamente a proyectos de inversión. 

  El referido aspecto se contrapuso a lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que prohíbe el endeudamiento para gasto permanente y establece que las entidades del sector público, que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar programas de inversión e infraestructura”.

   El órgano contralor ecuatoriano estableció, tal como lo cita el informe parlamentario, que hubo un manejo “discrecional” de las operaciones de endeudamiento en razón de que “el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) derogó normas que preveían en forma clara, la composición de endeudamiento”, así como también otras leyes y reglamentos que “permitieron aplicación discrecional de conceptos sobre endeudamiento y su utilización”. Específicamente, se cita a modo de ejemplo de esta situación, el no considerar como deuda las operaciones de venta anticipada de petróleo, pese a haberse reconocido el pago de intereses y devengado no sólo con crudo sino también con dinero en efectivo, a saber, USD 35.000.000.

Correa sobrepasó el límite de endeudamiento

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político del Poder Legislativo de Ecuador se remite a otro reporte de la Contraloría que concluyó que el gobierno de Rafael Correa, en octubre de 2017, superó el límite legal de endeudamiento, establecido en el COPLAFIP en 40 por ciento.

   Refirió la Contraloría que, hasta el 30 de junio de 2017, la deuda pública de Ecuador alcanzó USD 48’647.334.819,98, es decir el 48,41 por ciento del PIB de 2017, de acuerdo a lo que refiere el Estado de Situación Financiera del Presupuesto General del Estado de ese año.

  Indican los parlamentarios que la Contraloría advirtió que no se llevó a cabo el seguimiento de los convenios de crédito y de los proyectos ejecutados, como tampoco se emitió normativa técnica para la ejecución de operaciones de endeudamiento, administración de deuda y operaciones conexas. Además, se alerta de que el Decreto Ejecutivo 1218, estableció una metodología para cálculo de relación Deuda/PIB, lo cual no está previsto en la ley, pero permitió seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación del Poder Legislativo Nacional, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Los acuerdos con China

   El informe indica que el 20 de noviembre de 2007 comenzó, con la firma del “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Económica” en Pekín, la nueva política de comercialización de hidrocarburos del gobierno de la “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa. Tal política propuso la cooperación recíproca “en base del principio de beneficio mutuo”, al igual que el desarrollo de proyectos y acciones específicas en los ámbitos económico, comercial, industrial, científico, minero, energético, petrolero, turismo, entre otros.

 Además, China y Ecuador suscribieron otros 13 acuerdos de cooperación económica, medio ambiente, minas y energía, cultura, ferrocarriles, medidas sanitarias y fitosanitarias en agricultura y pesca, entre otros.

  En la misma fecha se firmó el “Acuerdo de Cooperación en el Sector Hidrocarburífero” de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y la Corporación Nacional de Petróleo y Gas Natural de China y la Corporación Química de China, el cual perseguía desarrollar proyectos en la exploración, explotación y producción de petróleo, gas natural y yacimientos petrolíferos.

  Una nota de El Universo fechada el 19 de julio del 2017 informó que Petroecuador había vendido a Petrochina, a la empresa sueca Taurus Petroleum y a la británica Arcadia Petroleum cuatro embarques de 360.000 barriles de crudo cada uno[1]. Se iniciaban las relaciones comerciales entre Petroecuador y Petrochina International Company Limited.

Siguen los intermediarios

  Aun cuando una de las razones de Rafael Correa para instrumentar la alianzas fue la necesidad de terminar con los intermediarios, el informe parlamentario destaca que la información deja ver que en la operación de agosto de 2007 quedó en evidencia la presencia de Taurus Petroleum como comercializadora del crudo ecuatoriano, un hecho que no era la primera vez que ocurría, pues ya la intermediaria suiza se adjudicaba los cargamentos de petróleo junto a Petrochina.

 Asimismo, en 2006, junto a Mitsubishi Internacional y Mitsubishi Corporation, Taurus se adjudicó la venta 17,28 millones de barriles de crudo provenientes del bloque 15.

  Refiere el reporte Taurus Petroleum se convirtió posteriormente en la intermediaria del crudo que Petrochina se adjudicó en 2009, bajo los convenios de Alianzas Estratégicas, suscritos con el Estado ecuatoriano. Se subraya el hecho de que la misma Taurus reconociera que entre ellas existía una relación comercial. Así lo comprueba una carta de referencia comercial fechada en julio de 2006, suscrita por Ben Pollner, dueño de Taurus Petroleum, dirigida a Petroecuador, Pollner en la que señaló: “Petrochina International Company Limited es una de las empresas autorizadas a realizar actividades comerciales internacionales de petróleo crudo y productos refinados para el Grupo Petrochina. Petrochina opera en los mercados internacionales de comercio de petróleo desde 1995 y goza de una buena reputación entre sus contrapartes comerciales. En nuestros tratos con Petrochina hemos descubierto que se comportan de manera competente y profesional”.

  Entretanto, Petrochina siguió haciendo negocios con Petroecuador lo que se comprueba con la firma en 2008 del contrato número 2008-358 para la compraventa de Crudo Oriente a largo plazo. El 3 de octubre de 2008, Petrochina presentó formalmente la petición dirigida al gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en la que expresó su “disposición de expandir sus vínculos comerciales y firmar una Alianza Estratégica”. El convenio fue aprobado por el Consejo de Administración de Petroecuador a través de la resolución Nº 354-CAD-2008-11-1720.

Se encienden las alarmas

  En el año 2008, Carlos Pareja Yannuzzelli, representante del presidente Rafael Correa ante el directorio de Petroecuador, le advirtió a este en una comunicación que en el concurso en el que la petrolera sacó a la venta, mediante licitación, 12 lotes de 12.000 barriles diarios de crudo Oriente a entregarse durante el año, hubo varios hechos que perjudicaron los intereses del Ecuador.

    Pareja Yannuzzelli alertó que esa venta, un negocio de más de USD 5.000 millones, no cumplió con las bases establecidas en el concurso en razón de que, entre otras cosas, el destino del crudo, una vez en manos de las adjudicatarias, no iba al destino final determinado en los pliegos de la negociación. 

    En ese sentido, Pareja le dijo a Rafael Correa que Petroecuador había adjudicado a cinco empresas diferentes los lotes de crudo a diferente precio, lo que significó una pérdida de USD 300.000 diarios o USD 9 millones, “por cuanto se adjudicó el mismo momento, el mismo volumen del mismo producto bajo la misma modalidad a diferente precio sin pedir igualación del diferencial ofertado por las compañías perdedoras al diferencial ganador”. 

   Explicó en la misiva que la compañía “Valero ganó cargamentos con un diferencial de USD 13,21 por barril, mientras que el resto de las competidoras se adjudicaron el crudo con diferenciales más altos: Conoco con un diferencial ofertado de USD 14,94, Repsol con USD 15,62, Petrochina con USD 16,28 y Glencore con USD 16,37”. 

 Esto significa que la pérdida estimada por Pareja Yannuzzelli era de más de USD 18 millones solamente entre los meses de julio y agosto, por “no igualar los diferenciales” con el diferencial de Valero.

    Explicó que Glencore  fue adjudicada con un diferencial mayor, a saber de USD 3,16, subrayando Pareja que no quedó claro en su oferta el destino final del crudo, dado que la comercializadora detalló refinerías de las que no se tenía claro si eran de su propiedad, “es decir, no se sabe finalmente qué va a hacer con nuestro crudo, convirtiéndola en un intermediario, incumpliendo las bases que señalaban que se debía indicar expresamente el destino final del crudo Oriente, como consumidor final”.

  De igual forma se refirió el asesor presidencial sobre Petrochina a la cual se le adjudicaron los cargamentos con una diferencia de USD 3,07. La empresa china había informado que el crudo iría a “otros destinos solicitados por Petrochina International Group y aprobados por Petroecuador (...) en ninguna parte de las bases consta un destino de común acuerdo”.

  Carlos Pareja Yannuzzelli concluyó dejó sentado que la mayoría de los barriles “serán comercializados en el mercado a pesar de su restricción de destino que limitaba las cargas hacia una refinería o terminal específico”, por lo que recomendó a Rafael Correa que las compañías adjudicadas “certifiquen las entregas al destino final señalado en la oferta y de no ser así, cobrar las garantías, borrarlas del registro de contratistas por incumplimiento”.

  La advertencia de Carlos Pareja Yannuzzelli se formuló vía escrita el 19 de agosto de 2008, sin que ninguna de sus advertencias fuera tomada en cuenta. Al contrario, las relaciones comerciales con China se afianzaron.

 Asimismo, los conocimientos de embarque e información de Petroperú indican que el crudo de Ecuador entregado a Petrochina llegó a la refinería de la estatal peruana a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum.

  El informe parlamentario refiere también que el 27 de enero de 2009, el presidente ejecutivo de Petroecuador E.P., Luis Jaramillo, suscribió con el representante legal de Petrochina, Zhang Tao, el Convenio de Alianza Estratégica 2009016 22 que tenía por objeto “desarrollar actividades económicas de mutuo interés en áreas de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, servicios petroleros, gestión ambiental, fortalecimiento institucional y capacitación”.

   Este acuerdo, que tenía una vigencia de cinco años, estableció en la cláusula décima segunda que los “convenios específicos que se deriven del presente Convenio Macro, se regirán por la normativa interna vigente en el país y en el Sistema Petroecuador”, es decir, por la legislación de Petroecuador. Las negociaciones futuras se harían de Estado a Estado, sin la participación de intermediarios.

[1] El Universo. “Ecuador vende 1,4 millones de barriles de crudo”. 19 de julio de 2007. https://www.eluniverso.com/2007/07/19/0001/9/66CF7B915E3743E68A77C6E34CF4DC78.html


domingo, 19 de septiembre de 2021

Para el pintor venezolano, Felipe Santiago Guevara Camacho, no es posible vivir sin libertad

Por Maibort Petit

  ¿Se puede imaginar en arte sin libertad? ¿Puede haber creación artística cuando el creador es sometido a la esclavitud del silencio por decisión política?. Creemos que el arte es libertad y por ende, no hay escenario posible para producir arte en un encierro mental impuesto por el hombre.
Historia de los artistas de la diáspora [ En Bogotá, Colombia]

   Era un domingo cualquiera de aquel viaje de trabajo a Bogotá. Estaba agotada de la larga agenda, del trajín del día a día. De pronto, decidí escabullirme entre los espacios que ofrece la ciudad para reencontrarse como individuo en una sociedad que se parece mucho a la nuestra. Me fui al centro a pesar de las recomendaciones de los anfitriones que me advirtieron sobre la inseguridad de la zona. Llegué en su taxi...me puse a pasear y a disfrutar de las costumbres y del alegría de la gente que le da vida a la plaza Bolívar. Muchos bogotanos se sumergen en las tertulias callejeras, los olores y las ventas de los buhoneros, los bailes y la música pegajosa y dicharachera característica de la costa. Desde la plazoleta puede apreciarse la magnificencia de la arquitectura colonial con un fondo adornado por las verdes montañas que le sirven de velo de sultana a la capital colombiana. En la esquina, al lado del edificio del parlamento, está apostada, como amenazante, una estatua de Camilo Torres en el centro de la entrada del Colegio de San Bartolomé. Según la descripción fue erigida en 1960. Jorge Camilo Torres Restrepo fue un sacerdote católico colombiano, pionero de la Teología de la Liberación y miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Me paré a reflexionar sobre los jesuitas y el papel que jugaron en el proceso que hoy en día destruye a mi amada Venezuela. Decidí seguir caminando, y a paso lento me fui adentrando a las callejuelas que bajaban desafiando la gravedad. Allí, en plena algarabía, me encontré con varios artistas venezolanos que huyeron de los horrores del socialismo del siglo XXI, decidieron adornar las calles bogotanas con su arte, su música y sus voces. Y me pregunté ¿Por qué no dar a conocer sus historias?. Se los planteé y ellos aceptaron.
  Una de las conversaciones la tuve con Felipe Santiago Guevara Camacho, un pintor sublime que crea con sus pinceles [libres del peso de una dictadura de Maduro], obras que presentan una realidad temporal, y que como Platón, posiciona la libertad como un arte en una dimensión moral, política y estética.
MP: ¿Cómo te sientes en Bogotá? ¿ Por qué tuviste que huir de Venezuela y venir aquí a trabajar en una calle de Bogotá?.

FSGC: "Yo diría que hay varios los motivos, pero el trasfondo creo que todos lo sabemos. Antes de [la revolución socialista] en Venezuela se podía vivir del oficio. Antes de llegar esto, que ellos llaman revolución ...pero yo no se como llamarlo...se podía vivir del oficio y no se vivía mal... pero ahora anda a ver quién puede vivir del arte, de la pintura en Venezuela. ...No se si hay alguien que lo logre....yo no podía. Entonces tiene que procurar cambios, evolucionar y salir. Si el país no te lo permite, te vas al país vecino e inmediatamente cambia todo el panorama".

MP: ¿Qué le dirías a la gente que está pensando que el socialismo del siglo XXI, el socialismo per se es el sistema más noble y bondadoso que hay en el planeta?

FSGC: "Mira no te voy a decir que el Socialismo del siglo XXI es...( pensando..) ...ya demostraron lo que son. Pero sencillamente la crisis de Venezuela no es sólo por el socialismo del siglo XXI. Esa crisis ya venía y ellos son como la flor de lo que ya se venía cocinando desde hace muchos años con la corrupción.. que (...) todavía en la actualidad, yo no veo que exista oposición en Venezuela, lo siento. En Venezuela no hay oposición".

MP: A tu juicio qué era lo que más valor tenía en Venezuela y se perdió

FSGC: "La libertad...sencillamente. Se perdió la libertad hasta para lo más elemental...hasta para alimentarse".

MP : ¿ Se puede vivir sin libertad?

FSGC:  "Bueno. Para mi es imposible pero ...no es por nada pero tengo amigos que están allá en Venezuela ....y son amigos, yo los aprecio...pero ellos siguen siendo "Patria socialismo o muerte" y ese poco de slogans y cosas raras....y están así flaquitos....y dicen ....no volverán....y ese tipo de vainas...yo no s´ ...no entiendo eso..."

MP : Pero...para ti queda claro que el socialismo es un fracaso..

FSGC: "Claro...claro...yo no sé para quién...bueno para ellos es un triunfo...para los que están arriba solamente..."

MP : ¿Una minoría muy pequeña?

FSGC:  "Por supuesto...por supuesto..."

MP_  El norteamericano hoy en día está evaluando el socialismo....

FSGC:  ¿Y lo ven como opción? jajajaj

MP: ¿Qué les dirías tú?

FSGC:  "Yo lo que creo es que se están volviendo ingenuos ..."

MP: ¿Cuándo hiciste esta obra te inspiraste en la justicia venezolana? o en qué..

FSGC: (Risas) "No. Noo...ésta se supone es la justicia colombiana ...pero no es por nada ....porque Colombia me ha tratado muy bien...súper bien..pero muchos colombianos ven el cuatro y me preguntan cuál justicia".

MP: Tal vez no conozcan lo que pasó en Venezuela todavía...

FSGC: "Claro en Venezuela éramos felices y no lo sabíamos.,"

MP:  Así es...quieres mandarle un mensaje a los venezolanos de la diáspora que anda regada por todo el mundo.

FSGC:  "Bueno pues...tal vez no es mucho lo que pueda aportar pero es una lucha... O sea estar lejos de tu casa, fuera de tu casa...estar en una casa ajena te exige. y bueno, hay que dar la talla.

MP:  Muchas gracias....
   Estas son las obras, hay de muchos artistas que tuvieron que salir huyendo de Venezuela cuando fueron amenazados de expropiarles su libertad.













martes, 22 de junio de 2021

El Estado Comunal en Venezuela: Una realidad que se consolida día a día pese a las voces que se levantan en su contra (II)

   En resumen, la instauración de este modelo sólo estaría propiciando la creación de un estado paralelo, caracterizado por el control social y por el supuesto ejercicio de la soberanía a través de la imposición de lo que se ha dado en llamar “poder popular”.

Por Maibort Petit

   En el proceso de consolidación socialista mediante la estructuración del Estado Comunal, de nada o muy poco han servido los argumentos que diversas voces han levantado en su contra, caracterizados estos por serias y sesudas advertencias acerca de lo que tales circunstancias significarían para el país en los próximos años.

   Ya en 2010, el constitucionalista Allan Brewer Carías, alertó que tanto el poder popular como el estado comunal atentaban con el estado federal descentralizado que rige los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que establece el artículo 4 Constitucional.

   El conjunto de leyes aprobados de manera irregular desde entonces, tenían por objetivo la organización del estado comunal, el cual tiene la Comuna como su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al municipio como unidad política primaria de la organización nacional. En pocas palabras, a decir del especialista, el Estado Comunal pasa a sustituir al estado Constitucional.

  Dejó sentado Brewer Carías que el estado Comunal basado en el Poder Popular el cual constituye supuestamente la manera directa de ejercer la soberanía, cuando en realidad se hace a través de “voceros” que representan al pueblo, aun cuando no son electos universal, directa y secretamente.

   El constitucionalista precisó que esta regulación en paralelo de dos Estados y formas de soberanía, el Estado Constitucional regulado por la Constitución y, el otro, el Estado Comunal, o Estado Socialista, regulado mediante leyes orgánicas inconstitucionales, se ha impuesto de manera tal que el segundo irá “estrangulando” al primero, hasta destruirlo completamente[1].

Imposición de arriba hacia abajo

  También la revista Nueva Sociedad (NUSO), en su número 274 correspondiente a marzo-abril de 2018, en un trabajo denominado “Socialismo y comunas en Venezuela”, firmado por Margarita López Maya, con la intención de interpretar el rol que las comunas y consejos comunales jugaron en el proyecto político liderado por Hugo Chávez.

  En su análisis advierte que el Estado comunal, organizado en comunas, se planteó en el segundo gobierno de Chávez para sustituir la democracia representativa y participativa que establece la Constitución.

  Sostiene López Maya que la concepción socialista de los documentos y prácticas oficialistas que moldean consejos comunales y comunas, revelan una dinámica impuesta de arriba hacia abajo, algo que sólo redujo y partidizó el pluralismo comunitario propio de las organizaciones impulsadas en la primera administración de Chávez.

   Para la historiadora y miembro centro de estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), los consejos comunales y comunas podrían constituirse en espacios para el desarrollo de igualdad, corresponsabilidad, solidaridad y alternativas productivas de trabajo colectivo y propiciar la ciudadanía y el empoderamiento, pero enfrentan obstáculos insalvables obstáculos, pues o se desintegran, o se constituyen como meras correas de distribución de los bienes que otorga el gobierno a cambio de lealtades políticas.

   Subraya que la comuna es una innovación participativa que se crea para fortalecer lo que el gobierno llama el poder popular, un concepto cercano al socialismo cubano. Igualmente destaca que la expresión “poder popular” no existe en el texto de la Constitución de 1999, así como tampoco en las Líneas Generales del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

   “El concepto que usa el léxico constitucional es el de soberanía popular, que parece sinónimo, pero no lo es, porque se refiere en las democracias modernas al poder del pueblo, tanto constituyente como constituido. Todos los ciudadanos son depositarios de la soberanía popular y la ejercen principalmente mediante el sufragio. La soberanía popular implica representación como participación directa e incluye derechos civiles y políticos individuales”, sostiene López Maya.

  Refiere que el poder popular se define en los primeros documentos oficiales como un poder constituyente, distinto del constituido. “Se trata de un poder que se diferencia del poder del Estado y emerge en la sociedad en espacios colectivos asamblearios. Su sujeto político es colectivo, no individual”.

  El Poder Popular distinto de la soberanía popular de la Constitución, se planteó en el proyecto de reforma constitucional rechazado por los venezolanos en 2007. Lo planteado en el artículo 16 del proyecto de reforma era una nueva estructura del poder público, conformada por “comunidades”, que denominó “núcleos espaciales del Estado Socialista”, los cuales no nacen del sufragio, “sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”.

  Margarita López Maya refiere que ya en el gobierno de Nicolás Maduro, este “no entiende la participación como una herramienta que permita a la gente resolver sus problemas, desarrollar atributos de ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y crear una democracia más robusta. Sus políticas, más bien, utilizan las organizaciones para distribuir bienes o dinero como formas de control social, en procura de apoyos políticos. Eso sí, vienen acompañadas de una pomposa retórica revolucionaria sobre el poder popular”.

   Para Nicolás Maduro, asegura, las comunas y los consejos comunales solamente son “un instrumento de apoyo del poder concentrado en un liderazgo personal y autoritario, que impone a toda la sociedad un proyecto sin consulta y a contracorriente de la tradición democrática que, como fruto de una larga lucha, se había enraizado en el país”.

Estados y municipios convertidos en cascarones vacíos

   Para el politólogo y experto en desarrollo regional, Daniel Arias Alfonzo, no hay dudas de que el objetivo del proyecto de Ley de Ciudades Comunales, es concretar el proceso político, económico y social que, durante los últimos 21 años se ha venido instaurando. La aprobación de este instrumento legislativo es, para el especialista, el rematar de una buena vez la estructura político-administrativa que haga permanente los postulados filosóficos del PSUV.

   De acuerdo a Arias Alfonzo, cuya opinión la resume una nota de El Nacional, la propia exposición de motivos de la ley señala que “Las Ciudades Comunales están llamadas a ser epicentros de revolución cultural, de configuración de una nueva ética socialista más allá de los valores destructivos del  capitalismo; deben  ser  sustentables  y  ecosocialistas; deben  apostar por nuevas  relaciones sociales que logren territorializar la lucha antipatriarcal, avanzando en la  construcción  de  territorios libres de violencia y en formas organizativas cada vez más paritarias entre hombres y mujeres. La democracia participativa y protagónica garantiza cada vez más poder para el pueblo venezolano”.

  Considera que el éxito del proyecto depende esencialmente de las disposiciones establecidas en su reglamento, una materia que se desconoce totalmente a la fecha. La reglamentación del instrumento será la que aclare detalles y categorización como la naturaleza propia de cada ciudad comunal, de tal manera de hacerla manejables para los planificadores oficialistas. En tal sentido, apunta que la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba reconoce como ciudad a las poblaciones urbanas de más de 20 mil habitantes, mientras que las poblaciones de carácter urbano entre 2 mil y 20 mil habitantes son catalogados como pueblos.

   Por otra parte, Daniel Arias subraya que el proyecto de Ley de Ciudades Comunales no permite la participación activa de los empresarios locales, sin que antes medie su transformación a los mecanismos socioproductivos de carácter socialista planteados por el gobierno. Esto, a su modo ver, imposibilita la participación y protagonismo de los sectores económicos de la vida nacional.

  Refiere que, fuera del oficialismo, existe un desconocimiento casi absoluto acerca de las 4 mil comunas existentes en el país. Para ejemplificar esto alerta que cualquier encuestadora, sería muy difícil crear una estructura para 30 millones de habitantes, si el ciudadano común no percibe alguna práctica de las comunas en su vida cotidiana e, incluso, si se toma en cuenta que para los propios dirigentes regionales del oficialismo el número exacto de las comunas de su entidad es desconocido.

  Otra advertencia de Daniel Arias se dirige hecho de que, tal como ocurrió con las leyes de creación de los Consejos Comunales y Comunas, el PSUV está monopolizando esta actividad alrededor de sus militantes del PSUV, obviando a los ciudadanos de las distintas corrientes políticas. Esto sólo deriva en el rechazo de estos sectores hacia esta nueva institución, independientemente de su contenido e intención.

  Tajantemente, Arias Alfonzo asegura que la Ley de Ciudades Comunales se erige como el esfuerzo del PSUV de concretar de manera permanente sus planteamientos de los últimos 22 años, al darle figura a una estructura administrativa que sustituya el modelo político administrativo de los últimos 200 años de historia venezolana.

  Lo resume como el proyecto más acabado para establecer el modelo de la democracia participativa y protagónica en todas las instancias de la vida nacional bajo una fórmula de autogobierno comunal, de carácter parlamentario local.

   Daniel Arias estima que la factibilidad y concreción final de este proyecto depende de la colaboración total de alcaldes y gobernadores en la transferencia de competencias y recursos financieros, “pero mucho más de la existencia de una Hoja de Ruta nacional, que establezca una metodología de funcionamiento que se adapte a cada realidad local, por lo cual la redacción final del Reglamento de la Ley, será fundamental para su éxito o fracaso”.

  Finalmente, deja sentado que la transferencia de competencia de Estados y Municipios, puede significar, sencillamente, el transformar a estos últimos en “cascarones vacíos”, sin necesidad de tener que eliminarlos[2].  

Estado paralelo

  De acuerdo al abogado constitucionalista, Gustavo Manzo, en declaraciones que recoge Efecto Cocuyo[3], la creación de las Ciudades Comunales como unidades espaciales con autonomía relativa dentro de su ámbito territorial, replica las funciones de los poderes públicos en todos sus niveles, lo cual no es otra cosa que la creación de un estado paralelo.

  Dicho estado paralelo entra en contradicción a la letra de la Constitución, toda vez pues lo planteado ameritaría, no una reforma, sino un nuevo texto constitucional. “En la ley se habla de socialismo pero no podemos convertirnos en un estado socialista por imposición, es como si se decidiera por voluntad de un sector ser un estado musulmán. La ciudadanía debe poder tener derecho a no ser socialista”, alerta Manzo al tiempo que recuerda que el oficialismo aspira crear 200 ciudades comunales durante el primer semestre de este año.

  Refiere Manzo que la construcción del socialismo que se persigue mediante la aprobación d e esta ley, no es otra cosa que la violación del artículo 2 constitucional, el cual consagra el pluralismo político e impone un modelo que fue rechazado en referendo popular en 2007.

  Respecto a la transferencia de competencias que contempla el proyecto legislativo, Gustavo Manzo alerta que para ello sería necesario llevar a cabo un proceso constituyente, toda vez que la Carta Magna en sus artículos 16 y del 164 al 168, es clara respecto a la división política y territorial de la república, así como sobre las competencias y los ingresos de los estados y municipios. De manera contundente, reitera que otras figuras territoriales adicionales están al margen de la Constitución.

   Recuerda que el artículo 16 de la Constitución establece que el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales y que el territorio se organiza en municipios. “Tratan de imponer por la vía de una ley nueva forma del Estado y el artículo 347 dice que para reformar el Estado se requiere una Asamblea Nacional Constituyente”.

El situado constitucional en riesgo

   La nota también cita la opinión del constitucionalista Juan Manuel Raffalli, quien subraya que el desvió de los recursos de los estados y municipios a la ciudad comunal, sencillamente pone en peligro el Situado Constitucional de gobernaciones y alcaldías.

  Para el experto, los más afectados serán los gobiernos locales, por cuanto las ciudades comunales se erigirán como municipios paralelos.

  Del mismo modo, Raffalli recuerda que el artículo 136 de la Constitución estipula que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, Poder Estadal y el Poder Nacional, mientras que, a su vez, el Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, por lo que cualquier otra forma de división a la establecida en la Carta Magna, es contraria al texto fundamental.

Control social

  Para la organización Acceso a la Justicia, con el alegato de promover la. Democracia participativa, se pretende aprobar el Estado Comunal que, por ninguna parte de su texto, está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

  El gobierno de Nicolás Maduro se ha propuesto así implantar el estado comunal rechazado en referendo popular en 2007 cuando el finado Hugo Chávez, lo presentó dentro de su proyecto de reforma constitucional.

   Advierte la organización que la aparente promoción de la democracia participativa con sus supuestos propósitos de inclusión, en realidad constituye un modelo que aumentará el control social y el poder del Ejecutivo nacional sobre la ciudadanía.

  Estima Acceso a la Justicia que la normativa propuesta, así como la ya vigente, exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una sociedad socialista y al estar supeditados por los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral al denominado Poder Popular, los cuales deben “gobernar obedeciéndole”, pues en realidad la obediencia es debida al Ejecutivo nacional de quien los ciudadanos organizados en instancias comunales dependen.

  Y aunque están contemplados en la Constitución, los poderes territoriales, Municipal y Estadal, prácticamente desaparecen.

  Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende del “sistema nacional de justicia de paz”.

  Acceso a la Justicia subraya que Nicolás Maduro “ha realizado últimamente tres movimientos que demuestran sus intenciones de darles vida a estas cuestionadas figuras y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años”.

   Dichos movimientos son, en primer lugar, los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista; a los que se suma la resolución 0026 del 1 de febrero de 2021 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género, texto publicado en la Gaceta Oficial Nº 42.076 del 26 de febrero de 2021,  instrumento que da a los consejos comunales la potestad de recibir denuncias sobre violencia de género en contra de las mujeres.

   Alerta la organización que la ciudad comunal adopta una división político territorial distinta a la prevista en la Constitución que establece claramente los estados y municipios. Además, es absolutamente inconstitucional y contraría los valores democráticos porque refuerza el centralismo al vulnerar lo estipulado en el artículo 136 constitucional.

  Destaca la falsa premisa de participación y autonomía, puesto que solamente en teoría tienen capacidad de decisión, pues “en efecto, los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales”.

  Refiere que el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales suplanta el sistema republicano del Estado venezolano, al tiempo que se concibe como un pequeño Estado dentro del propio Estado. “Cada ciudad debe tener su carta fundacional, su Parlamento, su consejo de Gobierno (integrado por siete voceros), su autoridad electoral, su consejo de contraloría comunal (que sería auxiliar de la Contraloría General de la República), su consejo moral y su procuraduría (artículo 14)”.

  Por otra parte, el modelo de Estado comunal “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos cuando se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única.

   El Parlamento Comunal Nacional aunque no tiene potestad legislativa está facultado de manera exclusiva y excluyente para realizar las propuestas legales sobre el tema del Estado comunal en el país, tanto en el ámbito nacional, como en el estadal y municipal.

  Entretanto, las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, parece destinada a reforzar una institucionalidad para-constitucional

  Para Acceso a la Justicia, el gobierno de Maduro, luego de recuperar el control de la Asamblea Nacional emprendió una serie de acciones sistemáticas para acelerar el proceso de construcción del Estado comunal en el país. Todo esto con el único objetivo de reforzar el poder y control absoluto que actualmente tiene[4].

REFERENCIAS

[1] Allan Brewer Carías. “Sobre el Poder Popular y el Estado Comunal en Venezuela. (O de cómo se impone a los venezolanos un Estado Socialista, violando la Constitución, y en fraude a la voluntad popular)”. 31 de diciembre de 2010. https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/01/78.-Brewer-Car%C3%ADas.-Sobre-el-Estado-Comunal...opular-en-Venezuela-31-12-2010.doc.pdf


[2] El Nacional. “Ley de Ciudades Comunales: ¿qué pasará con las gobernaciones y alcaldías? | Análisis del politólogo Daniel Arias”. 27 de marzo de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/ley-de-ciudades-comunales-que-pasara-con-las-gobernaciones-y-alcaldias-analisis-del-politologo-daniel-arias/


 


[3] Efecto Cocuyo. “Ley de Ciudades Comunales crea un Estado paralelo, advierten constitucionalistas”. 19 de marzo de 2021. https://efectococuyo.com/politica/ley-de-ciudades-comunales-crea-un-estado-paralelo-advierten-constitucionalista/


[4] Acceso a la Justicia. “Venezuela, hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal”. 28 de abril de 2021. https://accesoalajusticia.org/venezuela-hacia-afianzamiento-poder-popular-y-estado-comunal/


 

lunes, 31 de agosto de 2020

Visiones del “mundo raro” chavista: Las “buenas noticias” de los socialistas

Por Maibort Petit

   Lo que diversos informes y expertos han advertido con respecto a la arremetida que la izquierda en Latinoamérica viene implementando y planea incrementar próximamente, lo confirma un artículo aparecido en el Boletín número 17, “Economía política y revolución”, correspondiente al mes de agosto del presente año 2020 que edita la Vicepresidencia de economía productiva del PSUV, el cual se titula “Buenas noticias”, referidas estas a los avances que, en la visión del autor, Sergio Rodríguez Gelfenstein, ha experimentado el socialismo en diversos países del continente.



 Rodríguez Gelfenstein es consultor y analista internacional, Licenciado en Estudios Internacionales y Magister en Relaciones Internacionales egresado de la Universidad Central de Venezuela. También es doctor en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes.

  Refiere que, tanto en Venezuela como en el resto de América Latina, desde 2014, “se desató una furia conservadora, neoliberal y reaccionaria que obligó a la resistencia en las trincheras conquistadas, para defendernos, esperar una mejor situación y volver a la ofensiva”.

  Advierte que en las artes militares tiene tanta importancia la defensa como la ofensiva, siendo que esta última “es solo otra forma que toman las acciones combativas”. Y remata: “En el arte de la política no es diferente”.

 Para Rodríguez Gelfenstein, “furia conservadora, neoliberal y reaccionaria” no es más que el despertar democrático que experimentaron varios países latinoamericanos donde la izquierda había causado estragos y en los que el hartazgo de la población execró los regímenes totalitarios socialistas que se habían instaurado. 

  Entonces retoma el dicho de que “soldado vivo sirve para la próxima batalla” para alertar que dicha situación debe entenderse como un periodo de reacomodo en el deben resolverse las “contingencias” derivadas de la “permanente y cada vez más asfixiante agresión imperial, en especial contra Venezuela y Cuba. Los cubanos ya tienen una experiencia de 60 años, nosotros en Venezuela estamos aprendiendo”.

 Coincidiendo con las advertencias de expertos y centros de estudios, Sergio Rodríguez Gelfenstein indica que este año 2020, en particular los días recientes, “hemos comenzado a tener buenas noticias que soplan como aire fresco en medio del agobiante calor de la presión imperialista”.

 Subraya que estos hechos no deben verse como sucesos aislados —ciertamente no lo son y obedecen a una planificada estrategia, como lo señalan los analistas democráticos— sino como una tendencia de rumbo distinto que está señalando un nuevo rumbo en el desarrollo de luchas populares de la región.

 Como “buenas noticias” —inimaginables en los regímenes socialistas donde no hay independencia de los poderes públicos y la institucionalidad es inexistente— cita el autor en primer lugar la elección de Mohammed Irfaan Alí del Partido Progresista del Pueblo (PPP) como nuevo presidente de Guyana, “derrotando a la impronta neoliberal y a la ciega subordinación imperial de su antecesor”[1].

 Luego se refiere al retiro por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil de la denuncia de la acción judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 Como tercera “buena noticia”, Rodríguez Gelfenstein estimó el rechazo de Interpol de difundir una alerta roja contra el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, como lo había solicitaba el gobierno de la nación suramericana[2].

 También en Ecuador tiene lugar la otra buena noticia de Rodríguez, referida ella a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador de dejar sin efecto las medidas cautelares de suspensión que regían sobre el movimiento Fuerza Compromiso Social, confederación de partidos que respaldan a Correa[3].


El acuerdo para restructurar la deuda argentina entre el gobierno de Alberto Fernández y los bonistas de Wall Street[4].

  El autor menciona como “buena noticia” un supuesto aumento de la aprobación popular del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México durante el mes de julio “a pesar de la virulenta campaña en su contra de la derecha neoliberal y el gran empresariado nacional”. Una interpretación muy particular de la encuesta que mensualmente presenta “El Economista” de México, toda vez que el propio portal interpreta los números como un estancamiento del mandatario[5].

  La detención de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal es tenida como otra de las “buenas noticias” para los socialistas.

  Por último, Sergio Rodríguez Gelfenstein se remite a lo que denomina la “rebelión del pueblo mapuche contra la agresión del gobierno chileno”. Cataloga al nuevo ministro del interior, Víctor Pérez, de “nazi “después de haber perdido la votación en el Congreso para aprobar la reforma constitucional que permite el retiro de 10% de los fondos depositados por los trabajadores en el sistema de pensiones privado”. Para nada menciona el autor la manipulación del conflicto mapuche han hecho guerrillas ligadas a la extrema izquierda y el narcotráfico. Vemos aquí, tal como lo apuntara Alexis López en entrega reciente de este portal, en la que explicaba cómo opera el Modelo de la Revolución Molecular Disipada, que se aprovecha de las justas demandas populares para crear caos y sacar dividendos políticos de los mismos[6].

CITAS

[1] BBC Mundo. “Irfaan Ali, presidente de Guyana: quién es el hombre encargado de dirigir el país sudamericano que tendrá el mayor crecimiento económico del mundo”. 3 de agosto de 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53633721

[2] La Hora. “Interpol niega pedido de difusión roja para Rafael Correa”. 1 de agosto de 2020. https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102324161/interpol-niega-pedido-de-difusion-roja-para-rafael-correa

[3] El Comercio. “Juez electoral dejó sin efecto la suspensión del movimiento que acoge al correismo”. 2 de agosto de 2020. https://www.elcomercio.com/actualidad/juez-tce-suspension-movimiento-correa.html  

[4] France 24. “Argentina: Fernández celebra el acuerdo con sus acreedores para reestructurar la deuda”. 4 de agosto de 2020. https://www.france24.com/es/20200804-argentina-acuerdo-deuda-acreedores-alberto-fernandez-economia

[5] El Economista. “En pandemia, aprobación presidencial se estanca”. 2 de agosto de 2020. https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-pandemia-aprobacion-presidencial-se-estanca-20200802-0069.html

[6] Venezuela Política. “La Revolución Molecular Disipada apunta al fin del modelo republicano”. 20 de agosto de 2020. https://www.venezuelapolitica.info/la-revolucion-molecular-disipada-apunta-al-fin-del-modelo-republicano/


 



 

lunes, 29 de junio de 2020

Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Este jueves se conoció que los fiscales federales de Nueva York solicitaron a un juez que cambiara la fecha de la audiencia de presentación del general venezolano, Clíver Alcalá Cordones, acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de narcotráfico y terrorismo.



   En una misiva, la fiscalía pidió al juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein se reprogramara la conferencia prevista para este viernes 26 de junio a las 11:00 AM, debido a que el gobierno ha tenido unos problemas y no será posible hacer la teleconferencia. 



El sistema de cortes federales de Nueva York realizan las audiencias por videoconferencia desde finales del mes de marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus.



El general (r) Alcalá Cordones es uno de los militares  venezolanos que Estado Unidos incluyó en el cartel de recompensas por terrorismo del régimen de Nicolás Maduro. Se le acusa de ser parte del parte del cártel de los Soles, una organización criminal dedicada al narcotráfico que está conformada por altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas y las principales cabecillas del régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo a fuentes oficiales colombianas, Alcalá Cordones vivió, por al menos dos años, en Barranquilla.  



El 26 de marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos anunció una acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios, y ofreció una recompensa de $10 millones por la captura y entrega de Alcalá Cordones. 



El militar chavista declaró al enterarse que EE. UU. había ofrecido una recompensa por su cabeza, que estaba sorprendido porque estaba trabajando para lograr la democracia en Venezuela, supuestamente planeando un golpe de estado contra el régimen de Maduro, con armamento que había sido incautado por la Policía en la vía Barranquilla-Santa Marta.



Según los reportes de la prensa local, el arsenal incautado constaba de 26 fusiles de asalto sin marca ni serie, calibre 556, de fabricación americana, AR-15, junto a otros elementos de guerra.

El general (r) Clíver Alcalá formó parte del grupo de militares que participó junto a Hugo Chávez en un intento de golpe de estado el 4 de febrero de 1992. 



Supuestamente había roto relaciones con Nicolás Maduro, y declaró públicamente su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por los Estados Unidos y más de 50 países. 



El 27 de marzo  Alcalá Cordones se entregó a las autoridades estadounidenses en Colombia, fue trasladado a Nueva York para enfrentar la justicia. 



El 31 de marzo se declaró “no culpable” ante un juez de New York, en una teleconferencia debido a las reglas estrictas de la cuarentena tomadas por el gobierno de Nueva York para evitar el contagio del Covid-19.




Alcalá Cordones estuvo representado en la primera audiencia por Adam Kaufman y Anthony Capozzolo. La audiencia preliminar fue atendida por el juez accidental,  Paul E. Davison, quien fijó la próxima fecha del caso para el 26 de junio. 



  El caso  de Cliver Alcalá fue designado al juez Hellerstein  a quien los fiscales pidieron el cambio de fecha, y sugirieron que la teleconferencia fuera fijada para el 1 de julio. 



  Los fiscales también solicitaron que debido a la pandemia de COVID-19, la Corte extienda la exclusión del tiempo hasta el 1 de julio de 2020, en interés de la justicia de conformidad con 18 USC § 3161 (h) (7) (A). 



   El abogado defensor aceptó las solicitudes hechas por los fiscales federales de Nueva York,  Audrey Strauss, Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba.



lunes, 1 de junio de 2020

Foro de Sao Paulo se propone la toma del poder en América Latina a través de la desestabilización

  En un encuentro virtual de  líderes del FSP, se delineó la estrategia a seguir luego de que termine la cuarentena por el COVID-19.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Un informe independiente de inteligencia sobre el futuro de Colombia reveló los lineamientos del plan estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder continental—con especial prevalencia del caso colombiano— el cual tendrá como mecanismo de implementación la desestabilización general de los países de la región, aprovechando el escenario de debilidad que los gobiernos de América Latina tendrán a raíz de la pandemia del Covid-19.
  Se indica en el informe que, recientemente, tuvo lugar una reunión del Foro de Sao Paulo de carácter virtual —obligados por la pandemia del coronavirus—, en la que representantes de las FARC tuvieron una especial participación dado el énfasis que se dio a Colombia como una de las naciones en la izquierda debe actuar con rapidez para conquistar el poder.

   El encuentro se coordinó desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil, por elementos de la línea dura del FSP y participaron además del grupo terrorista colombiano y otros personeros de la izquierda. 

  La aparición de la pandemia del Covid-19 frenó el plan del Foro de Sao Paulo de toma y retoma del poder en América Latina. Sin embargo, serán las consecuencias de la pandemia las que el FSP aprovechará para ejecutar acciones dirigidas a conseguir el referido objetivo.

  Y es que, luego de que pase la cuarentena por la pandemia, la hambruna generada por esta, así como la difícil situación económica que atravesarán los países de la región a consecuencia de haber tenido que redirigir sus recursos a mitigar los efectos de la enfermedad, será utilizada por la izquierda internacional para acometer acciones encaminadas a lograr hacerse del poder en la región.

La desestabilización como estrategia

  La implementación del plan ideado por los líderes del Foro de Sao Paulo se sustenta en la desestabilización por lo que, la estrategia es crear un clima de protestas, exigencias populares y de manifestaciones callejeras en toda América Latina.

  En pocas palabras, el objetivo de la estrategia desestabilización es hacer que la gente salga con hambre a exigir una serie de reivindicaciones a los gobiernos no afines a la izquierda, los cuales, debilitados en razón de que la mayoría de los recursos habrían sido utilizados en la pandemia (subsidios, bonos, compra de insumos médicos y medicinas, etc.), no estarán en capacidad de otorgar. Esto dará a pie a un descontento generalizado que será el caldo de cultivo que la izquierda aprovechará para tratar de llegar al poder.

  Subraya el informe, que el socialismo van a aprovechar la crisis del coronavirus para atacar las democracias de América Latina.

El plan estratégico

  El informe expone los lineamientos del Plan Estratégico del Foro de Sao Paulo para la toma del poder regional, el cual comprende tres etapas.

  Algunos de los puntos del plan ya se han cumplido y otros están por instrumentarse en aquellos países donde ya, efectivamente, se encuentran en funciones de gobierno, como México y España.

 La primera etapa contempla, en primer lugar, generar movilizaciones masivas para la desestabilización e implementar programas de captación de votos.

  Una vez en el poder, es necesario crear las disposiciones legales para instaurar la guardia militar que proteja al presidente de la república y a todo su entorno leal.

  El siguiente paso es el sometimiento del poder legislativo y judicial, al ejecutivo.

  Sigue, modificar la Constitución para manejar a discreción las fuerzas militares y de policía y, asimismo, tener el manejo absoluto del presupuesto nacional de manera de hacerlo disponible para financiar toda la implementación de la revolución. Esto puede constatarse al revisar cómo han operado en aquellos países donde han conquistado el poder, tal es el caso de Venezuela, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro; en Ecuador, con Rafael Correa; en Bolivia con Evo Morales.

  Otro aspecto dentro del plan estratégico, se centra en el impulso a la equidad de género y erigirla como una de las formas de lucha. Advierte el exponente del informe que, aun cuando se esté de acuerdo con la equidad de género, esta no debe convertirse en una forma de confrontación, tal como lo pretende la izquierda internacional que la concibe como método efectivo para deslegitimar gobiernos que no acepten los términos de la equidad de género y los derechos LGBT.

  Del mismo modo se plantea la desmitificación de las religiones mediante su descrédito con hechos irrefutables, tales como la pederastia, los abusos sexuales, los escándalos internos de las iglesias y los fraudes económicos. Aunque, indudablemente, se trata de situaciones que hay que denunciar, la izquierda internacional busca convertirlo en una manera de acabar, literalmente hablando, con las religiones, dado que estas encauzan el pensamiento y evitan que las personas se dirijan a cometer acciones tendenciosas.

Otro aspecto del plan ligado al anterior, es impulsar sectas, grupos que se muestren como religiosos, tal es el caso de los movimientos esotéricos, para que se conviertan en otras alternativas de creencias. La idea es entrenar y formar a estos nuevos movimientos en la ideología y política revolucionaria. La libertad de culto se utilizará, por tanto, como medio para darle a todas estas sectas, la manera de instaurarse como alternativas religiosas manejables ideológicamente.

  El Foro de Sao Paulo propone el control de los medios de comunicación de manera progresiva y sostenido en el tiempo, con el objetivo de fortalecer la propaganda selectiva y luego masiva, sobre la campaña del culto al líder. En esto ya están trabajando en Colombia y se visualiza en el sesgo que muchos medios ya exhiben contra el gobierno y las fuerzas militares y contra todo aquel que se oponga a la “agenda progresista” propuesta por la izquierda internacional.

  Dicha agenda progresista está basada en la libertad del aborto libre, el cual debe ser financiado por el estado; la promoción y defensa del libre consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad; la relatividad de los valores, que es una teoría que plantea que todo es bueno y nada es malo, todo permitido y nada es prohibido y se hace para favorecer la revolución, es la inversión de todos los valores de la sociedad incluida la justicia; crear grandes proyectos que se conviertan en símbolos nacionales y fortalezcan el poder del partido revolucionario.

  En España, por ejemplo, el gobierno socialista sacó los restos de Francisco Franco del monumento del Valle de los Caídos para trasladarlos a un cementerio convencional. Esto lo han convertido el gobierno socialista en el máximo símbolo nacional. En Colombia se tiene el propósito de convertir a todos los casos de muertos en acciones violentas enterrados en diversas regiones del país como N.N. (víctimas de la violencia sin identificación posible), en falsos positivos para atacar a las fuerzas militares y al estado.

  También el Foro de Sao Paulo se plantea reformar la educación bajo el concepto de igualdad, de adoctrinamiento y lucha de clases. Esto se asume desde la premisa marxista que establece que para “encauzar al hombre hay que adoctrinar al niño”.

  Esta primera etapa se completa con la expansión de ejércitos de civiles integrados por gente leal al partido de gobierno revolucionario, que a su vez estructure células de control ciudadano con autoridad localizada. Esto tiene un claro ejemplo en Venezuela cuando Hugo Chávez creó y fomento los llamados “Colectivos” y los “Consejos Comunales”. Estos grupos son financiados para que lleven a cabo movilizaciones, concentraciones, tomas, que deben ser coordinadas y articuladas por redes sociales y medios de comunicación afines al partido.

  El control político y social de la población mediante la activación de redes sociales y de partidos políticos satélites.

  Estos partidos satélites, es necesario haberlos creado previamente sin que, en apariencia exhiban afinidades ni se presenten como organizaciones de izquierda y como revolucionarios. Con ellos habrá de estructurarse una acción de masas visible y efectiva de control de la población que, posteriormente, manifestará su apoyo al partido revolucionario.

  Seguidamente, se debe reforzar la “lucha por los pobres” y usar esta como un medio de convocatoria de masas. Se incluye aquí el fortalecimiento de las denuncias contra la corrupción como bandera efectiva de causa de movilización.

  En esta etapa se implementará el control total del internet. Se debe reglamentar y aplicar penas ejemplarizantes para quienes usen el internet y las redes sociales para el ataque al partido, las ideas y el proceso revolucionario. Es decir, se instauran se penaliza a cualquiera que piense algo contradictorio a la ideología revolucionaria y lo exponga a través de las redes sociales.

  Creación de milicias populares armadas, grupos armados de choque, grupos de acciones selectivas y estructuras paramilitares que evadan los derechos y humanos y puedan actuar disuasivamente sin vincular a agentes legítimos del estado y a miembros de la fuerza pública. Una acción selectiva, por ejemplo, es el asesinato de alguien que se oponga a las acciones de gobierno por parte de estos grupos, sin que se involucre en ello a los agentes estatales.

  El FSP plantea la geo-referenciación y perfilamiento de empresarios, líderes sociales, activistas, periodistas, blogueros, y todos los que no sean afines al partido revolucionario, de manera de marginarlos para que dejen de financiar y apoyar a la oposición. Se procede a buscar acciones legales legítimas para encarcelarlos o propender que se vayan del país.

  Vincular a líderes de todas las líneas políticas del partido revolucionario y partidos relacionados, sembrarlos en las estructuras del gobierno, creando nuevos cargos que actúen en paralelo hasta lograr copar los cargos estratégicos, sanado a los funcionarios que son afines al gobierno. Esto ya está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, en las fuerzas militares, en la contraloría, en la procuraduría.

  Crear estructuras paralelas dentro de los entes de control del estado que sigan los lineamientos del partido, esto con el objetivo de controlar gobernadores y alcaldes de todas las regiones hasta hacerlos afines al partido.

La segunda etapa

  Luego de haber configurado la plataforma revolucionaria mediante todas las acciones referidas anteriormente, se debe proceder con la segunda etapa del plan estratégico del FSP, que contempla en primer término, establecer mecanismos de control y tratabilidad del dinero vía tecnología.

   Es imprescindible la instauración del control de bancos, de las divisas, del cambio.

  Aquí se prevé también la incautación y bloqueo cuentas y rastreo a cualquier financiación que no sea afín al partido revolucionario.

Tercera etapa

  El Plan estratégico del Foro de Sao Paulo estipula que la tercera etapa corresponde a la consolidación del poder global.

  Aquí deben operarse expropiaciones masivas, tal como ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez.

  Luego vendrá el reparto de viviendas, propiedades, terrenos y empresas expropiadas, lo cual no será nominal, por cuanto el partido revolucionario será el auténtico propietario.

  Debe implementarse un escarmiento a la clase económica alta, convirtiendo la tenencia del dinero en un delito.

  Se debe llevar a cabo ahora un nuevo cambio en la Constitución con el objetivo de establecer la reelección indefinida. La permanencia en el poder se convierte así en un mandato supremo del pueblo.

   Hay que acotar que estas revoluciones llevan a cabo dos procesos de cambio constitucional, el primero, al llegar al poder cuando se establece una asamblea nacional constituyente que establece cambios fundamentales referidos al manejo del presupuesto nacional, de las fuerzas militares, la creación de guardia presidencial, la creación de los colectivos sociales, juntas comunales, etc. Luego, el segundo cambio en la Constitución es para reelegirse indefinidamente.

   En esta etapa los medios de producción pasan en su totalidad a ser propiedad del estado.

   En razón de que el trabajo ahora se desempeña en los medios de producción estatales, los sueldos pasan a tener un bajo costo, lo que es absolutamente empobrecedor. Los salarios nunca permitirán el escalamiento social.