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lunes, 6 de marzo de 2017

Otro empresario venezolano es vinculado al esquema de sobornos y lavado de dinero de PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Un informe en poder de las autoridades federales norteamericanas vincula a un empresario de  doble nacionalidad (estadounidense-venezolana) de nombre Franco Tortolani a la red de corrupción y de sobornos de funcionarios de la Petrolera estatal Pdvsa que se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo al informe, Tortolani junto a su familia, y al igual que otros empresarios, habría utilizado sus contactos con ejecutivos de Pdvsa para hacerse de contratos millonarios. A través del pago de comisiones, este hombre creó un una red de empresas con presencia en varios países, las cuales le habrían generado ganancias millonarias a través de un esquema fraudulento.

La investigación federal que se sigue sobre el esquema de sobornos y lavado de dinero que supuestamente opera entre varios empresarios venezolanos, poseedores de empresas con jurisdicción en los Estados Unidos, y funcionario de la estatal de Petróleos de Venezuela pone al descubierto un complejo sistema creado para mover dinero evadiendo las normas de licitación venezolanas y violando Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA").

En el sumario de dicho informe se lee que Franco Tortolani pasó en pocos años de ser un trabajador humilde, inclusive taxista, a un millonario proveedor de Pdvsa y poseedor de propiedades en los Estados Unidos y otros países.  

De acuerdo al reporte que sigue las actividades del ahora empresario por más de 5 años, Tortolani estableció sus primero contactos con autoridades de Pdvsa cuando servía como taxista en la ciudad del oriente venezolano Puerto La Cruz. Gracias a las amistades, logró convertirse en un agente de suministros para PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco con excelentes órdenes de compra que proporcionaban jugosas comisiones en dólares a sus contactos en la petrolera estatal.

En el informe se destaca que Franco Tortolani es presidente de siete empresas que tienen operaciones y oficinas en Estados Unidos, Panamá, Singapur, China, Colombia, Curazao, Barbados y Venezuela. Dichas corporaciones se beneficiaron de la asignación de contratos de compra de equipos adquiridos en el extranjero con grandes sobreprecios, de 300, 500 y hasta el mil por ciento. Para obtener los contratos su benefactor debe pagar cuantiosas comisiones en dólares a los funcionarios de Pdvsa.

Según las averiguaciones Tortolani continúa recibiendo jugosos contratos y además de sobornos, el empresario ha contribuido al financiamiento de campañas electorales de políticos ligados al partido de gobierno en Venezuela. 

El informe destaca las actividades del investigado no se circunscriben únicamente a PDVSA, sino que abarcan a las empresas básicas de Guayana y algunos despachos ministeriales.

De acuerdo a las averiguaciones  el empresario y algunos de sus familiares habrían comprado propiedades en los Estados Unidos  y en Venezuela con los dineros proveniente de la industria criminal. También adquirieron aviones y otros bienes. 

Socios y relacionados

El empresario Franco Tortolani estaría involucrado según las averiguaciones con individuos que ya han sido acusados por la comisión de hechos de corrupción, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, entre quienes figuran otros contratistas, así como funcionarios y exfuncionarios de la industria petrolera venezolana.

La investigación vincula a Tortolani con los empresarios procesados por la justicia norteamericana como Roberto Rincón y  Abraham Shiera, así  como también a otros nombres de funcionarios, algunos de los cuales ya han sido reseñados en expedientes en Venezuela y EEUU entre quienes se  destacan: Owen Manrique; Jesús Guaraco, expresidente de BARIVEN; Nelson Martínez (Citgo-Pdvsa); César Rincón, exdirector de BARIVEN; José Luis Parada, exdirectivo de PDVSA; Ramiro Rodríguez, gerente de Procura BARIVEN; Leída Martínez, supervisor de desarrollos de Proveedores Nacionales; Luis Ghersi, gerente de servicios técnicos; Nervis Villalobos; George Kaboul, expresidente de BARIVEN; Alexis Flores; Carlos Enrique Urbano; Charles Beech; Charles Moreno y Pedro José León Rodríguez. 

También figuran en la lista un individuo llamado Yosmel Espinoza, exgerente BARIVEN en Caracas y Houston; Leonardo Ramón Díaz, E.G, socio Charles Beech; Pietro Micale; Eusevio Zavatti, exgerente servicios técnicos BARIVEN entre otros.

El informe incluye un esquema a través del cual se hicieron transferencias de dinero y pagos de coimas en varios países, incluyendo a los Estados Unidos, resaltando las instituciones bancarias usadas en la red de sobornos y para la compra de propiedades en el estado de la Florida.

Asimismo, aparece una serie de empresas que posee Tortolani y su esposa María Rosa Ramos de Tortolani. La pareja se hizo de un conjunto de empresas en varios países de América y Asia, siendo que la principal de estas compañías en Estados Unidos es “911 Equipment, INC.”, registrada en el estado de la Florida el 9 de junio de 2003. Está ubicada en el 2645 Executive Park Drive, Weston Fl 33331. En ella, Franco Tortolani ocupa la presidencia y María Rosa Ramos de Tortolani se encarga de la vicepresidencia.

“911 Equipment, INC.”, aparece como la empresa principal Franco Tortolani en EEUU, la cual vende equipos y suministros a “Metro Emergencia, C.A.” en Venezuela, también propiedad del empresario y la cual aparece como empresa contratista de Petróleos de Venezuela, C.A.

Posteriormente se encuentra “Fox Capital, LLC”, empresa registrada en Delaware, el 25 de julio de 2013 y también en la Florida, el 26 de diciembre de 2013. Como dirección de esta compañía aparece el 3411 Silverside Road Rodney Building N° 104, Wilmington 19810. La dirección en la Florida es 15970 W. State Road 84 N° 503, Sunrise, Fl 33326.
Entretanto, Alpha Jet 307 LLC figura como propietaria de dos aviones que la familia Tortolani. Una de estas aeronaves es el Astra, siglas N30FT, dice el reporte.

Los Tortolani no figuran como dueños directos del avión, no obstante una nota escrita a mano dice que la nave se identifica con el empresario “con el Tail Number que hace referencia a ellos, a saber, la N da cuenta que es una aeronave norteamericana; el 307 hace alusión al fecha de nacimiento de Franco Tortolani, mientras que FT son las iniciales de su nombre”.

El segundo de los aviones de Alpha Jet 307 LLC es un Beech, siglas (Tail Number) M307MT. Aquí ocurre lo mismo que con el anterior, sólo que las últimas letras MT, aluden al nombre de la esposa de Franco Tortolani, María Tortolani, dice la nota escrita a mano.
Ambas aeronaves permanecen estacionadas en Fontainebleau Aviation. 4200 NW 145th St, Opa-locka, FL 33054, cuyo número telefónico es (305) 685-4646, en el aeropuerto de Opa-locka.
Otra empresa es Global Fox, LLC., registrada en la Florida, por el matrimonio Tortolani el 21 de mayo de 2009. Su dirección es 548 Shotgun Road, Suite 520, Sunrise FL 33325.
Entretanto, la empresa Hidramax, LLC, aparece registrada a nombre de terceras personas en Delaware, el 2 de noviembre de 2011. La dirección es 3511 Silverside Road, Suite 105, Wilmington. No se aclara en el documento la relación exacta de dicha corporación con el empresario y su familia pero dice que hay anexos en el original, al igual que la referencia hecha a la empresa Inequip, C.A. registrada en Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, a nombre de terceras personas e identificada con el número de RIF J-31681496-3.
La principal de las empresas de Franco Tortolani en Venezuela  Metro Emergencias, C.A., está registrada igualmente en la capital del estado Anzoátegui por él mismo, el 16 de enero de 2002. La dirección de esta compañía es Avenida Principal de Lechería, Centro Empresarial Lechería, piso 1, Oficinas 101, 102 y 103, Sector Las Palmeras, Lechería, Estado Anzoátegui. El número de Registro de Información Fiscal es J-30892258-7. El teléfono en Venezuela es +58 281 2811396 y en EEUU es +1 786 664 4706. También aparece como referencia Carmen Bruzual cuyo número telefónico es +58 414 795 5459. El correo electrónico es metroemergencias@gmail.com, la página web es metroemergencias.com, la cuenta en Facebook es Metro Emergencias Equipos Petroleros, mientras que en Twitter figura como Metro Emergencias.
Se hace mención a otra compañía registrada en Barcelona, el 23 de septiembre de 2007, a nombre de terceros, Centex, C.A., RIF J-294852149, ubicada en la Avenida Principal de Lechería, Edificio Centro Empresarial Lechería, piso 2, oficina 203, Sector Las Palmeras, Lecherías, Estado Anzoátegui.
Colombia

En Colombia, Franco Luis Tortolani Bruzual y María Rosa Ramos de Tortolani, registraron Diamond Mining Group, antiguamente “911 Equipment Sucursal Colombia”. Número de NIT 900.728.325-4, ubicada en la Carrera 7B BIS, N° 126-36, Bogotá DC. En esta empresa Franco Tortolani figura como presidente y María de Tortolani es la vicepresidenta.

En Panamá, las empresas de Franco Tortolani son General Procurement Services, GPS Panamá, Inequip Panamá y Metro Emergencias Panamá. En la nación centroamericana el matrimonio Tortolani se vale de terceras personas para la conformación de sus compañías.
Finalmente, en Singapur, también registrada a nombre de terceras personas, es Worldwide Cable & Steel PTE. LTD.

¿Cómo funciona internacionalmente?

Los Tortolani diseñaron un esquema de funcionamiento para operar sus negocios internacionalmente, a través de una fundación panameña de nombre Arawac Private Foundation y dos empresas de Barbados denominadas Overseas Caribbean Group Limited Ltd. y Smart Realty Ltd.
En el plano nacional, los Tortolani traspasaron cuatro inmuebles (tres oficinas propiedad de Metro Emergencias y un apartamento propiedad de María Tortolani) a dos empresas venezolanas (una para cada inmueble), las cuales están conectadas con la estructura internacional, a través de una de las empresas barbadenses.

Igualmente, se hace referencia a la transferencia del título de propiedad de un apartamento en Puerto La Cruz (Siete Mares) a la empresa Alpha Realty.

El reporte dice que en la estructura internacional ha dejado de figurar Franco Tortolani, al haber sido sustituido como representante legal por su esposa María de Tortolani.

Asimismo refiere a la venta de las tres oficinas de Metro Emergencias a una nueva sociedad mercantil, de nombre Alpha Realty 1520, C.A., cuya propietaria es María Tortolani.

Del mismo modo, se describe una serie de transacciones hechas en los últimos meses, entre las que destaca la venta del 51 por ciento de las acciones de Metro Emergencias a la estructura internacional y 49 por ciento restante a una persona llamada Carmen Bruzual.

Asegura además que se firmó una permuta de acciones en Barbados que permite conectar la estructura internacional con Metro Emergencias.
Residencias en Florida

Tortolani tiene una casa que usa como residencial en Weston( 3425 SaddleBrook Ln, Weston FL 33331) y aparece vinculado a la compra de un apartamento para otra mujer que no es su esposa, María de Los Angeles Díaz Medina. 

Tortolani adquirió a nombre de Díaz Medina una lujosa unidad en la isla de Brickel Key por un monto apróximado de 1.3 millones de dólares ubicado en 900 Brickell Key Blvd. Apt 2305, Miami, FL 33131. De acuerdo a los récords, la propiedad fue comprada en efectivo, es decir sin necesidad de una hipoteca. Al empresario se le relaciona sentimentalmente con la mujer venezolana de 29 años y a quien no se le conoce profesión en los EEUU.

Acá pueden ver la información de la propiedad en cuestión, adquirida por el empresario a nombre de Díaz Medina nacida en diciembre de 1988 en Venezuela. La mujer no tiene residencia legal en los Estados Unidos hasta el momento. 
Díaz Medina puso en venta el apartamento por 1 millón 180 mil dólares el 14 de febrero de 2017, según consta en el siguiente portal.

Escándalo en Anzoátegui

El nombre de Franco Tortolani también se hizo muy sonoro en febrero de 2016, cuando reventó un escándalo a raíz de un suceso que dejó varias personas heridas en la localidad de Guanta, estado Anzoátegui, durante un concierto que ofrecieron en esa ciudad oriental el cantante colombiano Maluma y el puertorriqueño Jerry Rivera.

El alcalde de la ciudad oriental, el oficialista Jhonnathan Marín, dijo que el referido festival musical fue costeado por dos empresarios anzoatiguenses, a quienes agradeció públicamente por su generosidad. 

Tales empresarios son Carlos Enrique Urbano y Franco Tortolani. El primero es presidente Constructora Urbano Fermín, Cuferca C.A., beneficiaria de seis contratos con la alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo (Puerto La Cruz) y dos con la de Guanta entre 2008 y 2009, según puede constatarse en el Registro Nacional de Contratistas, RNC. También PDVSA Gas contrató en dos oportunidades a esta constructora.

De Franco Tortolani ya hemos hecho referencia a sus empresas, por lo que sólo agregaremos que  Metro Emergencias, C.A. ha contratado en tres ocasiones con la gobernación de Anzoátegui y, por lo menos 54, con la empresa mixta Petrocedeño S.A., que opera en la Faja Petrolífera del Orinoco, de acuerdo al portal oficial de Petróleos de Venezuela.

Los diputados del Estado Anzoátegui, Tatiana Montiel, José Brito y Richard Arteaga, informaron que el costo del concierto de Maluma y Jerry Rivera fue de 3 millones de dólares.

Los citados parlamentarios solicitaron por ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, que se investigue el origen de los fondos con que se cubrió tal actividad artística.

Seguiremos informando ....




martes, 31 de enero de 2017

Fijan calendario procesal para atender petición de derecho de reconocimiento de Bariven como víctima en el esquema de sobornos Rincón-Shiera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller anunció el calendario procesal para atender la solicitud hecha por Bariven, para ser reconocida como víctima del esquema de sobornos que llevaron a los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, ambos están sido procesados en una corte federal de Houston acusados de haber pagado más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios de Pdvsa para lograr jugosos contratos de Pdvsa. 

El juez informó que el siguiente calendario procesal se cumplirá para atender la moción de Bariven para que sean reconocidos sus derechos como víctima y derecho a la restitución del caso del esquema de corrupción ejecutado por Rincón, Shiera y otros.

1. La respuesta de todas las partes a la petición de Bariven deben presentarse el 20 de febrero, de 2017;

2. Respuesta de Bariven a las respuestas del Gobierno y de los demandados debe darse antes del 6 de marzo de 2017.

Después de revisar los argumentos presentados, el tribunal determinará si es necesaria una audiencia.

Dice además que Bariven puede proporcionar al Departamento de Libertad Condicional cualquier material que desee para que el mismo sea considerado.

La sentencia de los dos empresarios se tiene prevista para el mes de julio 2017, aunque la misma podría ser cambiada nuevamente por razones ligadas a los avances en 

miércoles, 18 de enero de 2017

Tribunal de EEUU sentencia Abraham Shiera a pagar más de 18 millones de dólares proveniente del esquema de sobornos de Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Texas sentenció al empresario venezolano Abraham José Shiera-Bastidas a pagar de su "dinero personal" la cantidad de US$ 18 millones 824 mil 797 dólares provenientes de la actividad criminal por la cual fue acusado, dice el documento emitido por el juez de Houston, Gray H. Miller el pasado 5 de enero de 2017.

Shiera-Bastidas se declaró culpable de haber conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos el 27 de febrero de 2016. 


En los procedimientos de este tipo, cuando los acusados aceptan su culpabilidad, están obligados a renunciar a todos los bienes,  reales o personales, que constituyan o se deriven del crimen por el cual son procesados. 


Junto al empresario Roberto Rincón, Shiera-Bastidas fue acusado de haber participado en un colosal esquema de sobornos. Las empresas de ambos sujetos pagaron más de mil millones de dólares a funcionarios y empleados de la estatal Petróleos de Venezuela Pdvsa para conseguir jugosos contratos, en su mayoría con sobrefacturación.

En la demanda interpuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra Shiera-Bastidas y su socio Roberto Rincón, se reconoce que los ingresos de los contratos de PDVSA, asociados con pagos de sobornos, estarían sujetos a decomiso. 


En la sentencia del juez se lee que las partes involucradas en la querella "no tienen toda la información necesaria para calcular la cantidad de dinero personal que obtuvieron a lo largo de la conspiración, no obstante en el momento de la firma del acuerdo entre el gobierno, Shiera y su familia se acordó que el monto de la sentencia fuera fijada en la cantidad de $18,824,797.67 dólares".


De acuerdo a la Regla Federal de Procedimiento Penal 32.2 (b) (1) (A) en los casos de esta naturaleza, el gobierno busca una sentencia de dinero personal del acusado y el tribunal debe determinar la cantidad que el demandado será condenado a pagar en calidad de decomiso.

La decisión del tribunal se basa en pruebas registradas a lo largo de la investigación. La sentencia de dinero en el contexto de la confiscación penal debe determinarse tan pronto como sea posible después que una declaración de culpabilidad es aceptada. 

Las partes discuten, luego de la declaración de culpabilidad, qué activos específicos deben ser confiscados y la cantidad de la sentencia de dinero. 

La sentencia de dinero de Shiera Bastidas fue firmada por Andrew Weissmann Kenneth Magidson, jefe de la sección de fraude, de la División Penal del Distrito Sur de Texas  del Tribunal de los Estados Unidos.



martes, 17 de enero de 2017

Bariven exige a Estados Unidos ser reconocida como víctima de esquemas de sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera

Una moción pide nuevamente a la corte que se pronuncie contra la petición del gobierno de los EEUU de que se mantenga "en suspenso" la acción de Bariven, para el reconocimiento de sus derechos como víctima y el derecho a la restitución en Abeyance y Stay Further Briefing. Esto, a pesar que el juez del caso, Gray H. Miller, aprobara, el 22 de diciembre de 2016, que el tema fuera decidido en la fecha de la sentencia de Roberto Rincón y Abraham Shiera.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En un nuevo documento sometido a la consideración de la Corte del Distrito Sur de Texas, Bariven responde a la negativa del gobierno de los Estados Unidos de que se declare, en esta etapa del proceso, a la filial de Pdvsa como víctima del esquema de sobornos ejecutado por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera y que superó los US$1000 millones de dólares a empleados de la petrolera para hacerse de jugosas contrataciones para el suministro de equipos y servicios.
El documento solicita a la corte que Bariven sea reconocida como víctima y se le otorgue el derecho a la restitución en virtud de la sentencia. Asimismo, se opone a la respuesta del gobierno norteamericano de declarar prematura la solicitud hecha por Bariven en el mes de diciembre de 2016.

En la moción que introdujo Bariven a la corte dice que "la posición del gobierno norteamericano es inaceptable, y que el tribunal debe ignorar dicha opinión y proceder a reconocer a la filial de Pdvsa como víctima del crimen cometido por los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, y el equipo de personas que participaron en el esquema de sobornos para lograr contratos petroleros".

Sostienen los abogados de Bariven que el juez no puede aceptar que "el gobierno de los Estados Unidos quiera ignorar un mandato que le corresponde por ley a la representación de la empresa estatal venezolana". En ese sentido, señalan que Bariven es escéptica a la propuesta gubernamental de dejar para última etapa del proceso judicial la decisión de reconocimiento de derechos como víctima y, por consiguiente, la restitución a que haya lugar.

Bariven rechaza que el gobierno americano no explique qué confiere o qué tipo de información está dispuesto a compartir de manera notable y tampoco confirma que le dará a Bariven todos sus derechos establecidos en la ley.

Dicen los abogados de la empresa venezolana que les parece "dudoso que el gobierno de los EEUU haya tenido una conferencia significativa con Bariven, tal como lo requiere la ley, sin una determinación judicial de que Bariven es una víctima bajo la CVRA".

Recuerdan que la primera y única reunión de Bariven con el Gobierno el 13 de diciembre de 2016, el ente oficial se negó a revelar a Bariven la información confidencial del caso por el hecho que no considera que el ente venezolano sea una víctima del crimen cometido por los empresarios procesados. 

Critican el hecho que la fiscalía haya argumentado en su moción que el tribunal"no tiene que decidir si Bariven califica como víctima en este punto del procedimiento judicial".

Sostienen que, sin lugar a dudas. Bariven es una víctima con derecho a restitución y que el Gobierno norteamericano debe aceptarlo razonablemente.

"La posición del Gobierno es errónea" afirman los abogados y agregan que aunque estén de acuerdo en que la Corte no necesita decidir si Bariven tiene derecho a la restitución en este momento.

Bariven no está de acuerdo que la corte debe esperar hasta la sentencia para decidir si Bariven es una víctima del crimen cometido por los acusados, tal cual lo plantea la ley (CVRA), acotan en el documento.

Consideran que la solicitud del Gobierno de retrasar la audiencia sobre la moción de Bariven hasta la sentencia, contradice de manera clara e inequívoca lo pautado en la leyes.

En el documento se aclara que Bariven ha subrayado al Gobierno que no solicita información confidencial sobre las investigaciones en curso por los entes federales. "Sólo busca sus derechos bajo la ley, incluyendo información conocida por el Gobierno que ayudará a Bariven a llegar a una cifra de restitución precisa y permitir a Bariven seguir purgando completamente a los malos  empleados y procedimientos de la empresa".

Añaden que la posición del Gobierno de EEUU con respecto a Bariven "es desconcertante" ya que en la acusación original se describe los actos criminales de los dos acusados, Rincón y Shiera como un mecanismo de victimización a Bariven. 

En la acusación se aduce que Bariven fue victimizado por los varios contratos con sobrevaluación y sobrefacturación de los equipos que no entregaron y de servicios nunca ejecutados o completados, añaden los abogados.

Asimismo, argumentan que en la acusación se señala que durante su conspiración criminal, los acusados ocultaron a Bariven información creando una falsa apariencia de que el proceso de licitación de contratos era competitivo,  entre otros actos clandestinos.

Aseguran que dejar este asunto sin resolver hasta la condena, como sugiere el Gobierno americano hará que este trabajo sea no difícil, si no imposible, y probablemente pueda resultar en una sentencia de varios días.

Hacer una determinación sustancialmente antes de la sentencia permitirá a Bariven trabajar con las partes en todos los asuntos relacionados con la sentencia y
restitución.

Otro detalle

Manifiestan en su solicitud que debe señalarse que el retraso de una audiencia sobre el estatus de víctima de Bariven favorece a la posición de Rincón en dos arbitrajes de la Cámara de Comercio Internacional interpuestos por sus empresas contra Bariven en La Haya. 

Las empresas de Rincón reclaman el pago de $ 107 millones y $ 11 millones en órdenes de compra que fueron adquiridas como parte de la conspiración criminal de la que se ha declarado culpable. Uno de estos casos está actualmente fijado para ser discutido en junio ​​de 2017, antes de la fecha en que Bariven sea reconocido como víctima.

Comentan que Bariven esperaba una respuesta sustantiva del gobierno el 21 de diciembre de 2016, de conformidad con las reglas de este Tribunal. No obstante, la fiscalía presentó una nueva moción solicitando la suspensión de la petición de Bariven hasta la sentencia. 

Sostienen que Bariven acepta de mala gana que la Corte haya decidido emitir un calendario de información en el que el Gobierno presente su respuesta, motivado, entre otras razones que la petición de Bariven de Reconocimiento como  Víctima y el Derecho a la Restitución debían ser presentadas en 13 de enero de 2017 y las respuesta de Bariven a las propuestas del Gobierno y de los demandados el 27 de enero de 2017.

En el documento proponen, además, que la audiencia sobre el Estatuto de Víctima de Bariven se fije para el 8 de febrero de 2017.

Ante tales planteamientos, Bariven pidió a la corte 
denegar la moción del Gobierno de mantener la propuesta de Bariven, S.A. para Reconocimiento de
sus derechos como víctima y derecho a la restitución en el cumplimiento hasta la sentencia.

viernes, 23 de diciembre de 2016

Gobierno de EEUU califica de "prematura" solicitud de restitución de Bariven en caso de empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera

*Gobierno de Estados Unidos no cree que Bariven sea víctima ni tenga derecho a la restitución de los fondos. 

**La Corte aprobó la moción solicitada por la fiscalía.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de los Estados Unidos solicitó a la Corte del Distrito Sur de Texas mantener "pendiente" la solicitud de restitución por perjuicio introducida por Bariven S.A, para que se reconozcan sus los derechos como víctima en el caso de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera. La corte aprobó dicha moción.

Un documento entregado en diciembre 22 de 2016 dice que "el gobierno de los Estados Unidos anticipa que la sentencia de los empresarios Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera podrá dictarse más allá del 14 de julio de 2017. En consecuencia, las razones prudenciales abogan por mantener pendiente la solicitud de restitución de Bariven S.A hasta que el procedimiento esté listo para decisión final".

El informe detalla que el Jefe de la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas revisaron la solicitud hecha por Bariven S.A para que se reconozca como víctima del caso y se le otorgue el derecho a la restitución. 

Señala que dicha petición debe mantenerse en suspenso hasta que se dicte sentencia a los empresario venezolanos, acusados por los EEUU de haber ejecutado un esquema de sobornos que implicó a funcionarios de Pdvsa y que involucró comisiones por más de 1000 millones de dólares.

Aseguran que la moción de restitución de Bariven es prematura y que la Corte no tiene que decidir si la filial de Pdvsa califica como víctima en este punto del procedimiento. Igualmente, advierten que a pesar de que el Gobierno no cree que Bariven sea una víctima, con derecho a Restitución, "la fiscalía acordó con el abogado de Bariven notificar a la corte, con el fin de no perjudicar a la filial de Pdvsa hasta el momento en que se llegue a la sentencia y pueda decidirse".

Los hechos

El 10 de diciembre de 2015, ​​Roberto Enrique Rincón Fernández  y Abraham José Shiera Bastidas fueron acusados de dieciocho cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EEUU; violaciones sustantivas de la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero sustantivo. 

Los cargos se basaron  en un plan para corromper los contratos de energía de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, incluyendo su filial de adquisiciones, Bariven, ofreciendo y pagando sobornos a varios funcionarios de PDVSA y Bariven, incluidos funcionarios de alto nivel, y posteriormente, blanquear el producto del esquema de soborno. 

El 22 de marzo de 2016, Shiera se declaró culpable de un cargo de conspirar para violar la FCPA y un conteo sustancial de FCPA. Asimismo, el 16 de junio de 2016, Roberto Rincón se declaró culpable de conspirar para violar la FCPA, un conteo sustancial de FCPA y un cargo de hacer declaraciones falsas en su declaración de impuestos federales. 

El 30 de noviembre de 2016,  Bariven presentó dos mociones sustancialmente idénticas, una para cada acusado, buscando el reconocimiento como víctima y pidiendo el Derecho a la restitución bajo la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen ("CVRA"), 18 U.S.C. § 3771, y la Ley de Restitución de Víctimas Obligatorias ("MVRA"), 18 U.S.C. § 3663A.1 

El gobierno norteamericano dice que la  petición de Bariven de restitución bajo la MVRA es prematura, ya que cualquier solicitud de restitución no está madura hasta que no se hayan producido las sentencias de Rincón y de Shiera, ambas actualmente fijadas para el 14 de julio de 2017, dentro de más de seis meses. 

El derecho a la restitución completa y oportuna se otorga en la audiencia de sentencia del acusado, donde el tribunal de distrito puede ordenar la restitución después de considerar el informe de la presentación y otra documentación o testimonio.

La decisión de si Bariven tiene derecho o no a la restitución en virtud de la ley depende de una serie de factores, y el análisis de esos factores debe hacerlo el Tribunal de Justicia  y, el mismo puede verse afectado por acontecimientos futuros y nueva información que entre al caso.

Bariven también presentó mociones sustancialmente idénticas en los juicios pendientes relacionados con los co-acusados del caso: Moisés Abraham Millán Escobar y, tres Ex funcionarios de PDVSA y de Bariven que aceptaron sobornos de los demandados y conspiraron para lavar el producto del esquema de soborno: Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, José Luis Ramos Castillo,  Christian Javier Maldonado Barillas.

El documento del gobierno aclara que el tribunal no debe decidir en este momento si Bariven tiene derecho a la condición de víctima en virtud de la ley. 

Asegura que el 13 de diciembre de 2016, los fiscales se reunieron con el abogado de Bariven, y les manifestó que el gobierno tenía la intención de seguir razonablemente el proceso de su petición de reconocimiento como víctima y restitución. 

El Gobierno también acordó que ofrecería a Bariven un "aviso razonable, preciso y oportuno de cualquier procedimiento judicial público" en este caso, tal como lo contempla la CVRA, para no perjudicar a Bariven hasta que su moción esté madura y lista para ser decidida. 

Aunque el Gobierno no está de acuerdo en que Bariven califique como víctima o tenga derecho a restitución en virtud de la ley, la voluntad del Gobierno de proporcionar a Bariven las protecciones especificadas anteriormente se adapta adecuadamente a los derechos de la filial de Pdvsa como víctima putativa y mantiene el statu quo hasta el momento en que sea apropiado que el Tribunal resuelva el asunto.







 Michael J. Hinton, 

sábado, 24 de septiembre de 2016

Abraham Shiera: Socio necesario de Roberto Rincón para obtener fraudulentamente contratos de PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El empresario Abraham José Shiera Bastidas, al igual que su socio, Roberto Rincón fueron protagonistas este año de uno de los más grandes casos de corrupción que involucra la estatal de petróleo venezolana Pdvsa. 

Fue detenido en el mes de diciembre acusado por corrupción y violación de las leyes federales de EEUU. Actualmente disfruta de una medida de casa por cárcel en el estado de la Florida y será en enero 6 de 2017 que será sentenciado.  Al igual que su socio Rincón, Shiera decidió colaborar con la justicia norteamericana y ofrecer la información que posee sobre la corrupción que se encierra en Pdvsa.

- Abraham José Shiera Bastidas es un empresario venezolano-estadounidense acusado junto a Roberto Rincón, de lavado de dinero, conspiración y fraude cometidos en territorio de Estados Unidos.
- Abraham Shiera está casado con Alexandra Shiera.
- Shiera se habría asociado con Rincón para facilitarle a este, contratos y licitaciones logrados fraudulentamente y mediante el pago de sobornos con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.
- Fue detenido en Miami por orden de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida el pasado 16 de diciembre de 2015.
- Shiera Bastidas es presidente en Venezuela la de la empresa Vertix Instrumentos. En dicha compañía es propietario de 51 por ciento de las acciones.
- Vertix Instrumentos S.A., se encarga de proveer “soluciones para la medición y control de procesos industriales (…) Nuestro éxito radica en poder ofrecer los productos del mayor fabricante mundial de equipos de instrumentación y control y contar con ingenieros y técnicos venezolanos capacitados para proveer asesoría, soluciones y mantenimiento de los mismos” .
- Vertix Instrumentos tiene sede en Maracaibo, en la avenida 3Y con calle 70, Edificio Vertix, oficina N° 69-68, en el sector Avenida San Martin, diagonal a la Residencia del Gobernador.
- En la junta directiva de Vertix Instrumentos Abraham José Shiera Bastidas, Cédula de identidad V-7.629.333, ejerce la presidencia; Ricardo José Ricardo Bravo, C.I. V-6.303.144, ejerce como Director, sin identificación de cargos también integran el cuerpo directivo, Fernando Ardila Rueda, C.I. V-6.303.144 y Noel Antonio Maestre González, C.I. V- 11.906.754.
- En la actualidad, Vertix Instrumentos se encuentra inhabilitada para contratar con el estado venezolano, pero hasta 2014 su certificado fue el N° 0000102300733718.
- Los fiscales sustentan sus acusaciones contra Roberto Rincón y Abraham Shiera en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior.
-El 22 de marzo de 2016 Abraham Shiera se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer ofensa o fraude a Estados Unidos y realizar prácticas corruptas foráneas. 
- Los otros cargos fueron desestimados, no porque se determinara la inocencia de Sheira, sino como producto de las negociaciones con la fiscalía. 
- Sheira aceptó entregar buena parte de su fortuna amasada y accedió a cooperar con a investigación suministrando detalles acerca de los detalles de la conspiración, a saber, nombres de las personas implicadas, cuentas bancarias. 
- Abraham Shiera pagará una condena menor a la estimada al inicio del proceso y se le permitirá mantener una parte del dinero.
- La acusación refiere que en 2010 Rincón y Shiera ayudados por un oficial abrieron en Panamá una cuenta bancaria para usarla en el pago de sobornos.
- El 15 de junio de 2010, Shiera envió a un funcionario de PDVSA un correo electrónico en el que explicaba el procedimiento para abrir una cuenta bancaria en Panamá.
- El 26 de mayo de 2010 PDVSA emitió una orden de compra por 2.648.148,20 dólares a una compañía de Shiera, Esta compañía al mismo tiempo transfirió 300 mil dólares a otra compañía de Shiera.
-El 23 de junio de 2010 Shiera transfirió 100 mil dólares a una cuenta bancaria de otro funcionario de PDVSA que le servía de conexión para la obtención de los contratos con la estatal petrolera venezolana.
- El 18 de octubre de 2010, PDVSA le transfirió 5.545.560,01 dólares a una empresa de Shiera. Este a su vez transfirió 25 mil dólares a un funcionario de PDVSA.  
- El 28 de junio de 2011, Shiera transfirió 15 mil dólares a una cuenta en Panamá a nombre de un funcionario de PDVSA.
- El 6 de junio de 2011 Shiera transfirió a una cuenta bancaria en Panamá a nombre de un funcionario de PDVSA.
-El 6 de diciembre de 2011 Shiera envía un correo electrónico en el que hace una reservación para un funcionario de PDVSA por 14.502,29 dólares.
- Varios correos emitidos por funcionarios de PDVSA dirigidos a Rincón y Shiera les indican los conceptos por los cuales deben emitir las facturas correspondientes a pagos que les hará la petrolera a las empresas de los venezolanos.
- El 3 de junio de 2014, Shiera transfirió a una cuenta de un funcionario de PDVSA en un banco en Panamá por 15 mil dólares.
- El 7 de enero de 2014, Shiera transfirió a una cuenta a nombre de un funcionario de PDVSA en un banco de Panamá por un monto de 15 mil dólares.
-22 de marzo de 2016, Abraham José Shiera se declara culpable de haber pagar sobornos a varios funcionarios de Petróleos de Venezuela, PDVSA, por 1.000 millones de dólares.