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domingo, 19 de febrero de 2017

La corrupción de Odebrecht que el gobierno de Ecuador pretende dejar en el olvido

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos demostró que la acción corrupta de Odebrecht dejó una marca en Ecuador equivalente a 33,5 millones de dólares repartidos en sobornos a funcionarios gubernamentales a cambio de la aprobación de contratos entre 2006 y 2016. Pero pese a las evidencias, la administración de Rafael Correa se empeña en obviar tales hechos premiando a la constructora con el retorno al país y la adjudicación de más contratos que dejaron en el olvido acusaciones de corrupción y demandas por más de 250 millones de dólares por sólo 20 millones de dólares que la multinacional brasileña pagó como compensación por pérdidas y que nadie sabe dónde están.
A su paso por las 27 naciones en las que tiene presencia, la constructora brasileña Odebrecht ha dejado huella por las obras que ha construido, y más recientemente por los escándalos que ha generado. Ecuador está en la lista de doce países señalados en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que destapó lo que se considera una "conspiración para violar" las leyes contra sobornos, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés.

El informe del organismo de gobierno norteamericano establece que “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros, proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”.

Tanto Odebrecht como su empresa relacionada Braskem, se declararon culpables el pasado 21 de diciembre de 2016 ante la justicia de Estados Unidos y acordaron cancelar 3.500 millones de dólares en multas tanto a las autoridades norteamericanas como a las de Brasil y Suiza—que colaboraron en la investigación— por el pago de sobornos a funcionarios públicos gubernamentales y políticos de Brasil, Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. 

En el caso específico de Ecuador, Rafael Correa reaccionó airadamente en defensa de su gestión y de quienes estarían involucrados. Pero no solamente la gestión de Correa se encuentra cuestionada por su relación taimada con la constructora brasileña. Otras seis administraciones también lo están: las encabezadas por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio. De los últimos diez gobiernos solo quedan exentos los de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez.

Las operaciones y contrataciones de Odebrecht en Ecuador suman $2.957.037.892,33, y los sobornos otorgados totalizan 33,5 millones de dólares, según el reporte del Departamento de Justicia. Estas coimas formaban parte de un sistema con carácter orgánico y corporativo y eran canceladas a través de una “caja B” con registro documental contable, todo perfectamente organizado y canalizado por la División de Operaciones Estructuradas, una dependencia creada en 2006 por la empresa, que a la luz de las averiguaciones, no vino a ser más que un vulgar departamento de sobornos. Pero el esquema corrupto existía desde antes —años 80— con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas”. El reporte de la entidad gubernamental norteamericana indica que los 33,5 millones de dólares pagados en coimas entre 2007 y 2016, le generaron beneficios a la constructora por 116 millones de dólares.

Y aunque no hay nombres propios que se hayan dado a conocer, sí existe un conjunto de sobrenombres y seudónimos adjudicados de acuerdo a las características físicas, personalidad o perfil profesional de los 18 personajes —por ahora— involucrados. El diario Expreso, de Ecuador, refiere que en sus averiguaciones —aún en curso—hechas sobre más de cien páginas escritas a mano, figura el financiamiento de una campaña electoral sin que hasta el momento se haya podido determinar de quién. Por los momentos, solo se conoce que en las operaciones fraudulentas figuran personajes como “Secreto 1”, “Secreto 2”, “Grosso”, “Matraca”, “Banco”, “Nipón”, “Luzes”, “Chanceller”, entre otros.

Un secreto largamente guardado

Se supone que los registros debían ser regularmente destruidos para no dejar rastros de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios corruptos de diferentes países. Eso fue lo que creyeron los directivos del consorcio brasileño.
Pero no fue así.
Una mujer, para entonces de 20 años, quien trabajó desde 1987 como secretaria del referido departamento de sobornos de Odebrecht, fue despedida en 1992 y, desde entonces, olvidada. Su nombre es Concepción Andrade y reapareció en los escenarios brasileños al momento de estallar el escándalo. Andrade desempolvó las amarillentas hojas mecanografiadas que se llevó a su casa al momento de su despido y que contenían los registros que había levantado sobre pagos irregulares y los entregó a la justicia y a la Comisión del Congreso que investiga el caso Lava Jato.

La mujer conversó con el diario Expreso y afirmó que “los que constan en el listado recibían sobornos de Odebrecht” que en el expediente que maneja la justicia de Brasil aparece registrado como “Relación de socios”. Dijo además que los pagos “eran del 2 al 5% del valor de la obra” y no pueden ni deben confundirse con donaciones legales.

Los documentos que analiza el diario revelan el procedimiento seguido por la unidad de sobornos de Odebrecht para pagar las coimas a sus “socios” ecuatorianos. Recurrían a dos mecanismos. El primero de ellos, a través de vales de caja en los que se reflejaban transferencias a Guayaquil y Miami descritos como “gastos de representación”. 

La segunda vía quedó registrada en hojas separadas rellenas a mano, con descripciones como: “Equador, 800.000. Manutenção”.

Las declaraciones de Concepción Andrade refieren que “la compañía en Ecuador recibía el depósito y lo pagaba en efectivo a los implicados. Ellos exigían el pago en dólares y definían la hora y el lugar para cobrarlo”.

Los contratos en Ecuador

Como referimos al principio, siete de los diez últimos gobiernos ecuatorianos firmaron contratos con Odebrecht, por un total de $2.957.037.892,33, que estarían discriminados de la siguiente manera: La administración de León Febres Cordero, en 1987, lo hizo por $176.600.000; la de Sixto Durán, entre 1992 y 1996, firmó en dos ocasiones por $160.900.000 y por $80.586.701; Fabián Alarcón, en 1997, contrató por $126.700.000; Jamil Mahuad, en 1998, firmó contratos por $143.014.888; Gustavo Novoa, entre 2000 y 2002, ejecutó obras con la contratista brasileña y firmó en dos ocasiones, una por $286.851.129 y por $97.651674.87; Alfredo Palacio, en 2006, suscribió tres contratos por $102.674.986,69, por $157.058.512,77, y por $25.000.000; mientras que el actual gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2016, ha firmado contratos con Odebrecht por $1.600.000.000.

Odebrecht opera en Ecuador desde el 21 de agosto de 1987 cuando se encargó de la construcción del Trasvase Santa Elena, en la provincia de Guayas, un contrato suscrito con el gobierno de León Febres Cordero por $176.600.000.

Además, la empresa brasileña ha sido responsable de la construcción de importantes obras de infraestructura como la central hidroeléctrica San Francisco, la central hidroeléctrica Manduriacu, la preparación del área donde ha de construirse la Refinería del Pacífico, la Ruta Viva en la capital de la república, el trasvase Daule-Vinces, el acueducto La Esperanza, el poliducto Pascuales-Cuenca y la primera y segunda etapa del Metro de Quito.

Odebrecht también ganó el contrato para la ampliación del puerto de aguas profundas de Manta, pero esta obra fue cancelada por el gobierno de Correa en razón de decidirse el redimensionamiento del proyecto.

Como ya se dijo, el informe del Departamento de Justicia de EEUU da cuenta de que los sobornos registrados en Ecuador tuvieron lugar entre el año 2007 y 2016, tiempo durante el cual el único mandatario que ha ejercido el poder en la nación suramericana es Rafael Correa.

La reacción del gobierno de Correa

Ante los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos la respuesta del gobierno de Rafael Correa no se hizo esperar y a través de un comunicado emitido por la Secretaría Nacional de Comunicación se dirigió a la ciudadanía para negar los hechos denunciados.

Ese documento refirió que el 23 de septiembre de 2008 el presidente Correa emitió el decreto ejecutivo 1348 por medio del cual expulsó del país a la constructora Odebrecht luego de haberse detectado una serie de “deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco —proyecto contratado en el año 2000 en el gobierno de Gustavo Noboa e inaugurado en el 2007 (…)[y] ordenó el arraigo de sus más altos funcionarios en Ecuador y, rescindió todos sus contratos: Toachi Pilatón, Multipropósito Baba y Carrizal Chone. Además, la constructora debió ceder su participación en el Consorcio Tena, como contratista del nuevo aeropuerto de Tena”.

Agrega el comunicado que la Odebrecht volvió a operar en Ecuador en 2010, luego de que “aceptara todas las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional. Debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto estimado en 55,7 millones de dólares, así como pagar 20 millones de dólares por los costos ocasionados por la paralización de la central”.

Sostiene que los contratos ganados a partir de esa fecha se hicieron a través de concursos abiertos que le permitieron a la constructora brasileña adjudicarse el trasvase Daule-Vinces, por 299,36 millones de dólares; la central hidroeléctrica de Manduriacu, por 199,9 millones de dólares; la preparación de terreno para la Refinería del Pacífico por 303 millones de dólares; el acueducto La Esperanza por 296,01 millones de dólares; y el poliducto Pascuales-Cuenca, por 547 millones de dólares. Es decir, 1.329,46 millones de dólares, un monto nada despreciable para una compañía tenida por incumplida al extremo de expulsarla del país.

La administración de Correa subrayó como hecho curioso que habiendo estado presente Odebrecht en Ecuador desde los años 80, el informe del Departamento de Justicia sólo analiza el período 2007-2016 y obvia al resto de los gobiernos, por lo que calificó de sesgada y tendenciosa la investigación.
Igualmente, en el comunicado el gobierno cuestionó el hecho de que se acuse a funcionarios ecuatorianos en 2007 y 2008 cuando precisamente Odebrecht fue expulsada del país. 

El gobierno de Correa advirtió que “tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio. Esperamos que este no sea el caso, pero no nos sorprendería tampoco que el Departamento de Justicia subordine su administración, una vez más, a los intereses de la política exterior de Washington”.

Voces en contra y contraataques 

Varias han sido las voces que se han levantado para criticar la actitud de Rafael Correa frente a la constructora Odebrecht y la denuncia que la señala de haber pagado 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales.

Una de estas voces es la de Andrés Pérez Benalcázar, compañero de fórmula —aspira a la vicepresidencia— de Guillermo Lasso quien competirá con Correa en las elecciones presidenciales pautadas para este 2017.
Sostiene Pérez que de no haber una aclaratoria por parte del gobierno, viajará a EEUU en busca de información sobre el caso. Durante una entrevista televisiva a Ecuavisa, manifestó que lo que la administración de Correa “debería hacer es simplemente acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos y pedir que la lista (de presuntos involucrados) se publique”.

De persistir el silencio gubernamental Andrés Pérez refirió en la citada entrevista que "acudiré ante el juez de la corte de Nueva York para presentarme como tercero interesado y para exigirle, a través de la normativa vigente en los Estados Unidos, que se revele esa lista porque el Ecuador exige conocer quiénes son los autores de este nuevo atraco al Estado ecuatoriano".

Otro que anunció viaje a Estados Unidos es el alcalde Quito, Mauricio Rodas, quien en su cuenta en la red social Twitter dijo: “Viajaré inmediatamente a Washington, para manifestar el interés de @MunicipioQuito y los quiteños para q Dpto.Justicia revele información”.

Y es que el gobierno de Rafael Correa al eximirse de culpas en el caso, subrayó con sumo énfasis en su comunicado oficial que “el único contrato que tiene Odebrecht vigente en Ecuador es con el municipio de Quito, mediante el Consorcio Acciona-Odebrecht, para la construcción de la fase 2 del Metro de Quito, por un monto de 1.538 millones de dólares, suma que, por sí sola, prácticamente equivale a todos los contratos mantenidos con el Gobierno Nacional”.

El 6 de enero del presente año 2017, la Fiscalía General del Ecuador allanó la residencia del asesor principal de Mauricio Rodas, Mauro Terán Vásconez y procedió a detenerlo. 

La aprehensión de Terán, según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación, obedece a que “este ‘asesor’, sin sueldo ni cargo aparente, no registra entre 2010 y 2016 ninguna actividad económica reportada a la autoridad tributaria, ni declara impuesto a la renta a pesar de haber tenido ingresos entre 2014 y 2016 por más de cinco millones y medio de dólares”.

El comunicado de prensa señala que los ingresos más fuertes de Mauro Terán los percibió en 2015, fecha que “coincide con el año en el que se adjudicó y firmó el contrato para la segunda fase de construcción del Metro de Quito cerrado con el consorcio Acciona-Odebrecht”. 

Los ingresos de Mauro Terán reportados por la banca estadounidense son, según el reporte gubernamental: en 2010, 52.882 dólares; en 2011, 317.697 dólares;  en 2012, 269.401 dólares; en 2013, 319.770 dólares; en 2014, 2.624.729 dólares; en 2015, 2.352.876 dólares; en 2016, 497.760 dólares.

Y mientras el alcalde Quito, Mauricio Rodas, defiende la integridad de Terán a quien describe como un gran colaborador que no es empleado municipal y cataloga de “maliciosa” e “inaceptable” la estrategia del gobierno nacional de pretender vincular una investigación tributaria y particular con el contrato del Metro de Quito por un mero objetivo electoral, el presidente Rafael Correa sugirió en declaraciones a El Expreso que "en vez de viajar a Washington a hablar con quien quiera, debería explicar o decirle a su amigo por qué tiene 6 millones de dólares depositados entre 2014 y 2015, cuando llega la nueva administración municipal y coincidente con los contratos del Metro de Quito”.

Correa ahora defiende a Odebrecht

Por contradictorio que parezca, la misma administración de gobierno que en 2008 decidió expulsar a Odebrecht por incumplimiento, ahora la defiende a capa y espada.

El diario La República da cuenta de afirmaciones de Correa defendiendo el contrato de la constructora brasileña para la obra de la represa central hidroeléctrica Manduriacu, en las que advierte que los contratos complementarios con Odebrecht “no son sobreprecios”, al tiempo que refiere que dichos contratos han sido auditados al cien por ciento. 

Correa inauguró en marzo de 2015 la central hidroeléctrica Manduriacu y para esa misma fecha la Comisión Nacional Anticorrupción denunció que el contrato original de la obra, estipulado en 124.881.250 dólares en un principio, sufrió un incremento a 227.389.966,63 dólares, acusando un sobreprecio de 82%.

Asimismo, la Secretaría de Comunicación en otro parte de prensa sostiene que la empresa  cumplió con todos los requerimientos para volver a Ecuador: “Los errores de la constructora brasileña Odebrecht fueron enmendados oportunamente para cumplir con todos los requerimientos que exige el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) y acceder como contratista en la Refinería del Pacífico”.

La pregunta obligada ante esta nueva posición del gobierno de Rafael Correa apunta a saber dónde quedaron y por qué el giro a aquellas afirmaciones que en su momento hiciera sobre Odebrecht ante las graves fallas detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco y que en el portal Plan V. Los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita se encargan de refrescar: “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado", dijo tajante el presidente ecuatoriano en 2008 cuando aseguró que conocía perfectamente la magnitud de los manejos dolosos y los nombres de los corruptos.

Al parecer, Correa decidió guardar en un cofre inexpugnable tales secretos, advierten los comunicadores cuando recuerdan la promesa del presidente: “No descansaré hasta darle a conocer al mundo lo que han hecho en este país". Al parecer se cansó. 

La mano de Lula

Según refieren Villavicencio y Zurita, fue la intervención del expresidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, la que logró suspender todas las acciones judiciales emprendidas por Correa contra Odebrecht, no solamente en Ecuador sino también fuera de ese país, las cuales sumaban en conjunto 250 millones de dólares. 

La firma del Convenio de Transacción el 8 de julio de 2010, entre Hidropastaza y Norberto Odebrecht, —acuerdo hecho sin la autorización del Procurador del Estado— sirvió para borrar de la memoria de Correa todas las acusaciones de corrupción contra la constructora. Eso, y el pago de 20 millones dólares por concepto de pérdidas que echaron por tierra las glosas establecidas por la Contraloría por 70 millones de dólares.

La amnesia que el acuerdo causó en Rafael Correa dejó también en el olvido una auditoría de la firma Electroconsul que aseguró que las pérdidas ocasionadas por la paralización de los trabajos en la represa San Francisco lanzaban la cifra de 83 millones de dólares. Incluso, la propia Odebrecht había ofrecido pagar por ello 43 millones de dólares. Pero el gobierno de Correa se conformó solamente con 20 millones de dólares, un dinero del que se desconoce el destino.

Otro round: Ros-Lehtinen versus Correa

En esta odisea de peleas, otro capítulo lo constituye el choque entre la representante republicana estadounidense, Ileana Ros-Lehtinen, y el presidente Correa.

La congresista norteamericana solicitó el 5 de enero de 2017 a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, revelar los nombres de los funcionarios gubernamentales ecuatorianos que recibieron sobornos de Odebrecht entre 2006 y 2016.  

“Estoy requiriendo que usted revele los nombres de los funcionarios públicos ecuatorianos referidos en el acuerdo de culpabilidad con ejecutivos de Odebrecht y de otros individuos involucrados en corrupción en Ecuador”, reza la carta de la legisladora al momento de argumentar su solicitud con la advertencia de que en Ecuador no hay garantías judiciales para que los nombres salgan a la luz.

“La presión política de Correa, además de la corrupción y la falta de independencia judicial bajo su Gobierno, hace altamente improbable que los fiscales ecuatorianos revelen los nombres de los funcionarios implicados en el caso Odebrecht o los lleven a juicio”, asegura Ros-Lehtinen a la fiscal Lynch en la misiva.

Rafael Correa contestó a la legisladora estadounidense en su programa televisivo del 7 de enero de 2007, haciendo referencia, en primer lugar, a que la solicitud de la congresista la formula a título personal, para luego advertir que los funcionarios involucrados no formarían parte de su gobierno sino de otras instancias del poder en clara alusión a la alcaldía de Quito: “pronto sabrá el país lo que verdaderamente está pasando”.

Correa quiso desviar la atención del caso Odebrecht a la vieja disputa que mantiene con los hermanos William y Roberto Isaías, acusados y sentenciados en Ecuador por fraude bancario y que en la actualidad residen en Miami. El mandatario acusa a los hermanos Isaías de orquestar una campaña para politizar el caso Odebrecht con el único objetivo, supuestamente, de afectar a su gobierno. 

Los CapayaLeaks

Otro que se pronunció respecto al caso Odebrecht desde Estados Unidos a donde huyó, fue el exgerente general de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli. El exfuncionario gubernamental ha remecido los cimientos de la administración de Correa con las revelaciones que ha hecho a varios periodistas y que ahora se conocen como CapayaLeaks. También a través de cuenta @capayaleaksecu en la red social Twitter, ha lanzado una serie de mensajes de alto contenido explosivo, pues dan a conocer los manejos irregulares en la administración de la estatal Petroecuador y, en general, sobre el gobierno de Rafael Correa.

Entre los comunicadores con los que conversó Pareja Yannuzzelli está Tania Tinoco de Ecuavisa, a quien expuso que determinar quiénes fueron los funcionarios del gobierno que recibieron comisiones por parte de la constructora brasileña Odebrecht es sumamente sencillo.

Advierte que no es necesario esperar a que Brasil informe quiénes son, pues basta con echar un vistazo a los contratos que el consorcio firmó en Ecuador.

En tal sentido, Pareja Yannuzzelli precisó que “llegar a saber los nombres de Odebrecht (…) llegar a esos nombres es más fácil que la tabla del uno. En Petroecuador en este gobierno Odebrecht firmó alrededor de 600 millones de dólares, es facilito, ¿quién firmó los contratos de Odebrecht en Petroecuador? ¿Quién era el gerente refinería del Pacífico en ese momento que firmó un contrato de casi 300 millones por el movimiento de tierra? ¿Quiénes fueron los miembros del directorio que aprobaron los contratos? ¿Quién fue el fiscalizador, el administrador del contrato y las comisiones que llegaron al precio?” .

Gobierno de Ecuador en mora

Pese a que Odebrecht ha acordado con las autoridades de seis países la devolución de los montos de los sobornos y algunas compensaciones, en Ecuador no se tiene información al respecto ni hay detenidos por estas graves denuncias. 

Se sabe que República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Suiza, Colombia y Perú han llegado a acuerdos con la constructora brasileña. Sin embargo la Procuraduría General del Estado continúa en silencio en lo que a Ecuador respecta, y pese a los esfuerzos por obtener un pronunciamiento, el organismo se mantiene inmutable, de acuerdo al diario El Comercio.

En la opinión del jurista, Ramiro Román, consultado por El Comercio, las autoridades ecuatorianas han debido activarse en este sentido y emitir una queja internacional para gestionar el pago a Ecuador por parte de Odebrecht. “Para mí, de fondo, existe algo. ¿A quién protege? ¿Qué intereses hay? No existe otra conclusión frente a esto”.

La Fiscalía recientemente solicitó información a la Procuraduría sobre los contratos que la empresa brasileña firmó en Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, SRI, reconoció que Odebrecht pudo haberse valido de empresas fantasmas o instrumentales para ocultar ingresos ilícitos. Y aunque el gobierno de Correa ha rechazado la versión “sin pruebas ni beneficio de inventario” ofrecida por los directivos de la constructora Estados Unidos, la Corte de Justicia de Brasil avaló los testimonios entregados por los ex-ejecutivos de la firma. Entretanto, en Ecuador se mantiene el mutismo y hasta el momento no hay detenidos ni indagados. 

La fiscalía emitió el 31 de enero pasado un escueto comunicado en el que dicen que Ecuador ha solicitado “asistencias penales” a Estados Unidos, Brasil Suiza y España, al tiempo que han pedido información a la Contraloría, Procuraduría, SRI, Servicio Nacional de Contratación Pública y a las Superintendencias de Bancos y Compañías. 

El fiscal general, Galo Chiriboga, se excusó recientemente de dar detalles de la investigación bajo el argumento de que es un caso reservado y que “no se trata de encubrir a nadie, sino de no entorpecer el proceso”. 

Chiriboga viajó a EEUU donde se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de ese país con la intención de acceder a los nombres de quienes habrían recibido los supuestos sobornos. En el encuentro participaron Bruce Swartz, fiscal general adjunto de Estados Unidos y otros 12 funcionarios de diversas unidades de investigación del caso en Washington y Nueva York, así como una representación del FBI. En la cita Swartz le precisó a Chiriboga que la información es reservada y que no se puede hacer pública. Esta es la razón por la cual en otros países se han impulsado averiguaciones independientes . 

Gobierno ecuatoriano contrata estudio jurídico en Brasil

Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, informó que el gobierno contrató los servicios de un escritorio jurídico en Brasil con el objeto de que represente los interese ecuatorianos en la investigación que en la nación carioca se sigue sobre el caso Odebrecht.

El alto funcionario se trasladó a finales de enero a Brasil para obtener información sobre el proceso judicial "Lava jato".  

Especialistas cuestionan esta contratación por cuanto estiman que Gobierno no puede realizar una investigación particular sobre un caso judicializado en Ecuador, pero Mera justificó la acción asegurando que el estudio jurídico “Tozzini Freire Abogados” defenderá los intereses ecuatorianos en el caso.

Alexis Mera se abstuvo de informar sobre los detalles del contrato suscrito con los abogados brasileños alegando que se trata de información reservada.

Cooperación española en el caso

Por el caso la fiscalía ecuatoriana también diligenció la cooperación de sus pares en España a objeto de que le tomen declaración a un implicado en el caso que se encuentra detenido en la nación ibérica.

España aceptó el pedido e interrogará a Rodrigo Tecla Durán, abogado de la constructora Odebrecht que está detenido en el país europeo por el delito de lavado de dinero, soborno a funcionarios y por ser integrante de una organización criminal.

Tecla Durán está detenido en España por pedido de Brasil, nación que lo acusa de ser el presunto responsable del pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.

El fiscal ecuatoriano del caso, Wilson Toainga, informó que remitieron un cuestionario de 20 preguntas como Asistencia Penal Internacional.

Toainga aseguró que las investigaciones están en curso, negando así la versión de estancamiento de las averiguaciones en Ecuador.

Entretanto, la cadena de descalificaciones continúa, la incertidumbre y las dudas sobre este caso se van desdibujando en la memoria de los ecuatorianos que parecen bailar al son de la melodía que desde el gobierno central se interpreta para alejar la atención de las corruptelas que día tras día explotan una tras otra.

viernes, 17 de febrero de 2017

Odebrecht Venezuela: Una trama de corrupción que deja al descubierto el verdadero rostro de la revolución chavista

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La revelación sobre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a funcionarios de 12 países para lograr la adjudicación de contratos que salió a la luz con la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo, puso al descubierto, en el caso venezolano, el talante corrupto que ha caracterizado la gestión de gobierno de los últimos diecisiete años de revolución chavista.
Mientras las autoridades de varios países latinoamericanos abrieron investigaciones sobre uno de los más escandalosos esquemas de corrupción que haya conocido Latinoamérica, a saber los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios de numerosos gobiernos durante años, Venezuela se había mantenido a la zaga en materia de averiguaciones pues nada, o muy pocas, habían sido las acciones de las autoridades para determinar las responsabilidades y, mucho menos, señalar a los presuntos “beneficiarios” de la coimas.

El pasado 22 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que presidentes, exmandatarios, ministros, representantes de partidos políticos y personas claves en varias administraciones de 12 países de la región, recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña a cambio de la adjudicación de contratos millonarios firmados entre 2001 a 2016. El Departamento de Justicia de EEUU le impuso una multa de 3.500 millones de dólares a Odebrecht.

En el caso específico de Venezuela, los datos aportados por el Departamento de Justicia señalan que funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro recibieron sobornos por más de 98 millones de dólares entre los años 2006 y 2015. Cinco de las obras asignadas a Odebrecht por un total de 16 mil millones de dólares se encuentran inconclusas hasta la fecha, pese a haberse iniciado en 2006 bajo la administración del finado Hugo Chávez. En estos once años las autoridades venezolanas no hicieron pronunciamiento alguno sino hasta que el escándalo hubo reventado.

De hecho, fue sólo a partir de los últimos días cuando una serie de acciones convulsas han tenido lugar, tales como la orden de los fiscales del ministerio Público a cargo de la investigación —Pedro Lupera y Luis Sánchez— quienes solicitaron ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas, la congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa brasileña Odebrecht, bajo la sospecha de haber cometido irregularidades en las contrataciones de la compañía. Ver detalles.

Igualmente, los fiscales 55° nacional y auxiliar, Lupera y Sánchez, ordenaron el allanamiento de la sede de la constructora brasileña en Caracas, procedimiento que estuvo a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y se llevó a cabo el día 14 de febrero. El Tribunal 11° de Control acordó la medida.
Pero a no todos convencen estos procedimientos, el diputado Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, entre ellos. Para el parlamentario de Voluntad Popular resultan sospechosas las actuaciones del ministerio Público pues a su juicio un interés político priva detrás de las mismas. “Es obvio la vinculación del gobierno con este terrible caso de corrupción. ¿Qué buscan: investigar o entorpecer?”, advierte. Ver fuente original aquí.

El órgano parlamentario a cargo de Guaidó también adelanta una investigación sobre el caso.

Las intenciones políticas también fueron advertidas por el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien acusó golpe por parte del presidente de la república, Nicolás Maduro, al haber señalado este que un mandatario regional podría estar involucrado en el escándalo de Odebrecht. “Aquí hay un gobernador involucrado en el caso Odebrecht. De repente podría ir preso. Él recibió un poco de dólares, después no diga que es un perseguido político”, soltó el jefe de estado durante una reunión del Consejo Federal de Gobierno. 

A estos señalamientos, Capriles le salió al paso y aseguró que la intención de Maduro es desviar la atención de los verdaderos focos de corrupción de este caso. “Si Maduro pretende montarme una acusación por este caso, no lo voy a dejar pasar. Esto es grave y no me expondré como chivo expiatorio del caso Odebrecht en Miranda”, dijo al tiempo que alertó que “cualquier documento que pretendan sacarme es un documento falso y forjado (…) jamás he firmado un contrato con esta empresa”.Aquí la fuente original de esa afirmación.

Entonces, el mandatario regional enfiló contra su predecesor en el cargo. “Si de verdad quieren investigar a profundidad este tema, más de la mitad del Gabinete de Maduro se verá salpicado por este escándalo. Si quieren saber sobre Odebrecht en Miranda, busquen al señor [Diosdado] Cabello, quien durante su gestión tuvo relación con esta empresa”, sugirió.

La respuesta de Cabello no se hizo esperar, lo hizo a través de su programa televisivo “Con el mazo dando”, en el que arremetió contra Capriles pero no habló de las contrataciones que habría hecho Odebrecht durante su gestión como gobernador de Miranda. Se limitó a contra acusar a su sucesor: “Capriles, te lo voy a decir, yo no soy corrupto como tú (…) Ustedes creen que si ahí hubiera un papelito, una pendejadita, donde apareciera Diosdado Cabello, ¿ya eso no estaría en El Nacional pegado en primera página?”.

Entretanto, las acciones de la Fiscalía 57 Nacional continuaron y “ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, por los escándalos de corrupción de la llamada operación Lava-Jato’”. Al alto ejecutivo brasileño se le imputó por corrupción impropia y concierto de funcionario público con contratista.

De acuerdo a lo informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las averiguaciones por ellos adelantadas señalan que la constructora Odebrecht habría pagado aproximadamente 39 millones de dólares a un intermediario en Venezuela con el objeto de que este le brindara información sobre contrato y licitaciones.. Sobre este asunto el silencio es absoluto y no parecen haber indicios de que la fiscalía dirigirá sus averiguaciones a descubrir la identidad de este supuesto intercesor.

La fiscal a Brasil

La última acción de la fiscalía sobre el caso fue el viaje de la titular del Ministerio Público, Luis Ortega Díaz, para reunirse con el procurador general de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot. Este encuentro fue reseñado por la funcionaria a través de su cuenta en la red social Twitter @lortegadiaz. El objetivo de la reunión es obtener detalles del caso. Ortega Díaz fue invitada formalmente por Janot pero de los pormenores del encuentro no se sabe nada hasta el momento.Ver nota original aquí.

En su programa radial, Ortega Díaz informó sobre la solicitud de una orden de aprehensión en contra de una persona presuntamente incursa en irregularidades con la contratista brasileña, pero no se dio a conocer el nombre de esta. En tal sentido, la fiscal  informó que se le solicitó a Interpol incorporar a esta persona al código rojo en caso de que se encuentre fuera del país. Igualmente informó que su despacho envió rogatorias a Brasil, Suiza y Estados Unidos, una información que siempre reitera pero de la que poco o ningún resultado informa.
Previamente, Ortega Díaz dijo que se encontraban investigando cuentas bancarias de venezolanos en Suiza y, en tal sentido, pidió al gobierno de ese país una “copia certificada del listado de personas de nacionalidad venezolana que recibieron depósitos de dinero en bancos suizos por parte de la empresa Odebrecht, así como los movimientos bancarios de ciudadanos venezolanos, que aparezcan como beneficiarios de depósitos bancarios realizados por la empresa Odebrecht.”.

La Asamblea Nacional investiga

Aunque el Tribunal Supremo de Justicia la ha convertido en un órgano del Poder Público prácticamente inexistente, la Asamblea Nacional inició una investigación tan pronto el Departamento de Justicia dio a conocer el caso y precisó que Venezuela figuraba entre los doce países involucrados.Ver fuente original aquí.

El para entonces presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Freddy Guevara, informó el 22 de diciembre de 2016, que esa instancia parlamentaria iniciaría una investigación para determinar las responsabilidades de aquellos funcionarios que hubieran recibido sobornos por parte de la constructora Odebrecht a cambio de la obtención de contratos para obras públicas de infraestructura.

En esa ocasión Guevara dijo que la constructora brasileña debería revelar los nombres de los funcionarios o exfuncionarios del gobierno beneficiados con las coimas.

El sucesor de Guevara en el cargo, Juan Guaidó, comentó recientemente lo curioso de la averiguación que sobre el caso adelanta el Ministerio Público, toda vez que la misma está “dirigida a una sola persona que hasta los momentos no se conoce el nombre y, presuntamente, no se encuentra en el país”.Ver detalles aquí.

En tal sentido, el ente parlamentario anunció la interpelación a los representantes legales de Odebrecht en Venezuela, a objeto de que expliquen los supuestos sobornos pagados a funcionarios. 

"Los citaremos para el próximo miércoles. Queremos saber qué pasó con esos 98 millones de dólares que según Marcelo Odebrecht (expresidente de la compañía) se pagaron en Venezuela en sobornos".Aquí.

Daños detectados al erario público por 16,6 millardos de dólares.

El ente parlamentario, según dio a conocer en su momento Freddy Guevara, documentó seis posibles casos de corrupción en las negociaciones del gobierno con Odebrecht.

Tales actos de corrupción habrían ocasionado, según refiere el diputado opositor por la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, una afectación al erario público por el orden de los 16,6 millardos de dólares en sobreprecios, comisiones, pago de sobornos, indebida planificación de obras y malversación de fondos.

“Se trata de la Línea del Metro de Caracas-Guarenas-Guatire, proyectada para 2012, con un patrimonio público presuntamente afectado de 4,9 millardos de dólares; el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, que debió terminarse en 2010, con una afectación de 3,6 millardos de dólares; la Línea 2 del Metro de Los Teques, que debió terminarse en 2015, con un monto afectado de 2,5 millardos de dólares; el tercer puente sobre el río Orinoco, obra que debió culminarse en 2012, con una cantidad afectada de 1,6 millardos de dólares; la Línea 5 del Metro de Caracas, la cual debía estar terminada para el año 2012, con un patrimonio público presuntamente perjudicado de 3,7 millardos de dólares; y una contratación para venta de carne de res congelada, en la cual habría sobreprecio de hasta 60%, afectando 209 millones de dólares”.Más detalles aquí.

Gobiernos chavistas contrataron más de 50 millardos de dólares 

Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro contabilizan contratos con Odebrecht y con las empresas brasileñas Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, las cuales son investigadas en ese país por la operación Lava Jato.

Son 42 los contratos entregados a estas empresas desde el año 2000. De este total, Odebrecht se adjudicó 32 proyectos. Así, en 16 años, la constructora brasileña recibió de las administraciones chavistas 40,9 millardos de dólares, es decir, 81,80 por ciento del total adjudicado. Ver detalles aquí.

El financiamiento de cinco de las obras, la Línea 2 del Metro de Los Teques; la Línea 5 del Metro de Caracas; el Astillero del Alba, en Sucre; la Siderúrgica Nacional Abreu de Lima, en Bolívar; y el proyecto de saneamiento de la cuenca del río Tuy, proviene del Banco de Desarrollo de Brasil, Bndes, por 2.734 millones de dólares.

Como veremos más adelante, del total de las 42 obras, 14 presentan menos de 30 por ciento de su ejecución, de acuerdo al Registro Nacional de Contratistas. 

En tres de estas obras a cargo de Odebrecht la situación es alarmante, siendo que el tramo San Antonio-La Rinconada del Metro de Los Teques, tiene 0 por ciento de avance; el proyecto de desarrollo agrario Guamare-Masparro, en Barinas y Portuguesa, registra 0,70 por ciento de avance; y la estación Miranda II y los talleres de la Línea 5 del Metro de Caracas, apenas 5,79 por ciento de  ejecución.

Las obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela

Venezuela es el país que según la investigación estadounidense, más sobornos recibió por parte de Odebrecht. Pese a ello, las obras del Metro, metrocable, puentes, complejos industriales y la remodelación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía aún son una promesa, pues sus trabajos —casi en su totalidad— están inconclusos a la fecha.

Así tenemos, en primer lugar, el Puente Nigale, vía alterna al Puente sobre el Lago de Maracaibo “Rafael Urdaneta”, cuyas labores de construcción se iniciaron en 2006 con la promesa de ser entregada a final de 2010. La inversión inicial fue de 152 millones de bolívares y se supone que sería el tercer puente colgante más grande de América Latina. Hoy sigue siendo un ofrecimiento después de pusieran su primera piedra el 19 de noviembre de 2006.

El 27 de noviembre de 2005 el difunto Hugo Chávez se refirió a la obra en estos términos: “Yo dije que tenía que ser en Maracaibo, en Zulia, donde se hiciera un puente mollejúo, que va a pasar no por encima sino por debajo; además, con un tren”. Siete años más tarde, el entonces vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, manifestó que “aspiramos para el 2017 ver cruzar al primer vehículo por el puente Nigale”, mientras que para 2019 anunció en ese momento la puesta en servicio del ferrocarril que lo atravesaría.

El 29 de enero de 2014 la construcción se paralizó por falta de recursos y el 8 de agosto se oficializó en Gaceta Oficial el pago de más de 1.385 millones de bolívares a Odebrecht para avanzar en la obra.

Pese a esto, ni siquiera en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte de 2015 se le menciona. El gobierno de Nicolás Maduro le asignó 126 mil millones de bolívares. Ver detalles aquí.

Otra obra que Odebrecht debió entregar en 2010 es la Línea 5 del Metro de Caracas. Solamente 1,3 Km se han concluido de los 15 Km. que recorre desde la Zona Rental hasta la estación Miranda (Parque del Este). Esta obra en su plan inicial de 1997 comprendía ramales hasta El Cafetal y El Hatillo.

En 2006, Hugo Chávez le asignó 80 millardos de dólares para su construcción, pero con variaciones a su diseño original, pues ahora recorrería las estaciones Bello Monte, Las Mercedes, Chuao y Parque del Este y estaría lista para 2011. Pero para esa fecha solamente un 30 por ciento estaba ejecutado. Luego, el ministro de infraestructura del momento, Haiman El Troudi, dijo que se terminaría en 2014.

El 5 de noviembre de 2015 se inauguró la estación de Bello Monte pero en 2016 ninguna nueva estación abrió sus puertas. En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre se hace referencia a la aprobación de Bs 6.350.871.365,00, lo cual solamente sirvió para un 11,82 por ciento de avance físico y 66,45 por ciento de avance financiero.Ver detalles aquí.

En tercer lugar encontramos el sistema de transporte Caracas-Guarenas-Guatire, que tenía fecha de inauguración para 2012, pero hasta el momento solamente hay un tramo funcional. Su costo es de 2 mil millones de dólares que permitirían la conexión de la capital venezolana con las ciudades satélites de Miranda.

La obra se postergó para 2015 y en 2016 la extendieron para 2019, según se lee en el informe de Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del 2013.

En el Registro Nacional de Contratistas no se hace referencia a fecha de entrega pero si se dice que solo el 26,7 por ciento está lista luego de 10 años de trabajos. Datos obtenidos off the record dijeron que “faltan cuatro puentes y ocho emboques. Falta muchísimo”.

Sin embargo, se le sigue asignando dinero pues la Memoria del Ministerio de Transporte de 2015 específica que se aprobaron recursos por el orden de 13.526.097.614,00 bolívares y hubo un avance financiero de 36,67 por ciento, mientras que el físico fue de apenas 10,90  por ciento.Ver aquí más datos.

El aeropuerto internacional de Maiquetía es otro de los embarques de Odebrecht en Venezuela. “La modernización de la principal terminal aérea venezolana comprendía la ampliación del Terminal Nacional, la construcción de la Plataforma Remota Internacional, la rehabilitación de las calles de rodaje, la modernización de la Plataforma de Carga y actualización de sistemas tecnológicos, de control aéreo, seguridad interna, y control de datos y la expansión del Umbral 28. Solo la última se cumplió”.

El metrocable La Dolorita cuya inversión es de 300 millones de dólares es una obra vinculada al Metrocable Mariche. Tiene una longitud de 3,6 km.

Entretanto, el Metrocable de Mariche funciona desde el 10 de diciembre de 2012, aunque para en época de lluvia. Su costo fue de 330 millones de dólares.

Aunque lo anunciaron en 2000, sólo fue hasta 2007 cuando pusieron la primera piedra, tomando sus trabajos cinco años. Transporta usuarios desde Mariche a Palo Verde. Hablamos de la segunda fase del proyecto de Metrocable que se inició con el Metrocable de San Agustín-Parque Central. Está funcionando desde el 20 de enero de 2010.

El Metrocable de Petare Sur y el Metrocable de Antímano se encuentran en construcción, previéndose que un Módulo de Integración entre las estaciones de Metro y MetroCable permitirá las operaciones. Contará con seis ascensores para los usuarios que vayan de la Estación Palo Verde 2 a Palo Verde de manera directa, sin recurrir al Metrobús. Pero de esto no da cuenta el Registro Nacional de Contratistas ni la Memoria del ministerio.

El Cabletren Bolivariano lo prometió el gobierno para 2015, pero de las cinco estaciones que comprende sólo operan tres. Las estaciones 24 de Julio y Warairarepano siguen en construcción. La inversión en esta obra es de 440 millones de dólares.

Este sistema conectará la Línea 1, la Línea 5 y el Sistema de Transporte Masivo Caracas-Guarenas-Guatire. 

El 2 de septiembre de 2015 el entonces ministro El Troudi dijo que la obra estaría lista en 2016. Pero los usuarios siguen a la espera.

La Central Hidrológica Tocoma o Planta Hidroeléctrica Manuel Piar, es otra obra pendiente por construcción de Odebrecht. Se supone que la primera turbina debió de haber arrancado en 2012. Desde 2013 no se dice nada de ella cuando Corpoelec refirió que se habían invertido 5.996 millones de dólares y la obra llevaba un avance de 66,26 por ciento.Fuente original aquí.

Venezuela también aguarda por la conclusión del Complejo Agroindustrial José Ignacio Abreu de Lima, cuya construcción lleva más de 7 años. Se sabe que en 2015 dejó de producir soya. Para 2010, la obra tenía 80 por ciento de ejecución. 

2016 concluyó sin que la obra de almacenamiento de granos —otra promesa de Odebrecht— estuviera lista y parece que no va a estarlo en mucho tiempo pues en seis años solo se avanzó 8%.

La inversión, según el entonces ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmer Castro Soteldo es de 600 millones de dólares.

Muchas han sido las promesas del gobierno sobre esta obra que sigue en “veremos”. 

Sobre el complejo, el dirigente político Ernesto Paraqueima, denunció el 14 de julio de 2014 que desde 2011 se dan una serie de irregularidades en la obra, tales como pérdidas millonarias de insumos, ocho tractores desaparecidos y 50 pivotes desmantelados con una pérdida calculada en 6 mil millones de dólares.

Según la página del Registro Nacional de Contratistas el proyecto solo ha avanzado 68.09 por ciento y la fecha de culminación pasó a ser el 31 de diciembre de 2017.

El tercer Puente sobre el río Orinoco se supone que debía estar concluido en 2015 y a la fecha reporta un avance de 70,31 por ciento. Su presupuesto inicial fue de unos 2.800 millones de dólares, el sistema vial está pensado para recorrer 122 km entre el puente principal y los viaductos y carreteras anexos. Detalles.

La línea II del Metro de los Teques está en construcción desde el 2007 y, sin embargo, solamente tiene operativa tres de sus siete estaciones.

Lo que no terminó Odebrecht lo concluirá el gobierno
Las fallidas obras de la constructora brasileña serán concluidas por el gobierno nacional, según lo anunció el presidente Nicolás Maduro, quien en un acto de irreverencia e ignorancia supina sobre la materia aseguró que “no es tecnología espacial. Si me dicen que es un cohete lo que hay que poner allí, es difícil, pero eso es cabilla, cemento y trabajo y eso lo sabemos hacer los venezolanos. Vamos a terminar todas las obras que tenía Odebrecht en el país”.Más detalles de aquí.

El pasado 5 de febrero Maduro designó un grupo de inspectores presidenciales que se encargarán de fiscalizar todas las obras que están inconclusas. Hizo mención al sistema de Metro Caracas-Guarenas-Guatire como una de estas obras sin terminar a cargo de Odebrecht, una compañía que “parece se disolvió, como la MUD. Odebrecht parece que terminó como la MUD, autodisuelta”.Ver aquí.

Pero para el organismo de vigilancia social Transparencia Venezuela, la reasignación de las obras que dejó pendientes Odebrecht debe llevarse a cabo mediante contrataciones públicas transparentes que atiendan a criterios de capacidad, precios y calidad. Para la ONG es inaceptable que el otorgamiento de estos contratos vaya a realizarse por adjudicación directa.

“Este tipo de adjudicación, que se ampara en recursos legales o en el marco de convenios internacionales entre países, genera altos riesgos de corrupción y la prueba está a la vista con el caso de Odebrecht y los sobornos que admitió haber hecho en 12 países, entre ellos, Venezuela” , advirtió Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva del capítulo venezolano de Transparencia Internacional. 

Para Transparencia Venezuela resulta increíble que el mandatario nacional haya obviado por completo el que funcionarios y exfuncionarios de gobierno hayan recibido sobornos que suman los 98 millones de dólares por parte de la constructora brasileña.

La ONG exigió a Maduro establecer los daños causados por los retrasos y se informe al país cuánto se ha pagado a Odebrecht hasta la fecha, “cuál fue el origen de esos fondos, de cuánto es la deuda de la nación con la banca acreedora, y en particular, con el banco brasileño BNDES, y, muy importante, de dónde saldrán los recursos financieros para culminar este conjunto de importantes proyectos”.Ver aquí.

Los guisos de Cametro

Pero mientras las investigaciones oficiales sobre Odebrecht y sus sobornos parecen caracterizarse por el guabineo, un documento que llegó a nuestras manos revela que el mayor general, Gustavo Enrique González López, a la sazón director del inconstitucional Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, CESSPA —un ente de control que criminaliza la labor de periodistas y medios de comunicación privados e independientes— habría cometido diversos manejos irregulares durante su gestión como  presidente de C.A. Metro de Caracas, puesto que ocupó entre 2006 y 2008.

González López, quien fue también director del SEBIN, es una figura ligada al diputado Diosdado Cabello, exgobernador de Miranda entre 2004 y 2008. 

Al revisar los datos que sobre CA Metro ofrece el Registro Nacional de Contratistas y en el que la empresa está identificada con el número de RIF J305683425, tanto Cabello como González López, poseen un 40 por ciento de las acciones de la empresa, mientras un 20 por ciento están en posesión de Raúl Salmerón.Detalles.

El periodista Manuel Isidro Molina denunció que en tiempos en que González López se desempeñó como presidente de CAMETRO, estalló en España un escándalo al descubrirse que González López habría cobrado comisiones por 90 millones de dólares a cambio de la adjudicación del contrato para la rehabilitación de la Línea 1 (Pro Patria-Palo Verde) del Metro de Caracas a una empresa española. Este guiso de proporciones descomunales y con nefastas consecuencias para el sistema Metro de Caracas, tuvo lugar al firmarse el 2 de abril de 2008  el punto de cuenta para el referido proyecto de rehabilitación que González López le presentó al ministro de Infraestructura para la época, el teniente-coronel, Isidro Ramos. 

González López solicitó al ministro que se procediera a la adjudicación directa de la obra por un monto de 1.860 millones de dólares al Consorcio Servicio Metro, CSM, un grupo de empresas españolas “articuladas desde Caracas por el exgerente de grandes obras del Metro de Caracas, Francisco Ramírez, hombre de confianza de González López. La trama está en desarrollo: se interrumpirían los nexos con el consorcio francés Frameca, el cual tiene más de dos décadas en el diseño y desarrollo del Metro de Caracas, y se entraría a ensayar con empresas que no conocen la tecnología desarrollada ni garantizan mayor valor agregado nacional. En juego están también la Línea 5 (Zona Rental-La Urbina) y el sistema La Urbina-Guarenas-Guatire, que estarán empalmados”. Más detalles.

En 2007 el citado consorcio francés había hecho una estimación de rehabilitación de la línea 1 por 1,3 millones euros que incluía los cuarenta trenes que cumplen servicio en la ruta Pro Patria-Palo Verde y los 15 trenes de siete vagones cada uno de la nueva línea 5 que cubrirá la ruta Plaza Venezuela-La Urbina. Igualmente, la oferta de Frameca contemplaba los patios de trenes de La Urbina que, a su vez, servirían para conectar con el ramal Caracas-Guarenas que se encuentra en fase de estudio de factibilidad.

Pese a la experiencia con Frameca y lo conveniente de su oferta, en abril de 2008 Gustavo González López pidió la adjudicación directa de la obra en favor del consorcio venezolano-español UTE-CSM y el ministro Isidro Ramos aprueba el contrato N° MC-4094 por 1.860 millones de dólares (algunas reseñas de prensa hablan de 1.851 y otras de 1.845 millones de dólares), sin que mediara una Fianza de Fiel Cumplimiento. Se comprometieron 100 millones de dólares del Fonden y se reservaron 20 millones de dólares para gastos de publicidad, propaganda y relaciones institucionales para promocionar la obra de la que no existía siquiera un cronograma ni detalles de ingeniería.Fuente original aquí.

La oferta de Frameca la copiaron al calco, pero limitándola sólo a la Línea 1, y se le otorgó el contrato a dedo al consorcio CSM, nacido de la creación de estos personajes para hacerse del contrato por 1.860 millones de dólares. En pocas palabras González López conformó el 25 de septiembre de 2008 el Consorcio Unión Temporal de Empresas-CSM, una empresa a la medida del contrato a firmar con Cametro. También formaron parte de la trama, la gerente de contrataciones, Silvia de Figueiredo Tovar, y el hermano de crianza de González López, el ingeniero Francisco Ramírez quien ostentaba el cargo de vicepresidente de grandes obras de Cametro, cargo al que renunció para figurar en el consorcio UTE-CSC. Es decir, dejaron de lado la oferta de Frameca que incluía los trenes de la Línea 5 y el patio de trenes de La Urbina por esta oferta inconveniente y a todas luces surgida del deseo de enriquecerse a cosa de los recursos del estado venezolano.
Los responsables de esta trama son el presidente de Cametro para la fecha, Gustavo González López, la abogada Marisela Estrada, vicepresidenta de soporte y consultoría jurídica, y el ingeniero Francisco Ramírez, vicepresidente de grandes obras. Ramírez renunció para conformar el consorcio fantasma, como hemos señalado, pero siguió monitoreando todos los pagos y transacciones llevadas a cabo en las nuevas líneas del Metro de Caracas, siempre asesorado por Marisela Estrada.
Precisamente, Estada y Ramírez también contrataron a la empresa ILF Beratende Ingenieure cuyo informe de especificaciones técnicas es una copia del elaborado por el propio personal de Cametro y por este “copia y pega” cobraron 3 millones de dólares. Las denuncias formuladas al respecto cayeron en saco roto.
ILF Beratende Ingenieure igualmente asesora la línea Caracas-Guareas-Guatire cuyos retrasos en la ejecución son considerables. Marisela Estrada entra en juego nuevamente, pues colocó como gerente encargado de esta obra al ingeniero Wagni Naime, quien tiene una investigación administrativa abierta en la Universidad Central de Venezuela, UCV, por irregularidades. Estrada es socia de las hermanas del citado ingeniero en el Bufete de Abogados Naime Naime.
Cuando este asunto y toda una serie de irregularidades y denuncias quedaron al descubierto, el finado Hugo Chávez nombró a González López Comandante de la V Brigada de Selva del Ejército, en el estado Bolívar, ese fue su premio. Luego pasó a ser Jefe de las milicias bolivarianas y, después, Maduro lo designó en el CESSPA como ya lo hemos referido. En 2014, el mandatario lo puso a la cabeza del Ministerio del Interior, cuando su nombre figuró en la lista de los funcionarios venezolanos sancionados por los Estados Unidos por violar los derechos humanos.
Contubernio Odebrecht-Cametro
Si bien la constructora Odebrecht operaba en Venezuela desde antes de que Hugo Chávez llegara al poder, fue a partir de su administración que la empresa brasileña logró hacerse de grandes y jugosos contratos, buena parte de ellos sin participar en procesos de licitación.
Entre los contratos obtenidos por Odebrecht y que forman parte del escándalo surgido a raíz de la investigación del Departamento de Justicia de EEUU, está la C.A. Metro de Caracas. La firma se logró en 2006 y, de acuerdo a los registros, Odebrecht fue contratada con la compañía portuguesa Texeira Duarte que ya operaba en el país.
En el año 2004, al frente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones estaba Diosdado Cabello, quien entregó una obra para la extensión de la línea 4 del Metro de Caracas.  
Para diciembre de 2006, Gustavo González López firmó por un monto de 5.598 millones de dólares una serie de contratos entre Cametro y Odebrecht. A la fecha, las obras no se han concluido.
Dentro de los trabajos a ejecutar figuraba la construcción de la Línea 2 entre Los Teques y San Antonio. 
Hay que acotar que la C.A Metro de Los Teques forma parte de la C.A Metro de Caracas. 
Curiosamente, en un solo día el personal técnico y de ingeniería evaluó, aprobó y otorgó una obra de gran complejidad y costo considerable sin que se tomaran en cuenta las normas que obligaban a convocar un proceso de licitación. El contrato se preparó en apenas 14 días. 
El procedimiento fue similar para la contratación de las líneas V y Guarenas-Guatire. Gustavo González López firmó los contratos en diciembre del 2006.
Trabajos como los de la línea 2 del Metro de Los Teques, que comprende siete estaciones de una longitud de 13 kilómetros, requiere al menos un año de estudios básicos preliminares y luego otro año más para de desarrollar el proceso de licitación internacional. Nada de esto ocurrió.
La contratación se hizo por 998 .637.476, 12 millones de dólares el 21 de diciembre de 2006 y la obra comenzó en marzo de 2007. Los últimos cálculos ubican el costo total de la obra en 5.000.000.000 millones de dólares, sin que se sepa a la fecha, cuándo se concluirán los trabajos.
Las cartas están sobre la mesa y sólo hace falta que las institucionalidad venezolana recobre la sindéresis y actúe en consecuencia en este desvergonzado caso de corrupción que pone al descubierto toda una madeja de malos manejos e irregularidades que revelan el verdadero talante de la revolución chavista.