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martes, 18 de abril de 2017

Fiscalía de Nueva York da por concluido caso de los Narcosobrinos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó a la corte que no hará entrega de más evidencias usadas en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, hallados culpables por un jurado de conspirar para transportar a los EEUU más de 5 kilos de cocaína desde Venezuela, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 963.
El fiscal Joo Kim dijo en una carta dirigida al juez Paul Crotty que todas las solicitudes hechas por la defensa, en relación a los materiales usados en el expediente, fueron entregados antes del juicio y que no hay más documentación pendiente.

La defensa pidió la entrega de evidencias basadas en la regla Giglio & Brady, en especial los testimonios dados por el testigo confidencial de la DEA, CS1, José Santos Peña no sólo en la operación que condujo a la captura de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, sino en otros casos donde Santos Peña haya testificado. La defensa también pretendía tener acceso directo a los archivos del Departamento de Estado para buscar otros elementos que les permitan que el caso de Campo y Flores sea admitido en el tribunal de Apelaciones.


Con los argumentos expuesto en su último documento, la fiscalía da por cerrado el caso que -oficialmente- concluirá con la lectura de la sentencia de Campo Flores y Flores de Freitas que se tiene prevista para el 26 de junio de 2017.

Un asunto de narcotráfico

Desde el inicio de este caso el gobierno de los Estados Unidos calificó el expediente de los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro como un caso exclusivamente de narcotráfico, restándole la connotación política que la defensa quería darle. Basado en esa premisa, la fiscalía trabajó todo el procedimiento con elementos que le permitieron probar que Campo Flores y Flores de Freitas estaban incursos en delitos de tráfico de narcóticos mucho antes de ser capturados por la DEA y que usaban sus influencias políticas para llevar a cabo su industria criminal.

El uso de la rampa presidencial del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía los diferenciaba de otros narcotraficantes que tenían que esforzarse en buscar mecanismos idóneos y seguros para sus negocios de narcotráfico. De allí que la fiscalía haya destacado -en varias oportunidades- que los sobrinos se jactaban de tener "oro puro" cuando se referían a las facilidades de cargar aviones con drogas en el hangar presidencial.

Un largo proceso

Flores de Freitas y Campo Flores fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015. Tras un proceso que  ha durado más de 18 meses, y que incluyó un juicio de 9 días, el caso entró a su etapa final en abril de 2017.

A lo largo del procedimiento criminal la fiscalía hizo énfasis en el hecho de que los acusados tenían un negocio de narcóticos en marcha antes de la aparición de la DEA, con lo cual le restaron fuerza al argumento de entrampamiento expuesto por la defensa.

En los últimos documentos del gobierno se amplió la información sobre la relación que sostenían los acusados con otros narcotraficantes, entre ellos el jefe del cártel de la Guajira, Hermágoras González Polanco. 

Tal como se dio a conocer en este blog,  el gobierno de los EEUU sostiene que en agosto de 2015, Campo Flores y Flores de Freitas trabajaron junto a unas personas apodadas “Mayweather Jr.”, “Elio” y “El Samurai” para liberar a González Polanco, detenido y sentenciado a 15 años y 6 meses de prisión en Venezuela por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Según lo expuesto por la fiscalía, los acusados habían acordado con gente cercana a González Polanco hacer las gestiones  para su liberación a cambio de un pago de aproximadamente uno o dos millones de dólares y de enviar aviones cargados de cocaína desde Venezuela.

El Gobierno estadounidense estableció que la conspiración acusada involucraba a un grupo central de co-conspiradores -incluyendo a Campo, Flores, Roberto de Jesús Soto García, Carlos González, Orlando Daza Cardona, un hombre al que se refirió en varias ocasiones como "Pepero", "Ppr" y "Pepe", con otros que se unieron al acuerdo a medida que los acusados ​​avanzaban en sus esfuerzos por capitalizar su poder político en Venezuela enviando grandes cargas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía hacia los EEUU.

Los dos hombres serán condenados el 26 de junio por el juez Crotty. Los acusados no podrán beneficiarse del Memorando Holder que establece condenas mínimas obligatorias, ya que ambos fueron procesados como cabezas de una organización criminal.

La pena se calcula en unos 15 a 20 años de encarcelación más los costes de corte y penalidades que suelen superar el millón de dólares en algunos casos.

lunes, 20 de febrero de 2017

Gobierno de los EEUU es enfático en pedir una sentencia condenatoria contra sobrinos de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Gobierno de los Estados Unidos fue enfático el solicitar al juez de la causa, Paul Crotty que niegue la solicitud de un nuevo juicio hecha por los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, hallados culpables por un jurado de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Caracas a EEUU. El fiscal Preet Bharara pide que se niegue la moción de un nuevo juicio y se proceda con la fijación de la sentencia condenatoria, tal como lo establece en la ley en este tipo de procedimientos.
La fiscalía sostiene que es improcedente la petición de una demanda conjunta post-juicio de los acusados basada en la regla 33.

Advierte el fiscal Bharara que "el Gobierno estableció en el juicio que Campo y Flores ​​trabajaron juntos con otros para despachar cientos de kilogramos de cocaína desde Venezuela para ser importados a los Estados Unidos". 

"La evidencia mostró que los acusados ​​cometieron este delito en un esfuerzo por enriquecerse y ayudar a financiar la campaña de diciembre de 2015 de su tía, la primera dama venezolana Cilia Flores, para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional de Venezuela", dice el documento de la fiscalía.

"Las palabras y acciones de los acusados ​​reflejaban su firme convicción de que, en virtud de sus conexiones políticas y el poder que ostentaban, podían actuar con impunidad. Quedó claro que el estado de derecho se aplicó a estos dos hombres, y fueron legalmente condenados por un jurado", acota la fiscalía.

El Gobierno no se basó en un testigo "estrella" para demostrar el delito como dicen los abogados ni tampoco es raro el hecho de que no se hubiere incautado evidencia de narcóticos en este caso. 

La fiscalía señala que ante la necesidad de describir y discutir la evidencia del juicio en respuesta a los argumentos de insuficiencia presentado por los acusados, así como a otras partes del expediente a la luz de las demandas de los demandados en el Artículo 33, el Gobierno presentó un escrito en Exceso de las limitaciones de página establecidas en las Prácticas Individuales de la Corte.

El fiscal Bharara sostiene que el caso de Campo y Flores es un caso internacional de conspiración de narcóticos en el que los acusados ​​fueron declarados culpables en el juicio. 

Los esfuerzos de la Agencia antinarcóticos de EEUU "DEA" generaron un exceso de evidencia altamente incriminatoria que persuadió al jurado de la culpabilidad de los acusados, razón por la cual no pueden impugnar la investigación del Gobierno. 

Los acusados ​​fueron sorprendidos in flagranti cometiendo el crimen. Ellos confesaron. Y sus teléfonos estaban llenos de pruebas adicionales de su culpabilidad.

Las mociones de los acusados ​​se centran principalmente en la descalificación del testimonio del testigo confidencial de la DEA, José Santos-Pena ("CS-1").  Al respecto, la fiscalía sostiene que "No hay duda que el contrainterrogatorio de CS-1 de los acusados ​​reveló problemas con su credibilidad, pero esa es también una de las razones por las que las acusaciones de los acusados ​​en perjuicio posterior al juicio carecen de mérito", advierte.

Agrega que los acusados ​​poseían las llamadas hechas desde la cárcel federal de California a los Mochis, México, que sirvieron de base para su ataque a CS1 una semanas antes del juicio y ambos tomaron la decisión estratégica de no revelar el contenido de dichas conversaciones al Gobierno hasta después de que comenzaran el contrainterrogatorio del testigo. A pesar de ello, las llamadas sirvieron de evidencia sin objeción por parte de la fiscalía para que el jurado pudiera considerar dicha prueba al evaluar la credibilidad de CS1.


En el momento de ser presentadas en el juicio, la Corte llamó la atención del jurado a la determinación del Gobierno revelada anteriormente en su presencia de que CS-1 había "mentido". La credibilidad de los testigos es un problema para el jurado, y los jurados en este caso estuvieron de acuerdo con los argumentos del Gobierno sobre la fortaleza de la prueba general. 

Ante la inevitable contundencia de las pruebas, los acusados ​​ahora piden a la Corte que usurpe la función del jurado basado en su creencia de que un "jurado laico" no puede apreciar la sutileza y el mérito de sus argumentos, dice el documento.

La fiscalía argumenta que las teorías de la defensa no estaban más allá del alcance de la comprensión y naturaleza jurídica del jurado en este distrito, por lo que con la petición de Campo y Flores después del juicio se trata de negar los principios de la fundación que establecen el papel institucional de jurados. 

En pocas palabras, la prueba del juicio era suficiente y no hubo injusticia durante estos procedimientos acota el fiscal Bharara. 


En consecuencia, la fiscalía pidió al juez Paul Crotty que las mociones de los acusados ​​para que haya un nuevo juicio o una sentencia absolutoria deben ser denegadas en su totalidad.

Retrasan sentencia por narcotráfico de sobrinos del presidente Nicolás Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Motivado a que el juez Paul Crotty aprobó la solicitud de la defensa de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas para que otorgara un plazo de dos semanas para responder a las mociones posteriores al juicio de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la lectura de la sentencia de los dos sujetos hallados culpables por un jurado de conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos quedó suspendida hasta nuevo aviso.
El 18 de noviembre de 2016, cuando el jurado emitió el veredicto de culpabilidad de los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela informó a las partes que la sentencia sería leída el 7 de marzo de 2017. No obstante, el juez Crotty decidió otorgarle a la defensa de los dos convictos por narcotráfico, dos semanas para que preparen las respuestas de las mociones del gobierno estadounidense sobre el caso.

La defensa de Campo y Flores tendrán así hasta el 6 de marzo de 2017 para entregar a la corte las respuestas a los movimientos entregados por la fiscalía, donde se descalifica y se pide la negación de la petición de los defensores de que se haga un nuevo juicio.

David Rody, abogado de Flores de Freitas dijo al juez que había contactado a la fiscalía para pedirle su opinión al respecto y aseguró que los fiscales no se había opuesto al cambio del calendario procesal.

No será sino hasta la segunda semana de marzo que se conocerá la fecha para la lectura de la sentencia de los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela.