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martes, 2 de noviembre de 2021

Con el auxilio de Irán exportaciones petroleras venezolanas experimentaron un repunte de más de 700.000 bpd

  Venezuela suministra a cambio crudo pesado de la Faja del Orinoco que la nación persa comercializa en Asia.

Por Maibort Petit

  Octubre representó para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) un tiempo de recuperación en su producción y exportación petrolera, al haber superado los 700.000 barriles diarios en razón de haber contado con el suministro de diluyentes importados necesarios para ello.
  Así lo reveló una nota periodística de la agencia de noticias Reuters[1] que se sustenta en datos de seguimiento de Refinitiv Eikon y documentos de PDVSA.

   Con el auxilio de Irán, la industria petrolera venezolana recuperó y su producción y capacidad de mezcla, al recibir de la nación persa el condensado necesario para diluir el petróleo extrapesado se produce en la Faja del Orinoco.

   De este modo, durante el décimo mes del año, PDVSA y sus empresas conjuntas pudieron realizar envíos de 30 cargamentos de crudo y productos refinados que, en su mayoría, estuvieron destinados a Asia. Estos envíos incluyeron el de 2 millones de barriles de crudo pesado Merey destinados a pagar a Irán por el condensado que le suministró.

  La nota refiere que el segundo cargamento de condensado iraní acordado en canje entre ambas naciones será descargado este mes desde el buque petrolero Dorena en el puerto José de PDVSA.

   Los documentos a que se refiere la nota, dan cuenta de que las exportaciones petroleras venezolanas promediaron 711.193 bpd en octubre, lo que significa el tercer promedio más alto en lo que va de año, así como un incremento del 76 por ciento respecto al mes de septiembre, el cual estuvo caracterizado por una aguda falta de diluyentes obligaron el recorte de producción y mezcla de PDVSA.

   Las exportaciones se vieron favorecidas con mayores envíos de fueloil residual, metanol y coque de petróleo. Los envíos incluyen 66.000 bpd de productos crudos y refinados remitidos a Cuba.

  Apunta que las exportaciones de petróleo venezolano se han estabilizado este año en alrededor de 633.000 bpd, lo que significa un pequeño incremento con respecto a los 626.000 bpd de 2020.

El acuerdo con Irán

   El acuerdo de canje establecido entre Venezuela e Irán, dos países objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos, prevé el suministro del condensado necesario para realizar la mezcla y mejorar la calidad del crudo venezolano por parte de Irán, a cambio del crudo pesado producido en la Faja del Orinoco que la nación persa puede comercializar en Asia.

  Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC) establecieron un acuerdo de canje el cual tendrá una duración de seis meses en su primera fase, con posibilidades de extenderse, de acuerdo a datos obtenidos por Reuters.

  A juicio del Departamento del Tesoro, dicho acuerdo podría constituir una violación de las sanciones de Estados Unidos a ambas naciones, en razón de que los programas de sanciones estadounidenses no solamente prohíben a sus nacionale hacer negocios con los sectores petroleros de Irán y Venezuela, sino que igualmente imponen "sanciones secundarias" a cualquier persona o entidad no estadounidense que negocie cona petroleras de ambos países.

  Tales sanciones secundarias contemplarían sanciones contra los destinatarios, entre ellas cortar el acceso al sistema financiero de EE. UU., multas o congelación de activos territorio norteamericano.

   El gobierno estadunidense monitorea el acuerdo de intercambio entre Irán y Venezuela a objeto de tomar acciones, pues en Washington se observa con preocupación que este pueda significar un salvavidas financiero para el régimen de Nicolás Maduro.

   El acuerdo de canje permitiría asegurar a PDVSA una fuente de diluyentes, lo cual favorecería la estabilización de las exportaciones de las mezclas de crudo de la Faja del Orinoco e, igualmente, refinar su propio petróleo más liviano de manera de producir combustible de motor.

  En septiembre operó el primer cargamento de 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey venezolano que salieron desde el puerto de Jose en el oriental estado Anzoátegui a bordo del gran transportista de crudo (VLCC) Felicity, propiedad de National Iranian Tanker Co (NITC), aunque no fue registrado en los reportes de PDVSA, sino que fue identificado por el servicio de seguimiento TankerTrackers.com[2].


[1] Reuters. “Venezuela's oil exports bounce to over 700,000 bpd in Oct -data”. 2 de noviembre de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-oil-exports-bounce-over-700000-bpd-oct-data-2021-11-02/



[2] Reuters. "Exclusiva: Bajo las sanciones de Estados Unidos, Irán y Venezuela llegan a un acuerdo de exportación de petróleo". 25 de septiembre de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-under-us-sanctions-iran-venezuela-strike-oil-export-deal-sources-2021-09-25/

 

martes, 9 de marzo de 2021

Esta es la carta que ocultó la fiscalía e hizo desmoronar el caso de Ali Sadr, el iraní que lavó más de $100 millones del programa de viviendas de Hugo Chávez

  El gobierno quería mantener sellado su contenido, pero la juez del caso autorizó su divulgación.

Por Maibort Petit

  En el proceso judicial que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se siguió contra Ali Sadr Hashemi Nejad, en el que un jurado lo declaró culpable, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa y que se identificó como GX 411, fue determinante a la hora de que la juez de la causa, Alison Nathan anulara el veredicto y el caso se viniera al piso.
   Las irregularidades cometidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en torno a esta comunicación, dieron al traste con el caso en el que inicialmente se había determinado que Sadr pasara largos años en la cárcel por el hecho cierto, según las evidencia de haber incurrido en la “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”[1].

A continuación, presentamos el contenido del documento.

   El 16 de junio de 2011, el Commerzbank AG, sucursal de Nueva York (CBNY) remitió una comunicación a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, firmada por Deepa Keswani, Jefe de Cumplimiento de ALD/Antifraude/Sanciones, y por Vinay Jepal, Oficial de Cumplimiento de Sanciones de la entidad bancaria.

  El objeto de la carta era ofrecer información a la OFAC sobre el Stratus International Contracting Company y el papel de este banco en una transferencia por USD 29.442.967,57 en el contexto de la trama por medio de la cual un programa de viviendas implementado en Venezuela por el finado expresidente, Hugo Chávez, había servido para violar las sanciones contra Irán.

  Le refirió el Commerzbank a la OFAC que el 20 de abril de 2011, el sistema de monitoreo de transacciones ALD de CBNY generó una alerta, que tenía que ver con una transacción por USD 29.442.967,57, la cual había tenido lugar el 4 de abril de 2011.

   Se trataba de una transacción originada en el Banco del Tesoro C.A. Banco Universal Caracas, la cual tenía como beneficiario a la empresa Stratus International Contracting Company, un cliente de Hyposwiss Privatbank AG, Zurich.

  El movimiento bancario tenía ver, según el asunto de la operación, con un Fideicomiso del Fondo Chino Venezolano en Caracas.
   Explica la comunicación que al detectar la operación se procedió de acuerdo con el procedimiento estándar y el CBNY solicitó información al Banco del Tesoro de los detalles sobre ambas entidades y su relación.

  Entretanto la respuesta llegaba, el CBNY llevó a cabo una averiguación a sobre la empresa Stratus en su sitio web y allí encontró que la compañía fue fundada en 1978 en Teherán, Irán.
  Igualmente, la carta del Commerzbank indica que los datos encontrados sobre Stratus International precisaban que la compañía se especializa en brindar servicios de contratación para proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios y que para el momento se encontraba trabajando en un proyecto de desarrollo de viviendas que contemplaba la construcción de 7.000 unidades de apartamentos en Ciudad Ojeda, estado Zulia, Venezuela, denominado “Proyecto Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda”.

   La carta indica que el 12 de mayo de 2011, el CBNY recibió una respuesta del Banco del Tesoro en la que informaba, primero, la dirección de la empresa que, según dijeron era: Gardenya Plaza 5, K: 3 D: 3 (Piso 3, Suite 3) 34758 Atasehir, Estambul, Turquía; que la misma estaba registrada en Estambul, Turquía; y que presta servicios de construcción en Turquía, Dubai y Venezuela.
   Seguidamente, la comunicación refería que el propósito del pago era por la construcción del citado proyecto habitacional.

   Alertaba la comunicación que, aunque Stratus no figura como SDN, y el pago no indicaba ninguna participación directa de Irán o con Irán, la información contradictoria derivada de lo que decía el sitio web de la empresa y lo que informó el Banco del Tesoro, el CBNY creía apropiado compartir la información con la OFAC en virtud de que Stratus International podía ser una empresa iraní.

  Deepa Keswani y Vinay Jepal le dijeron a la OFAC que el CBNY había agregado a Stratus International a su filtro de sanciones para monitorear cualquier pago futuro. Al mismo tiempo advirtió: “Tenga en cuenta que, aparte de esta transacción, hasta la fecha, CVNY no ha procesado ningún otro pago relacionado con Stratus”.

   Finaliza la carta diciendo que el propósito de la comunicación era informar los buenos esfuerzos de Commerzbank AG, Sucursal de Nueva York, para cumplir con los requisitos aplicables de la OFAC y dar a conocer voluntariamente de cualquier dato recibido durante la investigación sobre posibles entidades relacionadas con sanciones.


















[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html













miércoles, 3 de marzo de 2021

Irregularidades y mentiras de la Fiscalía de Nueva York beneficiaron a Ali Sadr Hashemi Nejad, hallado culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán

   Cual castillo de naipes se derrumbó el caso de violación de las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán, fraude y lavado de dinero, a través del programa de viviendas del finado Hugo Chávez.

Por Maibort Petit

  Aún cuando el banquero iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, fue declarado culpable por un jurado, el caso dio un vuelco inesperado en el que se invirtieron los papeles y, de acusado, el propietario del Pilatus Bank, pasó a ser acusador al conocerse los manejos irregulares y las mentiras de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encargada de la investigación. En los últimos días se han conocido los documentos que los fiscales ocultaron de los abogados del imputado, aun a sabiendas de que los mismos habrían ayudado a los abogados en la defensa de su representado.

   La contundencia de una serie de mensajes de texto privados, correos electrónicos y un documento clave, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones, dados a conocer recientemente por la prensa, llevaron a la juez de la causa, Alison Nathan, a recomendar al departamento de Justicia, investigar la probable conducta irregular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente a la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales.

  La “mentira rotunda” como reconoció el fiscal Emil Bove, supervisor junto a Shawn Crowley, de la citada unidad, tenía un valor exculpatorio para Ali Sadr Hashemi Nejad, pero los fiscales del caso lo mantuvieron oculto y después pretendieron “enterrarlo” entre un grupo de documentos que remitieron a la defensa, creyendo que tal acción pasaría desapercibida.

  No ocurrió así, pues los abogados de Sadr captaron casi de inmediato que la carta del Commerzbank no había sido entregada en su momento, sino cuando el juicio estaba a punto de completarse. La fiscal federal adjunta, Jane Kim, se percató de que el documento que quería presentar como prueba no había sido compartido con los defensores de Sadr, lo cual se erigía como una posible violación de las reglas del debido proceso. La fiscal Kim fue “aconsejada” por una colega de esperar "hasta mañana y lo enterraran en algunos otros documentos".

Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez

  La situación se complicó cuando los supervisores Bove y Crowley, lejos de corregir el comportamiento irregular se dedicaron, particularmente la segunda, al dedicarse “el resto de la noche a limpiar mi oficina".

  El enredo de la fiscalía la llevó a que en julio de 2020 retirara la acusación referida a la violación de las sanciones impuestas al régimen iraní, debido a la omisión intencional de entregar pruebas que podrían haber exculpado al acusado.

La decisión de la juez

  El pasado 17 de febrero de 2021, la juez Alison J. Nathan, se pronunció sobre el enjuiciamiento de Ali Sadr Hashemi Nejad por la presunta evasión de las sanciones contra Irán, refiriendo que el proceso “se vio empañado por repetidas omisiones en la divulgación de pruebas exculpatorias y el uso indebido de las devoluciones de órdenes de registro. Estos errores fueron tan graves que, tras el veredicto del jurado a su favor, el Gobierno determinó que el enjuiciamiento del caso no redundaría en beneficio de la justicia. A solicitud conjunta de las partes, la Corte anuló el veredicto del jurado y desestimó los cargos contra el Sr. Sadr con prejuicio”.

  Explica la juez en su decisión que la corte se centró fundamentalmente en la carta de Commerzbank a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), marcada como GX 411, la cual no fue revelada por la fiscalía hasta días después. El documento estaba en poder del fiscal desde antes de que el gobierno comenzara la investigación contra Sadr y, sin embargo, no fue compartido con la defensa hasta el 7 de marzo de 2020, un día después de que decidieron presentarlo como prueba. Específicamente, los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan un informe de la OFAC que se convirtió en GX 411 en una investigación separada alrededor de marzo de 2015. Dicho fiscal se incorporó al equipo de la fiscalía en junio de 2017 y encontró el documento nuevamente mientras revisaba los archivos en su oficina a fines de 2019 y lo mencionó al resto del equipo en un correo electrónico del 19 de diciembre de 2019. En esos correos se explicó que Commerzbank había actuado como intermediario para uno de los pagos subyacentes a los cargos del gobierno contra Sadr y presentó un informe a la OFAC. 

  Agrega que los fiscales discutieron la mejor manera de entregar el documento a la defensa sin llamar la atención sobre su divulgación tardía. Cuando se les pidió una explicación trataron de minimizar los hechos y el Tribunal le ordenó explicar si había informado a la defensa que GX 411 no había sido previamente revelado en el descubrimiento, dio a entender falsamente que sí.

   La Corte ordenó a los fiscales presentar sus declaraciones el 16 de septiembre de 2020 detallando cómo se enteraron del documento, cuándo se dieron cuenta de que tenía valor exculpatorio y qué papel desempeñaron en la redacción del expediente.

  Los fiscales presentaron sus declaraciones y solicitaron no hacer más investigaciones, así como también que las mismas y sus anexos se mantengan sellados.

  Del mismo modo, la corte informa que, en sus presentaciones más recientes, el Gobierno informó de otra falta de divulgación en este caso, la cual está relacionada con la revisión del FBI de las declaraciones de órdenes de registro sin procesar proporcionadas por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. 

  Pese a estas circunstancias, el tribunal no estima que los fiscales hayan retenido a sabiendas información exculpatoria o tergiversado intencionalmente los hechos a la Corte y, a la luz de esto, no se emprenderán más investigaciones. “En cambio, el Tribunal insta a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del DOJ a que se lleve a cabo una investigación completa de todos los asuntos relacionados con la mala conducta del fiscal en este caso. Además, el Gobierno ha manifestado que está implementando nuevos protocolos de capacitación para fiscales y agentes de casos del FBI y mejorando su infraestructura para la gestión y divulgación de datos”.

  Los fiscales no volvieron a discutir sobre el documento hasta el 6 de marzo de 2020, cinco días después del juicio, cuando la fiscal Lake descubrió el correo electrónico del 10 de enero en su bandeja de entrada mientras revisaba correos electrónicos antiguos y lo reenvió a otros fiscales. En el mensaje dijo no estar segura de si el Gobierno lo había presentado a la defensa. Es por ello que la juez no encuentra que los fiscales retuvieran intencionalmente el documento. Sin embargo, advierte que es evidente la falta de divulgación de la carta se debió a una falta de comunicación entre los miembros del equipo de acusación y una falta bastante grave de atención a sus obligaciones de divulgación. 

   La Corte enfatiza que el manejo de los fiscales de la prueba, incluida la falta de atención a su potencial valor exculpatorio, estuvo muy por debajo de sus obligaciones constitucionales y éticas. Por un lado, debieron haber reconocido el potencial valor exculpatorio del documento, como los Jefes de Unidad ahora testifican que lo hicieron cuando revisaron el documento por primera vez. Pero, incluso, si no estaban seguros de si el documento habría sido valioso para la defensa, deberían haberlo presentado.

   Subraya la juez, que el mal manejo de los fiscales no terminó con la falta de divulgación de la prueba, sino que se extendió al haber diseñado una serie de acciones destinadas a distraer la atención de la divulgación tardía y minimizar la aparente culpabilidad del Gobierno.

El pronunciamiento 

   La juez Alison Nathan concluyó que, si bien los errores y lapsos éticos del Gobierno en el caso son omnipresentes, la Corte no encuentra que los fiscales hayan ocultado intencionalmente documentos a la defensa o hayan engañado intencionalmente al tribunal.

  Considera la Corte que la Oficina de Responsabilidad Profesional debe investigar el caso y espera que el Departamento de Justicia debe tomar medidas para garantizar que estos errores no se repitan.

   La juez negó las solicitudes para sellar las declaraciones, anexos y cartas presentadas en respuesta a la Opinión de la Corte del 16 de septiembre.

   También se ordenó que los fiscales entregaran sus declaraciones y anexos en el expediente público a las dos semanas de la decisión; mientras que la defensa lo hiciera el 13 de noviembre de 2020. Entretanto, la fiscalía debía entregar su carta el 20 de noviembre de 2020. 

  Igualmente se ordenó que la fiscalía, luego de los seis meses siguientes a la fecha de la decisión, debía presentar un informe de situación sobre el uso por parte del FBI de las declaraciones de órdenes de registro sin procesar como se analiza en la Sección II.

  La decisión se archivaría con un sello temporal en espera de la disposición del Tribunal de cualquier redacción propuesta presentada el 19 de febrero de 2021 o antes.



domingo, 15 de marzo de 2020

Este lunes continúan las deliberaciones del jurado del juicio de Ali Sadr Hasheminejad, dueño de Pilatus Bank

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   El jurado del juicio contra el banquero iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad continuará con las deliberaciones este lunes 16 de marzo, a pesar que el sistema de cortes trabajará de manera restringida debido a la emergencia declarada en la ciudad de Nueva York ante el brote de coronavirus.  La jueza Alison Nathan instó a los jurados para que el proceso contra Sadr siguiera, advirtiendo que habrá cambios en la medida en que se produzcan nuevas decisiones del gobierno local por el estado de alarma decretado por las autoridades por el virus COVID-19. 
  Nathan dijo que en la corte se reducirá la entrada del público y que no habrá inicio de nuevos juicios hasta próximo aviso. 

  Ali Sard está acusado de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán, relacionado con un proyecto de infraestructura del gobierno de Hugo Chávez entre 2006 y 2014. 

 De acuerdo a lo planteado por la fiscalía, el conglomerado Stratus Grupo, controlado por el padre de Sadr, Mohammad Sadr Hasheminejad, el acusado y su familia, incluye a la empresa Iranian International Housing Corp., que fue contratada por PDVSA, para construir 7 mil viviendas en el estado Zulia, en el marco de los acuerdos que firmaron el presidente venezolano Hugo Chávez y el de Irán, Mahmoud Ahmadinejad en 2006. 
   Sadr y otros conspiradores elaboraron un esquema que incluyó la creación de empresas fachadas para lavar el dinero proveniente de los pagos en dólares estadounidense que hizo PDVSA, los cuales fueron dirigidos a cuentas bancarias suizas, para lo cual se usó las compañías  Clarity Trade & Finances con sede en Suiza y Stratus International Contract JS, de Turquía. El delito cometido según los fiscales es haber utilizando como bancos intermediarios a J.P. Morgan Chase y Citibank ubicados en Manhattan, Nueva York.

  Sadr —quien estuvo envuelto en un escándalo de lavado de dinero con su banco Pilatus Bank, una entidad financiera de origen maltés que inició sus operaciones en enero de 2014 y al cual se le quitó la licencia en 2018— testificó que pensaba que las sanciones de Estados Unidos contra Irán no aplicaban a las empresas privadas de iraníes que hacen negocios fuera de Irán, pero los fiscales rechazan ese argumento cuando sostienen que el dueño de la empresa que firmó el contrato con PDVSA es iraní y vive en Teherán, está relacionado con el gobierno de ese país y los beneficio, que fueron unos 115$ millones de dólares fueron para el conglomerado de Mohammad Sadr Hasheminejad quien también es acusado en este caso.
 
   Las acusaciones señalan que los pagos provenientes del contrato con Venezuela de $ 476 millones para construir inicialmente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela, violaron las sanciones. Sadr dijo"Mi estado mental era que este proyecto tenía 8,000 millas lejos de Irán, no tenía nada que ver con Irán".

 Según Sadr, él creía que las sanciones estadounidenses se aplicaban al gobierno de Irán, a los grupos militares afiliado con el estado iraní y las personas designadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros como en la lista de nacionales designados y personas bloqueadas.

  Sadr dijo que ni él ni ningún miembro de su familia o las empresas con las que estuvo involucrado alguna vez fueron designados por la OFAC como los llamados SDN. Pero los fiscales lo desmintieron al informarle al jurado que el banco de su padre, y en el cual, Sard trabajaba, EN Bank fue sancionado en 2012 por la OFAC, al igual que la empresa de petróleo de su padre.

  El acusado describió cómo en 2010 se dio cuenta de la Sanciones integrales de Irán, responsabilidad y Ley de desinversión, promulgada por el presidente Barack Obama, que, entre otras cosas, permitió sancionar a las empresas que hacen negocios en el sector energético de Irán.  La ley cita la necesidad de presionar al gobierno iraní, y el IRGC, en Irán para que paren el presunto desarrollo nuclear y apoyo al terrorismo internacional.

  Los fiscales dicen que los Sadrs escondieron a sus conexiones cuando se configuran empresas en Suiza y Turquía, utilizando unas nacionalidades que compraron en la isla caribeña de San Cristóbal y Nevis, por $ 250 mil y para las cuales usaron una dirección en Dubai. Las mismas técnicas fueron usadas para configurar cuentas bancarias suizas en Hyposwiss Private bank AG.

  Sadr asegura que su país de origen aparece en su pasaporte de San Cristóbal y Nevis y que le había dado la información al personal de Hyposwiss Private bank AG cuando informó los detalles del proyecto de viviendas en Venezuela.

  Los miembros del jurado han visto correos electrónicos y otros documentos en que Sadr y otros discuten sobre cambiar el nombre a la empresa contratada por PDVSA, Iranian International Housing Co. IIHC para omitir cualquier referencia a Irán. Los fiscales aseguran que fue parte del esfuerzo de Sadr y su familia para ocultar la participación de Irán o parías iraníes en el acuerdo con Venezuela.

  Sadr explicó que el banco suizo le informó que iba haber un problema potencial con el nombre Iranian International Housing Housing Corp., que sonaba como una empresa respaldada por el estado iraní. 

 "Me dieron muchos ejemplos de por qué estaban un poco asustados de que este nombre que se asemeja al gobierno iraní y le aseguré la IIHC nada tiene que ver con el gobierno pues una empresa que mi papá lo posee", dijo Sadr.

  "Es solo una línea roja para los bancos, no quieren tratar con el gobierno iraní, no quieren estar asociado con el gobierno iraní", sostuvo el acusado.

  Sadr argumentó que un empleado de Hyposwiss sugirió que usar el nombre abreviado IIHC podría ser un buen idea. 

 Sadr sostuvo que el personal del banco estaba preocupado de que en ausencia de un cambio de nombre, Hyposwiss sería recibir cientos de documentos en conexión con el proyecto de Venezuela con la palabra Irán todo sobre ellos, y no querían asociarse con el gobierno de Irán, incluso por error.

  Entre otras cosas declaradas por Sadr, dijo que se había casado dos veces, que tiene dos hijos, (uno de 4 y otro de 1 año y medio), ratificó que su madre vive en Washington DC, y dos hermanas Pegah es arquitecto y Negarin que es diseñadora de modas y viven en California. 

  Asimismo, Sadr confesó que su padre vivía en Teherán en un apartamento de 1000 pies y que su padre supuestamente había sido torturado, que estuvo preso por oponerse al régimen iraní, y que había ayudado a reconstruir el país luego de la guerra con Irak en los años 80. 

  Sostuvo que la reconstrucción de Irán necesitó de los mejores talentos de ingenieros y técnicos. Comentó que fue marcado cuando su madre lo llevó a ver a su padre a la cárcel, donde fue torturado.

  Comentó  que ha cuando tenía 16 años  lo arrestaron por participar en una marcha estudiantil contra el régimen y lo torturaron física y emocionalmente. 

  Cuando Sadr hablaba intentaba quebrar la voz para mostrar dolor.  

  Sobre su situación migratoria en 2000, dijo entró con visa de turista y luego la cambio por una F1 para estudiar. Posteriormente, pidió asilo basado en las protestas en 1999.  Aseguró que tuvo problema con su abogado de inmigración y que se  se le revocó el asilo en 2010. Alegó que tenía una grave situación económica y que como plan B, (porque no quería irse a Irán) se hizo ciudadano en San Cristóbal y Nieves "porque era rápido". 

  Luego se casó con una ciudadana  estadounidense, aplicó a la Green Card, y al poco tiempo se divorció. 

  Comentó que en el pasaporte de San Cristóbal y Nieves dice que nació en Teherán, Irán no acepta que se renuncie a la ciudadanía. Se mudó a Dubai, y aplicó a la residencia de Turquía. 

 Admitió que regresó a Irán para visitar a su padre porque fue diagnosticado de cáncer en noviembre de 2010. y aunque no podía estar seguro 100 % de viajar a Irán pero lo hizo por amor a su progenitor.

 Regresó a Irán con la advertencia de no meterse más con el gobierno, empezó a trabajar con el proyecto Venezuela a través de la empresa IIHC que nunca perteneció al gobierno. 

  Aclaró que su padre no apoyó a la IRGC ni al régimen de Irán. 

  Sadr viajó 12 y 15 veces a Venezuela.








martes, 10 de marzo de 2020

Juicio por lavado de dinero de Ali Sadr Hasheminejad: El Fondo Chino de Venezuela pagó a las empresas que violaron las sanciones de EE.UU. contra Irán

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    "El juicio contra Ali Sadr Hasheninejad pasa a otra etapa", dijo la jueza Alison Nathan al jurado que ha visto por seis días una voluminosa evidencia presentada por la fiscalía estadounidense. "El gobierno resta y le pasa el turno a la defensa", sostuvo la magistrada al final del día lunes, cuando le dió instrucciones al jurado ante de despedirlos, ordenando que no podían leer en los medios ni en las redes sociales nada sobre el caso para que puedan mantener su imparcialidad. 
  Ali Sadr Hasheminejad, un ciudadano iraní que adquirió la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, es acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de lavado de dinero, fraude bancario e incumplimiento de las sanciones impuestas por EE. UU.  contra Irán al trasladar dinero a través del sistema financiero estadounidense proveniente de un proyecto de vivienda en Venezuela promovido por los regímenes de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Las medidas de los bancos para evitar la violación de las sanciones

   En la audiencia número 6 del juicio, un testigo que representa a un banco víctima, Citibank, dijo que si bien los bancos intermediarios no tienen la obligación de investigar a los clientes de los bancos correspondientes si deben hacerlo y alertar sobre cualquier irregularidad. Este comentario se produjo cuando la defensa insistía que el acusado no cometió delitos y los fiscales explicaban que el manejo hecho en múltiples transacciones por parte del Hyposwiss, que es la entidad donde Sadr Hasheminejad tenía las cuentas de las empresas offshore que usó para el esquema de lavado de dinero y violación de las sanciones acusado en este caso.

  Los fiscales mostraron un sistema que se origina en PDVSA, con una orden de pago para las empresas de Sadr contratadas para construir las casas en Venezuela, PDVSA enviaba la orden a su banco en Portugal, Espíritu Santo (BES), esta entidad enviaba el dinero a su banco intermediario en Nueva York (CitiBank o J. P. Morgan Chase) y este a su vez transfería los fondos al banco correspondiente que es Hyposwiss, en Suiza que era el banco donde Sadr y su padre abrieron las cuentas de las empresas sustitutas de la contratada originalmente por Venezuela, llamada Iranian International Housing Co. (IIHC). 

 La fiscalía y el testigo del Citibank sostuvieron que la responsabilidad de investigar las transacciones de Sadr y su familia es Hyposwiss porque los dos ciudadanos iraníes eran sus clientes, y no CitiBank o Chase. Sin embargo, debido a una serie de factores que se encontraron en varias transacciones hechas a través de los bancos estadounidenses, se levantaron las alarmas ante el inminente uso del sistema financiero para lavar dinero a favor de Irán. 

  Los fiscales explicaron que Sadr y su padre sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito, y para evitar ser descubiertos crearon una estrategia que los llevó a comprar nacionalidades en San Cristóbal y Nieves para él, su padre y hermanas; registrar empresas en Suiza, Turquía, Hong Kong, Emiratos Árabes, entre otros, abrir cuentas bancarias en Suiza y Alemania, cambiar el nombre de la empresa contratada en PDVSA para eliminar la palabra Iranian (en su lugar pusieron Industrial) y bajar el website de Iranian International Housing Co. (IIHC) para borrar cualquier indicio "tóxico" que los involucraran con Irán. 

  Los fiscales dijeron que los pagos multimillonarios hechos por PDVSA a los Sadr, y que fueron procesados a través del sistema bancario estadounidense constituyen un delito federal, ya que viola las sanciones entre Estados Unidos e Irán y se convirtió no solamente en un fraude bancario sino en el esquema de lavado de dinero internacional.

  El testigo del Citibank explicó los bancos toman muy en serio el tema de las sanciones ya que el incumplimiento genera penalidades para las instituciones financieras. El experto sostuvo  que las sanciones contra Irán están dirigidas al gobierno, al país y las personas que lo integran.

  Cuando fue interrogado por el abogado de Sadr, Brian Herberlig, el testigo de Citibank dijo que no tenía conocimiento de que el banco enfrentara sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por las acciones de este caso. 

Compañía de Sadr pago por un apartamento en Caracas

  La fiscalía llamó a una mujer venezolana americana al estrado. Alessandra Conte dijo que en 2011 vendió su apartamento en Caracas, Venezuela por $ 170,000 a un hombre llamado César Gudiño. El comprador presentó problemas para pagar el precio total de la compra del inmueble y fue la empresa de Sadr Hasheminejad la entidad que pagó parte de la deuda.

  La mujer explicó que se había mudado a State Island, en la ciudad de Nueva York en el año 2000 y que vendió el inmueble porque sabía que no lo ocuparía más. Logró concretar la venta con Gudiño quien pagó una parte en dólares y otra en bolívares.

  El fiscal preguntó "¿quién arregló pagarle en dólares estadounidenses?", A lo que la mujer respondió "Stratus". 

  Stratus Construction es una empresa propiedad de la familia Hasheminejad y aparece involucrada en el esquema de lavado de dinero acusado por la fiscalía.

Defensa se queja por documentos relacionados con Stratus

  Entre las mociones que se discutieron este lunes estpa una carta de la fiscalía donde se explica que no se había proporcionado a la defensa de Sadr documentos relacionados con la compañía Stratus.

  En la comunicación dice: “Stratus fue fundada en 1978 en Teherán, Irán; Stratus International se especializa en proporcionar servicios de contratación para proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios; Stratus está trabajando actualmente en un proyecto de desarrollo de viviendas de la Unidad de Apartamentos 7000 "Nuevo Ojeda" en Venezuela ", señala el documento.

  En la carta presentada al juez, el abogado asistente dijo que, en 2011, el banco que procesaba el pago recibió una respuesta a su consulta "indicando, en suma y sustancia, que la dirección de Stratus está en Turquía, está registrada en Turquía, hace construcción en varios países, incluyendo a Venezuela ".

    Stratus luego se agregó al filtro de sanciones del gobierno de EE. UU. Para monitorear cualquier pago futuro.

  El documento dijo que las autoridades estaban tratando de confirmar si la Oficina de Control de Activos Extranjeros tomó alguna medida basada en la divulgación del banco, pero está dispuesta a "estipular que la OFAC no tomó medidas contra las entidades del Banco Stratus o el acusado".

  "El Gobierno lamenta su error y está trabajando para confirmar que no hay nada más relacionado con la investigación bancaria que tenga alguna relación con este caso", agrega la carta.

  Habían estado al tanto de la carta desde mediados de enero, y que, en ese momento, creían erróneamente que era parte del descubrimiento en el caso, decía la carta.

Las tablas que incomodan a la defensa

   La fiscalía presentó unas tablas con los pagos hechos por PDVSA a las empresas offshore de Sadr y su padre, incluyendo la tóxica IIHC que se iniciaron en 2010 hasta 2014. 

    Una de las comunicaciones presentadas estaba fechada el 30 de diciembre de 2010 en la cual Sadr le advierte a su empleado Bahram Karimi sobre los problemas que tenían con la cuenta del Chase en Nueva York. 
    
     En otro correo Sadr explica a su banco Hyposwiss que venía una transferencia por $ 29 millones de Venezuela el 11 febrero 2011. La orden correspondiente para ese pago, está hecha en un papel membretado con Iranian International Housing Co. (IIHC), firmada por José Luis Parada Sánchez, jefe de DUCOLSA y donde se usa la dirección de IIHC en Teherán [Apart. 101 N-18 Mina Boulevard Afnet St. Teherán].

  José Luis Parada explicó cómo se iba a cambiar la empresa iraní por una empresa turca Straturk International Contracting S.J. 

   Parada también advierte al banco usado por PDVSA para hacer los pagos a Sadr sobre el cambio de las cuentas bancarias y aclara que a partir de ese momento Straturk International Contracting S.J. era el beneficiario.


El Fondo Chino pagó a las empresas del acusado 

  Varias comunicaciones presentadas al jurado reflejan que los recursos usados para algunos pagos provenían del Fondo Chino para Venezuela. Una carta del 17 de marzo de 2011, dice que el Fondo Chino confirmó al banco la cantidad de dinero que se iba a pagar a las compañías de Sadr y su familia que era el desembolso #386 del Fondo -Código N-00579 por $ 29.442.967, 57.

   Se mostró un correo electrónico dirigido a DUCOLSA de María Acevedo del Banco Commerzbank A.G, fecha febrero 5 de 2011. Decía que el Banco del Tesoro iba a bloquear los fondos si no se suministraba información sobre Straturk. Ante esa advertencia se informó que la compañía fue registrada en Turquía y que el pago era por la construcción de 700 viviendas en Venezuela.
   
    Los fiscales presentaron cartas que mostraban la contradicción entre los beneficiarios de los pagos que iban desde Straturk International Contracting S.J., IIHC, Stratus Global Investment Ltd y otras empresas.

     Asimismo se presentó un cuadro que mostraba los ingresos que llegaron de las cuentas de PDVSA a la empresa de Sadr Clarity Trade (creada por el acusado en Suiza para esconder la vinculación con Irán). El cuadro explica que una parte de los fondos llegaban a Clarity y se enviaban a Stratus Global Investment y de allí se transferían a otras empresas creadas en Estados Unidos, como Sapene LLC, Fidelity National Title Company, Malibu Escrow  Corporation y Setom LLC. 

   De las mencionadas empresas, la hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr compró una tierras por medio de la empresa Malibu Escrow  Corporation por $ 919,960,00 en el lote 27314 Winding Way, Malibu CA 90265. 

    Por medio de Fidelity National Title Company  se creó Pistache LLC, ( propiedad en un 50% Sapene LLC). La hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr aparece como dueña de Sapene LLC, que tiene una cuenta en el Banco Well Fargo, a través de la cual se adquirieron productoras de pistachos en California.  El nombre de Ali Sadr se agregó en la empresa Setom LLC cuya dueña original era Pegah Sadr H. El 19 de septiembre de 2011 la empresa era 50% de Pegah Sadr y 50 % Ali Sadr.







martes, 10 de septiembre de 2019

Juicio del banquero que lavó millones de dólares de Venezuela a favor de Irán será en marzo de 2020

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2 de marzo de 2020 el juicio con jurado en contra del banquero iraní,  Ali Sadr Hashemi Nejad, acusado por el gobierno estadounidense de lavado de dinero, fraude bancario y de haber ejecutado un plan financiero que violó las sanciones impuestas por los Estados Unidos a la República Islámica de Irán.
Luego de la audiencia curcio celebrada este lunes, en la cual el acusado renunció consciente y voluntariamente a su derecho a una representación libre de conflictos, la jueza Alison J. Nathan autorizó el inicio del juicio, que inicialmente estaba pautado para enero,  para el mes de marzo de 2020. Una de las razones por las cuales se produjo el cambio fue porque los abogados de Ali Sadr Hashemi Najed tendrán otros juicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York para las mismas fechas. El fiscal federal, Michael K. Krouse  no objetó la prórroga del proceso sino que, por el contrario, admitió que los meses extras le darán más tiempo a las partes para prepararse  mejor para el proceso.


Uno de los abogados del acusado es Brian M. Heberlig, defensor de la empresa china Huawei que tiene un caso abierto en Nueva York cuyo juicio podría ser en enero 2020. El otro representante legal, Reid Weingarten fue el defensor del fallecido Jeffrey Epstein cuyo proceso judicial concluyó tras su muerte. 

El juicio de Ali Sadr Hashemi Najed se retrasó porque el caso fue reasignado al juez Nathan debido a que el juez inicial, Andrew Carter se recusó a sí mismo argumentando que tenía conexiones personales con JP Morgan Chase, uno de los bancos víctimas de la trama de lavado acusada.  Uno de los defensores del banquero iraní, del bufete de Steptoe, también es defensor del JP Morgan Chase, lo cual debió haber sido un factor para su descalificación pero durante la audiencia de este lunes, Sard Hashemi Najed decidió seguir adelante con su actual representación.

El acusado

Ali Sadr Hashemi Nejad, de 39 años, nació en Irán, fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos presentados ante el tribunal, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, quien es ciudadano de Irán y de la isla caribeña de Saint Kitts, fue acusado de seis cargos de fraude bancario e intrigas para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

Específicamente, se alegó que Sadr había conspirado en un complot para canalizar $ 115 millones a través del sistema financiero estadounidense bajo un contrato de construcción de 7 mil casas para pobres en Venezuela. Sadr Hashemi Nejad se declaró no culpable.



El caso de Sadr Hashemi Nejad está siendo manejado por la unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil.

El acusado se graduó de ingeniero civil en la Ivy League, Universidad de Cornell. Tras ser arrestado, el gobierno estadounidense le confiscó propiedades en Maryland, Washington, DC, y la ciudad costera de élite de Malibú, en California, incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado. 

El acusado se mudó a Estados Unidos en el año 2000 cuando tenía 23 años para reunirse con su madre y hermana, y fue peticionario de asilo político en el 2003, de acuerdo a los documentos de la corte. En la petición de asilo, el acusado aseguró que su vida corría peligro si regresaba a Irán porque su familia tenía problemas con el régimen iraní de Mohammad Khatami. No obstante, existen registros que señalan que el presidente iraní de la época dijo que el padre de Sadr era uno de los exportadores ejemplares de Irán.

Sadr Hashemi Nejad tiene el estatus de residente permanente de los Estados Unidos y ha dicho que no tiene conexión con los negocios de su padre en Irán. 

Sadr se hizo residente legal de Estados Unidos en 2004 basado en su asilo, pero en 2010 su asilo fue revocado por el gobierno federal alegando que su proceso había sido fraudulento. El acusado logró obtener otra carta de residencia en el 2012. Los documentos señalan que el acusado viajó varias veces a Irán entre 2010 y 2015 y que dichas movilizaciones se habrían hecho de bajo perfil para evitar una supuesta persecución en su contra. 

Los fiscales señalan que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos, y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su trasfondo iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción  de viviendas y carreteras de Irán, con más de 60 filiales y,  más de 10,000 empleados. 

Vale destacar que Stratus Holding tiene una subsidiaria en que estuvo a cargo de un proyecto de vivienda del gobierno de Hugo Chávez que, según los fiscales estadounidenses, se utilizó para canalizar $ 115 millones a Irán.

Los fiscales neoyorquinos dicen que el acusado ocultó sus conexiones con Irán adquiriendo otras ciudadanías, y no revelando la información sobre su familia en Irán, para evitar poner en riesgo sus negocios debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen iraní. 

Los fiscales del caso presentaron a la corte una tarjeta de presentación del acusado donde éste aparece como vicepresidente de una subsidiaria de Stratus, Samane Stratus Investment Company, a partir de 2011. 



Sadr posee varias empresas, entre las cuales destaca Pilatus Capital Ltd registrada en  Saint Kitts y Nevis, donde adquirió la ciudadanía  por inversión y la cual ha usado para abrir sus corporaciones. También es dueño del hoy desprestigiado Banco Pilatus, creado bajo las leyes de Malta en diciembre de 2013.


Sanciones a Irán


Desde 1979, el Presidente de los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ("IEEPA"), ha encontrado repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y economía norteamericana y declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza. De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Las sanciones contra el régimen de Irán prohíben, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a los Estados Unidos o personas de los Estados Unidos destinadas al beneficio del Gobierno de Irán o individuos o entidades iraníes, dice un comunicado de la fiscalía estadounidense.




En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un acuerdo, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. En 2005, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo al celebrar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de 7 mil unidades de vivienda en Venezuela.


El Proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo. 

En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, el IIHC celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó al IIHC construir aproximadamente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000. Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del Proyecto. El acusado era miembro del comité y era responsable de administrar el Proyecto.