Mostrando entradas con la etiqueta pdvsa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta pdvsa. Mostrar todas las entradas

viernes, 21 de enero de 2022

PDVSA interviene en el juicio que bonistas mantienen contra Venezuela

   La respuesta de la estatal petrolera debió producirse este viernes 21 de enero.

Por Maibort Petit

   Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aludida en el proceso judicial que ACL1 Investments LTD., ACL2 Investments LTD., y LDO (Caimán) XVIII LTD mantienen contra la República Bolivariana de Venezuela en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware en procura de hacer valer una sentencia a su favor por incumpliento de contrato, solicitó intervenir en el juicio lo cual fue concedido.

   La petrolera cuyos bienes en Estados Unidos pretenden ser embargados por los bonistas que reclaman el pago de capital e intereses dictaminados en sentencia previa, pidió una prórroga para responder a la moción de los demandantes de que se emita una orden de embargo fieri facias contra la República Bolivariana de Venezuela.

  La corte accedió al pedido de extensión del plazo que se ciumplió este viernes 21 de enero del presente 2022.

Moción que autorice el embargo

  El 22 de noviembre de 2021, los abogados de las demandantes ACL1 Investments LTD., ACL2 Investments LTD., y LDO (Caimán) XVIII LTD., presentaron ante el Tribunal de Delaware, un memorando de ley en apoyo a la petición de una orden que autorice condicionalmente la emisión y notificación de una orden de embargo fieri facias contra la República Bolivariana de Venezuela.

   En la Corte de Delaware cursan varios procedimientos de embargo posteriores a la sentencia contra Venezuela y sus instrumentalidades.

   En razón de que Venezuela es propietaria de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la cual posee en Estados Unidos la empresa PDV Holding Inc. (PDVH), dueña a su vez de CITGO Holding Inc., la cual es propietaria en su totalidad de la refinería CITGO Petroleum Corporation, los ojos de los acreedores se han fijado en ellos.

   En la causa entablada por Crystallex International Corp. contra Venezuela se estableció que PDVSA era el alter ego de Venezuela y, desde entonces, esto marcó jurisprudencia para que otros acreedores reclamaran el pago de sus deudas a través de este activo, entre ellas los demandantes en esta acción ACL1 Investments LTD., ACL2 Investments LTD., y LDO (Caimán) XVIII LTD.

   El gobierno de los EE. UU. impidió el embargo de esa propiedad sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC). En este sentido, tenían prohibido hacer cumplir su sentencia antes del 23 de octubre de 2021, por lo que habiendo transcurrido la fecha, presentaron esta moción que busca la emisión y el servicio de una orden judicial de embargo condicionada a la autorización de la OFAC. Advierten los demandantes que las sanciones no impiden la reparación de buscan con dicha orden.

   Amparados en la tesis de que PDVSA es alter ego de Venezuela y en razón de que esta última dejó de realizar los pagos de los bonos de los demandantes y se aceleró su obligación de pagar el capital total, los demandantes aspiran cobrar con los activos venezolanos en territorio estadounidense

 Los demandantes refieren que Venezuela ha incumplido sustancialmente todas sus deudas bajo la ley de los EE. UU. y ha declarado su intención de no pagar hasta un momento desconocido. En este contexto, los tribunales han determinado que los períodos muy inferiores a un año son “razonables” y ha transcurrido casi un año (a la fecha de la acción) desde la entrada de la sentencia de los demandantes.

 Señalan que el plazo es particularmente razonable porque fue acordado por la propia Venezuela, la cual estipuló la entrada de la sentencia siempre que no buscaran hacerla cumplir antes del 23 de octubre de 2021. Ese período negociado por Venezuela ha terminado y, por tanto, los demandantes estiman que es el momento de la ejecución.

PDVSA solicita intervenir

  En diciembre de 2021, PDVSA solicitó al tribunal intervenir en el proceso judicial del cual, sostiene, no forma parte ni es deudor del fallo en favor de los demandantes. En virtud de la amplia documentación presentada por los demandantes en solicitud de emisión y notificación de una orden de embargo fieri facias contra la República Bolivariana de Venezuela, la petrolera pide mayor tiempo para revisar y contestar.

PDVSA pide prórroga

   El 14 de diciembre de 2021, PDVSA en razón de que la Corte concedió su petición de intervención, solicitó que el Tribunal ordenara que su tiempo para responder a la Solicitud de embargo se extendiera hasta el 21 de enero de 2022 inclusive. PDVSA realizó esta solicitud sin renunciar a ningún derecho o defensa que pueda tener a su disposición y/o su propiedad, incluida cualquier defensa en virtud de la FSIA.

  Expusieron que la dado que solicitud de embargo busca que se autorice condicionalmente la emisión y notificación de una orden judicial de embargo contra las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), propiedad de PDVSA en su totalidad, siendo que esta es una “agencia o instrumento de un estado extranjero” indiscutible bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976, 28 U.S.C. § 1602, et seq. (FSIA), la petrolera se encuentra presuntamente separada de la República, presuntamente inmune a la jurisdicción del Tribunal, y sus bienes presuntamente inmunes al embargo y ejecución.

  Indican que con la solicitud de embargo, los demandantes buscan derogar la inmunidad a la que PDVSA y su propiedad tienen derecho bajo la FSIA y embargar y eventualmente ejecutar sobre sus activos en la teoría de que es el alter ego de la Venezuela.

  No habiéndose puesto de acuerdo las partes respecto a la fecha de respuesta, PDVSA estima que el 21 de enero de 2022 para responder a la Moción es razonable y justificado.

 Sostiene PDVSA que los demandantes no pueden basarse razonablemente en las similitudes entre su petición y las de otros acreedores de Venezuela como base para oponerse a la prórroga solicitada.

  El 22 de diciembre de 2021, reiteró su petición de prórroga al momento de rebatir la argumentación de los demandantes de exigir que la respuesta se produjera el 28 de diciembre de 2021.

  El 4 de enero de 2022, el juez Leonard P. Stark manifestó su acuerdo con PDVSA en que el 21 de enero de 2022 era un plazo razonable para responder a la solicitud de ACL de una orden que autorice condicionalmente la emisión y notificación de una orden de embargo fieri facias. Advirtió que la Corte no ha sido persuadida de que ACL se vería perjudicada por una modesta extensión de sólo unas pocas semanas.

La sentencia que reclaman los demandantes

  El 7 de diciembre de 2020, Luis Stanton, juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió la Sentencia definitiva a favor de las empresas tenedoras de bonos ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd. y LDO (Cayman) XVIII Ltd. en su demanda contra la República Bolivariana de Venezuela por incumplimiento de contrato y, además, se le asignó responsabilidad por daños y perjuicio.

  Se determinó que ACL1 Investments Ltd. a cuenta de la Emisión de 2004 de los 2034 (ISIN US922646BL74), por concepto de falta de pago de capital adeudado el 6 de diciembre de 2018 como consecuencia de la aceleración del endeudamiento, un pago de USD 57.215.000, mientras que por intereses de dicha cantidad a una tasa de 9.375% anual computada a partir del 13 de julio de 2020,  la cantidad de USD 2.056.164,06.

  Asimismo, por falta de pago de seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos al 13 de enero de 2018, USD 2.681.953,13, más intereses a una tasa del 9% anual a partir del 14 de enero de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 696.352,60.

  Por la falta de pago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2018, la cantidad de USD 2.681.953,13, más intereses a una tasa del 9% anual de interés simple a partir del 14 de julio de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 576.656,66.

  Por la falta de pago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2019, la cantidad de USD 2.681.953,13, más intereses a una tasa del 9% anual a partir del 14 de enero de 2019 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 454.976,82.

  Por la falta de pago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2019, la cantidad de USD 2.681.953,13, más intereses sobre a una tasa del 9% anual a partir del 14 de julio de 2019 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 335.280,88.

  Por la falta de pago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2020, la cantidad de USD 2.681.953,13, más intereses a una tasa del 9% anual a partir del 14 de enero de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 213.601,03.

   Por la falta de pago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2020, la cantidad de USD 2.681.953,13, más intereses a razón del 9% anual a partir del 14 de julio de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 93.243,79.

  Para intereses de cupón y previos al fallo posteriores al 1 de diciembre de 2020, la cantidad de USD 18.867,56 por día hasta la fecha en que se inscriba el fallo en el expediente del Tribunal.

  A  ACL2 Investments Ltd. a cuenta de la Emisión de 2034 de 2004 (ISIN US922646BL74), se determinó un pago de USD 20.288.000 por falta de pago de capital adeudado el 6 de diciembre de 2018, más intereses por dicha cantidad a una tasa de 9.375% por USD 729.100.

   Igualmente, por falta de pago de seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos vencidos el 13 de enero de 2018, la cantidad de USD 951.000 más intereses iguales a USD 246.921,29; el 13 de enero de 2018, USD 951,000 más intereses por USD 204.478,03; el 13 de enero de 2019, la cantidad de USD 951.000, más intereses por USD 161.331,29; el 13 de julio de 2019, la cantidad de USD 951.000 más intereses por USD 118.888,03; el 13 de enero de 2020, la cantidad de USD 951.000, más intereses por USD 75.741,29; el 13 de julio de 2020, la cantidad de USD 951.000 más intereses por USD 33.063,53.

  También para intereses de cupón y previos al fallo posteriores al 1 de diciembre de 2020, la cantidad de USD 6.690,29 por día hasta la fecha en que se ingresara el fallo en el expediente del Tribunal.

  A LDO (Cayman) XVIII Ltd. a cuenta de la Emisión de 2004 de los 2034 (ISIN US922646BL74), por falta de pago de capital adeudado el 6 de diciembre de 2018 como consecuencia de la aceleración del endeudamiento la cantidad de USD 9.197.000 más intereses sobre esa cantidad a una tasa de 9.375% anual computados a partir del 13 de julio de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 330.517,19.

   Por falta de pago de seis pagos de intereses semestrales vencidos e impagos vencidos el 13 de enero de 2018, la cantidad de USD 431.109,38, más intereses por USD 111.934,89; el 13 de julio de 2018, la cantidad de USD 431.109,38 más intereses por USD 92.694,42; el 13 de enero de 2019, la cantidad de USD 431.109,38 más intereses por USD 73.135,05; el 13 de julio de 2019, la cantidad de USD 431.109,38 más intereses por USD 53.894,58; el 13 de enero de 2020, la cantidad de USD 431.109,38 más intereses por USD 34.335,20; el el 13 de julio de 2020, la cantidad de USD 431.109,38 más intereses por USD 14.988.43.

  Igualmente, para intereses de cupón y previos al fallo posteriores al 1 de diciembre de 2020, la cantidad de USD 3.032,86 por día hasta la fecha en que se inscribiera el fallo en el expediente del Tribunal.

  A los demandantes conjuntamente por los gastos se determinó un pago USD 220.000.


miércoles, 12 de enero de 2022

Las alianzas comerciales: Otro mecanismo a través del cual PDVSA evade las sanciones económicas

  Tal como lo ha venido haciendo en otros casos, la estatal petrolera venezolana recurre a terceros para garantizarse la operatividad de la empresa.

Por Maibort Petit

  Desde que fuera objeto de sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, Venezuela y su empresa bandera, Petróleos de Venezuela S.A., han recurrido a terceros para procurar la colocación de crudo y otros productos en los mercados. Así, para realizar las ventas de petróleo a China —ahora su principal comprador— un conjunto de empresas de fachada ha permitido concretar las exportaciones. Entretanto, Irán ha sido la fuente de combustible y otros insumos para garantizarse tanto el consumo interno, como la operatividad de la empresa. En este mismo sentido se encuadran las “alianzas comerciales” instrumentadas por la estatal petrolera que son la razón de esta nota informativa.

    Y es que, dado que la operatividad de la empresa se hace imposible sin una serie de insumos, servicios, materias primas y equipos, PDVSA recurre a las referidas alianzas comerciales para procurárselos y lograr mantener encendidos los motores de la empresa que ha logrado poner en funcionamiento últimamente, luego de un prolongado tiempo de inoperatividad.

  De esto da cuenta la agencia Reuters que, en una información fechada en junio de 2021, refiere que, dado que las compañías estadounidenses y europeas han reducido su presencia en el país para cumplir con las restricciones o por evitar un posible castigo, PDVSA ha recurrido a las asociaciones con pequeñas empresas locales para detener la debacle definitiva de la petrolera y mantener la producción en niveles reducidos.

   De este modo, la petrolera nacional se enfoca en delegar cada vez más tareas a contratistas locales bajo nuevos modelos de negocios “que han roto con décadas de ortodoxia socialista”, indica la nota que cita a Raúl Gallegos, director de la consultora Control Risks que se enfoca en la región andina, quien estima que "La situación en el sector petrolero [venezolano] es tan grave que hay frutos al alcance de la mano" y “El régimen está tratando de aprovechar esas oportunidades con empresarios a quienes no les importa comprometerse con el gobierno bajo las sanciones actuales”[1].

   En esta entrega presentamos una de estas alianzas comerciales, establecida la misma entre PDVSA Petróleo S.A. y la empresa Yogar C.A., la cual, según datos recabados por Venezuela Política está domiciliada en Morón, estado Carabobo, representada legalmente por José Yovanni García Tovar.

   Refieren nuestras fuentes informativas que se trata de un empresario local que ha logrado diversas contrataciones y negocios a través de sus relaciones con el oficialismo chavista.

  Entretanto, por la estatal petrolera, estampó su firma Ramón Curapiaca, gerente general de la Refinería El Palito (REP). La firma tuvo lugar en el año 2021.

  De acuerdo a documentos en nuestro poder, para violar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, PDVSA recurre a  mecanismos de los contratos  que  se firman con empresas asociadas y la interposición de un tercero, para garantizarse con estas alianzas, las diligencias y objetivos que directamente no puede procurar en razón de las sanciones.

  Un punto fundamental para PDVSA es la confidencialidad, por lo que en los contratos se enfatiza el compromiso que los aliados comerciales establecen al llevar a cabo dichas alianzas.

  En un contrato en nuestro poder, en la cláusula tres PDVSA establece una advertencia a sus asociados sobre las consecuencias de no cumplir con la obligatoriedad del silencio. 

 Los aliados comerciales se comprometen a mantener estricta confidencialidad de la información que le confía PDVSA. “El compromiso de confidencialidad es extensible a todas las personas que tengan acceso a la información. Por tales motivos, ‘La Aliada’ responderá por los actos de sus empleados, agentes y demás personas bajo su autoridad, sin menoscabo de la responsabilidad que pudiera corresponder a cada individuo, toda vez que haya sido informado por ‘La Aliada’ de los términos y condiciones del contrato”.

El pago

  En el caso de la alianza comercial entre PDVSA y Yogar C.A., son las cláusulas cuarta, quinta y sexta las que hacen las especificaciones relativas al pago.

  En este sentido, el pago se hará previa definición de las actividades inherentes a la prestación de servicios o ejecución de obras a realizar por parte de La Aliada, así como del precio/inversión asociado con dichas actividades, en pro de los intereses de PDVSA. Se indica que la petrolera efectuará el pago del precio estipulado a la Aliada, conforme a una serie de requisitos y controles que son especificados en la cláusula quinta.

   El pago por la prestación del servicio o ejecución de obras por parte de la Aliada, se efectuará en bolívares “con referencia en Euro a los efectos de cálculo como moneda de cuenta cuya obligación de pago será liberada al tipo de cambio vigente para la fecha de pago de la factura”.

   Se advierte y con esto busca resguardarse PDVSA a objeto de que tal tarea sea cumplida en su totalidad por la Aliada que, los servicios o ejecución de obras “incluye entre otros, materiales, maquinarias, herramientas y equipos suministrados por La Aliada, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Alianza Comercial”.

  En tal sentido, en el contrato queda sentado que “La Aliada declara que en la determinación del precio correspondiente, ha tomado en cuenta todas las condiciones, costos y gastos relacionados con El Servicio o Ejecución de Obras, que declara conocer, que declara conocer en todos los detalles, por lo cual La Aliada acepta que no tendrá derecho  a reclamación alguna frente a PDVSA en razón de dificultades en la ejecución de El Servicio o Ejecución de Obras, siempre que dicha razón de dificultad sea imputable a La Aliada, con excepción de las modificaciones  que pudieran introducirse en la Alianza Comercial  por las variaciones en los montos por efecto de leyes, decretos, resoluciones y convenciones colectivos de trabajo, que incidan  en forma directa y significativa sobre los costos de La Alianza, aprobadas dentro de la vigencia de La Alianza”.

 Tales variaciones se pagarán utilizando los procedimientos establecidos por PDVSA.

   Se remata indicando que “si La Aliada incurre en cualesquiera gastos o costos por encima del precio acordado conforme con el procedimiento previsto en la cláusula quinta, La Aliada asumirá por su sola cuenta y cargos cualesquiera gastos o costos adicionales que se hubieren originado por la ejecución de El Servicio o Ejecución de Obras”.

  Se otorgarán adelantos en calidad de anticipo contractual de hasta el 50 por ciento del monto del contrato sin tributos y un anticipo espacial de hasta el veinte por ciento del monto del contrato sin tributos y con las garantías necesarias para proteger la inversión del Estado, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas vigente.

  La cláusula quinta establece el procedimiento a seguir para que los pagos tengan procedencia, mientras que la cláusula sexta rige lo relativo a los anticipos, los cuales “La Aliada deberá justificar ante PDVSA” mediante rendición de cuenta de los recursos recibidos, la que deberá ser presentada “en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la formalización de emisión de los recursos que se destinen para el desarrollo de las adquisiciones  objeto de la presente alianza Comercial”.

  Del mismo modo se estipula que “PDVSA podrá solicitar o ejecutar las verificaciones materiales y físicas de prestación de servicios, ejecución de obras o entrega de suministros de bienes objeto de la Alianza Comercial, pudiendo solicitar la información y/o documentación relacionada, con el destino, manejo y utilización de los recursos asignados”.

Los errores y garantías

  PDVSA deja sentado que la Aliada será responsable de los daños y perjuicios que ocasione durante la ejecución de la alianza comercial, bien sea por errores, evicción, omisión o negligencia.

 Por ello deberá tomar las previsiones necesarias para evitar la ocurrencia de daños a terceros, procurando proteger las propiedades y bienes de la República como de particulares y el ambiente en general.

  La Alianza Comercial solamente puede ser modificada de mutuo acuerdo y ratificada con un contrato complementario.

  Se prohíbe la cesión y traspaso de la alianza sin autorización de PDVSA.

  Se advierte que PDVSA podrá exigir a la aliada comercial la presentación de fianzas o garantías. Asimismo, “PDVSA podrá en caso de existir pagos, aplicar las retenciones sobre cada pago que haga a Las Partes, hasta cubrir el monto de cobertura requerido como garantía de la idoneidad de la contratación necesarios para PDVSA (…)”.

  Entre otras consideraciones, PDVSA deja sentado que no contraerá ninguna responsabilidad laboral con el personal que preste servicios a la aliada comercial, siendo única y exclusiva responsabilidad de la aliada, el cumplimiento de las obligaciones correspondientes con dicho personal.

[1] Reuters. “Analysis: Venezuela adjusts as sanctions spur Western oil partners to retreat”. 1 de junio de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-adjusts-sanctions-spur-western-oil-partners-retreat-2021-06-01/b 

miércoles, 15 de diciembre de 2021

Claves para comprender el caso de Nervis Villalobos Cárdenas

  Su nombre está asociado a diversas denuncias de corrupción en el sector eléctrico venezolano y en PDVSA, lo cuales han significado la pérdida de millones de dólares del erario público.

Por Maibort Petit

 

  Tal como lo hemos venido haciendo en las últimas entregas con los protagonistas de sonados casos de corrupción, presentamos en esta ocasión los puntos clave del caso criminal de Nervis Villalobos, el cual se ventila en la Corte del Distrito de Texas-División Houston.

Perfil de Nervis Villalobos Cárdenas

  Nacido en Maracaibo y casado con Milagros Coromoto Torres, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, es un ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia, quien trabajó en Enelven, donde llegó a ocupar importantes cargos gerenciales.

  En la gestión de Alí Rodríguez Araque, fue designado director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas y, luego, cuando el referido despacho fue asumido por Rafael Ramírez, Villalobos ocupó el viceministerio de Energía Eléctrica. Desde esta última posición, se encargó de desarrollar diversos planes de incremento de la generación eléctrica, entre ellos el de La Vueltosa en los estados Mérida y Táchira. Es por la presunta comisión de irregularidades en este y otros proyectos eléctricos, que su nombre empieza a protagonizar una serie de denuncias de corrupción.

   En 2003, la Consultoría Jurídica de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), alertó sobre supuestas irregularidades en la ejecución de 8 mil millones de bolívares que el Ministerio de Energía y Minas destinó a un contrato para una campaña de concientización del ahorro energético destinada a varios canales de televisión. Villalobos Cárdenas habría suscrito dichos contratos sin tener facultades para ello. El caso también fue investigado por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

En boca de Luis Tascón y amigo de los bolichicos

  El fallecido diputado oficialista, Luis Tascón, lo denunció en 2007 por contratar empresas que han incurrido en malversación de fondos en la construcción de la central eléctrica Fabricio Ojeda, conocida como La Vueltosa y acusó una presunta estafa de USD 60 millones en dicho proyecto.

  También el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, lo señaló de ofertar sobornos de parte de la empresa Derwick Associates ante el exministro Rafael Ramírez. Villalobos lo negó y sostuvo que su trabajo se limitaba a la asesoría.

  Igualmente, se le vinculó a supuestos hechos de corrupción en la construcción la planta de generación Termozulia IV, ubicada en el Complejo Termozulia, en el municipio La Cañada de Urdaneta de esa entidad.

Lluvia de denuncias

  Nervis Villalobos también figura entre los jerarcas del gobierno venezolano involucrados en los escándalos de el Banco Privado de Andorra y el Banco de Madrid, según refirió el diario El Mundo (España) en 2015.

  Se trataría de millonarias comisiones supuestamente obtenidas de las contrataciones irregulares la empresa española Duro Felguera que en 2009 para construir la central eléctrica El Sitio en los Valles del Tuy, Miranda, por más de USD 2.000 millones. El caso lo investiga la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra[1].

  También habría tenido que ver con el caso de los empresarios cubano-americanos Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, sentenciados en Nueva York por ayudar a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano[2].

USD 1,5 en relojes

  Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) fechado en septiembre de 2020, refiere que Nervis Villalobos Cárdenas gastó USD 1,5 millones en el año 2011 en la compra de relojes de las marcas Rolex, Cartier, Chopard y Breguet.

  El objetivo de la adquisición habría sido el banqueo de dinero a través de un joyero sometido a ahora a un proceso de investigación[3].

Los cargos

   En febrero de 2018, junto a Luis Carlos de León Pérez, César David Rincón Godoy, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Nervis Villalobos Cárdenas fue acusado en la Corte del Distrito de Texas-División Houston de la supuesta comisión de delitos de conspiración para cometer lavado de dinero; lavado de dinero; y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.


   Estos exfuncionarios venezolanos habrían participado en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos para asegurar contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, fueron arrestados en España en octubre de 2017 por las autoridades d e la nación ibérica en atención a las órdenes emitidas por el tribunal de Texas.

  Villalobos Cárdenas permanece bajo custodia española pendiente de extradición a los Estados Unidos.

Argumentos de la acusación

   Según la documentación de las autoridades estadunidenses, los cinco acusados se conocían como el "equipo de gestión" de PDVSA el cual conspiró entre sí y otros para solicitar a varios proveedores de petrolera estatal venezolana —entre algunos residentes de los Estados Unidos y con empresas de su propiedad y control— sobornos a cambio de la aprobación de contratos y asistencia en relación con su negocio con la empresa.

   Agrega la acusación que los co-conspiradores lavaron los ingresos del plan de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos, y, en algunos casos, los avances en el soborno ingresan a La forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en EE. UU.

  La acusación refiere que Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, enviaron más de USD 27 millones en pagos de sobornos a una cuenta en Suiza de la cual de León y Villalobos eran firmantes autorizados. Dichos fondos se transfirieron más tarde a otras cuentas también en Suiza. Tanto Roberto Rincón como Shiera se declararon culpables en el distrito sur de Texas a los cargos de FCPA en relación con un plan para sobornar a los funcionarios PDVSA.

Narcotráfico

   El 26 de marzo de 2020, la Administración para el Control de Drogas (DEA) acusó a varias personas cercanas a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de mantener relaciones con el narcotráfico, pero Villalobos Cárdenas lo negó tajantemente.

"Ni he estado, ni estoy ni estaré investigado por narcotráfico", le aseguró a El Mundo, pese a que la DEA lo incorporó a un esquema en el que sitúa a los dirigentes chavistas que habrían convertido a Venezuela en "un narcoestado que auspicia el terrorismo, uniéndose a las FARC [antigua guerrilla colombiana] para exportar toneladas de cocaína a EEUU"[4].

Suiza le niega residencia

  En marzo de 2021, las autoridades de Suiza le negaron a Nervis Villalobos y su familia, un permiso de residencia que introdujo en 2016.

  La Secretaría de Estado de Migración recomendó al Tribunal Administrativo Federal de Suiza no admitir la solicitud, pues podría verse perjudicada la reputación del país y amenazar el orden y la seguridad interna en esa nación, en razón de que Villalobos es objeto de un proceso judicial por corrupción y lavado de dinero. El tribunal acogió la recomendación.

Testigo en caso de Modoro

  En septiembre de 2021, Nervis Villalobos declaró en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional de España sobre el caso que en esa instancia judicial se investiga sobre el exembajador español en Venezuela, Raúl Modoro, quien supuestamente entre 2011 y 2015 habría recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA.

  Dijo que no conocía a Modoro hasta que la policía española lo contactó para pedirle ayuda sobre las presuntas comisiones de la petrolera venezolana PDVSA.

  Durante un allanamiento, la policía encontró en la residencia de Villalobos un contrato de los Modoro con PDVSA que, según Villalobos estaba en su poder porque se lo entregó la propia policía española en 2016 para que suministrara información sobre los firmantes.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/05/asi-pasaron-miles-de-millones-de-pdvsa.html


 


[2] Venezuela Política. “Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami”. 16 de noviembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/11/jurado-declaro-culpable-dos-empresarios.html


[3] El Pitazo. “Nervis Villalobos: el exviceministro de Energía que busca EE. UU.”. 5 de noviembre de 2021. https://elpitazo.net/politica/nervis-villalobos-el-exviceministro-de-energia-que-busca-ee-uu/


 


[4] El Mundo. “El ex viceministro de Chávez se defiende de la acusación de EEUU: ‘Ni he estado, ni estoy, ni estaré investigado por narcotráfico’". 8 de abril de 2020. https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/08/5e8c890721efa094668b46ce.html

domingo, 12 de diciembre de 2021

Tribunal ordena a PDVSA pagar deuda de 63.5 millones de dólares a Red Tree Investment

  Por Maibort Petit

  Un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a pagar casi 63.5 millones de dólares a Red Tree Investments LLC por concepto de una deuda e intereses por servicios prestados y que no fueron pagados de acuerdo a lo establecido en los contratos firmados por la petrolera venezolana.

 Red Tree Investments LLC demandó a PDVSA en 2019 por incumplimiento en el pago de 182 millones de dólares en préstamos.

  Según el dictamen del juez Kevin Castel, PDVSA  no cumplió con el pago de las obligaciones legales que contrajo con Red Tree Investment LLC.

  El juez Castel sostiene en su dictamen que la deuda impaga de PDVSA con Red Tree está por el orden de los 63,5 millones de dólares más intereses devengados por el tiempo que duró el proceso cuyo monto se calculará cuando emita un fallo final.    

  La estatal petrolera venezolana fue demandada por USD 118,4 millones por el incumplimiento de pagos de préstamos que, originalmente, fueron otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016 a PDVSA.

  Red Tree Investments LLC compró los préstamos de GE Capital en enero de 2019, de acuerdo a documentos judiciales.

   PDVSA fue demandada el 22 de febrero de 2019 por incumplimiento de un contrato de préstamos y Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda y presentó dos demandas en el tribunal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019. La juez le dio el visto bueno a la demanda pese a las objeciones presentadas al respecto por PDVSA[1]

Red Tree reclama compensación con CITGO.

   El abogado Steven F. Molo advirtió en una moción al tribunal que hubo errores de procesamiento que perjudicaron a Red Tree. Destacó que, 2020 acreedores de PDVSA y PDVSA Petróleo procedieron y recibieron sentencias contra la República de Venezuela. Subrayó que, como ha señalado Estados Unidos, el principal activo disponible para satisfacer esa deuda incumplida es el interés indirecto de PDVSA a través de su compañía controladora, PDV Holding, en CITGO. 

  Recordó que el Distrito de Delaware ordenó el año pasado que “procederá a realizar la venta de las acciones de PDVSA en PDV Holding por un monto suficiente para satisfacer la sentencia que Venezuela debe” a otro acreedor y también denegó la solicitud de PDVSA de suspender ese proceso de venta en espera de una apelación.

[1] El Planeta. “Juez de Nueva York permite a acreedor de PDVSA continuar demanda para cobrar deuda por $118 millones”. 24 de enero de 2020. http://elplaneta.com/news/2020/jan/24/juez-de-nueva-york-permite-acreedor-de-pdvsa-conti/




 

miércoles, 24 de noviembre de 2021

Claves para entender el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera protagonistas de una de las grandes estafas cometidas contra PDVSA

 Los empresarios manejaron irregularmente una suma que supera el billón de dólares.

Por Maibort Petit

   Protagonistas de una de las más grandes estafas de que se tenga conocimiento en Petróleos de Venezuela S.A., el caso de Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, constituye una trama de corrupción de múltiples aristas que involucra a una gran cantidad de cómplices y funcionarios erigidos como testimonio de la descomposición imperante en la sociedad y el gobierno venezolano.

   Ambos empresarios, proveedores de PDVSA, fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015 en Houston y Miami, respectivamente, luego de una investigación que les siguieran fiscales federales de Texas y Florida que los habían llevado a formular en su contra 18 cargos por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero, conspiración para blanquear dinero, fraude en transferencia electrónica de dinero y violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, una ley que castiga el soborno a empleados extranjeros desde los Estados Unidos.

  He aquí algunas claves que permitirán entender mejor la dimensión de este sonado caso de corrupción en Venezuela.

¿Quiénes son Roberto Rincón y Abraham Shiera?

   De acuerdo a la descripción que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace Roberto Enrique Rincón Fernández, nació el 14 de agosto de 1960. Es empresario oriundo del estado Zulia, residente en la localidad de The Woodlands, en el estado de Texas, Estados Unidos, dedicado al área petrolera, propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial.

  El portal Poderopedia refiere que Rincón Fernández que, hasta agosto de 2014, Rincón residió en Houston, fecha en la que se trasladó a Madrid. Su arresto el 19 de diciembre de 2015, luego de pasar un día en esa ciudad, fue detenido en Houston EE. UU. acusado de, supuestamente, haber cometido el delito de lavado de dólares, por el que fue presentado a la justicia el 21 de diciembre de 2015. En julio de 2016 se declaró culpable de dos de las cargos de que se le acusaba.

  Se indica que durante el paro petrolero que se llevó a cabo en Venezuela entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, Rincón Fernández se convirtió en uno de los proveedores confiables de PDVSA.

  En el año 2014 facilitó a Hugo Carvajal un avión de Global Air Services Corp, empresa en la que su hijo José Roberto Rincón era el gerente. Esa fue la aeronave que trasladó a El Pollo Carvajal a Aruba cuando fue arrestado para ser extraditado a Estados Unidos, acción que se frustró por se reconocimiento como diplomático.

  La Policía española, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrió que Roberto Rincón tenía una fortuna en la nación ibérica.

   Entretanto, Abraham José Shiera Bastidas es un empresario venezolano-estadounidense, socio de Roberto Rincón y al igual que este, está acusado en EE. UU. de conspiración, fraude, lavado de capitales a través de sobornos de al menos cinco personas ligadas a PDVSA.

  Según el Registro Nacional de Contratistas, Shiera preside en Venezuela la empresa Vertix Instrumentos, de la cual es propietario de 51 por ciento de las acciones. Se trata de una compañía dedicada a la distribución e importación de maquinaria para explotar hidrocarburos, la cual es contratista de PDVSA. Se determinó que de un total de seis contratos celebrados entre 2008 y 2012 con varias compañías, sólo uno llegó a completarse al 100 por ciento.

  Tal como ocurrió con Rincón Fernández, Shiera fue arrestado el 19 de diciembre de 2015 en Miami. Solicitó su libertad, pero un juez ordenó su traslado a Texas.

  Abraham Shiera se declaró culpable el 22 de marzo de 2016. Admitió la comisión de dos de los 18 cargos en su contra y además recibió libertad condicional mientras espera el inicio del juicio.

La acusación

   Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas, sobre quienes formularon 18 cargos, relacionados con lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, fraude cometido en transferencia electrónica, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA). Cabe destacar que esta ley castiga las operaciones de soborno cometidas desde Estados Unidos y dirigidas a funcionarios extranjeros.

  Fiscales del Departamento de Justicia de los Distritos Sur de Texas y de la Florida refirieron que Roberto Rincón utilizó empresas ubicadas en el sur de Texas, entretanto Abraham Shiera se valió de seis compañías en el sur de la Florida, para asegurarse contratos con PDVSA.

   Ambos, Rincón y Shiera, se asociaron para lograr los contratos por medio de sobornos pagados a empleados de PDVSA. De este modo, entre 2009 y 2014, sobornaron y llevaron a cabo acciones fraudulentas, a través de cinco empleados de PDVSA cuya identidad se resguarda en la acusación. Sólo se indica que estos empleados se desempeñaban en las áreas de compras y licitaciones, donde tenían poder de decisión en cuanto a la adjudicación de contratos.

  Los fiscales sustentaron sus acusaciones en correos electrónicos en los que se detallan las operaciones intercambiados entre Rincón, Shiera y los empleados de PDVSA.

  Rincón y Shiera habrían movido de esta manera irregular la astronómica suma de un billón de dólares entre los años 2009 y 2014. En específico, Rincón habría movilizados USD 750 millones.

  La fiscalía localizó tres cuentas bancarias por más de USD 100 millones en Suiza en las cuales Roberto Rincón estaba relacionado, habiéndose solicitado su expropiación de dominio. También determinaron que en las operaciones irregulares se usaron 730 cuentas bancarias, de las cuales 108 tienen que ver con Rincón.

  La acusación contra Rincón y Shiera ha derivado, además, en por lo menos dos decenas de acusaciones derivadas contra otras personas vinculadas con la trama.

La trama de corrupción de Rincón y Shiera

  Las actividades ilícitas llevadas a cabo por Rincón y Shiera a través de sus empresas se inscriben en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA).

  Estos empresarios conspiraron entre 2009 y 2014 y producto de ello se enriquecieron de manera ilícita al obtener contratos con PDVSA, valiéndose de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana, quienes a cambio de ello ayudaban a las empresas de Rincón y Shiera a ganar los contratos al suministrarles información privilegiada.

  Igualmente, los funcionarios beneficiados con los sobornos ayudaron a Rincón y a Shiera a ocultar que controlaban más de una de las empresas incluidas en los listados de licitación con la petrolera, al tiempo que los apoyaban ante un comité interno de la petrolera para lograr contratos de suministro. Una vez obtenidos los contratos, los funcionarios seguían actuando en la agilización de los pagos.

  Pero aparte de los sobornos, los funcionarios de PDVSA recibían, según reza la acusación, objetos de valor, viajes, comidas y entretenimiento para que mantuvieran la vigencia de los contratos.

   Rincón y Shiera disfrazaban los sobornos bajo la figura de comisiones y pagos por falsas compras de equipos que nunca fueron entregados, mientras los funcionarios de PDVSA cómplices creaban la falsa apariencia de competencia entre varias empresas, cuando en realidad todas las que aparecían en los listados eran contratadas por dichos empresarios.

  Una serie de transferencias descubiertas por la fiscalía, ilustran la acusación contra Rincón y Shiera, mostrando cómo se realizaron los pagos corruptos

Las empresas

   Roberto Rincón es propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, la primera se estableció el 21 de septiembre de 1988 en el estado Zulia, “como una empresa netamente familiar destinada a la compra, venta, distribución de equipos para la industria petrolera, marina, entre otras”.

  Domiciliada en Maracaibo, Tradequip tenía como actividad, ser “distribuidores exclusivos, representantes, importadores en las áreas de perforación, productos de seguridad industrial y personal, minero, metalúrgico, industrial, agropecuario, comercial, salvamento y rescate”.

 Tradequip figura en el Registro Nacional de Contratistas 1074244070409118149, certificada para contratar con el estado venezolano. El directorio lo conforman Roberto Enrique Rincón Fernández, como presidente; José Roberto Rincón Bravo, quien funge como vicepresidente; Alexandra Carolina Rincón Bravo, como segunda vicepresidenta.

  Por su parte, Ovarb Industrial junto a KCT Cumaná y Derwick Associates, es señalada de haber vendido con sobreprecio a la filial de PDVSA, Bariven, 17 unidades eléctricas “en un solo día, a un sobrecosto escandaloso de entre USD 350 y USD 404 millones”. A Ovarb y Derwick se les cataloga como empresas de maletín.

  Abraham Shiera Bastidas es presidente en Venezuela de Vertix Instrumentos, en la que tiene 51 por ciento de las acciones. Esta compañía se encarga de proveer “soluciones para la medición y control de procesos industriales (…) Nuestro éxito radica en poder ofrecer los productos del mayor fabricante mundial de equipos de instrumentación y control y contar con ingenieros y técnicos venezolanos capacitados para proveer asesoría, soluciones y mantenimiento de los mismos”.

   Vertix Instrumentos también tiene sede en Maracaibo y su directiva la conforman Abraham José Shiera Bastidas, como presidente; Ricardo José Ricardo Bravo, como director; mientras sin identificación de cargos también figuran en el cuerpo directivo, Fernando Ardila Rueda, y Noel Antonio Maestre González.

   Pero, aunque estas compañías son las empresas emblemáticas de Rincón y Shiera, diversas investigaciones revelaron que Roberto Rincón y su familia poseían 36 empresas inscritas en Venezuela, Aruba, España, Paraguay y Estados Unidos.

   Por lo menos 23 de estas empresas tenían sede en Estados Unidos. Entretanto, el Registro Nacional de Contratistas (RNC) refiere que los Rincón son propietarios de seis empresas en Venezuela, mientras que en España son dueños de cuatro.

  Shiera tiene registradas siete empresas en el estado de la Florida, las cuales se encuentran inactivas.

Tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera esperan por sentencia para inicios del próximo año 2022.

jueves, 4 de noviembre de 2021

PDVSA ratifica la representación de Baltasar Garzón ante la Audiencia Nacional de España en caso Bariven

  Tal hecho ratifica que, efectivamente, existía y existe una vinculación entre la estatal petrolera venezolana y el bufete Ilocad.

Por Maibort Petit

   Ante la Audiencia Nacional de España, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ratificó a la firma de abogados Ilocad —perteneciente al exjuez Baltasar Garzón— como representante en el proceso judicial que mantiene por el saqueo de su empresa filial Bariven.

   Dicha ratificación se produjo el pasado 2 de noviembre a través de un poder en el que la petrolera venezolana renovó ante el poder judicial español su disposición a que la firma de Garzón le siga representando.

   La información fue difundida por ES Diario en una nota suscrita por Francisco Mercado[1], quien hace poco desveló una orden de pago de PDVSA fechada en 2016 por 9 millones de euros, a favor de Ilocad. El despacho de abogados había negado tal contratación, asegurando que la misma estaba en manos de, bufete estadounidense Squire Patton Boggs, misma oficina que en un principio se encargó en 2015 de la defensa de los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, caso conocido como los “narcosobrinos”.

    La nota igualmente refiere que la justicia de España está en poder del documento y de una acusación estadounidense en contra de PDVSA, a la cual señala de actuar como financista de la guerrilla Colombia de las FARC.

   El despacho de Garzón ha sostenido que nunca fue contratado por la petrolera estatal venezolana, pero la firma del expresidente de la empresa en el año 2017, Eulogio Del Pino, figura en un poder a Ilocad, con el objeto de que represente a PDVSA en una demanda contra los presuntos autores del saqueo de Bariven.

   En su artículo, Franciso Mercado subraya que la referida entrega de poderes revela que PDVSA, efectivamente, mantenía una relación directa con el bufete de Baltasar Garzón y no con Squire Patton Boggs como se quiso hacer creer. Los abogados de Ilocad, pues, se entendían y recibían instrucciones del presidente de Petróleos de Venezuela.

  El poder también ratifica —destaca Mercado— “la esencia de la orden de pago de PDVSA de 2016 en favor de Ilocad. La petrolera quería en 2016 que el bufete del ‘prestigioso’ Garzón llevase tal pleito en España por su capacidad para ‘coordinarse con jueces y fiscales’ y por sus excelentes trabajos previos para el Gobierno venezolano con anterioridad”.

  Tales poderes han sido renovados recientemente, con lo que no quedan dudas de la relación entre PDVSA e Ilocad, no importa el procedimiento por medio del cual se haya realizado la contratación. “Tanto da si hubo o no subcontratación de Ilocad a través de Squire Patton Boggs, el cliente final era y es PDVSA y el dinero era y es de PDVSA”.

   De cualquier modo, Ilocad niega que haya percibido los 9 millones de euros que dice el documento entregado por Hugo Carvajal a la Audiencia Nacional, pero no informa cuál fue la cifra “muy inferior” que habría facturado a PDVSA. Tampoco le petrolera aclara cómo fue el reparto del dinero público si este no fue a las arcas de Ilocad.

   La nota llama la atención sobre la actitud de Dolores Delgado, pareja de Baltasar Garzón que ahora está en la Fiscalía española, pues “no muestra interés alguno por tal orden de contratación de la petrolera estatal venezolana ni por su monto ni por sus cláusulas, [pero] sí da por buenas las pruebas contra PDVSA cuando sirven para empacar a Hugo Carvajal con destino a EEUU”.

   Dichas “pruebas” hacen dicen: “Otro testigo contra Carvajal fue un miembro del Ejército de Venezuela asignado como seguridad para Hugo Chávez entre 2008 y 2013 cuando Diosdado Cabello era el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela (testigo 2)”.



   Este testigo a mediados de 2008, refirió que en una reunión organizada por el finado expresidente Hugo Chávez en su rancho, asistieron el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Allí, el testigo 2 escuchó a este último “describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y ordenadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela, PDVSA”.

   Por estas revelaciones, entre otras, Hugo Carvajal será extraditado a los Estados Unidos, pero lo dicho sobre los pagos de PDVSA irregulares, a bufetes o dirigentes de Podemos, advierte el periodista, pareciera que no se traducen en interés de la fiscalía en investigar ni en procurar su permanencia como testigo en España. “En un mismo momento, la Justicia española ve digna de sospecha a PDVSA y fuera de toda sospecha”, cierra el artículo.

 Referencia

[1] ES Diario. “PDVSA renueva su defensa a Ilocad mientras EE.UU. le acusa de financiar las FARC”. 3 de noviembre de 2021. https://www.esdiario.com/espana/714439588/monedero-venezuela-pollo-carvajal-psoe-podemos.html


jueves, 28 de octubre de 2021

José Luis Parada ocultó en Suiza fondos sustraídos irregularmente de PDVSA

   El dinero era el producto de haber esquilmado a la petrolera estatal venezolana mediante una trama de corrupción que encabezó Nervis Villalobos.

Por Maibort Petit

  Una investigación periodística sustentada con la debida documentación, reveló que el exdirector general de Producción y Explotación de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), José Luis Parada, ocultó USD 7,1 millones en un banco suizo los cuales transfirió desde la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Rafael Ramírez, José Luis Parada, Nervis Villalobos y Diego Salazar

    La operación tuvo lugar durante el mes de julio de 2014 cuando Parada trasladó los fondos a una cuenta en la Banca Credinvest SA desde la cuenta de emisión en BPA donde había acumulado un saldo de USD 8,5 millones entre los años 2008 y 2015.

    La información que dio a conocer el diario español El País[1] el cual precisó que en dicha institución andorrana en la que el secreto bancario rigió hasta 2017, José Luis Parada recibió depósitos —entre 2010 y 2011— de parte de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante la gestión de Hugo Chávez, los cuales alcanzaron los USD 6 millones. Los restantes USD 2,5 millones los hizo llegar Diego Salazar, familiar del ex-zar del petróleo venezolano, Rafael Ramírez. Tanto Villalobos como Salazar, formaron parte de una trama de corrupción que ocultó en 37 cuentas bancarias, fondos provenientes de sobornos y comisiones percibidos por su participación en la aprobación de contratos irregulares de la estatal petrolera, habiendo logrado sus protagonistas esquilmar a PDVSA unos USD 2.000 millones[2].

   Parada se valió d e una empresa de maletín denominada Prometeo Internacional SA, para abrir la cuenta en el BPA, la cual hizo adquisiciones entre 2008 y 2014 en valores de compañías que sumaron USD 16 millones.

  La nota indica que, mediante dos tarjetas asociadas a Prometeo Internacional SA, entre los años 2009 y 2013, se hicieron cargos en suntuosos establecimientos, hoteles y restaurantes en Houston, Los Ángeles, San Diego, Miami, París, Bogotá, Barcelona o Düsseldorf que totalizaron 128.700 euros.

  Ante el BPA, José Luis Parada dijo que los ingresos que recibiría la cuenta corresponderían a pagos por sus servicios como asesor de Nervis Villalobos.

   Se hace mención en la información de que Nervis Villalobos y Diego Salazar camuflaron las operaciones mediante traspasos internos, ordenando las transferencias desde cuentas asociadas a Tristaina Trading SA y Monterrey Management SA, empresas instrumentales del primero, y de High Advisory and Consulting SA, una firma del segundo con su testaferro, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

  Parada también transfirió USD 1 millón desde el BPA al Union Bancaire Privée de Suiza, el 28 de marzo de 2011, cuyo beneficiario no ha podido ser identificado por las autoridades.

  Estaba, pues, el exdirectivo de PDVSA evitando que sus fondos fueran congelados, tal como había ocurrido con otras personas (dirigentes del chavismo y de PDVSA) que eran investigados por la citada trama de corrupción citada líneas arriba. En el registro bancario, Parada argumentó los retiros en razón de que “no existe seguridad jurídica en el país que proteja su patrimonio, así como una persecución intencionada por parte de las autoridades locales a las personas de su nacionalidad”.

  Parada, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana, se encontraría, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), organismos que determinó que los fondos del exdirectivo de Petróleos de Venezuela provenían de la corrupción ejercida en dicha empresa a la cual esquilmó la millonaria suma.

Referencias

[1] El País. “Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza”. 27 de octubre de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-10-27/un-directivo-de-petroleos-de-venezuela-oculto-siete-millones-en-suiza.html

[2] El País. “Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra”. 14 de diciembre de 2017. https://elpais.com/internacional/2017/12/13/actualidad/1513189655_511418.html


 

lunes, 11 de octubre de 2021

Continúa el “contrapunteo” entre PDV USA y la empresa de David Rivera: Desestima todas las contrademandas de Interamerican

   La filial de PDVSA reiteró los cargos de su demanda inicial contra Interamerican Consulting Inc.

Por Maibort Petit

    Desde el momento mismo en que PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), suscribió un contrato con la empresa del ex congresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting Inc., por presuntos servicios de asesoría de la segunda para con la primera, comenzó una diatriba que parece no tener fin y una serie de acusaciones entre las partes no tienen cuándo terminar.

    El último capítulo en esta guerra de corresponde a la demandante inicial, PDV USA Inc. la cual presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York su respuesta a la contrademanda que Interamerican ejerció el 19 de agosto del presente 2021, negando todos los términos de la misma.

  El pasado 19 de agosto de 2021, Interamerican Consulting Inc. presentó una contrademanda en contra de PDV USA Inc. en la que negó todos los términos de la demanda interpuesta por esta última en su contra acusándola por incumplimiento de contrato. La empresa del ex congresista republicano, David Rivera, aseguró que es la filial de PDVSA la que debe pagar USD 30 millones que serían el saldo del contrato[1].

La respuesta de PDV USA

  El 24 de septiembre de 2021, Jeffrey B. Korn, de la firma Willkie Farr y Gallagher LLP que representa los intereses de PDV USA Inc. en el caso en que demanda a la empresa Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, presentó su respuesta y defensas afirmativas a las contrademandas del demandado al tiempo que pidió a la Corte desestimar dichas contrademandas; otorgarle sentencia a su favor de acuerdo a lo solicitado en la Demanda Enmendada; y cualquier otra compensación adicional que el Tribunal considere justo y equitativo.


   PDV USA Inc. negó las alegaciones de Interamerican en su contrademanda, limitándose a admitir que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la matriz última de CITGO Petroleum Corporation (CITGO y que David Rivera es un excongresista de los Estados Unidos, propietario de la compañía demandada,  con el que celebró un acuerdo para que esta le prestara supuestos servicios de consultoría el 21 de marzo de 2017, y que Interamerican se negó a dar su consentimiento al “Acuerdo de Consentimiento de Asignación y Asunción al Acuerdo de Consultoría, con fecha del 21 de marzo de 2017”.

  PDV USA Inc. reiteró los cargos de su demanda contra Interamerican Consulting Inc., a saber, un cargo por Incumplimiento de contrato; un cargo de por Enriquecimiento injusto; su sentencia declaratoria; al tiempo que enfatizó el pedido de alivio pues, asegura, que la demandada no tiene derecho alguno a las reparaciones que reclama.


Las defensas afirmativas de PDV USA

   Ante las contrademandas de Interamerican Consulting Inc., PDV USA Inc. afirmó sus defensas sin perjuicio de cualquier posición que pueda adoptar con respecto a la carga de la prueba sobre dichas defensas. Asimismo, se reserva el derecho de hacer valer defensas adicionales, incluidas las basadas en hechos revelados mediante descubrimiento o investigación adicional.

  En este sentido, PDV USA en su Primera defensa afirmativa destaca que la contrademanda no establece un reclamo sobre el cual se pueda otorgar una reparación.

  La Segunda defensa afirmativa sostiene que el reclamo de Interamerican por incumplimiento de contrato está excluido por su propio incumplimiento material previo.

   Entretanto, la Tercera defensa afirmativa de PDV USA refiere que los reclamos de Interamerican están excluidos en todo o en parte por las doctrinas equitativas de manos sucias, destituciones, preclusión y/o renuncia.

   A su vez, la Cuarta defensa afirmativa indica que cualquier reclamo de reparación equitativa o declaratoria está excluido porque el Interamerican tiene un recurso adecuado en la ley.

  La Quinta defensa afirmativa de PDV USA advierte que los reclamos de Interamerican están excluidos, en todo o en parte, porque el Acuerdo es inválido, ilegal, nulo y/o nulo ab initio y, por lo tanto, inaplicable. Recuerda que el presidente de Interamerican, David Rivera, declaró a la prensa poco después de la presentación de la demanda, indicando que su empresa nunca tuvo la intención de brindar los servicios de consultoría estratégica que fueron objeto del contrato.

 Por último, la Sexta defensa afirmativa asevera que la reclamación de Interamerican por incumplimiento de contrato se excluye en todo o en parte porque no cumplió con una condición precedente en virtud del Acuerdo.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html



sábado, 9 de octubre de 2021

PDVSA prevé ordenar a estaciones de servicio comprar un camión cisterna para optimizar la distribución de gasolina a nivel nacional

   El argumento para la nueva normativa es "optimizar el servicio de combustible a nivel nacional para las estaciones de servicio". Fuentes internas informaron a Venezuela Política que los sindicatos de la industria petrolera se habrían pronunciado en contra de la normativa por considerar que muchos propietarios no podrán cumplirla.

Por Maibort Petit

      Dentro de las nuevas regulaciones que tiene previsto imponer Petróleos de Venezuela a los propietarios de las estaciones de servicio a nivel nacional, está la obligatoriedad de adquirir un camión cisterna que busca mejorar el proceso de distribución de combustible en todo el territorio venezolano. La norma ha sido rechazada por varios sindicatos internos de PDVSA que la consideran una política de difícil cumplimiento por la grave crisis económica que atraviesa el país y que de ser puesta en ejecútese "complicaría aún más el abastecimiento de gasolina en el mercado interno".
   De acuerdo a una comunicación de Petróleos de Venezuela, firmada el 02 de octubre de 2021, Petróleos de Venezuela, siguiendo las instrucciones de la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y organización de la Industria Petrolera, Alí Rodríguez Araque, se instruyó al representante Legal de las Estaciones de Servicio "realizar la adquisición de un camión cisterna", según las especificaciones técnicas establecidas por la empresa Nacional de Transporte ENT.
   La comunicación establece un lapso de 60 días para realizar la gestión administrativa y permisología legal apegadas a los lineamientos que dicta el Ministerio de Poder Popular para el Petróleo, todo en función que las unidades puedan cargar combustible.
  Venezuela Política conversó con tres dueños de estaciones de servicios para consultar si tiene disponibilidad financiera para cumplir con lo orden comunicada por el Director Gerente de Mercado Nacional de PDVSA, Marino José Lugo Aguilar al Representante Legal de las Estaciones de Servicio y todos aseguraron que aunque la ordenanza no les ha llegado, sería prácticamente imposible cumplir con la misma por las absoluto deterioro en el que se encuentra el mercado de hidrocarburos del país.

   Asimismo, dos de las fuentes consultadas reiteraron su preocupación ante la posibilidad que la orden se pueda ejecutar, ya que en estos momentos en que la inflación consume los recursos de los venezolanos, "comprar un camión cisterna sería un gasto que pocos pueden realizar".

   Dos fuentes aseguraron en la actualidad, "si la empresa (gasolinera) tiene su propio transporte, puede vender el producto final a un precio no mayor de $ 0.50 el litro. Si por el contrario no tiene transporte y es PDVSA la que surte la estación, entonces vende la gasolina subsidiada a un costo de $ 0.01 por litro".

    Para muchos, la redacción del memorando ha generado confusión porque algunos interpretan que el mismo no está dirigido a los propietarios de las gasolineras sino al Representante Legal de la Estación de Servicio, sin especificar si el mismo es  una orden interna.

   En la actualidad, los venezolanos tienen un cupo mensual de 120 litros de gasolina para los carros y las motos en el que solo pueden adquirir 60 litros de combustible subsidiado al mes.

  En cuanto al precio internacional de la gasolina, hasta el momento, se mantiene en 0,50 centavos de dólar por litro, que en bolívares equivale a 2,07 bolívares, al cambio de la tasa del dólar del día que fija el Banco Central de Venezuela (BCV).

  Las personas que deseen surtir al menos 40 litros de gasolina subsidiada deben pagar el monto de 0,40 bolívares (Bs. 400.000).