Corrupción PDVSA: Tribunal confiscó mansión de Gustavo Adolfo Hernández Frieri en Miami

 La que fue residencia de Hernández Frieri y su familia tiene un valor que se estableció en USD 4.163.457,29.

Por Maibort Petit

    El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida decomisó la mansión que servía de residencia a Gustavo Adolfo Hernández Frieri y su familia en Miami, Florida, cuyo valor se estableció en USD 4.163.457,29.

   Hernández Frieri fue sentenciado el 4 de mayo de 2021 en el citado tribunal a pagar 46 meses de prisión por haber participado en un esquema de lavado de dinero de millones de dólares en sobornos pagados a funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). También se le condenó a pagar USD 50.000 en multas penales. Este hombre de nacionalidad colombiana y estadounidense, quien se desempeñaba como asesor de inversiones en Miami, se declaró culpable en noviembre de 2019, cuando admitió un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado con los fiscales federales.

La Orden Final de Decomiso

   El 28 de marzo de 2022, Kathleen M. Williams, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, dictó una Orden Final de Decomiso sobre un conjunto de bienes propiedad de Gustavo Adolfo Hernandez Frieri.

   Refirió la orden que el 28 de septiembre de 2020, de conformidad con 21 U.S.C. § 853(p), la Corte dictó una Segunda Orden Preliminar de Decomiso en la que confiscó —sujeto a intereses de terceros— bienes en Estados Unidos que en la orden se identifican como “597 Hibiscus”.

    Se trata de bienes inmuebles ubicados en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137, incluidos todos los edificios, accesorios, accesorios, mejoras, archivos adjuntos y servidumbres que se encuentran allí o sobre ellos, también conocido como: Lote 5, Bloque 9, de Bay Point, según el plano del mismo según consta en el Libro de planos 40, Página 63, Registros públicos del condado de Miami-Dade, Florida; Nº de identificación de parcela 01-3219-008-1390.

  Indicó la orden que la notificación del decomiso penal se publicó en un sitio oficial de Internet del gobierno por un período de 30 días y se envió una notificación directa a cualquier persona que razonablemente parecía ser un reclamante potencial con legitimación para impugnar la confiscación, o dicha persona estaba en la notificación real de la confiscación.

  En la referida notificación —explica la orden— se informaba que cualquier persona distinta a Gustavo Adolfo Hernández Frieri, que alegue un interés legal en los bienes solicitados para el decomiso definitivo podía solicitar al Tribunal una audiencia para adjudicar la validez del supuesto interés de esa persona, dentro de los 60 días del primer día de publicación o dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación, lo que ocurra primero.

  Se hace mención a que, además, el 7 de octubre de 2020, los agentes del orden público colocaron el aviso en el bien inmueble solicitado para el decomiso definitivo de manera abierta y notoria.

  En este sentido, la orden citó que el 18 de noviembre de 2020, los terceros peticionarios Olympia De Castro y 597 Hibiscus Lane Revocable Trust presentaron Peticiones reclamando 597 Hibiscus. Estas peticiones fueron desestimadas el 4 de febrero de 2022 atendiendo una recomendación emitida el 7 de marzo de 2021 por el Juez Magistrado, Edwin G. Torres.

  Explica la Orden Final de Decomiso que el 29 de septiembre de 2021, los Estados Unidos y los terceros peticionarios Olympia De Castro y 597 Hibiscus Lane Revocable estipularon una venta interlocutoria del inmueble, que la Corte aprobó el 5 de octubre de 2021.

  La venta interlocutoria de 597 Hibiscus se cerró el 26 de diciembre de 2021 y las ganancias netas de la misma fueron de aproximadamente USD 4.163.457,29 en moneda estadounidense, los cuales fueron restituidos en lugar de 597 Hibiscus para el decomiso final.

   Por lo que habiendo vencido el plazo para interponer una petición de interés sobre los bienes que se pretenden para el decomiso definitivo y no habiéndose presentado ninguna otra petición o reclamación, de conformidad con 21U.S.C § 853(n)(7), “Estados Unidos tendrá un título claro de propiedad que es el objeto de la orden de decomiso y puede garantizar el buen título a cualquier comprador o cesionario posterior”.

  La Orden Final de Decomiso establece que, de acuerdo a la norma, todos los derechos, títulos e intereses sobre los ingresos de la venta de 597 Hibiscus, por un monto de USD 4.163.457,29 en moneda estadounidense, quedan finalmente confiscados y conferidos a los Estados Unidos de América.

  El Tribunal conservará la competencia en este asunto a los efectos de hacer cumplir la Orden.

Petición de prórroga para responder

  El 5 de abril de 2022, Howard Srebnick, abogado de Gustavo Adolfo Hernández Frieri, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, una moción sin oposición solicitando una prórroga adicional para responder a los Estados Unidos la petición de confiscación de fianza.

  Ya previamente el tribunal había concedido una extensión de tiempo sin oposición hasta el mismo 5 de febrero de 2022, para que Hernández Frieri respondiera al gobierno su moción de confiscar la fianza del demandado.

    Luego de que los abogados llegaron a un acuerdo sobre los temas de la fianza, la defensa envió por correo electrónico a Hernández Frieri la Estipulación y Orden final propuesta que las partes tienen la intención de presentar ante el Tribunal.

  Se explica debido a que el Hernández está bajo custodia, los correos electrónicos que se le envíen deben pasar por el sistema de correo electrónico de la BOP, se informó a la defensa que contaban con un tiempo de respuesta de al menos seis horas para que su representado recibiera el correo electrónico y lo respondiera. De allí la solicitud de prórroga solicitada para darle que Hernández pudiera recibir y revisar el correo electrónico con la propuesta de Estipulación y Orden.

Samark López y el cantante mexicano Julio César Álvarez bregan en los tribunales de EE. UU. para librarse del fallo que los califica como agentes de las FARC

  Los bienes de López, Álvarez, así como los de PDVSA en EE. UU. podrían ser susceptibles de embargo si una compleja interpretación de una víctima de las FARC es tenida como válida por los tribunales.

Por Maibort Petit

   Tras una curiosa y enrevesada interpretación, Antonio Caballero[1], hijo de un ex-diplomático colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1999, quien a raíz del hecho demandó al grupo terrorista y ganó el pleito legal millonario, está procurando cobrar la sentencia compensatoria desde hace más de una década— buscando activos en todas las instancias, incluyendo los fondos confiscados por EE.UU. a los designados por la justicia norteamericana como agentes o instrumentalidades de las FARC. 

    La sentencia favorable, obtenida por Caballero, comprende USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses, que puede cobrar aquellas personas u empresas que hayan sido designadas por los tribunales estadounidenses como agentes de las FARC.

     En criterio de Caballero, Petróleos de Venezuela y por ende CITGO Petroleum Corporation[2], representan una de estas instrumentalidades, como también lo serían Samark López Bello —considerado testaferro de Tareck El Aissami— y el cantante mexicano Julio César Álvarez Montelogo, quienes fueron designados por la justicia de EE. UU.  como agentes de las FARC.

   Tanto López como Álvarez han accionado legalmente quienes llevan a cabo todo tipo de acciones para deslastrarse de tal calificación y, por ende, salvar sus bienes en territorio estadounidense.

  Álvarez ha logrado retrasar las acciones que se siguen en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York mientras que una corte de California decide un asunto relacionado con el mismo caso. Por su parte, Samark López Bello maniobra para que sus activos, depositados en el JPMorgan Chase Bank, N.A., no pasen a los bolsillos de Caballero.

Informe de estado y orden judicial

 El 29 de marzo de 2022, Joseph I. Zumpano, en representación del demandante Antonio Caballero, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, un informe de estado en conjunto con Julio César Álvarez Montelongo, quien funge como parte interesada —al igual que Samark López Bello— de acuerdo a una resolución previa de la Corte emitida el 25 de enero de 2022.

  En dicho informe, se recuerda al tribunal que se encuentra pendiente una acción que involucra tanto a Caballero como a Álvarez en el Tribunal de Distrito Central de California, donde las partes deben proceder a decidir cuestiones idénticas o similares entre ellas pendientes ante este Tribunal y otros dos Tribunales de Distrito de los Estados Unidos.

   Por encontrarse dicha acción aún en curso [para el 12 de septiembre de 2022 está programada una audiencia probatoria sobre el estado de Álvarez como agencia o instrumento de las FARC], las partes solicitaron al tribunal neoyorquino que continúe su paralización y que el próximo informe de estado sea pospuesto hasta después de la audiencia probatoria en California.

La juez, Alison J. Nathan aprobó la solicitud de las partes.

Otras acciones previas de Caballero

  El 9 de septiembre de 2021, León N. Patricios, en representación de Antonio Caballero, había solicitado también a la juez Alison J. Nathan la cancelación de una conferencia de estado que estaba programada para el 10 de septiembre de 2021. Tal pedido lo formuló en conjunto con el JPMorgan Chase Bank, N.A. en razón de la tramitación de otros procedimientos que involucraban a las mismas partes.  

   Refirieron que el 18 de mayo de 2021, el tribunal había requerido a las partes presentar una propuesta de plan de gestión de casos civiles, una orden de programación y una carta conjunta de información mientras que el 17 de junio de 2021, Antonio Caballero y Julio César Álvarez Montelongo habían celebrado una estipulación de suspensión del proceso respecto del segundo, la cual solicitaron fuera aprobada por la corte, lo cual fue aprobado el 29 de julio de 2021.

 Asimismo, recordaron que el 2 de septiembre de 2021, la Corte, a solicitud de Álvarez, aclaró que “por haberse suspendido el caso al señor Álvarez, el señor Álvarez no está obligado a participar en ningún plazo de programación o conferencias”.

   El 2 de septiembre de 2021, Antonio Caballero y el Interesado José Samark López Bello celebraron una estipulación de suspensión del proceso respecto de López, la cual solicitaron la aprobación de este Tribunal lo cual fue aprobado el 8 de septiembre de 2021. El Tribunal ordenó además que “las partes restantes deben presentar su carta conjunta y el plan de gestión de casos propuesto antes del 9 de septiembre de 2021 antes de la conferencia del 10 de septiembre de 2021 o indicar si solicitan una suspensión”.

  Aparte de Álvarez y Bello (quienes ya no estaban obligados a participar en la carta conjunta o el plan de manejo de casos propuesto requerido), y los Demandados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel del Norte del Valle (ninguno de los cuales había comparecido en la acción hasta la fecha de esta decisión), el informe del expediente señalaba que comparecían el demandante Caballero y el embargado JPMC.

   Antonio Caballero cree que JPMC tiene activos a nombre putativo de Samark López (incluido, entre otros, el número de cuenta xxxxxx036) y Álvarez (incluido, entre otros, el número de cuenta xxxxxx498). Caballero obtuvo una orden de ejecución dirigida a JPMC, relacionada con los activos bloqueados de Samark López. 

  Refirieron que los procedimientos relacionados con ese escrito avanzarían ante la jueza en el caso de Caballero y que  antes de la destitución por parte de Álvarez, el Juez Richard G. Latin de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, emitió una Orden para demostrar causa para un Auto de ejecución el 26 de febrero de 2021, con respecto a la activos mantenidos en JPMC relacionados con Álvarez. Este último había presentado su Aviso de Remoción ante el tribunal en la Acción de la Corte del Estado del Estado de Nueva York pero tal proceso no procedió en esa acción. 

  Sobre esto último, Caballero manifestó su intención de perseguir la emisión de una orden judicial dirigida a JPMC relacionada con Álvarez si el asunto se devuelve al levantar la suspensión. Dado que ni el Tribunal federal ni estatal (del que se eliminó este caso) emitieron ningún escrito en relación con López o Álvarez, por lo que JPMC no había recibido ningún documento relacionado con estos o alguien más.

   Indicaron que el 29 de abril de 2021, el abogado de JPMC compareció, en nombre de su cliente, en su calidad de parte potencialmente interesada. Según la información y las creencias, tal aparición hizo que JPMC se reflejara como parte (específicamente, como un "Embargado") en el informe del expediente del caso. 

   Aunque JPMC niega ser una “parte” en este caso, por precaución y en cumplimiento de la Orden de este Tribunal se unió a Caballero para solicitar al tribunal la suspensión del caso, así como la cancelación de la conferencia de estado programada para el 10 de septiembre de 2021. Caballero solicitó además que dicha suspensión no afectara de ninguna manera los procedimientos relacionados en cualquiera de los casos en la corte distrital de Nueva York.

REFERNCIAS 

[1] Venezuela Política. “Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol”. 12 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/victima-de-las-farc-quiere-cobrar.html

[2] Venezuela Política. “Enrevesadas interpretaciones convierten a activos venezolanos en el extranjero en objeto de demandas de resarcimiento económico para víctimas de las FARC”. 25 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/enrevesadas-interpretaciones-convierten.html

[3] Venezuela Política. “Cantante mexicano busca suspender un proceso en EE. UU. en el que se le señala como agente de las FARC en juicio que reclama activos de PDVSA”. 5 de julio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/07/corte-niega-mocion-del-cantante.html

Corte procede al decomiso de inmuebles de José Luis De Jongh Atencio los cuales ahora son propiedad de EE. UU.

  En febrero la Corte le concedió un permiso para viajar a Miami para que retirara artículos personales que permanecían en los inmuebles decomisados.

Por Maibort Petit

   Lejos está de cumplirse la aspiración de algunos de recuperar bienes obtenidos con recursos esquilmados a Venezuela por parte de corruptos. Recientemente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston ordenó el decomiso de un conjunto de bienes inmuebles en Texas, propiedad de José Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, quien se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción que estafó millones de dólares al erario público venezolano.

  De Jongh-Atencio, quien fungió como gerente de Proyectos Especiales de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, recibió más de USD 7 millones en sobornos de parte de empresarios, a cambio del otorgamiento de contratos y prebendas.

 El exfuncionario venezolano deberá entregar unos inmuebles, específicamente las unidades de condominio identificadas con los números 301, 302, 303 y 304 en el Edificio 3 en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  La orden del tribunal establece que todos los derechos, títulos e intereses sobre esa propiedad que hasta ahora fueron de José Luis De Jongh-Atencio, pertenecen ahora a los Estados Unidos, con lo que se esfuman los deseos de quienes aspiran a que a Venezuela se le restituyan el dinero y propiedades adquiridas en el exterior por parte de políticos y empresarios corruptos con recursos que se robaron al patrimonio nacional.

Gobierno pide Orden final de decomiso

  Kristine E. Rollinson, asistente de la Fiscal interino de los Estados Unidos, Jennifer B. Lowery, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, en representación de los Estados Unidos una Moción sin oposición para una orden final de decomiso (Champion Forest).

  Específicamente, la fiscalía pidió el decomiso de los bienes inmuebles comerciales ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas (Unidades 301, 302, 303 y 304). Advirtió el gobierno que no había terceros con peticiones pendientes reclamando un interés en la propiedad inmueble, por lo que la moción no tenía oposición.

   Se mencionaba en la moción que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal había firmado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada la cual confiscó la propiedad de Champion Forest, entre otros. Tal decisión de acuerdo con la norma y con el consentimiento del demandado, José Luis De Jongh, expuesto en su Acuerdo de culpabilidad, por lo que la confiscación de los bienes inmuebles es definitiva para el demandado.

  Se indicaba que Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden al titular del título Top Canyon LLC el 7 de septiembre de 2021, estableciéndose como fecha límite para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 202, lo cual no ocurrió. Se advirtió que, en razón del vencimiento de los plazos de presentación, Top Canyon LLC y todos los demás terceros ya no pueden presentar un reclamo y deben declararse en incumplimiento,

Orden final de decomiso

  El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, Gray H. Miller, luego de considerar la Moción de los Estados Unidos para una orden final de decomiso decidió conceder la moción.

   Refería la decisión que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal emitió una Orden Preliminar de Confiscación Acordada confiscando la propiedad de Champion Forest, entre otros. El aviso de la Orden se publicó durante al menos 30 días consecutivos, a partir del 31 de marzo de 2021, habiendo transcurrido al momento de ser dictada la orden, más de 60 días desde la primera fecha de publicación.

  Se indica que el 7 de septiembre de 2021, Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden a Top Canyon LLC, titular de los bienes inmuebles de Champion Forest. La fecha límite indicada para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 2021 y Top Canyon LLC no presentó una petición.

  El Tribunal tomó nota de que no había peticiones pendientes de terceros que hicieran valer un reclamo sobre la propiedad, y que el tiempo para presentar una petición había expirado.

  La Corte ordenó la confiscación a favor de los Estados Unidos de los bienes inmuebles, mejoras y accesorios ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  El juez Miller determinó que los Estados Unidos tienen el título claro de los bienes inmuebles referidos anteriormente y pueden garantizar un buen título a cualquier comprador posterior, de conformidad con la norma.

  Estableció el magistrado que Top Canyon LLC se mantiene en mora y no tiene ningún derecho legal, título o interés en la propiedad confiscada.

  Miller declaró en rebeldía a todas las demás personas que pudieran reclamar cualquier derecho, título o interés sobre los bienes decomisados a través de esta Orden.

  El juez estableció que los Estados Unidos dispondrán de los bienes confiscados de conformidad con la ley y acreditará el producto neto recuperado del decomiso de los bienes inmuebles contra la sentencia monetaria dictada contra el demandado.

  Gray Miller ordenó al secretario del Tribunal enviar cinco copias certificadas de esta Orden Final de Decomiso a la Oficina del Fiscal Federal.

Permiso de viaje

 Por otra parte, el juez Gray Miller, concedió un permiso de viaje a José Luis De Jongh-Atencio.

  El demandado se trasladaría de Texas a Miami, Florida, entre el 17 y el 21 de febrero de 2022.

  Este permiso fue otorgado en razón de una moción presentada por De Jongh-Atencio quien por su condición de libertad provisional tiene restringido el tránsito al estado de Texas.

 José Luis De Jongh-Atencio requería trasladarse a Miami para desalojar una propiedad sujeta a una orden de decomiso acordada en el caso. Apuntaba el documento presentado ante la corte por Nicole De Borde, abogada del demandado, que su representado necesitaba retirar artículos personales de un inmueble sujeto a orden de decomiso, para que la propiedad pudiese venderse de conformidad con la orden de la corte.

 

 

 

 

Venezuela y PDVSA entre la espada y la pared: Mientras un juez autorizó la venta de CITGO para pagar deuda impaga, el régimen de Maduro está más cerca de lograr un alivio a las sanciones

 Las decisiones enfrentadas adoptadas por el gobierno y los tribunales, podría generar un conflicto de poderes.

Por Maibort Petit

   Crystallex International Corporation no ha cesado en su esfuerzo por recuperar la sentencia a su favor por USD 1.200 millones por la expropiación que sufriera por parte del gobierno venezolano cuando Hugo Chávez decidió despojar a la minera canadiense de sus activos en Venezuela. Recientemente el juez Leonard Stark, titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware ordenó iniciar el proceso de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation en manos de PDV Holding Inc., una decisión que se enfrenta a la disposición gubernamental que mantiene bloqueada la operación.

  Una situación que amenaza con crear un conflicto de poderes en los Estados Unidos, toda vez que la orden del juez Stark se produce apenas un mes después de que la administración de Joe Biden, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendiera por un año más el decreto de protección de la refinería venezolana.

  Pero mientras las presiones sobre Venezuela y su principal industria se acentúan, por un lado, por el otro el régimen de Nicolás Maduro logró, gracias a lobistas, que el gobierno de Joe Biden enviara a Caracas una comisión de Alto nivel para negociar con la dictadura negocios petroleros a cambio del posible levantamiento de las sanciones.

En esta entrega presentamos los detalles de lo acontecido.

EE. UU. extiende medida de protección a Citgo

   El pasado 20 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendió hasta el 20 de enero de 2023 —es decir una prórroga por un año más— el decreto de protección a CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, cuya administración en la actualidad se encuentra en manos del denominado gobierno interino que encabeza Juan Guaidó desde comienzos de 2019, luego de que entraran en vigencia las sanciones estadounidenses contra la corporación venezolana.

   La licencia de la OFAC prohíbe la venta o transferencia de las acciones de CITGO en relación con los Bonos PDVSA 2020 8,5 por ciento, a menos de que se cuente con l autorización de dicho despacho. Se quiere dar oportunidad a que se pueda llegar a un acuerdo sobre las propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del referido bono, por lo que se podrán aplicar requisitos de licencia adicionales. “La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de concesión de licencias favorable para dicho acuerdo”[1].

  Sobre el activo venezolano en EE. UU. se han volcado las apetencias de decenas de acreedores con los cuales el régimen de Nicolás Maduro mantiene mil millonarias deudas, referidas en buena parte por el impago de intereses y capital de bonos emitidos, bien sea por la república como por la propia estatal petrolera, así como de sentencias que obligan el pago por parte de Venezuela a empresas expropiadas, tal es el caso de la minera Crystallex.

  CITGO sirvió no en pocas oportunidades sirvió de garantía colateral de varios préstamos, así como activo designado para la compensación de impagos del gobierno venezolano que se dirimieron en tribunales internacionales y de Estados Unidos.

  La administración de Donald Trump entregó CITGO al gobierno interino de Guaidó, cuando la Asamblea Nacional y decenas de países desconocieron la reelección presidencial de Nicolás Maduro luego de una convocatoria irregular de comicios. Tal apoyo de EE. UU se ha mantenido en el gobierno de Joe Biden, quien decidió darle continuidad a la medida de protección de la empresa venezolana[2].

  Carlos Vecchio, representante de la administración de Juan Guaidó en Estados Unidos, manifestó su satisfacción con la medida que protege a la petrolera CITGO “frente a deuda irresponsable contraída por dictadura de Maduro”.

   Dijo que “esta es la mayor extensión de licencia otorgada hasta ahora para proteger y preservar CITGO para la futura recuperación de Venezuela”, por lo que agradeció la medida al gobierno de Joe Biden.

  En la página web de la Embajada de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio atribuye al gobierno interino la obtención de estas medidas protección “logradas por el embajador Vecchio y la Procuraduría Especial ante la OFAC y otras instancias [que] han evitado que activos como CITGO sean liquidados y que sigan siendo parte del patrimonio de Venezuela”[3].  

Tribunal de Apelaciones rechaza orden de Tribunal de Distrito

  El 9 de febrero de 2022, la secretaria del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos, Patricia S. Dodszuweit, certificó que en fecha 18 de enero de 2022, dicha instancia judicial ordenó y adjudicó que las apelaciones de la orden del Tribunal de Distrito de Delaware del 14 de enero de 2021, presentadas por Corporación Petrolera CITGO; PDV Holding Inc.; Petróleos de Venezuela S.A. y CITGO Petroleum Corporation sea rechazada por falta de competencia.

Orden de venta

  El 2 de marzo de 2022, el juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, dictaminó la anulación en parte de las objeciones de las partes a la Orden de Procedimientos de Venta de CITGO Propuesta por el Magistrado Especial.

   Asimismo, ordenó que Crystallex International Corporation y la República Bolivariana de Venezuela se reúnan y consulten con el Auxiliar Especial y, a más tardar el 9 de marzo de 2022, presenten un informe de situación conjunto.

  Este informe deberá contemplar: i) sus posiciones sobre si el Tribunal debe certificar una apelación interlocutoria y, de ser así, exactamente qué preguntas deben certificarse; ii. Sus propuestas para el momento en que las partes del Proceso de Ventas y el Auxiliar Especial determinarán si quedan objeciones maduras que requieran resolución judicial y en qué horario y con qué folios se formularán las restantes objeciones.

  Del mismo modo, el informe debe incluir una orden propuesta que la Corte puede firmar para seguir implementando sus decisiones y preparar el caso para procedimientos adicionales consistentes con lo que se propone en el próximo informe de estado conjunto; y cualquier otra cosa que las partes deseen incluir en el informe.

Presiones de Wall Street

  Entretanto en los tribunales estadounidenses se libran batallas en las que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido usar como bastión el centro financiero para tratar de recuperar el acceso al crédito internacional y atraer la inversión internacional a un país que, pese a su inmensa riqueza petrolera, no puede disfrutar de los beneficios que brinda el incremento de los precios del crudo en razón de la guerra en Ucrania.

  Así lo refiere una nota de The Wall Street que señala que a través de los tenedores de bonos y otros inversores, Maduro está ejerciendo presión ante la administración de Joe Biden para que levante las sanciones que pesan sobre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La inteligente jugada —aunque la cercanía del régimen de venezolano con Vladimir Putin crea resquemores— apunta a que el gobierno estadounidense y el hemisferio occidental en general recurran a que el que por años fue un operador petrolero confiable en la región pueda recuperar su capacidad de producción, de manera que se alivien así las presiones que la guerra genera sobre los precios del hidrocarburo.

  La oferta que el régimen de Maduro presenta a través de sus agentes, contempla la reestructuración de la deuda que supera los USD 60 mil millones en bonos, “concesiones de infraestructura, reservas de petróleo y gas y privatizaciones de activos a cambio de una reestructuración de la deuda que comenzó a caer en incumplimiento en 2017”, refiere la nota.

 De esta manera Maduro quiere convertir a quienes hasta ahora han sido la principal amenaza contra los activos venezolanos en el exterior, en cabilderos suyos ante el gobierno de los Estados Unidos: los bonistas.[4].

  El pasado fin de semana se concretó la primera acción de poderoso lobby financiero. Nicolás Maduro, que no es reconocido formalmente como presidente legítimo de Venezuela, y en una clara contradicción de intereses de la política exterior del atribulado presidente estadounidense, Joe Biden envió una comisión de Alto Nivel encabezada por el encargado de América Latina en la Casa Blanca, Juan González.

  La Administración Biden informó que entabló contacto con el régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de aligerar sanciones e incrementar el flujo de petróleo en el mercado internacional para atemperar los efectos de un embargo al crudo ruso por la invasión de Ucrania, ya que el crudo venezolano está sujeto a sanciones de Estados Unidos (EEUU) desde 2019.

   La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en rueda de prensa este lunes 7 de marzo: "En lo que respecta a Venezuela, el propósito de ese viaje de funcionarios incluía varios asuntos, también la seguridad energética, y también averiguar sobre el bienestar de ciudadanos de EEUU" que se encuentran detenidos en el país.

 Psaki admitió que hubo "un diálogo con miembros de la administración los pasados días, y las negociaciones están abiertas". También negó la portavoz que haya ninguna decisión tomada sobre sanciones a Venezuela.

    Nicolás Maduro ratificó las conversaciones en un directo que realizó en horas de la noche del lunes 7 de marzo, advirtiendo que apoya al presidente de Rusia, Vladimir Putin pero que está abierto a las conversaciones respetuosas, y positivas con Estados Unidos, quien lo ha reconocido de manera informal, por ahora.

[1] Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. “595. What does Venezuela-related General License 5I authorize?”. 20 de enero de 2022. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/595

[2] Swissinfo. “EEUU extiende protección para Citgo frente a acreedores de Venezuela”. 20 de enero de 2022. https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-extiende-protecci%C3%B3n-para-citgo-frente-a-acreedores-de-venezuela/47279938

[3] Embajada de la República Bolivariana de Venezuela/Estados Unidos. “Tesoro de Estados Unidos extiende por 1 año más protección”. 20 de enero de 2022. https://us.embajadavenezuela.org/noticias/tesoro-de-estados-unidos-extiende-por-1-ano-mas-proteccion-sobre-citgo/

[4] The Wall Street Journal. “Venezuela Asks Wall Street to Help Lift U.S. Sanctions So Oil Can Flow”. 3 de marzo de 2022. https://www.wsj.com/articles/venezuela-asks-wall-street-to-help-lift-u-s-sanctions-so-oil-can-flow-11646312401

La permanencia de Maduro en el poder impide que PDVSA sea tenida como víctima de la corrupción y pueda pedir la restitución de lo robado

   La actitud delincuencial manifestada por los más altos funcionarios de PDVSA, así como los más bajos, evidencia ante las autoridades judiciales de EE. UU., el carácter cómplice de la conducta de quienes han sido procesados en las cortes por corrupción.

Por Maibort Petit

   El daño patrimonial que la corrupción ha causado a Petróleos de Venezuela S.A., al parecer, resulta incuantificable, tanto como imposible resultaría cualquier intento por tratar de que los miles de millones de dólares esquilmados a la petrolera estatal venezolana le sean restituidos, por lo menos ante la justicia de los Estados Unidos donde decenas de casos de este tipo se ventilan en las cortes. Así será, al menos, en tanto el régimen de Nicolás Maduro tenga vigencia. ¿La razón? El precedente que sienta el hecho de que el Departamento de Justicia de EE. UU. estimó que PDVSA no es víctima sino cómplice en la trama de corrupción y lavado de dinero que protagonizaron Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera. También decisiones en cortes federales servirían de sustento a esta negativa.

  No ser tenida como víctima impide —mientras el chavismo continúe en el poder en Venezuela— que la que otrora fue la principal industria del país y una de las más grandes e importantes del mundo, sea beneficiaria de los fondos incautados por las autoridades de los EE. UU. tal como lo establece el Estatus de Víctima y Restitución.

  Tanto el régimen de Nicolás Maduro, como el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó han intentado reclamar la restitución de los capitales confiscados a exfuncionarios y contratistas corruptos procesados en las cortes de los EE. UU. Tal es el caso del reclamo de condición víctima solicitado por ambas administraciones ante el juez Gray Miller de la Corte del Distrito Sur de Texas en 2016, cuando procuraban hacerse de los fondos y bien es incautados a Roberto Rincón y Abraham Shiera.

   En los dos casos, bien la solicitud formulada ante la Corte de Texas como la presentada ante el tribunal de la Florida, fueron denegadas y con ello también cualquier otra aspiración de rescatar lo robado a la petrolera.

La posición de la fiscalía

  Fue la, para entonces, fiscal para el Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshán, a través del ex- fiscal auxiliar, Michael B. Nadler, quien mediante una respuesta de su despacho a una moción de PDVSA que reclamaba el estatus de víctima y la restitución ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, solicitó denegar tal condición en razón de que el gobierno consideraba que la estatal petrolera, como organismo estatal, no calificaba como víctima según la CVRA.

   Además, la fiscalía acusó la complicidad de PDVSA en los esquemas de soborno y lavado de dinero lo cual le impedía ser tratada como una víctima bajo la Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas (MVRA) y la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen (CVRA).

  Igualmente, estimaba la fiscalía, según su interpretación, que PDVSA no tenía derecho a la restitución en virtud de la MVRA por ningún presunto daño que resultara de una conducta que no fue imputada o por presuntos daños no causados directa y próximamente por la conducta delictiva del demandado Abraham Edgardo Ortega.

  Bajo estos alegatos, el gobierno de los EE. UU. sostuvo ante el tribunal que no había necesidad de suministrar más información ni de mostrar pruebas, por lo que la solicitud alternativa de PDVSA para una audiencia de restitución también debía ser denegada.

  PDVSA, solicitó alternativamente en esa ocasión una “audiencia de restitución”, basada esta en la presunción, errónea a decir de la fiscalía, de que ya se había determinado que la corporación venezolana era una víctima con derecho a restitución. Al respecto el gobierno sostuvo que no era necesario presentar más pruebas para determinar que PDVSA no tenía los derechos de las víctimas porque participó en la conducta corrupta generalizada y porque no puede demostrar un vínculo causal directo y próximo entre la conducta de Ortega y cualquier perjuicio supuestamente sufrido por la empresa.

  Acota el gobierno que las operaciones de PDVSA durante el periodo en que ocurrieron los hechos, ha estado controlada por el Ministerio de Petróleo y la Junta Directiva, designada por el expresidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías y el expresidente Nicolás Maduro.

  Para le fecha en que se presentó la respuesta de la fiscalía, las autoridades de los Estados Unidos habían investigado y enjuiciado a varias personas por soborno y lavado de dinero que involucra a PDVSA y sus subsidiarias de propiedad absoluta. Hasta ese momento, se habían anunciado cargos contra 15 contratistas de la estatal petrolera venezolana que pagaron sobornos, 11 funcionarios de dicha empresa que recibieron sobornos y 5 intermediarios. También, 12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, 8 funcionarios que los recibieron y un intermediario, se habían declarado culpables en relación con las investigaciones en curso de Estados Unidos sobre corrupción en la corporación petrolera de Venezuela.

  Sobre Abraham Edgardo Ortega, la fiscalía informó que este acusado en el caso en cuestión, había sido Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, quien se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero, en la que admitió haber recibido y lavado USD 12 millones en relación con dos esquemas de corrupción separados que ocurrieron en 2012 y entre 2014 y 2015, respectivamente.

PDVSA sin derechos

  Aseguraba el gobierno en su escrito, que PDVSA no tenía derecho a los derechos de una víctima en virtud de la CVRA, en razón de que la definición de víctima de dicho instrumento legislativo no incluye a una instrumentalidad estatal de un gobierno extranjero.

  Recordó que la CVRA define una "víctima" de un delito como "una persona directa e inmediatamente perjudicada como resultado de la comisión de un delito federal".

 En tal sentido, el gobierno apuntó que la jurisprudencia ha establecido que el Congreso de los EE. UU. no incluyó entidades gubernamentales, como ciudades, estados, los Estados Unidos o naciones extranjeras en su definición de “persona”.

  Asimismo, el gobierno consideró que cualquier afirmación de que PDVSA debe ser vista simplemente como una corporación y no como una agencia del gobierno venezolano no es convincente a la luz de sus propias declaraciones hechas en el litigio, las conclusiones de hecho de otro tribunal sobre el estado legal de PDVSA y la Corte Suprema análoga. Por tanto, el estatus como agencia de un gobierno extranjero impide que PDVSA buscar el estatus de víctima bajo la CVRA y no tiene derecho a los derechos garantizados a las víctimas de delitos de conformidad con ese estatuto.

  Al ser PDVSA cómplice de la conducta ilegal, no tiene a los derechos de víctima, alegó el gobierno.

  Recuerda la fiscalía que los tribunales han negado tres intentos por parte de una entidad estatal de afirmar que fue defraudada por sus empleados y aquellas personas que pagaron sobornos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y enjuiciamientos por lavado de dinero, sosteniendo cada vez que el estado no calificó para la condición de víctima y restitución por su complicidad en los delitos.

  En tal sentido, se apunta que otros países, además de EE. UU., han abierto investigaciones y enjuiciamientos por conducta corrupta en PDVSA. También otros empleados de PDVSA han estado implicados en esquemas de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos, entre ellos Abraham Edgardo Ortega y César Rincón, exgerente general de la filial de compras de PDVSA, quienes admitieron su participación en los esquemas.

   El gobierno subrayó que la actividad delictiva en PDVSA ha ocurrido desde los niveles más altos de la gerencia hacia abajo y, como tal, la empresa fue cómplice y no podía ser considerada una víctima.

  Finalmente, al no poder comprobar PDVSA que directamente perjudicada por el delito de condena del demandado, que sufrió alguna pérdida pecuniaria o que existe una conexión causal entre la conducta del demandado y la pérdida alegado, su reclamo de reparación bajo la MVRA debía ser denegado.

Juicio de empresa de David Rivera revela trama corrupta de políticos venezolanos en Miami

  Una trama que ha generado muchas suspicacias y que, se estima, arrojará luces de los ocultos esquemas de corrupción que existen entre la clase política en Miami relacionada con Venezuela.

 Por Maibort Petit

     En  un juicio que se realizará este verano en Nueva York se podrá esclarecer a dónde fueron a parar los fondos pagados por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), —empresa estatal controlada por el régimen de Nicolás Maduro — a la consultora Interamerican Consulting Inc, propiedad del excongresista cubanoamericano, David Rivera. En los  cuestionarios enviados por la demandante PDV USA, a la parte acusada  se han mencionado los nombre del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, del prófugo de la justicia de Estados Unidos, Raúl Gorrín y de otras personas ligadas a la oposición y al chavismo en el estado de la Florida.  

    El asunto radica en una demanda, de carácter civil, que entablaron los abogados de PDV USA/CITGO (controlada por el gobierno interino presidido por Juan Guaidó), en mayo 2020 por el incumplimiento de un contrato por USD 50 millones que otorgó Petróleos de Venezuela (bajo el mando del régimen Nicolás Maduro) en 2017 a la empresa del excongresista, David Rivera (Interamerican Consulting Inc.) para cabildear en favor de PDVSA ante las autoridades estadounidenses en Washington DC. y mejorar la imagen de la estatal petrolera ante el gobierno federal del entonces presidente Donald Trump.

   La primera parte del pago del contrato, equivalente a USD 15 millones, (tres transferencias de USD 5 millones cada una) fue pagado por CITGO Petroleum Corp. sustentándose en un reporte de acciones realizadas por Interamerican ante diversos entes oficiales en la capital de EE. UU. Luego surgieron dudas ante la advertencia que los servicios de cabildeo presuntamente no fueron realizados (según la demanda). Tras una alerta de  los auditores, CITGO no pagó el resto del contrato, es decir, USD 35 millones.

¿Por qué David Rivera sostiene que PDVSA no puede demandarlo ni la corte de Nueva York tiene jurisdicción para llevar el caso?

    Rivera presionó a CITGO para que le pagara el remanente, pero la filial de PDVSA en Estados Unidos decidió no continuar los pagos, debido a la falta de claridad de los servicios prestados. A mediados de 2020, los abogados de la corporación ligada a CITGO, PDV-USA —que pasó a manos del gobierno interino en abril de 2019— decidieron demandar a Interamerican ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando que David Rivera le devuelva a CITGO los USD 15 millones recibidos por los servicios del contrato incumplido. 

   El excongresista respondió a la demanda PDV USA (CITGO) con una solicitud de cobro del remanente de USD 35 millones y con señalamientos que involucran a varios políticos y personas vinculadas a la oposición y al régimen de Maduro.

     Entre los dimes y diretes, Rivera reveló a medios de comunicación en Miami, Florida, que parte del dinero obtenido del contrato en disputa lo había entregado al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y a su esposa Lilian Tintori, con el objetivo de financiar las protestas de la oposición en Venezuela, realizadas en 2017 en Caracas.

     Leopoldo López y Tintori negaron los señalamientos de Rivera. López anunció, en junio de 2020, que demandaría al excongresista norteamericano por difamación. Hasta la fecha la demanda no se ha materializado.

  Otro señalamiento que hizo Rivera cuando le preguntaron por el dinero, fue que la respuesta podrían conseguirla en “los 6 de CITGO” (José Pereira, José Zambrano, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio Zambrano y Tomeu Vadell). 

   Los 6 de CITGO es el nombre por el que se conoce a un grupo de seis altos directivos de la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, quienes fueron detenidos el 21 de noviembre de 2017, acusados de firmar un acuerdo que era desfavorable para CITGO. Los seis hombres permanecen tras las rejas en Caracas.

EXCLUSIVA: CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en EE. UU.

    Otros nombres que surgieron en la cobertura periodística de este caso en Miami, incluye a uno de los prófugos de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín, acusado de varios delitos financieros en EE. UU.; la pareja sentimental de Rivera, dueña de una empresa de cabildeo, Esther Nuhfer; y a Hugo Perera.

     Para la fecha en que fue entregado el contrato de PDVSA (marzo 2017), los siguientes funcionarios aparecían ocupando puestos claves en la estatal petrolera: Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa y César Triana.

   En las respuestas dadas por Interamerican en el cuestionario enviado por la parte acusadora, Rivera menciona a varios (ex) ejecutivos y (ex) empleados de CITGO en la casa matriz de Houston, Texas, así como a otros con conocimiento directo de la razón de la demanda y que pueden ser testigos por manejar  información relevante sobre el objeto de la querella, a saber: Arnaldo Arcay, José Luis De Jongh-Atencio, Dustin Rozeboom, Judith Colbert, Rafael Gómez, Edoardo Orsoni, Guillermo Blanco,  Pio González, José Ángel Pereira, Gustavo Cárdenas,  Alejandro Escarrá, Elio Tortolero, Raúl Gorrín, Hugo Perera, Esther Nuhfer,  Bertica Cabrera, Pete Sessions y el mismo David Rivera.

PDV USA acusa al excongresista David Rivera de presuntas declaraciones falsas

    En las preguntas, aparecen mencionadas dos empresas que presuntamente habrían recibido parte de los fondos provenientes de PDV USA a través de los tres pagos del contrato no cumplido.

1) Detalles de los USD 625.000 que Interamerican transfirió a Krome Argonomics LLC el 27 de marzo de 2017.

Krome Argonomics LLC es una entidad creada en el estado de la Florida por Hugo Perera el 21 de julio de 2008, ubicada en 141 Sevilla Ave Miami, FL 33134 y que, hasta la fecha, se encuentra activa.

2) Detalles de USD 3.750.000 que Interamerican transfirió a Interglobal Yacht Management LLC entre el 31 de marzo de 2017 y el 24 de abril de 2017.

Interglobal Yacht Management LLC es una empresa registrada en la Florida, el 9 de enero de 2017 por Joel Brakal y Daniel Marinucci en 2665 South Bay Shore Dr. Suite 600, Miami, Florida, 33133.

¿Por qué David Rivera sostiene que PDVSA no puede demandarlo ni la corte de Nueva York tiene jurisdicción para llevar el caso?

Las mociones de Interamerican Consulting Inc. a los cuestionarios de PDV USA

  El excongresista cubanoamericano, David Rivera, a través de su empresa, Interamerican Consulting Inc., se refugió en la Regla 33.3 para no dar respuesta inmediata a las preguntas formuladas por los abogados de Petróleos de Venezuela USA (PDV-USA) (CITGO) en relación a la demanda por incumplimiento de un contrato de USD 50 millones (firmado en 2017, para realizar gestiones de cabildeo ante el gobierno Federal y el Congreso de los Estados Unidos con miras a mejorar la imagen de PDVSA ante las autoridades en Washington DC). La empresa demandada recibió un primer pago de USD 15 millones por un trabajo que no ejecutó, según los documentos de la demanda.

  Los abogados de David Rivera entregaron a la corte una serie de objeciones a varios cuestionarios enviado por los demandantes, PDV USA (CITGO) para darle claridad a los hechos señalados.

 Interamerican Consulting Inc. se opuso a cada uno de los Interrogatorios de PDV USA por considerarlos inadmisibles en la medida en que son incompatibles con la Regla Local 33.3.

  La empresa de Rivera alega que la parte acusadora busca la producción de materiales o la divulgación de información protegida del descubrimiento por el privilegio abogado-cliente, la doctrina del producto del trabajo o cualquier otra protección aplicable.

   En las mociones, Interamerican sostiene que las respuestas se realizan únicamente a los efectos de esta acción.

   Advierte que cada respuesta está sujeta "a todas las objeciones en cuanto a competencia, relevancia, materialidad y admisibilidad, y a todas y cada una de las demás objeciones y motivos cuyas objeciones requerirían la exclusión de cualquier escrito presentado en el presente en el juicio, todas las cuales objeciones y motivos están reservados y pueden interponerse en el momento del juicio".

No está preparado para el juicio

  Interamerican advierte que no ha completado su investigación y descubrimiento en la acción y no ha completado su preparación para que el juicio pueda celebrarse. "Cualquier respuesta en este documento se basa en la información actualmente conocida por el Demandado".

Preguntas y respuestas

1. Describir en detalle el desempeño de Interamerican en virtud del Acuerdo, incluido, entre otros, el establecimiento de detalles adecuados y completos de todos y cada uno de los servicios prestados.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

2. Identifique a las siguientes personas y/o entidades a las que se refirió Interamerican en el Informe Final y describa en detalle cualquier reunión, discusión o comunicación con ellas, incluyendo, pero sin limitarse a aquellas a las que se hace referencia en el 18 de abril, 16 de mayo de Secciones del 30 de mayo y 13 de junio del Informe final: “formuladores de políticas”, “líderes de opinión”, “actores del sector público”, “partes interesadas del sector público”, “actores del sector privado”, “entidades del sector privado”, “organizaciones del sector privado”, “interlocutores importantes asociados con las organizaciones objetivo del sector privado”, “interlocutores”, “partes interesadas objetivo”, “partes interesadas importantes” y “funcionarios públicos clave”.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud por estar fuera del alcance de la Regla Local 33.3. Sujeto a las Objeciones Generales del Demandado y en la medida en que esta solicitud busca nombres de testigos con conocimiento de información relevante al objeto de la acción, Interamerican proporciona lo siguiente:

A Arnaldo Arcay

B. José Luis De Jongh-Atencio

C. Dustin Roze Boom

D. Judith Colbert

E. Rafael Gómez

F. Edoardo Orsoni

G. Guillermo Blanco

H. Pío González

I. José Ángel Pereira

J. Gustavo Cárdenas

K. Alejandro Escarrá

L. Elio Tortolero

M. Raúl Gorrín

N. Hugo Perera

O. Esther Nuhfer

P. Bertica Cabrera

Q. Sesiones de Pete

R. David Rivera

3. Describa en detalle todas y cada una de las reuniones, discusiones y comunicaciones que Usted ha tenido con cualquier empleado, agente, director, funcionario o representante de PDV USA, PDVSA, CITGO Petroleum Corporation y/o cualquier persona asociada con el Gobierno de Venezuela, incluidos, entre otros, Nelson Ferrer, Ysmel Serrano, Delcy Rodríguez, Simón Zerpa y César Triana, en relación con el Acuerdo.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

4. Describa en detalle cualquier reunión, discusión o comunicación que haya tenido con “la oposición a las protestas anti-Maduro”, Leopoldo López, Raúl Gorrín, Esther Nuhfer, Hugo Perera, o cualquier oposición venezolana o líderes, organizaciones anti-Maduro, entidades, partidos, fuerzas o facciones, o cualquier representante de cualquiera de los individuos, grupos o entidades mencionados en este interrogatorio, en relación con el Acuerdo o en relación con PDV-USA, PDVSA y/o CITGO Petroleum Corporation.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

5. Describa en detalle los hechos que subyacen a las declaraciones atribuidas a David Rivera en el artículo de CE Noticias Financieras (inglés) del 13 de mayo de 2020 titulado “PDVSA denuncia a excongresista de EE. UU. por el pago de USD 15M” y en el artículo del Miami Herald del 14 de mayo de 2020 escrito por Jay Weaver y Antonio María Delgado, titulado “Rivera no se registró como agente extranjero en contrato de $50 millones con petrolera venezolana”, incluyendo las siguientes declaraciones: “pregúntenle a los muchachos de los 6 de CITGO”; “Manejaron toda esa operación, incluyendo todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana… Eso es todo lo que sé"; y “Todos esos fondos se destinaron a la oposición para las protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi ni un centavo de eso”.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

6. Describa en detalle a quién, cómo, cuándo y por qué Interamerican ó David Rivera desembolsaron los fondos recibidos de PDV USA o PDVSA, incluida, entre otras, la descripción detallada de los USD 625.000 que Interamerican transfirió a Krome Argonomics LLC el 27 de marzo de 2017 y los USD 3.750.000 que Interamerican transfirió a Interglobal Yacht Management LLC entre el 31 de marzo de 2017 y el 24 de abril de 2017. Incluya en su descripción de cada pago o transferencia, la identidad del destinatario inmediato, cualquier destinatario final previsto, el propósito del pago, si el pago se realizó en relación con el Acuerdo y quién aprobó el pago.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

7. Identifique todas las cuentas bancarias utilizadas por Interamerican o David Rivera.

RESPUESTA: Sujeto a las objeciones generales del demandado y de acuerdo con Fed. R. Civ. P. 33(d), Interamerican producirá los registros de cuentas bancarias pertinentes que estén en su posesión, custodia o control.

 

8. Describa en detalle la “serie de medidas proactivas [propuestas por Interamerican] a seguir en nombre del Cliente (PDVSA) que abarcarían áreas de interés mutuo entre el Cliente y los Estados Unidos”, a las que se refiere la entrada del 4 de abril de la Resolución Final de Informe entregado por David Rivera to Mr. Pio González en Diciembre 31, 2017.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

9. Describa en detalle a qué estrategias se refirió Interamerican en la parte de la sección “Recomendaciones provisionales” del Informe final que establece que “el éxito estará determinado por la determinación del Cliente de dar seguimiento a las estrategias que se han implementado durante los últimos varias semanas."

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

10. Describa en detalle “los objetivos y propósitos declarados de la propuesta del Consultor” a los que se hace referencia en la sección “Recomendaciones provisionales” del Informe final de David Rivera para Pio González en Diciembre 31, 2017.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible. según la Regla Local 33.3.

11. Describa en detalle las "opciones y pasos importantes" a los que se hace referencia en la parte de la sección del 30 de mayo del Informe Final que dice: "El Consultor proporcionó al Cliente varias opciones y pasos importantes que serían necesarios para perseguir las metas y objetivos originales frente a los actores del sector público en los Estados Unidos”.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

12. Describa en detalle cómo el “Consultor ha facilitado el desarrollo de elementos clave que acelerarían esa relación positiva con las partes interesadas en los Estados Unidos”, incluida la identificación de las “partes interesadas en los Estados Unidos” a las que se refiere esto, como se indica en la sección del 13 de junio del Informe Final.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

13. Describa en detalle el "marco para un plan de acción estratégica que se puede utilizar como vehículo para monitorear la capacidad de respuesta de las partes interesadas al Cliente, así como para canalizar las discusiones y el diálogo hacia el logro de las metas y objetivos generales del Cliente" que, según a la sección del 21 de junio del Informe Final, Interamerican proporcionó al “Cliente”, incluyendo a quién se proporcionó el “marco” y cuándo.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

 14. Describa en detalle el “plan estratégico” al que se hace referencia en la sección del 21 de junio del Informe Final, incluidos los “esfuerzos multifacéticos tanto hacia los funcionarios del sector público y los líderes de opinión como hacia las partes interesadas específicas del sector privado”, el “plan para apoyar los esfuerzos para mejorar la reputación y la posición a largo plazo del Cliente”, y cómo Interamerican “desarrolló e implementó” dicho plan.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

15. Describa en detalle las “comunicaciones comerciales críticas” a las que se hace referencia en el párrafo 14 de la Reconvención de Interamerican.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

16. Describa la manera y el plazo en el que ha conservado los Documentos o Comunicaciones, incluida la información almacenada electrónicamente, que pueden ser relevantes para esta Acción.

RESPUESTA: El Demandado se opone a esta solicitud como inadmisible, según la Regla Local 33.3.

17. Identificar todos los dispositivos de almacenamiento electrónicos y no electrónicos, incluidas cuentas de correo electrónico, discos duros, discos compartidos, servidores, teléfonos inteligentes, todos los demás tipos de almacenamiento electrónico, archivadores, cajas y todos los demás tipos de almacenamiento no electrónico, en los que Los Documentos o Comunicaciones relacionados con cualquiera de los reclamos o defensas de las partes en esta Acción pueden ahora, o pueden haber sido, localizados o encontrados en el pasado.

RESPUESTA: Sujeto a las Objeciones Generales del Demandado, el Demandado declara que los siguientes dispositivos de almacenamiento electrónicos y no electrónicos contienen documentos o comunicaciones relacionados con las reclamaciones o defensas de las partes en esta Acción:

A. Email de cuenta de David Rivera: rivera2002@comcast.net

B. Computadora personal de David Rivera

C. Cuenta de WhatsApp de David Rivera

Demandante se queja ante la falta de respuestas de David Rivera

  Los abogados de PDV-USA CITGO se quejaron ante el tribunal por la falta de respuestas al cuestionario enviado a Interamerican Consulting, señalando que "las respuestas de Interamerican son totalmente inadecuadas y no cumplen con la Regla Federal Civ. Pág. 33 o Regla Local 33.3".

  Los abogados del interinato se quejan que David Rivera se haya opuesto a cada uno de los interrogatorios declarando como “como inadmisibles según la Regla Local 33.3”.

   Señalan que el demandado se dedicó a proporcionar una lista que no responde de "testigos con conocimiento de información relevante para el tema de la acción", acordar producir registros de cuentas bancarias relevantes y proporcionar una lista de dispositivos de almacenamiento que “contengan documentos o comunicaciones relacionados con los reclamos o las defensas de las partes en esta Acción”.

  De conformidad con la Regla Local 33.3(b), los interrogatorios pueden entregarse “si son un método más práctico para obtener la información solicitada que una solicitud de producción o una declaración”.

   La parte acusadora destaca que "los interrogatorios son el método más práctico para obtener esta información. El Demandante necesita la información solicitada ahora para que pueda realizar un descubrimiento de seguimiento con respecto a los esfuerzos que Interamerican supuestamente realizó durante su compromiso de tres meses con el Demandante".

   Si Interamerican efectivamente prestó servicios reales a cambio de los USD 15 millones en pagos que recibió del Demandante y los USD 30 millones adicionales que ahora solicita, estos servicios deberían ser fáciles de identificar. No se debe obligar al demandante a esperar las deposiciones o la producción de documentos y su invocación de la Regla Local 33.3 sin ninguna explicación que justifique la objeción no es una respuesta válida a estos interrogatorios.

   En todo caso, la continua evasión de Interamerican a dar respuesta simplemente sirve para confirmar que no se prestaron servicios de conformidad con el acuerdo.

   Según los abogados de PDV USA Inc. Interamerican Consulting Inc. se ha opuesto a responder los 17 interrogatorios enviados sobre la base de que son prematuros o inadecuados según la Regla Local 33.3(b).

   Argumentan que los interrogatorios en disputa hacen preguntas básicas y específicas sobre los servicios de consultoría supuestamente proporcionados por Interamerican como parte del contrato que es el centro de la querella legal, como con quién se reunió Interamerican y qué hizo.

  Aclara que "en ausencia de respuestas sustantivas a los interrogatorios impugnados, PDV USA no tiene forma de saber dónde enfocar el descubrimiento a medida que avanza este caso, un problema que se vuelve aún más apremiante por las principales deficiencias hasta la fecha.

  Sostiene que Interamerican ha presentado apenas 129 documentos y ni siquiera ha comenzado a realizar una búsqueda forense de los archivos de su único custodio, David Rivera.

  Agregan que PDV USA no se está moviendo, en este momento, para obligar con respecto a la producción de documentos de Interamerican porque se comprometió a someterse a una recopilación de documentos con solidez forense, supervisada por un abogado, con un proveedor de documentos. También se ha comprometido a reproducir los documentos ya producidos para PDV USA utilizando archivos de carga estándar con los metadatos correspondientes.

    Los abogados de PDV-USA reafirman que debido a que Rivera no ha dado respuestas por los servicios prestados a PDVSA a cambio de USD 50 millones durante tres meses, los demandantes llegaron a la conclusión de que Interamerican no prestó servicios de consultoría de ningún tipo en virtud del Acuerdo.

   Interamerican proporcionó solo dos informes breves —aun cuando el compromiso era proporcionar al menos siete— que se referían genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones” y “recomendaciones”, pero no describían un solo elemento del presunto plan, identificaron a los participantes de la reunión o discusiones de reuniones, o especificar qué recomendaciones se hicieron o a quién.

   En consecuencia, es fundamental que PDV USA pueda descubrir con quién se reunió Interamerican y, exactamente, qué servicios (si los hubiere) supuestamente proporcionó en virtud del Acuerdo.

   Con ese fin, el 1 de octubre de 2021, PDV USA cumplimentó diecisiete interrogatorios, cuyas respuestas debieron ser claras, pero el acusado respondió el 1 de noviembre de dicho año, sólo uno de los estos interrogatorios y objetando el resto.

   Posteriormente, las partes intercambiaron correspondencia escrita en un esfuerzo por resolver la disputa. La única objeción de Interamerican sigue siendo su afirmación concluyente.

Fechas claves del juicio

   Ya existe un calendario aprobado por las partes en el juicio de PDV Holding-CITGO contra Interamerican Consulting Inc.

  De acuerdo a la programación, las partes acordaron que el plazo máximo para el descubrimiento, la deposición y los alegatos de los hechos vencen el 23 de marzo de 2022. Las deposiciones de los expertos vencen el 11 de mayo de 2022, mientras que las mociones serán para el 24 de junio de 2022.

   El Juez John G. Köeltl firmó la orden conjunta previa al juicio para el 18 de julio 2022. Asimismo, la corte asignó a un juez para las acciones generales antes del juicio —lo cual incluye programación, descubrimiento, mociones previas al juicio no dispositivas y conciliación— al magistrado, Robert W. Lehrbürger.

Referencias 

1)https://account.miamiherald.com/paywall/subscriber-only?resume=242707216&intcid=ab_archive

2) https://www.diariolasamericas.com/america-latina/leopoldo-lopez-demandara-legalmente-david-rivera-difamacion-n4201307

3) https://www.youtube.com/watch?v=KhldfuzulS4