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viernes, 10 de septiembre de 2021

Así se acusa a Naman Wakil en el Tribunal del Sur de la Florida

   La acusación del Gran Jurado describe cómo estafó a Petropiar, PetroMirada y a CASA.

Por Maibort Petit

   En el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el Gran Jurado acusó a Naman Wakil de siete cargos relacionados con actividades de lavado de dinero de fondos supuestamente provenientes de sobornos a funcionarios venezolanos con el objetivo de obtener contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de la empresa de alimentos Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).
   Específicamente, los cargos contra Wakil, son Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Blanqueo internacional de instrumentos monetarios; y Participar en transacciones con propiedad derivada del delito.



Los protagonistas y partes involucradas en la trama

  La acusación señala, en primer término, que Naman Wakil es un ciudadano de Siria con residencia legal en los Estados Unidos que mantenía cuentas bancarias personales y de inversión en bancos de los E. UU., las Islas Caimán y Suiza.

  Luego se señala a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA) era la empresa estatal venezolana de alimentos que servía de "instrumentalidad" del gobierno venezolano, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Entretanto, el funcionario venezolano 1 es un alto fue un alto cargo de CASA desde 2010 hasta 2011, quien de acuerdo a la FCPA cumple con la definición allí estipulada de "funcionario extranjero". De igual manera ocurre con el funcionario venezolano 2 quien laboró en CASA desde 2011 hasta 2014.
  
  Las empresas de Wakil que recibían fondos de CASA, se las denomina en la acusación como las "Wakil Food Companies", algunas de las cuales tenían cuentas bancarias en Suiza y en las Islas Caimán.

  Por su parte, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), es la estatal petrolera venezolana que controla las subsidiarias Petropiar S.A. y Petromiranda S.A., las cuales servían de "instrumentalidades" del gobierno venezolano, mientras los funcionarios y empleados de estas eran "funcionarios extranjeros", tal como se utilizan esos términos en la FCPA.

   Como el Funcionario Venezolano 3 se identifica a un alto cargo de Petromiranda que entre 2014 y 2017 fungió como “funcionario extranjero”, según ese término emitido en la FCPA. El funcionario venezolano 4 era un alto cargo de Petropiar entre 2015 y 2017 que también fungía como un "funcionario extranjero", según la FCPA.

  A las empresas de Naman Wakil que recibieron fondos de Petropiar y Petromiranda, se las denomina en la acusación como Wakil Oil Company 1 y 2, las cuales tenían cuentas bancarias en los Estados Unidos.
     Como co-conspiradores, la acusación señala en primer lugar a quien identifica con el número 1, quien es un venezolano que cumple el perfil de "persona" que establece en la FCPA. Con el número 2 se señala a un venezolano, pariente del Oficial venezolano 2. Con el número 3 y 4 se señala a dos venezolanos con las funciones de la “persona” de la FCPA. Finalmente, como el co-conspirador 5 figura un venezolano residente de los Estados Unidos que, de acuerdo a los términos de la FCPA, era una "preocupación nacional".

Los sobornos a funcionarios de CASA

   Sobre el cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de que se acusa a Wakil, se refiere que este actuó intencionalmente para cometer el delito.
 Se indica que Naman Wakil se había constituido en la una preocupación doméstica al valerse de correos, los medios e instrumentos del comercio interestatal para sobornar a funcionarios extranjeros y a personas, con el propósito de obtener contratos y ventajas para sus empresas. Igualmente, Wakil utilizó correos, medios e instrumentos del comercio interestatal para sobornar a un funcionario extranjero, para ayudar a los co-conspiradores 1, 2, 3, 4, y otros para obtener y retener contratos para sus compañías y otros. Todo esto con el propósito de enriquecerse ilegalmente.

   Explica la acusación que Naman Wakil y sus socios llevaron a cabo sus actividades en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, desde donde ofrecieron pagar sobornos, directa e indirectamente, a funcionarios extranjeros en Venezuela, a saber, los funcionarios venezolanos 1, 2, 3 y 4 para asegurarse la adjudicación de contratos y proporcionar ventajas comerciales a Wakil y sus empresas.

   Wakil y sus socios se valieron las “Wakil Food Companies”, así como de cuentas bancarias en las Islas Caimán, Suiza, Panamá y otros lugares para promover el esquema de soborno ilegal y ocultar su naturaleza y propósito.
  Se señala que, en 2010, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 1 en sus oficinas en Caracas, Venezuela y acordó realizarle pagos corruptos para obtener y retener para sus empresas con CASA.

   Desde enero de 2010 hasta junio de 2011, Naman Wakil recibió aproximadamente USD 30 millones a través de transferencias bancarias de CASA a una cuenta bancaria ubicada en las Islas Caimán a nombre de la “Wakil Food Company 1”.

   En agosto y septiembre de 2010, Wakil transfirió USD 750.000 en pagos de sobornos de la cuenta bancaria de Wakil Food Company 1 en las Islas Caimán a una cuenta bancaria en el sur de Florida en beneficio del funcionario venezolano 1. Los pagos se ocultaron con facturas falsas al banco en las Islas Caimán que indicaban servicios logísticos y trámites aduaneros.
    En diciembre de 2011 o 2012, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 2 en Caracas y acordó hacerle pagos corruptos para obtener y retener contratos y ventajas comerciales, con CASA. Wakil acordó pagar los sobornos a un familiar del Oficial Venezolano 2.

  En 2012, Wakil instó al co-conspirador 1 a abrir cuentas bancarias en Suiza para el beneficio del co-conspirador 2 y del Funcionario venezolano 2.

   Desde 2012 hasta 2015, Naman Wakil recibió aproximadamente USD 225 millones a través de transferencias bancarias de CASA a cuentas bancarias de Wakil Food Companies en Suiza.
   Desde 2012 hasta alrededor de 2014, Wakil transfirió USD 11 millones en pagos de sobornos de las cuentas de Wakil Food Companies en Suiza a una cuenta bancaria en Suiza controlada por el c-oconspirador 2 en beneficio de Funcionario Venezolano 2. Estos pagos se ocultaron con facturas falsas al banco en Suiza que indicaban falsamente servicios logísticos y trámites aduaneros.

   La acusación refiere en relación con los contratos de CASA obtenidos de forma corrupta, que Naman Wakil transfirió por lo menos USD 50 millones a su cuenta personal en Suiza. De estos fondos transfirió al menos USD 20 millones a cuentas personales a su nombre en Miami, los cuales utilizó para comprar, entre otras cosas, diez departamentos en el sur de Florida, un avión de USD 3,5 millones y un yate de USD 1,5 millones.

Los sobornos a funcionarios de PDVSA

   Igualmente, sobre el mismo cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la acusación establece que en 2014, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 3 y co-conspirador 5 en sus oficinas en Miami, y acordó el pago de sobornos al Funcionario venezolano 3 con el fin de obtener y retener contratos y ventajas comerciales para sus empresas petroleras con Petromiranda.

  Agrega que, en 2014, el Funcionario Venezolano 3 envió un correo electrónico a co-conspirador 3 solicitando el pago de USD 100.000 a una cuenta de una empresa fantasma en Panamá. Cocospirador 3 transmitió el pedido a Wakil y este ordenó el pago.
   En 2015, Naman Wakil recibió USD 7,7 millones en una cuenta bancaria de Wakil Oil Company 1 en los Estados Unidos en relación con un contrato de Petromiranda.

   En 2015, Wakil transfirió USD 250.000 de la cuenta bancaria de Wakil Oil Company 1 a una cuenta corporativa en los Estados Unidos en beneficio del Funcionario venezolano 3.

  Ese mismo año, Naman Wakil hizo que se enviara un correo electrónico al Funcionario venezolano 4 para obtener contratos para Wakil Oil Company 2 con Petropiar. Luego ordenó al co-conspirador 1 que abriera una cuenta bancaria a nombre de una empresa fantasma en beneficio del Oficial Venezolano 4 en Panamá.

  En 2015, el co-conspirador 3 recibió documentos por correo electrónico de un familiar cercano del Funcionario venezolano 4, incluido el pasaporte, para abrir una cuenta bancaria para una empresa fantasma en Panamá.

   En 2015, Wakil hizo que el funcionario venezolano 4 aprobara un contrato de USD 11,2 millones para que Petropiar comprara tuberías. Wakil compró dichas tuberías en China por USD 1,3 millones, es decir una operación que tuvo un sobreprecio de nueve veces el costo de las tuberías. Para ocultar y disfrazar a los beneficiarios del contrato de Petropiar, Wakil hizo que los pagos de la subsidiaria de PDVSA r se hicieran a una cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami.

  De enero de 2016 a julio de 2016, Naman Wakil hizo que Petropiar transfiriera aproximadamente USD 11,2 millones a la cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami en relación con la compra de tuberías de Petropiar. Los pagos se ocultaron provocando múltiples transferencias electrónicas de la cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami a una cuenta controlada por el co-conspirador 1 en Panamá. Después de esto, Wakil y sus socios provocaron transferencias electrónicas adicionales de la cuenta del co-conspirador 1 en Panamá a cuentas de Wakil Oil Company 2 en los Estados Unidos.

   En 2017 Wakil se reunió con el Funcionario 4 venezolano y el co-conspirador 5 en sus oficinas en Miami para discutir el soborno al Funcionario venezolano 4 relacionado con el contrato de tuberías de Petropiar y la orden de compra. Wakil transfirió la propiedad de un condominio por valor aproximado de USD 300.000 en Miami, a una entidad corporativa controlada por un pariente cercano del Funcionario venezolano 4.

Un apartamento a cambio de un contrato

  Sobre el segundo cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la acusación indica que Naman Wakil,a través de correos y medios e instrumentos del comercio interestatal usados de manera corrupta, promovió los sobornos y entrega de cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero y a una persona, para obtener y retener negocios para él y sus empresas.
    Se especifica, que Wakil hizo que se enviara un correo electrónico en relación con la transferencia de propiedad de un condominio en Miami, Florida por un valor aproximado de USD 300.000 el 1 de septiembre de 2017, en beneficio del Oficial Venezolano 4.

El tercer cargo

   Sobre el cargo 3 de Conspiración para cometer lavado de dinero, la acusación refiere que Naman Wakil hizo transferir un instrumento monetario y fondos desde fuera de los Estados Unidos hacia el interior del país, para promover la realización de una actividad ilegal específica.

  Se trataba de transacciones financieras que afectan el comercio interestatal y extranjero, pues involucran el producto de una actividad ilegal, disfrazando la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal.

   El propósito de la conspiración era que el acusado y sus co-conspiradores se enriquecieran ilegalmente sobornando a funcionarios venezolanos para obtener y retener contratos y otras ventajas comerciales, incluida la obtención del pago de contratos multimillonarios con entidades e instrumentalidades controladas por el venezolano.

Blanqueo internacional

  Por el cargo de Blanqueo internacional de instrumentos monetarios, la acusación señala que Naman Wakil, transfirió un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos y a un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal.
   Se transfirieron USD 800.000 de una cuenta bancaria en Miami, Florida a una cuenta bancaria en Panamá, controlada por el co-conspirador 1.

Los demás cargos

  Los cargos del 5 al 7 por Participar en transacciones con propiedad derivada del delito, indican que Naman Waki provocó la participación en una transacción monetaria que afectara el comercio interestatal, por un valor superior a USD 10.000, habiendo sido dicha propiedad derivada de una actividad ilegal específica, y sabiendo que la propiedad involucrada en las transacciones financieras representaba el producto de alguna forma de actividad ilegal.

Estas actividades se describen así:

Propiedades de Wakil sujetas a decomiso

   La acusación señala una serie de propiedades de Naman Wakil sujetas a decomiso de encontrarse culpable que, a saber, son: 

a) una sentencia de decomiso de dinero por un monto mínimo de USD 50 millones; 

b) inmueble ubicado en 3535 Hiawatha Avenue, Unit 602, Miami, Florida 331334; 
c) inmueble ubicado en 68 SE 6 Street, Unit 2511, Miami, Florida 33131; 
d) inmueble ubicado en 68 SE 6 Street, Unit 2911, Miami, Florida 33131; 

e)propiedad inmueble ubicada en 4500 North Miami Avenue, Miami, Florida 33127; 


f) inmueble ubicado en 4510N North Miami Avenue, Miami, Florida 33127; 

g) inmueble ubicado en 92 SW 3 Street, Unidad 4806, Miami, Florida 33130; 

h) inmueble ubicado en 92 SW 3 Street, Unidad 5006, Miami, Florida 33130; 

i) propiedad inmueble ubicada en 257 West Main Avenue, Gastonia, NC 28052; 

j) inmueble ubicado en 18555 Collins Avenue, Unit 2605, Miami, Florida 33160; 

k) inmueble ubicado en 888 Brickell Key Drive, Unit 1512, Miami, Florida 33131.; 

l) propiedad inmueble ubicada en 1010 Brickell Avenue, Unidad 3509, Miami, Florida 33131; 

m) propiedad inmueble ubicada en 1010 Brickell Avenue, Unidad 4310, Miami, Florida 33131; 

n) propiedad inmueble ubicada en 1010 Brickell Avenue, Unidad 4610, Miami Florida 33131; 

o) propiedad inmueble ubicada en Brickell Avenue, Unidad 4710, Miami, Florida 33131; 

q) el contenido de la cuenta de Synovus Bank número 05312001015335423 a nombre de Wakilisimo LLC;

r) el contenido de la cuenta de Synovus Bank número 07081901013876345 a nombre de Naman Wakil; s) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank) número de cuenta 0700017114 a nombre de Naman Wakil y Souheil A. “Tony” Azar; t) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank) número de cuenta 700015258 a nombre de Wakil Properties LLC; u) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank número de cuenta 700015266 a nombre de Wakilisimo LLC.

miércoles, 8 de septiembre de 2021

Guyana conviene con Aramco la comercialización del crudo de zona reclamada por Venezuela

Por Maibort Petit

  El gobierno de Guyana, a través del Ministerio de Recursos Naturales, anunció su decisión de comercializar el crudo del pozo costa afuera Liza 1, ubicado en un área cuya soberanía es reclamada por Venezuela. De acuerdo con lo informado por la administración guyanesa, será la subsidiaria de Saudi Aramco, Aramco Trading Limited (ATL), la que se encargue de encontrar comprador para un millón de barriles de crudo que produce Liza Destiny, una FPSO.
  El referido pozo Liza-1 se encuentra en el bloque de Stabroek, un área costera cerca de la frontera entre Guyana y Venezuela disputada desde hace más de un siglo por los dos países.

  ATL, la subsidiaria de la saudí Aramco Trading Company que tiene su sede en el Reino Unido, fue escogida en razón de lo expuesto por las autoridades guyanesas, por presentarse "como el postor evaluado con el menor cumplimiento a un precio de 0,025 centavos por barril".
   Entretanto, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Recursos Naturales, el postor más bajo resultó ser la empresa china Sinochem, la cual ofertó a 0,02 centavos de dólar por barril.

  Le correspondería a ATL comercializar la cuarta carga de Guyana en 2021, la cual está programada para el 21 y 22 de septiembre.

  Al explicar el proceso de escogencia, las autoridades guyanesas refirieron que se llevaron a cabo evaluaciones administrativas, técnicas y financieras para tomar esta decisión, luego de estudiar las presentaciones de 15 firmas.

  Además de ATL, participaron en la licitación Bibi Energy Trading, Shell Western Supply and Trading, Chevron, Petraco Oil, China National Offshore Oil Corporation, Natural Gas Company of Trinidad y Tobago y Heritage Petroleum, Hess, Vitol, Mercuria Trading, Total Energies, Litasco y Trafigura.
   Vickram Bharrat, ministra de Recursos Naturales, expresó a través del comunicado difundido por su despacho, que el gobierno de Guyana asegurará los "mejores acuerdos" para el país, al tiempo que se comprometió a "mantener el más alto nivel de cumplimiento y transparencia para garantizar que los beneficios de este sector mejoren la vida de todos los guyaneses".

  Se conoció que semana la Junta Nacional de Administración de Adquisiciones y Licitaciones conocerá los detalles de la operación la próxima semana.

  Del mismo modo se conoció que, desde 2018 cuando comenzó la producción petrolera de la Fase 1 de Liza, hasta la fecha, Guyana ha vendido 7 mil 56 millones de barriles de crudo por USD 388.7 millones.

  Guyana mantiene un acuerdo de producción compartida con ExxonMobil, Hess y CNOOC, las cuales tienen derecho a vender crudo del pozo, refiere la nota consultada de SPG Global[1].

  Una nota de Argus Media[2] refiere que, de acuerdo a lo informado, no está claro si ATL se encargará del manejo de otras cargas, ni para cuándo el gobierno guyanés tiene planeado convocar a una nueva licitación para comercializar los crecientes volúmenes de crudo.

 Estas licitaciones reemplazan los acuerdos bilaterales que se venían suscribiendo, siendo esta del Pozo Liza 1 la primera en realizarse en esta nueva modalidad. Se trata, según el despacho de Ambiente, del tercer esfuerzo de Guyana para alinear a un comercializador en un proceso competitivo.

  Todo el crudo ahora comercializado proviene del bloque de aguas profundas Stabroek a cargo de ExxonMobil que ubicó a Guyana en el mapa petrolero mundial en 2019, fecha en la que inició la producción.

  Las estimaciones de ExxonMobil se elevar a lo 800.000 b/d para 2025 desde los 120.000 b/d que produce en la actualidad.
   La ministra Bharrat dijo que las ganancias petroleras acumuladas de Guyana desde el inicio de la producción, se han incrementado hasta USD 436 millones, una cifra que incluye las regalías de ExxonMobil y sus socios, las cuales están depositadas en un nuevo fondo soberano en la Reserva Federal de Nueva York, sin que hasta la fecha se hayan tocado.

Petróleo ¿venezolano?

   Toda esta bonanza que experimenta ahora Guyana a consecuencia de la explotación petrolera, que la llevó en 2020 a experimentar un crecimiento económico de 86 por ciento, tenido según apunta una nota del ABC de España[3], como “el mayor salto del PIB en el mundo, que multiplica por catorce el incremento del PIB chino”.

  Lo particular del asunto es que todo esto ocurre sobre áreas cuya soberanía le disputa Venezuela desde hace más de cien años. Una riqueza que lo ubicaría como el país con la mayor producción per cápita del mundo, superando a Kuwait.
   El yacimiento Liza ubicado a, aproximadamente, 190 kilómetros de la costa y que produce 120.000 barriles diarios explotados por ExxonMobil, Hess y la china CNOOC, forma parte del Bloque Stabroek, se estima que para 2025, ya en una segunda fase, producir 750.000 barriles diarios, altamente competitivo con el crudo venezolano, pues es de menor densidad que este último.

   Una gran riqueza que brota en un territorio y aguas reclamadas por Venezuela, la cual fue despojada en 1899 por un tribunal internacional que falló a favor de Guyana y que los venezolanos acusan de “nulo e írrito”.

  Hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte del gobierno venezolano, ni el encabezado por Nicolás Maduro, ni el interinato a cargo de Juan Guaidó.

REFERENCIA 
[1] SPG Global. “Guyana chooses Aramco Trading Limited to market Liza crude”. 4 de septiembre de 2021. https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/090421-guyana-chooses-aramco-trading-limited-to-market-liza-crude



[2] Argus Media. “Guyana selects Aramco unit ATL to market crude”. 5 de septiembre de 2021. https://www.argusmedia.com/en/news/2251083-guyana-selects-aramco-unit-atl-to-market-crude



miércoles, 25 de agosto de 2021

PDV USA versus Interamerican Consulting: Una demanda que ocultaría otros ilícitos distintos a los que acusa

   Lo que aparenta ser un reclamo por incumplimiento de contrato, simplemente sería el camuflaje a una serie de negociaciones irregulares cometidas en el seno del principal activo de Venezuela en el extranjero: CITGO.

Por Maibort Petit

    La demanda entablada por PDV USA Inc. en contra de Interamerican Consulting Inc. propiedad del excongresista republicano, David Rivera, ha dejado al descubierto una serie de manejos irregulares que, presuntamente, operaban u operan en torno a la demandante y el demandado.

  De hecho, en la contrademanda que recientemente presentó Interamerican contra PDV USA, refiere que, en ningún momento manifestó su inconformidad con el servicio de consultoría prestado y sólo comenzó mostrar cierta resistencia a seguir realizando los pagos que venía realizando, cuando Interamerican se negó a permitir que el acuerdo suscrito entre ambas empresas se asignara por PDV USA a su casa matriz PDVSA. Ante el planteamiento, Interamerican expuso su inconformidad, toda vez hacerlo socavaría la recomendación estratégica que la demandada y ahora contrademandante venía planteando, en el sentido de que CITGO enfatizara su identidad independiente de Petróleos de Venezuela S.A., cuya imagen y desempeño venía afectándola.

   Ese, incluso, habría sido el objeto del contrato —al menos en el papel— pues CITGO procuraba asesoría para “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”.

   Por tal servicio de "asesoría" por parte de la empresa de David Rivera, la filial de PDVSA en Estados Unidos “ofreció pagar la suma de $ 50 millones”, reza la contrademanda en su exposición del caso, al tiempo que agrega que tal cantidad pareció razonable a la estatal venezolana, ante el riesgo que corría.

  Y deja sentado Interamerican: “Teniendo en cuenta los miles de millones de dólares en juego con la estatura pública y empresarial de CITGO en peligro, CITGO obviamente consideró que la tarifa era razonable porque la tarifa propuesta se originó en CITGO sin que Interamerican lo solicitara o aportara” (subrayado nuestro).

  Interamerican destaca que “PDV USA nunca notificó a Interamerican de ninguna supuesta insatisfacción, nunca declaró a Interamerican en default, y ni siquiera dio por terminado o revocó el acuerdo”.

¿El objeto del contrato?

  Pero según fuentes internas de CITGO, tanto el objeto del contrato suscrito entre PDV USA Inc. e Interamerican Consulting Inc., como la razón de la demanda entablada, son otras nada regulares.

   Así se nos refiere que detrás del aparente objeto de acusar el incumplimiento de contrato por parte de la empresa de David Rivera y reclamar el reintegro de los USD 15 millones pagados, la intención es justificarse ante el gobierno de los Estados Unidos, toda vez que se conoce que el Departamento de Justicia y otras instancias de la administración estadounidense investigan a CITGO.

   De este modo, la demanda diseñada por el abogado Michael Gottlieb, a instancias de Luisa Palacios y Carlos Jordá, sólo tiene un objetivo, no la recuperación del dinero pagado a Interamerican, "sino desarrollar una estrategia del gobierno interino de Juan Guaidó para presentarse como en interesado en acabar con los manejos irregulares en CITGO", bajo su tutela desde que EE. UU. le reconoció como mandatario encargado de Venezuela y desconoció a Nicolás Maduro y su administración.

  “La demanda es, pues, solamente una cortina de humo”, advierte  fuentes vinculadas al caso, “una manera de lavarse la cara ante el gobierno de Estados Unidos, haciéndose ver como adalides de la lucha contra la corrupción”.

  Y entonces advierte la fuente: “nada más lejos de la realidad”, pues esos que pretenden presentarse como agentes combativos de lo irregular, guardaron silencio sobre los casos de corrupción que tenían lugar en CITGO en las administraciones de Asdrúbal Chávez y de Nelson Martínez. De ello supieron en febrero de 2019, como también conocieron de una auditoría que revelaba todos los manejos oscuros, la cual fue realizada en 2017 ordenada por la PDVSA de Maduro y que Juan Guaidó se atribuyó y fechó en 2019.

   "La junta directiva designada por Guaidó supo de los hechos de corrupción y no actuó en consecuencia", aseguró la fuente. "Luisa Palacios y el resto de la directiva no actuaron sino hasta mayo de 2020 en lo que puede denominarse como una operación de mampara", acota.

   Igualmente, se nos advierte acerca de la naturaleza de PDV USA Inc., la cual sería únicamente realizar operaciones y negociaciones irregulares, no solamente con Interamerican Consulting Inc., sino también con otras compañías cuestionadas, entre ellas, las de José Manuel González Testino.

¿Incumplimiento de contrato?

  Otra fuente nos apunta, que la demanda contra la compañía de Rivera persigue igualmente el objetivo de enmascarar las negociaciones irregulares llevadas a cabo a través de PDV USA y CITGO.

   Por tanto, según la fuente, la acusación contra Interamerican sólo pretende hacer ver a PDV USA como una víctima, objetivo trazado por el abogado Gottlieb, cuando lo que se procuraba era evitar que las averiguaciones se profundizaran en los responsables de las transacciones fraudulentas que se hicieron con la empresa de Rivera, las cuales violan las leyes federales de EE. UU. Era necesario alejar el dedo de la justicia de los directivos de CITGO que participaron en las oscuras negociaciones que, más allá de lo que reza el texto de la demanda, tienen que ver en realidad, con presunto lavado de dinero, financiamiento ilegal, malversación de fondos, soborno y fraude en CITGO, alerta la fuente.

  Puntualiza la fuente de Venezuela Política que, en 2017, José Pereira y Gina Coon, quien se mantiene como tesorera de CITGO, ejecutaron tres pagos vía transferencias bancarias por USD 5 millones cada uno, para un total de USD 15 millones, a la cuenta de David Rivera en el JP Morgan NY. Específicamente, mediante la cuenta identificada con el número de ruta 021000021 y el serial 633291682.

  Estos pagos, por demás, no habrían cumplido con los requisitos exigidos por las leyes de los Estados Unidos, pues se habrían respaldado con recibos de cobro carentes de la rigurosidad exigida por la norma.

  Una auditoría de CITGO identificó y describió el fraude y las violaciones de controles internos cometidas por José Pereira y Gina Coon, en colusión con personal de PDVSA y pudieron detener que se prosiguiera con los pagos irregulares a Rivera, es decir, los USD 35 millones de saldo del contrato que ahora reclama Interamerican en su contrademanda a PDV USA.

¿Otros fines?

  Pero otros objetivos habrían justificado la suscripción del contrato, toda vez que cuando el asunto explotó en los tribunales, David Rivera aseveró que el dinero que había recibido como pago por los servicios de consultoría, en realidad estaba destinado a financiar a la oposición venezolana.

  El excongresista sostuvo que había mantenido reuniones con Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, a quienes habría entregado el dinero pagado por CITGO a Interamerican. En dichas reuniones, dijo, participó, supuestamente, Raúl Gorrín.

Sobre PDV USA Inc.

  PDV USA es una corporación de Delaware que es propiedad total de PDV Holding INC., la cual a su vez es propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), razón por la cual la estatal petrolera venezolana viene a ser, indirectamente, dueña del 100 por ciento en PDV USA.

  PDV USA Inc. es una entidad subsidiaria de PDVSA manejada por la gerencia de CITGO en Houston, Texas.

  PDV Holding Inc. ostenta la propiedad total de CITGO Holding, Inc., que es propietaria total de CITGO Petroleum Corp.

  En página web PDV Holding Inc. refiere que es una empresa filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. Se trata de una compañía matriz constituida en Delaware y con sede social en Texas. PDVH es la accionista indirecta de CITGO Petroleum Corporation, a través de la propiedad de 100 por ciento de las acciones de su filial CITGO Holding Inc., única accionista de CITGO Petroleum Corp[1].

  Sin embargo, en ninguno de los sitios de la petrolera se hace mención directa a PDV USA Inc.

  Según el portal Open Corporates, PDV USA Inc., es una corporación registrada el 20 de marzo de 1991 en Delaware bajo el número 2257786.

   Como agente figura The Corporation Trust Company (incorporada el 10 de mayo de 2018) , cuyo domicilio es Corporation Trust Center 1209, Orange St, Wilmington, New Castle, DE, 19801[2].

  Open Corporates también informa que PDV USA Inc. es una corporación comercial extranjera registrada el 31 de octubre de 1991 en Nueva York, bajo el número 1586368, cuyo estatus actual es activo. Esta empresa funge como sucursal de PDV USA Inc., registrada en Delaware.

  Refiere que el domicilio es 29 Liberty St, Nueva York, 10005, Nueva York.

  Guillermo Blanco figura como director ejecutivo, incorporado desde el 5 de diciembre de 2019, mientras que PDV USA Inc. como el agente[3].

   Entretanto, Dun & Bradstreet refiere que PDV USA Inc. tiene su sede en Nueva York, cuyo objeto es la gestión de empresa e industrias. Informa que la firma cuenta con 4 empleados en total en todas sus ubicaciones. Este portal difiere en la dirección ofrecida por Open Corporates e indica como sede de la empresa el 65 E 55TH St FL 23B, New York​, NY, 10022-3367. Teléfono (212) 339-7770. Agrega que al frente de la compañía está Carlos Jordá[4].

REFERENCIAS

[1] PDV Holding. https://pdvholding.com/ES/

[2] Open Corporates. PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_de/2257786

[3] Open Corporates, PDV USA Inc. https://opencorporates.com/companies/us_ny/1586368

[4] Dun & Bradstreet. PDV USA Inc. https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.pdv_usa_inc.9e82f3aa31dcd7408513c7567b071572.html

lunes, 16 de agosto de 2021

Conozca la táctica evasiva de Petroleum Logistics Service Corp para darse por notificada de demanda en su contra entablada por CITGO

  Tanto José Manuel González Testino como su empresa evitaron a toda costa ser notificados de la demanda que la filial de PDVSA en Estados Unidos entabló contra ellos.

Por Maibort Petit

  Múltiples han sido las diligencias llevadas a cabo por CITGO Petroleum Corporation para servir a José Manuel González Testino y a su empresa Petroleum Logistics Service Corp. y así dar curso al proceso judicial por incumplimiento de contrato presentó en la Corte del Distrito Sur de Texas.
   Las evasivas de uno y otra, llevaron a los abogados de CITGO a pedir ante la secretaría del tribunal, se declare en rebeldía a los demandados.

El reclamo

   El 2 de marzo de 2021, Jennifer Hardy de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas un Informe de Estado de su cliente en relación con la Moción de Incumplimiento respecto a los demandados, Petroleum Logistics Service Corp. y José Manuel González Testino, a objeto de actualizar al tribunal sobre sus esfuerzos con relación al caso.
  Refiere, en primer lugar, que CITGO fue víctima de una conspiración de soborno perpetrada por los demandados, por lo que recurrió a al Corte demandando incumplimiento de contrato, fraude y reclamos civiles bajo la Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas del Racketeer (RICO), con el objeto de recuperar los daños que sufrió como resultado de esa conspiración de soborno criminal.

  Para satisfacer su carga de la prueba y obtener una sentencia en rebeldía, CITGO propone presentar una sola moción que aborde tanto los asuntos de responsabilidad como de daños y, además, en respaldo de dicha moción, también propone presentar un informe pericial sobre los daños.

   Explica que el 5 de marzo de 2014, CITGO y PLS celebraron un Acuerdo de contrato de servicio en el que el demandado se comprometía a brindar servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales a la empresa matriz de la demandante, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
   Entre los años 2014 y 2018, CITGO hizo cientos de transacciones para adquirir bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de PLS como proveedor de adquisiciones y logística. Port ello pagó a PLS y sus afiliados, más de USD 20 millones. Debido a que cada transacción se facturó por separado, el proceso de recopilación, revisión y organización de las aproximadamente 1.000 facturas de PLS identificadas, ha requerido mucho tiempo.

  Igualmente, CITGO informa que ha contratado un experto con más de tres décadas de experiencia en asesorar a clientes con problemas económicos, financieros y de valoración complejos, a objeto de que haga una evaluación de los daños. Se advirtió que la revisión y análisis de las aproximadamente 1.000 facturas, podría tomarle al perito hasta julio de 2021.

   Al momento de la redacción del informe de estado (marzo de 2021), CITGO no preveía solicitar permiso al Tribunal para citar a terceros para que presentaran documentos adicionales. Sin embargo, alertó que en la medida que avanzara la evaluación de daños para determinar el monto a exigir a los demandados, era posible que requiriera el permiso de la corte para obtener dicha documentación adicional a través de citaciones de terceros.

  Por último, CITGO consideraba que los asuntos de responsabilidad y daños pueden ser resumidos de manera efectiva en una sola moción, la cual incluiría documentación relevante como prueba, así como el informe pericial sobre daños. Asimismo, indicó que en la medida en que el Tribunal solicitara más información sobre las cuestiones de responsabilidad o daños, el demandante también podría presentar pruebas y hacer que su experto esté disponible en una audiencia probatoria.
  CITGO informó a la Corte que estaría preparado para presentar una moción por incumplimiento en agosto de 2021 o alrededor de esa fecha.

CITGO puede declarar en rebeldía a los demandados

  De acuerdo a lo establecido la Regla 55 (a) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, CITGO Petroleum Corporation solicitó al Secretario del Tribunal declarar en rebeldía a los demandados José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp.

  Tal pedido se formuló en razón de que ni González Testino ni PLS han respondido a las notificaciones que la demandante procuró hacer, luego de haber entablado una demanda por incumplimiento de contrato contra ambos el 26 de mayo de 2020.

  Dado que transcurrió el tiempo de ley y ninguno de los demandados ha presentado alegatos de respuesta, CITGO reclama la declaración de incumplimiento por parte de González Testino y PLS.

  CITGO refiere que intentó servir a Petroleum Logistics Service Corp a través de su agente registrado en Estados Unidos, pero esta empresa incumplió esta obligación. Igualmente lo intentó hacer en persona mediante servidores de procesos en las oficinas que figuran en el sitio web corporativo de PLS, 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126. Pero en dicha dirección funcionaba una empresa diferente y un empleado de la recepción indicó que no sabía que PLS tuviera oficinas allí.

  Dada la inexistencia del agente registrado en Texas, el 4 de agosto de 2020, CITGO sirvió a PLS a través del Secretario de Estado de Texas, de acuerdo con la ley de esa entidad federal.

 Específicamente, CITGO transmitió la Queja, la Citación, la Declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el Certificado de partes interesadas al Secretario de Estado de Texas con instrucciones para enviar el Servicio de PLS a los siguientes tres nombres y direcciones:

  A la sede corporativa internacional de PLS en Panamá según su sitio web y correspondencia con CITGO, ubicada en Petroleum Logistics Service Corp., Trump Office Tower, 2nd piso, Oficina 2 -06, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá con atención al Agente Gerente de PLS.

  Al Agente de PLS en presentaciones corporativas en Panamá, Fábrega, Molino y Mulino, ubicado en BMW Plaza, 9th Floor, 50 St. P.O. Box: 0816-00744, Panamá, Rep. De Panamá.
   Al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, quien fue identificada por el abogado de PLS USA como un punto de contacto apropiado para PLS en Panamá, en su domicilio según los registros corporativos de PLS ubicados en PH Riverside, Piso 23, Apto. 23A, Calle 5ta, Parque Lefevre y vía España, Parque Lefevre, Panamá.
   El 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó que recibió los Documentos de servicio de PLS el 4 de agosto de 2020 y, el 11 de agosto de 2020, los remitió por correo certificado con acuse de recibo solicitado a las tres direcciones proporcionadas.

  El 15 de septiembre de 2020, el Secretario de Estado de Texas firmó tres certificados de servicio adicionales que certifican la respuesta que recibió de los correos a PLS. Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2020, los correos del Secretario de Estado de Texas a las oficinas centrales de PLS y a Fabrega, Molino y Mulino fueron devueltos "Devolver notación de rumbo al remitente, no se puede reenviar". El 8 de septiembre de 2020, el correo del Secretario de Estado de Texas al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, fue devuelto con el mensaje "Devolución de notación al remitente, rechazada, incapaz de reenviar".

  Debido a que, como se alega en la Demanda, PLS estaba bajo el control y propiedad indirecta de González Testino, CITGO también proporcionó de forma independiente los documentos de servicio de PLS a este el 1 de septiembre de 2020, a través del abogado registrado en su proceso penal relacionado.

El servicio a González Testino

  Entretanto, luego de repetidos intentos, de entregar a González Testino en el apartamento donde se encontraba confinado bajo "encierro domiciliario de '24 horas al día'" por un caso criminal relacionado y de su abogado, el 21 de agosto de 2020 se presentó ante el tribunal una solicitud para hacer una notificación sustitutiva, la cual fue otorgada el 24 de agosto de 2020.

En ningún momento González ha respondido.

  De conformidad con FRCP 55 (a), el secretario del tribunal debe declarar en incumplimiento contra una parte que no ha presentado un alegato en respuesta o defendido de otra manera una demanda.

  Los intentos del juez por realizar conferencia inicial

   El 4 de agosto de 2020, el juez de primera instancia de la Corte para el Distrito Sur de Texas, Andrew M. Edison, emitió una orden para llevar a cabo las conferencias de programación inicial que estaba programada en principio para el jueves 17 de septiembre de 2020, pero que debió suspenderse en razón de la pandemia, por lo que se llevarían a cabo por videoconferencia a través de la plataforma Zoom.

  Igualmente, instó a las partes a preparar y presentar un plan de descubrimiento que, en primera instancia debía ocurrir antes del 10 de septiembre de 2020
 
   Órdenes similares las emitió el juez Edison el 28 de septiembre de 2020 y el 23 de noviembre de 2020.

Las distintas diligencias de notificación

   El 7 de octubre de 2020, Sarah M. Wastler, socia del despacho de abogados Willkie Farr & Gallagher LLP, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas una declaración en el que refirió que en razón de la orden de la corte del 24 de agosto de 2020 que otorgó la Moción de notificación sustitutiva de CITGO, ésta notificó de la misma al acusado José Manuel González Testino varios medios.

   En primer término, el 1 de septiembre de 2020, mediante la contratación de un notificador de proceso que envió por correo copias de la demanda, la citación, la moción del demandante para la entrega legal sustitutiva al testimonio del demandado y la petición de prórroga para efectuar la notificación, orden de notificación, certificado de partes interesadas, al 200 Biscayne Boulevard Way, Unit 3903, Miami, Florida 33131, a través de U.S. Postal prepago y Servicio Postal de los Estados Unidos de primera clase, correo certificado, recibo de devolución solicitado.

   El 10 de septiembre de 2020, el acuse de recibo relacionado con este envío certificado se devolvió al servidor de procesos, con la designación “Covid 19” completada en la línea de la firma.

    En este sentido, Joseph Onega hizo una Declaración jurada de debida diligencia el 18 de agosto de 2020, en la que, bajo juramento, informó que después de una búsqueda debida, una investigación cuidadosa y un intento diligente, no pudo servir a Petroleum Logistics Service Corp. Precisó que el 14 de agosto de 2020 a las 2:13 p. m., intentó servir a PLS en 1519 NW 82nd Avenue, Miami, Florida 33126, encontrando que el negocio en la dirección era Meson Valves. En el lugar le manifestaron no conocer nada respecto a Petroleum Logistics Service Corp.

   El 1 de septiembre de 2020, el notificador envió por correo copias de los documentos de notificación al abogado de González Testino en su proceso penal, Edward Shohat, Esq., en Jones Walker LLP, 201 South Biscayne Boulevard, 26th Floor, Miami, Florida 33131 a través del Servicio Postal de los Estados Unidos, correo certificado, acuse de recibo solicitado.

   El 8 de septiembre de 2020, el acuse de recibo relacionado con este envío certificado fue devuelto al servidor de procesos, con las iniciales “LS” en la línea de la firma y “C19” en la línea “recibido por”.

   El 1 de septiembre de 2020, el servidor de procesos envió por correo electrónico copias de los Documentos de servicio desde la dirección de correo electrónico de Rebecca E. Short (rshort@capitolprocess.com) a la dirección de correo electrónico indicada de Edward Shohat, Esq. (eshohat@joneswalker.com). Hasta la fecha, Short no ha recibido ninguna confirmación que acuse recibo del correo electrónico.

  Finalmente, el 5 de septiembre de 2020, el notificador de proceso dejó una copia de los Documentos de Servicio en la puerta de 200 Biscayne Boulevard Way, Unidad 3903, Miami, Florida 33131.

   Según el notificador del proceso, mientras dejaba una copia de los Documentos de Servicio en la dirección antes mencionada, un hombre que se identificó como “Kion” abrió la puerta e informó al notificador que se había mudado a la Unidad 3903 dos semanas antes y que González Testino ya no era residente en la dirección y que no tenía ninguna información de contacto de este. No se pudo determinar si esta declaración era veraz.

Abogados de CITGO informa al juez

   El 5 de noviembre de 2020, Sarah M. Wastler, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de su cliente CITGO Petroleum Corporation le remitió una comunicación al juez Magistrado para el Distrito Sur de Texas, Andrew M. Edison, para informarle acerca de las distintas diligencias emprendidas por el demandante para servir a los demandados.

  Le precisó Wastler que cumplir con la orden de programación emitida por el magistrado el 27 de agosto de 2020 en la cual se establecía una conferencia inicial previa al juicio y programación para el 12 de noviembre de 2020 y ordenó a las partes que se reunieran y conferenciaran antes de la audiencia y que presentaran un plan conjunto de descubrimiento/manejo del caso para este litigio, no había podido cumplirse.

  Recordó que, como era de conocimiento del tribunal, CITGO procuró hacer la notificación a ambos demandados: el 21 de agosto de 2020, a Petroleum Logistics Service Corp. a través de notificación a la Secretaría de Estado de Texas.

   Mientras que el 7 de octubre de 2020, CITGO presentó prueba de notificación a José Manuel González Testino de conformidad con la Orden del Tribunal de 24 de agosto de 2017 que otorga el servicio sustituto. Desde entonces, los demandados no han aparecido en este litigio ni han respondido a los muchos intentos de Willkie de contactar a los Demandados.

    Dadas esta circunstancia y la imposibilidad de cumplir con la orden de la Corte, CITGO a través de sus abogados pidió al juez suspender la conferencia de programación mientras CITGO consideraba sus próximos pasos con respecto a cómo proceder en este asunto.

lunes, 9 de agosto de 2021

Mientras petroleras mundiales toman previsiones con Trafigura, CITGO sigue negociando con la cuestionada empresa

  Pese a las múltiples denuncias e investigaciones por corrupción, la filial de PDVSA en EE. UU., como revelan reportes, mantiene a la comercializadora como su principal proveedor.

Por Maibort Petit

   Sospechosa por las múltiples denuncias formuladas en su contra por la presunta comisión de hechos irregulares, negociaciones turbias, imposición de sobreprecios y demás, la multinacional de comercio de productos básicos Trafigura Group Pte. Ltd. se encuentra en la mira de muchas compañías, agentes y naciones que, previsivos, han decidido suspender o limitar las negociaciones con ella, en espera del resultado de las investigaciones de que es objeto. Muchas, pero no todas, porque empresas como CITGO Petroleum Corporation, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, continúa manteniéndola como su principal proveedor de crudo y productos derivados.



   Lejos está de la intención real de la alta gerencia de CITGO, el tomar decisiones como la reciente implementada por Petróleos Mexicanos (Pemex), que prohibió temporalmente establecer nuevas contrataciones con Trafigura AG, hasta tanto no se aclaren los hechos y las averiguaciones que en torno a la comercializadora se llevan a cabo en varias los países, arrojen resultados. Esta es una revelación que hizo Reuters[1], que indicó que Pemex y otras petroleras estatales están ahora más cautelosas al momento de negociar firmas comerciantes como Trafigura y Vitol.

  Ya Venezuela Política lo había advertido, cuando en nota publicada en estas páginas en febrero de 2020, informó que desde 2019, CITGO había incrementado la compra de crudo en el mercado spot, con algunas empresas trading vinculadas al chavismo. Referimos en aquel entonces, que compañías presuntamente incursas en tramas de corrupción, como Trafigura, Lukoil, Vitol y Mercuria, entre otras, habían sido beneficiadas con contratos de compra directa

  Pero en lo que respecta a Trafigura, los reportes revelan que las compras de Trafigura Canada GP aumentaron de forma significativa en 2019, como también indican que la empresa suiza se convirtió —después de PDVSA Petróleos que lideraba como suplidor antes de las sanciones de la OFAC— en el mayor proveedor de crudo en el área trading durante los períodos 2017 y 2018. Fuentes de Venezuela Política indican que los contratos trading con estas empresas, lejos de proscribirse, se incrementaron durante la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó en la filial.

  Empresas como Trafigura, Vitol, Glencore y Mercuria se incorporaron al registro mayor de proveedores y clientes de CITGO durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En la gestión de Gustavo Velásquez y Rick Esser las compañías de trading intermediarias adquirieron un gran protagonismo, un papel que no dejaron de tener, según todo deja ver, cuando la filial de PDVSA en EE. UU. pasó a estar bajo el control del 'gobierno' interino de Guaidó.

  Ante estas denuncias, el CEO de CITGO, Carlos Jordá, habría ordenado algunas auditorías y había tratado de indagar y conocer los manejos del área de trading de la filial sin haber tenido éxito en este intento. Fuentes de la petrolera refirieron a Venezuela Política que, inexplicablemente, el área de auditoría de la empresa excluyó del plan anual de la compañía, todas las auditorías de esa dependencia de la filial.

 Pero nuestras fuentes igualmente alertaron que las iniciativas de Carlos Jordá respecto al área de trading, las contrataciones con Trafigura y el resto de empresas cuestionadas, lejos está de responder al deseo transparentar las operaciones de CITGO, sino que simplemente es la consecuencia, su reacción, a las denuncias, tanto desde estas páginas formuladas, como por otras voces que acusan la conducta irregular de la comercializadora suiza.

  No deja de tener peso tampoco, el ojo que, sobre la subsidiaria de PDVSA, tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de allí el aparente deseo de Jordá de investigar y aclarar la situación en el área de trading de CITGO.

  Las alarmas acerca de Trafigura, llevaron a PMI Comercio International — filial de Petróleos Mexicanos— a suspender a principios de julio suspendió la suscripción de nuevos contratos con la comercializadora y sus subsidiarias, según documento al que tuvo acceso Reuters, aunque advierte que en el mismo no hay referencia alguna al motivo de la prohibición. Eso sí, la petrolera mexicana respetará los acuerdos vigentes.

  La nota de la agencia de noticias indica que, aunque Pemex con estas decisiones busca no exponerse con estas empresas investigadas por corrupción, sus unidades en otros lugares, como la de Ginebra, por ejemplo, continúan negociando con Trafigura.

  Entre quienes investigan a este comerciante global de materias primas por presuntos hechos de corrupción y manipulación del mercado petrolero, se encuentra el gobierno de los Estados Unidos, el cual a través de organismos como la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC), la cual indaga sobre el alcance de las actividades de Trafigura, sobre todo en sus operaciones con América del Sur.

   Se entiende que la investigación se relaciona con la división de comercio de petróleo de Trafigura, que tiene su sede en Singapur, pero también tiene oficinas en Londres y Ginebra[2].

  Igualmente, en 2018, Vitol, Trafigura y Glencore fueron vinculadas con la corrupción de la brasileña Petrobras, al ser señaladas de pagar sobornos por el orden de USD 31 millones a funcionarios de la estatal, todo en el contexto de la operación Lava Jato[3].

REFERENCIAS

[1] Reuters. EXCLUSIVE Pemex's trading arm bans new business with Trafigura -sources. 15 de julio de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-pemexs-trading-arm-bans-new-business-with-trafigura-sources-2021-07-15/


[2] The Guardian. “Trafigura investigated for alleged corruption, market manipulation”. 31 de mayo de 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/trafigura-investigated-for-alleged-corruption-market-manipulation


[3] Expansión. “Vitol, Trafigura y Glencore, señaladas de presunta corrupción ligada a Petrobras”. 5 de diciembre de 2018. https://expansion.mx/empresas/2018/12/05/vitol-trafigura-y-glencore-senaladas-de-presunta-corrupcion-ligada-a-petrobras

martes, 3 de agosto de 2021

Tras las rejas, Naman Wakil, el "empresario" sirio-venezolano que sobornó a funcionarios de PDVSA y lavó dinero en EE. UU.

Por Maibort Petit

  Se le conocía en Caracas por estar vinculado a los jerarcas del régimen de Venezuela y por haberse enriquecido gracias negocios corruptos. Este martes, sin embargo, Naman Wakil fue arrestado por agentes del FBI en Miami, tras ser acusado de delitos relacionados con su presunto papel en un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y lavar fondos para obtener contratos de PDVSA y de la empresa de alimentos controlada por el Estado venezolano, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).

    En septiembre de 2019, Venezuela Política publicó un documento que establecía la relación entre Nama Wakil y el exMinistro de Alimentación, Carlos Osorio. 

Un documento muestra negocios irregulares entre ex-titular el Ministerio de Alimentación de Venezuela y un empresario sirio

  Según documentos judiciales, desde 2010 hasta al menos septiembre de 2017, Naman Wakil, de 59 años, ciudadano sirio y residente permanente legal de los EE. UU., supuestamente conspiró con otros para pagar sobornos a funcionarios de la empresa estatal CASA, los de PDVSA y varias empresas extranjeras que operan en la faja petrolera del Orinoco de Venezuela. 

  Wakil habría pagado sobornos para obtener, al menos, $ 250 millones en contratos para vender alimentos a CASA y hacer negocios con las empresas conjuntas de PDVSA, incluida la obtención de contrataciones altamente inflados (por un valor de unos $ 30 millones) para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA. 

  Wakil lavó fondos relacionados con el esquema de soborno desde y hacia cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y compró 10 unidades de apartamentos en el sur de Florida, un avión de $ 3.5 millones y un yate de $ 1.5 millones, entre otras cosas. Wakil también utilizó una parte de los fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.

  Wakil está acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de la FCPA, conspiración para cometer blanqueo de capitales, blanqueo de capitales promocionales internacionales y tres cargos de participación en transacciones que involucren propiedad de origen criminal. 

   De ser declarado culpable, Wakil enfrenta una pena máxima de 80 años de prisión. 

     Hoy martes, Wakil hizo su aparición inicial en la corte federal a la 1:30 PM ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Lauren Louis en Miami.

   El anuncio de la detención fue hecho por el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth A. Polite Jr.; el Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González; el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Anthony Salisbury y el Especialista Interino de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Miami, Tyler R. Hatcher. 





miércoles, 28 de julio de 2021

PDVSA se planta en la corte e insiste en desestimación de demanda de Syracuse Mountains Corporation

  Alega que la demandante no cumplió los términos de los contratos que contemplan cláusulas de No Acción.

Por Maibort Petit

   Ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Petróleos de Venezuela S.A. insiste que se debe desestimar la demanda que en su contra entabló Syracuse Mountains Corporation, por inclumplimiento de contrato al no realizar los pagos de capital e intereses derivados de la tenencia de bonos emitidos por PDVSA y de los que la demandante es beneficiario final.

  La demandante reclama pagos no cumplidos desde 2017, aunque es una compañía registrada en Panamá, de acuerdo al portal Open Corporates, el 18 de noviembre de 2020, bajo el número 155699100[1].

Posiciones ante juez

   El 6 de mayo de 2021, los abogados de la firma Hughes Hubbard & Reed LLP, que representa los intereses de Syracuse Mountains Corp., conjuntamente con los representantes legales de Petróleos de Venezuela S.A., remitieron una comunicación a la juez Valerie E. Caproni, titular del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la causa en que la primera demanda a la segunda, para abordar los asuntos requeridos por el Aviso de Conferencia Previa al Juicio Inicial del 31 de marzo de 2021, antes de la Conferencia Previa al Juicio Inicial programada para mayo 14 de febrero de 2021.

  Para Syracuse el caso es simplemente por incumplimiento de contrato por parte de PDVSA al no cumplir con el pago de ciertos montos adeudados en virtud de ciertos pagarés.

   Estima la demandante que las acusaciones son indiscutibles porque es la beneficiaria final de las participaciones en cinco títulos de deuda por USD 333.300.000 emitidas por PDVSA de conformidad con cinco contratos de emisión celebrados entre 2007 y 2013; porque los Contratos y las Obligaciones Negociables establecen la promesa explícita e incondicional de PDVSA de realizar pagos de capital e intereses programados regularmente a los tenedores de las Obligaciones Negociable; y porque PDVSA no ha cumplido con los pagos de interés y principal desde noviembre de 2017.

   En tal sentido, Syracuse le manifestó a la juez Caproni que su interés la procura del pago del capital e intereses devengados y no pagados de los Bonos, así como los intereses previos al juicio y los honorarios de los abogados.

   Entretanto, PDVSA le manifestó a la magistrada que Syracuse no ha cumplido con los requisitos establecidos en los contratos de emisión para entablar una demanda para hacer cumplir los Bonos.

   En tal sentido recordó que cada contrato contiene una "Cláusula de no acción" que prohíbe las acciones de ejecución a menos que los tenedores de al menos el 25 por ciento del monto principal de los pagarés cumplan con ciertas condiciones previas al juicio, incluida la exigencia de que el fiduciario de cada contrato entable una demanda en nombre de todos los tenedores. Dado que Syracuse no cumplió estas condiciones, no tiene derecho a mantener sus reclamos contra PDVSA. En consecuencia, sostienen los abogados de la petrolera, la demanda debe desestimarse.

   Ambas partes reconocen la jurisdicción del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York sobre la materia sobre esta acción emprendida por Syracuse contra PDVSA.

  Igualmente, PDVSA le anunció a la juez Caproni su intención de presentar una moción para desestimar la acción en su contra, porque considera que Syracuse no tiene derecho a hacer cumplir las Obligaciones Negociables porque cumplió con los requisitos de la Cláusula de No Acción contenida en cada contrato.

  Por su parte, Syracuse adelantó que se opondría a la moción de desestimación, porque cree que tiene el derecho de iniciar la acción según los términos de los contratos y los bonos.

  De igual manera, anunció que, en cualquier momento, cuando lo estime apropiado, buscará un juicio sumario sobre la base de que los hechos y la responsabilidad son indiscutibles.

   Los abogados de Syracuse y PDVSA le manifestaron a la juez que hasta la fecha de la comunicación no habían discutido la posibilidad de llegar a un arreglo por estimar que era poco probable de alcanzarlo en la etapa del litigio en que se encontraban, aunque se manifestaron abiertos a discusiones en una fecha posterior.

   También presentaron una propuesta conjunta de un plan de gestión de casos y orden de programación con fechas que se contarán a partir del dictamen de la Corte sobre la moción de sobreseimiento de PDVSA. Sin embargo, las partes solicitaron que la Corte no entregar el auto de programación hasta que resuelva la moción anticipada de desestimación de PDVSA. 

    Mientras la petrolera creía que la moción de desestimación plantearía un problema en cuanto al derecho de Syracuse a iniciar esta acción en virtud de los contratos y pagarés, y propuso resolver el problema antes de participar en cualquier actividad adicional potencialmente innecesaria. Syracuse, como se señaló anteriormente, tiene la intención de oponerse a la moción de desestimación, pero consintió la propuesta de PDVSA sobre el momento de la entrada del plan de gestión del caso y la orden de programación. En aras de la eficiencia, las partes acordaron negociar los términos de una orden de protección mientras la moción de desestimación está pendiente.

  Por estas razones, las partes creían innecesaria una conferencia preliminar, pero manifestaron su disposición si el Tribunal consideraba lo contrario.

La moción de desestimación

   El 21 de mayo de 2021, PDVSA, a través de los abogados de la firma Hughes Hubbard & Reed LLP, remitieron al Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York una moción de desestimación de la demanda presentada en su contra por parte de Syracuse Mountains Corporation.

   La comunicación iba acompañada de un memorando de ley en apoyo de la moción para desestimar la denuncia presentada por Syracuse Mountains Corporation, la cual está sustentada únicamente en la queja del demandante y los documentos en los que se basó y adjuntó a su demanda, que a primera vista le impiden presentar sus reclamos actuales. Al presentar esta Moción, PDVSA advierte que se reserva todos los derechos y defensas que puedan estar disponibles y no renuncia a ninguno.

   El memorando explica, en primer lugar, que la demanda de Syracuse debe desestimarse con base a la Regla 12 (b) (6). Argumenta PDVSA que los contratos de emisión prohíben al demandante presentar estos reclamos, pues cada uno contiene una cláusula de "No acción" que impide que los tenedores de bonos entablen una demanda a menos que hayan cumplido ciertas condiciones previas a la demanda, incluido en particular el requisito de que representen al menos el 25 por ciento del capital de las notas. Lo pertinente es solicitar al fiduciario de las notas que adelante las reclamaciones en nombre de todos los tenedores de notas.

   Agrega que Syracuse ni siquiera alega que ha solicitado a los fideicomisarios de los pagarés que presenten estos reclamos en su contra ni ha cumplido con las otras condiciones previas al juicio contenidas en las cláusulas de No Acción. En consecuencia, bajo los términos claros e inequívocos de los contratos y las alegaciones de la demanda, las por incumplimiento de contrato deben desestimarse.

   Precisa que una moción para desestimar de conformidad con la Regla 12 (b) (6) requiere que el tribunal determine si los hechos alegados en la demanda son suficientes para demostrar que el demandante tiene un reclamo de reparación.

  Sostiene PDVSA que el tribunal para declarar un reclamo por incumplimiento de contrato bajo la ley de Nueva York, debe certificar que el demandante alegue: (1) un contrato válido; (2) desempeño del demandante; (3) incumplimiento del acusado; y (4) daños resultantes del incumplimiento. Cuando un contrato contiene una condición precedente inequívoca, debe alegar el cumplimiento de la misma para declarar un reclamo por incumplimiento del contrato; de lo contrario, la reclamación debe desestimarse.

    Reitera que los reclamos de incumplimiento de contrato presentados por Syracuse están sujetos a lo establecido en los contratos que, a saber, son e de fecha 12 de abril de 2007, el del 17 de noviembre de 2011, el de l17 de mayo de 2012 y el del 15 de noviembre de 2013, por lo que es necesario que el demandante cumpla con lo que en ellos se establece.

  Tales contratos en una sección titulada “Incumplimientos y remedios” estipulan que el demandante cumpla era con los contratos de emisión relevantes en cualquier acción para hacer cumplir los bonos o los contratos de emisión, indicando estos que "Los tenedores no pueden hacer cumplir el Contrato o los Pagarés excepto según lo dispuesto en el Contrato".

  Por tanto, la demanda debe ser desestimada porque el demandante no ha cumplido con las cláusulas de No Acción contenidas en los Contratos.

  Se explica que una cláusula de No Acción “es una disposición estándar presente en muchos contratos de fideicomiso” que limita los derechos de los tenedores de bonos individuales. Recuerda que, bajo la ley de Nueva York, una cláusula de No Acción prohíbe las reclamaciones de un tenedor de pagarés que no cumpla con las condiciones precedentes enumeradas en la obligación.  "Los tribunales que aplican la ley de Nueva York han encontrado cláusulas de no acción aplicables como regla general".

   Subraya el memorando que las alegaciones de la propia queja de Syracuse y los documentos adjuntos a la misma, demuestran que no cumplió con las cláusulas de No Acción, pues no se muestra en ella que haya notificado a los Fideicomisarios en virtud de las Notas sobre cualquier evento de incumplimiento.

   Tampoco hay alegato de que los tenedores de bonos que representan el 25 por ciento del capital total hayan solicitado a los Fideicomisarios en virtud de los Bonos que persigan cualquier reparación por parte de PDVSA.



  El demandante tampoco posee cerca el 25 por ciento de las Obligaciones Negociables en circulación que lo califique para presentar tal solicitud al Fiduciario.

  Finalmente, PDVSA sostiene que Syracuse no alega que haya brindado seguridad satisfactoria a los Fideicomisarios en virtud de los Pagarés o que estos, una vez solicitados, no cumplieron con dicha solicitud. Por lo tanto, en base a las disposiciones expresas e inequívocas de los documentos del contrato, es indiscutible que el demandante no cumplió con esas condiciones, esta queja debe ser desestimada.

PDVSA reitera su posición

   El 1 de julio de 2021, los abogados de PDVSA presentaron ante el tribunal, un memorando de respuesta en apoyo adicional de la demandada Petróleos de Venezuela S.A. de desestimar la demanda en su contra.

  Expuso que el memorando de ley del demandante en oposición a la moción de PDVSA para desestimar su demanda, no presenta ninguna razón por la cual sus reclamos no deben ser desestimados.

    En el memorando PDVSA asegura que Syracuse en su respuesta no niega que los contratos de emisión contengan una cláusula de no acción, como tampoco niega su incumplimiento de las cláusulas de No Acción, las cuales requieren que el 25 por ciento de los tenedores de bonos notifiquen al Fideicomisario que emprenda una acción colectivamente para todos los tenedores de bonos.

   Destaca que, por el contrario, el demandante argumenta que los extensos contratos de emisión que establecen los términos y condiciones de pago de los bonos no se aplican en absoluto a sus reclamaciones, que, según sostiene, se basan únicamente en los bonos y no en los contratos de emisión.

    Tal argumento, advierte PDVSA, ignora la realidad comercial de que cada contrato es una parte crítica e inseparable de la nota, como igualmente ignora el lenguaje sencillo de la demanda, en la que repetidamente dice que su reclamo se basa en los términos de los contratos. Además, ignora, y de hecho no cita una sola vez, las disposiciones de los propios Bonos que establecen que "los Tenedores no pueden hacer cumplir el Contrato o los Bonos excepto según lo dispuesto en el Contrato".

   Debido a que se requirió al demandante que cumpliera con el Contrato para hacer cumplir las Obligaciones Negociables, y debido a que el Demandante admite que no lo hizo, sus reclamos deben desestimarse, reitera PDVSA.

   PDVSA pidió al tribunal que desestime la demanda con perjuicio de la falta de presentación de reclamo y otorgue cualquier otro remedio que el Tribunal estime oportuno.

CITA

[1] Venezuela Política. “Extraña "empresa" offshore panameña demandó a PDVSA en Nueva York por más de $333 millones por incumplimiento de pagos de capital e intereses de Bonos”. 22 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/extrana-empresa-off-shore-panamena.html