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lunes, 26 de septiembre de 2022

Tribunal de NY niega a socia de David Rivera, Esther Nuhfer, acogerse a la 5ta enmienda para no entregar pruebas requeridas en el caso que involucra $15 millones de dólares de CITGO

  Un tribunal de Nueva York ordenó a Esther Nuhfer, dueña de Communicatios Solutions, a entregar las evidencias solicitadas en el juicio contra Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista, David Rivera acusada por PDV USA de incumplir un contrato que por $50 millones de dólares le otorgó el régimen de Nicolás Maduro para que ejerciera acciones de cabildeo a favor de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Washington DC en 2017. 

 La juez Lauren Fleischer Louis, del Tribunal de Distrito Sur de Florida otorgó a PDV USA la moción que presentó para obligar a Esther Nuhfer a producir la documentación, al tiempo que rechazó la mayor parte de las objeciones de esta argumentó. En tal sentido dio un plazo de 14 días para que se produjera la entrega de documentos, estableciéndose que la producción de los papeles fuera continua y producto del acuerdo de las partes, la cuales debían reunirse para hacer la revisión y proceder en consecuencia.

   La orden de juez precisa que la entrega debía comenzar por aquellos documentos que ya se han identificado y entregado a su vez al gobierno, en razón de que las solicitudes tanto de la fiscalía como de la demandante son coincidentes.

  El tribunal ordenó, asimismo, limitar las exigencias de PDV USA a Esther Nuhfer dada su condición de tercera y no de demandada, otorgándole a esta la posibilidad de ir presentando objeciones en la medida en que tenga lugar la producción de los papeles.

  La magistrada también echó por tierra la pretensión de Nuhfer y su empresa de acogerse al privilegio de la Quinta Enmienda, al determinar que la misma no aplica en este caso.

  Pautó la celebración de una conferencia de estado en el ínterin del lapso ordenado, para que, si las partes continúan disputando el alcance de los documentos de respuesta obligados, puedan abordar el asunto y resolver la disputa de la manera más rápida y económica que sea posible

 Tal decisión se produjo durante una audiencia de descubrimiento celebrada el 23 de agosto de 2022, cuando comparecieron ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida, Philip L. Rezenstein, abogado de Esther Nuhfer; Brady M. Sulivan, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de la demandante PDV USA Inc.

La exigencia de PDV USA

  En primer término, Brady M. Sulivan reclamó que aun habiendo entregado correctamente las citaciones a Esther Nuhfer y su empresa Communication Solutions a objeto de que procediera a la producción de documentos del descubrimiento, hasta la fecha de la audiencia esto no había ocurrido. Expuso ante la magistrada que las objeciones de la demandada no resultaban válidas según la ley, primero porque se presentaron a destiempo, y por no ser correcto el argumento de que la documentación solicitada es muy amplia y exceden todos los límites justos de descubrimiento.

  Igualmente, Sulivan sentenció que a todas luces Nuhfer no actuó de buena fe asistiendo a esta deposición como sostiene su abogado, por cuanto así lo demuestran todas ls declaraciones juradas y pruebas documentales que ha entregado PDV USA, especialmente en lo atinente a su escrito de apertura. 

  Refirió que Nuhfer llevó a los servidores de las demandante a emprender una persecución inútil por toda Miami, lo cual ha costado miles de dólares. Advirtió a la juez que única razón por la que la demandada se presentó al tribunal fue porque un policía le entregó la citación en su casa luego de muchos intentos por notificarle.

  Del mismo modo, Sulivan le salió al paso a la creencia por parte de Esther Nuhfer de que la Quinta Enmienda le otorga licencia para negarse a presentar documentos en respuesta a las solicitudes de PDV USA, primero porque Communication Solutions es una corporación sobre la cual no han presentado evidencia de que se trate de una propiedad exclusiva. Una corporación no tiene una defensa válida de la Quinta Enmienda”, aseguró y luego agregó: “Nuhfer, como custodio de los registros aquí, no puede invocar la Quinta Enmienda incluso si el acto de producción incrimina al custodio de los registros”.

 Destacó el abogado de PDV USA que Communication Solutions firmó los subcontratos que forman el tema de probablemente la mitad de las solicitudes de documentos que se han formulado, los cuales fueron firmados por esther Nuhfer en representación de la empresa. Recordó que Communication Solutions recibió USD 4.5 millones del dinero de la demandante, canalizados por el demandado en el litigio subyacente.

  Además, dijo que la empresa de Nuhfer ayudó a redactar el contrato que está en disputa, lo cual se comprueba a través de los correos electrónicos que sirvieron para discutir y establecer los primeros borradores del mismo.

  Sulivan aseveró que la Quinta Enmienda tampoco aplica para Nuhfer en lo personal, toda vez que el hecho de que sea la poseedora de los documentos que se solicitan no la incrimina, pues eso es de conocimiento público. El abogado de PDV USA le refirió al tribunal que los documentos que Nuhfer se niega a entregar a la demandante, son los mismos que ya entregó al gobierno.

 El abogado citó palabras de Nuhfer cuando expuso en el escrito de oposición que tanto ella como David Rivera “son objeto de una investigación penal que, una vez más, está inextricablemente entrelazada con nuestro litigio. Claramente, la Sra. Nuhfer es un testigo clave aquí con documentos relevantes”.

 En alusión a la observación de la juez que le recordó que al no ser parte de la causa la norma determina minimizar la carga, Sulivan manifestó que, de hecho, PDV USA acordó reducir su exigencia de documentos y propuso que con la representación negar de Esther Nuhfer, establecieran un protocolo con términos de búsqueda y un rango de fechas para hacer que este proceso no sea tan pesado.

  La juez le preguntó respecto a los costos de la notificación y el procesamiento de la moción y Sulivan refirió que están solicitando el pago de los honorarios cancelados por PDV USA cliente a los notificadores de procesos, a los investigadores privados para  determinar el paradero y ubicación que permitiera localizar a Esther Nuhfer, así como la redacción del escrito de apertura y el trabajo asociado con eso. Describió que buena parte del trabajo del informe inicial se dedicó al tema del servicio.

Los alegatos de Nuhfer

  Por su parte, el abogado de Esther Nuhfer, Philip L. Rezenstein, explicó que su cliente es consultora política con dos décadas 20 de experiencia, que fue contratada hace 15 años por David Rivera, cuya demanda subyace a la de su representada. Se trató de un trabajo breve luego de que Rivera perdiera la elección.

  En tal sentido, Rezenstein estima que afirmar que David Rivera está “asistido” por Esther Nuhfer es incorrecto, toda vez que el tiempo que le asesoró difiere del periodo en la empresa de Rivera fue contratada por PDVSA.

 Sostuvo que es falso que Nuhfer ayudara a Rivera en la realización de su trabajo de consultoría con la petrolera venezolana. Refirió que lo que sí es correcto es que Esther Nuhfer ayudo a Interamerican Consulting, la empresa de David Rivera, a asegurar el contrato y advirtió: “Nuhfer no trabajaba para PDV USA ni su empresa tenía una relación contractual con PDV USA”.

 En tal sentido, Rezenstein denunció ante el tribunal el mal uso intencional de sus escritos a conveniencia y fuera de contexto. “(…) nunca le escribí a este tribunal que Nuhfer estaba trabajando con Rivera en su contrato con PDV USA y ganó millones de dólares. Eso no ocurrió”.

 Lo que según el abogado sucedió, fue que Nuhfer ayudó a obtener el contrato y le pagaron por ello, razón lo la cual no es acusada en este caso. “No hay privacidad contractual. Ella no estaba trabajando de cerca con Rivera”.

  Rezenstein advirtió a Sulivan que nunca dijo que su cliente no tenía objeciones ni la obligación de presentarlas en el tribunal. “Lo que dijimos fue que existe una buena causa. Dicen que no existe una buena causa”.

Y rebatió al abogado de PDV USA:

— En los casos que citamos, es bastante simple, un tercero que actuó de buena fe, y creemos que la Sra. Nuhfer actuó de buena fe, no solo aceptando sentarse para una deposición, entrando en discusiones, que finalmente no fueron fructíferas, pero las discusiones ocurrieron con frecuencia por teléfono y por correo electrónico en cuanto al alcance de la citación y la profundidad de lo que buscaban, y por lo tanto, según la jurisprudencia, eso es suficiente para resolver el problema de la buena causa.

  Respecto a la documentación solicitada a su cliente, reiteró que es demasiado amplia pues se pretende que Esther Nuhfer realice una búsqueda con expertos electrónicos y en recuperación de datos, para indagar en todas sus comunicaciones, todos sus textos, todos sus datos, todos sus correos electrónicos, para determinar si tiene o no mensajes relacionados con una reunión que tuvieron David Rivera con Joel Brakha, el gerente de los yates de Raúl Gorrín, porque se dice que una mujer estuvo presente en ese encuentro.

  Y refutó a Sulivan por no haber informado también al tribunal acerca de una declaración que le hicieron a Joel Brakha y le mostraron una fotografía de Nuhfer para que estableciera si era la mujer que había estado en la reunión y el hombre no pudo reconocerla.

  Advirtió que se trata de una solicitud con un costo financiero alto para su cliente, pues implican la contratación de un experto forense para que realice la búsqueda de los datos solicitados. También protestó la forma cómo los notificadores actuaron, al extremo de invadir la propiedad privada.

  Con relación a la amplitud de la documentación requerida, si bien es cierto que se han entregado ya papales a la fiscalía, Reizenstein advirtió aunque las citaciones son de naturaleza muy cercana, no son exactas y, por tanto, los documentos que se entregan al gobierno serían  algo diferentes a los que se proporcionarían a PDV USA.

  Para la magistrada resultaba incomprensible que Esther Nuhfer no pudiera presentar a PDV USA los mismos documentos que había presentado al gobierno y advirtió que la invocación de la Quinta Enmienda no era aplicable. Explicó que no siendo la empresa Communications Solutions de tipo unipersonal sino corporativo, no puede anularse la citación sobre la base de la invocación de la Quinta Enmienda. En tal sentido, estableció que si no hay privilegio por parte de Esther Nuhfer, tampoco lo hay para la empresa.

  El  tribunal planteó recurrir a otra vía distinta a la de recurrir a un experto forense para la recabación de los documentos solicitados por PDV USA, puesto que sería muy costoso para Esther Nuhfer. Sugirió simplemente acudir a las plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de que se dispongan y proceder a la producción de los documentos, luego de que la partes convengan en qué papeles específicamente se requieran. Del mismo modo conminó a las partes a revisar los documentos que ya se presentaron a la fiscalía y, a partir de allí, establecer si es necesaria la producción de otros.

  Lo que sí advirtió la juez fue que en las audiencias de descubrimiento exige la presentación de documentos se haga dentro de los 14 días que impone la norma.

  Dejó claro que por tratarse de una tercero en la causa, PDV USA debe ser sumamente específico al momento de establecer qué tipo de documentos está buscando, de manera de no obligar a Nuhfer a realizar una búsqueda que no sea proporcional a su su condición de tercero en esta causa.

jueves, 15 de septiembre de 2022

EE. UU.: Exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín Sanguino será sentenciado por delitos de corrupción y lavado de dinero en octubre 2022

  Inicialmente la lectura de la condena estaba prevista para el 12 de septiembre del presente 2022.

Por Maibort Petit

  El juez del Distrito Sur de Nueva York, Robert N. Scola Jr. aprobó la solicitud hecha por los abogados del exalcalde chavista de Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero, para el 26 de octubre de 2022. 

  Previamente, la Corte del Distrito Sur de la Florida había dictado una orden de decomiso por USD 3.800.000, equivalentes a los fondos irregulares recibidos en sus cuentas bancarias en Estados Unidos, provenientes de sobornos otorgados por contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. que buscaban a través de su intermediación, hacerse de contratos millonarios con la estatal.

   Hay que destacar que los activos de Marín Sanguino, así como los de su socio en las negociaciones irregulares en PDVSA, el exzar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Torres, han sido objeto de controversia en los tribunales estadounidenses, toda vez que personas señaladas como sus testaferros han emprendido una serie de diligencias en procura de hacerse de los bienes de los acusados. Ante estos intentos, el juez Scola ha frenado estas iniciativas al favorecer la posición de la fiscalía que se negaba a ello[1].

  Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022 por la Fiscalía de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. En la trama de corrupción que ha llevado al exfuncionario chavista al banquillo de los acusados en Nueva York, este usó su posición política y de poder, para beneficiar a empresarios que suministran bienes y servicios a PDVSA y que en la acusación del gobierno se identifican como Co-conspirador 1 y 2. El segundo de estos elementos fue identificado por la fiscalía como Carlos Enrique Urbano Fermín, propietario de la Constructora Cuferca C.A., quien igualmente es procesado por blanqueo de capitales en una corte de Florida en la que se declaró culpable[2].

Veamos a continuación detalles de las últimas diligencias del caso.

Orden Preliminar de Decomiso

  El 4 de agosto de 2022, Robert N. Scola Jr., Juez del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden preliminar de decomiso contra Jhonnathan Marín Sanguino.

  La acusación en su contra contemplaba el decomiso de todos los bienes, inmuebles o muebles que derivaran de las ganancias atribuibles al delito de conspiración para cometer lavado de dinero que se le imputó. El 23 de junio de 2022, el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad que Marín Sanguino presentó y en la que convino una sentencia de decomiso de dinero por la cantidad de USD 3.800.000.

  Dicha cantidad es equivalente a los sobornos que Jhonnathan Marín Sanguino recibió entre 2013 y 2017 cuando se desempeñó como alcalde de Guanta (estado Anzoátegui) a cambio de influir en los funcionarios de PDVSA encargados de aprobar contratos millonarios a las empresas que aparece en la acusación y se identifican como Co-conspirador 1 y 2, las cuales proporcionaban bienes y servicios a la petrolera. Los pagos de los citados sobornos se efectuaron a través de cuentas bancarias en bancos de Florida.

 Marín Sanguino recibió el dinero en cuentas controladas por él, familiares y otros, que en parte fue destinado a la compra de propiedades en Florida.

  El juez Scola dictó la sentencia de decomiso por USD 3.800.000 contra Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino y autorizó el descubrimiento que conduzca a identificar, ubicar o disponer de bienes decomisados y para resolver cualquier petición de terceros.

 El magistrado dejó establecido que el Tribunal conservará la jurisdicción en el caso para hacer cumplir la orden la cual podrá modificar o bien dictar otras órdenes según sea necesario.

Marín Sanguino solicita continuación de la pena

 El 6 de septiembre de 2022, Michael B. Nadler, abogado de Jhonnathan Marín Sanguino, presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una moción sin oposición, a objeto de prolongar la sentencia hasta, por lo menos, el 24 de octubre de 2022.

  La sentencia de acuerdo a lo programado, estaba prevista para ser dictada el 12 de septiembre de 2022.

  Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022; tuvo su comparecencia inicial el 25 de abril de 2022; se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero el 23 de junio de 2022.

  Ahora, por primera vez, se solicita la continuación de la pena y Nadler advierte que la solicitud no debe interpretarse como el deseo de crear una demora injustificada. Además, advirtió el abogado que estaría fuera de la ciudad en la fecha programada y la semana siguiente.

 En tal sentido presentó una propuesta de orden de aplazamiento al tribunal y el juez Scola aprobó que la misma fuera el 26 de octubre a las 8:30 AM.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Juez bloqueó nuevo intento de los testaferros de Jhonnathan Marín y Pedro León Torres por hacerse de activos decomisados por EE. UU.” 20 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/juez-bloqueo-nuevo-intento-de-los.html

[2] Venezuela Política. “Justicia de EE. UU. : El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)”. 16 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/jhonnatan-marin-un-chavista-corrupto.html


 

miércoles, 31 de agosto de 2022

Miami: Así marcha el caso criminal contra Naman Wakil, el hombre que hizo negocios con el exministro de alimentos chavista, Carlos Osorio

   En el sistema financiero estadounidense habría lavado los fondos mal habidos en sus relaciones con el chavismo.

Por Maibort Petit

   Desde que se produjo su arresto el 3 de agosto de 2021[1] —luego de llevar a cabo una larga investigación por parte de la fiscalía y agencias del gobierno de los EE. UU.— la causa contra Naman Wakil se ha desarrollado en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida en Miami, donde las partes mueven sus fichas para establecer la veracidad de los cargos de corrupción y lavado de dinero que un gran jurado determinó que le eran imputables al empresario de origen sirio, con una larga trayectoria de supuestas negociaciones irregulares con el régimen venezolano.

  Sus relaciones con el chavismo lo llevaron a amasar una fortuna que solamente en la cuenta de un banco suizo había $ 400 millones. Una “gran hazaña” si se toma en cuenta que se inició como vendedor ambulante en Venezuela. Desde entonces, el fraude habría sido la impronta de sus negocios, toda vez que se dice que compraba alimentos a punto de vencerse y la negociaba con el estado venezolano con sobreprecio, gracias a sus relaciones con el mayor general, Carlos Osorio, exministro de alimentación[2].

 Wakil, quien reside en el sur de Florida desde hace varios años, estaría, supuestamente habría participado en un esquema corrupto consistente en el pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio del otorgamiento de millonarios contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). Los fondos de estas negociaciones irregulares presuntamente eran lavados en el sistema financiero de los Estados Unidos.

 Los cargos presentados contra Naman Wakil en la acusación formulada por el Gran Jurado el 29 de julio de 2021 son: conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violar la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran bienes derivados de actividades delictivas.

  Entre 2010 y 2017, supuestamente Wakil conspiró con otros con el propósito de sobornar a funcionarios de CASA, así como también a funcionarios de PDVSA y las empresas mixtas a esta última asociadas, a quienes habría sobornos para obtener al menos $ 250 millones en contratos para vender alimentos a la referida corporación de alimentos venezolana y para lograr contratos con la estatal petrolera y las empresas conjuntas afiliadas a ella por al menos USD  30 millones.

  El dinero de los sobornos, supuestamente fue lavado por Naman Wakil mediante el esquema corrupto en el que desde y hacia cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida hacía circular los fondos. También habría comprado 10 apartamentos, un avión de $ 3.5 millones y un yate de $ 1.5 millones, entre otros bienes.

  De acuerdo a la acusación, una serie de transferencias y operaciones bancarias evidenciarían los manejos irregulares llevados a cabo entre Wakil, los funcionarios venezolanos de CASA, los de PDVSA, de Petropiar S.A. y de Petromiranda S.A., con las empresas de comida y petroleras de empresario sirio, valiéndose de las cuentas bancarias en EE. UU., Suiza y las Islas Caimán[3].

La fianza

  Naman Wakil pagó una alta fianza a objeto de enfrentar el proceso judicial en su contra en libertad.

  El 18 de agosto de 2021, la juez Lauren. F. Louis, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Distrito Sur de Florida, División de Miami, estableció una fianza que el acusado, Namam Wakil y sus fiadores, acordaron pagar.

Así, reconocieron su obligación de pagar a los Estados Unidos de América, la suma de $ 50.000.000, de los cuales, $ 21.248.434,25 serían depositados en la Secretaría del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Distrito Sur de Florida, División de Miami.

  Algunas condiciones conllevaba el otorgamiento de dicha fianza, como la obligación de comparecer ante el Tribunal y en cualquier otro lugar en el que se requiera, de acuerdo con todas y cada una de las órdenes e instrucciones relacionadas el caso, incluida la comparecencia por violación de una condición de liberación del acusado, según lo ordene este Tribunal o cualquier otro Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

No puede salir del país

  Queda entendido que Wakil no puede viajar fuera del Distrito Sur de Florida a menos que el Tribunal lo apruebe antes de dicho viaje. El Distrito Sur de Florida consta de los siguientes condados: Broward, Highlands, Indian River, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie.

  El acusado tampoco puede cambiar su dirección actual sin previa notificación y aprobación del Oficial de Libertad Condicional de los EE. UU. o del Tribunal.

  Naman Wakil debe cooperar con los agentes del orden público en la recolección de una muestra de ADN si la recolección es requerida por 42 U.S.C. Sección 14135a.

 Se compromete a no violar ninguna ley federal, estatal o local mientras esté en libertad por este caso. Si llegara a entrar en contacto con la policía, deberá notificar al oficial de libertad condicional de los EE. UU. dentro de las 72 horas.

   El 4 de octubre de 2021, Lauren F. Louis, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Distrito Sur de Florida, División de Miami, declaró abierta la causa de los Estados Unidos contra Naman Wakil, presentada ante esa instancia judicial.

  El 6 de octubre, de 2021, la juez Louis estableció una fianza personal de 50 millones de dólares y una fianza en efectivo de 21,3 millones de dólares que debían depositarse en el registro del Tribunal.

  Naman Wakil, acusado de los delitos de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; violación a Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Lavado Internacional de Instrumentos Monetarios; y Participar en Transacciones en Bienes Derivados Criminalmente; debía permanecer en confinamiento domiciliario con monitoreo por GPS pagado por el demandado.

El demandado accedió en comparecer a través de video.

Calendario procesal

  El 4 de noviembre de 2021, Kathleen M. Williams, juez del Distrito Sur de Florida, estableció el calendario del juicio contra Naman Wakil a desarrollarse en dos semanas que comenzarían el 20 de diciembre de 2021. De no ser juzgado durante dicho período, se reiniciaría para cada calendario de juicio sucesivo hasta que se juzgue o resuelva.

  Llamó a todos los abogados a estar presentes por Video Zoom a las 11:00 a. m. el 14 de diciembre de 2021, en la Sala 11-3 del Palacio de Justicia de los Estados Unidos, 400 N. Miami Avenue, Miami, Florida.

  Respecto al Descubrimiento, la juez Williams ordenó que todas las respuestas a la Orden Permanente de Descubrimiento y/o la Regla Local 88.10 se proporcionará de manera oportuna. Advirtió que si no se proporciona un descubrimiento oportuno sin la aprobación previa del Tribunal para una extensión de tiempo, podría resultar en la imposición de sanciones, incluida la exclusión de pruebas.

 Dijo que las notificaciones 404(b) debían incluir por escrito una descripción fáctica específica de la naturaleza general de la evidencia extrínseca que se busca presentar.

  Sobre las mociones, la magistrada recordó que las mociones previas al juicio en casos penales deben cumplir con la Regla Local 88.9, presentarse dentro de los 28 días posteriores a la lectura de cargos del acusado a quien se aplica la moción, excepto las que surjan de un evento posterior a la lectura de cargos, las cuales se presentarán dentro de un tiempo razonable después del evento. Las respuestas a las mociones se presentarán antes de la fecha límite establecida por la Regla Local 7(c)(1).

  A menos que se indique lo contrario, las mociones no serán remitidas a un juez de instrucción y deberán ir acompañadas de una declaración escrita que certifique que el abogado de la parte actora ha consultado con el abogado contrario en un esfuerzo de buena fe para resolver por acuerdo el tema de la moción según lo requiere la Regla Local 88.9.

 Subrayó que todas las mociones de continuación deben hacerse por escrito y presentarse al menos 48 horas antes de la llamada de calendario. Las mociones in limine también deben presentarse por escrito antes de la convocatoria de calendario.

  La juez instruyó para que partes presenten propuestas de preguntas de voir dire, propuestas de instrucciones para el jurado y listas de anexos propuestos antes de la convocatoria de calendario.

 Igualmente, ordenó que todas las solicitudes de Writs Ad Testificandum se presenten a más tardar 14 días hábiles antes del primer día del período de prueba programado para garantizar el tiempo adecuado para el procesamiento.

 Determinó que las si cualquiera de las partes busca presentar transcripciones en el juicio, la parte solicitante deberá presentar una copia a todos los abogados por lo menos 10 días antes de la fecha programada para el juicio.

  Llamó a los abogados a hacer arreglos con la Oficina de Prisiones para la vestimenta apropiada para el acusado bajo custodia antes de la fecha programada para el juicio. También alertó que se notifique al Tribunal si se requiere un intérprete, al menos 24 horas antes de cualquier audiencia o juicio.

  Finalmente, la juez Kathleen M. Williams ordenó que los elementos de prueba que se ofrecerán como prueba sean etiquetados previamente de acuerdo con la lista de elementos de prueba propuestos. Las etiquetas de exhibición incluirán el número de caso.

Fiscalía responde a la orden de Descubrimiento

  Michael N. Berger, asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, presentó ante el tribunal homónimo, la respuesta del gobierno a la orden permanente de descubrimiento emitida por la referida corte.

  En primer lugar, la Fiscalía refirió que no tenía conocimiento de ninguna declaración escrita hecha por el acusado a la policía, así como tampoco de ninguna declaración oral hecha por éste a cualquier persona conocida por él como agente del orden público.

  Informó que ningún acusado testificó ante el Gran Jurado y entregó una copia del NCIC de los demandados.

  Subrayó que los libros, papeles, documentos, fotografías, objetos tangibles, edificios o lugares que el gobierno tenga la intención de utilizar como prueba en el juicio para probar su caso principal, o que hayan sido obtenidos o que pertenezcan al acusado, podrán ser inspeccionados en un momento mutuamente conveniente en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Se fijó tentativamente el 13 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas para ello. .

  Advirtió que los anexos a esta respuesta de descubrimiento no son necesariamente copias de todos los libros, papeles, documentos, etc., que el gobierno pueda tener la intención de presentar en el juicio.

  Informó que no se realizaron exámenes físicos o mentales ni pruebas o experimentos científicos en relación con este caso.

  La Fiscalía solicitó la divulgación y producción de los materiales enumerados en los puntos 1, 2 y 3 de la Sección B de la Orden Permanente de Descubrimiento. Se comprometió a divulgar cualquier información o material que pueda ser favorable sobre los temas de culpabilidad o castigo, así como también información de cualquier pago, promesa de inmunidad, clemencia, trato preferencial u otros incentivos hechos a posibles testigos del gobierno. También precisó que divulgará cualquier condena previa de cualquier presunto co-conspirador, cómplice o informante que testifique para el gobierno en el juicio.

  El gobierno aseguró que informará oportunamente al acusado de su intención, si la hubiere, de presentar durante su caso prueba principal de evidencia de conformidad con F.R.E. 404(b). Igualmente, notificó que todas las pruebas puestas a su disposición para su inspección, así como todas las declaraciones divulgadas en este documento o en cualquier carta de descubrimiento futura, pueden ofrecerse en el juicio.

  Se hizo mención a que la acusación refiere que Naman Wakil pagó sobornos a los funcionarios venezolanos 1 y 2 (altos funcionarios de la empresa estatal de alimentos de Venezuela llamada CASA) de 2010 a 2014 y luego blanqueó el producto de esos sobornos en el Distrito Sur de Florida en años posteriores. Advirtió que también puede presentar pruebas de que igualmente les pagó sobornos entre los años 2007 y 2010. Considera el gobierno que dichas pruebas constituyen pruebas inextricablemente entrelazadas.

  La acusación formal contiene acusaciones de que el acusado pagó sobornos al Funcionario venezolano 3 (alto funcionario de Petromiranda) y al Funcionario venezolano 4 (alto funcionario de Petropiar) entre 2014 y 2017. El gobierno puede presentar pruebas de que el acusado pagó sobornos a otros funcionarios de Petromiranda y Petropiar durante este período. El gobierno cree que tales pruebas, y la manera en que se presentarían en el juicio, constituyen pruebas inextricablemente entrelazadas, pero las menciona aquí con mucha precaución.

Wakil pide más libertad

  El 20 de diciembre de 2021, Stephen James Binhak de la firma The Law Office of Stephen James Binhak PLLC; Jackie Perczek y Howard Srebnick, del despacho Blank Srebnick P.A., abogados de Namal Wakil, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una Moción para modificar las condiciones de liberación de su cliente.

 Wakil requirió de la Corte le fuera permitido viajar por todo el condado de Miami-Dade desde las 9:00 am hasta las 9:00 pm todos los días.

  Expuso que desde la primavera de 2019, conocía que era investigado por la Oficina del Fiscal Federal en Miami por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y delitos relacionados. Destacaron que durante estas averiguaciones Wakil nunca huyó y, de hecho, fue arrestado en su casa en Miami.

  Refiere que  la acusación de que fue objeto por un gran jurado federal, estuvo acompañada de un conjunto de decomisos que le permitieron a Estados Unidos presentar litispendencia contra las propiedades de Naman Wakil y sus empresas, así como congelar sus cuentas bancarias personales y corporativas.

  En el transcurso de la investigación de la que estaba al tanto, Wakil transfirió los ingresos de una cuenta bancaria en Suiza a una cuenta bancaria en Florida, lo que aumentó la cantidad de dinero que Estados Unidos pudo incautar, pero también demuestra los fuertes lazos del demandado con Estados Unidos y su deseo de permanecer en el país.

  Subraya la moción que aun cuando la acusación no contempló dos de las cuentas bancarias de Wakil, a saber, una en suiza a su nombre y la de su esposa con aproximadamente $21 millones; asimismo otra cuenta suiza a nombre de su esposa con $ 5 millones que el acusado transfirió a EE. UU. y ahora, la cuenta más grande está en el registro del Tribunal y sirve como la parte en efectivo de la fianza. Entretanto, los ingresos de la cuenta más pequeña se colocaron en una cuenta controlada exclusivamente por el ex agente y abogado del FBI, Ross Gaffney, para mantenerlos en depósito y desembolsarlos únicamente para los gastos familiares ordinarios. Naman Wakil no tiene autoridad de firma sobre esta cuenta.

  Destaca la moción que Wakil también tiene fuertes lazos con los Estados Unidos del que es residente permanente desde 2009, con domicilio en Miami. Indicaron que aparte de unas vacaciones en Europa y unas vacaciones en las islas del Caribe, Wakil no ha salido de los Estados Unidos desde 2012 y entregó su pasaporte venezolano.

  También refirieron que ha vivido en la misma casa durante los últimos 9 años con su esposa de 24 años y tres hijos en edad universitaria.  

 Advirtieron que Naman Wakil no tiene acceso al avión privado en el que su esposa tiene participación, como tampoco es directivo de la empresa que lo  ministra, a saber, Citation X17 Ventures, LLC.

  Reiteró que Wakil solamente deja su casa para asistir a la iglesia, visitar a sus abogados y asistir a una conferencia de descubrimiento en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Del mismo modo subrayaron la sólida relación que el demandado mantiene con su oficial de libertad condicional.

  Consideraron los abogados que un toque de queda era más que suficiente para garantizar la comparecencia de Wakil en el juicio, en lugar del arresto domiciliario.

  Dado que Naman Wakil ha gravado voluntariamente los activos que controla, y los Estados Unidos gravaron sus otros activos, está demostrado que no tiene ningún incentivo para abandonar EE. UU.donde mantiene sus vínculos familiares.  Recordaron que  aunque nació en Siria, el acusado no tiene pasaporte sirio y aunque es ciudadano venezolano, no ha estado en Venezuela desde 2012, aparte de que entregó dicho documento de identidad a su oficial de libertad condicional.

 Segunda respuesta de EE. UU. a la orden de Descubrimiento

  Michael N. Berger, asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, presentó la Segunda respuesta de los Estados Unidos a la orden permanente de descubrimiento.

 En esta ocasión, el gobierno entregó presentaciones judiciales (orden ex parte), producciones del gran jurado (registros bancarios), transcripciones del gran jurado de declaraciones de testigos, registros de un MLAT (registros bancarios de Suiza), informe de perito en derecho venezolano, informes de entrevistas de testigos, solicitudes de visa estadounidense de varias personas y documentos proporcionados por testigos.

  El fiscal Berger refirió que esta Segunda Respuesta tenía por objeto aclarar de la respuesta inicial que el Gobierno puede presentar un testigo experto relacionado con la ley venezolana y una explicación de su prohibición de soborno/corrupción.

REFERENCES

[1] Department of Justice. “Executive Arrested and Charged for Bribery and Money-Laundering Scheme”. 4 de Agosto de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/executive-arrested-and-charged-bribery-and-money-laundering-scheme

[2] Venezuela Política. “Namam Wakil: De vendedor ambulante a contratista millonario del chavismo”. 17 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/namam-wakil-de-vendedor-ambulante.html

[3] Venezuela Política. “Así se acusa a Naman Wakil en el Tribunal del Sur de la Florida”. 10 de septiembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/09/asi-se-acusa-naman-wakil-en-el-tribunal.html


miércoles, 24 de agosto de 2022

Conoce el caso de Rixon Rafael Moreno Oropeza, un socio de Naman Wakil, que fue acusado por EE. UU. de pagar sobornos millonarios a funcionarios de Petropiar y lavar dinero en bancos estadounidenses

  El contratista de PDVSA está vinculado al caso de Naman Wakil, acusado por los fiscales federales de la Florida de delitos financieros, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de empresas del Estado venezolano. 

Por Maibort Petit

   Rixon Rafael Moreno Oropeza, un contratista del Estado venezolano, fue acusado por un gran jurado federal en Miami de lavar dinero en el sistema financiero estadounidense proveniente de contratos con sobreprecio que obtuvo a través del pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar, una empresa mixta que incluye acciones de PDVSA y Chevron.

  De acuerdo a la acusación, desde al menos 2015 hasta al menos mayo de 2019, Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, habría participado en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de esa empresa mixta.

"Moreno Oropeza supuestamente acordó pagar un soborno de $1 millón a un alto funcionario del gobierno venezolano para instalar a otra persona como funcionario de alto rango en la división de adquisiciones de Petropiar", dice la acusación.

Así se acusa a Naman Wakil en el Tribunal del Sur de la Florida

   En los documentos federales se asegura que "Moreno supuestamente envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida. A cambio de estos sobornos, Moreno recibió beneficios que incluyen más de $30 millones en pagos por los contratos en sus cuentas bancarias estadounidenses". 

  El acusado, dice la demanda, recibió aproximadamente $2.7 millones de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real. 

 Los fiscales federales sostienen que Moreno Oropeza habría usado las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida.

Los cargos  acusados:

  Moreno Oropeza fue acusado de los siguientes cargos:

1) Concierto para delinquir para lavar dinero; 

2) Encubrimiento lavado de dinero; 

3) Lavado de dinero promocional internacional; y 

4) Participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas. 

  Si es declarado culpable, Moreno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas. 

Los negocios ligado a Naman Wakil

    De acuerdo a los documentos judiciales, Rixon Rafael Moreno Oropeza está vinculado a otro contratista corrupto de PDVSA, e igualmente acusado por los fiscales del Sur de la Florida: Naman Wakil, quien está siendo procesado en Miami por haber estafado a Petropiar, PetroMirada y a CASA con contratos de proveeduría con sobreprecios que superan el 100 % en muchos casos de los precios del mercado.

   En septiembre de 2021, Estados Unidos acusó a Naman Wakil de siete cargos relacionados con actividades de lavado de dinero de fondos supuestamente provenientes de sobornos a funcionarios venezolanos con el objetivo de obtener contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de la empresa de alimentos Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).

   Específicamente, los cargos contra Wakil, son Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Blanqueo internacional de instrumentos monetarios; y Participar en transacciones con propiedad derivada del delito.

    Naman Wakil es un ciudadano de Siria con residencia legal en los Estados Unidos que mantenía cuentas bancarias personales y de inversión en bancos de los E. UU., las Islas Caimán y Suiza.

     En el juicio contra Wakil aparecen involucrados un grupo de cómplices de nacionalidad venezolana que habrían participado en el enorme esquema de corrupción para expoliar dineros de PDVSA, Petropiar, Casa y otras empresas mixtas ligadas al Estado venezolano.

    En los registros de cuentas que se manejan en la fiscalía aparecen los socios que trabajaron con Naman Wakil para lavar millones de dólares en Estados Unidos, incluyendo las cuentas bancarias de las empresas de maletín Distribuidora Original Rex CA e Importaciones Del Sur Zubierreta pertenecientes a Rixon Rafael moreno y a Rosaling Moreno Oropeza. También se incluyen récords bancarios de la Constructora Masein CA, Stephany Servicios CA, Power Petroleum de Venezuela.

  Una de las firmas de Moreno Oropeza, Rex Group Inc fue registrada en el estado de la Florida bajo el número P10000085177 el 18 de october de 2010. La compañía usa como dirección fiscal 6920 NW 106th Ave.,Doral, Fl 33178.

  Rixon Rafael Moreno Oropeza, cédula de Identidad venezolana, número 11.233.645, nació el 21 de agosto de 1975. Aparece ubicado en Lecherías, estado Anzoátegui.

   Los registros bancarios de las firmas de Rixon Moreno Oropeza son el banco Truist, anteriormente conocido como Corporación BB&T y SunTrust.



sábado, 13 de agosto de 2022

ConocoPhillips busca una orden de embargo de acciones de PDV Holding y PDVSA lucha por impedirlo

  En la Corte de Delaware, la empresa de energía procura cobrar una sentencia a su favor con acciones de CITGO.

Por Maibort Petit

   ConocoPhillips Golfo de Paria B.V. registró en Tribunal de Distrito de Delaware, una sentencia emitida en el Tribunal de Nueva York el 3 de diciembre de 2020, que confirmó un laudo arbitral a su favor y en contra de la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 

   Desde el 15 de junio de 2022, el demandante busca hacer cumplir dicha sentencia con la solicitud de emisión de una orden que autorice una orden de embargo fieri facias contra las acciones de PDV Holding Inc., propietaria de las acciones de CITGO Petroleum Corporation. Tal orden está condicionada al levantamiento de las sanciones impuestas por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Control (OFAC) o la concesión de una licencia específica por parte de dicho despacho del gobierno al demandante.

  Por su parte, PDVSA sostiene que el régimen de sanciones de la OFAC requiere la anulación de la sentencia registrada, la denegación de la solicitud de embargo y la desestimación de este procedimiento. Según la estatal petrolera venezolana, el embargo no es justiciable bajo Artículo III de la Constitución de los EE. UU.

ConocoPhillips pide ejecución de acciones de PDV-Holding

  El 15 de junio de 2022, Garrett B. Moritz, de la firma Ross Aronstam & Moritz LLP, presentó ante el Tribunal de Distrito de Distrito de Delaware una solicitud de orden que autorice la emisión del recurso de fieri facias propuesto por su representada ConocoPhillips Golfo de Paria B.V., contra las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), una corporación de Delaware que es propiedad de Petróleos de Venezuela S.A., Deudor del Fallo a favor de su cliente y contra cualesquiera otros bienes o derechos que PDVSA pudiera tener conexos a su titularidad sobre dichas acciones. Esto, en los mismos términos prescritos por el Juzgado en litigio paralelo.

   Las bases de esta moción se establecen en el Escrito de Apertura en Apoyo de la Moción del Demandante para una Orden Autorizando la Emisión de un Auto de Fieri Facias; la Declaración de Marcus J. Green, con fecha del 14 de junio de 2022, y los anexos que la acompañan, incluida la orden propuesta por el Demandante, el praecipe propuesto y el escrito de fieri facias propuesto por el Demandante.

Declaración jurada que acompaña la moción

   El 15 de junio de 2022, Marcus J. Green, abogado perteneciente a la firma Kobre & Kim LLP, que representa los derechos de ConocoPhillips Golfo de Paria B.V. en la demanda que mantiene contra la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. y Petróleos de Venezuela S.A. en el Tribunal del Distrito de Delaware, presentó una declaración jurada en apoyo a la Moción de su cliente para una orden que autorice la emisión de un Auto de Fieri Facias solicitada en la misma fecha en el contexto del proceso judicial que en dicha corte mantiene a objeto de lograr la ejecución de la sentencia que a su favor dictó un laudo arbitral y confirmó el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

  Informó que notificó la Moción a PDVSA con copia a Samuel T. Hirzel, Heyman Enerio Gattuso & Hirzel LLP; y Joseph D. Pizzurro, Kevin A. Meehan, Julia B. Mosse, y Juan O. Perla, abogados de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, firmas que representan al citado demandado.

  Asimismo, declaró que notificó la Moción a PDV Holding, Inc. con copia a Alexandra M. Cumings, de Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP; Nathan P. Eimer, de Eimer Stahl LLP.

  Adjuntó a la declaración jurada el recurso de fieri facias propuesto por ConocoPhillips dirigido a PDVH, así como la propuesta de prescripción de su representado en apoyo de su solicitud.

  Del mismo modo, Green adjuntó a su declaración una copia fiel y correcta de la sentencia dictada contra los Demandados y a favor de ConocoPhillips por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con fecha 3 de diciembre de 2020.

  También entregó al tribunal una copia fiel y correcta de la Declaración de divulgación corporativa de PDVH, tal como se presentó en Crystallex Int'l Corp. c. República Bolivariana de Venezuela et al., de fecha 21 de abril de 2022; y una copia fiel y correcta de la Estipulación que restringe a ConocoPhillips de solicitar la ejecución de la sentencia durante un período de 18 meses posteriores a la emisión de la sentencia, con fecha 3 de diciembre de 2020.

  Por último, Marcus Green anexó a la moción y a su declaración jurada, una copia fiel y correcta de la Garantía de cumplimiento adecuado de PDVSA conforme al Anexo G-2 en 7, originalmente adjunta como Anexo D del S.D.N.Y. Petición de Reconocimiento.

Sentencia certificada a favor de ConocoPhillips

  El 3 de diciembre de 2020, Lorna G. Schofield, juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, confirmó la sentencia y, por tanto, ordenó la ejecución de la decisión adoptada en un laudo arbitral en favor de ConocoPhillips Golfo de Paria B.V. y en contra de Corporación Venezolana del Petróleo S.A. y Petróleos de Venezuela S.A. emitida en Nueva York el 29 de julio de 2019. La secretaría del tribunal emitió una copia certificada de la decisión el 24 de mayo de 2022.

   En tal sentido, la juez Schofield dictó Sentencia Definitiva Monetaria a favor de ConocoPhillips Golfo de Paria B.V. contra Corporation Venezolana del Petróleo S.A. y Petróleos de Venezuela S.A., por la cantidad USD 48.008.707, monto que devengará intereses a la tasa establecida en 28 U.S.C. § 1961.

  Se advirtió que el Tribunal conservará la jurisdicción sobre las partes y el asunto para cualquier otro procedimiento que sea necesario para hacer cumplir los términos de la misma y para otorgar cualquier otra reparación adicional que se considere apropiada en el interés de la justicia.

 Asimismo, Lorna G. Schofield ordenó a la secretaría del tribunal que cierre el caso.

La Estipulación de restricción a ConocoPhillips

  El 3 de diciembre de 2020, la juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Lorna G. Schofield, aprobó la estipulación de restricción a ConocoPhillips de solicitar la ejecución de la sentencia durante un período de 18 meses posteriores a la emisión de la sentencia, presentada por Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP despacho de abogados que representa a la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. y Petróleos de Venezuela S.A.

  Entre otras consideraciones la estipulación contemplaba que ConocoPhillips Golfo de Paria B.V. no buscaría más reconocimiento o ejecución en los Estados Unidos o el Reino Unido de la sentencia final dictada en la acción por un período que finaliza en 

(i) la emisión de una licencia general o específica de la Oficina de Extranjería, lo que ocurra primero Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) autorizando la ejecución de la sentencia final contra los activos de los Demandados ubicados en los Estados Unidos; 

(ii) el levantamiento de las sanciones de la OFAC que permitirían la ejecución de esa sentencia por parte de personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos; o 

(iii) 18 meses a partir de la entrada de dicha sentencia; siempre que, sin embargo, nada en esta estipulación o la sentencia final dictada en ella se interprete como un consentimiento o aprobación de la concesión de una licencia OFAC.

  Igualmente, se estableció que la sentencia definitiva sobre el Laudo de la CCI devengará intereses posteriores a la sentencia a la tasa prevista en 28 U.S.C. § 1961; que cada una de las partes sufragaría sus propios costos y honorarios de abogados incurridos en relación con la Acción de Reconocimiento; y que cada una de las partes estipularía que el Tribunal dicte una sentencia en la forma de la sentencia propuesta.

PDVSA pide desestimar la moción de fieri facias

  El 29 de junio de 2022, / Samuel T. Hirzel, de la firma Heyman Enerio Gattuso & Hirzel LLP, que representa a Petróleos de Venezuela S.A., presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, un memorando en apoyo de su moción contraria de desestimación y nulidad de la sentencia registrada y oposición a la moción de la actora de un auto que autorice la emisión de un auto de fieri facias.

  Específicamente, PDVSA PDVSA solicitó al tribunal anular la Sentencia registrada, negar la Solicitud de embargo y desestimar dicho procedimiento en su contra por parte de ConocoPhillips Golfo de Paria B.V.

  Indicó que en caso de que el Tribunal se incline a conceder a la demandante alguna reparación, preservando expresamente todos sus derechos y defensas, incluidos sus derechos de apelación, PDVSA consiente en la reparación de conformidad con la Orden del 2 de marzo y la Orden del 28 de abril, y solicitó que la corte certifique su decisión de apelación interlocutoria.

  Considera PDVSA que ConocoPhillips Golfo de Paria no puede obtener la emisión de una auto de embargo condicionado a la concesión de una licencia específica por parte de la OFAC o al levantamiento de las sanciones de esta, sin obtener primero una licencia específica de la citada entidad.

  Asegura que el régimen de sanciones de la OFAC exige la anulación de la Sentencia Registrada y, en tal sentido, asevera que ConocoPhillips Golfo de Paria ya violó las regulaciones de la OFAC al registrar su sentencia en el Tribunal de Delaware bajo 28 U.S.C. § 1963 con el fin de hacerlo cumplir mediante el embargo de las acciones de PDV-H. Al respecto, argumenta que el registro de una sentencia crea automáticamente un gravamen judicial sobre cualquier bien inmueble propiedad de PDVSA en dicha entidad en la actualidad o en el futuro. Por lo tanto, la Sentencia Registrada se considera nula y sin efecto según las regulaciones de la OFAC y debe ser anulada por el Tribunal de conformidad con Fed. R. Civ. Pág. 60(b)(4).

  PDVSA refiere que la petición de embargo no es justiciable en virtud del artículo III de la Constitución de los EE. UU. porque, a la luz del régimen de sanciones de la OFAC, una decisión favorable no repararía el supuesto daño del demandante, sino que simplemente proporcionaría un derecho especulativo que puede que nunca tenga una realidad real.

  Por último. PDVSA argumenta que la Moción de embargo debe ser denegada de conformidad con 28 U.S.C. § 1610(c) porque no es razonable que ConocoPhillips Golfo de Paria inicie procedimientos de ejecución antes de obtener la autorización necesaria de la OFAC o hasta que esta levante las sanciones correspondientes.

ConocoPhillips refuta a PDVSA

  El 8 de julio de 2022, Garrett B. Moritz, de Ross Aronstam & Moritz LLP, abogados de ConocoPhillips Golfo de Paria B.V., presentó una moción de oposición a la moción de suspensión de Petróleos de Venezuela S.A. con respecto al auto fieri facias contra las acciones de PDV Holding Inc.

   La demandante considera que no hay base para una suspensión de la ejecución de la sentencia pues PDVSA ni siquiera intenta abordar, y mucho menos satisfacer, los requisitos legales para obtener la referida suspensión de los procedimientos. Advierte que no hay problemas complejos de alter ego para ser informados y resueltos en este caso y PDVSA ya ha informado sustancialmente sobre su oposición y ha presentado una moción cruzada para anular la sentencia.

  Refiere que el Tribunal está íntimamente familiarizado con todas las cuestiones presentadas por la Moción de ConocoPhillips y ya se ha pronunciado sobre ellas, lo que ilustra aún más la falta de necesidad de suspender los procedimientos. Estima que completar el sencillo informe para decidir esta acción no debería imponer ninguna carga sustancial adicional. Cree que el Tribunal debe decidir este asunto de manera consistente con Phillips Petroleum y Red Tree.

  ConocoPhillips manifestó que la Corte puede abordar las cuestiones planteadas por PDVSA en su solicitud de suspensión certificando su decisión de apelación interlocutoria, como ya lo hizo con Phillips Petroleum y Red Tree. 

  La solicitud de PDVSA de apelar esa decisión podría consolidarse con sus peticiones pendientes de apelar las órdenes del 2 de marzo en Phillips Petroleum y en Crystallex Int'l Corp. c. República Bolivariana de Venezuela, C.A., junto con otras solicitudes pendientes presentadas por ciertos acreedores de Venezuela y entidades estatales venezolanas.

  Por último, para Conoco Phillips Golfo de Paria B.V. la entrada del Tribunal de una orden otorgando la Moción en los mismos términos ya autorizados en Phillips Petroleum y Red Tree también serviría para guiar los procedimientos y al Magistrado Especial en Crystallex con respecto a agregar sentencias adicionales “de conformidad con la ley aplicable” a la venta de acciones de PDV-H actualmente contemplada por la Cuarta Orden de Procedimientos de Venta Propuesta en Crystallex.

Escrito de apoyo

  El 13 de julio de 2022, Garrett B. Moritz, de Ross Aronstam & Moritz LLP, en representación de ConocoPhillips Golfo de Paria B.V presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware un escrito en apoyo adicional a su moción para que se emita una orden de autorización de un auto de fieri facias y en oposición a la contra-moción de los demandados para desestimar y anular la sentencia registrada.

  ConocoPhillips solicitó que el Tribunal emita su orden propuesta, autorizando la emisión del auto de fieri facias propuesto al recibir evidencia de que el régimen de sanciones de la OFAC ha sido levantado o modificado sustancialmente, o que se ha otorgado una licencia a ConocoPhillips.

  Considera la demandante que el registro que hizo de la Sentencia de Delaware de conformidad con 28 U.S.C. § 1963 no fue prohibido por las sanciones de la OFAC y, por lo tanto, no es "nulo y sin efecto".

  Indicó que las sanciones de la OFAC no prohíben la emisión de una orden que autorice la emisión de una orden de fieri facias condicionada a la emisión de una licencia o el levantamiento de las sanciones correspondientes.

  Por lo tanto, a criterio de ConocoPhillips la Moción es justiciable y está lista para decisión.

  Finalmente, la demandante recordó que de conformidad con el impedimento colateral, los fallos anteriores de la Corte en litigios relacionados impiden que PDVSA prevalezca sobre los argumentos presentados en su oposición y recurso de contravención.


  

miércoles, 20 de julio de 2022

La 'justicia' venezolana estimó que ni Raúl Gorrín, Rantor, ni Eaton cometieron irregularidad alguna con el préstamo otorgado a PDVSA que los benefició con el diferencial cambiario

   La fiscalía y el tribunal que analizaron el caso, consideraron que no se violó la normativa legal vigente en Venezuela para la fecha de la operación.

Por Maibort Petit

   
   Mientras las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. han emprendido procesos judiciales por la presunta comisión de delitos lavado de dinero en torno a un empréstito que la empresa Rantor Capital C.A. otorgó a Petróleos de Venezuela S.A. para que luego esta cediera los derechos a otra compañía de maletín, Eaton Global Services Limited, logrando establecer que se trató de un ardid que buscó aprovecharse del diferencial que ofrecía el control cambiario venezolano, cuyas ganancias en parte procuraron legitimase en Estados Unidos, en Venezuela el 'sistema de justicia' decidió sobreseer la causa en 2020, por estimar que no existía conducta delictiva en tal acción.

La decisión

  El 16 de septiembre de 2020, Luisa Romero, juez del juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la solicitud presentada por Farik Karin Mora Salcedo, Fiscal Provisorio Sexagésimo Séptimo a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, a objeto de que se emitiera el decreto de sobreseimiento de la causa seguida en contra de Raúl Antonio Gorrín, Gustavo Perdomo y Víctor Eduardo Aular Blanco, señalados de la presunta comisión de delitos de Legitimación de Capitales, Traición a la Patria, Corrupción, Instigación Pública y Asociación, denunciada por Luis Alejandro Tellería Perdomo. 

  Para adoptar tal decisión la juez se sustentó en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que “…El sobreseimiento procede cuando: 2. El hecho imputado no es típico…”. Igualmente, la sentencia benefició a José Manuel Cerro y Marcel Orejanu, directores generales de la empresa Rantor Capital C.A.

  La juez Romero ordenó el cese de cualquier medida de carácter personal o real que pese sobre Gorrín, Perdomo Aular Blanco, Cerro y Orejanu, respecto a los hechos sobre los cuales recae la decisión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal. También, ordenó notificar la decisión a la Procuraduría General de la República.

La solicitud del fiscal

  El fiscal Farik Karin Mora Salcedo se refirió a la investigación emprendida el 28 de abril de 2017 en razón de la denuncia de Luis Tellería contra Julio Borges, José Gregorio Correa, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, por la presunta comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, Traición a la Patria, Corrupción, Instigación Pública y Asociación, a la cual se sumó el 14 de agosto del mismo año, el diputado suplente a la Asamblea Nacional, Oscar Adolfo Ronderos Rangel, y advirtió que se reservaba el derecho de continuar la investigación y realizar un pronunciamiento separado, dado que para la fecha aún estaban pendientes de ser recabadas las resultas de una serie de diligencias que eran imprescindibles para resolver acerca de la existencia de los hechos planteados en la denuncia.

   Apuntó el fiscal el diputado Ronderos Rangel llamó la atención sobre el hecho de que en el esquema denunciado de desvío de divisas, aunque ya había sido “profundamente investigado por el Ministerio Público y en algunos casos” se habían establecido responsabilidades y sanciones, existía un punto ciego en el cual no se había indagado y que, a saber, era “la asignación de divisas directamente por Petróleos de Venezuela (PDVSA) a particulares sin cumplir con el régimen cambiario existente”.

  Ronderos hizo hincapié en específico a la “operación por siete mil doscientos millones (BsF. 7.200.000.000,00) pagaderos en dólares, realizada presuntamente por PDVSA en contra del patrimonio de todos los venezolanos”.

  Destacaba el parlamentario que esta operación que data de 2014 fue ampliamente reseñada por los medios de comunicación en abril de 2017 cuando se apuntó que PDVSA funcionaba como un Cadivi paralelo en tiempos de la administración de Rafael Ramírez, cuando se favoreció a “jóvenes empresarios venezolanos denominados los bolichicos”.

   En específico, citó el préstamo referido anteriormente otorgado por Rantor Capital C.A., una entidad privada no financiera privada, que después cedió el contrato por un monto en dólares de USD 1.143 millones a la empresa Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong. Esta cesión fue notificada a la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA y se indicó que debido a que esta firma no poseía cuenta en moneda nacional venezolana, el pago del préstamo se haría en dólares o cualquier otra moneda convertible. En tal sentido, PDVSA hizo varios pagos por un monto de 511.913.270,74 Euros, equivalentes a USD 600.000.000, correspondientes a los 7.200.000.000 del préstamo otorgado, calculados a la tasa de cambio oficial para la fecha del pago, a saber, diciembre de 2014 y enero de 2015, la cual era de Bs. 6,30 por dólar.

  El diputado Ronderos acusó a Raúl Gorrín, a su socio Gustavo Perdomo, al consultor jurídico de PDVSA para la época, Carmelo Urdaneta Aquí, al director de la petrolera Víctor Aular que firmó el contrato. Dijo que, con las ganancias, Gorrín compró bonos, realizó manejos en el mercado paralelo y compró el banco Asociación Peravia de Ahorros y Préstamo en República Dominicana.

Los argumentos para el sobreseimiento

   La juez, Luisa Romero, luego de revisar toda la documentación del caso, determinó que la fiscalía llevó a cabo múltiples diligencias de investigación con el objeto de esclarecer los hechos denunciados, al tiempo que realizó las debidas peticiones de colaboración a los organismos necesarias.

  Refiere que la decisión se toma de en cuenta, en primer lugar, la suscripción del contrato el 17 de diciembre de 201e PDVSA y Rantor Capital C.A. por Bs. 7.200.000.000 el cual fue cedido posteriormente a Eaton Global Services Limited a la que la petrolera le canceló el préstamo en divisas. En segundo lugar, la presunta compra por parte de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo con las divisas obtenidas, de bonos de la deuda pública venezolana.

   Consideró la magistrada el hecho de que entre los representantes y directivos de Rantor no figuran ni Gorrín ni Perdomo, de acuerdo a lo indica el acta constitutiva de la empresa y sus estatutos; que Rantor cedió sus derechos a Eaton; que el préstamo fue entregado en su totalidad por Rantor a PDVSA; que la cesión fue notificada por Eaton a PDVSA y por ser una firma constituida en Hong Kong no poseía cuenta en moneda nacional y por ello los pagos se acordaron en divisas; que Eaton recibió de PDVSA los pagos desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el 2 de febrero de 2015 por 511.913.270, 74 Euros equivalentes a USD 600.000.000; que dicha cancelación se calculó a Bs. 6,30 por dólar como lo comprobó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; que PDVSA ya con anterioridad había suscrito préstamos a interés bajo la modalidad de línea de crédito; que al PDVSA al haber cancelado el préstamos de manera anticipada se hizo acreedora a un descuento del 47,5 por ciento; que los otorgados como préstamos financieros consolidados de PDVSA  al 31 de diciembre de 2014 se comprobó dicha ganancia; que el Banco Central de Venezuela (BCV)  y el Centro Nacional de Comercio Exterior del Ministerio Popular de Economía y Finanzas estableció que ni Gorrín, ni Perdomo ni Rantor Capital C.A. no aparecen en los registros estatales relacionados con el manejo y comercialización de bonos y demás títulos de la deuda pública de Venezuela.

  En función de ello, Luisa Romero pasó a resolver la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público y analizó los supuestos contenidos en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal que en sus numerales 1 y 2 establece que el sobreseimiento procede cuando el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuirse al imputado; y cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad.

  Se constató en este sentido el contrato se suscribió cumpliendo con las normas y las debidas autorizaciones y se comprobó que Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo no tuvieron participación expresa en la referida contratación, ni poseían relación con Rantor Capital C.A.

  Igualmente, se determinó que Gorrín y Perdomo no adquirieron bonos ni títulos valores para la fecha de la referida contratación.

  Respecto a la denuncia de que es ilícito el pago de obligaciones contractuales por parte de PDVSA en divisas extranjeras, la juez Romero se remitió al artículo 128 d e las Ley del BCV que establece que “Los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago”. Concluyó que, con base a esto, existe la posibilidad de pactar obligaciones en moneda extranjera.

  Igualmente refirió que el Código Civil permite la cesión de créditos, por lo que en contrato de cesión entre Rantor y Eaton está adecuada al ordenamiento jurídico venezolano.

  A magistrada concluyó que no hubo ninguna infracción al régimen cambiario en la operación realizada entre PDVSA, Rantor Capital C.A.y Eaton Global Services Limited.

  Por todo lo expuesto, Luisa Romero consideró procedente y ajustado en derecho declarar con lugar la solicitud de sobreseimiento presentada del fiscal Farik Karin Mora, pues estimó que la contratación objeto de la investigación, no fue ejecutada contrariando los procedimientos administrativos y disposiciones legales según los elementos de convicción e informes que corren insertos en la actuaciones, delimitarse la existencia de conducta delictiva ni pueden subsumirse los hechos dentro de un tipo penal específico”.