La enorme deuda con los bonistas pone el peligro el destino de los activos venezolanos en el extranjero

  Una decisión judicial respecto a la deuda que Venezuela mantiene con los tenedores de los Bonos Globales 2034, hace vislumbrar nuevas acciones contra las propiedades de la república extra fronteras.

Por Maibort Petit

   Un fallo emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a favor de ACL1 Investments LTD., ACL2 Investments LTD. y LDO (Cayman) XVIII Ltd., empresas tenedoras de Bonos Globales 2034, en el que se ordena a Venezuela el pago de capital e intereses vencidos, abre el camino para nuevos reclamos por ejecución de sentencia a través de los activos de la república en el extranjero, especialmente los que posee en el territorio de los Estados Unidos.

   La demanda la presentaron el 27 de septiembre de 2019 las empresas ACL1 Investments LTD, ACL2 Investments LTD, JORVIK Multistrategy Master Fund, L.P., LDO XVII Inc., Macrosynergy Trading Master Fund Limited, NN (L) Emerging Markets Debt (Hard currency); NN (L) Emerging Market Debts Opportunities; NN (L) Frontier Markets Debts (Hard Currency); York Capital Management, L.P; York Credit Opportunities Fund, L.P., York Credit Opportunities Investments Master Fund, L.P, y York Multi-Strategy Master Fund, L.P., en reclamo de pagos adeudados por dichos bonos desde enero de 2018.

   Se trata de los Bonos Globales de la serie ISIN No. US922646BL74 emitidos por Venezuela de conformidad con un Acuerdo con la Agencia Fiscal fechado el 6 de agosto de 1998 y modificado por primera vez el 14 de enero de 2004, con una segunda enmendada el 29 de septiembre de 2004.

La sentencia

   El juez del Distrito Sur de Nueva York, Louis L. Stanton, sentenció a favor de los demandantes ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd. y LDO (Cayman) XVIII Ltd. y en contra de la República Bolivariana de Venezuela, en la demanda en la causa en la que los primaron acusaron a la segunda de incumplimiento de contrato.

   En tal sentido, el magistrado estableció, respecto a ACL1 Investments Ltd. y sus reclamos por la emisión de 2004 con vencimiento en 2034 (ISIN US922646BL74), el impago por parte de Venezuela, del capital con vencimiento el 6 de diciembre de 2018 como consecuencia de la aceleración del endeudamiento por USD 57.215.000.

   Asimismo, ordenó el pago intereses sobre USD 57.215.000 de capital a una tasa de 9.375% anual calculada a partir del 13 de julio de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 2.056.164,06.

   Asimismo, por falta de pago de seis pagos de intereses semestrales adeudados e impagos que vencieron el 13 de enero de 2018, el 13 de julio de 2018, el 13 de enero de 2019, el 13 de julio de 2019, el 13 de enero de 2020 y el 13 de julio de 2020, se ordenó el pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2018, por USD 2.681.953,13, más intereses sobre el mismo a una tasa de interés simple del 9% anual a partir del 14 de enero de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 696.352,60.

   Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2018, ordenó la cancelación de USD 2.681.953,13, más por USD 576.656,66.

   Por impago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2019, ordenó el pago de USD 2.681.953,13, más intereses por USD 454.976,82.

   Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2019, ordenó pagar USD 2.681.953,13, más intereses por USD 335.280,88.

   Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2020, ordenó pagar USD 2.681.953,13, más por USD 213.601,03.

  Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2020, ordenó pagar USD 2.681.953,13, más intereses por USD 93.243,79.

  Del mismo modo, el juez Stanton estableció que para cupones e intereses previos al juicio después del 1 de diciembre de 2020, Venezuela debe pagar USD 18.867,56 por día hasta la fecha en que se registre la sentencia en el expediente de la Corte.

La orden respecto a ACL2

  En lo que respecta al demandante ACL2 Investments Ltd., con respecto a su reclamo por la emisión de 2004 con vencimiento en 2034 (ISIN US922646BL74), el juez estableció el impago de capital con vencimiento el 6 de diciembre de 2018 como consecuencia de la aceleración del endeudamiento y ordenó el pago de USD 20.288.000.

   Del mismo modo ordenó a Venezuela pagar intereses sobre USD 20.288.000 de capital a una tasa de 9.375% anual calculada a partir del 13 de julio de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 729.100,00.

   Por falta de pago de seis pagos de intereses semestrales adeudados e impagos que vencen el 13 de enero de 2018, el 13 de julio de 2018, el 13 de enero de 2019, el 13 de julio de 2019, el 13 de enero de 2020 y el 13 de julio de 2020, el juez ordenó, primero, el pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2018, por USD 951.000, más intereses a la tasa del 9% anual de interés simple a partir del 14 de enero de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 246.921,29.

  Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2018, ordenó el pago de USD 951.000, más intereses a la tasa del 9% anual por USD 204.478, 03.

  Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2019, ordenó el pago de USD 951.000, más intereses por USD 161.331,29.

  Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2019, ordenó pagar USD 951.000, más intereses por USD. 118.888,03.

   Por impago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2020, ordenó pagar USD 951.000, más intereses por USD 75.741,29

   Por impago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2020, ordenó pagar USD 951.000, más por USD 33.063,53.

   Igualmente, por cupón e intereses previos al juicio después del 1 de diciembre de 2020, el juez ordenó pagar USD 6.690,29 por día hasta la fecha en que se inscriba la sentencia en el expediente de la Corte.

Para LDO (Cayman) XVIII Ltd

  El juez Louis L. Stanton estableció respecto a la emisión de 2004 con vencimiento en 2034 (ISIN US922646BL74), el impago de capital con vencimiento el 6 de diciembre de 2018 como consecuencia de la aceleración del endeudamiento por USD 9.197.000.

   Ordenó el pago de intereses sobre USD 9.197.000 de capital a una tasa de 9.375% anual calculada a partir del 13 de julio de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dichos intereses equivalentes a USD 330.517,19.

   Por impago de seis (6) pagos de intereses semestrales adeudados e impagos que vencen el 13 de enero de 2018, el 13 de julio de 2018, el 13 de enero de 2019, el 13 de julio de 2019, el 13 de enero de 2020 y el 13 de julio de 2020 ordenó el pago de vencidos el 13 de enero de 2018, por USD 431.109,38, más intereses a la tasa del 9% anual de interés simple a partir del 14 de enero de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dichos intereses iguales a USD 111.934,89,

  Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2018, ordenó pagar USD 431.109,38, más intereses a la tasa del 9% anual de interés simple a partir del 14 de julio de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dichos intereses iguales a USD 92.694,42.

   Por impago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2019, USD 431.109,38, más intereses por USD 73.135,05.

  Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2019, ordenó pagar USD 431.109,38, más intereses por USD 53.894,58.

  Por falta de pago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2020, ordenó pagar USD 431.109,38, más por USD 34.335,20.

   Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2020, ordenó USD 431.109,38, más intereses por USD 14.988,43.

   También, para cupones e intereses previos al juicio después del 1 de diciembre de 2020, el juez ordenó pagar USD 3.032,86 por día hasta la fecha en que se registre la sentencia en el expediente de la Corte.

 

 

Red Tree reclama que un error administrativo del tribunal afecta su posibilidad de obtener resarcimiento en su demanda contra PDVSA

  La demandante estima injustificado que por un error no imputable a ella no pueda cobrar lo que PDVSA le adeuda con activos de la petrolera en EE. UU.

Por Maibort Petit

    Para Red Tree Investments LLC es injustificable que por un error no imputable a ella no pueda verse compensada en su reclamo por la deuda que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y PDVSA Petróleo S.A. mantienen con ella, mientras que otras causas que se ventilan en distintos tribunales de Estados Unidos avanzan en este sentido.

  La estatal petrolera venezolana fue demandada por USD 118,4 millones por el incumplimiento de pagos de préstamos que, originalmente, fueron otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016 a PDVSA.

  Red Tree Investments LLC compró los préstamos de GE Capital en enero de 2019, de acuerdo a documentos judiciales[1].

   PDVSA fue demandada el 22 de febrero de 2019 por incumplimiento de un contrato de préstamos y Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda y presentó dos demandas en el tribunal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019. La juez le dio el visto bueno a la demanda pese a las objeciones presentadas al respecto por PDVSA[2]

Red reclama compensación con CITGO y error de la Corte

  El 18 de marzo de 2021, Steven F. Molo, de la firma MoloLamken LLP que representa a Red Tree Investments LLC en la demanda que mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, remitió una comunicación vía electrónica a la juez del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison J. Nathan, para informar acerca del “desarrollo significativo sobre las mociones de los Demandados bajo la Regla 56 (d)”.

   Refirió en la comunicación que por información de la secretaría del tribunal se enteró que las mociones de los Demandados se marcaron incorrectamente en los registros internos de la corte como "rescindidas", la cual es una notación que no está disponible públicamente, por lo que pidió que se comunicaran con esa instancia judicial.

  El abogado dedujo que dicha notación incorrecta tal vez haya sido la razón por la cual las mociones de los Demandados no incluyeron en el informe más reciente de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. de mociones pendientes durante seis meses, a pesar de que dichas mociones han estado pendientes durante trece meses. Advirtió que la notación incorrecta de "rescindido" sigue a un error de procesamiento anterior en el que estos casos se habían marcado incorrectamente como "suspendidos".

  En segundo lugar, Steven F. Molo le advirtió a la juez Nathan que estos errores de procesamiento han perjudicado a Red Tree, por lo que los mismos se incrementan a la luz de los desarrollos en casos relacionados. En este sentido destacó que, durante el año pasado, otros acreedores de PDVSA y PDVSA Petróleo han procedido o recibido sentencias contra estos o la República. Subrayó que, como ha señalado Estados Unidos, el principal activo disponible para satisfacer esa deuda incumplida es el interés indirecto de PDVSA a través de su compañía controladora, PDVH, en CITGO. 

  Recordó que el Distrito de Delaware ordenó recientemente que “procederá a realizar la venta de las acciones de PDVSA en PDVH por un monto suficiente para satisfacer la sentencia que Venezuela debe” a otro acreedor y también denegó la solicitud de PDVSA de suspender ese proceso de venta en espera de una apelación.

  Red Tree reclama que el no ser igualmente compensado con la venta del principal activo de PDVSA en Estados Unidos por culpa de un error no imputable a ella, a la administración del tribunal y no a una decisión judicial.

  El abogado, como una medida para remediar el problema, le solicitó a la juez Nathan que el Tribunal corrija la designación errónea de las mociones de la Regla 56 (d) de los Demandados como “rescindidas” y resuelva esas mociones tan pronto como sea posible. “Además, solicitamos que el Tribunal establezca un calendario acelerado para completar la sesión informativa del juicio sumario. Estamos disponibles para una conferencia de estado en la primera conveniencia de la Corte para discutir estos asuntos si es necesario”.

Red Tree Investments reitera el reclamo

   El 6 de abril de 2021, Steven F. Molo, en representación de su cliente, Red Tree Investments LLC, se remitió una comunicación a la juez Alison J. Nathan a cargo de la causa que esta mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, para recordarle que el tribunal no se había pronunciado acerca las mociones que hizo referencia en su escrito del 18 de marzo de 2021.

  Refiere Molo que se comunicaron con el secretario del tribunal para comprender qué causó ese error y cómo se puede solucionar y este les informó que esas mociones fueron marcadas como "rescindidas" por orden de las cámaras el 29 de septiembre de 2020.

 Recordó que ese día, Red Tree informó al Tribunal que había discutido las mociones de los Demandados al realizar ciertas producciones de documentos y que estos respondieron en octubre de 2020 argumentando que las mociones no eran discutibles porque ellos supuestamente tenían derecho a un descubrimiento adicional de terceros. A esto, Red Tree se opuso en una carta informativa presentada en octubre de 2020.

  Indican que el secretario del Tribunal les informó que no puede eliminar la notación de "rescindido" sin instrucciones de las cámaras, y que se ha comunicado con estas para abordar este asunto. “Entonces, de acuerdo con el secretario, todo lo que se necesita es una simple comunicación de las cámaras a la oficina del secretario. Solicitamos respetuosamente que ocurra”.

   Red Tree considera que los imputados no deben gozar de lo que equivale a otra suspensión indefinida del caso contraria a la orden del Tribunal, simplemente por un error administrativo.

[1] Banca y Negocios. “Demandan a Pdvsa en Estados Unidos por $118,4 millones”. 26 de febrero de 2019. https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1261569-330/pdvsa-demandada-en-eeuu-por-pr%C3%A9stamos-de-ge-capital

[2] El Planeta. “Juez de Nueva York permite a acreedor de PDVSA continuar demanda para cobrar deuda por $118 millones”. 24 de enero de 2020. http://elplaneta.com/news/2020/jan/24/juez-de-nueva-york-permite-acreedor-de-pdvsa-conti/

 

¿Engañó Rafael Ramírez al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston?

  Una decisión de la corte le otorgó al exjerarca petrolero venezolano, la oportunidad de presentarse a un nuevo juicio en el que pudiera ejercer su derecho a la defensa.

Por Maibort Petit

   Algunos documentos y rastreos harían presumir que Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ex ministro de energía y minas en el gobierno del finado Hugo Chávez, así como canciller y representante de Venezuela en la ONU bajo la administración de Nicolás Maduro, habría engañado a la Corte de Houston donde las empresas Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía BV lo acusaban de fraude.

   En febrero de 2018, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil ante el tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios, a saber, Juan José Mendoza García, Petro Consultores S.C., Petro Consultores International Trading Company Inc., Azure 904 y José Ángel González Acosta, acusándolos por daños y señalándolos de llevar a cabo un esquema de soborno y lavado de dinero.

  Según los demandantes, habrían sido objeto en cuatro oportunidades de presión para que pagar USD 10 millones a cambio de que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería aprobara la venta de los activos de las demandantes en Venezuela. Al haber rechazado tales exigencias, Harvest perdió dos operaciones por compradores diferentes en 2013 y 2014 (una por USD 725 millones y la otra por USD 400) y se vio obligada a vender los mismos activos por USD 255 millones, lo que representó una pérdida de USD 470 millones, así como, inesperadamente, dejar de hacer negocios y liquidar sus negocios.

  El 13 de febrero de 2019, la corte dictaminó a través de la juez federal de Houston, Lee Rosenthal, que Rafael Ramírez debía pagar a los demandantes USD 1.400 millones como compensación por el fraude de fueron objeto.

  Durante el proceso, Ramírez no dio respuesta al tribunal respecto a las acusaciones de que fue objeto por parte de Harvest y HNR y la juez Rosenthal que inicialmente, en diciembre de 2018 otorgó una compensación de USD 472 millones, monto que el nuevo fallo triplicó[1].

   Un mensaje del abogado Dane Ball, quien formó parte del equipo legal que representó a Harvest Natural Resources, da cuenta de esta situación.

  El abogado Ball refiere a Ramírez que “no ha respondido a la demanda en el tribunal, ni ha aparecido un abogado en su nombre” y, por ello, lo insta a hablar con él o a enviar a un abogado.

“Simplemente me gustaría saber, en este momento, si responderá a la demanda en la corte. Encantado de seguir hablando con usted, sobre este o el caso en general, por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Nuevamente, si tiene un abogado con el que debería hablar, por favor avise”.

  Pero, sorpresivamente, el 26 de agosto de 2020, mediante una comunicación que los abogados de Harvest Natural Resources Inc. informaron que la empresa había decidido retirar voluntariamente la querella y advirtió que no estaba obligado a responder ante el tribunal.

  En esa ocasión, Venezuela Política conoció por fuentes ligadas al caso, que la razón del retiro de la acusación había sido el no haber logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio".

  Igualmente, la corte otorgó a Rafael Ramírez el derecho a iniciar un nuevo proceso en razón de que no había ejercido su derecho a la defensa al encontrarse fuera del territorio de los Estados Unidos “y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources”[2].

  Pero por lo menos hasta el 4 de diciembre de 2017 se había mantenido en Nueva York, ejerciendo como Representante Permanente de Venezuela ante las naciones Unidas, un cargo al que llegó —según insistieron distintos personeros de la política y la opinión pública venezolana— para revestirlo de inmunidad en razón de las múltiples acusaciones que existían en su contra. De hecho, la Asamblea Nacional lo señaló como responsable de la comisión de varias irregularidades y el Tribunal Supremo de Justicia la silenció para que, años después, el mismo sistema judicial que lo protegió, lo señalara como corrupto y responsable de buena parte de los ilícitos cometidos en la industria petrolera de que anteriormente lo había eximido.

  Desde esa capital emitía mensajes a través de su cuenta en la red social Twitter, referidos estos a su labor diplomática.

  El servicio Wayback Machine, el cual es una base de datos que contiene copias de una gran cantidad de páginas o sitios de Internet, certificó que el 5 de octubre de 2017, Rafael Ramírez se encontraba en Nueva York y desde allí lanzó los tweets.

   Documentos presentados por Harvest igualmente refieren que otros sitios de rastreo también ubicaban, para junio de 2019, a Rafael Ramírez en Nueva York, e indicaban que su dirección en dicha localidad era el 16 E 81st; New York, NY 10028-0201. Esta dirección es la correspondiente a la casa del Embajador de Venezuela ante la ONU. El inmueble es propiedad de la República de Venezuela.

Su esposa, Beatrice Sansó también fue ubicada en la misma dirección.

[1] Venezuela Política. “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 15 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/conoce-todos-los-detalles-de-la-demanda.html

[2] Venezuela Política. “¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/por-que-harvest-natural-resources-inc.html

Demanda por expropiación de once taladros petroleros podría exigir cobrarse con activos de PDVSA en EE. UU.

  Los últimos hechos ocurridos en tribunales de los Estados Unidos, hacen suponer que los reclamos por este viejo caso adquieran nuevamente vigor.

Por Maibort Petit

   Una demanda entablada presentada en 2011 por Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. en contra de Venezuela Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleos S.A. presentada ante el Tribunal del Distrito de Columbia, la cual reclama el resarcimiento por la expropiación de once plataformas de perforación en Venezuela, ordenada por el finado expresidente, Hugo Chávez[1], se erige como otro frente de los múltiples que en los últimos años se han levantado, para exigir el pago de acreencias con activos venezolanos en Estados Unidos.

   La tesis del alter ego de PDVSA respecto a la República Bolivariana de Venezuela, abrió compuertas para que un sinnúmero de agentes estimen que pueden ver satisfechas sus aspiraciones de pago de acreencias con el activo más valioso de Venezuela en el Extranjero: CITGO Petroleum Corporation.

  Sobre este caso, en 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió por unanimidad en favor del gobierno de Venezuela, a objeto de concederle otra oportunidad para que evitara dicha demanda. Apuntó el fallo que las cortes de menor instancia habían sido demasiado laxas al permitir que procediera la demanda presentada por la empresa H&P. Sin embargo, a pesar de que los países son por lo general inmunes a las demandas entabladas en Estados Unidos, un estatuto prevé una excepción cuando hay confiscación de propiedad privada[2].

  El fallo instó a Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. a presentar argumentos más sólidos sobre el principio de la confiscación de una propiedad infringiendo el derecho internacional.

  El caso fue devuelto a las cortes de instancias inferiores con el objetivo de que, de acuerdo a los principios establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos, se determine si los reclamos deben ser dejados sin efecto en su totalidad[3].

  El 15 de febrero de 2019, el Tribunal del Distrito de Columbia suspendió todos los procedimientos del caso y ordenó a Helmerich & Payne International Drilling Co., presentar un informe de estado cada 90 días hasta que se ordene lo contrario, lo cual ocurrió por primera vez el 15 de mayo de 2019, mientras que el segundo informe se presentó el 14 de agosto de 2019. En esta último se pedía que se mantenga la suspensión.

 Después de esto, la Corte ordenó que los informes posteriores se presentaran de manera conjunta, lo cual ocurrió el 12 de noviembre de 2019, el 10 de febrero de 2020, el 12 de mayo de 2020 y 10 de agosto de 2020.

  El informe conjunto del 9 de noviembre de 2020, refiere que la situación política en Venezuela continúa impidiendo que este litigio avance, las partes estimaron que la suspensión debe mantenerse, sujeta a la moción de cualquiera de las partes para disolverla por una buena causa demostrada.

  Igualmente, las partes decidieron continuar presentando informes de estado conjuntos cada 90 días hasta que se disuelva la suspensión.

La demanda

  El 23 de septiembre de 2011, Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A., demandaron ante el Tribunal del Distrito de Columbia a la República Bolivariana de Venezuela y a Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleo S.A., empresas estatales estas que considera como instrumentalidades del gobierno venezolano, por haber tomado a la fuerza once de sus plataformas de perforación petrolera en pleno funcionamiento y todo el equipo, la infraestructura y los bienes muebles e inmuebles asociados, sin una compensación justa, en violación del derecho internacional. Tal demanda la formularon bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976 ("FSIA"), 28 U.S.C. § l605 (a) (3) y bajo la excepción de las actividades comerciales a la inmunidad bajo la FSlA, 28 U.S.C. § 1605 (a) (2).

  En tal sentido, los demandantes reclaman la reparación por los incumplimientos flagrantes y continuos del contrato por parte de los demandados, los cuales se dedican a actividades comerciales en Venezuela y los Estados Unidos. Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. pidieron a la corte otorgarles un fallo sobre todos los cargos, así como resarcimiento por daños y compensación, incluidos intereses, costos de honorarios de abogados y cualquier otra reparación que el tribunal considerara justos.

  Helmerich & Payne de Venezuela, C.A. (H & P-V) es una subsidiaria de propiedad total de Helmerich & Payne lnternational Drilling Co., que hasta 2010 prestó por más de 55 años servicios de perforación de petróleo y gas por contrato en Venezuela.

  Para la fecha de la demanda, H & P-V. había brindado servicios de perforación por contrato exclusivamente a entidades estatales venezolanas, entre ellas PDVSA y PDVSA Petróleo S.A., las cuales “por ley gozan de un monopolio sobre las reservas de petróleo de Venezuela”.

  Refiere la demanda que el 12 de junio de 2010, sin previo aviso, empleados de los demandados, soldados armados y uniformados de la Guardia Nacional de Venezuela, rodearon y bloquearon ilegalmente las instalaciones comerciales de las operaciones de perforación de H&P-V en Ciudad Ojeda. El 13 y 14 de junio de 2010, rodearon y bloquearon ilegalmente los locales comerciales de las operaciones de perforación de H&P-V en Anaco, sede de la empresa en Venezuela para ese entonces. Tal actuación de los empleados de PDVSA y la Guardia Nacional se hizo bajo la dirección de Hugo Chávez y/o su ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez con el propósito de apoderarse de los activos de H&P-V y evitar que los reubicara. 

  Se trató de una acción intimidatoria para que la demandante perdonara las deudas pendientes de PDVSA y continuara brindando servicios de perforación que se produjera el pago por trabajos que ya se habían completado en contratos anteriores. Se trataba, según de la demandante, de una incautación de los activos de H&P estaba fuera del alcance de cualquier autoridad legal venezolana.

  Dos semanas después, el 29 de junio de 2010, la demandada Venezuela, a través de la Asamblea Nacional  emitió un “Proyecto de Ley” declarando los activos de H&P-V como de “bien y beneficio público” y recomendó que el presidente Chávez emitiera un “Decreto de Expropiación”, lo cual ocurrió esa misma fecha mediante cuando mediante el "Decreto Presidencial No. 7532" se ordenó a PDVSA la "toma forzosa" de las plataformas de perforación petrolera de H&P-V y "toda la propiedad personal e inmobiliaria" de la misma.

  Sostenía la demanda que el acoso contra de Hermerich & Payne de Venezuela C.A. comenzó desde 2008, a pesar de que había cumplido plenamente con sus obligaciones en virtud de los contratos pertinentes, mientras que PDVSA y PDVSA Petróleo comenzaron sistemáticamente a incumplir con los contratos que mantenía con la demandada.

  Especificaba que, aunque PDVSA y PDVSA Petróleo estaban obligados contractualmente a pagar a tarifas claramente establecidas no lo hicieron a sabiendas de que los tribunales venezolanos no protegerían los derechos comerciales de H&P. Esta situación dio lugar a más de USD 32 millones en facturas impagas que los demandados no expresaron ninguna intención de cumplir.

  Desde su expropiación, las once plataformas de perforación y toda la infraestructura de apoyo están en poder de los demandados, los cuales las operan sin haber pagado por ellos.

   En razón de que H&P no puede recibir ni recibirá una compensación justa por sus negocios y propiedades incautados bajo la ley venezolana a través de los tribunales venezolanos, pues estos estaban controlados políticamente por el presidente Chávez. Citaba la demanda que, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el tribunal de apelaciones que tendría jurisdicción sobre el caso de H&P si fuera juzgado y apelado en Venezuela, había “fallado a favor del gobierno en 324 de los 325 casos presentados por ciudadanos privados contra el gobierno”. Además, el único caso resuelto por dicho tribunal a favor de un particular contra el gobierno, fue posteriormente anulado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que invocó un poder especial que nunca antes había sido utilizado en la historia judicial venezolana.

  Ante tales circunstancias, Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A., consideraron que el Tribunal del Distrito de Columbia tiene jurisdicción para llevar el caso de conformidad con 28 U.S, C. § 1330 y 28 U.S.C. § 1602 et seq., incluida la excepción de expropiación a la inmunidad bajo 28 U.S.C. § 1605 (a) (3) y la excepción de actividad comercial a la inmunidad bajo 28 U.S.C. Sección 1605 (a) (2), dado que 28 U.S.C. § 1391 (d) autoriza una acción contra un extranjero en cualquier distrito, mientras que 28 U.S.C. § 1391 (f) (4), autoriza acciones civiles contra un estado o entidad extranjera en el Distrito de Columbia.

  La demanda se explaya en los detalles de cada uno de los contratos suscritos entre los demandados y las demandantes por el alquiler de los taladros de perforación, los cuales, a partir de 2007 comenzaron a incumplirse por parte de PDVSA y PDVSA Petróleo. Indica que para agosto de 2008, el saldo de las cuentas por cobrar de H&P-V en virtud de los contratos en cuestión había alcanzado los USD 63 millones.

  Los demandados, subraya la demanda, reconocieron la deuda que mantenía con los demandantes en las múltiples reuniones que sostuvieron y aseguraron que la cancelarían, promesa que cumplieron y ya para enero de 2009, rondaba los USD 100 millones.

  Por tales razones, el 29 de enero de 2009, H&P lnc. anunció que "cesaría [] las operaciones en las plataformas a medida que expiraran sus contratos de perforación" y no renovaría los contratos de su subsidiaria con los demandados por ausencia de una "mejora en los cobros por cobrar". Tal medida la adoptó para evitar continuar realizando trabajos sin compensación.

  Con la devaluación de la moneda venezolana a principios de 2010 las cuentas por cobrar de H&P-V a PDVSA que estaban denominadas en Bolívar Fuerte, se redujo drásticamente.

  El último encuentro entre las partes se produjo el 24 de mayo de 2010 en la sede de ClTGO Petroleum Corporation, en Houston, Texas, sin que se resolvieran las diferencias. PDVSA no impugnó el monto adeudado a H & P-V pero rechazó el plan de pago propuesto por esta sin ofrecer un plan de pago propio.

  Refería la demanda que la expropiación de las plataformas por parte de Venezuela afectó directamente a la gestión y las actividades con sede en Estados Unidos en apoyo de H & P-V, por lo que H&P lnc. se vio obligado a aceptar y divulgar públicamente pérdidas materiales. También se afectó directamente a terceros proveedores de H & P-V en los EE. UU. que ya no tenían un rol de apoyo a sus operaciones venezolanas.

  Por su parte, los demandados de PDVSA mantienen actividad comercial significativa en los Estados Unidos definida por la FSlA como "un curso regular de conducta comercial o una transacción o acto en particular". 28 U. S. C. Sección 1605 (a) (3).

  Las demandante presentaron un primer cargo por violación del derecho internacional y un segundo cargo por incumplimiento de contrato con diez apartes.

REFERENCIAS

[1] América Economía. “Helmerich & Payne demanda a Venezuela y Pdvsa por expropiación de plataformas”. 26 de septiembre de 2011. https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/helmerich-payne-demanda-venezuela-y-pdvsa-por-expropiacion-de-plataformas

[2] Chicago Tribune. “EEUU da a Venezuela nueva oportunidad en caso de plataformas”. 1 de mayo de 2017. https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8835306-eeuu-da-a-venezuela-nueva-oportunidad-en-caso-de-plataformas-story.html

[3] Lexlatin. “Corte Suprema de EE. UU. falla a favor de Venezuela en caso Helmerich & Payne”. 8 de mayo de 2017.  https://lexlatin.com/noticias/corte-suprema-de-ee-uu-falla-favor-de-venezuela-en-caso-helmerich-payne

 

PDVSA Services solicitó a un tribunal de EE. UU. desestimar la demanda de una empresa que aspira a cobrar millones de dólares en deudas

   El juez de la causa estimó que el pedido de PDVSA Services no cumplía con los procedimientos del tribunal.

Por Maibort Petit

   La exigencia de reparación por daños y perjuicios presentada por Lindsayca USA Inc. en contra de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Services Inc. y Bariven S.A., deberá continuar en suspenso, toda vez que la propia demandante solicitud al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, una prórroga para poder notificar debidamente a los demandados en Venezuela.

     El intento de cobro de viejas deudas por USD 4.138.225,24 tendrá que esperar, en razón de que el procedimiento de notificación de procesos judiciales en el extranjero debe cumplir con algunas pautas, tales como la traducción y certificación de la demanda y toda la documentación, así como llevarse a cabo a través de los canales diplomáticos.

Suspensión del proceso

  En abril de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas- División Houston, George C. Hanks Jr., otorgó a Lindsayca USA Inc., sin oposición, una moción suspender los procedimientos que, ante esa instancia judicial, la citada demandante sigue en contra de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA Services Inc. y Bariven S.A., hasta tanto no se cumpla a perfección el proceso de notificación a todas las partes.

   La solicitud la había formulado al tribunal el día 5 de abril de 2021, por vía electrónica, George Vila, abogado de Lindsayca USA Inc., ante la secretaría del tribunal.

  En su pedido, la representación legal de la demandante expuso que el 6 de enero de 2021, Lindasyca USA Inc. presentó su demanda en busca de daños y perjuicios contra los demandados nombrados y, posteriormente, el 29 de enero del citado año, se notificó a PDVSA Services, Inc. a través de una citación y una copia de la demanda.

 En fecha 25 de febrero de 2021, PDVSA Services presentó sus contestaciones y defensas afirmativas y, para la fecha de la presentación de la moción ante la corte, Lindsayca aún se encontraba en proceso de notificar a los a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a Bariven S.A.

   Explicó el abogado de la empresa demandante que en razón de que PDVSA y Bariven son entidades extranjeras, la notificación válida del proceso sobre estas entidades debe realizarse a través de la vía diplomática mediante Cartas Rogatorias, etc.

  Precisó George Vila, que dichas Cartas Rogatorias y toda la documentación de respaldo deben ser traducidas al español y certificadas, lo cual se encuentra en proceso de realización. Después de esto, se debe tramitar por la vía diplomática tanto en Estados Unidos como en Venezuela, un proceso que puede tardar entre 6 y 9 meses.

   Por tal motivo, Lindsayca presentó el 1 de abril de 2021, una Moción para Prorrogar el Plazo de Notificación a los demandados, PDVSA y Bariven.

PDVSA Services pide desestimar la demanda

   El 25 de febrero de 2021, PDVSA Services Inc. solicitó al Tribunal del Distrito Sur de Texas- División Houston, desestimar la demanda en su contra presentada por Lindsayca USA Inc., pedido que sustentó en la de conformidad con la Regla 12 (b) 6.

  Sostiene que el reclamo del demandante, bajo el alegato de la falta de pago de facturas de conformidad con varias órdenes de compra, citando causas de acción tanto por incumplimiento de contrato como por mérito cuántico, no aplica por cuanto el periodo para presentar la demanda ya prescribió.

  Refiere que, como se alega en la demanda, las facturas debían entregarse en Houston, Texas, y allí mismo debía realizarse el pago.

   Recordó que la ley del Estado de Texas se aplica a los reclamos y causas de acción entabladas por el demandante y que el plazo de prescripción por incumplimiento de contrato es de cuatro años, tal como lo señala la jurisprudencia.

  En este sentido, subraya PDVSA Services que las facturas presentadas por Lindsayca tienen fecha de 2013 y 2014, por tanto, las reclamaciones del demandante están prohibidas por limitaciones.

   Sin embargo, el juez de la causa, George C. Hanks Jr., consideró que la moción de PDVSA Services Inc., no cumple con los procedimientos del tribunal.

  Precisó que la moción no cumple con la sección 6 (C) (2) de Procedimientos del Tribunal, que requiere un certificado de conferencia para todas las mociones, ni tampoco con la sección 6 (C) (3), que requiere una orden propuesta por separado para todas las mociones, excepto las presentadas bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 56.

   Por ello, el magistrado ordenó al secretario del tribunal eliminar la entrada 6 del expediente y notificar al abogado de su decisión.

La tesis del Alter Ego abre la puerta para el cobro de viejas deudas de PDVSA en tribunales de EE. UU.

    Lindsayca USA Inc. reclama el pago de cuatro facturas fechadas en 2013 y 2014 por un monto de USD 4.138.225, 24.

Por Maibort Petit

   Petróleos de Venezuela S.A. continúa acumulando demandas por incumplimientos de pagos, bien por no honrar capital e intereses de bonos de la deuda, por la no cancelación de indemnizaciones por expropiaciones, por daños y perjuicios en causas insospechadas, pero también por viejas deudas que nunca pagó. Para todas ellas, la tesis del alter ego a la que recurrió la minera canadiense Crystallex —concedida por los tribunales— y que le permitió exigir el pago de sus acreencias con activos de PDVSA en Estados Unidos, ha servido de sustento.

  Es el caso de una demanda por daños fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Texas -División Houston, por parte de la empresa Lindsayca USA Inc. en contra de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Services Inc., y Bariven.

 La demandante reclama pagos por USD 4.138.225, 24, correspondientes a órdenes de compra no canceladas entre los años 2013 y 2014.

   La demanda que fue presentada el 30 de diciembre de 2020 y deja ver que los demandantes tratan de recuperar el viejo endeudamiento, por un monto relativamente bajo, al amparo de la tesis de que PDVSA Service Inc. y Bariven S.A. son Alter Ego de Petróleos de Venezuela S.A., habiendo actuado como meras herramientas o conductos comerciales de PDVSA.

   La demanda es consecuencia de una operación de compra por parte de PDVSA a Lindsayca entre los años 2013 y 2014, cuando esta última vendió equipos y servicios en múltiples envíos a la estatal petrolera venezolana, de acuerdo con órdenes de compra y facturas, para actualizar o reemplazar equipos y piezas de procesamiento en sus instalaciones operativas de producción de petróleo en Venezuela.

  Explica la demanda que, en muchos casos, los equipos se fabricaron expresamente bajo códigos y especificaciones muy precisos, utilizando para ello metales especiales, aleaciones o revestimientos requeridos especialmente para su fabricación.

  Agregan la demandante que Lindsayca ayudó a PDVSA con la instalación del equipo en sus refinerías y proporcionó respaldo al personal técnico de PDVSA en la búsqueda de alternativas para sustituir materiales obsoletos que ya no se producen en las modernas acerías y en la adaptación de los equipos existentes a los nuevos estándares de la industria.

  Se refiere que PDVSA Services (PSI) y Bariven son subsidiarias de propiedad absoluta de PDVSA, las cuales funcionan como los brazos de adquisiciones comerciales del gobierno venezolano y de corporación petrolera venezolana. en específico, PSI es el agente de compras internacional de Bariven, la cual es la principal responsable de la compra de materiales y equipos fuera de Venezuela.

  La entrega del equipo debía realizarse en Houston, Condado de Harris, Texas, siendo el vencimiento de cada factura a 30 días a partir de la fecha de entrega que debía entregarse a la empresa Clover International Inc. En una ocasión la entrega fue a través de DHL Global Reenvío.

   PDVSA Service Inc. incumplió sus obligaciones de pago y tampoco impugnaron ninguno de los equipos entregados. Bariven, que tomó posesión de los equipos, ni PDVSA que era el usuario final, ha respondido. Tampoco han atendido ninguna de las comunicaciones de la Lindsayca.

  Se advierte en la demanda que los demandados reconocieron la deuda contraída con Lindsayca el 8 de marzo de 2017.

   Lindsayca ahora busca asistencia de la corte para recuperar los montos adeudados, junto con los honorarios de abogados, los intereses previos y posteriores al juicio y los costos.

Los pagos reclamados

   Explica la demanda que entre 2013 y 2014, PDVSA colocó nueve (9) órdenes de compra separadas a través de PSI y Bariven, las cuales se reflejaron en seis (6) facturas separadas. Se advierte que sólo cuatro de esas facturas son objeto del litigio, puesto que las demás fueron resueltas.

  A saber, las facturas cuyo pago reclama la demandante es la identificada con el número 1673, de fecha 21 de marzo de 2013, por USD 107.106,60.

  Esta factura se corresponde con la Orden de Compra 5100105592 de PDVSA.

  La factura número 1712, fechada el 31 de julio de 2013, por USD 26.786,28.

  A esta factura le corresponde la Orden de Compra de PDVSA número 5100106945.

La factura 1724, del 12 de noviembre de 2013, por USD 755.866,70.

   A esta factura le corresponde la orden de compra de PDVSA número 5100106218.

   La factura 1741, del 14 de enero de 2014, por USD 3.248.465,66.

  A esta factura le corresponde la orden de compra de PDVSA número 5100106157.

Sobre Lindsayca

   Lindsayca es una empresa que, según su página web, tiene como misión “innovar y liderar el sector energético superando las expectativas de nuestros clientes y socios”, cuya filosofía de trabajo apunta a la “excelencia, alta calidad, seguridad y responsabilidad ambiental”. Refieren que cuentan con más de mil empleados “que ofrecen soluciones de hidrocarburos especializadas e integradas para la industria del petróleo y el gas”.

   Agrega el sitio que en Venezuela la compañía comenzó operaciones en 1986 como Empresa Constructora que, posteriormente, en 1995, se constituyó en como Lindsayca. Sus 30 años de experiencia —dicen— la consolidan en la ejecución de proyectos de fabricación y EPC para el sector de Oil & Gas, experta en la fabricación de plantas modularizadas de procesamiento de gas/GNL/compresión e instalaciones de tratamiento de petróleo en todo el mundo. Actualmente tiene operaciones en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina y México.

   El portal de la empresa suministra tres direcciones, una en estados Unidos, en el 1602 Peach Leaf ST., Houston, Texas 77039 (Teléfono: +1(713) 467-9560); en México, en la Calle Rio Lerma 232, oficina 2363, Torre Diana, Cuauhtemoc 06500, Cuauhtemo, Ciudad de México (+52(55) 8852-7882); en Venezuela en y también en la avenida de Enlace con calle 2, parcela E-11, Zona Industrial, El Tigre, Estado Anzoátegui (+58(283) 500-1100)[1].

  Lindsayca USA Inc. es una corporación de Texas, con su sede principal de negocios ubicada en Houston, la cual, se acuerdo al portal Better Business Bureau (BBB), está ubicada en el 14350 Chrisman Rd., Houston, TX 77039. Su teléfono es (713) 467-9560 y (713) 467-9561. Refiere que la compañía “se especializa en el suministro de repuestos y servicios para la industria del petróleo, el gas y la construcción, incluidos los servicios de fabricación, así como los servicios de logística y empaque para transporte marítimo y aéreo”.

   Se indica que la empresa se constituyó el 23 de julio de 2003, figurando en su directorio Amy Núñez, como asistente administrativa; Héctor Fuentes, como presidente[2]. Los nombres de los verdaderos dueños permanecen ocultos.

[1] Linsayca. https://lindsayca.com/

[2] Better Business Bureau. Lindsayca USA, Inc. https://www.bbb.org/us/tx/houston/profile/oilfield-equipment-and-sales/lindsayca-usa-inc-0915-58002314

 

Enrevesadas interpretaciones convierten a activos venezolanos en el extranjero en objeto de demandas de resarcimiento económico para víctimas de las FARC

  El hijo de una político y diplomático colombiano secuestrado y asesinado por las FARC en 1999, considera que puede cobrarse una sentencia de daños y perjuicios a su favor, con activos de PDVSA.

Por Maibort Petit

  Los activos de Venezuela se han convertido en motivo de controversias en los principales tribunales de los Estados Unidos, donde acreedores en posesión de bonos de la deuda pública o agentes que se consideran víctimas de las políticas de expropiación implementados por el gobierno de venezolano desde la llegada de Hugo Chávez al poder, reclaman indemnizaciones a través de bienes que el país posee en territorio estadunidense. La declaratoria de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como alter ego de la República de Venezuela en el caso de la minera canadiense Crystallex, marcó pauta para cualquier afectado por las políticas venezolana se plantee verse resarcido con dichos activos.

  De estos activos, los ojos de los acreedores se vuelcan principalmente sobre CITGO Petroleum Corporation, la más valiosa propiedad venezolana extra fronteras.

    Pero no solamente quienes tienen deudas de carácter económico aspiran a ello, sino también aquellos que se consideran afectados por las políticas y acciones del gobierno chavista, exploran la posibilidad de obtener dividendos para compensar los daños morales que estiman haber sufrido.

   Por ejemplo, Meudy Albán Osío, la viuda del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, muerto en extrañas circunstancias mientras estaba detenido en la sede del SEBIN, demandó por daños y perjuicios en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles. Ella y sus hijos sostienen en la corte que los demandantes deben resarcirlos por daños y perjuicios en razón del secuestro, tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, difamación y nuevas represalias contra sus familiares sobrevivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros, su aparato ilegal y los diputados controlan Venezuela y sus co-conspiradores narcoterroristas[1]. Es de deducir que cualquier sentencia que se dictare a su favor, los lleve a querer cobrarse con bienes de Venezuela en EE. UU.

  Pero otras deducciones y análisis más enrevesados, han llevado a otros —incluso fuera de Venezuela y afectados por circunstancias que en nada tendrían que ver con el país— a pretender cobrarse con activos venezolanos los daños sufridos por hechos como el secuestro. Tal es el caso de Antonio Caballero, hijo de un ex-diplomático colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, quien a raíz del hecho se exilió en los Estados Unidos y allí demandó al grupo terrorista por daños y perjuicios[2] y ganó el pleito legal.

   El demandante —hijo de Carlos Caballero, un dirigente del Partido Liberal, cinco veces senador y, además, embajador de Colombia en la ONU, secuestrado y asesinado por la guerrilla— obtuvo una sentencia compensatoria de USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual. De este dinero sólo ha cobrado una pequeña parte, luego de una operación de rastreo de bienes de los guerrilleros en EE. UU. implementada por sus abogados[3].

  El resto USD 41.734.153,93, Antonio Caballero aspira a cobrarlos con activos venezolanos en Estados Unidos. ¿Cómo es esto posible? La teoría del demandante es que la petrolera estatal es un agente y/o instrumentalidad de las FARC y, por tanto, puede cobrarse con ellos el monto de la sentencia.

   Este hecho lo reseñamos en entrega anterior[4] en la que dimos a conocer en la que dimos a conocer los detalles de la demanda que Antonio Caballero mantiene en el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División de Houston en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia alias FARC-EP alias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; y contra el “El Cartel del Norte del Valle” y contra Vitol INC., destinada a hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista que promulgó el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas recibir activos que los EE. UU. hayan incautado con base en leyes antidroga.

  Específicamente, Caballero busca cobrar una sentencia del 20 de mayo de 2020, que el Tribunal del Distrito Sur de Florida emitió a su favor, la cual determinó que en razón de los daños que le había ocasionado las FARC, tiene derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC). Dicha sentencia le otorgó USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.

   La pretensión de Caballero es cobrarse con activos de Petróleos de Venezuela S.A. por un monto de USD 9.444.116,76, así como de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 los cuales se encuentran poder de Vitol Inc. pero que se encuentran bloqueados a consecuencia de las sanciones impuestas contra esta última por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

   Desde entonces que se dictó la sentencia a su favor, Antonio Caballero batalla para hacer efectivo el cobro de la indemnización que ha cobrado sólo en parte y tiene un saldo pendiente de USD 41.734.153,93. Sus esfuerzos apuntan a Vitol Inc., dado que esta posee activos bloqueados Rosneft y PDVSA, pues considera a estas dos empresas como agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.

  Antonio Caballero sostiene que los fondos bloqueados y que él pretende embargar le corresponden por ser Rosneft un agente o instrumentalidad de las FARC y, por tanto, de acuerdo con la Regla 668 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas, el tribunal debe sentenciar sumariamente a su favor y ordenar a Vitol Inc. pagarle los referidos fondos bloqueados.

   Considera que debe otorgársele la moción en su totalidad; negar el pedido de Vitol de recuperar los honorarios de abogados o costos de los Fondos Bloqueados; ordenar pagarle USD 12.661.259,98 dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se dicte el fallo; otorgarle todos los honorarios de abogados y costos de la corte incurridos en el proceso y todas las demás reparaciones a las que él pueda tener derecho.

La posición de Vitol

    Mientras esta era la posición de Antonio Caballero, Vitol Inc., 15 de enero de 2021 introdujo ante la Corte del el Distrito Sur de Texas-División de Houston, un Aviso de Retiro de la causa que cursaba en el tribunal del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, para trasladarlo a la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston.

    Igualmente, le manifestó al tribunal que se reservaban el derecho a presentar todas las defensas, mociones y/u objeciones que consideren conveniente en cuanto al servicio, jurisdicción o lugar, o cualquier otra defensa u objeción que puedan tener a esta acción.

  Vitol cuestiona los alegatos de Caballero para considerar que Rosneft y PDVSA son "agentes o instrumentalidades" del Deudor de la Sentencia (FARC) bajo la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002, Pub. L. No. 107-297 (TRIA).

   Esto obedeció a que luego de haber el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenciado a favor de Antonio Caballero, este registró la sentencia en el citado Tribunal de Montgomery el 28 de septiembre de 2020 y, desde entonces, inició varios casos complementarios en un intento de cobrar la sentencia.

Los casos relacionados

   Antonio Caballero informó al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston acerca de los casos que lo involucran a él y a los deudores de la sentencia, a saber, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también conocidas como FARC también conocidas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Norte Cartel del Valle, en el Caso identificado con el número 4: 20-MC-02719.

   Igualmente, el caso Antonio Caballero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros, en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, donde Caballero registró una sentencia extranjera dictada en el Caso Nº 18-25337.

  También, Antonio Caballero contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. La sentencia de este caso fue registrada el 23 de septiembre de 2020 en el Distrito Sur de Texas.

    Caballero presentó tres procedimientos de embargo en el 284 ° Distrito Judicial del Condado de Montgomery, Texas, donde ejerció su derecho a satisfacer el Fallo Final de tres embargos diferentes en posesión de activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyos activos fueron bloqueados por la OFAC el 28 de enero de 2019 de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850. Subrayó que PDVSA ha sido declarada por numerosos tribunales como una “agencia o instrumentalidad” de las FARC de conformidad con la sección 201 (a) de TRIA.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Viuda de Fernando Albán demandó a Maduro, Padrino, Maikel Moreno, Tarek Saab, Reverol, las FARC y al Cartel de los Soles en corte de la Florida”. https://www.maibortpetit.info/2021/03/viuda-de-fernando-alban-demando-maduro.html

[2] El Tiempo. “Demandan a las Farc y ELN en EE.UU. por muerte de Carlos Caballero”. S/F. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12469805

[3] CNN en español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/

[4] Venezuela Política. “Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol”. 12 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/victima-de-las-farc-quiere-cobrar.html