Juez desestimó acusación criminal contra Paula Jorge Da Costa Murta, involucrado en la trama de corrupción de PDVSA

Por Maibort Petit

 El tribunal de Texas falló a favor de la moción de desestimar de caso criminal, presentada por la defensa de Paulo Da Costa Casqueiro Murta, un contratista acusado de haber participado en una millonaria trama de corrupción de Petróleos de Venezuela. El juez aprobó la petición en razón de que el acusado alegó que agentes actuaron "premeditadamente y con la intención de que el acusado se autoincriminara".

   Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, presunto artífice de la trama de corrupción encabezada por excontratistas de Petróleos de Venezuela S.A., quienes mediante el pago de sobornos a funcionarios de la estatal obtuvieron contratos y trato privilegiado de PDVSA logró liberarse de la acusación federal ante la supuesta mala práctica de agentes federales.

  Una una entrevista formulada en Portugal el 20 de marzo de 2018, al acusado, permitió a los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y luego al Departamento de Justicia, formular la acusación contra Murta. Sin embargo, la actuación irregular de agentes de DHS llevó al Tribunal a desestimar esta prueba fundamental.

  El juez Kenneth Hoyt del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División de Houston concedió en julio 2022 la moción para suprimir la entrevista, con base a la violación de los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE. UU.

  El 11 de julio de 2022, el juez Hoyt concedió la moción de desestimación de la acusación de reemplazo presentada por Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta ante la corte que preside.

  El magistrado consideró para su decisión, tanto la moción para desestimar la acusación de reemplazo, como la de supresión sustentada en las presuntas violaciones a los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución federal. Estas mociones presentadas de forma separada, fueron abordadas por el juez Hoyt de manera conjunta.

La moción de desestimación de la acusación de reemplazo

   Se acusaba a Murta de brindar servicios financieros de una manera que violó directamente o ayudó a violar varios estatutos federales de los Estados Unidos, como la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, enmendada (MLCA), la Ley Federal de Prácticas Corruptas (FCPA), y el título 18 del Código de los Estados Unidos.

 La acusación de reemplazo señala que, aunque Murta era un ciudadano de Portugal y Suiza, actuó como un agente de la empresa suiza B, varios coacusados extranjeros y una o más empresas con sede en los EE. UU. Se refiere que si bien Murta no era un empleado del Banco Espírito Santo (BES) trabajó estrechamente con Banquero BES 1 Banquero 2 a objeto de “establecer la estructura y las cuentas utilizadas para realizar transacciones financieras en el presunto esquema de lavado de dinero en comercio interestatal”.

 Estimó el juez respecto a los cargos 13 y 14 de la acusación de reemplazo, que no se estableció que Paulo Murta haya enviado o recibido ninguna de las supuestas comunicaciones mientras se encontraba en Estados Unidos. Esto de acuerdo a la acusación de reemplazo, ocurrió después de que Murta viajara en febrero de 2012 a Miami, Florida, para reunirse con Abraham Shiera (ya sentenciado) y su socio para hablar sobre el presunto esquema de lavado de dinero. 

  A pedido de Shiera, el acusado le habría enviado por correo electrónico y mensaje de texto, entre el 25 de enero de 2012 y el 18 de marzo de 2013, información atinente a la apertura de cuentas en el Banco Espirito Santo. 

  Asimismo, en mayo de 2012, Murta supuestamente les remitió un correo electrónico a los socios de Shiera que contenía un acuerdo de préstamo presuntamente falso que serviría para justificar una transferencia bancaria a las cuentas de los funcionarios por USD 4,8 millones.

  Ya respecto a los cargos 18 y 19, el 25 de marzo de 2013 y el 8 de mayo de 2013, Murta habría transferido o ayudado a transferir de la Compañía de Rincón 2 con sede en EE. UU. a la Compañía de Rincón 8 con sede en Venezuela, USD 8,5 millones destinados supuestamente a pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  En atención al cargo 14, Conspiración para violar la FCPA, el juez determinó que debe ser desestimado por falta de jurisdicción, falta de debido proceso y vaguedad. El tribunal cree que el gobierno carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado cuando lo califica de “agencia” por su conducta en el extranjero. Estableció el magistrado que el término “agencia” es constitucionalmente vago en cuanto a este acusado extranjero.

  A las afirmaciones del gobierno de que las comunicaciones por correo electrónico entre el acusado y otros co-conspiradores ocurridas entre enero de 2012 y marzo de 2013, calificados como posibles actos abiertos, no son sustentados debidamente. La acusación de reemplazo no alega que Murta haya enviado o recibido estas comunicaciones desde EE. UU. Por tanto, estas comunicaciones no pueden considerarse como actos que apoyen la conspiración.

  Agrega el magistrado que no se establece un nexo suficiente entre la supuesta conducta de Paulo Murta y los Estados Unidos para satisfacer el requisito del debido proceso de la Quinta Enmienda. Por ello el cargo 14 se desestima.

  Los cargos 18 y 19 referidos a violaciones sustanciales de lavado de dinero y complicidad; así como conspiración para cometer lavado de dinero del cargo 13, también se desestimaron por falta de jurisdicción.

  Tampoco la acusación de reemplazo alega que Murta se encontraba en EE. UU. cuando ocurrieron las supuestas transacciones, o que las inició o intentó iniciarlas desde Estados Unidos. Igualmente, no existe alegato de que ninguna de las comunicaciones de las que se hace mención en los cargos 18, 19 o 13, hayan ocurrido en EE. UU. Por tanto, se determina que el tribunal carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado en relación a un delito sustantivo de lavado de dinero a que hace referencia al cargo 18. En consecuencia, también se deben desestimar los cargos 19 y 13 de complicidad y conspiración. En opinión del juez, el enjuiciamiento de Paulo Murta en razón de los cargos 18, 19 y 13, viola sus derechos al debido proceso de la Quinta Enmienda.

 Por todo lo expuesto, el Tribunal para el Distrito Sur de Texas determinó que los cargos 13, 14, 18 y 19 de la acusación de reemplazo deben desestimarse por falta de jurisdicción, falta de declaración una demanda, el debido proceso y la vaguedad.

  Del mismo modo, el tribunal estimó que debe otorgarse la moción de desestimación a Paulo Murta sustentada en el estatuto de limitaciones. Se determinó que al acusar al demandado en abril de 2019 es indicativo de que se presentó fuera del plazo de prescripción, por lo que los Cargos 13, 14, 18 y 19 deben ser y son desestimados.

La moción de supresión

 El tribunal recordó que cuando un acusado sostiene que una declaración fue involuntaria y se procura que la misma sea usada en su contra en el juicio, al gobierno le corresponde probar que la declaración fue voluntaria.

  La jurisprudencia ha establecido que la voluntariedad no la determina la cooperación de un testigo, sino por el hecho de que se le informen sus derechos. La Quinta Enmienda otorga al acusado el derecho a no autoincriminarse. Por ello los Derechos Miranda estipulan que una persona tiene derecho a permanecer en silencio durante un interrogatorio bajo custodia. Además, el hecho de que la entrevista o el interrogatorio tenga lugar en un país extranjero no aminora las protecciones de la Quinta Enmienda o Miranda.

  La decisión estableció que fue evidente que los agentes de Seguridad Nacional controlaron la entrevista a Paulo Murta en Portugal el 20 de marzo de 2018 y allí las preguntas se realizaron de manera intimidante, diseñadas para obtener respuestas incriminatorias. De no haber sido así, no se habría requerido una declaración escrita.

 Para el juez es indiscutible que no se le leyeron los Derechos Miranda a Paulo Murta antes de realizar las preguntas y, por el contrario, le aseguraron para tranquilizarlo, que no estaba siendo investigado.

“La evidencia indiscutible muestra, sin embargo, que el acusado fue interrogado mientras se encontraba en un entorno y estado de custodia, por lo que se aplican las protecciones de Miranda y la Quinta Enmienda”, reza la decisión.

  El magistrado estableció que en la posición de Paulo Murta este no sintió que podía abandonar la entrevista voluntariamente, por lo que la moción para suprimir cualquier declaración oral o escrita dada a los agentes de portugueses o del DHS, se suprimen.

 Por todo lo expuesto, el juez Kenneth M. Hoyt concedió la moción de desestimación a Paulo Murta.

Estas son las 13 propiedades de los cabilderos de Nicolás Maduro, [el excongresista David Rivera y su socia Esther Nuhfer], que pasaron a ser controladas por el gobierno de EE. UU.: ambos están siendo juzgados en la Corte Federal de Miami

Por Maibort Petit

  En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades  pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero.  

  Las propiedades están ubicadas en los estados de la Florida y Georgia y habrían sido adquiridas presuntamente con dinero proveniente de la trama de corrupción que encabezó Rivera y que involucra a su socia y pareja sentimental, Nuhfer. 

  La fiscalía presentó una moción con “Lis pendens” que significa que los costosos inmuebles involucrados en el juicio contra Rivera y Nuhfer,  pasan al poder o control del tribunal en espera de la continuación de la acción legal contra los acusados hasta la sentencia final.

 La acusación contra David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer alega que ambos conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EE. UU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.

   Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en los Estados Unidos, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.

   Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera "no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero", cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro. Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).

   La ley FARA, aprobada en 1938 en Estados Unidos, exige que los agentes que trabajan para un gobierno extranjero, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero.

  La acusación establece que a partir de 2017, PDVSA contrató a la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc y a su asociada Esther Nuhfer, para cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de Estados Unidos, en nombre de Venezuela y obtener apoyo político para normalizar las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro.

   En la acusación aparecen involucradas dos empresas de consultorías: Interamerican Consulting Inc y Communication Solutions.

    Asimismo, la demanda señala que Rivera, "en su interés por mejorar la imagen de Venezuela", estableció  reuniones con un 1 Senador del estado de la Florida, un representante al Congreso de Texas, y un asesor de la Casa Blanca. Los encuentros se realizaron en Washington DC.

   En el documento se menciona a Nicolás Maduro, a la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Eloina Rodríguez, un empresario (Raúl Gorrín), a una empresa de servicios de yates de lujo del sur de la Florida, un abogado y dos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.

   La acusación dice que se celebraron dos reuniones con el senador de Florida en Washington D.C. en julio de 2017 para discutir un posible acuerdo con el régimen de Maduro en el que aceptaría un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.

Estas son las propiedades de Rivera y Nuhfer que pasaron a control del gobierno de EE. UU.

1) 1673 Pink Dogwood Way, Oviedo 32765

2) 21 Sadowski Causeway, Key Colony Beach, Florida.

3) 2665 SW 37 Ave. Unit 504, Miami Florida

4) 10925 NT, 43 Lane, Doral, Florida 33178

5) 82 Tingles Lane, marathon, Florida 33050

6) 237 Coke Street, NE, Marieta, Georgia.

7) 549 Bethesda Court, Oviedo, Florida, 32765

8) 2188 Ellis Mountain Drive SW, Marieta GA, 30064

9) 3060 Fleet St. Marieta, GA, 30064

10) 3663 S. Atlantic Av. Unit 20-C, New Smyrna Beach, Florida, 32169

11) 9425 SW 38 St. Miami, Florida 33165

12) 13604 SW 83 Court, Palmeto Bay 33158

13)237 Cole St. NE, Marieta GA, 30066.

Los cargos contra Rivera y Nuhfer 

      En la querella aparecen una serie de diligencias hechas por Rivera, que buscaba evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA, y las cabecillas del régimen de Maduro. En su afán por tratar que las sanciones no se materializaran, David Rivera gestionó reuniones con un senador de la Florida, un representante de Texas y un asesor de la Casa Blanca. Tal como se evidencia con hechos, Rivera no logró su cometido.

  Los fiscales explican que Rivera propuso reuniones donde estuvieron presentes representantes del régimen de Maduro, incluyendo una reunión que se realizó en Nueva York, donde estuvo presente la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez.

   Aparece referenciada una carta de Rodríguez donde se deja clara que había una relación de Rivera, y en su calidad de cabildero este propondría ante las altas autoridades del gobierno federal una propuesta de Nicolás Maduro en la que supuestamente se comprometía a realizar elecciones libres y transparentes. Esto ocurrió en 2017. En Venezuela se efectuaron comicios en 2018, en los cuales Maduro se declaró ganador, y su victoria no fue reconocida por la Comunidad Internacional.

   En el trabajo de lobby de Rivera se quiso vender la posibilidad que con el acercamiento de Maduro con la nueva administración se podía evitar una crisis mayor.

    En EE. UU. cabildear para un gobierno extranjero no es delito si se cumplen con todos los requerimientos exigidos y se dejan claras las cuentas de los fondos que reciben los lobistas por el servicio prestado. En el caso de Rivera y Esther Nuhfer, las dos empresas Interamerican Consulting Inc o Communications Solutions Inc, estaban violando la regla, porque la ley FARA obligaba a estar inscritas ante el Departamento de Estado de EE. UU. antes de actuar en nombre y a favor de los intereses de otro país en suelo norteamericano y ante las instituciones públicas.

   En la demanda aparecen una serie de correos electrónicos titulados "contratos FARA" donde se advierte que deben estar inscritos, pero Rivera, en una de las respuestas a Nuhfer dice que era un poco tarde para ello, pues si lo hacían, sería un escándalo mayúsculo por las políticas que el presidente Trump ya había tomado contra Maduro y PDVSA.

La demanda en NY sembró las dudas sobre Rivera

    La demanda federal contra Rivera y Nuhfer de Miami, tiene como fondo una acción civil que está bajo proceso en Nueva York,  en la que PDV USA argumenta que la firma de David Rivera,  Interamerican Consulting Inc, firmó un contrato por $50 millones con PDVSA para evitar que EE. UU. impusiera sanciones contra la petrolera y la élite del régimen venezolano, pero dicha consultoría no se efectuó. PDV USA aspira a que Rivera reintegre los $15 millones que pagó de manera irregular la filial de la petrolera estatal venezolana en EE. UU., CITGO al acusado.

    En la demanda civil que se interpuso en contra de la empresa de Rivera, Interamerican Consulting se pudo determinar que a través de las cuentas de CITGO, PDVSA pagó al acusado los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA y de Nicolás Maduro en los EE. UU. 

  Una demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 13 de mayo de 2020.  En la querella,  PDV USA buscaba que Interamerican Consulting Inc,  devolviera al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

  Una fuente interna de CITGO dijo a Venezuela Política en mayo 2020 que en marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que —a decir de muchos— eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (uno de los presos que fue intercambiado por los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon ( ahora extesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

  El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Said Aurelio Cabrera Abraham, el exmilitar integrante del DGCIM que tiene lazos al Pollo Carvajal y está vinculado a la trama de corrupción con el convicto, Roberto Rincón y su hijo José Roberto Rincón Bravo

 Por Maibort Petit

   Aunque su nombre no era conocido, el agente del DGCIM, Said Aurelio Cabrera Abraham salió a la luz pública por haber sido reseñado en un informe de la policía española que revela el papel jugado por el exmilitar venezolano en una trama de corrupción y lavado de dinero vinculada al corrupto convicto, Roberto Rincón, a su hijo, José Roberto Rincón en el que robaron millones de dólares pertenecientes al patrimonio de PDVSA.  Nuevas experticias destacan que Cabrera Abraham es un hombre cercano a Hugo Carvajal Barrios, arrestado en España y el proceso de extradición hacia EE. UU., donde será juzgado por delitos de narcotráfico.

  Said Aurelio Cabrera Abraham apareció en primera línea cuando el Pollo Carvajal logró ser liberado por las autoridades del Reino de Holanda, tras ser arrestado en la isla de Aruba, atendiendo una orden de captura emitida por el gobierno de los Estados Unidos.

   Said Aurelio Cabrera Abraham habría cometido actividades delictiva cuando cumplía funciones como funcionario público.

El caso

  En la trama de corrupción encabezada por Roberto Rincón Fernández y en la que su hijo, José Roberto Rincón Bravo, jugó un papel fundamental, igualmente ha participado un exmilitar venezolano, Said Aurelio Cabrera Abraham, exintegrante de la Dirección General de ContraInteligencia Militar (DGCIM) actual SEBIN, activo en funciones públicas al momento en que se llevaron a cabo unas operaciones irregulares entre los Rincón y la filial de PDVSA, Bariven, para la compra de unos vehículos con una empresa bajo el control de estos. El desarrollo de los acontecimientos, así como un conjunto de correos electrónicos encontrados en allanamientos ordenados por un Juzgado al domicilio y empresas de Rincón Bravo en España, dejan ver cómo se repite el esquema de corrupción que llevó al procesamiento judicial del magnate venezolano en tribunales de los Estados Unidos.

 José Roberto Rincón Bravo es hijo de Roberto Rincón Fernández, condenado recientemente a solamente 18 meses de prisión por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, pese a haber protagonizado una de las más escandalosas tramas de corrupción de los últimos tiempos en Venezuela. En el heredero, según dejan suponer las averiguaciones emprendidas por la justicia de España donde reside, se ha perpetuado la milmillonaria estafa a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Rincón Bravo fue arrestado junto a su madre, María Lilia Bravo, el 6 de junio de 2018 por orden de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, al ser señalado de cometer el delito de blanqueo de capitales. Desde entonces, ha sido objeto de varios allanamientos en sus propiedades y empresas, los cuales han arrojado información que sustenta la acusación en su contra. Del informe de una de esas diligencias, damos cuenta en esta entrega.

El informe policial

  El informe fue elaborado por la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción dependiente de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial adscrita a la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior de España, el cual responde a una orden del Juzgado de Instrucción Nº 27 de Madrid para llevar a cabo una Diligencia de Entrada y Registro en el domicilio y sedes de las empresas de José Roberto Rincón Bravo en el país ibérico.

  El referido informe está fechado el 25 de octubre de 2022 y da cuenta de una nueva información con relación a la investigación que se le sigue a Rincón Bravo a raíz de un oficio emanada por el Juzgado Central de Instrucción 3 que inicialmente estuvo a cargo del caso. PDVSA, la cual se presenta como posible perjudicada en esta causa, entabló una querella contra de José Roberto Rincón Bravo, una vez que Roberto Rincón Fernández se declaró culpable en Estados Unidos. Esto en razón de que la documentación recabada y analizada por el Juzgado español llevaron a establecer en un informe fechado el 24 de abril de 2019, que el modus operandi “observado en las actividades mercantiles desarrolladas en España por José Roberto Rincón, [son] muy similares a los hechos por los que se declaraba culpable su padre en Estados Unidos”.

  El informe policial revela al Juzgado nuevos datos de interés relacionados con una operación sospechosa de Roberto Rincón Fernández y José Roberto Rincón Bravo, con un exmilitar venezolano de nombre, Said Aurelio Cabrera Abraham, en el año 2013. La supuesta negociación irregular en la que habría intervenido  el referido Cabrera Abraham — nacionalizado español el 21 de diciembre de 2021— se llevó a cabo a través de la sociedad mercantil Maniobras Civiles Inc., la cual vendió unos vehículos a Bariven, filial de PDVSA encargada de las compras de las estatal petrolera venezolana.

  Refiere el informe que la operación presenta indicios de haberse llevado a cabo mediante la “mecánica de trabajo” implementada por la familia Rincón, en la cual “utilizaban terceras empresas para que obtuviesen las licitaciones de PDVSA pero cuya actividad en realidad estaba controlada por ellos, convirtiéndose en su proveedor y obteniendo la mayor parte de las cantidades pagadas por PDVSA a la sociedad ‘interpuesta’”.

  Se refiere que también en 2014, se detectó que Said Aurelio Cabrera Abraham efectuó otra operación sospechosa “que ha dado lugar a reportes de Inteligencia Financiera, donde también participarán Roberto y José Rincón”.

  Esta operación la habría llevado a cabo Cabrera Abraham en conjunto con Carmen Julia Pérez Gómez, quienes canalizaron millonarias sumas de dinero a una cuenta bancaria bajo su control en la entidad Caixa Geral, el cual en breve tiempo fue transferido fuera de España.

  Aparte de haberse nacionalizado español, Said Cabrera compró un inmueble por un millón de euros, hecho que hace suponer a los investigadores su intención de asentarse progresivamente en España. Este traslado sería consecuencia de la investigación que se le sigue también en República Dominicana —donde residía— por parte de la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la nación caribeña, la cual brinda asistencia a las autoridades de Estados Unidos.

  Igualmente, el informe policial refiere que Said Aurelio Cabrera Abraham igualmente es investigado por el Juzgado Central de Instrucción Nº 6.

  Cabrera Abraham, de acuerdo a otras investigaciones periodísticas, vendió sistemas de seguridad a PDVSA a través de Plymouth Overseas Limited.

La operación irregular

  La diligencia de allanamiento en las propiedades y empresas de José Roberto Rincón Bravo, específicamente en la filial española Tradequip España Inspección y Logística S.L. ubicada en Madrid, se encontraron una gran cantidad de correos electrónicos, así como otros documentos, que revelaron la operación de venta de vehículos a Bariven por parte de una empresa sin aparente vinculación con el resto de las compañías de los Rincón, a saber, Maniobras Civiles Inc.

   Se acota que las comunicaciones se realizaron a través de la cuenta de correo corporativa de José Roberto Rincón jrincon@tradequipsm.com, la cual permitió constatar la participación de este en los negocios de su padre, un hecho que ha negado en reiteradas oportunidades.

  En la operación de venta ocurrida en 2013, también participó el argentino Marcelo Tunoni, según dejan ver los correos, los cuales indican cómo Said Cabrera, Roberto Rincón Fernández y José Roberto Rincón Bravo, instruyeron la materialización de la operación a pesar de que, aparentemente, no tenían relación con la empresa licitadora.

Said Cabrera: ¿funcionario público?

  Uno de los puntos medulares del informe apunta la importancia de determinar si para el momento de la negociación, Said Cabrera Abraham se desempeñaba o no como funcionario público, puesto que conocer esta circunstancia permitiría establecer la utilización del mismo modus operandi del que los Rincón se valieron para llevar a cabo la trama de corrupción por la que se procesó judicialmente a Roberto Rincón Fernández en Estados Unidos. Conocer esto es fundamental, porque ello agregaría más elementos a la ya de por sí situación irregular que suponen los sobrecostos observados en la operación de venta de los vehículos.

  Los investigadores refieren que obtuvieron información de que Cabrera Abraham se desempeñó, en su condición de militar venezolano, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) denominada actualmente Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), policía política al servicio de la “revolución bolivariana” subordinada a la Vicepresidencia Ejecutiva desde el año 2012.

 Cita el informe que el 23 de julio de 2014, es decir, luego de que tuviera lugar la negociación irregular, se produjo en Aruba la detención de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe la Dirección de Inteligencia Militar venezolana (DIM), designado el 16 de enero de 2014 por Nicolás Maduro, como cónsul de Venezuela en la isla caribeña. Para el momento del arresto, el militar venezolano se encontraba a la espera de la aprobación del Reino de Holanda de su designación como representante diplomático. El arresto de Carvajal que respondía a una solicitud de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la guerrilla terrorista colombiana de las FARC y con el narcotráfico, llegó a su fin y fue liberado al reconocersele su estatus diplomático y, por tanto, su inmunidad.

  Un video que ahora no se encuentra disponible, pero que para la fecha de redacción del informe estaba disponible en la plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=5qxuy1JO6z8) y fue visualizado por la policía en su investigación, muestra a Said Cabrera  Abraham como parte de de la comitiva de escoltas que recibió a Hugo Carvajal en Venezuela después de su liberación en Aruba. En las imágenes también se contempla a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, ex funcionario del Departamnento de Seguridad y Control de Pérdidas de PDVSA, quien también fue detenido junto a José Roberto Rincón en España por acusaciones de corrupción.

  Cabrera Abraham y Reiter Muñoz “casualmente” también figuran como directivos, de la empresa Inversiones RC 58 Inc., registrada el 15 de octubre de 2014 en Panamá, bajo el número 84664. En dicha compañía actualmente suspendida, Said Aurelio Cabrera Abraham cumplia funciones de presidente y director; Rafael Reiter era tesorero y director; Charles Henry Du Bosq Beaumont, se desempeñaba como secretario y director; los suscritores eran José Eugenio Silva Ritter y Dianeth Isabel Matos de Ospino.

  Se informa que el citado Charles Henry Du Bosq Beaumont también figura junto a Said Cabrera en la directiva de Plymouth Overseas Limited Inc., empresa actualmente suspendida, registrada en Panamá el 19 de septiembre de 2014, bajo el número 844367. Con ellos eran directivos Carmen Pérez Gómez y Quijano Incorporations One Inc. Du Bosq Beaumont es investigado por el Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de España en razón de su papel como responsable financiero de Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) que participó en una operación de cambio de divisas encubierto bajo la figura de un contrato de crédito con PDVSA en 2012. Una negociación también investigada en Venezuela.

  Ahora bien, el informe policial agrega que en los correos electrónicos hallados durante el allanamiento a las propiedades de Rincón Bravo, había unas comunicaciones establecidas entre ambos hombres en marzo de 2013, justamente en el periodo en que se ejecutó la negociación entre Bariven y la empresa Maniobras Civiles Inc. Cabe destacar que esta empresa actualmente inactiva, se registró en Florida el 8 de abril de 2011 bajo el número P11000034534. En el directorio figuran las empresas MS & 7000 Asociados Inc y Wraith LLC. Esta última se vincula a Marcelo Tunoni (mencionado líneas arriba) y Jesús Vidal Salazar Acevedo, un exmilitar venezolano que forma parte de otra empresa señalada de irregularidades con oro venezolano.

  Los correos electrónicos en cuestión versan sobre el itinerario de vuelo de unos médicos alemanes que viajaron a Venezuela con motivo del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. En el intercambio de mensajes se deja saber el papel de Cabrera Abraham como “oficial de enlace” y “empleado de la justicia” en Venezuela.

  Peter Heinrichs —ciudadano alemán que participó en una operación sospechosa de hechos irregulares entre PDVSA y la empresa búlgara Evneft LTD de la que era accionista y que fue utilizada por los Rincón en su trama de corrupción— le remitió un correo electrónico a José Roberto Rincón Bravo el 18 de marzo de 2013 que contenía un documento denominado “Protokoll Hugo Chávez bearb.- ES.doc” (Protocolo sobre las actuaciones profesionales), el cual informa de la actuación de los médicos alemanes en Caracas, por el fallecimiento de Chávez.

  Allí se hace alusión al papel cumplido por Said Cabrera Abraham como “oficial de enlace” que los recibió al llegar a Caracas. 

  En otro párrafo referido al embasamamiento del cádaver de Hugo Chávez, dicen que discutieron el procedimiento y “Estos datos fueron transmitidos por el encargado del Ministerio, Said Cabrera, a 2 patólogos cubanos (que al parecer se encontraban en el lugar). Nos dijeron que estos dos señores eran los competentes para la tanatopraxia”.

 También mencionan a Cabrera como “encargado del Ministerio de Justicia” a quien advirtieron de la necesidad de completar el embalsamamiento lo antes posible. 

  Igualmente hay referencia a Said Cabrera Abraham como “el empleado de la justicia Said Cabrera nos informó que...” y “Además le pedimos al Sr. Cabrera que se nos expidiera una carta de referencia sobre nuestra actividad lo cual nos fue prometido”.

  En tal sentido, el informe policial refiere que “todo apunta a que Said Cabrera se desempeñaba como funcionario adscrito al Ministerio de Defensa como mínimo, hasta marzo de 2013, fecha posterior a la consecución de la operativa de venta de vehículos a BARIVEN (PDVSA) en la que participara y de la que se hablará más adelante”.

La operación irregular

  Las comunicaciones ocurridas entre finales de 2012 y principios de 2013, revelan la interacción entre Said Cabrera, Marcelo Tutoni, José Roberto Rincón y Roberto Rincón Fernández, así como su partipación en la supuesta operación irregular entre Bariven y Maniobras Civiles Inc. 

  Se lee en el informe que “En estos correos se podrá observar que Said Cabrera es la persona que, de manera previa, figura dando “instrucciones” a Roberto Rincón, el cual, a su vez, solicitará a su hijo José Rincón que lleve a cabo la ejecución de la operación. Tunoni por su parte, participará reportando a Cabrera y los Rincón todas las operaciones que irá realizando la sociedad Maniobras Civiles INC. Marcelo Tunoni por su parte aparecerá utilizando un correo electrónico con dominio coincidente con la sociedad M&S 7000 Asociados INC (@msasociados.com)”.

  Asimismo, los correos relativos a la autorización de la operación de compra entre los Rincón (padre e hijo), siempre están precedidos de otros establecidos con Said Cabrera en los mismos términos.

  Entre los Rincón (padre e hijo) se produjeron comunicaciones contentivas de los documentos propios de la negociación entre Bariven-PDVSA y Maniobras Civiles INC. Es decir, esta última, aunque no era legalmente una compañía de los Rincón, estaba bajo su control. La documentación deja ver también los sobreprecios de los vehículos negociados, dice el informe policial.

  Es la cadena de correos electrónicos entre los citados, la que pone de manifiesto a las autoridades policiales y judiciales de España, del control de los Rincón sobre las empresas involucradas, así como la participación del resto de las personas referidas en el informe.

  La relación de Said Cabrera con los Rincón se extendería también al plano personal, toda vez que el primero figura en la lista de invitados a la celebración del cumpleaños de María Lila Bravo de Rincón, esposa de Roberto Rincón y madre de José Roberto Rincón Bravo, llevada a cabo en Aruba para la misma fecha de la negociación.

Conozca los detalles del millonario contrato suscrito entre Detons Europe CS LLP y PDVSA para representarla en las múltiples demandas que enfrenta

  Se trata de un millonario acuerdo de asesoría jurídica que David Syed, abogado irlandés experto en finanzas, brinda al gobierno venezolano y la estatal petrolera.

Por Maibort Petit

  Aunque inicialmente su relación con el régimen de Nicolás Maduro se entabló para encargarse de la restructuración de la deuda externa venezolana de USD 60.000 millones, David Syed, el abogado irlandés socio de la firma de abogados registrada en la República Checa, Detons Europe CS LLP, derivó sus actividades a la representación de la estatal petrolera en los procesos de arbitraje, juicios y demás procesos judiciales que enfrenta en distintas instancias jurisdiccionales del mundo. Pero no sólo esas serían sus funciones, pues voceros de la oposición venezolana han denunciado que su actuación igualmente comprende el burlar las sanciones impuestas a Venezuela y PDVSA por el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional.

 Recientemente, el excomisario de la desaparecida Policía metropolitana de Caracas y expreso político, Iván Simonovis, señaló a David Syed de ser el interlocutor del régimen de Nicolás Maduro para burlar las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional a PDVSA. Una actuación de a este abogado externo de la petrolera estatal venezolana, le habría permitido obtener ganancias millonarias en dólares y euros, según el exfuncionario policial.

  Simonovis reveló que Detons Europe CS LLP, la empresa de la cual es socio Syed, supuestamente recibió honorarios profesionales que sumaron 13,8 millones de euros y agregó que el abogado, en cada viaje que realiza a Venezuela produce un gasto de USD 26.373 por concepto de costo de los vuelos privados. Los cálculos del expolicía metropolitano señalan que los últimos siete viajes significaron una erogación de USD 184.611.

 David Syed fue contratado por Detons para asesorar al régimen de Maduro en el proceso de reestructuración de la deuda externa cuando se pretendía renegociar una deuda de USD 60.000 millones[1].

 Anteriormente a su afiliación a Detons Europe CS LLP, Syed era socio de la firma Orrick, Herrington & Sutcliffe, esto hasta noviembre de 2017 cuando Detons lo requirió para asesorar a la dictadura venezolana en el manejo de su deuda externa[2].

  El portal Poderopedia informa que “David Syed tiene una amplia experiencia en contratos internacionales, transacciones corporativas y transacciones transfronterizas. Es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Francesa de Reims, y tiene un master de Derecho de la Universidad de Exeter, en Reino Unido”. La publicación especializada Best Lawyers lo catalogó en 2014 como uno de los mejores abogados de finanzas. Del mismo modo señala que Syed se separó de Orrick, Herrington & Sutcliffe cuando este despacho se negó a hacer negocios con el régimen venezolano[3].

El Acuerdo

  El 11 de julio de 2018, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), representada por su Consultora Jurídica, Hilda Cabeza, y la empresa domiciliada en la República Checa, Detons Europe CS LLP, representada por el ciudadano irlandés, Dawood Syed, suscribieron un contrato de Servicios Profesionales el cual tiene por objeto representar judicialmente a la petrolera, “ante los procesos de arbitraje, juicios, entre otros; con sus propios recursos y personal, y a satisfacción de esta”. Se estableció que PDVSA tendría la conducción de los procedimientos a través de su consultoría jurídica, mediante sus orientaciones, el control y seguimiento que realice, dirigidos a instruir a Detons y a los abogados de esta y de su personal, designados para ejercer la representación en las instancias correspondientes.

  El precio del contrato se estableció hasta por la cantidad máxima de 5.749.120 Euros, de los cuales 4.422.400 corresponderían a 8 mil horas/hombre anuales de trabajo, calculadas por la multiplicación del esfuerzo estimado en Horas/Hombre por las tarifas presentadas en la oferta que forma parte del contrato. Asimismo, 1.326.720 Euros correspondientes al 30% por concepto de gastos reembolsables, cuyo monto total en bolívares asciende a Bs. 541.061.181.440, calculados a la tasa de cambio indicada en el Convenio Cambiario 39 que, según la última subasta del DICOM del 7 de junio de 2018, se fijó en Bs. 94.112 por Euro.

  Entre otras generalidades, el acuerdo establece el pago de honorarios profesionales por parte de PDVSA a Detons de USD 665 por hora de trabajo de los socios (Partner); USD 557 por hora para los Consejeros (Counsel) Senior; USD 371 por hora de trabajo para los Senior Associate; USD 248 por hora de trabajo para los Junior Associate; tarifa de paralegal de 195 Euros.

  Estos montos comprenden las actuaciones que partir de la suscripción del contrato se produzcan en representación, atención y defensa de los intereses de PDVSA.

 Se entienden por Gastos Reembolsables los generados en la prestación del servicio, tales como pago de hoteles, boletos aéreos, taxis, servicios de traducción y transcripción, teléfono, fax, servicios postales. El pago se realizará contra presentación de facturas.

 Además de otras cláusulas relativas a aspectos formales y de procedimiento, se establece como “Punto de Honor en la Defensa de PDVSA”, que Detons deberá en la medida de lo posible, “implementar de forma obligatoria” los alegatos en relación con la “falta de jurisdicción del Tribunal Arbitral para el conocimiento de la presente causa contra PDVSA”, así como aquellos relativos a escenarios de fraude en los casos en los que los demandantes hayan ejecutado operaciones destinadas e impulsadas a constituirse en objeto del ámbito de aplicación de Tratados de Promoción y Protección de Inversiones.

El Addendum Nº 1

  El 25 de marzo de 2019 se firmó el Addendum o contrato complementario Nº 1 en el cual se modificó la cláusula relativa al pago y gastos reembolsables, para ajustar la cantidad de horas hombre a la necesidad del servicio y monto respectivo.

  Se estipuló que el monto del contrato sería hasta por la cantidad máxima de 8.099.468 Euros, de los cuales, 6.230.360 se destinarían a 11.400 Horas/Hombre anuales de trabajo, calculados al multiplicar el esfuerzo estimado en Horas/Hombre por las tarifas presentadas en la oferta; así como 1.869.108 Euros correspondientes al 30% por concepto de gastos reembolsables. El cálculo se hizo de acuerdo al Convenio Cambiario 39 aplicado a la subasta del 27 de febrero de 2019, de Bs. 3.748,90 por cada euro.

  Las tarifas de los honorarios se mantuvieron como estaban en el contrato del 11 de julio de 2018.

El Addendum Nº 2

  El 12 de junio de 2019, se firmó el Addendum o contrato complementario Nº 2, el cual prolongó la vigencia y duración del contrato, hasta ahora establecida en un año, hasta que se consuma la totalidad del monto estipulado en la cláusula segunda o al 31 de diciembre de 2019. Es decir, tendría vigencia en tanto ocurrieran cualquiera de los dos supuestos referidos.

 Igualmente se estableció que solamente si PDVSA estimaba conveniente, el contrato podría prorrogarse a través de un Addendum suscrito entre las partes.

El acuerdo de pagos

 El 11 de julio de 2018, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), representada por su Consultora Jurídica, Rocío Goitía Gómez, y la empresa Detons Europe CS LLP, representada a su vez por David Syed, socio de la firma, suscribieron un Acuerdo que tenía por objeto “ayudar en el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales”.

 A través de dicho acuerdo, Detons autorizó a PDVSA para que, a partir de la fecha de la firma, la petrolera realizara los pagos derivados del contrato de servicios profesionales indistintamente y de preferencia, en la cuenta bancaria a su nombre del Banque Delubac & Cie; o en la cuenta a nombre de AO Detons Europe del banco VTB Bank; así como en cualquier otra cuenta bancaria perteneciente a los citados. Se advierte de cualquier cambio sería informaría con cada factura emitida.

 Del mismo modo, las partes acordaron mantener la vigencia de los acordado en el contrato de servicios del 11 de julio de 2018 y su Addendum Nº 1.

Las facturas

 El 10 de julio de 2019, Detons Europe CS LLP emitió la factura 271901101 a PDVSA, a la atención de Roccio Goitía, por los servicios profesionales proporcionados hasta el 30 de junio de 2019 por 440 Euros. Se refería al caso descrito como 14/Bonos y Préstamos.

  En la misma fecha, 10 de julio de 2019, se emitió la factura 271901102 relativos al caso descrito como 16/APS-Italia por 10.149 Euros.

 Igualmente, en la misma fecha se emitió la factura 271901103 también relativa al caso 16/APS-Italia por Gastos Reembolsables, por 420,69 Euros.

 También el 10 de julio de 2019, se emitieron las facturas 271901104 por 405 Euros por servicios profesionales por el caso 18/Core Laboratories; la 271901105 por 200 Euros por el servicios profesionales por el caso 25/Ecuador; la 271901106, por servicios profesionales por el caso 26/Arbitrajes Marítimos del Reino Unido por 619,60 Euros; la 271901107, por servicios profesionales por el caso 31/NYNAS-General Corporate, por 23.395,40 Euros; la 271901108, por servicios profesionales por el caso 32/Propernyn-Energy Coal, por 18.439,10; la 271901109, por gastos reembolsables por el caso 32/Propernyn-Energy Coal, por 789,48; la 271901110, por servicios profesionales por el caso 34/Portugal, que comprendía un renglón por 23.942,90 y otro por 23.476,71 que totalizaban 47.419,61 Euros; la 271901111, por el caso 34/Portugal, por concepto de gastos reembolsables, por 4.355,55 Euros; la 271901112 por servicios profesionales por el paso 35/Petrojam, por 49.835,80, la 271901113, por gastos reembolsables del caso Petrojam, por 5.838,62 Euros; y la 271901114, por servicios profesionales del caso 38/Caballero, por 117368,60.

 Del mismo modo, en nuestro poder se encuentra otro grupo de facturas fechadas los días 14 de agosto de 2019 y el 28 de agosto de 2019, que totalizan 114.609,84 Euros.

Sobre Detons

  Detons Europe CS LLP, Unidad Organizacional, de acuerdo el portal Open Corporates, es una empresa activa registrada en la República Checa el 5 de diciembre de 2008, bajo el número 28499808, como componente organizacional de entidad legal extranjera. Inicialmente estuvo denominada como Salans Europe LLP. El directorio lo conforman la propia Detons Europe CS LLP como entidad fundadora y Tomasz Cezary Dabrowski, quien figura como miembro designado[4].

  Se trata de un despacho de abogados que, según describe el portal CCCA, ofrece asesoría a “clientes nacionales y extranjeros en diversas áreas de la vida empresarial, incluidas fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, derecho corporativo, capital privado/capital de riesgo, banca, finanzas y mercados de capital, reestructuración e insolvencia, transacciones inmobiliarias, derecho laboral, penal y de competencia, así como derecho regulatorio, cumplimiento y resolución de disputas. Dentons tiene una gran experiencia en la planificación, estructuración y negociación de transacciones de capital privado. Asesoramos en todo el “ciclo de vida” de los fondos de capital privado, desde su estructuración y captación, pasando por la implementación y ejecución de su estrategia de inversión (compras e inversiones de capital riesgo) hasta la desinversión de sus carteras (salida) y posterior liquidación del fondo”[5].

1) El Nacional. “David Syed, el abogado de Pdvsa señalado de ser interlocutor del chavismo para burlar las sanciones de EE UU”. 15 de febrero de 2023. https://www.elnacional.com/venezuela/david-syed-el-abogado-de-pdvsa-senalado-de-ser-interlocutor-del-chavismo-para-burlar-las-sanciones-de-ee-uu/

2) Instagram. Maduradas. “¡Desesperados! Gobierno contrató a un abogado para que lo asesore en reestructuración de la deuda (Ay, Nico)”. 15 de noviembre de 2017. https://www.instagram.com/p/BbiicmAh2xy/?hl=es

3) Poderopedia. David Syed. https://poderopediave.org/persona/david-syed/

4) Open Corporates. Detons Europe CS LLP, unidad organizacional. https://opencorporates.com/companies/cz/28499808

5) CVCA. Dentons Europe CS LLP. https://cvca.cz/en/dentons-europe-cs-llp-2/

 

Dos contratistas y un exfuncionario de CITGO-PDVSA serán sentenciados por delitos de corrupción y lavado de dinero por un juez de Texas

  Roberto Rincón, José Manuel González Testino y José Luis De Jongh serán sentenciados el 15 de diciembre: Pocas expectativas de aplicación de castigo ejemplar.

Por Maibort Petit

   El próximo jueves 15 de diciembre, el Juez Gray Miller del Distrito Sur de Texas en Houston, leerá la sentencia de los corruptos venezolanos: José Luis De Jongh Atencio, José Manuel González Testino y  Roberto Enrique Rincón Fernández, culpables de la comisión de delitos de robo al erario público venezolano, a través de negociaciones irregulares en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en la filial estadounidense, CITGO.

 Los tres sujetos, cuyas condenas han sido prorrogadas en varias ocasiones por el tribunal, se declararon culpables en casos separados por haber formado parte de esquemas criminales de corrupción, a través de los cuales obtuvieron ganancias ilícitas que fueron lavadas en el sistema financiero y mercado inmobiliario de EE. UU. 

 A pesar del escandaloso monto esquilmado al patrimonio venezolano y a la desvergonzada trama de lavado de dinero instrumentada, no deben tenerse demasiadas expectativas acerca de la aplicación de castigos ejemplarizantes en razón del carácter que han tenido las penas impuestas hasta ahora a otros protagonistas de esquemas de corrupción similares. Peor aún, la posibilidad que la nación recupere algo, del grosero monto robado al tesoro venezolano, es casi nula.

  A pesar de las expectativas creadas al inicio de los casos, las sentencias han sido extremadamente ventajosas para los criminales. En la última sentencia, el juez Miller determinó que Abraham Shiera Bastidas, socio de Rincón Fernández en la trama que supuso solamente en sobornos una suma que superó los USD 1.000 millones, deberá pagar solamente 12 meses y un día de cárcel. La condena incluyó el tiempo servido,  lo que redujo el tiempo tras las rejas del convicto a menos de 7 meses. De acuerdo al magistrado, la “colaboración estelar” brindada por Shiera fue fundamental para el desmantelamiento del esquema de corrupción y por ende, se hizo acreedor del premio que se otorga a los delatores, según las leyes norteamericanas.

  Por lo general, la declaración de culpabilidad supone la cooperación y el suministro de información que conllevan a la reducción de las penas que, en algunos casos, terminan siendo risibles en comparación con la magnitud de los delitos cometidos y el daño causado. En los tres casos que nos ocupan en esta oportunidad —José Luis De Jongh Atencio, José Manuel González Testino y Roberto Enrique Rincón Fernández— los acusados han admitido la comisión de los delitos y han establecido tratos con la justicia estadounidense.

  Solamente en el caso de Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, un exgerente de PDVSA Servicios en Houston, acusado de recibir millonarios sobornos de contratistas corruptos a cambio de la aprobación de contratos con la petrolera venezolana de manera fraudulenta, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, se ha visto la imposición de una condenada más o menos significativa de 70 meses de prisión[1].

La sentencia de De Jongh Atencio

  A las 10 y media de la mañana está pautada la lectura de la sentencia en el caso de José Luis De Jongh Atencio, quien se declaró culpable el 22 de marzo de 2021 de conspiración para lavar dinero. Este delito supone una pena máxima legal de prisión de no más de veinte años y una multa de no más de USD 500.000 o el doble del valor de los fondos lavados, lo que sea mayor.

  De Jongh Atencio se desempeñó en el área de adquisiciones y como gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EE. UU. entre septiembre de 2010 y febrero de 2018, posición desde la cual se involucró en la trama de corrupción instrumentada por los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez. El alto funcionario de la petrolera estatal venezolana aceptó millonarios sobornos a cambio de la obtención de contratos[2].

  José Luis De Jongh Atencio es un abogado egresado de la Universidad del Zulia cuya única credencial para haber ingresado a la industria petrolera, fue haber sido amigo y compañero de estudios de Rosana Elena Delgado (también conocida como Rosana E. Nooney), esposa y socia de Alejandro Granado, expresidente de la corporación quien ordenó su contratación en 2010. Antes de verse involucrado en esta trama de corrupción, se le había señalado de otros manejos irregulares en su desempeñó en el departamento de Procura que solamente le significaron su devolución al departamento legal.

  Fue acusado por los hechos sobre los cuales se le dictará sentencia, el 16 de julio de 2020, cuando se imputaron seis cargos de lavado de dinero que el 16 de diciembre del mismo año se elevaron a ocho en una acusación de reemplazo[3].

  El pasado 28 de junio del presente 2022, el juez Gray H. Miller emitió una Orden Final de Confiscación de bienes pertenecientes a José Luis De Jongh Atencio que permitió el decomiso definitivo de los bienes inmuebles denominados como Unidades 201, 202, 203, 204, 303 y 304 de Grand Ridge Office Condominiums, ubicado en 440 Cobia Drive en Katy, Texas. Ya anteriormente, el 22 de marzo de 2021, se le había dictado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada sobre dichas propiedades[4].

La sentencia de González Testino

  Entretanto, a las 11 de la mañana deberá ocurrir la lectura de sentencia de José Manuel González Testino, quien el 28 de mayo de 2019 se declaró culpable de haber cometido delitos de corrupción y lavado de dinero de fondos irregulares, sobornos pagados a funcionarios de PDVSA, que fueron ingresados al sistema financiero e inmobiliario de los Estados Unidos. Las coimas estuvieron destinadas a la obtención de contratos millonarios con la petrolera y su filial en EE. UU, CITGO Petroleum Corporation.

  Se espera que, finalmente, en la fecha antes mencionada se conozca la sentencia que ya ha sido pospuesta en varias ocasiones. Además, alegando motivos de seguridad, González Testino ha obtenido otros privilegios, como el sellado de los documentos que informan de los permisos otorgados a su esposa para viajar fuera de los Estados Unidos. También se le otorgó mantener en secreto su lugar de residencia[5].

 José Manuel González Testino también está siendo acusado por CITGO por incumplimiento de contrato, fraude y violación a la ley RICO. La demanda incluye a la empresa Petroleum Logistics Service Corp., la cual debía suministrar servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)[6].

La sentencia de Rincón Fernández

  Protagonista de una de los más grandes desfalcos de la historia cometidos contra PDVSA, Roberto Enrique Rincón Fernández, conocerá de boca del juez Miller cuál será su pena a las 11 y media de del referido 15 de diciembre de 2022.

  El contratista corrupto, propietario de Tradequip, aprovechó el paro petrolero ocurrido entre 2002 y 2003, para convertirse en uno de los principales proveedores de PDVSA. En 2008, el entonces presidente de Bariven, George Kabul, sacó a las empresas de Rincón de la lista de proveedores en razón de las irregularidades detectadas en sus operaciones. Sin embargo, burló esta medida y, en sociedad con Abraham Shiera, logró mantenerse como contratista a través de firmas registradas en el estado de Florida. La investigación de esta sociedad llevó a que un Gran Jurado acusara a los empresarios de 18 cargos lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, fraude cometido en transferencia electrónica, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA).

  Entre 2009 y 2014, Rincón y Shiera sobornaron a cinco funcionarios de PDVSA a cambio de la obtención de millonarios contratos. Las coimas se enmascaraban bajo la figura de comisiones y pagos por falsas compras de equipos que nunca fueron entregados. Los funcionarios sobornados creaban falsas competencias con otras empresas para darle apariencia de legitimidad a la adjudicación de los contratos otorgados a Rincón y Shiera[7].

  También se señala que Rincón facilitó a Hugo “El Pollo” Carvajal un avión de Global Air Services Corp, empresa de la que su hijo, José Roberto Rincón, era el gerente, para trasladarse a Aruba cuando fue arrestado para ser extraditado a Estados Unidos.

[1] Venezuela Política. “EE.UU.: Condenan a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz a 70 meses de prisión por delitos de corrupción en PDVSA”. 19 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/eeuu-condenan-alfonzo-eliezer-gravina.html

[2] Venezuela Política. “Corrupción CITGO: Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (I)”. 12 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/corrupcion-citgo-conozca-los-detalles.html

[3] Venezuela Política. “Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (II)”. 16 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/conozca-los-detalles-del-caso-de-jose.html

[4] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. emitió orden final de confiscación de bienes adquiridos con dinero robado a CITGO - PDVSA por el exfuncionario corrupto, José Luis De Jongh Atencio”. 28 de octubre de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/10/tribunal-de-ee-uu-emitio-orden-final-de.html

[5] Venezuela Política. “Otra vez se posterga la lectura de sentencia de José Manuel González Testino por la comisión de delitos de corrupción en CITGO y PDVSA”. 15 de agosto de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/08/otra-vez-se-posterga-la-lectura-de.html

[6] Venezuela Política. “Detalles de la demanda por incumplimiento de contrato que CITGO interpuso contra José Manuel González Testino”. 4 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/detalles-de-la-demanda-por.html

[7] Venezuela Política. “Claves para entender el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera protagonistas de una de las grandes estafas cometidas contra PDVSA”. 24 de noviembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/11/claves-para-entender-el-caso-de-roberto.html

El arresto de exrepresentante de Florida, David Rivera y a su socia : Ambos fueron consultores de Nicolás Maduro y cobraron millones

  En los chats, Rivera llamaba a Nicolás Maduro "el guaguero" (chofer de autobús)

Por Maibort Petit

  El exrepresentante de Florida David Rivera fue arrestado este lunes por las autoridades federales, tras ser acusado de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero.  El arresto se produjo en el estado de Georgia.

   Una demanda civil previa, interpuesta por PDV USA en Nueva York argumentó que la firma del acusado, Interamerican Consulting Inc, firmó un contrato por $50 millones con PDVSA para evitar que EE. UU. impusiera sanciones contra la petrolera y la élite del gobierno venezolano, pero dicha consultoría no se efectuó por lo que la empresa PDV USA aspira a que Rivera reintegre los $15 millones que pagó de manera irregular la filial de la petrolera estatal venezolana en EE. UU., CITGO pagó a sus empresas.

   De acuerdo a la acusación revelada por el Departamento de Justicia, David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer (con quien ha sostenido una relación sentimental) conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EE. UU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.

   Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en los Estados Unidos, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.

  Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera "no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero", cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro. Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).

   La ley FARA, aprobada en 1938 en Estados Unidos, exige que los agentes que trabajan para un gobierno extranjero, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero.

  La acusación establece que a partir de 2017, PDVSA contrató a la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc y a su asociada Esther Nuhfer, para cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de Estados Unidos, en nombre de Venezuela y obtener apoyo político para normalizar las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro.

   En la acusación aparecen involucradas dos empresas de consultorías: Interamerican Consulting Inc y Communication Solutions.

  

    Asimismo, la demanda señala que Rivera, "en su interés por mejorar la imagen de Venezuela", estableció  reuniones con un 1 Senador del estado de la Florida, un representante al Congreso de Texas, y un asesor de la Casa Blanca. Los encuentros se realizaron en Washington DC.

     

     En el documento de 34 páginas se menciona a Nicolás Maduro, a la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Eloina Rodríguez, un empresario (Raúl Gorrín), a una empresa de servicios de yates de lujo del sur de la Florida, un abogado y dos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.

   La acusación dice que se celebraron dos reuniones con el senador de Florida en Washington D.C. en julio de 2017 para discutir un posible acuerdo con el régimen de Maduro en el que aceptaría un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.

   Los cargos muestran una serie de transacciones que se resumen en el siguiente cuadro:

      En la querella aparecen una serie de diligencias hechas por Rivera, que buscaba evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA, y las cabecillas del régimen de Maduro. En su afán por tratar que las sanciones no se materializaran, David Rivera gestionó reuniones con un senador de la Florida, un representante de Texas y un asesor de la Casa Blanca. Tal como se evidencia con hechos, Rivera no logró su cometido.

  Los fiscales explican que Rivera propuso reuniones donde estuvieron presentes representantes del régimen de Maduro, incluyendo una reunión que se realizó en Nueva York, donde estuvo presente la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez.

   Aparece referenciada una carta de Rodríguez donde se deja clara que había una relación de Rivera, y en su calidad de cabildero este propondría ante las altas autoridades del gobierno federal una propuesta de Nicolás Maduro en la que supuestamente se comprometía a realizar elecciones libres y transparentes. Esto ocurrió en 2017. En Venezuela se efectuaron comicios en 2018, en los cuales Maduro se declaró ganador, y su victoria no fue reconocida por la Comunidad Internacional.

   En el trabajo de lobby de Rivera se quiso vender la posibilidad que con el acercamiento de Maduro con la nueva administración se podía evitar una crisis mayor.

    

     En EE. UU. cabildear para un gobierno extranjero no es delito si se cumplen con todos los requerimientos exigidos y se dejan claras las cuentas de los fondos que reciben los lobistas por el servicio prestado. En el caso de Rivera y Esther Nuhfer, las dos empresas Interamerican Consulting Inc o Communications Solutions Inc, estaban violando la regla, porque la ley FARA obligaba a estar inscritas ante el Departamento de Estado de EE. UU. antes de actuar en nombre y a favor de los intereses de otro país en suelo norteamericano y ante las instituciones públicas.

   En la demanda aparecen una serie de correos electrónicos titulados "contratos FARA" donde se advierte que deben estar inscritos, pero Rivera, en una de las respuestas a Nuhfer dice que era un poco tarde para ello, pues si lo hacían, sería un escándalo mayúsculo por las políticas que el presidente Trump ya había tomado contra Maduro y PDVSA.

Otra demanda en NY sembró las dudas sobre Rivera

    En la demanda civil que se interpuso en contra de la empresa de Rivera, Interamerican Consulting se pudo determinar que a través de las cuentas de CITGO, PDVSA pagó al acusado los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA y de Nicolás Maduro en los EE. UU. 

  Una demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 13 de mayo de 2020.  En la querella,  PDV USA buscaba que Interamerican Consulting Inc,  devolviera al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

  Una fuente interna de CITGO dijo a Venezuela Política en mayo 2020 que en marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que —a decir de muchos— eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (uno de los presos que fue intercambiado por los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon ( ahora extesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

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