Dos contratistas y un exfuncionario de CITGO-PDVSA serán sentenciados por delitos de corrupción y lavado de dinero por un juez de Texas

  Roberto Rincón, José Manuel González Testino y José Luis De Jongh serán sentenciados el 15 de diciembre: Pocas expectativas de aplicación de castigo ejemplar.

Por Maibort Petit

   El próximo jueves 15 de diciembre, el Juez Gray Miller del Distrito Sur de Texas en Houston, leerá la sentencia de los corruptos venezolanos: José Luis De Jongh Atencio, José Manuel González Testino y  Roberto Enrique Rincón Fernández, culpables de la comisión de delitos de robo al erario público venezolano, a través de negociaciones irregulares en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en la filial estadounidense, CITGO.

 Los tres sujetos, cuyas condenas han sido prorrogadas en varias ocasiones por el tribunal, se declararon culpables en casos separados por haber formado parte de esquemas criminales de corrupción, a través de los cuales obtuvieron ganancias ilícitas que fueron lavadas en el sistema financiero y mercado inmobiliario de EE. UU. 

 A pesar del escandaloso monto esquilmado al patrimonio venezolano y a la desvergonzada trama de lavado de dinero instrumentada, no deben tenerse demasiadas expectativas acerca de la aplicación de castigos ejemplarizantes en razón del carácter que han tenido las penas impuestas hasta ahora a otros protagonistas de esquemas de corrupción similares. Peor aún, la posibilidad que la nación recupere algo, del grosero monto robado al tesoro venezolano, es casi nula.

  A pesar de las expectativas creadas al inicio de los casos, las sentencias han sido extremadamente ventajosas para los criminales. En la última sentencia, el juez Miller determinó que Abraham Shiera Bastidas, socio de Rincón Fernández en la trama que supuso solamente en sobornos una suma que superó los USD 1.000 millones, deberá pagar solamente 12 meses y un día de cárcel. La condena incluyó el tiempo servido,  lo que redujo el tiempo tras las rejas del convicto a menos de 7 meses. De acuerdo al magistrado, la “colaboración estelar” brindada por Shiera fue fundamental para el desmantelamiento del esquema de corrupción y por ende, se hizo acreedor del premio que se otorga a los delatores, según las leyes norteamericanas.

  Por lo general, la declaración de culpabilidad supone la cooperación y el suministro de información que conllevan a la reducción de las penas que, en algunos casos, terminan siendo risibles en comparación con la magnitud de los delitos cometidos y el daño causado. En los tres casos que nos ocupan en esta oportunidad —José Luis De Jongh Atencio, José Manuel González Testino y Roberto Enrique Rincón Fernández— los acusados han admitido la comisión de los delitos y han establecido tratos con la justicia estadounidense.

  Solamente en el caso de Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, un exgerente de PDVSA Servicios en Houston, acusado de recibir millonarios sobornos de contratistas corruptos a cambio de la aprobación de contratos con la petrolera venezolana de manera fraudulenta, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, se ha visto la imposición de una condenada más o menos significativa de 70 meses de prisión[1].

La sentencia de De Jongh Atencio

  A las 10 y media de la mañana está pautada la lectura de la sentencia en el caso de José Luis De Jongh Atencio, quien se declaró culpable el 22 de marzo de 2021 de conspiración para lavar dinero. Este delito supone una pena máxima legal de prisión de no más de veinte años y una multa de no más de USD 500.000 o el doble del valor de los fondos lavados, lo que sea mayor.

  De Jongh Atencio se desempeñó en el área de adquisiciones y como gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EE. UU. entre septiembre de 2010 y febrero de 2018, posición desde la cual se involucró en la trama de corrupción instrumentada por los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez. El alto funcionario de la petrolera estatal venezolana aceptó millonarios sobornos a cambio de la obtención de contratos[2].

  José Luis De Jongh Atencio es un abogado egresado de la Universidad del Zulia cuya única credencial para haber ingresado a la industria petrolera, fue haber sido amigo y compañero de estudios de Rosana Elena Delgado (también conocida como Rosana E. Nooney), esposa y socia de Alejandro Granado, expresidente de la corporación quien ordenó su contratación en 2010. Antes de verse involucrado en esta trama de corrupción, se le había señalado de otros manejos irregulares en su desempeñó en el departamento de Procura que solamente le significaron su devolución al departamento legal.

  Fue acusado por los hechos sobre los cuales se le dictará sentencia, el 16 de julio de 2020, cuando se imputaron seis cargos de lavado de dinero que el 16 de diciembre del mismo año se elevaron a ocho en una acusación de reemplazo[3].

  El pasado 28 de junio del presente 2022, el juez Gray H. Miller emitió una Orden Final de Confiscación de bienes pertenecientes a José Luis De Jongh Atencio que permitió el decomiso definitivo de los bienes inmuebles denominados como Unidades 201, 202, 203, 204, 303 y 304 de Grand Ridge Office Condominiums, ubicado en 440 Cobia Drive en Katy, Texas. Ya anteriormente, el 22 de marzo de 2021, se le había dictado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada sobre dichas propiedades[4].

La sentencia de González Testino

  Entretanto, a las 11 de la mañana deberá ocurrir la lectura de sentencia de José Manuel González Testino, quien el 28 de mayo de 2019 se declaró culpable de haber cometido delitos de corrupción y lavado de dinero de fondos irregulares, sobornos pagados a funcionarios de PDVSA, que fueron ingresados al sistema financiero e inmobiliario de los Estados Unidos. Las coimas estuvieron destinadas a la obtención de contratos millonarios con la petrolera y su filial en EE. UU, CITGO Petroleum Corporation.

  Se espera que, finalmente, en la fecha antes mencionada se conozca la sentencia que ya ha sido pospuesta en varias ocasiones. Además, alegando motivos de seguridad, González Testino ha obtenido otros privilegios, como el sellado de los documentos que informan de los permisos otorgados a su esposa para viajar fuera de los Estados Unidos. También se le otorgó mantener en secreto su lugar de residencia[5].

 José Manuel González Testino también está siendo acusado por CITGO por incumplimiento de contrato, fraude y violación a la ley RICO. La demanda incluye a la empresa Petroleum Logistics Service Corp., la cual debía suministrar servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)[6].

La sentencia de Rincón Fernández

  Protagonista de una de los más grandes desfalcos de la historia cometidos contra PDVSA, Roberto Enrique Rincón Fernández, conocerá de boca del juez Miller cuál será su pena a las 11 y media de del referido 15 de diciembre de 2022.

  El contratista corrupto, propietario de Tradequip, aprovechó el paro petrolero ocurrido entre 2002 y 2003, para convertirse en uno de los principales proveedores de PDVSA. En 2008, el entonces presidente de Bariven, George Kabul, sacó a las empresas de Rincón de la lista de proveedores en razón de las irregularidades detectadas en sus operaciones. Sin embargo, burló esta medida y, en sociedad con Abraham Shiera, logró mantenerse como contratista a través de firmas registradas en el estado de Florida. La investigación de esta sociedad llevó a que un Gran Jurado acusara a los empresarios de 18 cargos lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, fraude cometido en transferencia electrónica, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA).

  Entre 2009 y 2014, Rincón y Shiera sobornaron a cinco funcionarios de PDVSA a cambio de la obtención de millonarios contratos. Las coimas se enmascaraban bajo la figura de comisiones y pagos por falsas compras de equipos que nunca fueron entregados. Los funcionarios sobornados creaban falsas competencias con otras empresas para darle apariencia de legitimidad a la adjudicación de los contratos otorgados a Rincón y Shiera[7].

  También se señala que Rincón facilitó a Hugo “El Pollo” Carvajal un avión de Global Air Services Corp, empresa de la que su hijo, José Roberto Rincón, era el gerente, para trasladarse a Aruba cuando fue arrestado para ser extraditado a Estados Unidos.

[1] Venezuela Política. “EE.UU.: Condenan a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz a 70 meses de prisión por delitos de corrupción en PDVSA”. 19 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/eeuu-condenan-alfonzo-eliezer-gravina.html

[2] Venezuela Política. “Corrupción CITGO: Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (I)”. 12 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/corrupcion-citgo-conozca-los-detalles.html

[3] Venezuela Política. “Conozca los detalles del caso de José Luis De Jongh Atencio (II)”. 16 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/conozca-los-detalles-del-caso-de-jose.html

[4] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. emitió orden final de confiscación de bienes adquiridos con dinero robado a CITGO - PDVSA por el exfuncionario corrupto, José Luis De Jongh Atencio”. 28 de octubre de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/10/tribunal-de-ee-uu-emitio-orden-final-de.html

[5] Venezuela Política. “Otra vez se posterga la lectura de sentencia de José Manuel González Testino por la comisión de delitos de corrupción en CITGO y PDVSA”. 15 de agosto de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/08/otra-vez-se-posterga-la-lectura-de.html

[6] Venezuela Política. “Detalles de la demanda por incumplimiento de contrato que CITGO interpuso contra José Manuel González Testino”. 4 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/detalles-de-la-demanda-por.html

[7] Venezuela Política. “Claves para entender el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera protagonistas de una de las grandes estafas cometidas contra PDVSA”. 24 de noviembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/11/claves-para-entender-el-caso-de-roberto.html

El arresto de exrepresentante de Florida, David Rivera y a su socia : Ambos fueron consultores de Nicolás Maduro y cobraron millones

  En los chats, Rivera llamaba a Nicolás Maduro "el guaguero" (chofer de autobús)

Por Maibort Petit

  El exrepresentante de Florida David Rivera fue arrestado este lunes por las autoridades federales, tras ser acusado de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero.  El arresto se produjo en el estado de Georgia.

   Una demanda civil previa, interpuesta por PDV USA en Nueva York argumentó que la firma del acusado, Interamerican Consulting Inc, firmó un contrato por $50 millones con PDVSA para evitar que EE. UU. impusiera sanciones contra la petrolera y la élite del gobierno venezolano, pero dicha consultoría no se efectuó por lo que la empresa PDV USA aspira a que Rivera reintegre los $15 millones que pagó de manera irregular la filial de la petrolera estatal venezolana en EE. UU., CITGO pagó a sus empresas.

   De acuerdo a la acusación revelada por el Departamento de Justicia, David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer (con quien ha sostenido una relación sentimental) conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EE. UU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.

   Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en los Estados Unidos, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.

  Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera "no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero", cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro. Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).

   La ley FARA, aprobada en 1938 en Estados Unidos, exige que los agentes que trabajan para un gobierno extranjero, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero.

  La acusación establece que a partir de 2017, PDVSA contrató a la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc y a su asociada Esther Nuhfer, para cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de Estados Unidos, en nombre de Venezuela y obtener apoyo político para normalizar las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro.

   En la acusación aparecen involucradas dos empresas de consultorías: Interamerican Consulting Inc y Communication Solutions.

  

    Asimismo, la demanda señala que Rivera, "en su interés por mejorar la imagen de Venezuela", estableció  reuniones con un 1 Senador del estado de la Florida, un representante al Congreso de Texas, y un asesor de la Casa Blanca. Los encuentros se realizaron en Washington DC.

     

     En el documento de 34 páginas se menciona a Nicolás Maduro, a la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Eloina Rodríguez, un empresario (Raúl Gorrín), a una empresa de servicios de yates de lujo del sur de la Florida, un abogado y dos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.

   La acusación dice que se celebraron dos reuniones con el senador de Florida en Washington D.C. en julio de 2017 para discutir un posible acuerdo con el régimen de Maduro en el que aceptaría un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.

   Los cargos muestran una serie de transacciones que se resumen en el siguiente cuadro:

      En la querella aparecen una serie de diligencias hechas por Rivera, que buscaba evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA, y las cabecillas del régimen de Maduro. En su afán por tratar que las sanciones no se materializaran, David Rivera gestionó reuniones con un senador de la Florida, un representante de Texas y un asesor de la Casa Blanca. Tal como se evidencia con hechos, Rivera no logró su cometido.

  Los fiscales explican que Rivera propuso reuniones donde estuvieron presentes representantes del régimen de Maduro, incluyendo una reunión que se realizó en Nueva York, donde estuvo presente la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez.

   Aparece referenciada una carta de Rodríguez donde se deja clara que había una relación de Rivera, y en su calidad de cabildero este propondría ante las altas autoridades del gobierno federal una propuesta de Nicolás Maduro en la que supuestamente se comprometía a realizar elecciones libres y transparentes. Esto ocurrió en 2017. En Venezuela se efectuaron comicios en 2018, en los cuales Maduro se declaró ganador, y su victoria no fue reconocida por la Comunidad Internacional.

   En el trabajo de lobby de Rivera se quiso vender la posibilidad que con el acercamiento de Maduro con la nueva administración se podía evitar una crisis mayor.

    

     En EE. UU. cabildear para un gobierno extranjero no es delito si se cumplen con todos los requerimientos exigidos y se dejan claras las cuentas de los fondos que reciben los lobistas por el servicio prestado. En el caso de Rivera y Esther Nuhfer, las dos empresas Interamerican Consulting Inc o Communications Solutions Inc, estaban violando la regla, porque la ley FARA obligaba a estar inscritas ante el Departamento de Estado de EE. UU. antes de actuar en nombre y a favor de los intereses de otro país en suelo norteamericano y ante las instituciones públicas.

   En la demanda aparecen una serie de correos electrónicos titulados "contratos FARA" donde se advierte que deben estar inscritos, pero Rivera, en una de las respuestas a Nuhfer dice que era un poco tarde para ello, pues si lo hacían, sería un escándalo mayúsculo por las políticas que el presidente Trump ya había tomado contra Maduro y PDVSA.

Otra demanda en NY sembró las dudas sobre Rivera

    En la demanda civil que se interpuso en contra de la empresa de Rivera, Interamerican Consulting se pudo determinar que a través de las cuentas de CITGO, PDVSA pagó al acusado los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA y de Nicolás Maduro en los EE. UU. 

  Una demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 13 de mayo de 2020.  En la querella,  PDV USA buscaba que Interamerican Consulting Inc,  devolviera al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

  Una fuente interna de CITGO dijo a Venezuela Política en mayo 2020 que en marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que —a decir de muchos— eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (uno de los presos que fue intercambiado por los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon ( ahora extesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Leer nota completa aquí.

https://www.maibortpetit.info/2020/05/exclusiva-citgo-pago-david-rivera-los.html

Conducta irregular de los agentes de Seguridad Nacional de EE. UU. condujo a la desestimación de acusación contra Paulo Murta, artífice de la trama de corrupción de Roberto Rincón y Abraham Shiera

  Entre otras razones de tipo legal, el haber actuado premeditadamente y con la intención de que el acusado se autoincriminara llevó al juez a desestimar una de las pruebas fundamentales de acusación.

Por Maibort Petit

  En el proceso judicial que se le sigue a Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, presunto artífice de la trama de corrupción encabezada por los empresarios c, excontratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quienes mediante el pago de sobornos a funcionarios de la estatal a cambio de la obtención de contratos y trato privilegiado, una entrevista formulada en Portugal el 20 de marzo de 2018, permitió, primero a los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y luego al Departamento de Justicia, formular la acusación. Sin embargo, la actuación irregular de los DHS llevó al Tribunal a desestimar esta prueba fundamental.

  El juez Kenneth Hoyt del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División de Houston concedió en julio 2022 la moción para suprimir la entrevista, con base a la violación de los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE. UU.

  El 11 de julio de 2022, el juez Hoyt concedió la moción de desestimación de la acusación de reemplazo presentada por Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta ante la corte que preside.

  El magistrado consideró para su decisión, tanto la moción para desestimar la acusación de reemplazo, como la de supresión sustentada en las presuntas violaciones a los Derechos Miranda de Paulo Murta bajo la Quinta Enmienda de la Constitución federal. Estas mociones presentadas de forma separada, fueron abordadas por el juez Hoyt de manera conjunta.

La moción de desestimación de la acusación de reemplazo

  Se acusa a Murta de brindar servicios financieros de una manera que violó directamente o ayudó a violar varios estatutos federales de los Estados Unidos, como la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, enmendada (MLCA), la Ley Federal de Prácticas Corruptas (FCPA), y el título 18 del Código de los Estados Unidos.

  La acusación de reemplazo señala que, aunque Murta era un ciudadano de Portugal y Suiza, actuó como un agente de la empresa suiza B, varios coacusados extranjeros y una o más empresas con sede en los EE. UU. Se refiere que si bien Murta no era un empleado del Banco Espírito Santo (BES) trabajó estrechamente con Banquero BES 1 Banquero 2 a objeto de “establecer la estructura y las cuentas utilizadas para realizar transacciones financieras en el presunto esquema de lavado de dinero en comercio interestatal”.

 Estimó el juez respecto a los cargos 13 y 14 de la acusación de reemplazo, que no se estableció que Paulo Murta haya enviado o recibido ninguna de las supuestas comunicaciones mientras se encontraba en Estados Unidos. Esto de acuerdo a la acusación de reemplazo, ocurrió después de que Murta viajara en febrero de 2012 a Miami, Florida, para reunirse con Abraham Shiera y su socio para hablar sobre el presunto esquema de lavado de dinero. 

  A pedido de Shiera, el acusado le habría enviado por correo electrónico y mensaje de texto, entre el 25 de enero de 2012 y el 18 de marzo de 2013, información atinente a la apertura de cuentas en el Banco Espirito Santo. 

  Asimismo, en mayo de 2012, Murta supuestamente les remitió un correo electrónico a los socios de Shiera que contenía un acuerdo de préstamo presuntamente falso que serviría para justificar una transferencia bancaria a las cuentas de los funcionarios por USD 4,8 millones.

  Ya respecto a los cargos 18 y 19, el 25 de marzo de 2013 y el 8 de mayo de 2013, Murta habría transferido o ayudado a transferir de la Compañía de Rincón 2 con sede en EE. UU. a la Compañía de Rincón 8 con sede en Venezuela, USD 8,5 millones destinados supuestamente a pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  En atención al cargo 14, Conspiración para violar la FCPA, el juez determinó que debe ser desestimado por falta de jurisdicción, falta de debido proceso y vaguedad. El tribunal cree que el gobierno carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado cuando lo califica de “agencia” por su conducta en el extranjero. Estableció el magistrado que el término “agencia” es constitucionalmente vago en cuanto a este acusado extranjero.

  A las afirmaciones del gobierno de que las comunicaciones por correo electrónico entre el acusado y otros co-conspiradores ocurridas entre enero de 2012 y marzo de 2013, calificados como posibles actos abiertos, no son sustentados debidamente. La acusación de reemplazo no alega que Murta haya enviado o recibido estas comunicaciones desde EE. UU. Por tanto, estas comunicaciones no pueden considerarse como actos que apoyen la conspiración.

  Agrega el magistrado que no se establece un nexo suficiente entre la supuesta conducta de Paulo Murta y los Estados Unidos para satisfacer el requisito del debido proceso de la Quinta Enmienda. Por ello el cargo 14 se desestima.

  Los cargos 18 y 19 referidos a violaciones sustanciales de lavado de dinero y complicidad; así como conspiración para cometer lavado de dinero del cargo 13, también se desestimaron por falta de jurisdicción.

  Tampoco la acusación de reemplazo alega que Murta se encontraba en EE. UU. cuando ocurrieron las supuestas transacciones, o que las inició o intentó iniciarlas desde Estados Unidos. Igualmente, no existe alegato de que ninguna de las comunicaciones de las que se hace mención en los cargos 18, 19 o 13, hayan ocurrido en EE. UU. Por tanto, se determina que el tribunal carece de jurisdicción extraterritorial sobre el acusado en relación a un delito sustantivo de lavado de dinero a que hace referencia al cargo 18. En consecuencia, también se deben desestimar los cargos 19 y 13 de complicidad y conspiración. En opinión del juez, el enjuiciamiento de Paulo Murta en razón de los cargos 18, 19 y 13, viola sus derechos al debido proceso de la Quinta Enmienda.

 Por todo lo expuesto, el Tribunal para el Distrito Sur de Texas determinó que los cargos 13, 14, 18 y 19 de la acusación de reemplazo deben desestimarse por falta de jurisdicción, falta de declaración una demanda, el debido proceso y la vaguedad.

  Del mismo modo, el tribunal estimó que debe otorgarse la moción de desestimación a Paulo Murta sustentada en el estatuto de limitaciones. Se determinó que al acusar al demandado en abril de 2019 es indicativo de que se presentó fuera del plazo de prescripción, por lo que los Cargos 13, 14, 18 y 19 deben ser y son desestimados.

La moción de supresión

 El tribunal recordó que cuando un acusado sostiene que una declaración fue involuntaria y se procura que la misma sea usada en su contra en el juicio, al gobierno le corresponde probar que la declaración fue voluntaria.

  La jurisprudencia ha establecido que la voluntariedad no la determina la cooperación de un testigo, sino por el hecho de que se le informen sus derechos. La Quinta Enmienda otorga al acusado el derecho a no autoincriminarse. Por ello los Derechos Miranda estipulan que una persona tiene derecho a permanecer en silencio durante un interrogatorio bajo custodia. Además, el hecho de que la entrevista o el interrogatorio tenga lugar en un país extranjero no aminora las protecciones de la Quinta Enmienda o Miranda.

  La decisión estableció que fue evidente que los agentes de Seguridad Nacional controlaron la entrevista a Paulo Murta en Portugal el 20 de marzo de 2018 y allí las preguntas se realizaron de manera intimidante, diseñadas para obtener respuestas incriminatorias. De no haber sido así, no se habría requerido una declaración escrita.

 Para el juez es indiscutible que no se le leyeron los Derechos Miranda a Paulo Murta antes de realizar las preguntas y, por el contrario, le aseguraron para tranquilizarlo, que no estaba siendo investigado.

“La evidencia indiscutible muestra, sin embargo, que el acusado fue interrogado mientras se encontraba en un entorno y estado de custodia, por lo que se aplican las protecciones de Miranda y la Quinta Enmienda”, reza la decisión.

 El magistrado estableció que en la posición de Paulo Murta este no sintió que podía abandonar la entrevista voluntariamente, por lo que la moción para suprimir cualquier declaración oral o escrita dada a los agentes de portugueses o del DHS, se suprimen.

 Por todo lo expuesto, el juez Kenneth M. Hoyt concedió la moción de desestimación a Paulo Murta.

EEUU acusó a siete individuos por facilitar la llegada de tecnología militar y petróleo venezolano a empresas rusas sancionadas

   El Departamento de Justicia anunció este miércoles cargos y arrestos en dos casos que involucran esquemas de violación de exportaciones de petróleo y tecnología militar para ayudar al ejército ruso.

  En dos casos separados, se presentaron cargos contra dos empresas y media docena de personas arrestadas por supuesta venta y exportación ilegales de potentes tecnologías de doble uso.

  En cargos separados revelados hoy en las Oficinas de los Fiscales Federales para el Distrito Este de Nueva York y el Distrito de Connecticut, y con el apoyo de la Fuerza de Tarea Klepto Capture del Departamento, el Departamento de Justicia acusó a casi una docena de personas y varias entidades corporativas de participar en esquemas ilegales para exportar poderosas tecnologías civil-militares de doble uso a Rusia, algunas de las cuales han sido recuperadas en campos de batalla en Ucrania, mientras que otra tecnología de proliferación nuclear fue interceptada antes de llegar a suelo ruso.

  En el Distrito Este de Nueva York, cinco ciudadanos rusos y dos corredores de petróleo de Venezuela están acusados ​​en una acusación formal revelada hoy por su supuesta participación en un esquema global de evasión de sanciones y lavado de dinero. 

  Un acusado fue arrestado el 17 de octubre en Alemania y otro acusado fue arrestado el 17 de octubre en Italia, ambos a pedido de Estados Unidos. Como se alega, los acusados ​​obtuvieron tecnología militar de empresas estadounidenses, contrabandearon millones de barriles de petróleo y lavaron decenas de millones de dólares para industriales rusos, entidades sancionadas y el conglomerado energético más grande del mundo.

  Por otra parte, en el Tribunal del Distrito de Connecticut, se abrió una acusación formal acusando a cuatro personas, tres de las cuales fueron arrestadas por las autoridades de Letonia el 18 de octubre y una por las autoridades de Estonia el 13 de junio (a pedido de los Estados Unidos) y dos empresas en Europa por violar las leyes de exportación de EE. UU. al intentar pasar de contrabando a Rusia un artículo de doble uso controlado por exportación, una máquina rectificadora de alta precisión controlada por computadora, conocido comúnmente como "molinillo de plantilla". Este artículo está sujeto a control de exportación para su uso en programas de defensa y proliferación nuclear.

 “Estos cargos revelan dos esquemas globales separados para violar las leyes de exportación y sanciones de EE. UU., incluido el envío de tecnologías militares sensibles de fabricantes estadounidenses, incluidos los tipos encontrados en plataformas de armas rusas incautadas en Ucrania, y el intento de reexportar un sistema de máquina con aplicación potencial en la proliferación nuclear. y programas de defensa a Rusia”, dijo el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick B. Garland. 

“Como he dicho, nuestros investigadores y fiscales serán incansables en sus esfuerzos por identificar, localizar y llevar ante la justicia a aquellos cuyos actos ilegales socavan el estado de derecho y permiten que el régimen ruso continúe con su invasión no provocada de Ucrania”.

“Las acusaciones y los arrestos de esta semana destacan el trabajo del FBI para contrarrestar la evasión flagrante de Rusia de las sanciones estadounidenses y la violación de las regulaciones de exportación”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. 

  “El FBI, junto con nuestros socios estadounidenses e internacionales, continuará interrumpiendo agresivamente la adquisición de petróleo, el lavado de dinero y la tecnología militar obtenida ilegalmente de empresas estadounidenses para apoyar la guerra no provocada de Rusia en Ucrania”.

Yury Orekhov 

 Según documentos judiciales, fueron acusadas las siguientes personas

1) Yury Orekhov, de 42 años, ciudadano ruso residente en Alemania; 

2) Artem Uss, 40, de Moscú; 

3) Svetlana Kuzurgasheva alias Lana Neumann, de 32 años, de Moscú; 

4) Artem Uss, 39, de Moscú; y 

5) Sergey Tulyakov, 52, de Moscú 

 También están acusados los venezolanos ​​Juan Fernando Serrano Ponce, alias Juanfe Serrano, y Juan Carlos Soto, quienes supuestamente negociaron acuerdos petroleros ilícitos para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la compañía petrolera estatal venezolana, como parte del esquema. El 17 de octubre, Orekhov fue arrestado en Alemania y Uss fue arrestado en Italia, ambos a pedido de Estados Unidos, y se someterán a un proceso de extradición.

“Como se alega, los acusados ​​fueron facilitadores criminales de los oligarcas, orquestando un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo venezolano sancionado a través de una gran cantidad de transacciones que involucran empresas ficticias y criptomonedas. Sus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el estado de derecho en todo el mundo”, dijo el fiscal federal Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York. 

“Seguiremos investigando, interrumpiendo y enjuiciando a quienes alimentan la brutal guerra de Rusia en Ucrania, evaden las sanciones y perpetúan la economía clandestina del lavado de dinero transnacional”.

  Según documentos judiciales, Orekhov se desempeñó como copropietario, director ejecutivo y director general de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), una empresa privada de comercio de productos básicos y equipos industriales ubicada en Hamburgo, Alemania. El otro propietario de NDA GmbH es Artem Uss, hijo del gobernador de la región rusa de Krasnoyarsk Krai. Kuzurgasheva se desempeñó como director ejecutivo de una de las empresas fantasma del esquema y trabajó para NDA GmbH bajo Orekhov.

 Orekhov y Kuzurgasheva obtuvieron y compraron tecnologías militares sensibles y de doble uso de fabricantes estadounidenses, incluidos semiconductores y microprocesadores avanzados utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes, radares, satélites y otras aplicaciones militares basadas en el espacio. 

  Estos artículos se enviaron a usuarios finales rusos, incluidas empresas sancionadas controladas por Telegin y Tulyakov que prestaban servicios al ejército de Rusia. Algunos de los tipos de componentes electrónicos obtenidos a través del esquema criminal se han encontrado en plataformas de armas rusas incautadas en el campo de batalla en Ucrania. 

  Como se alega, en 2019, Orekhov viajó a los Estados Unidos para obtener piezas utilizadas en el avión de combate Sukhoi de fabricación rusa y el avión de combate furtivo F-22 Raptor de fabricación estadounidense.

  Adicionalmente, Orekhov y Uss presuntamente utilizaron a NDA GmbH como fachada para contrabandear cientos de millones de barriles de petróleo de Venezuela a compradores rusos y chinos, incluida una empresa de aluminio rusa controlada por un oligarca sancionado y el conglomerado de refinación de petróleo, gas y petroquímica más grande del mundo en Beijing. 

  Serrano Ponce y Soto negociaron acuerdos por millones de dólares entre PDVSA y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias para disfrazar las transacciones. 

  En una comunicación con Serrano Ponce, Orekhov admitió abiertamente que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado y dijo: “Él [el oligarca] también está bajo sanciones. Es por eso que [estamos] actuando desde esta empresa [NDA GmbH]. Como fachada”. 

  El esquema también involucró documentos de envío falsificados y superpetroleros que desactivaron sus sistemas de navegación GPS para ocultar el origen venezolano de su petróleo.

  El pago por las actividades ilícitas de NDA GmbH a menudo se consumaba en dólares estadounidenses enviados a través de instituciones financieras estadounidenses y cuentas bancarias corresponsales. 

Para facilitar estas transacciones, Orekhov y sus cómplices utilizaron compañías ficticias, falsificaron documentación de "conozca a su cliente" y cuentas bancarias en jurisdicciones de alto riesgo, lo que provocó que los bancos de EE. UU. procesaran decenas de millones de dólares en violación de las sanciones de EE. UU. y otras leyes penales. 

  En una conversación con Soto, Orekhov se jactó de que "no había preocupaciones... este es el banco de mierda de los Emiratos... pagan todo", dice la comunicación de la fiscalía. 

 El esquema también utilizó envíos masivos de efectivo con mensajeros en Rusia y América Latina, así como transferencias de criptomonedas por valor de millones de dólares, para efectuar estas transacciones y lavar los ingresos.

 Los acusados ​​tienen cargos ​​de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.

 Orekhov, Uss, Kuzurgasheva, Serrano Ponce y Soto también están acusados ​​de conspiración para violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA); conspiración de fraude bancario para el esquema de contrabando de petróleo; y conspiración de lavado de dinero para el contrabando de petróleo y el esquema IEEPA.

  Igualmente, Orekhov, Kuzurgasheva, Telegin y Tulyakov  están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico; conspiración de lavado de dinero para la adquisición ilícita de tecnología estadounidense de doble uso; conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones (ECRA) y contrabando de mercancías desde los Estados Unidos.

  Si son condenados por conspiración de fraude bancario, los acusados ​​enfrentan un máximo de 30 años de prisión con tiempo de prisión adicional como resultado de la condena por cargos adicionales. 

Tribunal de NY niega a socia de David Rivera, Esther Nuhfer, acogerse a la 5ta enmienda para no entregar pruebas requeridas en el caso que involucra $15 millones de dólares de CITGO

  Un tribunal de Nueva York ordenó a Esther Nuhfer, dueña de Communicatios Solutions, a entregar las evidencias solicitadas en el juicio contra Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del excongresista, David Rivera acusada por PDV USA de incumplir un contrato que por $50 millones de dólares le otorgó el régimen de Nicolás Maduro para que ejerciera acciones de cabildeo a favor de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Washington DC en 2017. 

 La juez Lauren Fleischer Louis, del Tribunal de Distrito Sur de Florida otorgó a PDV USA la moción que presentó para obligar a Esther Nuhfer a producir la documentación, al tiempo que rechazó la mayor parte de las objeciones de esta argumentó. En tal sentido dio un plazo de 14 días para que se produjera la entrega de documentos, estableciéndose que la producción de los papeles fuera continua y producto del acuerdo de las partes, la cuales debían reunirse para hacer la revisión y proceder en consecuencia.

   La orden de juez precisa que la entrega debía comenzar por aquellos documentos que ya se han identificado y entregado a su vez al gobierno, en razón de que las solicitudes tanto de la fiscalía como de la demandante son coincidentes.

  El tribunal ordenó, asimismo, limitar las exigencias de PDV USA a Esther Nuhfer dada su condición de tercera y no de demandada, otorgándole a esta la posibilidad de ir presentando objeciones en la medida en que tenga lugar la producción de los papeles.

  La magistrada también echó por tierra la pretensión de Nuhfer y su empresa de acogerse al privilegio de la Quinta Enmienda, al determinar que la misma no aplica en este caso.

  Pautó la celebración de una conferencia de estado en el ínterin del lapso ordenado, para que, si las partes continúan disputando el alcance de los documentos de respuesta obligados, puedan abordar el asunto y resolver la disputa de la manera más rápida y económica que sea posible

 Tal decisión se produjo durante una audiencia de descubrimiento celebrada el 23 de agosto de 2022, cuando comparecieron ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida, Philip L. Rezenstein, abogado de Esther Nuhfer; Brady M. Sulivan, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP, en representación de la demandante PDV USA Inc.

La exigencia de PDV USA

  En primer término, Brady M. Sulivan reclamó que aun habiendo entregado correctamente las citaciones a Esther Nuhfer y su empresa Communication Solutions a objeto de que procediera a la producción de documentos del descubrimiento, hasta la fecha de la audiencia esto no había ocurrido. Expuso ante la magistrada que las objeciones de la demandada no resultaban válidas según la ley, primero porque se presentaron a destiempo, y por no ser correcto el argumento de que la documentación solicitada es muy amplia y exceden todos los límites justos de descubrimiento.

  Igualmente, Sulivan sentenció que a todas luces Nuhfer no actuó de buena fe asistiendo a esta deposición como sostiene su abogado, por cuanto así lo demuestran todas ls declaraciones juradas y pruebas documentales que ha entregado PDV USA, especialmente en lo atinente a su escrito de apertura. 

  Refirió que Nuhfer llevó a los servidores de las demandante a emprender una persecución inútil por toda Miami, lo cual ha costado miles de dólares. Advirtió a la juez que única razón por la que la demandada se presentó al tribunal fue porque un policía le entregó la citación en su casa luego de muchos intentos por notificarle.

  Del mismo modo, Sulivan le salió al paso a la creencia por parte de Esther Nuhfer de que la Quinta Enmienda le otorga licencia para negarse a presentar documentos en respuesta a las solicitudes de PDV USA, primero porque Communication Solutions es una corporación sobre la cual no han presentado evidencia de que se trate de una propiedad exclusiva. Una corporación no tiene una defensa válida de la Quinta Enmienda”, aseguró y luego agregó: “Nuhfer, como custodio de los registros aquí, no puede invocar la Quinta Enmienda incluso si el acto de producción incrimina al custodio de los registros”.

 Destacó el abogado de PDV USA que Communication Solutions firmó los subcontratos que forman el tema de probablemente la mitad de las solicitudes de documentos que se han formulado, los cuales fueron firmados por esther Nuhfer en representación de la empresa. Recordó que Communication Solutions recibió USD 4.5 millones del dinero de la demandante, canalizados por el demandado en el litigio subyacente.

  Además, dijo que la empresa de Nuhfer ayudó a redactar el contrato que está en disputa, lo cual se comprueba a través de los correos electrónicos que sirvieron para discutir y establecer los primeros borradores del mismo.

  Sulivan aseveró que la Quinta Enmienda tampoco aplica para Nuhfer en lo personal, toda vez que el hecho de que sea la poseedora de los documentos que se solicitan no la incrimina, pues eso es de conocimiento público. El abogado de PDV USA le refirió al tribunal que los documentos que Nuhfer se niega a entregar a la demandante, son los mismos que ya entregó al gobierno.

 El abogado citó palabras de Nuhfer cuando expuso en el escrito de oposición que tanto ella como David Rivera “son objeto de una investigación penal que, una vez más, está inextricablemente entrelazada con nuestro litigio. Claramente, la Sra. Nuhfer es un testigo clave aquí con documentos relevantes”.

 En alusión a la observación de la juez que le recordó que al no ser parte de la causa la norma determina minimizar la carga, Sulivan manifestó que, de hecho, PDV USA acordó reducir su exigencia de documentos y propuso que con la representación negar de Esther Nuhfer, establecieran un protocolo con términos de búsqueda y un rango de fechas para hacer que este proceso no sea tan pesado.

  La juez le preguntó respecto a los costos de la notificación y el procesamiento de la moción y Sulivan refirió que están solicitando el pago de los honorarios cancelados por PDV USA cliente a los notificadores de procesos, a los investigadores privados para  determinar el paradero y ubicación que permitiera localizar a Esther Nuhfer, así como la redacción del escrito de apertura y el trabajo asociado con eso. Describió que buena parte del trabajo del informe inicial se dedicó al tema del servicio.

Los alegatos de Nuhfer

  Por su parte, el abogado de Esther Nuhfer, Philip L. Rezenstein, explicó que su cliente es consultora política con dos décadas 20 de experiencia, que fue contratada hace 15 años por David Rivera, cuya demanda subyace a la de su representada. Se trató de un trabajo breve luego de que Rivera perdiera la elección.

  En tal sentido, Rezenstein estima que afirmar que David Rivera está “asistido” por Esther Nuhfer es incorrecto, toda vez que el tiempo que le asesoró difiere del periodo en la empresa de Rivera fue contratada por PDVSA.

 Sostuvo que es falso que Nuhfer ayudara a Rivera en la realización de su trabajo de consultoría con la petrolera venezolana. Refirió que lo que sí es correcto es que Esther Nuhfer ayudo a Interamerican Consulting, la empresa de David Rivera, a asegurar el contrato y advirtió: “Nuhfer no trabajaba para PDV USA ni su empresa tenía una relación contractual con PDV USA”.

 En tal sentido, Rezenstein denunció ante el tribunal el mal uso intencional de sus escritos a conveniencia y fuera de contexto. “(…) nunca le escribí a este tribunal que Nuhfer estaba trabajando con Rivera en su contrato con PDV USA y ganó millones de dólares. Eso no ocurrió”.

 Lo que según el abogado sucedió, fue que Nuhfer ayudó a obtener el contrato y le pagaron por ello, razón lo la cual no es acusada en este caso. “No hay privacidad contractual. Ella no estaba trabajando de cerca con Rivera”.

  Rezenstein advirtió a Sulivan que nunca dijo que su cliente no tenía objeciones ni la obligación de presentarlas en el tribunal. “Lo que dijimos fue que existe una buena causa. Dicen que no existe una buena causa”.

Y rebatió al abogado de PDV USA:

— En los casos que citamos, es bastante simple, un tercero que actuó de buena fe, y creemos que la Sra. Nuhfer actuó de buena fe, no solo aceptando sentarse para una deposición, entrando en discusiones, que finalmente no fueron fructíferas, pero las discusiones ocurrieron con frecuencia por teléfono y por correo electrónico en cuanto al alcance de la citación y la profundidad de lo que buscaban, y por lo tanto, según la jurisprudencia, eso es suficiente para resolver el problema de la buena causa.

  Respecto a la documentación solicitada a su cliente, reiteró que es demasiado amplia pues se pretende que Esther Nuhfer realice una búsqueda con expertos electrónicos y en recuperación de datos, para indagar en todas sus comunicaciones, todos sus textos, todos sus datos, todos sus correos electrónicos, para determinar si tiene o no mensajes relacionados con una reunión que tuvieron David Rivera con Joel Brakha, el gerente de los yates de Raúl Gorrín, porque se dice que una mujer estuvo presente en ese encuentro.

  Y refutó a Sulivan por no haber informado también al tribunal acerca de una declaración que le hicieron a Joel Brakha y le mostraron una fotografía de Nuhfer para que estableciera si era la mujer que había estado en la reunión y el hombre no pudo reconocerla.

  Advirtió que se trata de una solicitud con un costo financiero alto para su cliente, pues implican la contratación de un experto forense para que realice la búsqueda de los datos solicitados. También protestó la forma cómo los notificadores actuaron, al extremo de invadir la propiedad privada.

  Con relación a la amplitud de la documentación requerida, si bien es cierto que se han entregado ya papales a la fiscalía, Reizenstein advirtió aunque las citaciones son de naturaleza muy cercana, no son exactas y, por tanto, los documentos que se entregan al gobierno serían  algo diferentes a los que se proporcionarían a PDV USA.

  Para la magistrada resultaba incomprensible que Esther Nuhfer no pudiera presentar a PDV USA los mismos documentos que había presentado al gobierno y advirtió que la invocación de la Quinta Enmienda no era aplicable. Explicó que no siendo la empresa Communications Solutions de tipo unipersonal sino corporativo, no puede anularse la citación sobre la base de la invocación de la Quinta Enmienda. En tal sentido, estableció que si no hay privilegio por parte de Esther Nuhfer, tampoco lo hay para la empresa.

  El  tribunal planteó recurrir a otra vía distinta a la de recurrir a un experto forense para la recabación de los documentos solicitados por PDV USA, puesto que sería muy costoso para Esther Nuhfer. Sugirió simplemente acudir a las plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de que se dispongan y proceder a la producción de los documentos, luego de que la partes convengan en qué papeles específicamente se requieran. Del mismo modo conminó a las partes a revisar los documentos que ya se presentaron a la fiscalía y, a partir de allí, establecer si es necesaria la producción de otros.

  Lo que sí advirtió la juez fue que en las audiencias de descubrimiento exige la presentación de documentos se haga dentro de los 14 días que impone la norma.

  Dejó claro que por tratarse de una tercero en la causa, PDV USA debe ser sumamente específico al momento de establecer qué tipo de documentos está buscando, de manera de no obligar a Nuhfer a realizar una búsqueda que no sea proporcional a su su condición de tercero en esta causa.

EE. UU.: Exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín Sanguino será sentenciado por delitos de corrupción y lavado de dinero en octubre 2022

  Inicialmente la lectura de la condena estaba prevista para el 12 de septiembre del presente 2022.

Por Maibort Petit

  El juez del Distrito Sur de Nueva York, Robert N. Scola Jr. aprobó la solicitud hecha por los abogados del exalcalde chavista de Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero, para el 26 de octubre de 2022. 

  Previamente, la Corte del Distrito Sur de la Florida había dictado una orden de decomiso por USD 3.800.000, equivalentes a los fondos irregulares recibidos en sus cuentas bancarias en Estados Unidos, provenientes de sobornos otorgados por contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. que buscaban a través de su intermediación, hacerse de contratos millonarios con la estatal.

   Hay que destacar que los activos de Marín Sanguino, así como los de su socio en las negociaciones irregulares en PDVSA, el exzar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Torres, han sido objeto de controversia en los tribunales estadounidenses, toda vez que personas señaladas como sus testaferros han emprendido una serie de diligencias en procura de hacerse de los bienes de los acusados. Ante estos intentos, el juez Scola ha frenado estas iniciativas al favorecer la posición de la fiscalía que se negaba a ello[1].

  Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022 por la Fiscalía de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. En la trama de corrupción que ha llevado al exfuncionario chavista al banquillo de los acusados en Nueva York, este usó su posición política y de poder, para beneficiar a empresarios que suministran bienes y servicios a PDVSA y que en la acusación del gobierno se identifican como Co-conspirador 1 y 2. El segundo de estos elementos fue identificado por la fiscalía como Carlos Enrique Urbano Fermín, propietario de la Constructora Cuferca C.A., quien igualmente es procesado por blanqueo de capitales en una corte de Florida en la que se declaró culpable[2].

Veamos a continuación detalles de las últimas diligencias del caso.

Orden Preliminar de Decomiso

  El 4 de agosto de 2022, Robert N. Scola Jr., Juez del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden preliminar de decomiso contra Jhonnathan Marín Sanguino.

  La acusación en su contra contemplaba el decomiso de todos los bienes, inmuebles o muebles que derivaran de las ganancias atribuibles al delito de conspiración para cometer lavado de dinero que se le imputó. El 23 de junio de 2022, el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad que Marín Sanguino presentó y en la que convino una sentencia de decomiso de dinero por la cantidad de USD 3.800.000.

  Dicha cantidad es equivalente a los sobornos que Jhonnathan Marín Sanguino recibió entre 2013 y 2017 cuando se desempeñó como alcalde de Guanta (estado Anzoátegui) a cambio de influir en los funcionarios de PDVSA encargados de aprobar contratos millonarios a las empresas que aparece en la acusación y se identifican como Co-conspirador 1 y 2, las cuales proporcionaban bienes y servicios a la petrolera. Los pagos de los citados sobornos se efectuaron a través de cuentas bancarias en bancos de Florida.

 Marín Sanguino recibió el dinero en cuentas controladas por él, familiares y otros, que en parte fue destinado a la compra de propiedades en Florida.

  El juez Scola dictó la sentencia de decomiso por USD 3.800.000 contra Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino y autorizó el descubrimiento que conduzca a identificar, ubicar o disponer de bienes decomisados y para resolver cualquier petición de terceros.

 El magistrado dejó establecido que el Tribunal conservará la jurisdicción en el caso para hacer cumplir la orden la cual podrá modificar o bien dictar otras órdenes según sea necesario.

Marín Sanguino solicita continuación de la pena

 El 6 de septiembre de 2022, Michael B. Nadler, abogado de Jhonnathan Marín Sanguino, presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una moción sin oposición, a objeto de prolongar la sentencia hasta, por lo menos, el 24 de octubre de 2022.

  La sentencia de acuerdo a lo programado, estaba prevista para ser dictada el 12 de septiembre de 2022.

  Marín Sanguino fue acusado el 21 de abril de 2022; tuvo su comparecencia inicial el 25 de abril de 2022; se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero el 23 de junio de 2022.

  Ahora, por primera vez, se solicita la continuación de la pena y Nadler advierte que la solicitud no debe interpretarse como el deseo de crear una demora injustificada. Además, advirtió el abogado que estaría fuera de la ciudad en la fecha programada y la semana siguiente.

 En tal sentido presentó una propuesta de orden de aplazamiento al tribunal y el juez Scola aprobó que la misma fuera el 26 de octubre a las 8:30 AM.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Juez bloqueó nuevo intento de los testaferros de Jhonnathan Marín y Pedro León Torres por hacerse de activos decomisados por EE. UU.” 20 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/juez-bloqueo-nuevo-intento-de-los.html

[2] Venezuela Política. “Justicia de EE. UU. : El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)”. 16 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/jhonnatan-marin-un-chavista-corrupto.html

 

Miami: Así marcha el caso criminal contra Naman Wakil, el hombre que hizo negocios con el exministro de alimentos chavista, Carlos Osorio

   En el sistema financiero estadounidense habría lavado los fondos mal habidos en sus relaciones con el chavismo.

Por Maibort Petit

   Desde que se produjo su arresto el 3 de agosto de 2021[1] —luego de llevar a cabo una larga investigación por parte de la fiscalía y agencias del gobierno de los EE. UU.— la causa contra Naman Wakil se ha desarrollado en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida en Miami, donde las partes mueven sus fichas para establecer la veracidad de los cargos de corrupción y lavado de dinero que un gran jurado determinó que le eran imputables al empresario de origen sirio, con una larga trayectoria de supuestas negociaciones irregulares con el régimen venezolano.

  Sus relaciones con el chavismo lo llevaron a amasar una fortuna que solamente en la cuenta de un banco suizo había $ 400 millones. Una “gran hazaña” si se toma en cuenta que se inició como vendedor ambulante en Venezuela. Desde entonces, el fraude habría sido la impronta de sus negocios, toda vez que se dice que compraba alimentos a punto de vencerse y la negociaba con el estado venezolano con sobreprecio, gracias a sus relaciones con el mayor general, Carlos Osorio, exministro de alimentación[2].

 Wakil, quien reside en el sur de Florida desde hace varios años, estaría, supuestamente habría participado en un esquema corrupto consistente en el pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio del otorgamiento de millonarios contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). Los fondos de estas negociaciones irregulares presuntamente eran lavados en el sistema financiero de los Estados Unidos.

 Los cargos presentados contra Naman Wakil en la acusación formulada por el Gran Jurado el 29 de julio de 2021 son: conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violar la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran bienes derivados de actividades delictivas.

  Entre 2010 y 2017, supuestamente Wakil conspiró con otros con el propósito de sobornar a funcionarios de CASA, así como también a funcionarios de PDVSA y las empresas mixtas a esta última asociadas, a quienes habría sobornos para obtener al menos $ 250 millones en contratos para vender alimentos a la referida corporación de alimentos venezolana y para lograr contratos con la estatal petrolera y las empresas conjuntas afiliadas a ella por al menos USD  30 millones.

  El dinero de los sobornos, supuestamente fue lavado por Naman Wakil mediante el esquema corrupto en el que desde y hacia cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida hacía circular los fondos. También habría comprado 10 apartamentos, un avión de $ 3.5 millones y un yate de $ 1.5 millones, entre otros bienes.

  De acuerdo a la acusación, una serie de transferencias y operaciones bancarias evidenciarían los manejos irregulares llevados a cabo entre Wakil, los funcionarios venezolanos de CASA, los de PDVSA, de Petropiar S.A. y de Petromiranda S.A., con las empresas de comida y petroleras de empresario sirio, valiéndose de las cuentas bancarias en EE. UU., Suiza y las Islas Caimán[3].

La fianza

  Naman Wakil pagó una alta fianza a objeto de enfrentar el proceso judicial en su contra en libertad.

  El 18 de agosto de 2021, la juez Lauren. F. Louis, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Distrito Sur de Florida, División de Miami, estableció una fianza que el acusado, Namam Wakil y sus fiadores, acordaron pagar.

Así, reconocieron su obligación de pagar a los Estados Unidos de América, la suma de $ 50.000.000, de los cuales, $ 21.248.434,25 serían depositados en la Secretaría del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Distrito Sur de Florida, División de Miami.

  Algunas condiciones conllevaba el otorgamiento de dicha fianza, como la obligación de comparecer ante el Tribunal y en cualquier otro lugar en el que se requiera, de acuerdo con todas y cada una de las órdenes e instrucciones relacionadas el caso, incluida la comparecencia por violación de una condición de liberación del acusado, según lo ordene este Tribunal o cualquier otro Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

No puede salir del país

  Queda entendido que Wakil no puede viajar fuera del Distrito Sur de Florida a menos que el Tribunal lo apruebe antes de dicho viaje. El Distrito Sur de Florida consta de los siguientes condados: Broward, Highlands, Indian River, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie.

  El acusado tampoco puede cambiar su dirección actual sin previa notificación y aprobación del Oficial de Libertad Condicional de los EE. UU. o del Tribunal.

  Naman Wakil debe cooperar con los agentes del orden público en la recolección de una muestra de ADN si la recolección es requerida por 42 U.S.C. Sección 14135a.

 Se compromete a no violar ninguna ley federal, estatal o local mientras esté en libertad por este caso. Si llegara a entrar en contacto con la policía, deberá notificar al oficial de libertad condicional de los EE. UU. dentro de las 72 horas.

   El 4 de octubre de 2021, Lauren F. Louis, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Distrito Sur de Florida, División de Miami, declaró abierta la causa de los Estados Unidos contra Naman Wakil, presentada ante esa instancia judicial.

  El 6 de octubre, de 2021, la juez Louis estableció una fianza personal de 50 millones de dólares y una fianza en efectivo de 21,3 millones de dólares que debían depositarse en el registro del Tribunal.

  Naman Wakil, acusado de los delitos de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; violación a Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Lavado Internacional de Instrumentos Monetarios; y Participar en Transacciones en Bienes Derivados Criminalmente; debía permanecer en confinamiento domiciliario con monitoreo por GPS pagado por el demandado.

El demandado accedió en comparecer a través de video.

Calendario procesal

  El 4 de noviembre de 2021, Kathleen M. Williams, juez del Distrito Sur de Florida, estableció el calendario del juicio contra Naman Wakil a desarrollarse en dos semanas que comenzarían el 20 de diciembre de 2021. De no ser juzgado durante dicho período, se reiniciaría para cada calendario de juicio sucesivo hasta que se juzgue o resuelva.

  Llamó a todos los abogados a estar presentes por Video Zoom a las 11:00 a. m. el 14 de diciembre de 2021, en la Sala 11-3 del Palacio de Justicia de los Estados Unidos, 400 N. Miami Avenue, Miami, Florida.

  Respecto al Descubrimiento, la juez Williams ordenó que todas las respuestas a la Orden Permanente de Descubrimiento y/o la Regla Local 88.10 se proporcionará de manera oportuna. Advirtió que si no se proporciona un descubrimiento oportuno sin la aprobación previa del Tribunal para una extensión de tiempo, podría resultar en la imposición de sanciones, incluida la exclusión de pruebas.

 Dijo que las notificaciones 404(b) debían incluir por escrito una descripción fáctica específica de la naturaleza general de la evidencia extrínseca que se busca presentar.

  Sobre las mociones, la magistrada recordó que las mociones previas al juicio en casos penales deben cumplir con la Regla Local 88.9, presentarse dentro de los 28 días posteriores a la lectura de cargos del acusado a quien se aplica la moción, excepto las que surjan de un evento posterior a la lectura de cargos, las cuales se presentarán dentro de un tiempo razonable después del evento. Las respuestas a las mociones se presentarán antes de la fecha límite establecida por la Regla Local 7(c)(1).

  A menos que se indique lo contrario, las mociones no serán remitidas a un juez de instrucción y deberán ir acompañadas de una declaración escrita que certifique que el abogado de la parte actora ha consultado con el abogado contrario en un esfuerzo de buena fe para resolver por acuerdo el tema de la moción según lo requiere la Regla Local 88.9.

 Subrayó que todas las mociones de continuación deben hacerse por escrito y presentarse al menos 48 horas antes de la llamada de calendario. Las mociones in limine también deben presentarse por escrito antes de la convocatoria de calendario.

  La juez instruyó para que partes presenten propuestas de preguntas de voir dire, propuestas de instrucciones para el jurado y listas de anexos propuestos antes de la convocatoria de calendario.

 Igualmente, ordenó que todas las solicitudes de Writs Ad Testificandum se presenten a más tardar 14 días hábiles antes del primer día del período de prueba programado para garantizar el tiempo adecuado para el procesamiento.

 Determinó que las si cualquiera de las partes busca presentar transcripciones en el juicio, la parte solicitante deberá presentar una copia a todos los abogados por lo menos 10 días antes de la fecha programada para el juicio.

  Llamó a los abogados a hacer arreglos con la Oficina de Prisiones para la vestimenta apropiada para el acusado bajo custodia antes de la fecha programada para el juicio. También alertó que se notifique al Tribunal si se requiere un intérprete, al menos 24 horas antes de cualquier audiencia o juicio.

  Finalmente, la juez Kathleen M. Williams ordenó que los elementos de prueba que se ofrecerán como prueba sean etiquetados previamente de acuerdo con la lista de elementos de prueba propuestos. Las etiquetas de exhibición incluirán el número de caso.

Fiscalía responde a la orden de Descubrimiento

  Michael N. Berger, asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, presentó ante el tribunal homónimo, la respuesta del gobierno a la orden permanente de descubrimiento emitida por la referida corte.

  En primer lugar, la Fiscalía refirió que no tenía conocimiento de ninguna declaración escrita hecha por el acusado a la policía, así como tampoco de ninguna declaración oral hecha por éste a cualquier persona conocida por él como agente del orden público.

  Informó que ningún acusado testificó ante el Gran Jurado y entregó una copia del NCIC de los demandados.

  Subrayó que los libros, papeles, documentos, fotografías, objetos tangibles, edificios o lugares que el gobierno tenga la intención de utilizar como prueba en el juicio para probar su caso principal, o que hayan sido obtenidos o que pertenezcan al acusado, podrán ser inspeccionados en un momento mutuamente conveniente en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Se fijó tentativamente el 13 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas para ello. .

  Advirtió que los anexos a esta respuesta de descubrimiento no son necesariamente copias de todos los libros, papeles, documentos, etc., que el gobierno pueda tener la intención de presentar en el juicio.

  Informó que no se realizaron exámenes físicos o mentales ni pruebas o experimentos científicos en relación con este caso.

  La Fiscalía solicitó la divulgación y producción de los materiales enumerados en los puntos 1, 2 y 3 de la Sección B de la Orden Permanente de Descubrimiento. Se comprometió a divulgar cualquier información o material que pueda ser favorable sobre los temas de culpabilidad o castigo, así como también información de cualquier pago, promesa de inmunidad, clemencia, trato preferencial u otros incentivos hechos a posibles testigos del gobierno. También precisó que divulgará cualquier condena previa de cualquier presunto co-conspirador, cómplice o informante que testifique para el gobierno en el juicio.

  El gobierno aseguró que informará oportunamente al acusado de su intención, si la hubiere, de presentar durante su caso prueba principal de evidencia de conformidad con F.R.E. 404(b). Igualmente, notificó que todas las pruebas puestas a su disposición para su inspección, así como todas las declaraciones divulgadas en este documento o en cualquier carta de descubrimiento futura, pueden ofrecerse en el juicio.

  Se hizo mención a que la acusación refiere que Naman Wakil pagó sobornos a los funcionarios venezolanos 1 y 2 (altos funcionarios de la empresa estatal de alimentos de Venezuela llamada CASA) de 2010 a 2014 y luego blanqueó el producto de esos sobornos en el Distrito Sur de Florida en años posteriores. Advirtió que también puede presentar pruebas de que igualmente les pagó sobornos entre los años 2007 y 2010. Considera el gobierno que dichas pruebas constituyen pruebas inextricablemente entrelazadas.

  La acusación formal contiene acusaciones de que el acusado pagó sobornos al Funcionario venezolano 3 (alto funcionario de Petromiranda) y al Funcionario venezolano 4 (alto funcionario de Petropiar) entre 2014 y 2017. El gobierno puede presentar pruebas de que el acusado pagó sobornos a otros funcionarios de Petromiranda y Petropiar durante este período. El gobierno cree que tales pruebas, y la manera en que se presentarían en el juicio, constituyen pruebas inextricablemente entrelazadas, pero las menciona aquí con mucha precaución.

Wakil pide más libertad

  El 20 de diciembre de 2021, Stephen James Binhak de la firma The Law Office of Stephen James Binhak PLLC; Jackie Perczek y Howard Srebnick, del despacho Blank Srebnick P.A., abogados de Namal Wakil, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una Moción para modificar las condiciones de liberación de su cliente.

 Wakil requirió de la Corte le fuera permitido viajar por todo el condado de Miami-Dade desde las 9:00 am hasta las 9:00 pm todos los días.

  Expuso que desde la primavera de 2019, conocía que era investigado por la Oficina del Fiscal Federal en Miami por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y delitos relacionados. Destacaron que durante estas averiguaciones Wakil nunca huyó y, de hecho, fue arrestado en su casa en Miami.

  Refiere que  la acusación de que fue objeto por un gran jurado federal, estuvo acompañada de un conjunto de decomisos que le permitieron a Estados Unidos presentar litispendencia contra las propiedades de Naman Wakil y sus empresas, así como congelar sus cuentas bancarias personales y corporativas.

  En el transcurso de la investigación de la que estaba al tanto, Wakil transfirió los ingresos de una cuenta bancaria en Suiza a una cuenta bancaria en Florida, lo que aumentó la cantidad de dinero que Estados Unidos pudo incautar, pero también demuestra los fuertes lazos del demandado con Estados Unidos y su deseo de permanecer en el país.

  Subraya la moción que aun cuando la acusación no contempló dos de las cuentas bancarias de Wakil, a saber, una en suiza a su nombre y la de su esposa con aproximadamente $21 millones; asimismo otra cuenta suiza a nombre de su esposa con $ 5 millones que el acusado transfirió a EE. UU. y ahora, la cuenta más grande está en el registro del Tribunal y sirve como la parte en efectivo de la fianza. Entretanto, los ingresos de la cuenta más pequeña se colocaron en una cuenta controlada exclusivamente por el ex agente y abogado del FBI, Ross Gaffney, para mantenerlos en depósito y desembolsarlos únicamente para los gastos familiares ordinarios. Naman Wakil no tiene autoridad de firma sobre esta cuenta.

  Destaca la moción que Wakil también tiene fuertes lazos con los Estados Unidos del que es residente permanente desde 2009, con domicilio en Miami. Indicaron que aparte de unas vacaciones en Europa y unas vacaciones en las islas del Caribe, Wakil no ha salido de los Estados Unidos desde 2012 y entregó su pasaporte venezolano.

  También refirieron que ha vivido en la misma casa durante los últimos 9 años con su esposa de 24 años y tres hijos en edad universitaria.  

 Advirtieron que Naman Wakil no tiene acceso al avión privado en el que su esposa tiene participación, como tampoco es directivo de la empresa que lo  ministra, a saber, Citation X17 Ventures, LLC.

  Reiteró que Wakil solamente deja su casa para asistir a la iglesia, visitar a sus abogados y asistir a una conferencia de descubrimiento en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Del mismo modo subrayaron la sólida relación que el demandado mantiene con su oficial de libertad condicional.

  Consideraron los abogados que un toque de queda era más que suficiente para garantizar la comparecencia de Wakil en el juicio, en lugar del arresto domiciliario.

  Dado que Naman Wakil ha gravado voluntariamente los activos que controla, y los Estados Unidos gravaron sus otros activos, está demostrado que no tiene ningún incentivo para abandonar EE. UU.donde mantiene sus vínculos familiares.  Recordaron que  aunque nació en Siria, el acusado no tiene pasaporte sirio y aunque es ciudadano venezolano, no ha estado en Venezuela desde 2012, aparte de que entregó dicho documento de identidad a su oficial de libertad condicional.

 Segunda respuesta de EE. UU. a la orden de Descubrimiento

  Michael N. Berger, asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, presentó la Segunda respuesta de los Estados Unidos a la orden permanente de descubrimiento.

 En esta ocasión, el gobierno entregó presentaciones judiciales (orden ex parte), producciones del gran jurado (registros bancarios), transcripciones del gran jurado de declaraciones de testigos, registros de un MLAT (registros bancarios de Suiza), informe de perito en derecho venezolano, informes de entrevistas de testigos, solicitudes de visa estadounidense de varias personas y documentos proporcionados por testigos.

  El fiscal Berger refirió que esta Segunda Respuesta tenía por objeto aclarar de la respuesta inicial que el Gobierno puede presentar un testigo experto relacionado con la ley venezolana y una explicación de su prohibición de soborno/corrupción.

REFERENCES

[1] Department of Justice. “Executive Arrested and Charged for Bribery and Money-Laundering Scheme”. 4 de Agosto de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/executive-arrested-and-charged-bribery-and-money-laundering-scheme

[2] Venezuela Política. “Namam Wakil: De vendedor ambulante a contratista millonario del chavismo”. 17 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/namam-wakil-de-vendedor-ambulante.html

[3] Venezuela Política. “Así se acusa a Naman Wakil en el Tribunal del Sur de la Florida”. 10 de septiembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/09/asi-se-acusa-naman-wakil-en-el-tribunal.html