El juez Vernon S. Broderick, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la selección del jurado para el juicio contra Carlos Orense Azócar, alias “El Gordo”, se realizará el 20 de noviembre de 2023 y el proceso se iniciará el 27 de ese mismo mes. El venezolano está acusado de delitos de narcotráfico por su supuesto papel en la logística de las operaciones del Cártel de los Soles.
El juez Broderick advirtió que el tiempo otorgado busca que, por un lado, el gobierno proceda a la producción de documentos del descubrimiento y, por el otro, la defensa pueda proceder a analizarlos y estructurar el caso.
“El Gordo” es acusado de (1) Conspiración para producir, manufacturar, distribuir y poseer sustancias prohibidas por las leyes de los Estados Unidos (Cocaína); (2) Conspiración para violar las leyes marítimas de lucha contra las drogas por haber utilizado barcos, cargueros productos con cocaína, en violación del Título 21 del Código de EE. UU.; (3) Posesión de Armas de alto calibre, ametralladoras, y artefactos de destrucción para defender su empresa criminal de cocaína; y (4) Conspiración para poseer armas de alto calibre, ametralladoras y artefactos de destrucción[1].
Carlos Orense Azócar fue extraditado a Estados Unidos en junio del presente año 2022, luego de permanecer durante un año detenido en Italia, donde fue aprehendido en mayo de 2021 cuando estaba en una pensión de Casalvieri, una localidad de la provincia de Frosinone.
De acuerdo a los fiscales norteamericanos, Orense Azócar participó en una empresa criminal desde 2003 hasta 2021, en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México junto a otros conspiradores que violaron las leyes norteamericanas contra el tráfico de estupefacientes.
La próxima cita es el 3 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es enjuiciado.
Azócar enfrenta cadena perpetua si es hallado culpable de los cargos interpuestos en su contra por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Presentaron ante la Corte una solicitud de una orden de embargo fieri facias.
Por Maibort Petit
Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl, empresas a las que el finado expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, expropió en 2010 su participación accionaria de 25 por ciento de los activos de Ferinitro, brega desde entonces a través de una serie de acciones, para hacer valer sus derechos y ser resarcidas. Luego de ganar el litigio presentado ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), demandó y ganó ormente demandar y ganar el 22 de febrero de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el cual sentenció el cumplimiento del laudo arbitral por un monto de USD 306,95 millones más costas y interés[1].
Koch registró la sentencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, donde su última diligencia fue solicitar que se ordene al secretario de la corte emitir una orden de embargo fieri facias sobre las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), propiedad total de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y alter ego de Venezuela. En pocas palabras, los demandantes buscan cobrar la sentencia con las acciones de CITGO.
Veamos las diligencias realizadas en detalle:
Memorándum de ley en apoyo a la moción
El 7 de octubre de 2022, Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl, demandantes y acreedores en el laudo arbitral contra Venezuela, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, un memorándum de ley en apoyo de su moción de una orden que autorice el Secretario del Tribunal para emitir una orden de embargo fieri facias sobre las acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), propiedad total de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y alter ego del deudor de sentencia a su favor.
De acuerdo a los demandantes, la emisión de la orden de embargo fieri facias procede con la condición de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) haya (i) autorizado la emisión y notificación de dicho auto o (ii) haya eliminado o modificado de otro modo las sanciones pertinentes que actualmente prohíben la transferencia de PDV Holding, Inc., por lo que la acción del secretario de la corte ayudará a Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl a ejecutar su sentencia consolidada contra Venezuela; así como también, conceder cualquier otra reparación adicional que se considere justa y apropiada.
Los demandantes se amparan en la tesis de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y, por tanto, los activos de esta en los Estados Unidos pueden considerarse activos comerciales del país sujetos al embargo. Recuerdan los demandantes que ya la Corte con anterioridad, en agosto de 2018, estableció que PDVSA era el alter ego de Venezuela y autorizó el embargo de las acciones de PDV H por parte de Crystallex International Corporation. En razón de que el tribunal debe analizar la condición de alter ego de un deudor al momento en que incurrió en la responsabilidad y, en este caso, así ocurrió cuando se modificó el laudo adverso en abril de 2018, ajustando el monto del laudo.
Sostiene Koch que a la fecha actual, la relación entre PDVSA y Venezuela se mantiene, por cuanto desde enero de 2019, el gobierno de interino de Juan Guaidó trata a PDVSA como parte del estado venezolano y utiliza sus activos en el comercio no menos que el régimen de Nicolás Maduro.
Estiman que negarles el embargo que procuran los dejaría sin un recurso efectivo para para cobrar la sentencia, puesto que no se han identificado otros activos de Venezuela en EE. UU. Actuar de esta manera sería discriminatorio, sostienen.
Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl se encuentra en proceso de solicitar una licencia de la OFAC a objeto de que se autorice el embargo de las acciones de PDV H en poder de PDVSA en Delaware. Estiman que la moción no entra en conflicto con las sanciones de EE. UU. a Venezuela.
Declaración jurada
También el 7 de octubre de 2022, Alexander A. Yanos, abogado de la firma Alston & Bird LLP, presentó una declaración jurada ante el Tribunal para el Distrito de Delaware en la que asegur, primeramente, que actúa en representación de Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI) en la causa que estas mantienen contra la República Bolivariana de Venezuela en dicha instancia judicial.
Refirió a la Corte que dicha declaración la presentó en apoyo de la solicitud de los demandantes de una orden que autorice al secretario del Tribunal a emitir una orden de embargo fieri facias (“Petición”), así como que acompañará a estos en esta búsqueda que les permita ejecutar el laudo arbitral dictado contra Venezuela en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia en el proceso denominado Koch Minerals Sàrl c. República Bolivariana de Venezuela.
Igualmente, hizo una larga enumeración de la documentación anexa que acompaña la moción.
Registro de sentencia en Delaware
El 31 de marzo de 2022, Laura Davis Jones, de la firma Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP, en representación de Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI), envió una comunicación a Juan A. Cerino, secretario del Tribunal para el Distrito de Delaware, para remitirle documentación emitida por el Secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia relacionada con el caso de los demandantes contra Venezuela, a saber, una (i) Certificación original del Secretario de un fallo que se registrará en otro distrito; y (ii) copia certificada de Sentencia, en la referida acción.
Refirieron a Merino que el 22 de febrero de 2022, la Corte de Columbia autorizó a Koch a registrar por causa justificada la sentencia a su favor en el Distrito de Delaware.
Igualmente, solicitó la asignación del caso al juez Stark, por su relación con acciones pendientes contra Venezuela.
Recurso fieri facias propuesto por Koch
Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI) presentaron una propuesta de recurso fieri facias dirigido a los marshals de los Estados Unidos en el que se ordena entregar la orden de embargo a PDV Holding Inc. o a su agente registrado Corporation Trust Company, para embargar todas las acciones y cualquier otro activo o derecho relacionado con esas acciones propiedad perteneciente o adeudada a Petróleos de Venezuela (PDVSA), para así satisfacer la sentencia adeudada a su favor por la suma de USD 387.212.536,29 interés más post sentencia.
La propuesta contempla la respuesta verificada que el embargado debe hacer al tribunal y a Laura Davis Jones, Pachulski, Stang, Ziehl & Jones LLP en un plazo de 20 días luego de la notificación del proceso.
Igualmente una propuesta de declaración en apoyo de la petición de los demandantes de una orden que autorice al Secretario del Tribunal a emitir una orden de embargo fieri facias.
Memorándum de Opinión del Distrito de Columbia
Koch presentó ante el Tribunal para el Distrito de Delaware el Memorándum de opinión y orden emitido por Zia M. Faruqui, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en el que además de establecer las razones de su decisión de sentenciar en favor de los demandantes y confirmar el laudo arbitral del CIADI.
El magistrado determinó que Koch Minerals Sàrl (KOMSA) tiene derecho a USD 140.250.000 más intereses previos a la la adjudicación del 11 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2017, calculados al USD Libor 6 meses más 2% capitalizable cada seis meses, lo cual suma USD 28.419.011,14; así como también intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la emisión de la sentencia del Tribunal a una tasa de USD Libor a 6 meses más 2%, capitalizable cada seis meses.
Entretanto, a Koch Nitrogen International Sàrl (KNI), tiene derecho a USD 166.700.000, más intereses previos a la adjudicación del 11 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2017, calculados a Tasa Libor a 6 meses en USD más 2% capitalizable semestralmente, lo que suma USD 33.778.603,62; más intereses posteriores al laudo desde el 30 de octubre de 2017 hasta la fecha de la sentencia a una tasa de USD Libor a 6 meses más 2%, compuesto cada seis meses.
El juez también estableció costas judiciales por USD 17.436.085,10 y costos de arbitraje por USD 628.836.435, más intereses.
Informe de experto
Koch Minerals Sàrl (KOMSA) y Koch Nitrogen International Sàrl (KNI) presentaron ante el Tribunal para el Distrito de Delaware un Informe pericial del experto Manuel A. Gómez en apoyo a la moción de embargo fieri facias.
En su exposición, Gómez explicó la relación de alter ego entre PDVSA y Venezuela.
Refirió que, como en sus dos informes anteriores, estima que PDVSA carece de independencia de Venezuela y, por lo tanto, debe considerarse su alter ego.
Asimismo aseguró que la situación actual de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela es precaria, por lo que su control sobre los activos extranjeros de PDVSA es más importante que nunca para su supervivencia política. Refirió que transcurridos tres años de su investidura no se ha producido ninguna transición y Nicolás Maduro continúa ejerciendo el poder en Venezuela.
Presentarán una nueva versión de la demanda que contiene información que debe permanecer en la reserva.
Por Maibort Petit
El impacto que tuvo la noticia de que el régimen de Nicolás Maduro mantiene el control de un banco dentro del propio sistema financiero de los Estados Unidos habría sido de tal magnitud que los demandantes de la consabida institución de Miami, el Eastern National Bank NA, los accionistas minoritarios del mismo, a saber, Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker, presentaron ante el Tribunal para el Distrito de Florida donde se ventila el caso, una moción acelerada para sellar la denuncia.
Recientemente se conoció que, pese a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al régimen venezolano, este a través de un complejo de empresas interpuestas bajo su control, maneja al Eastern National Bank, cuya sede principal se encuentra en el condado de Miami-Dade, Florida. El 99 por ciento de las acciones de la entidad pertenecen a Mercop N.V., una empresa registrada en Curazao que, a su vez, es manejada por Corpofín C.A., una sociedad mercantil que desde 1990 está intervenida por el estado venezolano. El restante 1 por ciento de las acciones del Eastern es propiedad de Bancor Group Inc. y de Stitching Particulier Fonds Franeker, los demandantes.
La acción judicial, iniciada el 23 de enero de 2021, acusa que los directivos del banco, Gabina Rodríguez, Louis Ferreira, César Gómez Valero, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías —especialmente la primera— abrieron una cuenta al Banco de Venezuela desatendiendo las recomendaciones de la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC), que advirtió acerca de los riesgos de tal apertura[1].
Bancor en venezuela fue uno de los bancos que sucumbió durante la crisis financiera ocurrida en la segunda administración de Rafael Caldera, sin embargo, esto no le impidió seguir operando en EE. UU. a través de las acciones del Eastern National Bank. La agencia del gobierno de Venezuela que maneja a Corpofin, no es otra que el Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade).
Gabina Marina Rodríguez Balza fue designada Administradora de las sociedades mercantiles intervenidas el 21 de septiembre de 2017, de acuerdo a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.241[2].
Las consecuencias de tal desatención a las observaciones de la OCC contenidas en dos Órdenes de Consentimientos emitidas en 2018 y 2020, en las cuales se alertó sobre las deficiencias en las prácticas del banco, entre las que destacaban las referidas al lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario con relación a la cuenta del Banco de Venezuela, se han hecho sentir.
En específico, la Orden de Consentimiento 2020 estableció que el Eastern National Bank no cumplió con el mandato de la OCC el 25 de octubre de 2018, por tanto lo declaraba en violación al encontrarse que había incurrido en nuevas prácticas inseguras y poco sólidas.
La nueva orden, por tanto, abordaba las nuevas infracciones, las cuales adicionaba a las ya continuas prácticas inseguras encontradas en 2018.
Entre otras directrices, la OCC mandó a que la directiva del Eastern se incorporaran al menos dos directores externos independientes con la advertencia de que estos no podían ser miembros, empleados, funcionarios o afiliados del banco, como tampoco personas con información privilegiada de una subsidiaria o afiliada del Eastern National Bank.
Ahora se requiere llevar a cabo la inspección de libros y registros del Eastern National Bank NA a objeto de constatar el incumplimiento de la entidad a sus obligaciones de cara a las referidas Órdenes de Consentimiento de la OCC. Pero antes de que esta tarea tenga lugar, los demandantes, Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker, han solicitado a la Corte que se emita una Orden para sellar la demanda por ellos presentada y, entonces, proceder a entregar una nueva versión de la misma.
De acuerdo a lo que los demandantes explican en la moción de sellado, la versión de demanda que presentarán ante el tribunal, contiene información relacionada con la investigación que la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC), la cual, por exigencia del organismo, debe mantenerse en secreto.
Por ello, Bancor y Stitching piden a la Corte sellar la demanda para que ellos puedan proceder a presentar la nueva versión de la misma. Igualmente solicitaron que la duración del sellado sea durante todo el litigio, de tal manera que la información de la OCC permanezca confidencial.
Referencias
[1] Venezuela Política. “Eastern National Bank: El banco mayamero que supuestamente salvó a Nicolás Maduro”. 15 de agosto de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/08/eastern-national-bank-el-banco-mayamero.html
[2] Legis. Sumario Gaceta Oficial del 21 de Septiembre de 2017. http://www.legis.com.ve/BancoConocimiento/S/sumario_gaceta_oficial_del_21_de_septiembre_de_2017/sumario_gaceta_oficial_del_21_de_septiembre_de_2017.asp?Miga=1&Id_Magazin=43&Id_subseccion=82
El juez de la causa concedió que la defensa del empresario colombiano acceda solamente a los papeles directamente relacionados con la acusación, más no con la extradición.
Por Maibort Petit
A medias, concedió Roberto N. Scola, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, la moción que ante esa instancia judicial presentó Alex Nain Saab Morán, tenido por testaferro de Nicolás Maduro, para exigir a la fiscalía la producción de materiales de descubrimiento provenientes del Departamentos de Defensa, Justicia, Estado y Tesoro que el gobierno se muestra renuente a entregar al empresario colombiano acusado de la comisión de delitos de lavado de dinero.
Saab Morán viene bregando ante las cortes de los EE. UU., luego de haber lo insistido una y otra vez ante las autoridades de Cabo Verde para evitar su extradición a territorio estadounidense, en que, por una supuesta condición de diplomático del gobierno de Venezuela que mantiene, posee inmunidad y, por tanto, no podía ser apresado ni ser procesado judicialmente. Tales alegatos llevaron a que por 16 meses se moviera en tribunales de todas las instancias en el país africano y ahora, en los Estados Unidos, tanto en el tribunal de distrito que lleva el caso, como en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Atlanta, instancia esta última que determinó que debía ser el juez de la causa quien dilucide finalmente este asunto.
La cita para ello fue postergada ahora para diciembre en virtud de las múltiples diligencias que las partes han llevado a cabo, las cuales han causado demoras en cada una de las etapas del proceso. La defensa de Saab insiste en la existencia de documentos que, de acuerdo a su visión, prueban la condición de diplomático de Álex Saab, al tiempo que precisa que tales papeles están en manos de agencias del gobierno que la fiscalía debe entregar.
La documentación permitiría a los abogados del empresario presentar el recurso de sobreseimiento de la acusación, donde exponga sus argumentos con relación a la inmunidad diplomática que supuestamente detenta su cliente. Es en este contexto que Saab Morán quiere obligar al gobierno a producir los materiales que están en poder de varias agencias federales.
Lo que pide Saab
La defensa de Álex Saab pidió al juez Scola que obligue a la fiscalía a producir documentos en poder de los Departamentos de Defensa, Justicia, Estado y Tesoro.
Entre estos papeles estaría información de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA), así como de la División de Seguridad Nacional (NSD), de la Agencia de Control de Drogas (DEA), y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Del mismo modo, los abogados quieren hacerse de documentos de la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP), de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Guardia Costera de EE. UU.
Todos estos papeles que comprenden correos electrónicos, textos, comunicaciones electrónicas, notas, cables diplomáticos, informes, memorandos y otros documentos, servirían para establecer que Álex Saab fungía como enviado especial del régimen de Nicolás Maduro para la gestión humanitaria en favor de Venezuela.
Lo que ha entregado el gobierno
Para la fiscalía, todas las exigencias de Álex Saab y sus abogados no son más que una táctica dilatoria.
El 15 de julio de 2022, antes de que la defensa presentara la moción para obligar, el gobierno se comprometió a producir material no clasificado en manos del Departamento de Justicia para el 15 de agosto del año en curso. Se comprometió asimismo a hacer todos sus esfuerzos para que conseguir los documentos de la OIA y del Departamento de Estado. Diligencias que el gobierno manifiesta hacer de buena fe, puesto que nada lo obliga a ello, toda vez que a su criterio, Saab Morán no es diplomático y no tiene derecho a los materiales que busca obtener.
Además, sostiene que solamente está obligado a producir materiales que estén en posesión, custodia y control del “equipo de la fiscalía”. Una posición diametralmente opuesta a la de la defensa, la cual argumenta que tiene derecho al material en poder de “cualquier agencia o departamento que desempeñó un papel en la investigación o el enjuiciamiento” en el caso, las cuales en su mayoría tienen que ver con su extradición.
La decisión de Scola
En su decisión el juez Scola refiere que Álex Saab, acusado de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, no presenta nada en su expediente que sugiera que el Departamento de Estado y la OIA tuvieran que ver en la la investigación que llevó a imputarlo.
Tal situación se repite —advierte el magistrado— respecto a la NSD, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de los estados Unidos.
Por tales razones, el Tribunal negó la solicitud del acusado con relación a la documentación que exige de parte de los Departamentos de Defensa, Estado y Tesoro, la OIA, la NSD, así como de la CIA y la Guardia Costera de EE. UU.
El magistrado Scola, sin embargo, dado que la propia fiscalía admite que la DEA, FBI, HSI e ICE estuvieron involucradas en la investigación y formaban parte de su “equipo de enjuiciamiento”, decidió conceder a Álex Saab su solicitud respecto a dichas agencias federales.
Se advierte en la decisión que el mandato aplica en tanto las agencias y/o subdivisiones hayan colaborado en la investigación que llevó a la formulación de la acusación, más no respecto a los esfuerzos que hayan realizado para procurar la extradición de Álex Saab.
De este modo, la fiscalía deberá entregar inmediatamente los materiales que tienen que ver con el resumen de información contenido en la carta del 15 de agosto de 2022; y a antes del 18 de octubre de 2022, los materiales en manos de la DEA, el FBI, HSI e ICE.
En el sistema financiero estadounidense habría lavado los fondos mal habidos en sus relaciones con el chavismo.
Por Maibort Petit
Desde que se produjo su arresto el 3 de agosto de 2021[1] —luego de llevar a cabo una larga investigación por parte de la fiscalía y agencias del gobierno de los EE. UU.— la causa contra Naman Wakil se ha desarrollado en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida en Miami, donde las partes mueven sus fichas para establecer la veracidad de los cargos de corrupción y lavado de dinero que un gran jurado determinó que le eran imputables al empresario de origen sirio, con una larga trayectoria de supuestas negociaciones irregulares con el régimen venezolano.
Sus relaciones con el chavismo lo llevaron a amasar una fortuna que solamente en la cuenta de un banco suizo había $ 400 millones. Una “gran hazaña” si se toma en cuenta que se inició como vendedor ambulante en Venezuela. Desde entonces, el fraude habría sido la impronta de sus negocios, toda vez que se dice que compraba alimentos a punto de vencerse y la negociaba con el estado venezolano con sobreprecio, gracias a sus relaciones con el mayor general, Carlos Osorio, exministro de alimentación[2].
Wakil, quien reside en el sur de Florida desde hace varios años, estaría, supuestamente habría participado en un esquema corrupto consistente en el pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio del otorgamiento de millonarios contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). Los fondos de estas negociaciones irregulares presuntamente eran lavados en el sistema financiero de los Estados Unidos.
Los cargos presentados contra Naman Wakil en la acusación formulada por el Gran Jurado el 29 de julio de 2021 son: conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violar la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran bienes derivados de actividades delictivas.
Entre 2010 y 2017, supuestamente Wakil conspiró con otros con el propósito de sobornar a funcionarios de CASA, así como también a funcionarios de PDVSA y las empresas mixtas a esta última asociadas, a quienes habría sobornos para obtener al menos $ 250 millones en contratos para vender alimentos a la referida corporación de alimentos venezolana y para lograr contratos con la estatal petrolera y las empresas conjuntas afiliadas a ella por al menos USD 30 millones.
El dinero de los sobornos, supuestamente fue lavado por Naman Wakil mediante el esquema corrupto en el que desde y hacia cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida hacía circular los fondos. También habría comprado 10 apartamentos, un avión de $ 3.5 millones y un yate de $ 1.5 millones, entre otros bienes.
De acuerdo a la acusación, una serie de transferencias y operaciones bancarias evidenciarían los manejos irregulares llevados a cabo entre Wakil, los funcionarios venezolanos de CASA, los de PDVSA, de Petropiar S.A. y de Petromiranda S.A., con las empresas de comida y petroleras de empresario sirio, valiéndose de las cuentas bancarias en EE. UU., Suiza y las Islas Caimán[3].
La fianza
Naman Wakil pagó una alta fianza a objeto de enfrentar el proceso judicial en su contra en libertad.
El 18 de agosto de 2021, la juez Lauren. F. Louis, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Distrito Sur de Florida, División de Miami, estableció una fianza que el acusado, Namam Wakil y sus fiadores, acordaron pagar.
Así, reconocieron su obligación de pagar a los Estados Unidos de América, la suma de $ 50.000.000, de los cuales, $ 21.248.434,25 serían depositados en la Secretaría del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Distrito Sur de Florida, División de Miami.
Algunas condiciones conllevaba el otorgamiento de dicha fianza, como la obligación de comparecer ante el Tribunal y en cualquier otro lugar en el que se requiera, de acuerdo con todas y cada una de las órdenes e instrucciones relacionadas el caso, incluida la comparecencia por violación de una condición de liberación del acusado, según lo ordene este Tribunal o cualquier otro Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.
No puede salir del país
Queda entendido que Wakil no puede viajar fuera del Distrito Sur de Florida a menos que el Tribunal lo apruebe antes de dicho viaje. El Distrito Sur de Florida consta de los siguientes condados: Broward, Highlands, Indian River, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie.
El acusado tampoco puede cambiar su dirección actual sin previa notificación y aprobación del Oficial de Libertad Condicional de los EE. UU. o del Tribunal.
Naman Wakil debe cooperar con los agentes del orden público en la recolección de una muestra de ADN si la recolección es requerida por 42 U.S.C. Sección 14135a.
Se compromete a no violar ninguna ley federal, estatal o local mientras esté en libertad por este caso. Si llegara a entrar en contacto con la policía, deberá notificar al oficial de libertad condicional de los EE. UU. dentro de las 72 horas.
El 4 de octubre de 2021, Lauren F. Louis, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Distrito Sur de Florida, División de Miami, declaró abierta la causa de los Estados Unidos contra Naman Wakil, presentada ante esa instancia judicial.
El 6 de octubre, de 2021, la juez Louis estableció una fianza personal de 50 millones de dólares y una fianza en efectivo de 21,3 millones de dólares que debían depositarse en el registro del Tribunal.
Naman Wakil, acusado de los delitos de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; violación a Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Lavado Internacional de Instrumentos Monetarios; y Participar en Transacciones en Bienes Derivados Criminalmente; debía permanecer en confinamiento domiciliario con monitoreo por GPS pagado por el demandado.
El demandado accedió en comparecer a través de video.
Calendario procesal
El 4 de noviembre de 2021, Kathleen M. Williams, juez del Distrito Sur de Florida, estableció el calendario del juicio contra Naman Wakil a desarrollarse en dos semanas que comenzarían el 20 de diciembre de 2021. De no ser juzgado durante dicho período, se reiniciaría para cada calendario de juicio sucesivo hasta que se juzgue o resuelva.
Llamó a todos los abogados a estar presentes por Video Zoom a las 11:00 a. m. el 14 de diciembre de 2021, en la Sala 11-3 del Palacio de Justicia de los Estados Unidos, 400 N. Miami Avenue, Miami, Florida.
Respecto al Descubrimiento, la juez Williams ordenó que todas las respuestas a la Orden Permanente de Descubrimiento y/o la Regla Local 88.10 se proporcionará de manera oportuna. Advirtió que si no se proporciona un descubrimiento oportuno sin la aprobación previa del Tribunal para una extensión de tiempo, podría resultar en la imposición de sanciones, incluida la exclusión de pruebas.
Dijo que las notificaciones 404(b) debían incluir por escrito una descripción fáctica específica de la naturaleza general de la evidencia extrínseca que se busca presentar.
Sobre las mociones, la magistrada recordó que las mociones previas al juicio en casos penales deben cumplir con la Regla Local 88.9, presentarse dentro de los 28 días posteriores a la lectura de cargos del acusado a quien se aplica la moción, excepto las que surjan de un evento posterior a la lectura de cargos, las cuales se presentarán dentro de un tiempo razonable después del evento. Las respuestas a las mociones se presentarán antes de la fecha límite establecida por la Regla Local 7(c)(1).
A menos que se indique lo contrario, las mociones no serán remitidas a un juez de instrucción y deberán ir acompañadas de una declaración escrita que certifique que el abogado de la parte actora ha consultado con el abogado contrario en un esfuerzo de buena fe para resolver por acuerdo el tema de la moción según lo requiere la Regla Local 88.9.
Subrayó que todas las mociones de continuación deben hacerse por escrito y presentarse al menos 48 horas antes de la llamada de calendario. Las mociones in limine también deben presentarse por escrito antes de la convocatoria de calendario.
La juez instruyó para que partes presenten propuestas de preguntas de voir dire, propuestas de instrucciones para el jurado y listas de anexos propuestos antes de la convocatoria de calendario.
Igualmente, ordenó que todas las solicitudes de Writs Ad Testificandum se presenten a más tardar 14 días hábiles antes del primer día del período de prueba programado para garantizar el tiempo adecuado para el procesamiento.
Determinó que las si cualquiera de las partes busca presentar transcripciones en el juicio, la parte solicitante deberá presentar una copia a todos los abogados por lo menos 10 días antes de la fecha programada para el juicio.
Llamó a los abogados a hacer arreglos con la Oficina de Prisiones para la vestimenta apropiada para el acusado bajo custodia antes de la fecha programada para el juicio. También alertó que se notifique al Tribunal si se requiere un intérprete, al menos 24 horas antes de cualquier audiencia o juicio.
Finalmente, la juez Kathleen M. Williams ordenó que los elementos de prueba que se ofrecerán como prueba sean etiquetados previamente de acuerdo con la lista de elementos de prueba propuestos. Las etiquetas de exhibición incluirán el número de caso.
Fiscalía responde a la orden de Descubrimiento
Michael N. Berger, asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, presentó ante el tribunal homónimo, la respuesta del gobierno a la orden permanente de descubrimiento emitida por la referida corte.
En primer lugar, la Fiscalía refirió que no tenía conocimiento de ninguna declaración escrita hecha por el acusado a la policía, así como tampoco de ninguna declaración oral hecha por éste a cualquier persona conocida por él como agente del orden público.
Informó que ningún acusado testificó ante el Gran Jurado y entregó una copia del NCIC de los demandados.
Subrayó que los libros, papeles, documentos, fotografías, objetos tangibles, edificios o lugares que el gobierno tenga la intención de utilizar como prueba en el juicio para probar su caso principal, o que hayan sido obtenidos o que pertenezcan al acusado, podrán ser inspeccionados en un momento mutuamente conveniente en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Se fijó tentativamente el 13 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas para ello. .
Advirtió que los anexos a esta respuesta de descubrimiento no son necesariamente copias de todos los libros, papeles, documentos, etc., que el gobierno pueda tener la intención de presentar en el juicio.
Informó que no se realizaron exámenes físicos o mentales ni pruebas o experimentos científicos en relación con este caso.
La Fiscalía solicitó la divulgación y producción de los materiales enumerados en los puntos 1, 2 y 3 de la Sección B de la Orden Permanente de Descubrimiento. Se comprometió a divulgar cualquier información o material que pueda ser favorable sobre los temas de culpabilidad o castigo, así como también información de cualquier pago, promesa de inmunidad, clemencia, trato preferencial u otros incentivos hechos a posibles testigos del gobierno. También precisó que divulgará cualquier condena previa de cualquier presunto co-conspirador, cómplice o informante que testifique para el gobierno en el juicio.
El gobierno aseguró que informará oportunamente al acusado de su intención, si la hubiere, de presentar durante su caso prueba principal de evidencia de conformidad con F.R.E. 404(b). Igualmente, notificó que todas las pruebas puestas a su disposición para su inspección, así como todas las declaraciones divulgadas en este documento o en cualquier carta de descubrimiento futura, pueden ofrecerse en el juicio.
Se hizo mención a que la acusación refiere que Naman Wakil pagó sobornos a los funcionarios venezolanos 1 y 2 (altos funcionarios de la empresa estatal de alimentos de Venezuela llamada CASA) de 2010 a 2014 y luego blanqueó el producto de esos sobornos en el Distrito Sur de Florida en años posteriores. Advirtió que también puede presentar pruebas de que igualmente les pagó sobornos entre los años 2007 y 2010. Considera el gobierno que dichas pruebas constituyen pruebas inextricablemente entrelazadas.
La acusación formal contiene acusaciones de que el acusado pagó sobornos al Funcionario venezolano 3 (alto funcionario de Petromiranda) y al Funcionario venezolano 4 (alto funcionario de Petropiar) entre 2014 y 2017. El gobierno puede presentar pruebas de que el acusado pagó sobornos a otros funcionarios de Petromiranda y Petropiar durante este período. El gobierno cree que tales pruebas, y la manera en que se presentarían en el juicio, constituyen pruebas inextricablemente entrelazadas, pero las menciona aquí con mucha precaución.
Wakil pide más libertad
El 20 de diciembre de 2021, Stephen James Binhak de la firma The Law Office of Stephen James Binhak PLLC; Jackie Perczek y Howard Srebnick, del despacho Blank Srebnick P.A., abogados de Namal Wakil, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una Moción para modificar las condiciones de liberación de su cliente.
Wakil requirió de la Corte le fuera permitido viajar por todo el condado de Miami-Dade desde las 9:00 am hasta las 9:00 pm todos los días.
Expuso que desde la primavera de 2019, conocía que era investigado por la Oficina del Fiscal Federal en Miami por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y delitos relacionados. Destacaron que durante estas averiguaciones Wakil nunca huyó y, de hecho, fue arrestado en su casa en Miami.
Refiere que la acusación de que fue objeto por un gran jurado federal, estuvo acompañada de un conjunto de decomisos que le permitieron a Estados Unidos presentar litispendencia contra las propiedades de Naman Wakil y sus empresas, así como congelar sus cuentas bancarias personales y corporativas.
En el transcurso de la investigación de la que estaba al tanto, Wakil transfirió los ingresos de una cuenta bancaria en Suiza a una cuenta bancaria en Florida, lo que aumentó la cantidad de dinero que Estados Unidos pudo incautar, pero también demuestra los fuertes lazos del demandado con Estados Unidos y su deseo de permanecer en el país.
Subraya la moción que aun cuando la acusación no contempló dos de las cuentas bancarias de Wakil, a saber, una en suiza a su nombre y la de su esposa con aproximadamente $21 millones; asimismo otra cuenta suiza a nombre de su esposa con $ 5 millones que el acusado transfirió a EE. UU. y ahora, la cuenta más grande está en el registro del Tribunal y sirve como la parte en efectivo de la fianza. Entretanto, los ingresos de la cuenta más pequeña se colocaron en una cuenta controlada exclusivamente por el ex agente y abogado del FBI, Ross Gaffney, para mantenerlos en depósito y desembolsarlos únicamente para los gastos familiares ordinarios. Naman Wakil no tiene autoridad de firma sobre esta cuenta.
Destaca la moción que Wakil también tiene fuertes lazos con los Estados Unidos del que es residente permanente desde 2009, con domicilio en Miami. Indicaron que aparte de unas vacaciones en Europa y unas vacaciones en las islas del Caribe, Wakil no ha salido de los Estados Unidos desde 2012 y entregó su pasaporte venezolano.
También refirieron que ha vivido en la misma casa durante los últimos 9 años con su esposa de 24 años y tres hijos en edad universitaria.
Advirtieron que Naman Wakil no tiene acceso al avión privado en el que su esposa tiene participación, como tampoco es directivo de la empresa que lo ministra, a saber, Citation X17 Ventures, LLC.
Reiteró que Wakil solamente deja su casa para asistir a la iglesia, visitar a sus abogados y asistir a una conferencia de descubrimiento en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Del mismo modo subrayaron la sólida relación que el demandado mantiene con su oficial de libertad condicional.
Consideraron los abogados que un toque de queda era más que suficiente para garantizar la comparecencia de Wakil en el juicio, en lugar del arresto domiciliario.
Dado que Naman Wakil ha gravado voluntariamente los activos que controla, y los Estados Unidos gravaron sus otros activos, está demostrado que no tiene ningún incentivo para abandonar EE. UU.donde mantiene sus vínculos familiares. Recordaron que aunque nació en Siria, el acusado no tiene pasaporte sirio y aunque es ciudadano venezolano, no ha estado en Venezuela desde 2012, aparte de que entregó dicho documento de identidad a su oficial de libertad condicional.
Segunda respuesta de EE. UU. a la orden de Descubrimiento
Michael N. Berger, asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, presentó la Segunda respuesta de los Estados Unidos a la orden permanente de descubrimiento.
En esta ocasión, el gobierno entregó presentaciones judiciales (orden ex parte), producciones del gran jurado (registros bancarios), transcripciones del gran jurado de declaraciones de testigos, registros de un MLAT (registros bancarios de Suiza), informe de perito en derecho venezolano, informes de entrevistas de testigos, solicitudes de visa estadounidense de varias personas y documentos proporcionados por testigos.
El fiscal Berger refirió que esta Segunda Respuesta tenía por objeto aclarar de la respuesta inicial que el Gobierno puede presentar un testigo experto relacionado con la ley venezolana y una explicación de su prohibición de soborno/corrupción.
REFERENCES
[1] Department of Justice. “Executive Arrested and Charged for Bribery and Money-Laundering Scheme”. 4 de Agosto de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/executive-arrested-and-charged-bribery-and-money-laundering-scheme
[2] Venezuela Política. “Namam Wakil: De vendedor ambulante a contratista millonario del chavismo”. 17 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/namam-wakil-de-vendedor-ambulante.html
[3] Venezuela Política. “Así se acusa a Naman Wakil en el Tribunal del Sur de la Florida”. 10 de septiembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/09/asi-se-acusa-naman-wakil-en-el-tribunal.html
A la sombra de sus relaciones con altos funcionarios chavistas, el empresario amasó una gran fortuna a expensas de minar el erario público venezolano.
Por Maibort Petit
El pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. o de cualquier empresa estatal venezolana parece ser una constante, una marca, una impronta en el comportamiento de la administración pública que, durante los últimos veinte años adquirió niveles alarmantes. En ese contexto se inscribe el caso de Naman Wakil, un ciudadano de nacionalidad siria y venezolana residente en los Estados Unidos, quien se sumó al esquema corrupto señalado con el objeto de lograr contratos millonarios con la petrolera y, también, con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA), la empresa de alimentos del estado venezolano.
La causa identificada con el en número 21-CR-20406-WILLIAMS (SELLADO), se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Florida-División Miami, a cargo de la juez de primera instancia, Lauren F. Louis, a quien el caso le fue presentado el pasado 4 de agosto del presente año 2021. Wakil pagó 21 millones de dólares en una fianza para ser juzgado en libertad.
De acuerdo a los documentos judiciales bajo esta modalidad, Wakil, entre 2010 y 2017, habría realizado negociaciones por el orden de los USD 250 millones para lo cual, supuestamente, pagó sobornos a funcionarios de CASA y de las empresas mixtas que operan en el Faja petrolífera del Orinoco, las cuales tienen un paquete accionario en el que PDVSA tiene el mayor porcentaje frente a sus socias extranjeras. El empresario vendería alimentos a la corporación venezolana y, por otra parte, proporcionaría bienes y servicios a PDVSA, habiéndose determinado un sobreprecio de al menos USD 30 millones en estos últimos contratos.
Los dineros mal habidos de estas negociaciones, habrían sido lavados por Wakil a través de cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y mediante la compra de inmuebles en dicha zona, un avión de USD 3.5 millones y un yate de USD 1.5 millones, entre otras cosas. Parte de estos fondos también fueron destinados por el empresario para pagar a los funcionarios venezolanos que facilitaron las negociaciones.
Las autoridades judiciales acusan a Naman Wakil de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada delictivamente, por lo que, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 80 años de cárcel.
Entre las primeras diligencias del caso, el 6 de agosto tuvo lugar una audiencia de detención preventiva de Wakil, quien fue arrestado el 3 de agosto.
Las jugosas ganancias de estas presuntas negociaciones irregulares le permitieron a Wakil mantener una vida de lujos con su familia, lo cual incluía viajes por todo el mundo y vivir en un condominio de USD 3.5 millones de Coconut Grove es con vista a la Bahía de Biscayne, de acuerdo con una nota publicada por el Miami Herald[1].
La reseña de prensa indica que Wakil habría invertido las ganancias ilegales derivadas de los contratos corruptos con PDVSA y CASA en el citado condominio, ubicado específicamente en “Residences at Vizcaya” en Hiawatha Avenue, así como también en los apartamentos antes mencionados, los cuales están en Brickell Avenue en el centro de Miami y en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. Señala la publicación que el valor de estas compras ronda los USD 50 millones.
Pero para evadir las rejas, la defensa de Wakil y los fiscales del caso acordaron una fianza de USD 50 millones, los cuales se cancelarán con propiedades y USD 21,3 millones provenientes de una cuenta en suiza, señala otra nota del Miami Herald[2].
Esta última detalla que las ganancias del primer contrato de Wakil con CASA, el citado líneas arriba por USD 30 millones, habrían ido a parar a cuentas del empresario en las Islas Caimán, mientras USD 750 mil fueron a parar a la cuenta en el sur de la Florida de un funcionario venezolano. Más tarde, en 2012, obtuvo un nuevo contrato por USD 225 millones que se depositaron en cuentas bancarias corporativas en Suiza, entretanto USD 11 millones alimentaron las finanzas de otro funcionario venezolano.
Con la subsidiaria de PDVSA, Petropiar, Wakil firmó en 2015 un acuerdo por tuberías de USD 11.2 millones, cuando los referidos tubos los compraba en China por USD 1.3 millones. El funcionario que facilitó el negocio habría sido favorecido con un condominio de USD 300 mil en Miami.
Con historial en los Papeles de Panamá
Agrega que ya el nombre de Naman Wakil había resonado en 2016 cuando explotó el escándalo de los Papeles de Panamá y al empresario se le vinculó con un banquero de Citigroup y con empresas fantasmas con cuentas secretas extraterritoriales que permitieron ocultar fondos irregulares de clientes entre los cuales se contaba el sirio-venezolano.
En aquel entonces se dijo que Wakil con intereses comerciales en Carolina del Norte y Miami por el orden de los USD 400 millones. Para evadir la carga tributaria que tales negocios suponen, recurrió al bufete panameño Mossack Fonseca. Los abogados de esta firma le propusieron abrir una serie de fideicomisos y sociedades offshore que le permitirían enmascarar y esconder sus ganancias.
El portal El Pitazo[3] da cuenta del historial de este hombre y los “funcionarios venezolanos” con que en los documentos judiciales de la corte de la Florida se identifica a los socios corruptos con los que Naman Wakil supuestamente habría realizado las negociaciones irregulares, adquieren nombre y apellido.
La publicación refiere que Wakil amasó su fortuna con los contratos de importación de carne que le otorgó el exmimnistro de alimentación, mayor general Carlos Osorio. Familiares de este último habría recibido USD 5,9 millones desde una cuenta en el banco suizo CBH, propiedad del empresario.
Del mismo modo, la nota de El Pitazo reza “que desde las cuentas del sirio-venezolano se hicieron, en 2012, cerca de 14 transferencias por montos desde los 108.250 dólares hasta 149.975 dólares a favor de Rodolfo Raschid Velasco Kassem, capturado por el Cicpc en 2013, señalado por formar parte de la organización del capo colombiano Daniel “El Loco” Barrera (…) También se comprobó que Naman Wakil habría hecho entre diciembre de 2012 y junio de 2013 al menos ocho transferencias entre 350.000 hasta 2.000.000 dólares a favor de varias empresas, desde la cuenta de empresas propiedad de Wakil —Atlas Systems International y J.A. Comercio de Géneros Alimenticios— a favor de la Viltas Company, cuyos beneficiarios serían Roberto Rodríguez y Santiago Souto, este último también identificado como uno de los asesores de Raúl Gorrín en Suiza”.
Naman Wakil habría amasado una fortuna de USD 400 millones solamente en el banco suizo, habiéndose iniciado como vendedor ambulante que residía en Petare. Según las averiguaciones periodísticas, compraba carne a punto de vencerse y la negociaba con el estado venezolano con sobreprecios milmillonarios, a la sombra de sus relaciones con Osorio.
El portal refiere los esfuerzos del empresario sirio-venezolano por hacer desaparecer su historia de internet, creándole otros perfiles que van desde jugador de fútbol de la vino tinto, beisbolista de los Leones del Caracas, hasta blogger de comida.
Mas de Wakil, según Carlos Tablante
El exdiputado y exgobernador del estado Aragua, Carlos Tablante[4], autor del libro “El Gran Saqueo”, también le pone nombre y apellido a los “funcionarios venezolanos” que figuran en la demanda contra Wakil. De este modo, “Los altos funcionarios venezolanos 1 y 2 de CASA presuntamente serían los militares Sergio Caldera García, quien fuera presidente de la institución entre 2010 y 2011 (residente en EE. UU.), y Carlos Osorio Zambrano, responsable de CASA entre 2011 y 2014, fechas que se mencionan específicamente en la acusación. Osorio es en la actualidad presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM)”.
Tablante agrega que en denuncia formulada en 2016 señaló que “Dos cuñados del general recibieron casi 6 millones de dólares de una empresa de Wakil entre diciembre de 2012 y junio de 2013 cuando el militar era ministro de Alimentación. Las evidencias fueron entregadas a la Asamblea Nacional que produjo un voto de censura contra Osorio, así como a la Fiscalía General, la cual abrió una investigación contra el general y Wakil sin resultados conocidos”.
El libro de Tablante dedica uno de sus capítulos a Namal Wakil: “Trece millones de dólares en mortadela”, en el que describe el modus operandi mediante el cual Wakil estafó a la nación venezolana.
“A través del sistema de subastas, Naman Wakil, como representante de legítimas compañías de Brasil y por medio de información privilegiada, obtuvo millonarios contratos. Sin embargo, su verdadero objetivo era obtener dólares preferenciales para venderlos en el mercado negro y obtener inmensas ganancias. Para ello no vaciló en negociar productos cárnicos a punto de caducar o de ínfima calidad, muchas veces rechazados por otros países. Adquirió un frigorífico en Brasil para reempacar y reetiquetar la mercancía como de primera calidad antes de su envío a Venezuela donde muchas veces llegó en estado de descomposición”, dice Tablante.
Para perfeccionar su negoció diseñó un esquema fraudulento consistente en el establecimiento de una red de empresas de maletín con nombres similares a las empresas proveedoras de Brasil y de esta manera enmascaraba los sobreprecios de los productos que le vendía a Venezuela.
REFERENCIAS
[1] Miami Herald. “U.S. agents arrest wealthy Venezuelan man at Miami home on money laundering charge”. 10 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253219913.html
[2] Miami Herald. “Venezuelan’s bond: $21 million in Swiss account, plane, yacht, lots of Miami condos”. 11 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253390023.html
[3] El Pitazo. “Naman Wakil: el vendedor de carne que quiere ocultarse en internet”. 3 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/internacional/naman-wakil-el-cunado-de-carlos-osorio-que-quiere-ocultarse-en-internet/
[4] El Pitazo. “Los pecados capitales de Naman Wakil”. 9 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/opinion/los-pecados-capitales-de-naman-wakil/
Se cree que el ex-asesor legal de la estatal petrolera, podría suministrar valiosa información sobre el círculo de Nicolás Maduro.
Por Maibort Petit
Desde su llegada territorio de los Estados Unidos, la expectativa se incrementa día a día ante las posibles revelaciones que el ex-asesor legal de Petróleos de Venezuela S.A., Carmelo Urdaneta Aquí, pudiera hacer acerca de los niveles de corrupción imperantes en la petrolera estatal venezolana. Por lo pronto, el exfuncionario del Ministerio de Energía y Petróleo habría comenzado a dar detalles sobre el refinado esquema de lavado de dinero que permitió esquilmar más de USD 1.200 millones a PDVSA.
El fraude fue descubierto gracias a una investigación encubierta desarrollada por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual se conoció como “Money Flight” a partir de la información suministrada por una Fuente Confidencial (CS, por las siglas en inglés de Confidential Source), quien, en 2016, le dijo a las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI) que operadores financieros venezolanos lo contactaron con la intención de lavar USD 78 millones provenientes de operaciones irregulares cometidas a la luz del sistema de control cambiario que rige en Venezuela con PDVSA como instrumento de legitimación. La operación se realizaría entre la petrolera y una firma de maletín, Rantor Capital.
Los protagonistas de la trama, conocido como los “bolichicos”, jóvenes hechos millonarios a través de negociaciones fraudulentas llevadas a cabo en connivencia con funcionarios del chavismo, terminaron legitimando USD 1.200 millones de los cuales una parte se convertiría en sobornos a los funcionarios de PDVSA que facilitaban los contratos.
Desde entonces, quien suministró los datos de la operación, se convirtió en CS y continuó aportando información a las autoridades estadounidenses.
Urdaneta Aquí huyó de Venezuela hace pocos días a territorio colombiano, donde agentes federales estadounidenses lo recibieron en la frontera y lo llevaron a Florida, donde enfrentará los cargos de que se le acusa en el Corte del Distrito Sur.
Se espera que Urdaneta podría suministrar valiosa información a los fiscales estadounidenses con relación al círculo de Nicolás Maduro y los empresarios que se han enriquecido gracias a la corrupción imperante en Venezuela.
Los actores del fraude
Aunque en esta entrega nos concentraremos en las actividades de Carmelo Urdaneta Aquí, debemos suministrar informar quiénes lo acompañaron en sus negocios irregulares.
Así tenemos que, aparte del ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería, Carmelo Urdaneta Aquí, participaron en la trama el venezolano Francisco Convit Guruceaga, quien actuaba con el Conspirador 2.
José Vicente Amparan Croquer, alias "Chente", es blanqueador de dinero venezolano que estaba asociado con los Conspiradores 5 y 6, así como con la “Compañía europea 1” en España, una entidad de blanqueo de capitales que opera bajo el camuflaje de una firma de inversión inmobiliaria. Amparan Croquer igualmente está relacionado con la "Institución Financiera Europea 1", ubicada en Malta, firma de inversión privada usada para lavar dinero.
Luego tenemos a Abraham Edgardo Ortega, venezolano y exdirector ejecutivo de Finanzas de PDVSA.
Otro involucrado es Gustavo Adolfo Hernández Frieri, colombiano naturalizado estadounidense, un lavador de dinero profesional que utiliza sus firmas financieras, Global Security Advisors (GSA) y Global Strategic Investments, en Miami, para lavar dinero con inversiones de fondos mutuos falsos.
Hugo Andre Ramalho Gois, un blanqueador de dinero portugués asociado con Amparan Croquer.
12. Matthías Krull, banquero alemán y residente panameño, representante de un gran banco suizo, especializado en clientes venezolanos. Actuaba asociado con Conspirador 7 y otros que, además, gestionaba las actividades "bancarias" de numerosos funcionarios y cleptócratas venezolanos.
Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, uruguayo que integra un grupo propietario de al menos un banco estadounidense que facilita el lavado de dinero y está asociado con Gustavo Adolfo Hernández Frieri.
Los Conspiradores, identificados del 1 al 9, son algunos de los miembros adicionales de la trama que no fueron acusados y entre los que se incluyen exfuncionarios de PDVSA, socios de Convit Gurruceaga y lavadores de dinero profesionales de terceros.
Los Funcionarios Venezolanos, identificados del 1 al 3, son funcionarios extranjeros.
Un sistema corrupto que permite el fraude
A través de la declaración jurada, presentada el 23 de julio de 2018 por el Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, Homeland Security Investigations), Georges F. Fernández, ante la Corte del Distrito Sur de Florida con relación al caso Nº 10-MJ-03119-Torres en el que los Estados Unidos de América demandan a Francisco Guruceaga y otros, se conoce cuál fue la participación de Urdaneta Urdaneta en la supuesta operación de lavado de dinero.
Los hechos narrados por Fernández acerca de la investigación desarrollada por HSI, se estableció que existe una causa probable de que los demandados hayan conspirado para lavar instrumentos monetarios, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h), y hayan realizado viajes y utilizado instalaciones de comercio interestatal y extranjero para promover actividades de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1952.
En específico, la declaración de Fernández se emitió en apoyo de una denuncia penal en la que se acusa a Carmelo Urdaneta Aquí, a Francisco Guruceaga, a José Vicente Amparan Croquer alias "Chente", a Abraham Edgardo Ortega, a Gustavo Adolfo Hernández Frieri, a Hugo Andre Ramalho Gois, a Matthias Krull, a Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, de la comisión de los citados delitos.
En principio se explica cómo el sistema de control de cambio que rige en Venezuela se convirtió en una fuente de irregularidades, toda vez que el diferencial entre la tasa fija y la real es tan extremadamente grande, que permite el fraude y el abuso. Se indica, en este sentido, que las estimaciones para la época ubicaban el fraude cambiario en unos USD 20.000 millones de bolívares anuales.
Luego de una serie de consideraciones acerca del sistema venezolano, el papel de PDVSA en los fraudes y el alto nivel corrupción existentes en el país, se especifica que el caso en cuestión inició en diciembre de 2014, cuando el esquema de cambio de moneda permitió desfalcar alrededor de USD 600 millones de PDVSA, provenientes del soborno y el fraude. Los demandados procuraron a CS para lavar una parte de dichos fondos. Posteriormente, en mayo de 2015, la conspiración se había duplicado, es decir, alcanzaba los USD 1.200 millones desfalcados de PDVSA.
Los hechos de la conspiración establecidos a continuación están evidenciados por comunicaciones y documentos electrónicos, registros gubernamentales, registros financieros, grabaciones de conversaciones telefónicas y reuniones en persona y declaraciones de CS.Convit & Urdaneta se acercan a la CS.
El papel de Urdaneta Aquí en la trama
El documento de la corte refiere que la conspiración establecidos está evidenciada con comunicaciones y documentos electrónicos, registros gubernamentales y financieros, grabaciones de conversaciones telefónicas y reuniones en persona y declaraciones de CS con los demandados.
Así, se conoció que, en 2014, Carmelo Urdaneta Aquí y Francisco Convit Gurruceaga establecieron contacto con CS para ofertarle USD 100 millones a un tipo de cambio favorable de bolívares y sin que la Fuente Confidencial tuviera que afrontar los bolívares, propuesta que aceptó en razón de que tenía clientes en Venezuela a quienes vender los dólares. Por negocios anteriores, CS sabía que los dólares provenían de contratos de intercambio con PDVSA.
En enero de 2015, Convit, Urdaneta y CS continuaron discutiendo los términos de la operación a través de chats de BlackBerry Messenger (BBM). El primero retrasó la entrega del contrato de divisas a CS, lo cual no le preocupó porque los fondos provenían de una empresa regulada de gestión de activos, "Institución Financiera Europea 1", que la CS podría explicar banco receptor la negociación.
La Fuente Confidencial instruyó a Convit Gurruceaga que transfiriera los fondos de la Institución Financiera Europea 1 a una cuenta perteneciente a un fideicomiso, del cual la CS era el beneficiario final. Para el 12 de febrero de 2015, CS había recibido aproximadamente 78,8 millones de euros en el citado fideicomiso en cuatro transferencias bancarias separadas a partir del 14 de enero de 2015.
El 6 de febrero de 2015, CS le pidió con carácter urgente el contrato de divisas entre él y la Institución Financiera Europea 1, a objeto de presentarla ante el departamento de cumplimiento del banco. Convit le remitió un contrato falso entre una empresa fantasma de Hong Kong, Eaton Global Services Limited, y el fideicomiso de CS, con una firma falsificada en nombre del fideicomisario. El negocio de la empresa fantasma era la concesión de préstamos a PDVSA.
Cuando el 9 de febrero de 2015, CS dijo que no podía usar el contrato falso, Convit y Urdaneta le aseguraron que dicho contrato no había sido utilizado ni entregado a ningún banco. La Fuente Confidencial pidió los contratos de intercambio subyacentes originales y quedaron que Urdaneta le entregaría en Venezuela las copias físicas que poseía. Para ese momento Urdaneta Aquí explicó que los había obtenido de “Conspirador 1”, un exfuncionario de PDVSA.
Toda esta documentación la proporcionó CS a las autoridades de HSI-Miami y revelan el origen de los fondos de PDVSA y la naturaleza del esquema.
Para el mes de abril de 2015, la Fuente Confidencial comenzó a hacer pagos en efectivo en Venezuela en la dirección de Carmelo Urdaneta Aquí y Conspirador 1, así como Oficial Venezolano 1 que totalizaron USD 1 millón. En total, CS realizó transacciones por 15 millones de euros durante el verano de 2015, incluidas varias transacciones electrónicas en dólares bajo la dirección de los demandados. Esto ocurrió hasta que CS se negó a realizar más pagos. Convit y Urdaneta presionaron y, en noviembre de 2015, convocaron a una reunión en la oficina de Francisco Convit en Venezuela en la que también participó José Vicente Amparan Croquer. La reunión se llevó a cabo con tono amenazante de Convit quien, incluso, tenía una pistola sobre la mesa y un pastor alemán con un collar de choque al lado, sobre el que dijo que no siempre lo podía controlar.
Amparan informó a CS que el contrato de empresa conjunta falso se había entregado a los bancos de la Institución Financiera Europea 1 en Canadá y Malta, por lo que era imposible reemplazarlo por un contrato simple de forex y que se necesitaban contratos falsos adicionales. CS solicitó devolver los fondos de PDVSA y revertir las transacciones, pero le dijeron que eso era imposible.
Desde febrero de 2016, la Fuente Confidencial comenzó a grabar las conversaciones con los demandados y otros conspiradores.
De esto modo quedó evidenciado que CS trabó en Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega y Conspirador 1 para contabilizar y distribuir los fondos de PDVSA para ellos mismos y otros y, además, que Amparan fue suministró los contratos falsos adicionales necesarios para la operación.
Una de estas grabaciones, registrada el 19 de febrero de 2016, cuando CS se quejó por no haber recibido los documentos adicionales de Amparan, Carmelo Urdaneta se comprometió a “fastidiar” a Convit, a Amparan y a Conspirador 1, sobre los contratos. Urdaneta Aquí dijo que estaban siendo “golpeados” por la “asamblea” en referencia a funcionarios venezolanos corruptos.
El registro de otra reunión que tuvo lugar el 7 de marzo de 2016 entre Carmelo Urdaneta Aquí y la Fuente Confidencial se hablo del recibo y gasto de los fondos de PDVSA hasta la fecha, a saber, más de USD 78 millones. Se estableció cuánto pertenecía a Conspirador 1 (USD 14.540.725) y otros gastos, incluidos los pagos al Funcionario Venezolano, quien había autorizado el contrato de préstamo subyacente de PDVSA. Urdaneta estuvo de acuerdo y, seguidamente discutieron el plan de Amparan para hacer nuevos contratos falsos que justificaran la transacción. Urdaneta Aquí estaba preocupado de que se dejaran rastros de las cuentas. A esta reunión se unió Conspirador 1 y revisó con Carmelo Urdaneta una hoja de cálculo con los pagos y gastos en efectivo creados por CS.
Otra reunión habida el 9 de marzo de 2016, sirvió para que Urdaneta Aquí y Amparan ejecutaran el plan para reemplazar el falso acuerdo de empresa conjunta con nuevos documentos.
Un apartamento como instrumento de lavado
El registro de una llamada ocurrida el 12 de mayo de 2016 entre CS y Carmelo Urdaneta Aquí, se conversó un encuentro previo de la Fuente Confidencial con Amparan en la que pautaron el plan de lavado de bonos en mora.
Urdaneta hizo referencia a la compra de un costoso apartamento en Miami por el cual ya había pagado un importante depósito y cuya negociación, por presión del desarrollador, debía cerrarse en 60 días. Urdaneta acordó enviar a CS la notificación del desarrollador.
Después, Urdaneta Aquí remitió a CS una imagen de un correo electrónico del 10 de mayo de 2016 del desarrollador de Porsche Design Tower en Miami, informándole del próximo cierre de la unidad. Dado que en el correo electrónico se advertía de que tomar el título de una empresa o fideicomiso podía generar requisitos de informes del FinCEN, algo que preocupaba a Urdaneta Aquí. Discutió formas de minimizar el riesgo y sugirió formar una nueva empresa con su esposa como beneficiaria final.
Otra llamada grabada con Carmelo Urdaneta el 17 de mayo de 2016, este discutió la transferencia del condominio de Miami con la equidad del pago inicial de Urdaneta a Amparan como una tarifa por los servicios de lavado de este último. Amparan y CS discutieron usar el condominio de Miami como tarifa y seguir adelante con el plan de lavado de bonos en incumplimiento.
Este apartamento, valorado en USD 8 millones, fue confiscado por las autoridades de Estados Unidos en 2018[1].
Los bonos
Un chat de BBM del 21 de noviembre de 2016, refiere que José Vicente Amparan Croquer informó los detalles de una compra fraudulenta adicional de bonos para lavar los fondos de PDVSA de Carmelo Urdaneta, lo cual se llevaría a cabo a través de un corredor de bolsa del Reino Unido, que vendrí a ser la "Institución Financiera Europea 2".
El registro de una reunión el 1 de marzo de 2017, refiere que CS se reunió con Carmelo Urdaneta, José Vicenete Amaparan Croquer, los conspiradores 5 y 10, y Hugo Andre Ramalho Gois, en las oficinas de la Compañía Europea 1 en Madrid, España. Antes de la reunión, Urdaneta advirtió a CS que no debería preocuparse por el falso contratista de empresas conjuntas sino por los Estados Unidos. Con esta reunión, Urdaneta Aquí quería tranquilizar a CS sobre la participación de Amparan Croquer.
El 26 de abril de 2017, Gois y de Urdaneta Aquí, compró una U.K. GILT de 5 millones de libras. El 20 de junio de 2017, el CS, a solicitud del Gois, ordenó a su banco que "entregara gratuitamente" el GILT a una cuenta abierta para el CS en la Institución Financiera Europea 2, en la cual la Fuente Confidencial supervisaría una operación de cambio del GILT por un bono sin valor por separado, de modo que los fondos pudieran finalmente transferirse y ocultarse para Carmelo Urdaneta. Luego siguieron discutiendo el movimiento de los fondos de PDVSA de Carmelo Urdaneta hasta 2018.
[1] Efecto Cocuyo. “Un apartamento en la torre Porsche, entre los bienes incautados en la Operación Fuga de Dinero”. 20 de agosto de 2018. https://efectococuyo.com/politica/un-apartamento-en-la-torre-porsche-entre-los-bienes-incautados-en-la-operacion-fuga-de-dinero/
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