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miércoles, 26 de agosto de 2020

Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal

  El militar venezolano y su abogado tienen un mes adicional para revisar el extenso expediente de evidencias que la fiscalía usará para probar los cargos de narcotráfico por los cuales fue acusado el 26 de marzo de 2020. 

Por Maibort Petit

  Los fiscales federales solicitaron al juez, Alvin K. Hellerstein, un cambio de la audiencia antes del juicio de Cliver Antonio Alcalá Cordones que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2020, alegando que el gobierno continúa presentando pruebas al acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba pidieron un aplazamiento de 30 días de la fecha de esta conferencia, lo que indica que la audiencia se realizará a principios del mes de octubre. 

  Acotan que en vista de la pandemia de COVID-19  y motivado a que necesitan más sesiones de trabajo para la evaluación de los materiales del descubrimiento,  solicitaron que la Corte excluya el tiempo hasta la fecha de la nueva conferencia, en interés de la justicia. 

  El abogado defensor aceptó las solicitudes.

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  El gobierno estadounidense lo acusa, junto a 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de cargos por narcoterrorismo.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.


Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.

domingo, 27 de agosto de 2017

Juez niega al gobierno de EEUU acceso a la declaración jurada de bienes de Flores de Freitas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los fiscales federales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no podrán tener acceso a la declaración jurada confidencial de bienes del sobrino de la pareja presidencial de Venezuela, Franqui Francisco Flores de Freitas, de acuerdo a un dictamen del juez de distrito Paul Crotty quien falló a favor de una solicitud de la defensa que exponía que la intención del gobierno —que es la parte acusadora en este caso— de revisar dicha atestación para indagar los activos que posee el acusado en el exterior con el objetivo de fijar la sentencia de dinero que deberá pagar en su condena, no procede por cuanto va en contra de los establecido en la Ley de Justicia Criminal.

Además, la defensa de Flores de Freitas objetó dicha solicitud del gobierno de tener acceso a la referida declaración porque también viola la Quinta Enmienda de Constitución que garantiza el derecho de los acusados a la autoincriminación.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al tribunal que autorizara a revisar la declaración jurada para determinar cuántos y cuáles son los activos y propiedades de Flores de Freitas, quien será sentenciado el 12 de septiembre de 2017 por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras, en violación de las leyes antinarcóticos norteamericanas.

En una carta —firmada por los abogados David M. Rody y Michael D. Mann del bufete Sidley Austin LLP— se argumenta que a Flores de Freitas se le asignó un abogado público para que lo representara en la presentación inicial ante el juez el 12 de noviembre de 2015, y que la corte conoció en ese momento las múltiples preguntas que hizo el gobierno sobre la relación entre el entonces acusado y sus abogados asignados, Vincent Michael Southerland y Jonathan Marvinny.

La defensa destaca que la moción del gobierno, presentada el 4 de octubre de 2016, buscaba constatar si los fondos y recursos federales asignados a los abogados designados por la corte habían sido usados. En ese sentido señala la defensa que quedó demostrado que dichos recursos del gobierno no fueron usados en ningún punto del juicio y en ningún evento significativo antes de este, ni para la litigación del caso.

Vale recordar que durante la presentación inicial del acusado en el tribunal neoyorquino, el juez James I. Cott, designó un abogado público cuyos honorarios son pagados con recursos federales. Franqui Francisco Flores de Freitas firmó una declaración donde juró que no tenía la capacidad financiera para pagar un defensor privado. Su primo y coacusado, Efraín Antonio Campo Flores, fue representado en ese momento por el costoso bufete de abogados Squire Patton Boggs, que en diciembre de 2015 renunció a su defensa por supuesto conflicto de intereses.

En diciembre de 2015, los dos acusados —quienes son familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro— gozaron de la representación de abogados pagados por los contribuyentes norteamericanos. Ambos acusados aseguraron no poseer dinero para pagar una defensa privada.

En marzo de 2016, Efraín Campos Flores cambió su equipo de abogados públicos por un costoso bufete encabezado por Randall Jackson y John T. Zach, de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP. Asimismo, Flores de Freitas también abandonó en esa misma fecha a sus defensores públicos y contrató a su actual equipo de abogados liderado por David Rody del bufete  Sidley Austin LLP. Ambos equipos de abogado están siendo pagados por el empresario petrolero ligado al régimen encabezado por los tíos de los dos acusados, Wilmer Ruperti.

En la solicitud hecha por la defensa de Flores de Freitas, los abogados señalan que las directrices de la ley de Justicia Criminal (CJA, por sus siglas en inglés) prohíben expresamente preguntas sobre la elegibilidad de un acusado para recibir defensa pública como mecanismo para descubrir la habilidad financiera del acusado para pagar las penalidades que correspondan al delito como tal, ni para descubrir si el demandado tiene activos objeto de confiscación o si posee capacidad para pagar multas, hacer restituciones o compensar a otra persona que resulte beneficiada por la Ley de Protección de víctimas y testigos.

El documento de la defensa dice que el gobierno no puede usar la información de la declaración financiera jurada firmada por Flores de Freitas para alegar perjurio, declaración falsa u otra declaración provista por el acusado en conexión con su solicitud de la asistencia de un abogado público. "El afidávit Financiero no es una prueba de falsa declaración o perjurio".

Asimismo, la defensa argumenta que la corte debe evitar el acceso del gobierno al afidávit financiero firmado por Flores de Freitas el 12 noviembre de 2015, puesto que dicha acción puede ser contraria a los derechos del acusado. La quinta enmienda de la constitución prevé protección contra la revelación de información financiera personal de manera coercitiva.
La defensa se refiere a una determinación hecha por la corte del Segundo circuito donde se estableció que no hay abuso de discrecionalidad cuando un tribunal de distrito niega una solicitud para levantar el sello a un affidavit financiero cuando el gobierno tiene otros mecanismos para averiguar la capacidad financiera del acusado. 

En el caso de Flores de Freitas —argumenta la defensa— el gobierno dispone de cientos de mensajes de texto y correos electrónicos extraídos de los teléfonos celulares y correos del acusado que contienen información detallada de la situación personal financiera de este. Sin embargo, ninguna evidencia que fue presentada en el juicio a partir de las pruebas aportadas por la parte acusadora, además de las provenientes de otras fuentes, incluidos los testigos, muestra que Flores de Freitas poseía riqueza y que parece una exageración que lo hagan ahora en víspera de la sentencia.

La información aportada por la fiscalía durante la etapa del descubrimiento no fue la única vía para saber la situación financiera del acusado, acota la defensa.

En la comunicación se informa al juez, que Flores de Freitas conversó con la Oficina de Probación de Prisiones sobre su situación económica y declaró que posee una vivienda en Venezuela cuyo costo en el mercado es de unos US$ 30 mil dólares, también dijo que tenía una cuenta en un banco de Panamá y una cuenta en el Banco del Caribe de Venezuela, pero no especificó el monto de dinero que tiene en esas cuentas, solo dijo que no era mucho dinero.

La defensa expone que han tratado de obtener documentos financieros de su defendido sin éxito y que los servicios de los abogados han sido pagados por un tercero, un hombre rico de Venezuela quien es viejo amigo de la abuela y de la tía del acusado, ninguna otra información fue proveída.

El juez, Paul Crotty, aprobó la solicitud hecha por el defensor de Flores de Freitas, acotando que si el gobierno no argumenta de mejor manera la moción donde solicita que se autorice a los fiscales a revisar la declaración financiera jurada y verificar cuáles son los activos propiedad del acusado para fijar la sentencia de dinero que deberá pagar como parte de la penalidad por los delitos cometidos, entonces la revisión no será procedente.