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sábado, 5 de febrero de 2022

Comité de Relaciones Exteriores del Senado pide al gobierno de Biden designar a expresidente de Honduras como capo del narcotráfico

  El pedido lo formuló el presidente de la instancia parlamentaria al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Por Maibort Petit 

  Designar oficialmente a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, como traficante extranjero de narcóticos, fue la solicitud formal que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, le formuló al gobierno de Joe Biden, a través de sendas comunicaciones dirigidas, por una parte, al Secretario de Estado, Antony Blinken y, por la otra, a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

   A los altos funcionarios de la administración Biden, Menéndez les pidió revocar de inmediato la visa y sancionar como un "traficante de narcóticos extranjero importante" según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, a Hernández, conocido popularmente como JOH.

  Asimismo, el senador demócrata instó al gobierno a pedir al exmandatario hondureño, cuentas como co-conspirador y a adoptar una posición firme en apoyo del estado de derecho en Centroamérica. Tal posición la sostiene Menéndez con base al creciente cuerpo de evidencia incriminatoria existente en contra de Juan Orlando Hernández, sobre quien todo hace presumir su participación en actividades de narcotráfico.

  “Ya es hora de que el gobierno de los EE. UU. busque medidas de rendición de cuentas contra Juan Orlando Hernández, comenzando con una revocación pública de su visa y designación en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico”, señala la carta.

— Estados Unidos debe continuar demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas identificando, denunciando y sancionando a los funcionarios extranjeros involucrados en el narcotráfico y socavando la democracia en el hemisferio, independientemente de que dichos actores sean presidentes o altos funcionarios de los países socios —reza uno de los fragmentos que Menéndez dirigió a los secretarios de Estado y del Tesoro.

   Igualmente, subrayó que varios casos judiciales federales sugieren en sus alegatos que Juan Orlando Hernández se encuentra involucrado en actividades delictivas y narcotráfico, al tiempo que advirtió que tal proceder del expresidente hondureño “han puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y la prosperidad del pueblo” de la nación centroamericana.

  Menéndez estima que ya es momento de que se haga responsable a Hernández por sus actividades y se le sancione en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, así como “revocar su visa”. En tal sentido, manifestó que “el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

  Del mismo modo, en sus comunicaciones, Robert Menéndez recordó los casos del exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y el presidente colombiano, Ernesto Samper, a quienes el gobierno de los EE. UU. sancionó, por lo que ahora la administración Biden, debe guiar en ese sentido las acciones contra Juan Orlando Hernández.

  Destacó el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que, de acuerdo Departamento de Justicia, “la impunidad entre los funcionarios gubernamentales de alto rango involucrados en actividades de tráfico de drogas en Honduras ha contribuido a que el país se convierta en 'uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos' y en un 'narcoestado en ruinas'”.

  Fue así como Menéndez criticó la exclusión del expresidente Hernández de la lista del Departamento de Estado que incluye actores corruptos y antidemocráticos en el Triángulo Norte. “Me temo que la omisión de Juan Orlando Hernández en estas listas está enviando un mensaje equivocado al pueblo hondureño en un momento de transición de su democracia, así como a los funcionarios públicos de toda la región”.

  En las comunicaciones Menéndez refiere que, si bien Juan Orlando Hernández “no ha sido acusado formalmente, las pruebas presentadas en varios casos judiciales federales de EE. UU. desde 2019, lo han implicado de manera creíble como co-conspirador en delitos de narcotráfico”.

   En específico, se refiere a la Presentación de sentencia del gobierno de los EE. UU. en el caso de Estados Unidos contra Juan Antonio Hernández Alvarado —exdiputado y hermano de JOH— donde se hace mención directa al expresidente Hernández y su “papel de liderazgo en una conspiración de tráfico de drogas violenta y patrocinada por el estado”.

  Y aunque JOH ha negado estas acusaciones, Robert Menéndez subraya que los materiales presentados en tres casos de la corte federales involucran a familiares y ex-socios que han presentado evidencia incriminatoria de la participación directa del exmandatario de Honduras en actividades de narcotráfico.

  Cita que, en febrero de 2021, documentos judiciales daban cuenta de la investigación que fiscales de EE. UU. seguían a Hernández y otros funcionarios gubernamentales de alto rango, por su presunta participación en esquemas de tráfico de drogas.

   También menciona que el 30 de marzo de 2021, Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua después de haber sido declarado culpable de conspiración para traficar al menos 185.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

  “Las pruebas presentadas en los procedimientos judiciales en el caso de Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado demostraron que “entre 2004 y 2019, [Tony Hernández] obtuvo y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de las drogas a Juan Orlando Hernández”, quien fungió como su co-conspirador.

  La comunicación de Robert Menéndez al gobierno de Biden, también recuerda que, en 2013, Tony Hernández, dirigido por Juan Orlando Hernández, aceptó USD 1 millón del Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, un dinero que habría sido inyectado a la campaña presidencial de JOH, destino que, de acuerdo a lo que rezan los documentos judiciales, no habría sido negado por el exmandatario.

   Se hace mención también al pedido que Juan Orlando Hernández habría formulado en 2013 de USD 1,6 millones en ganancias de drogas al narcotraficante Ardón Soriano, dinero que igualmente habría estado destinado a su campaña electoral y las de su partido político.

  El narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, condenado por narcotráfico el 22 de marzo de 2021, proceso judicial en el que se conoció que JOH era uno de los socios que recibió “decenas de miles de dólares [de Fuentes Ramírez] a cambio de una promesa continua de protección… del escrutinio de las fuerzas del orden público y apoyo militar a sus actividades de narcotráfico”, entre otros señalamientos que el senador Menéndez cita en sus comunicaciones.

  Sustentado en estos records, Robert Menéndez insta a Antony Blinken y Janet Yellen, a responsabilizar públicamente a Juan Orlando Hernández por sus acciones, pues su omisión en las listas de Actores Corruptos y Antidemocráticos en Centroamérica del Departamento de Estado, envía un mensaje equivocado al pueblo hondureño en el actual momento de transición de su democracia.

  Finalmente, Robert Menéndez destaca que Estados Unidos debe seguir demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas, procediendo a identificar, denunciar y sancionar a los funcionarios extranjeros que se encuentran involucrados en el narcotráfico y socavan la democracia en el hemisferio, “sin importar si dichos actores son presidentes o altos funcionarios de países socios (…) Al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocar su visa, el gobierno de Biden puede afirmar su compromiso de promover el estado de derecho en Centroamérica y emitir una declaración inequívoca de que la impunidad del gobierno no será tolerada en ningún lugar”.

miércoles, 15 de diciembre de 2021

Claves para comprender el caso de Nervis Villalobos Cárdenas

  Su nombre está asociado a diversas denuncias de corrupción en el sector eléctrico venezolano y en PDVSA, lo cuales han significado la pérdida de millones de dólares del erario público.

Por Maibort Petit

 

  Tal como lo hemos venido haciendo en las últimas entregas con los protagonistas de sonados casos de corrupción, presentamos en esta ocasión los puntos clave del caso criminal de Nervis Villalobos, el cual se ventila en la Corte del Distrito de Texas-División Houston.

Perfil de Nervis Villalobos Cárdenas

  Nacido en Maracaibo y casado con Milagros Coromoto Torres, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, es un ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia, quien trabajó en Enelven, donde llegó a ocupar importantes cargos gerenciales.

  En la gestión de Alí Rodríguez Araque, fue designado director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas y, luego, cuando el referido despacho fue asumido por Rafael Ramírez, Villalobos ocupó el viceministerio de Energía Eléctrica. Desde esta última posición, se encargó de desarrollar diversos planes de incremento de la generación eléctrica, entre ellos el de La Vueltosa en los estados Mérida y Táchira. Es por la presunta comisión de irregularidades en este y otros proyectos eléctricos, que su nombre empieza a protagonizar una serie de denuncias de corrupción.

   En 2003, la Consultoría Jurídica de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), alertó sobre supuestas irregularidades en la ejecución de 8 mil millones de bolívares que el Ministerio de Energía y Minas destinó a un contrato para una campaña de concientización del ahorro energético destinada a varios canales de televisión. Villalobos Cárdenas habría suscrito dichos contratos sin tener facultades para ello. El caso también fue investigado por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

En boca de Luis Tascón y amigo de los bolichicos

  El fallecido diputado oficialista, Luis Tascón, lo denunció en 2007 por contratar empresas que han incurrido en malversación de fondos en la construcción de la central eléctrica Fabricio Ojeda, conocida como La Vueltosa y acusó una presunta estafa de USD 60 millones en dicho proyecto.

  También el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, lo señaló de ofertar sobornos de parte de la empresa Derwick Associates ante el exministro Rafael Ramírez. Villalobos lo negó y sostuvo que su trabajo se limitaba a la asesoría.

  Igualmente, se le vinculó a supuestos hechos de corrupción en la construcción la planta de generación Termozulia IV, ubicada en el Complejo Termozulia, en el municipio La Cañada de Urdaneta de esa entidad.

Lluvia de denuncias

  Nervis Villalobos también figura entre los jerarcas del gobierno venezolano involucrados en los escándalos de el Banco Privado de Andorra y el Banco de Madrid, según refirió el diario El Mundo (España) en 2015.

  Se trataría de millonarias comisiones supuestamente obtenidas de las contrataciones irregulares la empresa española Duro Felguera que en 2009 para construir la central eléctrica El Sitio en los Valles del Tuy, Miranda, por más de USD 2.000 millones. El caso lo investiga la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra[1].

  También habría tenido que ver con el caso de los empresarios cubano-americanos Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, sentenciados en Nueva York por ayudar a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano[2].

USD 1,5 en relojes

  Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand) fechado en septiembre de 2020, refiere que Nervis Villalobos Cárdenas gastó USD 1,5 millones en el año 2011 en la compra de relojes de las marcas Rolex, Cartier, Chopard y Breguet.

  El objetivo de la adquisición habría sido el banqueo de dinero a través de un joyero sometido a ahora a un proceso de investigación[3].

Los cargos

   En febrero de 2018, junto a Luis Carlos de León Pérez, César David Rincón Godoy, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, Nervis Villalobos Cárdenas fue acusado en la Corte del Distrito de Texas-División Houston de la supuesta comisión de delitos de conspiración para cometer lavado de dinero; lavado de dinero; y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.


   Estos exfuncionarios venezolanos habrían participado en un esquema internacional de lavado de dinero que involucra sobornos para asegurar contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, fueron arrestados en España en octubre de 2017 por las autoridades d e la nación ibérica en atención a las órdenes emitidas por el tribunal de Texas.

  Villalobos Cárdenas permanece bajo custodia española pendiente de extradición a los Estados Unidos.

Argumentos de la acusación

   Según la documentación de las autoridades estadunidenses, los cinco acusados se conocían como el "equipo de gestión" de PDVSA el cual conspiró entre sí y otros para solicitar a varios proveedores de petrolera estatal venezolana —entre algunos residentes de los Estados Unidos y con empresas de su propiedad y control— sobornos a cambio de la aprobación de contratos y asistencia en relación con su negocio con la empresa.

   Agrega la acusación que los co-conspiradores lavaron los ingresos del plan de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos, y, en algunos casos, los avances en el soborno ingresan a La forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en EE. UU.

  La acusación refiere que Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, enviaron más de USD 27 millones en pagos de sobornos a una cuenta en Suiza de la cual de León y Villalobos eran firmantes autorizados. Dichos fondos se transfirieron más tarde a otras cuentas también en Suiza. Tanto Roberto Rincón como Shiera se declararon culpables en el distrito sur de Texas a los cargos de FCPA en relación con un plan para sobornar a los funcionarios PDVSA.

Narcotráfico

   El 26 de marzo de 2020, la Administración para el Control de Drogas (DEA) acusó a varias personas cercanas a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de mantener relaciones con el narcotráfico, pero Villalobos Cárdenas lo negó tajantemente.

"Ni he estado, ni estoy ni estaré investigado por narcotráfico", le aseguró a El Mundo, pese a que la DEA lo incorporó a un esquema en el que sitúa a los dirigentes chavistas que habrían convertido a Venezuela en "un narcoestado que auspicia el terrorismo, uniéndose a las FARC [antigua guerrilla colombiana] para exportar toneladas de cocaína a EEUU"[4].

Suiza le niega residencia

  En marzo de 2021, las autoridades de Suiza le negaron a Nervis Villalobos y su familia, un permiso de residencia que introdujo en 2016.

  La Secretaría de Estado de Migración recomendó al Tribunal Administrativo Federal de Suiza no admitir la solicitud, pues podría verse perjudicada la reputación del país y amenazar el orden y la seguridad interna en esa nación, en razón de que Villalobos es objeto de un proceso judicial por corrupción y lavado de dinero. El tribunal acogió la recomendación.

Testigo en caso de Modoro

  En septiembre de 2021, Nervis Villalobos declaró en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional de España sobre el caso que en esa instancia judicial se investiga sobre el exembajador español en Venezuela, Raúl Modoro, quien supuestamente entre 2011 y 2015 habría recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA.

  Dijo que no conocía a Modoro hasta que la policía española lo contactó para pedirle ayuda sobre las presuntas comisiones de la petrolera venezolana PDVSA.

  Durante un allanamiento, la policía encontró en la residencia de Villalobos un contrato de los Modoro con PDVSA que, según Villalobos estaba en su poder porque se lo entregó la propia policía española en 2016 para que suministrara información sobre los firmantes.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/05/asi-pasaron-miles-de-millones-de-pdvsa.html


 


[2] Venezuela Política. “Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami”. 16 de noviembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/11/jurado-declaro-culpable-dos-empresarios.html


[3] El Pitazo. “Nervis Villalobos: el exviceministro de Energía que busca EE. UU.”. 5 de noviembre de 2021. https://elpitazo.net/politica/nervis-villalobos-el-exviceministro-de-energia-que-busca-ee-uu/


 


[4] El Mundo. “El ex viceministro de Chávez se defiende de la acusación de EEUU: ‘Ni he estado, ni estoy, ni estaré investigado por narcotráfico’". 8 de abril de 2020. https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/08/5e8c890721efa094668b46ce.html

jueves, 4 de noviembre de 2021

PDVSA ratifica la representación de Baltasar Garzón ante la Audiencia Nacional de España en caso Bariven

  Tal hecho ratifica que, efectivamente, existía y existe una vinculación entre la estatal petrolera venezolana y el bufete Ilocad.

Por Maibort Petit

   Ante la Audiencia Nacional de España, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ratificó a la firma de abogados Ilocad —perteneciente al exjuez Baltasar Garzón— como representante en el proceso judicial que mantiene por el saqueo de su empresa filial Bariven.

   Dicha ratificación se produjo el pasado 2 de noviembre a través de un poder en el que la petrolera venezolana renovó ante el poder judicial español su disposición a que la firma de Garzón le siga representando.

   La información fue difundida por ES Diario en una nota suscrita por Francisco Mercado[1], quien hace poco desveló una orden de pago de PDVSA fechada en 2016 por 9 millones de euros, a favor de Ilocad. El despacho de abogados había negado tal contratación, asegurando que la misma estaba en manos de, bufete estadounidense Squire Patton Boggs, misma oficina que en un principio se encargó en 2015 de la defensa de los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, caso conocido como los “narcosobrinos”.

    La nota igualmente refiere que la justicia de España está en poder del documento y de una acusación estadounidense en contra de PDVSA, a la cual señala de actuar como financista de la guerrilla Colombia de las FARC.

   El despacho de Garzón ha sostenido que nunca fue contratado por la petrolera estatal venezolana, pero la firma del expresidente de la empresa en el año 2017, Eulogio Del Pino, figura en un poder a Ilocad, con el objeto de que represente a PDVSA en una demanda contra los presuntos autores del saqueo de Bariven.

   En su artículo, Franciso Mercado subraya que la referida entrega de poderes revela que PDVSA, efectivamente, mantenía una relación directa con el bufete de Baltasar Garzón y no con Squire Patton Boggs como se quiso hacer creer. Los abogados de Ilocad, pues, se entendían y recibían instrucciones del presidente de Petróleos de Venezuela.

  El poder también ratifica —destaca Mercado— “la esencia de la orden de pago de PDVSA de 2016 en favor de Ilocad. La petrolera quería en 2016 que el bufete del ‘prestigioso’ Garzón llevase tal pleito en España por su capacidad para ‘coordinarse con jueces y fiscales’ y por sus excelentes trabajos previos para el Gobierno venezolano con anterioridad”.

  Tales poderes han sido renovados recientemente, con lo que no quedan dudas de la relación entre PDVSA e Ilocad, no importa el procedimiento por medio del cual se haya realizado la contratación. “Tanto da si hubo o no subcontratación de Ilocad a través de Squire Patton Boggs, el cliente final era y es PDVSA y el dinero era y es de PDVSA”.

   De cualquier modo, Ilocad niega que haya percibido los 9 millones de euros que dice el documento entregado por Hugo Carvajal a la Audiencia Nacional, pero no informa cuál fue la cifra “muy inferior” que habría facturado a PDVSA. Tampoco le petrolera aclara cómo fue el reparto del dinero público si este no fue a las arcas de Ilocad.

   La nota llama la atención sobre la actitud de Dolores Delgado, pareja de Baltasar Garzón que ahora está en la Fiscalía española, pues “no muestra interés alguno por tal orden de contratación de la petrolera estatal venezolana ni por su monto ni por sus cláusulas, [pero] sí da por buenas las pruebas contra PDVSA cuando sirven para empacar a Hugo Carvajal con destino a EEUU”.

   Dichas “pruebas” hacen dicen: “Otro testigo contra Carvajal fue un miembro del Ejército de Venezuela asignado como seguridad para Hugo Chávez entre 2008 y 2013 cuando Diosdado Cabello era el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela (testigo 2)”.



   Este testigo a mediados de 2008, refirió que en una reunión organizada por el finado expresidente Hugo Chávez en su rancho, asistieron el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Allí, el testigo 2 escuchó a este último “describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y ordenadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela, PDVSA”.

   Por estas revelaciones, entre otras, Hugo Carvajal será extraditado a los Estados Unidos, pero lo dicho sobre los pagos de PDVSA irregulares, a bufetes o dirigentes de Podemos, advierte el periodista, pareciera que no se traducen en interés de la fiscalía en investigar ni en procurar su permanencia como testigo en España. “En un mismo momento, la Justicia española ve digna de sospecha a PDVSA y fuera de toda sospecha”, cierra el artículo.

 Referencia

[1] ES Diario. “PDVSA renueva su defensa a Ilocad mientras EE.UU. le acusa de financiar las FARC”. 3 de noviembre de 2021. https://www.esdiario.com/espana/714439588/monedero-venezuela-pollo-carvajal-psoe-podemos.html


lunes, 4 de octubre de 2021

El Pollo Carvajal ¿mintió a la justicia española?, Eulogio Del Pino no firmó contrato alguno con Baltasar Garzón

   Las declaraciones de “El Pollo” Carvajal ante la Audiencia Nacional de España solamente estarían dirigidas a evitar su extradición a Estados Unidos donde son muchas las explicaciones que debe dar sobre lavado de dinero, narcotráfico y otras operaciones irregulares cometidas a la sombra del chavismo.
Por Maibort Petit
   Venezuela Política logró confirmar que Eulogio Del Pino, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela S.A. entre 2014 y 2017, así como ministro de Petróleo (2015-2017), no firmó —junto al comisario general de la empresa, Silvestre Molero— contrato alguno con el exjuez español, Baltasar Garzón, y su despacho de abogados Ilocad, para encargarse en la nación ibérica de una querella que PDVSA ventila en la Audiencia Nacional y cuyo precio habría sido de 8,8 millones de euros. Tal información corroboraría lo sostenido por el bufete de Garzón, que ha asegurado que el documento que Hugo Carvajal Barrios presentó al juez Manuel García Castellón como prueba de tal negociación, es totalmente falso y así lo demostrará.
   Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo”, se encuentra en proceso de extradición de España a los Estados Unidos y en su afán de evitar tal hecho, se ha ofrecido para suministrar información y pruebas al tribunal con la pretendida intención de convertirse en testigo necesario de la justicia española que ofrezca datos sobre los contratos que el gobierno del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero habría suscrito mantenido con el gobierno venezolano, así como también sobre los tratos del chavismo con el partido Podemos.

   Para que se diera el entendimiento entre Garzón y el régimen venezolano, habría sido determinante la recomendación que hiciera el despacho de abogados estadounidense Squire Patton Boggs, el mismo que en un principio se encargó de la defensa de los denominados narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro.

El supuesto contrato

 “Para adelantar una acción legal, tanto civil como penal, el despacho de abogados Squire Patton Boggs, con quien PDVSA mantiene relaciones comerciales y específicamente el Dr. Alfredo Anzola, ha identificado en España el despacho Ilocad SL, ubicado en la ciudad de Madrid y perteneciente al prestigioso abogado Baltasar Garzón, con el cual el gobierno bolivariano de Venezuela y/o colaboradores cercanos a este han mantenido y mantienen relaciones contractuales, todas ellas con resultados positivos a la fecha”, refiere el portal Primer Informe[1].

   El documento que el exjefe de inteligencia del chavismo entregó al juez de la Audiencia Nacional plantea el trabajo de “coordinación” que el despacho Ilocad debía establecer con la Fiscalía General del Estado de España, instancia que en la cual en actualidad es titular Dolores Delgado, pareja de Garzón. Esta cláusula del contrato tendría un precio de 1,9 millones de euros.

  La revisión del caso plantea en sí mismo un problema, toda vez que la Fiscalía suele intervenir, pero la relación de la titular con una de las partes involucradas generaría un conflicto de intereses.

   OK Diario presenta una copia del supuesto contrato fechado el 15 de noviembre de 2016, en el que Silvestre Molero le refiere a Eulogio Del Pino que el “Comité de Auditoría de PDVSA, en su reunión Nº 07-2016 celebrada el pasado 29/07/2016, aprobó el Plan de Actividades de Auditoría Interna 2016/2017, sobre los casos de fraude en los procesos de procura de la corporación. Como asunto relevante en este caso, se encuentra el detectado en los EE. UU. A tal efecto, en diciembre de 2015, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, presentó acusación en contra de representantes de empresas proveedoras de PDVSA, por violaciones de leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero, en relación con contratos de procura internacional celebrados con la filial Bariven S.A. durante el periodo 2009-2014”.

  OK Diario refiere que aun cuando el bufete de abogados de Garzón niega tener vínculos con PDVSA, sí admite haber sido contratado para encargarse del caso en el que se investiga el saqueo a la petrolera venezolana “por la firma americana Squire Patton Boggs”, toda vez que se trata de una firma que ha defendido los intereses de PDVSA y su filial Bariven a nivel mundial[2].

   El asunto es que tal documento, supuestamente firmado por Eulogio Del Pino y Silvestre Molero, sería forjado de acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política, una posición que corroborada por el diario español ABC. En primer término, el periódico subraya que el documento entregado por “El Pollo” Carvajal a la justicia española, nada tiene que ver con los contratos suscritos entre España y Venezuela durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que el exespía del chavismo había prometido revelar las presuntas irregularidades cometidas en la gestión como canciller de Miguel Ángel Moratinos, como la venta de ocho fragatas en las que el gobierno chavista habría pagado comisiones, así como la adjudicación de un contrato por USD 2.000 millones a la empresa Duro Felguera para la construcción de una central térmica. Igualmente, sobre las supuestas irregularidades cometidas por el exembajador español en Venezuela, Raúl Modoro, en negociaciones con PDVSA. También aportaría datos sobre supuestas asesorías que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos habría prestado a PDVSA, cuando no eran más que el financiamiento que, supuestamente, el régimen venezolano brindaba a la organización política socialista española[3].

Algunos términos del contrato

   Agrega la nota de OK Diario que fragmentos del supuesto contrato firmado entre PDVSA y el despacho de Baltasar Garzón, los cuales serían: “Comparecer ante juzgados, Audiencias, Autoridades, Magistratura, Fiscalía, Agencias Tributarias tanto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Provincias para instar, seguir y terminar toda clase de expedientes y juicios civiles, criminales, administrativos y de Hacienda. Entablar, contestar y dar seguimiento a demandas, litigios, acusaciones y defensas. Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones e interponer apelaciones a que hubiere lugar. Validar, invalidar y cuestionar testigos y pruebas. Interponer y seguir recursos judiciales”.

   El precio del supuesto contrato de 8.835.000 euros estaría desglosado en 1.650.000 euros en “asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios a otorgarse por las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela”. 2.105.000 euros en “preparación y presentación del documento de demanda o litigio ante las autoridades competentes de España”. 1.980.000 euros para la “coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas”.

   Esta última cláusula supone un gran problema en razón del vínculo sentimental entre Baltasar Garzón y la hoy titular de la Fiscalía General del estado, Dolores Delgado.

La auditoría

   Nuestras fuentes sostienen que Del Pino ordenó la auditoría forense contratada para, luego, poder demandar a las empresas corruptas que habían desfalcado a PDVSA, entre ellas las pertenecientes a Alejandro Betancourt.

   Una información que coincide en parte con lo expuesto en una nota de Armando.info publicada recientemente que narra los supuestos manejos irregulares de tres contratistas del estado venezolano, a saber, Juan Francisco Clérico, Fedele Clérico Bertola y Valentín Bagarella Gleim. La información refiere que tres empresas de este último, Sade, SDV y Sadeven —Juan Francisco Clérico figura como director sin participación accionaria— llevaron a cabo trabajos de ingeniería civil en Venezuela. De las tres, SDV Energía e Infraestructura fue objeto de suspensión por parte de PDVSA en 2017. La orden provino de Eulogio Del Pino.

“A lo largo de los años, la fortuna de Bagarella ha crecido al igual que los negocios con el Estado venezolano, incluyendo los que tuvo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En 2017, SDV Energía e Infraestructura fue suspendida por el expresidente de la estatal petrolera, Eulogio Del Pino, para cualquier contrato de servicios por un supuesto desfalco en la Faja del Orinoco. La irregularidad cometida por 10 contratistas y gerentes de Pdvsa entre 2010 y 2016, que involucró 200 millones de dólares, fue investigada por el Ministerio Público y hasta 2018 solo una había sido exculpada”, refiere Armando.info[4].

   Las fuentes de Venezuela Política agregaron que, evidentemente, Hugo Carvajal trata, a toda costa de evitar ser trasladado a los Estados Unidos donde se tiene conocimiento de sus relaciones con Roberto Rincón pues, no hay que olvidar que cuando estuvo a punto de ser extraditado desde Aruba en 2014, arribó a la isla caribeña en un avión propiedad de Roberto Rincón[5]. Son muchas las explicaciones que “El Pollo” Carvajal le debe a la justicia estadounidense sobre las operaciones de lavado de dinero del magnate y sus vinculaciones corruptas con PDVSA y el régimen venezolano[6], advirtió la fuente.

REFERENCIAS
[1] Primer Informe. “Revelan vinculación de narcosobrino al contrato de PDVSA con Baltasar Garzón”. 30 de septiembre de 2021. https://primerinforme.com/2021/09/30/revelan-vinculacion-de-narcosobrino-al-contrato-de-pdvsa-con-baltasar-garzon/

[2] OK Diario. “‘El Pollo’ Carvajal entregó ayer al juez las pruebas de los 8,8 millones que Venezuela pagó a Garzón”. 1 de octubre de 2021. https://okdiario.com/espana/pollo-carvajal-entrego-ayer-juez-pruebas-88-millones-que-venezuela-pago-garzon-7874879/amp?__twitter_impression=true

[3] ABC. “El Pollo dice poder probar tratos irregulares de la era Zapatero”. 30 de septiembre de 2021. https://www.abc.es/espana/abci-pollo-dice-poder-probar-tratos-irregulares-zapatero-202109300234_noticia.html

[4] Armando.info. “La ambición de estos venezolanos no cupo en un castillo de Toscana”. 21 de septiembre de 2021. https://armando.info/la-ambicion-de-estos-venezolanos-no-cupo-en-un-castillo-de-toscana/

[5] El Nuevo Herald. “Arrestan a magnate petrolero venezolano vinculado a Hugo Carvajal”. 21 de diciembre de 2015. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article50712930.html

[6] Armando.info. “El magnate que viajaba en transporte público”. 22 de noviembre de 2014. https://armando.info/el-magnate-que-viajaba-en-transporte-publico/

 

martes, 21 de septiembre de 2021

Hugo “El Pollo” Carvajal presentó ante jueces de España el testimonio de un expolicía corrupto y narcotraficante

   Se trata de una carta de Adolfo Romero Gómez quien integró las extintas DISIP y PTJ y quien purga condena en Georgia, el convicto sostiene en una carta a Ramón Rodríguez Chacín que EE. UU. ha montado el caso contra Carvajal.

Por Maibort Petit

    En 2019, cuando la Audiencia Nacional de España se encontraba en pleno proceso de resolverse su extradición desde la nación ibérica a los Estados Unidos donde es solicitado bajo cargos de narcoterrorismo, el mayor general, Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, ex jefe de inteligencia del régimen de Hugo Chávez, le manifestó al máximo tribunal español su desconfianza en la justicia estadunidense. 

  "Yo en la justicia de Estados Unidos no confío", les manifestó tajantemente a los magistrados de la Audiencia Nacional durante una vista de su caso que tuvo lugar el 12 de septiembre del citado año 2019. Su defensa le presentó a la corte correos electrónicos de las ex-secretarias de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton y Condoleezza Rice, así como una carta suscrita por Adolfo Romero Gómez, el piloto venezolano que supuestamente había dirigido la aeronave que transportó cocaína desde Venezuela a México para luego introducirla en Estados Unidos y que paga condena en una cárcel de Georgia.

   En dicha comunicación remitida a quien fuera ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, en 2008, Romero Gómez dijo: "Están creando un expediente en base a declaraciones de presos extraditados de Colombia, a quienes primero se les alecciona e instruyen en lo que tienen que decir, y como retribución les prometen rebajas de penas", al tiempo que refería que en la nación norteamericana gestaba un presunto "complot" contra miembros del gobierno venezolano, entre los cuales figuraría, Hugo Carvajal.

La carta de Romero Gómez

  La defensa quiso demostrar ante el máximo tribunal español mediante la misiva de Romero Gómez, que el caso contra Hugo Carvajal por parte del gobierno de los EE. UU. no era más que un montaje.

 
   En la comunicación, Adolfo Romero Gómez, se presentó como “incondicional subalterno” de Rodríguez Chacín. Allí denunciaba que los presos extraditados desde Colombia eran instruidos en Estados Unidos para hacer el montaje contra Carvajal.
  “Están creando un expediente a base de declaraciones de presos extraditados por Colombia a quienes primero se les alecciona y se les instruye en lo que tienen que decir y, como retribución, se les prometen rebajas de penas, cambio de identidad y nacionalización”, reza la misiva.

   Y agregaba: “Han dicho cosas como que el general Hugo Carvajal se ha comprometido a ayudar a la compra de armas para la guerrilla colombiana (…) y tiene amistad con el miembro del secretariado de las FARC, el guerrillero Iván Márquez, y que el señor presidente conoce, avala y consiente todo esto”.

   Esta carta a Ramón Rodríguez Chacín fue recibida por este el 2 de junio de 2008, fecha en la que Adolfo Roimero Gómez acumulaba 12 años en prisión en Georgia. También explica el condenado que esta misma acusación de complot la hizo llegar al propio Hugo Chávez.

  El objetivo del remitente era alcanzar la “repatriación” y, por ende, la libertad en Venezuela: “Fui juzgado en Venezuela y declarado inocente. Es esta una de las razones de mi súplica, para que por favor ordene mi transferencia a Venezuela”[1].

La misiva se convierte en defensa de “El Pollo”

   Carvajal Barrios sostuvo a los miembros de la AN española que el caso del que se le acusaba, relativo al tráfico de drogas de Venezuela a México para, finalmente introducirlas en EE. UU. por orden de Chávez, es falso y que no tiene relaciones con la guerrilla colombiana[2] [3].

  Transcurridos dos años de aquello, cuando nuevamente Carvajal se juega su extradición desde España, sigue echando mano de los mismos alegatos y de la carta de Adolfo Romero Gómez para defender su posición en contra de su traslado a suelo estadunidense.

Sobre Adolfo Romero Gómez

  Pero, ¿quién es Adolfo Romero Gómez? O mejor, ¿quién es en realidad? Toda vez que “El Pollo” Carvajal se empeña en presentarlo como una víctima de las crueles artimañas de las agencias y justicia de Estados Unidos.

  Según el portal Dateas, Adolfo Romero Gómez nació el 26 de diciembre de 1934, es titular de la Cédula de Identidad venezolana número V- 5.602.170 y está registrado en la parroquia Baruta, municipio Baruta del estado Miranda[4].

  Lo cual es cierto, pero hasta cierto punto, pues la nacionalidad venezolana es adquirida, toda vez que es ciudadano colombiano de nacimiento, natural de Cali, la capital del Departamento de Valle del Cauca.

   En Venezuela se desempeñó como jefe de operaciones de la extinta Policía Técnica Judicial de Venezuela y, para enero de 1997, se encontraba recluido en la cárcel de Itagí, en el sur del Valle de Aburrá, solicitado por los Estados Unidos bajo la acusación de facilitar actividades de narcotráfico en Venezuela[5].

   Una extradición que se discutía en las cortes colombianas en razón de que, como mecanismo de defensa para evitar su extradición, Romero apeló al artículo 35 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual textualmente establece que: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia”[6].

   Romero Gómez había sido capturado con el objeto de extraditarlo, atendiendo una resolución de la Fiscalía General, dada la existencia de la solicitud verbal de la embajada de Estados Unidos, comunicada el 13 de octubre de 1995. En dicho pedido, las autoridades estadunidenses afirmaban que Romero Gómez era requerido “para que prestara su comparecencia en  “juicio criminal en el distrito sur de la Florida, por violación  a las leyes federales sobre narcóticos, vigentes  en ese país; según la embajada norteamericana, a Romero Gómez se le acusó mediante resolución, “de un cargo de un concierto para  poseer cocaína con la intención de distribuirla, y un cargo por posesión de la misma sustancia, con fines de distribución“.  

   Mientras esperaba el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Romero Gómez interpuso una acción de tutela en contra de su orden de captura alegando la violación de sus derechos, tanto por lo expuesto en razón del artículo 35 constitucional, como la legislación procesal penal. Refirió ante la corte que la tutela era el único mecanismo de defensa judicial con el que contaba por encontrarse la Corte Suprema de Justicia en vacancia judicial.   

    La sentencia T-320/96 de la Corte Constitucional de Colombia sobre este caso consideró improcedente la tutela por estimar que existía otro mecanismo de defensa más idóneo, a saber, el recurso de habeas corpus. Se consideró como acertada la decisión del tribunal de primera instancia.

    La sentencia indicó que la Fiscalía había actuado correctamente pues respondió a la solicitud que los Estados Unidos formularon el 13 de octubre de 1995 de entregar “al ciudadano venezolano Adolfo Romero Gómez quien se encontraba en territorio nacional. El 20 de diciembre de ese mismo año, Romero Gómez fue detenido por el DAS en la ciudad de Cúcuta, y en el momento de su captura, el actor se identificó con su pasaporte que lo acredita como nacional venezolano nacido en Caracas el 26-12-34 (…)”.

   Fue el 22 de diciembre de 1995, cuando Romero Gómez solicitó que se le dejara en libertad pues era nacional colombiano por nacimiento. La Fiscalía se negó a ordenar la libertad, por considerar que, necesariamente, uno de los dos documentos presentados por Romero Gómez era falso. La Fiscalía General envío el expediente de extradición de Adolfo Romero Gómez a la Corte Suprema de Justicia.

   La corte precisó que la presunta nacionalidad colombiana de Romero Gómez no estaba establecida por culpa de él mismo y solamente a este podía imputarse que el proceso no se hubiera podido aclarar si era titular del derecho que reclamaba.

La Corte confirmó la sentencia dictada en primera instancia[7].

   Finalmente, el 24 de septiembre de 1996, la Corte Suprema de Justicia resolvió conceptual favorablemente la extradición del ciudadano naturalizado venezolano, Adolfo Romero Gómez, también conocido con el alias de “Cristóbal”, solicitado por el gobierno de los Estados Unidos.

  Para este fallo consideró el hecho de que antes de 1991, la Constitución precisaba que la nacionalidad colombiana se perdía al adquirir carta da naturalización de un país extranjero y que fijaban su residencia en el exterior. Esa era la disposición constitucional vigente cuando Romero Gómez se naturalizó venezolano, por lo que había perdido su condición de ciudadano colombiano, “sin que esta pueda entenderse recuperada por la sola vigencia de la nueva Carta Constitucional, ni la sola manifestación del interesado de acogerse a la doble nacionalidad”[8].

De colombiano a venezolano

   Lo curioso es que luego de que se materializara su extradición, mientras purgaba su pena en Estados Unidos, Romero Gómez — también conocido con los alias de “El Gocho Cristóbal” y “Metralleta”— apeló a su nacionalidad venezolana para pedir su repatriación y concluir su condena en Venezuela.


El periodista especialista en criminalística, Javier Ignacio Mayorca, refirió que Adolfo Romero Gómez le remitió una carta a Hugo Chávez haciéndole el pedido. Otro periodista, Manuel Malaver, en su libro “La DEA contra la Guardia Nacional de Venezuela”, refiere que Adolfo Romero Gómez habría sido confidente de la DISIP y del general Ramón Guillén Dávila, exjefe del Servicio Antidrogas de la Guardia Nacional, también señalado por tráfico de drogas. Igualmente se dijo que habría sido fuente de información de organismos investigativos internacionales[9].

   El portal Poderopedia informa que Adolfo Romero Gómez fue agente de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) —actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)— y de la Policía Técnica Judicial —ahora Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)— condenado por narcotráfico a 20 años de prisión en la cárcel de Georgia, Estados Unidos.

   Cuando fue detenido mientras trasladaba un cargamento de cocaína a los Estados Unidos, alegó que se encontraba en una supuesta operación encubierta a la que denominó “Operación Norte”, la cual supuestamente buscaba desmantelar una red de narcotráfico. Se indica que “habría convencido a la comandancia de la Guardia Nacional de ejecutar Operaciones de Droga Controlada en alianza con carteles colombianos, según el texto ‘Los delincuentes en política’ de Rafael Rivero Muñoz, ex comisario general de la PTJ. En diciembre de 2012 habría ofrecido al Gobierno nacional aportar información sobre las presuntas implicaciones de la DEA y la CIA en el narcotráfico, publicó el periodista Javier Ignacio Mayorca. ‘Yo soy capaz de cualquier cosa por salir de aquí’”[10].

Los hechos

  El periodista Mayorca es también quien aclara la situación con Adolfo Romero Gómez, al explicar que este era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaban contra la guerrilla urbana durante la década de los 80 del siglo 20, contra los carteles colombianos.

   Romero Gómez era un auténtico “cuerda floja”, refiere Mayorca y agrega que era un “personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional”.

   Adolfo Romero Gómez se hizo famoso por su participación en un escándalo que en su época se conoció como las “entregas controladas” y por ello se ordenó su detención en Venezuela junto a otros oficiales de la Guardia Nacional, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, ya fallecido. Este caso sirvió de justificación y argumento a quienes abogaron ante Hugo Chávez para cesara la cooperación de Venezuela con la DEA, en 2005.

   Adolfo Romero Gómez fungía como topo en los carteles de la droga que suministraban la cocaína en las entregas controladas. Esto con el fin de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela.

   Mayorca explica que “Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que ‘coronaban’ unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes”.

  En Venezuela el caso se resolvió por la vía política y antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.

  Romero Gómez, quien se distanció de la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas del escándalo, se mudó al Táchira. Fue en una incursión en Cúcuta en 1997, cuando fue capturado y extraditado por el gobierno colombiano a Estados Unidos[11].

La oscura trayectoria de Romero Gómez

   Rafael Rivero Muñoz, en su blog, que refiere que Adolfo Romero Gómez a quien le atribuye también el alias de “El Gocho Hidalgo”, habría usurpado la identidad de una persona muerta, Antonio Hidalgo, con la que ingresó en 1959 e a la PTJ, “donde al poco tiempo se haría famoso como ‘Metralleta Hidalgo’; con su Madsen MII y su provisión de cargadores, todas las noches a su antojo y dizque patrullando, barría a plomo limpio a cuanto vehículo circulando por la ciudad se le antojaba; incontables los muertos y los heridos”.

   Agrega que, luego, Romero Gómez pasó a un grupo dentro de la institución bajo el mando directo del Jefe de la Oficina de Asuntos Especiales del MRI; de allí pasaría a la DISIP y luego al servicio de la unidad especial de drogas de la Guardia Nacional hasta su detención en Cúcuta, Colombia.  

   Rivero Muñoz hace un recuento de algunas de las afirmaciones formuladas por Adolfo Romero Gómez en procura de respaldo para lograr la “repatriación” a Venezuela, tales como: “(…) En llamada telefónica desde la cárcel dijo que en enero podrá salir en libertad, pero prefiere ser trasladado a Venezuela por solicitud del Gobierno (…).

   También, según Rivero Muñoz, Romero Gómez afirmó conocer a Néstor Reverol de cuando era un teniente y laboraba en el Comando Antidrogas de la GN: “(…) ‘Hice patrullaje con Reverol. Él debe recordar lo que hacíamos en Antidrogas’(…)”; “(…) que el actual ministro de Relaciones Interiores, general de brigada Néstor Reverol, se acuerde de los viejos tiempos en los que ambos hacían operativos como agentes del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional(…)”; “(…) Yo soy capaz de cualquier cosa por salir de aquí(…)”.

   Sobre estas últimas afirmaciones, Rivero Muñoz se remite a lo expuesto por el fiscal de los Estados Unidos para la época, Patrick Sullivan, “quien acusó, probó y logró una sentencia a 20 años para Adolfo Romero Gómez y recordemos que quedan aún pendiente los juicios y sentencias contra oficiales de la Guardia Nacional”.

   Y cita nuevamente al fiscal estadunidense: “(…) Toda la evidencia en este caso, cuando se examina en su totalidad, apunta exactamente a eso, que se trataba de una empresa de contrabando de la Guardia Nacional venezolana manejada por el general Guillén, ayudado e instigado por Adolfo Romero Gómez(…)”[12].

   Tal declaratoria de culpabilidad de Adolfo Romero Gómez por parte de un jurado federal en EE. UU., tuvo lugar el septiembre de 1997. El general Ramón Guillén Dávila, exjefe de la unidad antidrogas de la Guardia Nacional de Venezuela, quien estaba coacusado, pero se mantenía en Venezuela libre de toda posibilidad de ser extraditado, remitió una declaración grabada a la corte en la que negó haber traficado con drogas extraídas de la cocaína colombiana que se suponía iba a ser enviada a Miami en "entregas controladas" monitoreadas por la CIA y la DEA.

   Sobre Adolfo Romero Gómez, dijo que era un agente de inteligencia y no el intermediario esencial en los tratos de drogas que traían cientos de libras de drogas al sur de Florida como se sostenía en la acusación en su contra.

   Pero otros testigos sostuvieron que Romero jugó un papel importante en el tráfico de drogas[13].

   En 2020, Adolfo Romero Gómez presentó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos una solicitud de clemencia número C81620, la cual resultó denegada[14]

REFERENCIAS

[1] Al Navío. “Exclusiva: Esta es la prueba que presenta ‘El Pollo’ Carvajal para evitar su extradición a EEUU”. 12 de septiembre de 2019. https://alnavio.es/exclusiva-esta-es-la-prueba-que-presenta-el-pollo-carvajal-para-evitar-su-extradicion-a-eeuu/


 


[2] El Mundo. “La Audiencia se opone a entregar a Estados Unidos al ex jefe de Inteligencia chavista Hugo 'El Pollo' Carvajal”. 6 septiembre 2019. https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/16/5d7f52af21efa087028b45ee.html   


[3] El Mundo. “El ex jefe de Inteligencia de Venezuela pide su libertad porque la orden de detención de EEUU ‘es falsa e ilegal’". 12 septiembre 2019. https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/12/5d7a982ffdddffa9768b4666.html


[4] Dateas. Romero Gómez Adolfo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/romero-gomez-adolfo-10184357


 


[5] El Tiempo. “Extraditarán a Estados Unidos a ex policía de Venezuela”. 10 de enero de 1997.  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-539620


[6] Constitución Política de Colombia 1991. https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf


[7] Corte Constitucional de la República de Colombia. Sentencia T-320/96. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-320-96.htm


[8] Red Jurista. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal. E. Nº 11509 de 1996. https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia,_sala_de_casacion_penal_e._no._11509_de_1996.aspx#/


[9] Noticias Candela. “Narco recordado en famoso libro quiere volver a Venezuela”. 21 de julio de 2010. https://www.noticiascandela.informe25.com/2010/07/narco-recordado-en-famoso-libro-quiere.html


[10] Poderopedia. “Adolfo Romero Gómez”. https://poderopediave.org/persona/adolfo-romero-gomez/


[11] RunRun.es. “Crímenes sin Castigo | La venganza de Cristóbal, por Javier Ignacio Mayorca”. 19 de septiembre de 2019. https://runrun.es/opinion/388771/crimenes-sin-castigo-la-venganza-de-cristobal-por-javier-ignacio-mayorca/


[12] Rafael Rivero Muñoz. El comentario de cada tópico sólo intenta: Informar, formar e incitar (IFI). “Verdugos pidiendo clemencia”. 10 de diciembre de 2012. https://rriverom.wordpress.com/2012/12/10/verdugos-pidiendo-clemencia/


[13] AP. “Aide to deposed Venezuelan drug czar found guilty of conspiracy”. 30 de septiembre de 1997. https://apnews.com/article/c29d50c5e33109335200d7052a0c951c


[14] Departamento de Justicia. Sentence Denied 2/28/13 C81620 ADOLFO ROMERO-GOMEZ ROMERO-GOMEZ, ADOLFO 52301-004. https://search.justice.gov/search?query=%22Adolfo+Romero+G%C3%B3mez%22&op=Search&affiliate=justice



 

viernes, 17 de septiembre de 2021

Caso criminal contra Tareck El Aissami en Nueva York permanece sin actividad luego de la sentencia del piloto, Alejandro Javier Marín

   Poco o nada se sabe sobre las investigaciones que sobre Tareck El Aissami y Samark López Bello, ampliamente relacionadas con la causa del ahora condenado, Alejandro Javier Marín.

Por Maibort Petit
   Cuando estaba a poco tiempo de cumplirse un año de su arresto, el denominado piloto de Tareck El Aissami, Alejandro Javier Marín, fue condenado a pagar 22 meses de prisión, además de tres meses de libertad supervisada. Estaba acusado de tres cargos por hacer declaraciones falsas a un agente federal, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1001. Esto, mientras se desempeñaba como fuente confidencial en la investigación que se lleva a cabo desde enero de 2018, de quien en la actualidad se desempeña como ministro del Poder Popular de Petróleo y como vicepresidente sectorial de economía en el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, resulta curioso que, a pesar de estar relacionado con otros importantes casos, como el de Samark López Bello, no se haya hecho nueva referencia al mismo. El expediente está en suspenso en la Corte federal  de Nueva York.
     Vale destacar que el pasado mes de julio, Samark López Bello demandó al Departamento del Tesoro alegando que es víctima de una campaña para catalogarlo de narcotraficante internacional[1].

   Alejandro Javier Marín, en julio de 2018, estando en funciones fuente confidencial para Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), robó cientos de miles de euros y mintió sobre esto en varias oportunidades durante los años siguientes.
   Por ello la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había solicitado al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, una sentencia de 30 a 37 meses de prisión, inscrita en las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos, por que tal pena estaba justificada. La fiscal Audrey Strauss también pidió al tribunal imponer el pago de USD 547.911 como suma de restitución y una multa dentro del rango de las Directrices de USD 10.000 y USD 1.095.822.
    La cantidad solicitada como restitución por parte de la fiscalía fue el estimado en el Acuerdo de declaración de culpabilidad y recomendada por la Oficina de Libertad Condicional en razón de la imposición de restitución por “un delito contra la propiedad (…) incluyendo cualquier delito cometido por fraude o engaño”). La cifra refirió la fiscal Strauss refleja tanto la cantidad de ganancias criminales que Marín robó en Venezuela como la cantidad de dinero sobre la que mintió en varias ocasiones a las autoridades estadunidenses.
   La denominación como piloto de Tareck El Aissami se debe que Alejandro Javier Marín Gómez era el propietario de la empresa de alquiler de aeronaves “MyJetSaver” que prestó servicio al alto funcionario venezolanos y sus socios, en violación a las sanciones impuestas por EE. UU.

   Como fuente confidencial, Alejandro Marín colaboraba en la investigación sobre “transacciones ilícitas y otras actividades ilegales por parte de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos, así como en el extranjero”, En este contexto, durante un operativo controlado, el 3 de julio de 2018, dijo al HSI que había transportado 6 paquetes de dinero que sumaban 1.297.500 euros, de los que se “extraviaron” USD 140.000 y las autoridades estadounidenses establecieron que Marín mintió en torno al destino del dinero faltante.
   Recientemente, el 2 de septiembre, el tribunal certificó según 28 U.S.C. § 1915 (a) (3) que cualquier apelación del fallo del Tribunal no se tomaría de buena fe. Igualmente, se ordenó también que el secretario de la corte enviar por correo una copia de la sentencia al Demandante y tomar nota de tal notificación en el expediente.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “¿Qué es lo que busca Samark López Bello en su demanda contra el gobierno de lo EE. UU.?”. 13 de julio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/07/que-es-lo-que-busca-samark-lopez-bello.html

Empantanado hasta el cuello, Hugo Carvajal amenaza con no hundirse solo

Por Maibort Petit  

  Quien fuera uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez está usando sus últimos recursos para evitar a toda costa ser entregado al gobierno de los Estados Unidos, donde diversos documentos, testimonios e informes, lo acusan, no solamente de participar en actividades de narcotráfico, sino también de haber brindado protección a muchos capos de la droga.

   Desde el día de su captura, tras pasar más de un año y medio fugitivo, el mayor general y exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, se hunde en un pantano. Cada vez se hace más complejo el caso, en la medida en que se amplía el plazo para que concrete su extradición a los Estados Unidos, donde es acusado de delitos de narcoterrorismo. En una acción de emergencia, la Audiencia Nacional de España suspendió cautelarmente su entrega a las autoridades norteamericanas prevista para el miércoles 15 de septiembre, alegando que el Ministerio del Interior debía resolver una petición de asilo que solicitó en 2019 y que luego se supo que había denegado en septiembre de ese mismo año.  Ahora ha concedido una audiencia para el lunes 20 de septiembre donde expondrá las relaciones de las FARC y el grupo terrorista ETA, según se anunció el pasado jueves.

   En su hundimiento, Carvajal ha amenazado con arrastrar a otros consigo. “Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países”, ha sentenciado.

    La amenaza, la habría formulado a personas de su entorno que lo dieron a conocer al portal Libertad Digital que informa lo que habría sido el remate de su advertencia: “Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado tiraré una cerilla desde mi avión para que arda".

   Carvajal Barrios quien habría manifestado el hartazgo que le provoca lo que ha vivido en los últimos días en España, tendría como intención demostrar "su inocencia" con base a pruebas que dice tener. Incluso, habría propuesto ser juzgado en España por los mismos delitos de que se le acusa en EE. UU.

     De acuerdo a las fuentes del citado portal, “El Pollo” Carvajal se dedicó durante el tiempo en que se mantuvo prófugo, a recabar información que afectaría al gobierno de Pedro Sánchez y otras administraciones socialistas del pasado[2].

   El general venezolano trata por todos los medios a su alcance, evitar ser trasladado a los EE. UU. donde documentos e investigaciones lo señalan como protector de narcotraficantes, tal como lo reseñaremos líneas más adelante.

    Sobre la solicitud de asilo, el ministerio del Interior habría informado al tribunal y a la prisión de Estremera en la que se encuentra recluido Carvajal Barrios, que el asilo fue denegado en 2019.

    Así lo recoge una nota de la agencia española EFE y que agrega que “El Pollo” Carvajal “solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso (…) Su petición se tramitó y se negó por parte de la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior al no cumplir los requisitos, una resolución que el 23 de septiembre de 2019 fue remitida a la cárcel de Estremera porque en esa prisión había ingresado Carvajal y porque el solicitante no había señalado ningún domicilio particular en España”.

   Una nota de El Mundo de España, sostiene que Hugo Carvajal le pidió a la justicia española impedir su extradición a los Estados Unidos, toda vez que, supuestamente, habría actuado como confidente de los servicios de inteligencia de la nación ibérica[4].

   También El Mundo, en otra nota, informó que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España citó a Carvajal a declarar el lunes 19 de septiembre con relación a “unas diligencias abiertas por terrorismo internacional”, esto a solicitud de la defensa del general venezolano

   Antes de darse a la fuga, la Audiencia Nacional había ofrecido a Carvajal actuar como testigo protegido “siempre y cuando aportara información relevante relacionada con los vínculos de ETA con Venezuela”. Esto no se concretó en aquel momento y ahora, luego de su detención, Carvajal decidió colaborar por voluntad propia. Igualmente ha ofrecido aportar información sobre las FARC[5].

Custodio de narcos

   Una investigación periodística llevada a cabo por Proyecto ITEMP — acrónimo de “Investigación de Temas Periodísticos”— denominada “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”[6], explica cómo “El Pollo” Carvajal, a la luz del poder que ostentaba, habría brindado protección y cooperación a narcotraficantes que, en territorio venezolano, encontraron un aliviadero para sus actividades criminales.

   “Pregúntele a Carvajal qué hacía Yesid Ríos en su casa y en su velero en Margarita, en la marina de la isla, ¿por qué lo protegía allá? ¡Demasiadas cosas están claras! Le brindó documentación, carros, escoltas, todo”, es una de las citas que la nota periodística hace del testimonio rendido por un narcotraficante colombiano que, para el momento del reportaje, rendía cuentas a la justicia estadunidense.

   Dicho capo de la droga habría disfrutado durante, por lo menos, seis años de la protección de Carvajal y ahora es testigo clave de la acusación contra exjefe de inteligencia venezolano. Se trata de Yesid Ríos Suárez, también conocido como “El Enano”, quien era un proveedor de drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaba entre Apure y Carabobo y de allí iba a supervisar los laboratorios de cocaína en el departamento colombiano de Arauca, desde donde la droga pasaba a Venezuela para, desde pistas aéreas clandestinas, ser enviada a sus destinos finales. Entre los jerarcas del grupo guerrillero —era miembro de su Estado Mayor— a los que Ríos Suárez le servía de agente, se encontraba Noé Suárez Rojas, alias “Germán Suárez Briceño” o “Grannobles”.

  “El Enano” sostiene pudo mantener su base de operaciones en Venezuela, gracias al respaldo que “el Pollo” Carvajal le brindaba con custodia directa, escoltas y documentación oficial venezolana.

   A los fiscales estadunidenses, “El Enano” entregó pruebas de sus afirmaciones, las cuales incluían “una lista de oficiales venezolanos a su servicio, honorarios pagados, además de información única del exjefe de inteligencia”. El récord entregado por el narcotraficante colombiano incluía “a seis oficiales, hoy con rango de generales, que hicieron parte del Gobierno de Hugo Chávez en cargos estratégicos de seguridad, y actualmente se desempeñan en otros puestos en la administración de Nicolás Maduro”, recoge la investigación de ITEMP que, además, refiere haber conversado con el abogado defensor de Yesid Ríos Suárez: “Lo que relató mi cliente, relacionado con los servicios que le brindó Carvajal, es totalmente cierto, y sirvió de mucho a los fiscales para armar otros casos”.

   Igualmente se refiere que estos datos de “El Enano” coinciden con las versiones aportadas por otro colaborador suyo que fue condenado por una corte de Nueva York. Este certificó que Hugo Carvajal, a cambio de comisiones en dólares, asistía a “El Enano” en tanto en Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe combatía a la guerrilla desde 2002. “Cuando en Venezuela nos informaron que iba la deportación a Colombia y después seguro a USA, llamé al general Carvajal a su celular. Me atendió y le pregunté ‘¿qué pasó?’, a ver si podía ayudarnos. Respondió que ya eso escapaba de sus manos y colgó”, manifestó el operario y así lo recoge el reportaje.

  ITEMP cita también el caso de Yon Pelayo Garzón Garzón, testigo con el que también la fiscalía ha ensamblado el caso contra “El Pollo” Carvajal. Se trata de un miliciano que se infiltró en las FARC en procura de información para la inteligencia colombiana. Este trabajó para El Enano” y cuenta que, en una ocasión, octubre de 2002, fue a una reunión que se celebró en frontera entre el estado Apure venezolano y el departamento de Arauca colombiano, donde se discutió la entrega de armas por parte de Hugo Carvajal y la custodia que este brindaría a los narcos. Garzón se convirtió en testigo protegido de la DEA.

   Lo curioso, según el reportaje, es que estos hechos que los periodistas conocieron en documentos suministrados por medio del abogado defensor de un caso de narcotráfico en Colombia en el que “El Pollo” Carvajal estaba involucrado figuran en el expediente 499-2002 de neogranadina “a la que Garzón sirvió como testigo en varios casos de droga, una muestra de que el Gobierno colombiano conocía el historial delincuencial del confidente de Chávez mucho antes de su ascenso como jefe de la inteligencia militar venezolana. Una revisión de los registros públicos judiciales en Colombia revela que en todos estos años la Fiscalía de ese país nunca abrió un caso criminal en contra de Carvajal, a pesar de lo que sabía”.

   El expresidente Álvaro Uribe les dijo a los periodistas de ITEMP que él le había informado a Hugo Chávez sobre los campamentos que las FARC tenían en Venezuela, pero este lo negó. Sobre Carvajal, manifestó no recordar que le advirtiera de su protección a narcoguerrilleros. Los comunicadores refieren que le enviaron un cuestionario a Hugo Carvajal una semana antes de que este se fugara en 2019, pero que este no contestó debido a dicha circunstancia.

   La actividad de protección y custodia de narcotraficantes y drogas le habría brindado grandes beneficios económicos a Hugo Carvajal, según recoge Proyecto ITEMP. En tal sentido citan el caso de un capo de la cocaína detenido en Venezuela y que después fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos, quien declaró para el reportaje y aseguró que pagaba al mayor general venezolano “miles de dólares al general, mensualmente, aunque dependía de la carga que se enviaba”.

“Uno de estos narcotraficantes relató a la DEA que le dispensaba pagos periódicos a Carvajal de 50.000 dólares, mientras el general custodiaba sus rutas, y habló de la ‘guardia pretoriana’ de oficiales de las fuerzas armadas y políticos del Gobierno de Venezuela que ejercían de intermediario en este negocio”.

  El reportaje también hace referencia a la relación de “El Pollo” Carvajal con otros narcotraficantes, como Luis Frank Tello Candelo, alias el “Negro Frank”, quien luego de ser extraditado a EE. UU., ha suministrado valiosa información a los fiscales de Nueva York y Miami sobre las supuestas actividades delictivas de Carvajal Barrios.

   Entre lo referido por Tello Candelo está un hecho ocurrido en febrero de 2006, cuando “Previo a una operación de gran valor que se iba a realizar en Venezuela, en febrero de 2006, el Cartel de Sinaloa envió al ‘Negro Frank’ un millón de dólares que iban, supuestamente, para cortejar a Carvajal”. De todos se advierte en la nota que “El emisario del Cartel de Sinaloa con el botín, sin embargo, nunca pudo constatar si el dinero realmente fue entregado o si era para Carvajal, indicó en la entrevista, porque para aquella cita a la que asistió con Tello Candelo en un restaurante al este de Caracas nunca se apersonó el general”.

El cabecilla del Cártel de los Soles

   ITEMP tuvo acceso a un informe de la DEA que refiere que Hugo Carvajal cooperó con el crimen organizado y las guerrillas prácticamente como una rama de su oficio, indicando que el general se reunía con miembros del gobierno de Hugo Chávez, “con o sin participación del mandatario”, se advierte y en dichos encuentros se planificaban operaciones de narcotráfico y apoyo a las FARC.

  El documento daría cuenta de los lugares de las citas, sus participantes y funciones, revelando que Chávez habría sido el verdadero cabecilla del llamado “Cartel de los Soles” y “hasta dónde sus más cercanos colaboradores, como Diosdado Cabello o Tareck El Aissami, fueron partícipes de una empresa criminal para retener el poder alrededor de esta organización”.

   El reporte de la DEA, de acuerdo a ITEMP, asevera que “aparte de Carvajal, algunos de los otros miembros del Cártel de los Soles que ejercieron en los niveles más altos del Gobierno de Venezuela fueron el expresidente Hugo Chávez, el exvicepresidente Tareck El Aissami y el exvicepresidente Diosdado Cabello”.

   Igualmente, hace mención a uno de los testigos contra el general quien sería un exjuez (Testigo 1), quien indicó que en 2005 asistió a una reunión en el palacio de gobierno en la que estaban presentes el presidente Chávez, Carvajal, el general Henry Rangel Silva (para la fecha jefe de la DISIP), Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. “Durante la reunión, Chávez instó al grupo a promover sus objetivos políticos, incluido combatir a Estados Unidos ‘inundando’ el país de cocaína. Chávez les ordenó a Carvajal, Cabello, Rangel Silva y otros coordinarse con las FARC, y asignó al Testigo 1, entre otros, evitar que las autoridades del orden público interfirieran con estas actividades. El Testigo 1 más tarde se enteró de que este grupo se reunía mensualmente y asistió aproximadamente a cuatro encuentros mensuales”.

  Estiman en ITEMP que el referido magistrado, según datos recabados, podría ser el exmagistrado del tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte.

Los señalamientos de Leamsy Salazar

  El informe de la DEA citado por Proyecto ITEMPt también menciona que teniente de la Armada venezolana Leamsy Salazar Villasaña, ex-escolta de Diosdado Cabello y de Hugo Chávez en la Casa Militar, ha aportado datos en el caso que Estados Unidos mantiene contra Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, Cabello y el Cartel de los Soles. Se lo identifica como Testigo 2.

   El informe de la DEA refiere que Salazar dijo que “a mediados de 2008 proporcionó la seguridad en una reunión organizada por Chávez en su rancho, a la que asistieron, entre otros, el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’ (…) Durante la reunión, el Testigo 2 ‘escuchó a Márquez describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y computadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela (PDVSA) ’ (…) El Testigo 2‘ oyó a Chávez hablando por teléfono de Carvajal. Durante la llamada, escuchó a Chávez referirse a Carvajal por su apodo, el ‘Pollo’ y ordenarle que suministrara armas a las FARC’”.

  También Salazar habría sido testigo de que como en tiempos en que ya se desempeñaba como escolta de Diosdado Cabello, vio cómo el El Pollo Carvajal coordinó el despacho de lo que parecía ser cocaína en unas lanchas rápidas en el Cabo San Román.

REFERENCIAS

[1] OK Diario. “La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a EEUU”. 14 de septiembre de 2021. https://okdiario.com/espana/audiencia-nacional-suspende-cautelarmente-extradicion-pollo-carvajal-eeuu-7788916

[2] Libertad Digital. “El 'Pollo' Carvajal amenaza con tirar de la manta y señala al Gobierno: ‘Si caigo, no caeré solo’”. 14 de septiembre de 2021. https://www.libertaddigital.com/espana/2021-09-14/pollo-hugo-carvajal-amenaza-tirar-manta-gobierno-6817716/

[3] EFE “Hugo ‘Pollo’ Carvajal saca las garras y pide declarar ante el juez español sobre ETA y las FARC”. 16 de septiembre de 2021.

[4] El Mundo. “'El Pollo' Carvajal esgrime que trabajó con "el CNI" para evitar su extradición a EEUU”. 15 de septiembre de 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/15/61422b00e4d4d89b3f8b4587.html

[5] El Mundo. “La Audiencia Nacional cita a 'El Pollo' Carvajal el lunes para declarar sobre terrorismo”. 16 septiembre 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/16/61436f06e4d4d86a6c8b45b4.html

[6] Proyecto ITEMP. “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”. 31 de diciembre de 2020. https://www.itempnews.org/2020/12/31/jefe-espias/