Juez de Nueva York autoriza un nuevo aplazamiento en el juicio de Clíver Alcalá Cordones

 La fecha del juicio con jurado aún no se ha fijado. La próxima conferencia telefónica del caso estaba prevista para el 13 de diciembre de 2021. 

Por Maibort Petit

  El juez de Distrito Alvin K. Hellerstein concedió un nuevo aplazamiento al gobierno de los Estados Unidos para presentar  la moción ordenada para el 1 de diciembre de 2021 en el juicio del ex-general chavista, Cliver Alcalá Cordones, procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo y su vinculación al cártel de los soles. 

   El magistrado Hellerstein, respondiendo a una carta de los fiscales: Jason A. Richman, Benjamin W. Schrier, Kyle A. Wirshba autorizó que las mociones antes del juicio de Alcalá Cordones sean presentadas hasta el 1 de febrero de 2022. 

  En la misma orden, el juez informó a los abogados del exgeneral venezolano que podría presentar cualquier oposición a los argumentos de los fiscales antes del 8 de febrero de 2022.

   Las distintas diligencias y, por ende, el juicio en contra de Clíver Alcalá Cordones, continúan difiriéndose en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el ex mayor general del ejército venezolano enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. 

  Alcalá Cordones fue acusado el 26 de marzo de 2020 por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego en violación del Título 21 del Código de los EE. UU., Secciones 960a y 963, y el Título 18 del Código de los EE. UU., Secciones 924 y 2.

   Se trató de una acusación formulada por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos[1], señalándose a Cliver Alcalá como uno de sus lugartenientes que procuraban “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”. Según la acusación, él, Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal “actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, o Cartel de los Soles”[2].

  Los cargos en su contra, en razón de la pandemia por Covid-19, se le dieron a conocer por vía telefónica el 31 de marzo de 2020 ante el juez accidental de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul E. Davison, declarándose no culpable, al tiempo que manifestó su disposición a colaborar con la justicia estadounidense, lo que dio inicio a su proceso judicial[3].

   En junio de ese año 2020, los fiscales solicitaron reprogramar la fecha de la audiencia de presentación de Alcalá Cordones, prevista para el 26 de junio del citado año[4]. En esa misma fecha, el militar venezolano pidió un abogado de oficio por no tener dinero para pagar una defensa privada[5] y el 2 de agosto el juez Hellerstein, aprobó la solicitud, pero le pidió demostrar que, ciertamente, no dispone de los medios económicos para pagar el bufete que lo venía representando[6].

   El 26 de agosto de 2020, el tribunal le otorgó más tiempo para revisar su grueso expediente criminal, atendiendo así un pedido de los fiscales, quienes le argumentaron al juez que seguirían presentando pruebas en contra de Alcalá Cordones, por lo que debía disponer de un plazo más largo para revisar el material[7].

   El 8 de junio de 2021, el juez Alvin K. Hellerstein informó de un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones. El 7 de junio, la corte había autorizado a las partes para que presentaran dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso[8].

   El 29 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó que una conferencia de estado, inicialmente programada para llevarse a cabo el 4 de agosto de 2021, se aplazara hasta el 23 de agosto de 2021 al mediodía.

   Giró instrucciones a las partes a objeto de que quienes efectúen las llamadas y no sean abogados silencien sus teléfonos. Además, se indica a todos los participantes que llamen 5 minutos antes del inicio de la conferencia.

  También ordenó que, a más tardar el 16 de agosto de 2021, a las 12:00 pm, las partes presenten conjuntamente al tribunal una lista de todos los abogados que se espera que aparezcan en el expediente, junto con su información de contacto.

Extender los lapsos

   El 4 de agosto de 2021, los fiscales federales auxiliares de la fiscal del Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss, Jason A. Richman, Benjamin Schrier y Kyle Wirshba, remitieron una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, solicitándole, en razón de la pandemia por el Covid-19, que el tribunal excluya hasta la fecha del juicio el tiempo de la nueva conferencia programada para el 23 de agosto de 2021, esto en interés de la justicia, de conformidad con 18 USC Sección 3161 (h) (7) (A). Informaron que la defensa accedía a esta solicitud.

  Explicaron los fiscales que este tiempo permitiría la revisión continua del descubrimiento por parte del acusado y a ambas partes continuar discutiendo una posible disposición de este asunto

   Este 19 de noviembre de 2021, nuevamente los fiscales pidieron un aplazamiento de 60 días para entregar las mociones. En el calendario, fijado el 27 de septiembre de 2021, luego de una conferencia telefónica sobre el estado del caso, el juez indicó que los fiscales presentarían cualquier moción relacionada con la Ley de intercambio de información de seguridad cibernética (CISA), 6 U.S.C. § 1501 et seq., a más tardar el 1 de diciembre de 2021. 

   En la misma orden se advertía que Clíver Alcalá Cordones debería presentar cualquier oposición a esa moción a más tardar el 8 de diciembre de 2021. Asimismo, se había fijado una sesión informativa telefónica el 13 de diciembre de 2021.

   El 18 de noviembre de 2021 el abogado de  Cliver Alcalá Cordones cambió de dirección. La nueva localización del abogado César Castro es The Law Firm of Cesar de Castro, P.C, 111 Fulton St - 602, NY, NY, USA 10038.

    El 19 de noviembre de 2021, los fiscales pidieron un nuevo aplazamiento de 60 días del 1 de diciembre, 2021 fecha límite para la presentación de la moción anticipada del Gobierno de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. En la misiva se informa que el abogado defensor no se opone a petición.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero”. 26 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/nicolas-maduro-moros-y-14-funcionarios.html

[2] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[3] Venezuela Política. “Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica”. 31 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/se-inicia-en-nueva-york-el-proceso.html

[4] Venezuela Política. “Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/conoce-los-ultimos-detalles-del-caso-de.html

[5] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/cliver-alcala-cordones-pide-la-corte-un.html

[6] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa”. 2 de julio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/07/juez-de-nueva-york-ordena-cliver-alcala.html

[7] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/cliver-alcala-cordones-tendra-mas.html

[8] Venezuela Política. “Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones”. 8 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/avanza-en-nueva-york-el-juicio-por.html

Extradición del Pollo Carvajal ordenada por la Audiencia Nacional española podría retrasarse por advertencia del juez que lleva el caso de Podemos

   El exjefe de inteligencia venezolano deberá declarar el 27 de octubre ante el tribunal que preside el juez Manuel García-Castellón.

Por Maibort Petit

   La que se creía era una extradición inminente e inmediata, podría verse retrasada, toda vez que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, advirtió a sus colegas de la Sala de lo Penal y a la policía, que Hugo Armando “El Pollo” Carvajal Barrios, está citado por su tribunal para declarar la próxima semana con relación al caso que se ventila en esa instancia de la Audiencia Nacional acerca de la presunta financiación irregular del partido izquierdista español Podemos. Esta causa se encontraba archivada desde 2016, pero en razón de documentos entregados por el ex-general encargado de la inteligencia de Venezuela en tiempos del finado Hugo Chávez a esa instancia judicial, ha sido reabierto.

    García Castrejón les manifestó por vía escrita a la policía, que Hugo Carvajal está citado por su tribunal para el próximo 27 de octubre, según reveló el portal El Confidencial, algo que trastocaría la decisión adoptada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que decidió autorizar la extradición de Carvajal Barrios a los Estados Unidos[1].

La decisión de la Audiencia Nacional

   Los magistrados Alfonso Guevara Marcos, Carolina Rius Alarcó y Carlos Fraile Coloma de la Sección 3ª de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional de España, acordaron este 20 de octubre de 2021, hacer entrega en extradición de Hugo Armando Carvajal Barrios a las autoridades de Estados Unidos.

    Tal orden emana de la denegación de asilo que fue confirmada por la Oficina de Asilo y Refugio de España adscrita al Ministerio del Interior español, que desestimó la solicitud de asilo presentada por Carvajal Barrios, hecho ocurrido el pasado 19 de octubre. La dependencia gubernamental revisó el expediente y concluyó que el solicitante no cumple los requisitos necesarios para concederle tal condición[2].

   La decisión judicial de la Audiencia Nacional puso a Hugo Carvajal a la orden de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, al tiempo que libró el oficio y ordenó participar la sentencia a la Subdirección general de Cooperación Jurídica Internacional, así como al director donde se encuentra recluido el reclamado en extradición.

   Carvajal Barrios venía bregando para evitar su extradición a suelo estadounidense desde que en noviembre de 2019 la justicia española acordó tal acción, al extremo de huir[3] y permanecer fuera del radar de las autoridades españoles por casi dos años escondido en diversos apartamentos en Madrid de los que se mudaba cada tres meses. Finalmente, luego de una operación de inteligencia en la que participó la DEA de EE. UU. y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de España, fue capturado el pasado 10 de septiembre[4].

   En su afán por evitar la extradición, Hugo Carvajal ha ideado todo tipo de estratagemas, como la de ponerse a la orden de la Audiencia Nacional y prometió a los magistrados suministrar información acerca los vínculos de las FARC y ETA, así como del financiamiento del partido Podemos y de los negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

  Luego de su captura, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la DEA reiteraron que Hugo Armando Carvajal Barrios, presuntamente, participó en actividades de narcotráfico a gran escala como funcionario del gobierno venezolano.

   La fiscal Audrey Strauss dijo que la acusación formal indica que Carvajal Barrios participó en una conspiración de narcoterrorismo y una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México en abril de 2006. Igualmente lo señaló de otros delitos relacionados con armas de fuego.

   Específicamente, los cargos son: “(1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de por vida; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de por vida; (3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de vida; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y artefactos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua”[5].

REFERENCIAS

[1] El Confidencial. “El juez de la financiación de Podemos pide retrasar la entrega del Pollo Carvajal a EEUU”. 20 de octubre de 2021. https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-20/juz-podemos-retasar-entrega-pollo-carvajal_3310231/

[2] Infobae. “España rechazó otro pedido de asilo de Hugo “El Pollo” Carvajal, que quedó más cerca de la extradición a EEUU”. 19 de octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/10/19/espana-rechazo-otro-pedido-de-asilo-de-hugo-el-pollo-carvajal-que-quedo-mas-cerca-de-la-extradicion-a-eeuu/

[3] BBC Mundo. “Hugo Carvajal: la fuga en España del exjefe de inteligencia venezolano que EE.UU. considera ‘vergonzosa’”. 14 de noviembre de 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50417317

[4] El País. “Tras la pista de ‘El Pollo’ Carvajal: ‘Llevo dos años encerrado en pisos, me mudaba cada tres meses’”. 10 de septiembre de 2021. https://elpais.com/espana/2021-09-10/tras-la-pista-de-el-pollo-carvajal-llevo-dos-anos-encerrado-en-pisos-me-mudaba-cada-tres-meses.html

[5] Departamento de Justicia. “Former Venezuelan Official Hugo Armando Carvajal Barrios Arrested Again In Spain In Connection With Narco-Terrorism, Firearms, And Drug-Trafficking Charges”. 10 de septiembre de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-venezuelan-official-hugo-armando-carvajal-barrios-arrested-again-spain

Tribunal establece el cronograma en la causa de Clíver Alcalá Cordones

   Se fijó el 13 de diciembre de 2021 para que las partes lleven a cabo una conferencia de estado del caso.

Por Maibort Petit

    El 29 de septiembre de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, estableció el cronograma de acciones a seguir en los próximos meses en el caso que en su Corte se ventila entre los Estados Unidos y el mayor general venezolano, Cliver Antonio Alcalá Cordones, acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego.

   En agosto pasado los fiscales del caso, Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba, solicitaron aplazar por 30 días de la fecha de la audiencia antes del juicio que estaba prevista para el 2 de septiembre de 2020, en razón de que el gobierno continúa presentando pruebas contra el acusado, quien a su vez requiere tiempo para revisar el material con sus abogados.

   El pasado 27 de septiembre de 2021, el juez Hellerstein celebró una conferencia telefónica sobre el estado del caso y decidió que la fiscalía presente cualquier moción relacionada con la Ley de intercambio de información sobre ciberseguridad (CISA), 6 U.S.C. § 1501 et seq., a más tardar el 1 de diciembre de 2021. Por su parte, el demandado, Clíver Alcalá Cordones, deberá presentar cualquier oposición a esa moción a más tardar el 8 de diciembre de 2021.

  Del mismo modo, el magistrado fijó el 13 de diciembre de 2021 como la fecha tope para el Alcalá Cordones presente cualquier otra moción, además de un calendario de sesiones informativas.

  Por último, Alvin Hellerstein, ordenó a las partes que se presenten a una conferencia telefónica de estado el 13 de diciembre de 2021 a las 10:30 a.m., excluyendo y el tiempo en interés de la justicia hasta el 13 de diciembre de 2021.

 

 

Defensa de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, asegura que la fuente del caso "está desacreditada"

 Por Maibort Petit

   Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami Maddah, Samark López Bello, entre otros, se quejó ante un juez de Nueva York porque los fiscales federales del caso entregaron tardíamente a su defensa las evidencias contenidas en el descubrimiento, y con una serie de información clasificada difícil de descifrar y que complican su revisión antes de que se produzca su sentencia en enero 2020.

   La defensa de Mones Coro dijo al juez que el acusado, quien se declaró culpable al principio, pero que en el mes de octubre de 2020 retiró su pliego de culpabilidad, "continúa aceptando la responsabilidad y tiene la intención de volver a declararse culpable pero en base a la eliminación de una serie de argumentos".

   La sentencia de Mones Coro está prevista para enero de 2020. 

   La Defensa solicitó la preparación de un PSR acelerado; y pidió a juez que impida al gobierno basarse en cualquier información contenida en la Decimosexta Producción de pruebas al momento de dictar sentencia.

   La abogada de Mones Coro se quejó de lo tardío en la entrega de las evidencias, que los documentos estaban mezclados con una data clasificada del DHS, que no correspondía al caso.

   La fiscal Amanda Houle informó al tribunal que una parte de las informaciones contenían información sellada que correspondía a otras investigaciones del gobierno. 

   La defensa de Mones Coro pidió sanciones a los fiscales el 11 de noviembre, argumentando que el 25 de octubre la Fiscalía Federal entregó un disco duro que contenía, erróneamente, "material confidencial sobre otra investigación que el DHS había copiado por error en el disco". Tendremos más sobre esto.

    La abogada de Mones Coro dijo que el caso de su cliente representa otro “capítulo lamentable” de las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, "gravemente perjudiciales y que desperdician recursos por parte del gobierno en este distrito", por lo que pidió tomar medidas correctivas.

   Desde junio 2020, la fiscalía ha complementado el descubrimiento del caso de Mones Coro 16 veces, "produciendo círculos concéntricos cada vez mayores de información sobre una Fuente Confidencial ahora desacreditada". 

    La abogada de Mones Coro, recordó que se ha pospuesto su sentencia seis veces, durante los últimos seis meses, para esperar estos suplementos del gobierno y revisarlos. 

    La Defensa se quejó ante el tribunal que los fiscales entregaron evidencias de más de 5.7 terabytes de datos comprimidos incautados del lugar de trabajo de la Fuente Confidencial con quien el gobierno ha estado trabajando desde principios de 2017 (Alejandro J. Marín). 

   Según la defensa, el gobierno no cumplió con la fecha límite de descubrimiento final del 23 de octubre de 2020. "En cambio, el gobierno entregó, dos días después de la fecha límite, un disco duro que contienen "imágenes" de computadora sin procesar, cuyo contenido no se pudo revisar al recibirlo". 

    Asegura la defensa que para tratar de cumplir con la fecha límite, el gobierno cambió y comprometió su práctica de producción anterior y le otorgó a Mones el tiempo y el trabajo considerables necesarios para que la producción se pudiera revisar.

    El disco duro fue entregado al abogado el 25 de octubre de 2020 y contenía material confidencial sobre otras investigaciones que el Departamento de Seguridad Nacional había copiado por error en el disco.

    En ese sentido, advirtieron que Mones Coro no se le debería retrasar aún más su sentencia o tomarse el tiempo para revisar los nuevos materiales producidos. 

   Agrega que "es difícil ver cómo el gobierno podría reclamar la necesidad de confiar en información que solo consideró conveniente recopilar, de su propia Fuente, más de un año después de acusar a Mones". 

   Mones se declaró culpable en noviembre de 2019 de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos al negociar viajes aéreos privados de pasajeros para sus coacusados ​​Tareck Zaidan El Aissami Maddah y Samark José López Bello, después de que la OFAC designara a esas personas como Traficantes de Estupefacientes Especialmente Designados.

En Nueva York: Ingresan nuevo documento al expediente de Hugo "el Pollo" Carvajal, acusado de delitos de narcotráfico por el gobierno de EE. UU.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   El ingreso de una nueva pieza al extenso expediente del ex-jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal Barrios,  en la Corte del Distrito Sur de Nueva York elevó las alarmas y generó rumores sobre su supuesta ubicación y detención. Carvajal Barrios, se encuentra prófugo de la justicia desde noviembre de 2019.  El gobierno de España aprobó el 4 de marzo la solicitud del Ministro de Justicia de ese país, Juan Carlos Campo, de entregar a los Estados Unidos al militar venezolano para ser enjuiciado por delitos de tráfico de drogas y de armas y por estar relacionado con el grupo terrorista colombiano FARC. Hasta ahora las autoridades desconocen el paradero del presunto narcotraficante miembro del cártel de los Soles de Venezuela.

 Carvajal Barrios fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela durante ocho años en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. 

   El viernes 6 de marzo a última hora se supo que los fiscales introdujeron en el expediente de Carvajal un documento sellado. Fuentes aseguraron que los fiscales neoyorquinos han mantenido la presión sobre el gobierno español para que se haga entrega del sujeto sobre el que pesan graves acusaciones de narcotráfico.

   El militar se separó  del gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2019 y manifestó su respaldo al líder opositor, Juan Guaidó cuando éste ofreció amnistía los militares que lo apoyaran como presidente encargado de Venezuela. Posteriormente, huyó de Venezuela en un barco y fue arrestado en Madrid en abril de 2019.

   Luego desapareció en noviembre de 2019 después de que un tribunal español dictaminó que debía ser extraditado a los EE. UU. La policía española no ha podido localizarlo desde entonces.

  De acuerdo a los documentos judiciales, el militar es “es reclamado por la justicia de los Estados Unidos por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019 cuando presuntamente pertenecía al llamado ‘Cártel de los Soles’, dedicado al transporte de cargamentos de droga hacia EE. UU".  

   Desde 2008, Carvajal Barrios fue designado como narcotraficante en la Oficina para el Control de Activos Extranjeros dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU, tras ser acusado de de narcotráfico, blanqueo de capitales y de colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en EEUU.

  Carvajal Barrios tiene dos expedientes en Estados Unidos, uno en  la Corte Federal del Sur de Nueva York y en la Fiscalía Federal del Distrito Sur del Estado de Florida.

   El 14 de junio de 2019, el Consejo de Ministros español acordó la

continuación en vía judicial del procedimiento. El 17 de septiembre de 2019, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó denegar la extradición y lo puso en libertad. Dicha resolución fue recurrida por el Ministerio Fiscal y, el 8 de noviembre de 2019, la Sala Penal de la Audiencia Nacional acordó la entrega del citado individuo a EEUU. Ratificada la decisión el 20 de noviembre de 2019, Carvajal no fue encontrado en su domicilio. y hasta la fecha se desconocía su paradero desde que huyó de su residencia al conocerse que lo iban a extraditar.

  La acusación federal dice que Carvajal Barrios presuntamente envío a los Estados Unidos 5.6 toneladas de cocaína exportadas de Venezuela  a México en abril de 2006.  

  De ser declarado culpable, Carvajal Barrios enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua. 

  El caso de Carvajal Barrios está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía de Nueva York, bajo la coordinación de los fiscales federales adjuntos Emil J. Bove III, Amanda L. Houle y Matthew J. Laroche, con la asistencia de Adam Fels de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.

Juicio a implicados en el caso Solid Show concluye el 15 de diciembre

 Por Maibort Petit

@maibortpetit  

    Erica Maraver C., abogada defensora de los implicados en el caso Solid Show informó que para el 15 de diciembre del presente año 2019, se estima que concluya el juicio, al tiempo que se mostró confiada de que sus representados quedarán en libertad plena por falta de evidencias, después de haberse evacuado más de cien órganos de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público que no lograron demostrar su culpabilidad.

   Igualmente dio a conocer que el caso se reactivó en República Dominicana el pasado 9 de noviembre cuando se dio continuidad al proceso judicial de los cinco venezolanos implicados, quienes han permanecido sin audiencia por más de cuatro años, entretanto los verdaderos culpables fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía.

  Maraver ha venido denunciando la comisión de una serie de irregularidades que han tenido lugar en el proceso judicial, tales como retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados bajo su defensa[1]. La abogada considera como un hecho insólito que a estas personas, militares de oficio, se les haya concedido el beneficio de libertad condición con régimen de presentación cada 30 días. Aseguró que el Ministerio Público ha demostrado su incompetencia la cual ha sido dada a conocer por la prensa dominicana.

  Los medios de comunicación de República Dominicana informaron que el Ministerio Público de Santo Domingo Este alertó a distintos organismos de inteligencia, militares, policiales y migratorios, a objeto de que se activaran en la búsqueda y captura del ex-teniente coronel de la Policía Nacional y el ex segundo teniente del ejército, Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, respectivamente, señalados de presuntamente integrar una red de narcotráfico internacional.

   Lluberes Sánchez y Pérez Vásquez fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía al ser tenidos ambos como presuntos integrantes de la estructura criminal responsable de la operación de narcotráfico de la que se ha hecho referencia y tuvo lugar en marzo de 2015 en el Aeropuerto Internacional de las Américas.

   Los dos imputados no comparecieron en la audiencia del pasado 9 de noviembre, pese a que fueron debidamente citados por el Ministerio Público, aseguró esa institución que solicitó ante el Tribunal Colegiado de Santo Domingo, la declaratoria de prófugos en virtud de lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal dominicano. La petición fue acogida por el juez a cargo de la causa[2].

  El 10 de abril de 2015 a Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo Este les impuso tres meses de prisión preventiva como medida de presión, pero la medida les fue cambiada por presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida, a solicitud de sus abogados.

   Sin embargo, el abogado defensor de estos hombres, Manuel Soto Lara, negó que los oficiales se encuentren prófugos pues, sencillamente, no fueron citados a la audiencia del 15 de noviembre como asegura el Ministerio Público y, por tanto, no se encuentran evadidos.

   “Mientras los dueños de esa droga andan en libertad por ahí, a los que de manera indirecta le están granjeando la impunidad, sobre lo cual también hay que hacer una investigación profunda para que los reales dueños de esa droga aparezcan”, dijo el abogado[3].

Así fueron los hechos

  En el Aeropuerto Internacional de las Américas “José Francisco Peña Gómez” de República Dominicana aterrizó el 17 de marzo de 2015 la aeronave modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T, proveniente de Venezuela en la cual las autoridades decomisaron nueve maletas que contenían 454 kilos de cocaínas contenidos en 450 paquetes. La avioneta había despegado del aeropuerto Caracas ubicado en Charallave, estado Miranda.

  En Venezuela, en la misma fecha, el Ministerio Público acusó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, a quienes señaló de estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. Ambos fueron detenidos en la terminal aérea mirandina, junto a Joseph Viera Betancourt, quien era empleado de seguridad de la empresa ASEG. Después fue detenido en el estado Lara, por orden del Ministerio Público, el sargento segundo de apellido Junior Valera Arango, señalados por tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas.

   Las fiscales 3ª y 27ª nacional, así como la 19ª del estado Miranda, Eilyn Ruiz, Yemina Marcano y Gladys Valera, respectivamente, imputaron a Sánchez Espinoza por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir. Se solicitó al Tribunal 5° de Control de Miranda admitir la acusación, así como el enjuiciamiento de los efectivos castrenses, quienes fueron remitidos al Internado Judicial de El Rodeo II.

  Por este caso se imputó también a Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show, quien fue aprehendido el 30 de marzo de 2015 en Caracas. Igualmente está detenido el comerciante Juan Jacinto González Contreras. Los dos están acusados de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

  Igualmente han sido detenidos por este caso, Luís Alejandro Hurtado Arévalo (socio de Juan Araujo), Zoraimi Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), y Marille Manzanilla (gerente administrativa), a quienes se les acusa de legitimación de capitales.

  A estas nueve personas se les precalificó el delito de asociación para delinquir.

  Entretanto, en República Dominicana fueron detenidos los venezolanos Edmundo Medina, Francisco Velásquez, José Houtman, José Velásquez y Mirian Díaz. Tanto Medina Torrealba, como  Houtman aseguraron a Venezuela Política declaraciones grabadas, que se encuentran secuestrados en República Dominicana y sin haber sido interrogados, que han recibido amenazas de muerte, mientras que los verdaderos culpables, unos militares dominicanos se encuentran en libertad[4].

  Se aprehendió también a los dos pilotos venezolanos, Edmundo José Medina Torrealba (38 años), y  Francisco Javier Velazco Tory (34), así como tres pasajeros, a saber, José Manuel Houtmam, José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesús Díaz Marín; así como cinco militares dominicanos.

  Para el mes de octubre de 2016, el teniente de la Guardia Nacional, Richard Sánchez, fue condenado a 17 años de prisión después de admitir su culpa antes del inicio del juicio, por lo que el Ministerio Público procedió a la adjudicación de la pena.

Citas

[1] Venezuela Política. “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”. 8 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/familiares-y-abogada-de-detenidos.html

[2] You Tube. “Ex teniente coronel de la Policía Nacional y un ex segundo teniente del Ejército, profugos por droga”. https://www.youtube.com/watch?v=gGUKtT59kq4&feature=youtu.be

[3] You Tube. “Abogado niega oficiales vinculados a supuesta red de narcotráfico estén prófugos”. 25 de noviembre de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=_v0x6owurPQ&feature=youtu.be

[4] Venezuela Política. “Habla el piloto del caso Solid Show y un pasajero del avión presos en República Dominicana: Estamos secuestrados y hasta la fecha no hemos sido interrogados”. 18 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/habla-el-piloto-del-caso-solid-show-y.html

Juez de NY fija audiencia previa al juicio para los tres hombres acusados de violar sanciones impuestas por EE. UU. contra a Tareck El Aissami

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Este martes se fijó una nueva audiencia —previa al juicio— del caso de los tres ciudadanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). La nueva cita será el 3 de enero de 2020 y en la misma se acordará el calendario del juicio.

Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Los tres individuos fueron arrestados en marzo de este año en el estado de la Florida. 

La audiencia de este martes tuvo que ser prorrogada debido a que en el piso 34 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se presentó un conato de incendio que obligó a desalojar el edificio. Una vez controlado el incidente, los abogados de la defensa y el fiscal estadounidense, Emil Bove se hicieron presentes en la sala el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein para acordar la nueva fecha de la audiencia, que busca aclarar todos los pasos del proceso que implica la entrega del descubrimiento (evidencias), y la aprobación del calendario para la selección del jurado y fechas de inicio del juicio que podría ser para el segundo semestre del 2020.   

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo del cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.

 Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos, podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal.

Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.

Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos.

El Aissami y López Bello fueron acusados ​​cada uno de cinco cargos de eludir sanciones y violar la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, que se dirige a personas que se cree amenazan los intereses de la política económica y exterior de Estados Unidos.

El Aissami y Samark López fueron los primeros sujetos de las sanciones de la OFAC en febrero de 2017, por su presunta participación en el tráfico de drogas. En ese momento, varios de sus activos estaban congelados y los ciudadanos y las empresas de EE. UU. estaban bloqueados para realizar actividades comerciales con ellos.

El Aissami ha estado vinculado a narcotraficantes y delincuentes como los Zetas en México y el narcotraficante colombiano, Daniel "El Loco" Barrera, desde 2008 cuando operaba como ministro de relaciones interiores de Hugo Chávez. También se le ha asociado con grupos terroristas como Hezbolá, aunque estas conexiones aún no se han verificado por completo.

Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio

Por Maibort Petit

@maiborpetit

Tres ciudadanos venezolano-americanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro), se declararon no culpables ante un tribunal en Nueva York. El juez no ha fijado aún la fecha del juicio. 

Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero fueron arrestados en marzo de 2019 en el estado de la Florida. Luego de la primera audiencia de presentación y el respectivo traslado a Manhattan, los acusados fueron presentados ante el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein quien estará al frente del caso.

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo por el cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos: 

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas. 

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones. 

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos 

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana. 

La fiscalía sostiene que Tareck  El Aissami  y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela. 

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York,  a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también  por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.

Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos,  podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal. 

La próxima audiencia del caso se realizará en la segunda semana de agosto donde se dará a conocer el cronograma para el juicio cuya fecha no se ha dado a conocer.

Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional,  Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.

Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos. 

Estados Unidos: Venezuela fracasó en la lucha contra las drogas

El informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) asegura que el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado medidas contra los individuos y las empresas que el Departamento del tesoro designó como narcotraficantes, los cuales juegan un papel importante en el narcotráfico internacional.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

 De acuerdo con el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés) Venezuela —al igual que Bolivia— fracasó en la lucha contra el narcotráfico, pues los gobiernos de estos países no cumplieron con los tratados internacionales antinarcóticos que establecen las pautas que las distintas naciones del orbe deben seguir para combatir este flagelo.

El INCCRS es elaborado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para presentarlo ante el Congreso y este año identificó a diecisiete países de la región, entre un grupo de 22, bien como productores o punto de tránsito de drogas.

Estados Unidos evalúa cada año los esfuerzos y políticas implementadas por los distintos países, dirigidos a reducir la producción, el tráfico y uso de drogas ilícitas. Igualmente se analiza la labor que cada gobierno adelanta para contrarrestar la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.

La administración de Donald Trump fue enfática en el informe al asegurar que durante 2018, el gobierno venezolano no realizó esfuerzos demostrables para combatir las actividades de tráfico ilegal de drogas, ni para enjuiciar a los funcionarios corruptos o presuntos narcotraficantes incursos en narcotráfico.

En entre los funcionarios supuestamente incursos en actividades de narcotráfico, el gobierno estadounidense destaca a aquellos que han sido sancionados por EE. UU. “La administración de Maduro demostró una completa falta de voluntad de implementar los cambios de política tan necesarios para hacer cumplir las leyes existentes en materia de narcotráfico. Esto creó un alto nivel de impunidad en razón de la falta de transparencia y los altos niveles de corrupción”.

Sostiene el informe que Venezuela sigue perfilándose como un importante país de tránsito de drogas, constituyéndose como una de las rutas preferidas por los traficantes en el hemisferio occidental, especialmente para el comercio de la cocaína.

Se indica que en 2018, la porosa frontera entre Venezuela y Colombia, así como el débil sistema judicial débil, la casi inexistente cooperación internacional para el control de drogas y el entorno permisivo y corrupto, proporcionaron las condiciones ideales para llevar a cabo operaciones de narcotráfico y violencia asociada a esta actividad.

Precisa que no existen datos suficientes que permitan determinar las tendencias actuales del consumo de drogas en Venezuela, pues la Oficina Nacional Antinarcóticos, (ONA) no ha publicado ninguna estadística desde 2015.

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos subraya que las fronteras ofrecieron un ambiente permisivo a los grupos terroristas conocidos involucrados en el tráfico de drogas, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se asevera —como ya se apuntó— que el gobierno de Nicolás Maduro no tomó medidas contra individuos y empresas designados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales juegan un papel importante en el narcotráfico internacional.

El informe dice que en Venezuela el cultivo limitado de coca ocurre a lo largo de la frontera con Colombia, indicándose que los precursores químicos utilizados para la producción de la cocaína son traficados por el territorio venezolano, pero se desconoce la cantidad.

En 2018, las autoridades venezolanas no dieron a conocer estadísticas sobre incautaciones de laboratorios de drogas o precursores químicos.

Logros, políticas y tendencias del control de drogas en Venezuela

Señala el informe, en primer término, que en materia de desarrollo institucional, durante 2013, la ONA implementó el “Programa Nacional Antidrogas, Plan para 2015-2019”, el cual tenía por objetivo reducir el consumo de drogas y aumentar las actividades de prevención.

En ese entonces, la referida agencia antidrogas venezolana informó haber trabajado estrechamente con la sociedad civil para brindar capacitación en educación antidrogas y programación atlética en diferentes áreas del país, de manera de aumentar la conciencia y prevenir consumo.

En mayo de 2014, Venezuela firmó un acuerdo internacional con Rusia para cooperar en la lucha contra las drogas y, en tal sentido, anunció operaciones conjuntas entre la Fiscalía Federal Rusa y la ONA.

Asimismo, la Ley Orgánica de Drogas de 2010 incrementó las penas por narcotráfico y otorgó a ONA la autoridad para confiscar los activos de individuos relacionados con el tráfico de drogas.

Pero en opinión de los redactores del informe, las pocas estadísticas que se conocen dificultan la evaluación de las incautaciones llevadas a cabo en 2018.

Se indica que el 4 de febrero, la ONA informó que desde 2005 había incautado 658 toneladas métricas (TM) de drogas, destruyó 284 laboratorios, incautó 37 aviones y cerró 481 pistas de aterrizaje ilegales. Adicionalmente, el 28 de septiembre, el presidente de ONA, Juan Grillo, dijo a los medios de comunicación que ese despacho había incautado más de 22 TM de drogas en 2018, y agregó que el gobierno incautó un 35 por ciento más de marihuana en comparación con 2017. Sin embargo, durante un conferencia de prensa que tuvo lugar el 25 de octubre, el fiscal general sancionado por la OFAC, Tarek William Saab, compartió que desde agosto de 2017, el gobierno había incautado casi 20 TM de drogas (7.2 TM de cocaína, 12 TM de marihuana y otras sustancias ilícitas). Saab también afirmó que Venezuela había incautado 23 aviones, cerraron 14 pistas de aterrizaje ilegales y detuvieron a 49 personas vinculadas al tráfico de drogas.

Como puede observarse, las cifras ofrecidas por uno y otro organismo son diferentes.

Reducción de la oferta

El INCSR refiere que Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito para los envíos de cocaína por vía aérea, terrestre y marítima, destacando que la mayoría de los vuelos sospechosos de tráfico de drogas salen de estados venezolanos que lindan con Colombia, principalmente el estado Zulia.

El tráfico por transporte marítimo incluye el uso de grandes contenedores de carga, embarcaciones de pesca y embarcaciones rápidas.

La gran mayoría de las drogas ilícitas que transitaron por Venezuela en 2018 estaban destinadas al área del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa.

Se enfatiza que las organizaciones colombianas de narcotraficantes, incluidas las FARC, el ELN y otros grupos delictivos, facilitan el envío de drogas ilícitas a través de Venezuela.

Aunque el gobierno venezolano informa ocasionalmente sobre incautaciones, arrestos y destrucción de drogas y pistas de aterrizaje al público, Venezuela no es miembro del Sistema de Cooperación Situacional que suministra información de los países a los Estados Unidos. Agrega que las autoridades venezolanas tampoco comparten pruebas sobre la destrucción de drogas ilícitas con funcionarios de los Estados Unidos.

Información pública, prevención y tratamiento.

En el informe se indica que el consumo de drogas ilícitas dentro de Venezuela —especialmente el cannabis y la cocaína— siguió siendo un problema en 2018, pero los datos estadísticos recientes no están disponibles.

Se cita que la ONA implementó un Sistema nacional de tratamiento en 2013 que formaba parte de un programa para tratar el trastorno derivado del uso de drogas y estupefacientes. Este sistema se sustentaba en la atención profesional dirigida a la desintoxicación y la reinserción social de quienes lo padecen.

El programa comprendía tres niveles, a saber el Centro de Orientación de la Familia, el Centro Especializado de Prevención y Asistencia Integral, y la Comunidad Terapéutica Socialista.

La corrupción

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos advierte que aunque el gobierno de Maduro no exhibe oficialmente el fomento y facilitación de la producción o distribución de drogas ilícitas como una cuestión de política pública, la corrupción se presenta como un problema imperante en la administración facilita el movimiento de las organizaciones de tráfico de drogas ilícitas.

Se hace mención al hecho de que dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores, a saber Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, en noviembre de 2015 y expulsados a los Estados Unidos en donde en diciembre de 2017, fueron sentenciados por un tribunal federal a pagar 18 años en prisión a raíz de sus condenas por cargos de narcotráfico.

Asimismo, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a al menos 22 personas y 27 empresas a las que designó como traficantes de narcóticos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Designación de los Impulsores Narcóticos.

Tales designaciones incluyen a oficiales y exoficiales venezolanos: el general Hugo Carvajal, el general Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín, en 2008. Freddy Bernal Rosales y Amilicar Jesús Figueroa, mayor general Cliver Alcalá Cordones y Ramón Isidro Madriz, en 2011. El entonces vicepresidente Tareck El Aissami y Samarak López, en 2017. Pedro Luís Martín y dos de sus asociados en 2018.

A pesar de las sanciones, el gobierno de Maduro no tomó medida alguna contra estos funcionarios, así como tampoco contra otros miembros de esa administración y militares con vínculos conocidos con las FARC o los carteles mexicanos en 2018.

Por el contrario, el gobierno de Maduro catalogó a las sanciones como un “complot extranjero para desestabilizar a nuestro gobierno”.

Objetivos nacionales, cooperación bilateral e iniciativas políticas de los Estados Unidos

Desde el año 2005, la cooperación en el control de drogas entre Venezuela y los Estados Unidos ha sido limitada e inconsistente. En esa ocasión Venezuela se negó a firmar un Memorando de Entendimiento entre ambos países para mejorar la cooperación antidroga.

Los Estados Unidos y Venezuela continúan ejerciendo un acuerdo bilateral marítimo de 1991 que permite a cada país abordar buques de bandera opuesta que sean sospechosos de tráfico ilícito de drogas en aguas internacionales.