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jueves, 5 de diciembre de 2019

Juicio a implicados en el caso Solid Show concluye el 15 de diciembre

 Por Maibort Petit
@maibortpetit  

    Erica Maraver C., abogada defensora de los implicados en el caso Solid Show informó que para el 15 de diciembre del presente año 2019, se estima que concluya el juicio, al tiempo que se mostró confiada de que sus representados quedarán en libertad plena por falta de evidencias, después de haberse evacuado más de cien órganos de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público que no lograron demostrar su culpabilidad.

   Igualmente dio a conocer que el caso se reactivó en República Dominicana el pasado 9 de noviembre cuando se dio continuidad al proceso judicial de los cinco venezolanos implicados, quienes han permanecido sin audiencia por más de cuatro años, entretanto los verdaderos culpables fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía.

  Maraver ha venido denunciando la comisión de una serie de irregularidades que han tenido lugar en el proceso judicial, tales como retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados bajo su defensa[1]. La abogada considera como un hecho insólito que a estas personas, militares de oficio, se les haya concedido el beneficio de libertad condición con régimen de presentación cada 30 días. Aseguró que el Ministerio Público ha demostrado su incompetencia la cual ha sido dada a conocer por la prensa dominicana.

  Los medios de comunicación de República Dominicana informaron que el Ministerio Público de Santo Domingo Este alertó a distintos organismos de inteligencia, militares, policiales y migratorios, a objeto de que se activaran en la búsqueda y captura del ex-teniente coronel de la Policía Nacional y el ex segundo teniente del ejército, Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, respectivamente, señalados de presuntamente integrar una red de narcotráfico internacional.

   Lluberes Sánchez y Pérez Vásquez fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía al ser tenidos ambos como presuntos integrantes de la estructura criminal responsable de la operación de narcotráfico de la que se ha hecho referencia y tuvo lugar en marzo de 2015 en el Aeropuerto Internacional de las Américas.

   Los dos imputados no comparecieron en la audiencia del pasado 9 de noviembre, pese a que fueron debidamente citados por el Ministerio Público, aseguró esa institución que solicitó ante el Tribunal Colegiado de Santo Domingo, la declaratoria de prófugos en virtud de lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal dominicano. La petición fue acogida por el juez a cargo de la causa[2].

  El 10 de abril de 2015 a Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo Este les impuso tres meses de prisión preventiva como medida de presión, pero la medida les fue cambiada por presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida, a solicitud de sus abogados.

   Sin embargo, el abogado defensor de estos hombres, Manuel Soto Lara, negó que los oficiales se encuentren prófugos pues, sencillamente, no fueron citados a la audiencia del 15 de noviembre como asegura el Ministerio Público y, por tanto, no se encuentran evadidos.

   “Mientras los dueños de esa droga andan en libertad por ahí, a los que de manera indirecta le están granjeando la impunidad, sobre lo cual también hay que hacer una investigación profunda para que los reales dueños de esa droga aparezcan”, dijo el abogado[3].

Así fueron los hechos

  En el Aeropuerto Internacional de las Américas “José Francisco Peña Gómez” de República Dominicana aterrizó el 17 de marzo de 2015 la aeronave modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T, proveniente de Venezuela en la cual las autoridades decomisaron nueve maletas que contenían 454 kilos de cocaínas contenidos en 450 paquetes. La avioneta había despegado del aeropuerto Caracas ubicado en Charallave, estado Miranda.

  En Venezuela, en la misma fecha, el Ministerio Público acusó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, a quienes señaló de estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. Ambos fueron detenidos en la terminal aérea mirandina, junto a Joseph Viera Betancourt, quien era empleado de seguridad de la empresa ASEG. Después fue detenido en el estado Lara, por orden del Ministerio Público, el sargento segundo de apellido Junior Valera Arango, señalados por tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas.

   Las fiscales 3ª y 27ª nacional, así como la 19ª del estado Miranda, Eilyn Ruiz, Yemina Marcano y Gladys Valera, respectivamente, imputaron a Sánchez Espinoza por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir. Se solicitó al Tribunal 5° de Control de Miranda admitir la acusación, así como el enjuiciamiento de los efectivos castrenses, quienes fueron remitidos al Internado Judicial de El Rodeo II.

  Por este caso se imputó también a Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show, quien fue aprehendido el 30 de marzo de 2015 en Caracas. Igualmente está detenido el comerciante Juan Jacinto González Contreras. Los dos están acusados de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

  Igualmente han sido detenidos por este caso, Luís Alejandro Hurtado Arévalo (socio de Juan Araujo), Zoraimi Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), y Marille Manzanilla (gerente administrativa), a quienes se les acusa de legitimación de capitales.

  A estas nueve personas se les precalificó el delito de asociación para delinquir.

  Entretanto, en República Dominicana fueron detenidos los venezolanos Edmundo Medina, Francisco Velásquez, José Houtman, José Velásquez y Mirian Díaz. Tanto Medina Torrealba, como  Houtman aseguraron a Venezuela Política declaraciones grabadas, que se encuentran secuestrados en República Dominicana y sin haber sido interrogados, que han recibido amenazas de muerte, mientras que los verdaderos culpables, unos militares dominicanos se encuentran en libertad[4].

  Se aprehendió también a los dos pilotos venezolanos, Edmundo José Medina Torrealba (38 años), y  Francisco Javier Velazco Tory (34), así como tres pasajeros, a saber, José Manuel Houtmam, José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesús Díaz Marín; así como cinco militares dominicanos.

  Para el mes de octubre de 2016, el teniente de la Guardia Nacional, Richard Sánchez, fue condenado a 17 años de prisión después de admitir su culpa antes del inicio del juicio, por lo que el Ministerio Público procedió a la adjudicación de la pena.

Citas

[1] Venezuela Política. “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”. 8 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/familiares-y-abogada-de-detenidos.html

[2] You Tube. “Ex teniente coronel de la Policía Nacional y un ex segundo teniente del Ejército, profugos por droga”. https://www.youtube.com/watch?v=gGUKtT59kq4&feature=youtu.be

[3] You Tube. “Abogado niega oficiales vinculados a supuesta red de narcotráfico estén prófugos”. 25 de noviembre de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=_v0x6owurPQ&feature=youtu.be

[4] Venezuela Política. “Habla el piloto del caso Solid Show y un pasajero del avión presos en República Dominicana: Estamos secuestrados y hasta la fecha no hemos sido interrogados”. 18 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/habla-el-piloto-del-caso-solid-show-y.html

martes, 22 de octubre de 2019

Juez de NY fija audiencia previa al juicio para los tres hombres acusados de violar sanciones impuestas por EE. UU. contra a Tareck El Aissami

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Este martes se fijó una nueva audiencia —previa al juicio— del caso de los tres ciudadanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). La nueva cita será el 3 de enero de 2020 y en la misma se acordará el calendario del juicio.

Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Los tres individuos fueron arrestados en marzo de este año en el estado de la Florida. 

La audiencia de este martes tuvo que ser prorrogada debido a que en el piso 34 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se presentó un conato de incendio que obligó a desalojar el edificio. Una vez controlado el incidente, los abogados de la defensa y el fiscal estadounidense, Emil Bove se hicieron presentes en la sala el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein para acordar la nueva fecha de la audiencia, que busca aclarar todos los pasos del proceso que implica la entrega del descubrimiento (evidencias), y la aprobación del calendario para la selección del jurado y fechas de inicio del juicio que podría ser para el segundo semestre del 2020.   

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo del cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.
 Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos, podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal.


Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.

Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos.


El Aissami y López Bello fueron acusados ​​cada uno de cinco cargos de eludir sanciones y violar la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, que se dirige a personas que se cree amenazan los intereses de la política económica y exterior de Estados Unidos.


El Aissami y Samark López fueron los primeros sujetos de las sanciones de la OFAC en febrero de 2017, por su presunta participación en el tráfico de drogas. En ese momento, varios de sus activos estaban congelados y los ciudadanos y las empresas de EE. UU. estaban bloqueados para realizar actividades comerciales con ellos.

El Aissami ha estado vinculado a narcotraficantes y delincuentes como los Zetas en México y el narcotraficante colombiano, Daniel "El Loco" Barrera, desde 2008 cuando operaba como ministro de relaciones interiores de Hugo Chávez. También se le ha asociado con grupos terroristas como Hezbolá, aunque estas conexiones aún no se han verificado por completo.


jueves, 1 de agosto de 2019

Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio

Por Maibort Petit
@maiborpetit

Tres ciudadanos venezolano-americanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro), se declararon no culpables ante un tribunal en Nueva York. El juez no ha fijado aún la fecha del juicio. 
Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero fueron arrestados en marzo de 2019 en el estado de la Florida. Luego de la primera audiencia de presentación y el respectivo traslado a Manhattan, los acusados fueron presentados ante el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein quien estará al frente del caso.

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo por el cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos: 

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas. 

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.


Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones. 

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos 

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana. 

La fiscalía sostiene que Tareck  El Aissami  y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela. 

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York,  a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también  por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.

Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos,  podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal. 

La próxima audiencia del caso se realizará en la segunda semana de agosto donde se dará a conocer el cronograma para el juicio cuya fecha no se ha dado a conocer.

Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional,  Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.
Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos. 







lunes, 8 de abril de 2019

Estados Unidos: Venezuela fracasó en la lucha contra las drogas

El informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) asegura que el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado medidas contra los individuos y las empresas que el Departamento del tesoro designó como narcotraficantes, los cuales juegan un papel importante en el narcotráfico internacional.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
 De acuerdo con el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés) Venezuela —al igual que Bolivia— fracasó en la lucha contra el narcotráfico, pues los gobiernos de estos países no cumplieron con los tratados internacionales antinarcóticos que establecen las pautas que las distintas naciones del orbe deben seguir para combatir este flagelo.

El INCCRS es elaborado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para presentarlo ante el Congreso y este año identificó a diecisiete países de la región, entre un grupo de 22, bien como productores o punto de tránsito de drogas.
Estados Unidos evalúa cada año los esfuerzos y políticas implementadas por los distintos países, dirigidos a reducir la producción, el tráfico y uso de drogas ilícitas. Igualmente se analiza la labor que cada gobierno adelanta para contrarrestar la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.

La administración de Donald Trump fue enfática en el informe al asegurar que durante 2018, el gobierno venezolano no realizó esfuerzos demostrables para combatir las actividades de tráfico ilegal de drogas, ni para enjuiciar a los funcionarios corruptos o presuntos narcotraficantes incursos en narcotráfico.

En entre los funcionarios supuestamente incursos en actividades de narcotráfico, el gobierno estadounidense destaca a aquellos que han sido sancionados por EE. UU. “La administración de Maduro demostró una completa falta de voluntad de implementar los cambios de política tan necesarios para hacer cumplir las leyes existentes en materia de narcotráfico. Esto creó un alto nivel de impunidad en razón de la falta de transparencia y los altos niveles de corrupción”.

Sostiene el informe que Venezuela sigue perfilándose como un importante país de tránsito de drogas, constituyéndose como una de las rutas preferidas por los traficantes en el hemisferio occidental, especialmente para el comercio de la cocaína.

Se indica que en 2018, la porosa frontera entre Venezuela y Colombia, así como el débil sistema judicial débil, la casi inexistente cooperación internacional para el control de drogas y el entorno permisivo y corrupto, proporcionaron las condiciones ideales para llevar a cabo operaciones de narcotráfico y violencia asociada a esta actividad.

Precisa que no existen datos suficientes que permitan determinar las tendencias actuales del consumo de drogas en Venezuela, pues la Oficina Nacional Antinarcóticos, (ONA) no ha publicado ninguna estadística desde 2015.

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos subraya que las fronteras ofrecieron un ambiente permisivo a los grupos terroristas conocidos involucrados en el tráfico de drogas, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se asevera —como ya se apuntó— que el gobierno de Nicolás Maduro no tomó medidas contra individuos y empresas designados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales juegan un papel importante en el narcotráfico internacional.

El informe dice que en Venezuela el cultivo limitado de coca ocurre a lo largo de la frontera con Colombia, indicándose que los precursores químicos utilizados para la producción de la cocaína son traficados por el territorio venezolano, pero se desconoce la cantidad.

En 2018, las autoridades venezolanas no dieron a conocer estadísticas sobre incautaciones de laboratorios de drogas o precursores químicos.

Logros, políticas y tendencias del control de drogas en Venezuela

Señala el informe, en primer término, que en materia de desarrollo institucional, durante 2013, la ONA implementó el “Programa Nacional Antidrogas, Plan para 2015-2019”, el cual tenía por objetivo reducir el consumo de drogas y aumentar las actividades de prevención.
En ese entonces, la referida agencia antidrogas venezolana informó haber trabajado estrechamente con la sociedad civil para brindar capacitación en educación antidrogas y programación atlética en diferentes áreas del país, de manera de aumentar la conciencia y prevenir consumo.

En mayo de 2014, Venezuela firmó un acuerdo internacional con Rusia para cooperar en la lucha contra las drogas y, en tal sentido, anunció operaciones conjuntas entre la Fiscalía Federal Rusa y la ONA.

Asimismo, la Ley Orgánica de Drogas de 2010 incrementó las penas por narcotráfico y otorgó a ONA la autoridad para confiscar los activos de individuos relacionados con el tráfico de drogas.

Pero en opinión de los redactores del informe, las pocas estadísticas que se conocen dificultan la evaluación de las incautaciones llevadas a cabo en 2018.

Se indica que el 4 de febrero, la ONA informó que desde 2005 había incautado 658 toneladas métricas (TM) de drogas, destruyó 284 laboratorios, incautó 37 aviones y cerró 481 pistas de aterrizaje ilegales. Adicionalmente, el 28 de septiembre, el presidente de ONA, Juan Grillo, dijo a los medios de comunicación que ese despacho había incautado más de 22 TM de drogas en 2018, y agregó que el gobierno incautó un 35 por ciento más de marihuana en comparación con 2017. Sin embargo, durante un conferencia de prensa que tuvo lugar el 25 de octubre, el fiscal general sancionado por la OFAC, Tarek William Saab, compartió que desde agosto de 2017, el gobierno había incautado casi 20 TM de drogas (7.2 TM de cocaína, 12 TM de marihuana y otras sustancias ilícitas). Saab también afirmó que Venezuela había incautado 23 aviones, cerraron 14 pistas de aterrizaje ilegales y detuvieron a 49 personas vinculadas al tráfico de drogas.

Como puede observarse, las cifras ofrecidas por uno y otro organismo son diferentes.

Reducción de la oferta

El INCSR refiere que Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito para los envíos de cocaína por vía aérea, terrestre y marítima, destacando que la mayoría de los vuelos sospechosos de tráfico de drogas salen de estados venezolanos que lindan con Colombia, principalmente el estado Zulia.

El tráfico por transporte marítimo incluye el uso de grandes contenedores de carga, embarcaciones de pesca y embarcaciones rápidas.

La gran mayoría de las drogas ilícitas que transitaron por Venezuela en 2018 estaban destinadas al área del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa.

Se enfatiza que las organizaciones colombianas de narcotraficantes, incluidas las FARC, el ELN y otros grupos delictivos, facilitan el envío de drogas ilícitas a través de Venezuela.

Aunque el gobierno venezolano informa ocasionalmente sobre incautaciones, arrestos y destrucción de drogas y pistas de aterrizaje al público, Venezuela no es miembro del Sistema de Cooperación Situacional que suministra información de los países a los Estados Unidos. Agrega que las autoridades venezolanas tampoco comparten pruebas sobre la destrucción de drogas ilícitas con funcionarios de los Estados Unidos.

Información pública, prevención y tratamiento.

En el informe se indica que el consumo de drogas ilícitas dentro de Venezuela —especialmente el cannabis y la cocaína— siguió siendo un problema en 2018, pero los datos estadísticos recientes no están disponibles.

Se cita que la ONA implementó un Sistema nacional de tratamiento en 2013 que formaba parte de un programa para tratar el trastorno derivado del uso de drogas y estupefacientes. Este sistema se sustentaba en la atención profesional dirigida a la desintoxicación y la reinserción social de quienes lo padecen.

El programa comprendía tres niveles, a saber el Centro de Orientación de la Familia, el Centro Especializado de Prevención y Asistencia Integral, y la Comunidad Terapéutica Socialista.

La corrupción

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos advierte que aunque el gobierno de Maduro no exhibe oficialmente el fomento y facilitación de la producción o distribución de drogas ilícitas como una cuestión de política pública, la corrupción se presenta como un problema imperante en la administración facilita el movimiento de las organizaciones de tráfico de drogas ilícitas.

Se hace mención al hecho de que dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores, a saber Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, en noviembre de 2015 y expulsados a los Estados Unidos en donde en diciembre de 2017, fueron sentenciados por un tribunal federal a pagar 18 años en prisión a raíz de sus condenas por cargos de narcotráfico.

Asimismo, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a al menos 22 personas y 27 empresas a las que designó como traficantes de narcóticos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Designación de los Impulsores Narcóticos.

Tales designaciones incluyen a oficiales y exoficiales venezolanos: el general Hugo Carvajal, el general Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín, en 2008. Freddy Bernal Rosales y Amilicar Jesús Figueroa, mayor general Cliver Alcalá Cordones y Ramón Isidro Madriz, en 2011. El entonces vicepresidente Tareck El Aissami y Samarak López, en 2017. Pedro Luís Martín y dos de sus asociados en 2018.

A pesar de las sanciones, el gobierno de Maduro no tomó medida alguna contra estos funcionarios, así como tampoco contra otros miembros de esa administración y militares con vínculos conocidos con las FARC o los carteles mexicanos en 2018.

Por el contrario, el gobierno de Maduro catalogó a las sanciones como un “complot extranjero para desestabilizar a nuestro gobierno”.

Objetivos nacionales, cooperación bilateral e iniciativas políticas de los Estados Unidos

Desde el año 2005, la cooperación en el control de drogas entre Venezuela y los Estados Unidos ha sido limitada e inconsistente. En esa ocasión Venezuela se negó a firmar un Memorando de Entendimiento entre ambos países para mejorar la cooperación antidroga.

Los Estados Unidos y Venezuela continúan ejerciendo un acuerdo bilateral marítimo de 1991 que permite a cada país abordar buques de bandera opuesta que sean sospechosos de tráfico ilícito de drogas en aguas internacionales.

martes, 5 de marzo de 2019

Piden investigar a presidenta de Venetur por presuntas vinculaciones financieras con Diosdado Cabello

Una ciudadana cubano-venezolana, quien cumple funciones en el régimen de Nicolás Maduro es señalada por estar presuntamente vinculada a Diosdado Cabello. La mujer, presidenta de Venetur, habría llevado a cabo sus actividades irregulares que beneficiarían a la familia Cabello-Contreras.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un grupo de ciudadanos, cuya identidad se mantiene anónima por razones de seguridad, solicitaron a las autoridades investigar las supuestas actividades ilícitas que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y su esposa Marleny Josefina Contreras Hernández, llevan a cabo en perjuicio del patrimonio nacional y que estarían vinculadas con negocios irregulares mantenidos en el área de turismo a través de la ciudadana cubano-venezolana, Leticia Cecilia Gómez Hernández, quien fue designada como presidenta de la empresa estatal Venezolana de Turismo S.A. (Venetur). 

Hay que recordar que desde el 7 de abril de 2015 hasta el 14 de junio de 2018, fecha esta última cuando fue nombrada ministra de Obras Públicas, Marleny Contreras ejerció como titular del Ministerio de Turismo, cargo al que llegó en sustitución de Andrés Izarra. También fue presidenta encargada de Venetur y del Instituto Nacional de Turismo S. A. desde el 21 de abril de 2015[1].

A la posición de presidenta de Venetur, Leticia Cecilia Gómez Hernández habría llegado de la mano de los Cabello, según revela el documento, convirtiéndose los hoteles pertenecientes a la cadena del estado venezolano—especialmente el Hotel Margarita Hilton, Hotel Mare Mare Hilton, Hotel Intercontinental Valencia, expropiados por el gobierno— en los instrumentos para cometer las supuestas irregularidades. Muchos de las operaciones se estarían realizando  supuestamente, en el Hotel Mar Caribe en Sucre. La denuncia sostiene  que "Las Marinas, especialmente las de oriente, serían el recinto que guarda los yates y embarcaciones, para lo cual contarían con la complicidad de Javier Quintero, Ramón Silva y la esposa de este Jenifer Flaute, quien ejerce como gerente de ventas".

"Para destinarlos al desarrollo hotelero, Gómez Hernández habría recibido y administrado grandes presupuestos provenientes de los arriendos de inmuebles de la empresa estatal en Maracaibo, Valencia y Puerto Ordaz, los cuales habría desviado a actividades irregulares", dice los denunciantes.

La protagonista

Leticia Cecilia Gómez Hernández —según la denunciapresuntamente  fue nacionalizada de manera irregular por Dante Rivas cuando estaba al frente del Saime —al parecer no cumplía con los requisitos legales para ello— posee la Cédula de Identidad N° V-31.891.281.

Ejerce el sufragio en la Unidad Educativa Educacional Porlamar, de la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta.

En la red social LinkedIn se presenta como gerente general de hotel desde diciembre de 2013, aunque no hace más especificaciones. Igualmente, en esta página informa que es ingeniera industrial[2], "pero no hay registros que así lo confirmen", revelan los denunciantes.

La denuncia señala que funcionaria habría "adquirido mansión en Margarita por la que pagó USD 160 mil".

Designación en Venetur

El 24 de septiembre de 2018, a través del Decreto N° 3.621 de la presidencia de la república, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.488[3] de la misma fecha, Nicolás Maduro Moros, de  conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236  ejusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos  4º, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y delegando en la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, la ejecución del acto de juramentación, designó a Leticia Cecilia Gómez Hernández, presidenta de la de la empresa del estado  Venezolana de Turismo Venetur S.A.

La designación fue refrendada por la ministra del poder popular para el turismo, Stella Marina Lugo de Montilla.

Sobre Venetur

Venezolana de Turismo (Venetur) es, tal como lo reza en su página web[4], la tour operadora de productos turísticos de la nación venezolana, “creada para satisfacer y beneficiar a toda la población a escala nacional e internacional, garantizando servicios de recreación, esparcimiento y negocio a precios accesibles, bajo los lineamientos de eficiencia, eficacia, y por ende calidad”.

Agrega para dar cumplimiento a este cometido, Venetur cuenta con una infraestructura hotelera, marítima y comercial que le “permite ser catalogados como la mayor plataforma instalada en el país. Gracias a estas particularidades, Venetur garantiza la promoción de las maravillas geográficas y la variedad de riquezas naturales, a través de un esquema de servicio enmarcado en la comodidad, seguridad y excelencia en la atención”.

Venetur tiene a su cargo una red hotelera conformada por el Hotel Venetur Alba Caracas y el Hotel Residencias Venetur Anauco, en el Distrito Capital; el Hotel Venetur Amazonas en el estado Amazonas; Hotel Venetyr Maremares y el Hotel Venetur Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui; el Hotel Caroní en el estado Barinas; el Hotel Venetur Orinoco y el Campamento Venetur Canaima en el estado Bolívar; Hotel Venetur Valencia en Carabobo; Hotel Venetur Morrocoy en Falcón; Hotel Venetur Mérida en el estado Mérida; Hotel Venetur Maturín en Monagas; Hotel Venetur Margarita en Nueva Esparta; Hotel Venetur Cumaná y el Hoter Venetur Mar Caribe en Sucre; y el Hotel Venetur Maracaibo en el estado Zulia. Igualmente posee la Red de Marinas Deportivas de Venetur S.A. que prestan servicio a las embarcaciones en Caraballeda, Cumaná y Margarita. Asimismo, posee el Hato Venetur Caroní a diez minutos de la ciudad de Barinas.


Notas citadas


[1] Poderopedia. Marleny Contreras. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Marleny_Contreras

[2] LinkedIn. Leticia Cecilia Gómez Hernández. https://www.linkedin.com/in/leticia-cecilia-g%C3%B3mez-hernandez-38174114a/

[3] Pandectas Digital. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.488. 24 de septiembre de 2018. https://app.box.com/s/1lw4exurrly38mdktxctn6qevkdpfzqg

[4] Venetur. http://www.venetur.gob.ve/

domingo, 3 de marzo de 2019

PARTE III: En el Amazonas hay laboratorios que procesan cocaína que luego es enviada en aviones del gobierno a Cuba

En la tercera parte de la conversación que sostuvimos con el Teniente desertor del ejército venezolano, Daniel Archer Chirinos, el militar asegura que fue testigo de una discusión entre miembros de la guerrilla, el ELN y oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en el territorio amazónico venezolano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

Daniel Archer Chirinos, un teniente que desertó del Ejército venezolano y que logró conocer los secretos que se esconden en ese vasta zona geográfica donde conviven desde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cárteles de la droga, garimpeiros y otros elementos del crimen organizado internacional. El oficial sostuvo que en Amazonas hay laboratorios que procesan cocaína procedente de Bolivia y Colombia, y luego esa droga de traslada en aviones del gobierno venezolano a Maiquetía, para luego ser enviada a Cuba desde donde se transportaba a México para que los cortes de Juárez y el de Sinaloa lo meten a los Estados Unidos por la frontera.
Archer Chirinos sostiene que el general de Brigada, Tito José Urdaneta Zenil; el Comandante del N- 521 Batallón de Infantería de Selva, Joey  Roy Niño Castro y el Mayor José Daniel Caraballo Mudarra, el Comandante de la ZODI, el Mayor Manuel Alfonzo Graterol; el comandante de la Guardia del muelle y los agentes de la Guardia Nacional y el resto de las autoridades militares que estaban en el estado Amazonas sostienen relaciones directas con los grupos guerrilleros y del narcotráfico que operan en el el Amazonas.

Comentó que cuando estuvo en la Base Territorial de Seguridad de Yapacana lo enviaron con 4 sargentos y 20 tropas alistadas a la zona. "Yo por supuesto tenía conocimiento que allá operaban elementos de guerrilla pero no fue sino hasta que llegué a la base que choqué con un muro de contención de lo que realmente existía".

Continúo señalando lo siguiente: "El sargento que estaba conmigo (el más antiguo), me mostró unas notas de voz que eran del segundo comandante que es el Mayor Caraballo Mudarra, dándole una serie de órdenes, es decir, utilizando al sargento como intermediario para recaudarle cuotas, negociar con los comandantes de guerrilla".

Explicó que en la zona de Yapacana existen unos radios a través de los cuales se comunican.los mineros y los guerrilleros. "El sargento me entregó el radio y me dijo: Mi teniente, si usted no asume el mando lo asumo yo. Obviamente como yo era el oficial, tuve que asumir el mando y tratar de controlar la situación lo más que pude".

Dijo que en oportunidades le tocó sentarse  a negociar con los guerrilleros, y vio como esos agentes explotan a los ciudadanos venezolanos y colombianos. Ellos extraen minerales con maquinarias que pasaban todas las alcabalas que están en el río sin ningún problema o supervisión.

En una segunda oportunidad, Archer Chirinos asegura que vio campamentos de garimpeiros brasileños en Amazonas. "El general tenía conocimiento de esto y no hacía nada. Pide observar las comunidades indígenas que estaban prácticamente muriendo de hambre, a pesar que el ministro de los indígenas dice que les provee de comidas. 

Dijo que había visto niños que las niguas (insectos) les estaban comiendo sus partes íntimas por falta de medicamentos. El 50 por ciento de los  niños de la tribu Yanomamis que nacen mueren por malaria,  paludismo. Viven en condiciones críticas, y pareciera que el gobierno nunca hubiese pasado por allí.
La tercera vez que se adentró al lugar fue cuando desertó, y decidió ir nuevamente a recabar pruebas. Fue cuando observó la presencia del narcotráfico. 

¿Opera el narcotráfico en esa parte de la frontera?

En la frontera -que es muy amplia- hay zonas donde los colombianos pasan toda la cocaína que les de la gana, ellos la transportan en avionetas más adelante de la Base de Seguridad Territorial de Santa Bárbara del Orinoco, donde se encuentra una posada turística que antes utilizaban mucho los norteamericanos, turistas que venían de todas partes del mundo a conocer nuestro Amazonas, la posada de Manacas. Allí hay una pista donde pueden aterrizar aeronaves pequeñas. Esa pista- afirmó- la están usando para transportar la mercancía (cocaína) hacia los puntos donde ellos las distribuyen después que llega allí, [al Amazonas].

Sostuvo que en oportunidades conversó con comandantes de la guerrilla, la mayoría de la mercancía llegaba a Puerto Ordaz, y luego la transportaban al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de  Maiquetía [La Guaira, estado Vargas] en aviones del gobierno. De allí lo embarcaban en una aerolínea cubana y desde Cuba, los altos funcionarios del gobierno la sacan a los distribuidores (porque recuerda que estamos hablando de un cártel internacional de distribución de drogas, de cocaína, de una red internacional del crimen organizado. En esa organización están involucrados gente de Bolivia que son los que cultivan la coca, gente de Colombia que son quienes la procesan. Aquí en Venezuela también la procesan, y es el país actualmente con la mayor distribución porque desde donde sale la gran parte de esa mercancía es desde aquí [Venezuela]. ¿por qué?pues prácticamente utilizan los organismos del gobierno para sacarla por los aeropuertos principales y llevarla hasta Cuba, luego la trasladan a México que es desde donde -posteriormente- se encargan de pasarla a Estados Unidos con la ayuda del Cártel de Juarez y el Cártel de Sinaloa.

¿Viste alguna actividad irregular directamente? 

Directamente no, pero si tuve oportunidad de ver a oficiales de la Guardia Nacional supervisaban la llegada y embarcaban la droga en  la pista que se encuentra en la posada Manaca y los enviaban al destino acordado.

Cuando le pregunté a ciertos comandantes de la guerrilla lo que estaba ocurriendo "ellos me respondieron naturalmente porque ellos se consideran así mismo como una fuerza armada y tienen sus jerarquías como el ejército o los órganos legalmente constituidos".

A mi me tocaba hablar tanto con los rangos altos como los bajos -acotó- y ellos me informaban todas las irregularidades. El comandante de la Base de allá tiene que saber todo y debe estar al tanto de lo que pasa  y deja de pasar allá.

¿Hay laboratorios de procesamiento de cocaína  que funcionan en Venezuela?

Muchísimos. Es increíble, en el Amazonas hay de todo. Usted va a la Base de Yapacana, y se da una vuelta a los alrededores, (en la selva), y va a conseguir una ciudad construida con tablas de madera forradas con plástico negro, con cabos, unas tremendas construcciones de madera donde hay prostíbulos, venta de teléfonos, centros de comunicaciones con telefonía satelital, internet. Hay de todo lo que te puedas imaginar, venta de ropa, insumos, medicinas, Todo se vende allí.

En esa zona se encuentran los laboratorios de la droga que son controlados por elementos de la guerrilla. Son los guerrilleros los que supervisan y controlan lo que allí pasa, y cuando ven que un venezolano o un colombiano le intentan quitar el negocio, ellos lo eliminan y los sacan de ese territorio. Ellos no permiten que más nadie sino ellos mismos comercialicen su mercancía.

lunes, 16 de octubre de 2017

Conozca las pruebas que incriminan a los empresarios acusados de lavar millones de dólares de funcionarios chavistas en NY

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a los empresarios, Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., de implementar un esquema de lavado de dinero a través de una compañía de su propiedad, en beneficio de funcionarios chavistas. A continuación presentamos las evidencias que los incriminan y cómo la defensa pretende hacer que estas pruebas no sean admitidas en el juicio.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El gobierno de los Estados Unidos solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York la autorización para presentar las evidencias básicas sobre los crímenes imputados a Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, dos empresarios acusados de ejecutar un millonario esquema de lavado de dinero que benefició a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y que generó graves daños a la economía de Venezuela.
La petición firmada por el fiscal del Distrito de Nueva York, Joo H. Kim, dice que su despacho presentará en el tribunal una serie de evidencias que prueban la culpabilidad de los acusados en la comisión del delito, incluyendo pruebas del uso y abuso de los regímenes de control de cambio que ha impuesto el gobierno en Venezuela desde hace casi dos décadas.

El gobierno presentó un memorando con la moción in limine relacionada con el caso de Luis Díaz y Luis Javier Díaz, padre e hijo acusados de operar un esquema de lavado de dinero a través de una empresa de venta de materiales de construcción que tiene sede en Miami.

Una moción in limine es un recurso presentado por una parte de una demanda a través del cual se pide al tribunal una orden o fallo que limite o evite que ciertas pruebas sean presentadas por la otra parte en el juicio del caso.

El fiscal neoyorquino pidió que se acepten las evidencias que posee el gobierno, que incluyen a un experto en los diferentes sistemas de control de cambio que se han impuesto en Venezuela. El juicio de los dos acusados se iniciará en la primera semana de noviembre de 2017, según lo establece el calendario procesal de la corte del Distrito Sur de NY.

Kim dijo que introducirán dos formas de evidencia directa en este caso:(1) evidencia de contexto, motivación y los efectos de los crímenes imputados ​​en la acusación y (2) un libro de contabilidad, que fue recuperado durante una orden de registro ejecutada durante el período que se realizó de la conspiración, que incluye el negocio y una de las cuentas bancarias de los acusados.
La acusación contra ​​ Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr., padre e hijo, los imputa de cuatro cargos, todos derivados de la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia a través de su empresa exportadora, Miami Equipment, desde aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.

Los cargos imputados

Los cargos de que se los acusa son, a saber:

1) Conspiración para operar un negocio transmisor de dinero sin licencia, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371;

2) Operación de un negocio transmisor de dinero sin licencia, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1960;

3) Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956;

4) Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).
La declaración jurada dada por el Oficial del Equipo de Tarea, Matthew de la Rosa, expone la conducta criminal de los acusados de manera clara y completa  dando sustento a la denuncia penal en su contra.

Y es que, tal como se deja sentado en la demanda, los acusados son responsables de la operación, no solamente de un negocio monetario carente de licencia, sino de un ente que brindaba atención, especialmente, a individuos y entidades con sede en Venezuela, una nación en la que rige un estricto control de cambio que, con su actuación, los Díaz ​​ayudaron a evadir a sus co-conspiradores.

Las pruebas

La estrategia de la fiscalía se centra en demostrar con la evidencia presentada que el objetivo del negocio de los acusados de transmisión ilegal se dirigía, por lo menos en una parte, a ayudar a los venezolanos a mover libremente los dólares estadounidenses, violando los controles monetarios vigentes en el país y en las leyes relacionadas.

El gobierno recuperó en las oficinas de los acusados, una serie de documentos que evidencian los métodos a través de los cuales se violentaron los controles impuestos por el gobierno de Venezuela para la adquisición de divisas. Para ello, la fiscalía cuenta con correos electrónicos de los acusados ​​intercambiados con sus co-conspiradores venezolanos, los cuales servirán de sustento a los testimonios de testigos y del testigo experto que presentarán, contribuyendo a que el jurado tenga una mejor comprensión de la conducta criminal que se le imputa a los demandados. Igualmente, tal documentación servirá para probar de manera directa, el motivo y la intención del conocimiento que los acusados tenían para cometer los delitos que se les señalan. En tal sentido, el gobierno exige que estas evidencias sean admitidas como prueba en el juicio.

Otro elemento que servirá al gobierno para sustentar su acusación, es la evidencia proveniente de un individuo para quien los acusados ​​movieron dinero, (CC-1), quien dirigía un negocio conocido dentro del expediente como el "Restaurante", ubicado en el área de Nueva York. 

La fiscalía presentará el Libro de contabilidad recuperado en el citado lugar correspondiente al año 2011 que es el período en el cual tuvo lugar la conducta criminal imputada a los acusados. Allí se evidencia una entrada que enumera la compañía de los demandados, Miami Equipment, así como datos de una cuenta bancaria. La fiscalía también  logró recuperar unos 200 mil dólares en efectivo.

En el expediente, el citado Libro Mayor de contabilidad aparece como Prueba Documental C y se describe en la Notificación del Gobierno de conformidad con la Norma Federal de Evidencia 404 (b), de fecha 3 de octubre de 2017.

Los agentes de la DEA se percataron de que CC-1 participaba en una transacción en efectivo, que permitió a la agencia gubernamental recuperar aproximadamente 300 mil dólares en efectivo de parte de este sujeto. Luego de vigilar a CC-1, los agentes de DEA observaron que este hombre viajaba a los bancos en y alrededor de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey para hacer depósitos. Los registros obtenidos de esos bancos determinaron que CC-1 había estado depositando dinero en más de 50 cuentas bancarias separadas pertenecientes a numerosas empresas, especialmente en el suroeste de los EE. UU. y que estos depósitos se realizaron por montos de 10 mil dólares en cada oportunidad.

La búsqueda en el restaurante en marzo de 2011 por parte de los Agentes DEA, permitió hacerse del citado Libro (Mayor) de contabilidad que contiene nombres y números de cuenta, entre ellos el de "Miami Equipment" con un número de cuenta que termina en 1263, que es consistente con una de las cuentas bancarias de la empresa.

El allanamiento al restaurante también permitió hallar, aparte del dinero en efectivo y el libro (mayor), numerosas hojas de depósito bancario, giros postales, recibos exentos y otros extensos libros de contabilidad financiera con montos en dólares.

Igualmente, el gobierno presentará testimonios limitados de un agente del cumplimiento de la ley involucrado en la recuperación del referido libro contable de CC-1 y cómo fue posible recuperarlo. Para la fiscalía es fundamental que se admita el Libro Mayor como prueba, toda vez que el mismo demuestra la conducta criminal que se aduce en la acusación y porque este comprende el periodo en el que se presentó en la demanda.

Un experto en regímenes de control de cambio

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentará el testimonio de un experto en materia de control de cambio venezolano, a saber, Daniel Lansberg-Rodríguez, de quien espera que testifique sobre los términos de que se valen las personas en Venezuela para obtener divisas a través de las agencias gubernamentales. 

Lansberg-Rodríguez es profesor adjunto de Finanzas en la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern, casa de estudios en la que dicta materias relacionadas con las condiciones económicas y políticas en América Latina. Lansberg-Rodríguez tiene doble ciudadanía estadounidense y venezolana.

Además del testimonio este experto, el gobierno quiere ofrecer evidencia directa del conocimiento de los acusados de que al mover dinero en nombre de varias personas y entidades venezolanas que participaron en esquema de lavado para evadir los controles monetarios. 

La fiscalía aspira presentar muchos registros de transferencias bancarias que se encontraron en el negocio de los acusados. Tales pruebas documentan las transferencias realizadas por los acusados como parte de la conducta imputada y contienen las palabras "Devolución de Cadivi" escritas a mano en el documento.

Del mismo modo, la fiscalía ofrecerá evidencia de un sinnúmero de casos en los cuales los demandados, a cambio de una tarifa, permitieron a altos funcionarios de la Compañía Venezolana, así como a otros individuos, a evadir los controles establecidos en Venezuela  mediante movimientos de dinero a cuentas bajo su control en los Estados Unidos y Europa sustentados en facturas falsas.

La razón de la demanda

La acusación contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr. refiere que estos hombres entre 2010 y 2016, llevaron a cabo a través de la empresa Miami Equipment, la exportación de equipos, especialmente durante el periodos citado, a clientes ubicados en América Central y del Sur, valiéndose también de las cuentas de la citada compañía para llevar a cabo otro negocio ilícito, a saber, la transmisión ilegal y sin licencia de dólares estadounidenses provenientes de varios remitentes establecidos en Venezuela, a individuos y entidades con asiento en los Estados Unidos y en el extranjero.

Por esta acción, los acusados recibieron una tarifa que, por general, era un porcentaje del dinero enviado ilegalmente, lo cual les permitió obtener millones de dólares en ganancias durante la operación. 

Para enmascarar la conducta criminal de estas transacciones, los demandados y quienes les sirvieron de cómplices, emitieron facturas falsas con las cuales pretendían justificar las remesas de los acusados ​​—tan pronto eran recibidas por los beneficiarios en Venezuela— destinadas a terceros en los Estados Unidos y en el extranjero.

El modus operandi

Como se ha referido, en Venezuela desde hace tres lustros rige un férreo control de cambios que los acusados y sus co-conspiradores primarios burlaron a través de remesas de dinero sin licencia llevadas a cabo a través de un consorcio venezolano de compañías constructoras que, en el contexto de la demanda, se identifica como la "Compañía Venezolana". 

Esta "Compañía Venezolana" envió fondos a los demandados junto con un correo electrónico en el que les informaba a los acusados, varios aspectos fundamentales de la operación.

Estos puntos versaban, en primer lugar, sobre la cantidad de dinero que estaban recibiendo; en segundo término, cuánto era la comisión o porcentaje que retenían como tarifa por sus “servicios”, lo cuales generalmente correspondían al 2 por ciento de la transacción; y en tercer lugar, dónde y cómo se debían enviar los fondos restantes a otros destinatarios en los Estados Unidos y en otros lugares.

En ocasiones, los beneficiarios finales de estas transacciones, los destinatarios a quienes se les encomendó a los acusados ​​el envío de parte de los fondos recibidos de la "Compañía Venezolana", resultaron ser funcionarios del gobierno venezolano o empresas fantasmas o de fachada que estaban bajo su control.

La fiscalía sostiene que mediante las pruebas presentadas podrá comprobar que la "Compañía Venezolana" no llevó a cabo negocios importantes con ningún otro país, pese a lo cual poseía una sede en Barbados con el objetivo de facilitar la evasión de los controles monetarios vigentes en Venezuela.

Tanto los acusados como la "Compañía Venezolana" emitieron para cada caso facturas falsas por supuestos servicios de consultoría por parte de los beneficiarios a favor de Miami Equipment, cuando en realidad esta empresa nunca tuvo consultores.

Miami Equipment recibió durante el período señalado en la demanda, más de 100 millones de dólares de parte de la "Compañía Venezolana".  Del mismo modo, los Díaz también se valieron de la citada empresa para transmitir fondos a otras entidades latinoamericanas mediante un mecanismo similar y, por ello, recibía comisiones.  Muchos de estos pagos tenían como destino cuentas ubicadas en el Distrito Sur de Nueva York.

La leyes federales de los Estados Unidos, así como las normas del estado de la Florida, exigen que para la transmisión de dinero, los negocios cuenten con una licencia, un aspecto que los acusados obviaron, por lo cual la situación de los demandados se agrava. No hay registro de tal actividad ni en la Oficina de Regulación Financiera de Florida, como tampoco en el Departamento del Tesoro de los EE.UU.
De este modo, los acusados actuaron como un "banco oculto" carentes de toda supervisión por parte de las autoridades respectivas, lo cual les permitió a ellos y sus clientes co-conspiradores realizar operaciones por millones de dólares a los Estados Unidos. Con esto se violó, entre otras, la Ley de Secreto del Banco y las correspondientes al lavado de dinero básico.

La conducta criminal de los demandados sólo puede comprenderse a la luz de los controles de cambios establecidos por la administración venezolana, con los cuales se busca que los venezolanos puedan llevar a cabo de manera libre transacciones con moneda extranjera, en este caso, dólares estadounidenses. Aunado a esto, la moneda nacional, el bolívar, es altamente inestable y limitada, por lo que estos hechos constituyen la razón para que algunas personas y entidades asuman conductas criminales para violar tales controles.

Los controles impuestos por el gobierno venezolano imponen que para realizar cualquier operación que involucre hacer negocios fuera del país, tales como importación de productos, por ejemplo, las personas, entidades o instituciones deban solicitar a una agencia gubernamental, la cual ha adquirido a lo largo de los años varias denominaciones, una de ellas Cadivi, las divisas necesarias para hacer la transacción. A cambio de estas divisas, Cadivi exige a los beneficiarios, facturas o documentación similar para poder dar la aprobación respectiva. Se prioriza la compra de bienes básicos que requieren los venezolanos.

En razón a la alta demanda de dólares por parte de los venezolanos y al limitado suministro disponible por parte del gobierno, ha surgido un agresivo mercado negro de divisas, cuyas tarifas rigen las transacciones comerciales que se realizan fuera de los parámetros establecidos por el gobierno y que superan por creces la tasa de cambio oficial del Estado.

Convertir dólares en bolívares a través del mercado negro dentro de Venezuela, se ha convertido en una actividad muy apreciada por los venezolanos, como también lo es el mantener dólares fuera del país, por los dividendos que obtienen de ello.

Tal estado de cosas ha ocasionado que surgieran múltiples mecanismos para eludir el control de cambio, siendo la presentación de facturas y documentación falsa o inflada al organismo encargado del suministro de las divisas sobre bienes importados de exportadores extranjeros.

Otra manera de violar los controles es la realización de operaciones en dólares a través de cuentas ubicadas en el exterior.

Todo este panorama ha desnaturalizado la economía venezolana, dando pie a la escasez de bienes y productos necesarios para los nacionales, toda vez que el gobierno informa de una cantidad de dichos bienes que supuestamente han ingresado al país y, en realidad, el público no dispone de ellos.

Por tanto, mientras unos pocos obtienen un beneficio, el mercado negro afecta enormemente a los venezolanos al generar inestabilidad e inflación.

Los argumentos del gobierno

Para que la evidencia sea admisible debe ser relevante, lo cual se traduce en que la misma haga que los hechos sean más o menos probables de lo que resultarían de no existir dicha evidencia. Además, los hechos deben contribuir a determinar la acción que se imputa.

La evidencia también es admisible cuando se ofrece para proporcionar el contexto de ciertos eventos relevantes para la infracción cometida.

Los tribunales poseen amplia libertad para admitir o no las pruebas y sus decisiones solamente serán objeto de revisión cuando se determine abuso de la discrecionalidad del juez.

En tal sentido, para la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, toda las pruebas a que se ha hecho mención en esta reseña, constituye evidencia directa de los delitos imputados a Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz y, por tanto, debe ser admitida en el juicio.

Advierte el gobierno, que no es su pretensión usar esta evidencia para demostrar ningún tipo de propensión impensable por parte de los acusados ​​a participar en una conducta criminal, lo cual la haría inadmisible de acuerdo a las leyes y la jurisprudencia.

Estima el gobierno, que la evidencia de los controles de cambio venezolanos, así como los esquemas para evadir dichos controles, constituyen un antecedente necesario para la conducta imputada, lo cual es esencial para que el jurado entienda la naturaleza de las pruebas, entre ellas los documentos recuperados en posesión de los acusados ​​y aquellos relacionados con la agencia encarga en Venezuela de la administración de divisas.

Considera la fiscalía que las evidencias de controles monetarios venezolanos, el acceso legal limitado a las divisas por parte de los ciudadanos venezolanos, así como las fluctuaciones monetarias y problemas relacionados que afectan al bolívar, debe ser aceptados como evidencia, por cuanto dibujan las razones que dan pie a las acciones delictivas imputadas.

También el gobierno cree que es sustancialmente importante que se le permita presentar pruebas relacionadas con los métodos comunes utilizados para evadir los controles monetarios en Venezuela, entre ellos los que tienen que ver con esquemas para usar cuentas en el exterior y facturar en exceso o falsamente al organismo administrador de divisas venezolano.

Sostiene que si no se entiende por qué y cómo los venezolanos evaden los controles de cambio, el jurado no podrá comprender la importancia de las facturas falsas generadas a través del esquema, la disposición de los cómplices de los acusados ​​a pagar honorarios moviendo dinero, el uso de cuentas o las referencias a Cadivi. Por lo tanto, no sólo es relevante establecer los antecedentes de la conspiración y contextualizar las acciones de los co-conspiradores, sino que es igualmente relevante establecer los motivos, el conocimiento, la intención y la ausencia de error de los acusados.

El testimonio del experto constituye para la fiscalía una vía para informar al jurado sobre la operación de los esquemas de evasión de los controles.

Si bien el gobierno no pretende insistir en la escasez de recursos ni en las tasas de pobreza en Venezuela, considera que se debería permitir ofrecer evidencia de las consecuencias reales de la conducta de los acusados por cuanto el daño que conlleva el crimen puede no ser tan obvio para un jurado. Esto, sobre todo, si la defensa de los acusados pretende presentar la presunta conducta como un delito puramente reglamentario o "sin víctimas".

La fiscalía cree que el libro mayor y su recuperación evidencian la participación de los acusados ​​en los delitos que se le imputan, los cuales incluyen la conspiración para operar un negocio transmisor de dinero sin licencia y operar un negocio transmisor de dinero sin licencia. Sostiene el gobierno que tanto el libro contable como el efectivo recuperado, documentan los delitos que se le señalan a los Díaz, tal como el uso de la compañía de su propiedad, Miami Equipment y sus cuentas bancarias para enviar dinero ilegalmente en nombre de otros.

Tampoco hay ninguna base para excluir evidencia con respecto al Libro Mayor de conformidad con la Regla 403. Por el contrario, como se expuso anteriormente, el gobierno ofrecerá el libro contable como evidencia directa y altamente probatoria de la participación de los acusados ​​en los delitos imputados.

La fiscalía dejó establecido que se opondrá a cualquier intento de argumento o de interrogatorio que tenga como objetivo convencer al jurado de anular o absolver la base de que la conducta imputada, incluso si está comprobada, no debe ser penal.

Lo que dice la defensa

Por su parte, la defensa de Luis Díaz Jr. Y Luis Javier Díaz asegura que el gobierno con la presentación del testigo experto sobre los controles monetarios venezolanos y los esquemas de evasión de dichos controles, así como el daño a la economía venezolana, en caso de ser admitido debe limitarse a informar sobre cómo operan tales esquemas pero no para calificar la evidencia presentada en el juicio o la conducta de los acusados.

Los acusados se oponen a la presentación del Libro Mayor y su contenido como evidencia por cuanto el lugar donde este fue incautado los demandados carecían absolutamente de control. Creen que no debe admitirse porque se ignora quién lo creó; su propósito; la autenticidad de las entradas del mismo; la exactitud de dichas entradas, así como la identidad de cada individuo que hizo cada entrada; lo que cada entrada representa en lo que respecta a cualquier transacción particular y los detalles de la misma; y el conocimiento de la persona a quien se atribuye cada entrada.