Defensa de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, asegura que la fuente del caso "está desacreditada"

 Por Maibort Petit

   Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami Maddah, Samark López Bello, entre otros, se quejó ante un juez de Nueva York porque los fiscales federales del caso entregaron tardíamente a su defensa las evidencias contenidas en el descubrimiento, y con una serie de información clasificada difícil de descifrar y que complican su revisión antes de que se produzca su sentencia en enero 2020.

   La defensa de Mones Coro dijo al juez que el acusado, quien se declaró culpable al principio, pero que en el mes de octubre de 2020 retiró su pliego de culpabilidad, "continúa aceptando la responsabilidad y tiene la intención de volver a declararse culpable pero en base a la eliminación de una serie de argumentos".

   La sentencia de Mones Coro está prevista para enero de 2020. 

   La Defensa solicitó la preparación de un PSR acelerado; y pidió a juez que impida al gobierno basarse en cualquier información contenida en la Decimosexta Producción de pruebas al momento de dictar sentencia.

   La abogada de Mones Coro se quejó de lo tardío en la entrega de las evidencias, que los documentos estaban mezclados con una data clasificada del DHS, que no correspondía al caso.

   La fiscal Amanda Houle informó al tribunal que una parte de las informaciones contenían información sellada que correspondía a otras investigaciones del gobierno. 

   La defensa de Mones Coro pidió sanciones a los fiscales el 11 de noviembre, argumentando que el 25 de octubre la Fiscalía Federal entregó un disco duro que contenía, erróneamente, "material confidencial sobre otra investigación que el DHS había copiado por error en el disco". Tendremos más sobre esto.

    La abogada de Mones Coro dijo que el caso de su cliente representa otro “capítulo lamentable” de las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, "gravemente perjudiciales y que desperdician recursos por parte del gobierno en este distrito", por lo que pidió tomar medidas correctivas.

   Desde junio 2020, la fiscalía ha complementado el descubrimiento del caso de Mones Coro 16 veces, "produciendo círculos concéntricos cada vez mayores de información sobre una Fuente Confidencial ahora desacreditada". 

    La abogada de Mones Coro, recordó que se ha pospuesto su sentencia seis veces, durante los últimos seis meses, para esperar estos suplementos del gobierno y revisarlos. 

    La Defensa se quejó ante el tribunal que los fiscales entregaron evidencias de más de 5.7 terabytes de datos comprimidos incautados del lugar de trabajo de la Fuente Confidencial con quien el gobierno ha estado trabajando desde principios de 2017 (Alejandro J. Marín). 

   Según la defensa, el gobierno no cumplió con la fecha límite de descubrimiento final del 23 de octubre de 2020. "En cambio, el gobierno entregó, dos días después de la fecha límite, un disco duro que contienen "imágenes" de computadora sin procesar, cuyo contenido no se pudo revisar al recibirlo". 

    Asegura la defensa que para tratar de cumplir con la fecha límite, el gobierno cambió y comprometió su práctica de producción anterior y le otorgó a Mones el tiempo y el trabajo considerables necesarios para que la producción se pudiera revisar.

    El disco duro fue entregado al abogado el 25 de octubre de 2020 y contenía material confidencial sobre otras investigaciones que el Departamento de Seguridad Nacional había copiado por error en el disco.

    En ese sentido, advirtieron que Mones Coro no se le debería retrasar aún más su sentencia o tomarse el tiempo para revisar los nuevos materiales producidos. 

   Agrega que "es difícil ver cómo el gobierno podría reclamar la necesidad de confiar en información que solo consideró conveniente recopilar, de su propia Fuente, más de un año después de acusar a Mones". 

   Mones se declaró culpable en noviembre de 2019 de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos al negociar viajes aéreos privados de pasajeros para sus coacusados ​​Tareck Zaidan El Aissami Maddah y Samark José López Bello, después de que la OFAC designara a esas personas como Traficantes de Estupefacientes Especialmente Designados.

En Nueva York: Ingresan nuevo documento al expediente de Hugo "el Pollo" Carvajal, acusado de delitos de narcotráfico por el gobierno de EE. UU.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   El ingreso de una nueva pieza al extenso expediente del ex-jefe del Servicio de Inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal Barrios,  en la Corte del Distrito Sur de Nueva York elevó las alarmas y generó rumores sobre su supuesta ubicación y detención. Carvajal Barrios, se encuentra prófugo de la justicia desde noviembre de 2019.  El gobierno de España aprobó el 4 de marzo la solicitud del Ministro de Justicia de ese país, Juan Carlos Campo, de entregar a los Estados Unidos al militar venezolano para ser enjuiciado por delitos de tráfico de drogas y de armas y por estar relacionado con el grupo terrorista colombiano FARC. Hasta ahora las autoridades desconocen el paradero del presunto narcotraficante miembro del cártel de los Soles de Venezuela.

 Carvajal Barrios fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela durante ocho años en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. 

   El viernes 6 de marzo a última hora se supo que los fiscales introdujeron en el expediente de Carvajal un documento sellado. Fuentes aseguraron que los fiscales neoyorquinos han mantenido la presión sobre el gobierno español para que se haga entrega del sujeto sobre el que pesan graves acusaciones de narcotráfico.

   El militar se separó  del gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2019 y ofreció su respaldo al líder opositor, Juan Guaidó cuando éste ofreció amnistía los militares que lo apoyaran como presidente encargado de Venezuela. Posteriormente, huyó de Venezuela en un barco y fue arrestado en Madrid en abril de 2019.

   Luego desapareció en noviembre de 2019 después de que un tribunal español dictaminó que debía ser extraditado a los EE. UU. La policía española no ha podido localizarlo desde entonces.

  De acuerdo a los documentos judiciales, el militar es “es reclamado por la justicia de los Estados Unidos por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019 cuando presuntamente pertenecía al llamado ‘Cártel de los Soles’, dedicado al transporte de cargamentos de droga hacia EE. UU".  

   Desde 2008, Carvajal Barrios fue designado como narcotraficante en la Oficina para el Control de Activos Extranjeros dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU, tras ser acusado de de narcotráfico, blanqueo de capitales y de colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en EEUU.

  Carvajal Barrios tiene dos expedientes en Estados Unidos, uno en  la Corte Federal del Sur de Nueva York y en la Fiscalía Federal del Distrito Sur del Estado de Florida.

   El 14 de junio de 2019, el Consejo de Ministros español acordó la

continuación en vía judicial del procedimiento. El 17 de septiembre de 2019, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó denegar la extradición y lo puso en libertad. Dicha resolución fue recurrida por el Ministerio Fiscal y, el 8 de noviembre de 2019, la Sala Penal de la Audiencia Nacional acordó la entrega del citado individuo a EEUU. Ratificada la decisión el 20 de noviembre de 2019, Carvajal no fue encontrado en su domicilio. y hasta la fecha se desconocía su paradero desde que huyó de su residencia al conocerse que lo iban a extraditar.

  La acusación federal dice que Carvajal Barrios presuntamente envío a los Estados Unidos 5.6 toneladas de cocaína exportadas de Venezuela  a México en abril de 2006.  

  De ser declarado culpable, Carvajal Barrios enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua. 

  El caso de Carvajal Barrios está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía de Nueva York, bajo la coordinación de los fiscales federales adjuntos Emil J. Bove III, Amanda L. Houle y Matthew J. Laroche, con la asistencia de Adam Fels de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida.

Juicio a implicados en el caso Solid Show concluye el 15 de diciembre

 Por Maibort Petit

@maibortpetit  

    Erica Maraver C., abogada defensora de los implicados en el caso Solid Show informó que para el 15 de diciembre del presente año 2019, se estima que concluya el juicio, al tiempo que se mostró confiada de que sus representados quedarán en libertad plena por falta de evidencias, después de haberse evacuado más de cien órganos de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público que no lograron demostrar su culpabilidad.

   Igualmente dio a conocer que el caso se reactivó en República Dominicana el pasado 9 de noviembre cuando se dio continuidad al proceso judicial de los cinco venezolanos implicados, quienes han permanecido sin audiencia por más de cuatro años, entretanto los verdaderos culpables fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía.

  Maraver ha venido denunciando la comisión de una serie de irregularidades que han tenido lugar en el proceso judicial, tales como retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados bajo su defensa[1]. La abogada considera como un hecho insólito que a estas personas, militares de oficio, se les haya concedido el beneficio de libertad condición con régimen de presentación cada 30 días. Aseguró que el Ministerio Público ha demostrado su incompetencia la cual ha sido dada a conocer por la prensa dominicana.

  Los medios de comunicación de República Dominicana informaron que el Ministerio Público de Santo Domingo Este alertó a distintos organismos de inteligencia, militares, policiales y migratorios, a objeto de que se activaran en la búsqueda y captura del ex-teniente coronel de la Policía Nacional y el ex segundo teniente del ejército, Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, respectivamente, señalados de presuntamente integrar una red de narcotráfico internacional.

   Lluberes Sánchez y Pérez Vásquez fueron declarados prófugos de la justicia y en rebeldía al ser tenidos ambos como presuntos integrantes de la estructura criminal responsable de la operación de narcotráfico de la que se ha hecho referencia y tuvo lugar en marzo de 2015 en el Aeropuerto Internacional de las Américas.

   Los dos imputados no comparecieron en la audiencia del pasado 9 de noviembre, pese a que fueron debidamente citados por el Ministerio Público, aseguró esa institución que solicitó ante el Tribunal Colegiado de Santo Domingo, la declaratoria de prófugos en virtud de lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal dominicano. La petición fue acogida por el juez a cargo de la causa[2].

  El 10 de abril de 2015 a Wenders Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez, la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo Este les impuso tres meses de prisión preventiva como medida de presión, pero la medida les fue cambiada por presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida, a solicitud de sus abogados.

   Sin embargo, el abogado defensor de estos hombres, Manuel Soto Lara, negó que los oficiales se encuentren prófugos pues, sencillamente, no fueron citados a la audiencia del 15 de noviembre como asegura el Ministerio Público y, por tanto, no se encuentran evadidos.

   “Mientras los dueños de esa droga andan en libertad por ahí, a los que de manera indirecta le están granjeando la impunidad, sobre lo cual también hay que hacer una investigación profunda para que los reales dueños de esa droga aparezcan”, dijo el abogado[3].

Así fueron los hechos

  En el Aeropuerto Internacional de las Américas “José Francisco Peña Gómez” de República Dominicana aterrizó el 17 de marzo de 2015 la aeronave modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T, proveniente de Venezuela en la cual las autoridades decomisaron nueve maletas que contenían 454 kilos de cocaínas contenidos en 450 paquetes. La avioneta había despegado del aeropuerto Caracas ubicado en Charallave, estado Miranda.

  En Venezuela, en la misma fecha, el Ministerio Público acusó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, a quienes señaló de estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. Ambos fueron detenidos en la terminal aérea mirandina, junto a Joseph Viera Betancourt, quien era empleado de seguridad de la empresa ASEG. Después fue detenido en el estado Lara, por orden del Ministerio Público, el sargento segundo de apellido Junior Valera Arango, señalados por tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas.

   Las fiscales 3ª y 27ª nacional, así como la 19ª del estado Miranda, Eilyn Ruiz, Yemina Marcano y Gladys Valera, respectivamente, imputaron a Sánchez Espinoza por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir. Se solicitó al Tribunal 5° de Control de Miranda admitir la acusación, así como el enjuiciamiento de los efectivos castrenses, quienes fueron remitidos al Internado Judicial de El Rodeo II.

  Por este caso se imputó también a Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show, quien fue aprehendido el 30 de marzo de 2015 en Caracas. Igualmente está detenido el comerciante Juan Jacinto González Contreras. Los dos están acusados de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

  Igualmente han sido detenidos por este caso, Luís Alejandro Hurtado Arévalo (socio de Juan Araujo), Zoraimi Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), y Marille Manzanilla (gerente administrativa), a quienes se les acusa de legitimación de capitales.

  A estas nueve personas se les precalificó el delito de asociación para delinquir.

  Entretanto, en República Dominicana fueron detenidos los venezolanos Edmundo Medina, Francisco Velásquez, José Houtman, José Velásquez y Mirian Díaz. Tanto Medina Torrealba, como  Houtman aseguraron a Venezuela Política declaraciones grabadas, que se encuentran secuestrados en República Dominicana y sin haber sido interrogados, que han recibido amenazas de muerte, mientras que los verdaderos culpables, unos militares dominicanos se encuentran en libertad[4].

  Se aprehendió también a los dos pilotos venezolanos, Edmundo José Medina Torrealba (38 años), y  Francisco Javier Velazco Tory (34), así como tres pasajeros, a saber, José Manuel Houtmam, José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesús Díaz Marín; así como cinco militares dominicanos.

  Para el mes de octubre de 2016, el teniente de la Guardia Nacional, Richard Sánchez, fue condenado a 17 años de prisión después de admitir su culpa antes del inicio del juicio, por lo que el Ministerio Público procedió a la adjudicación de la pena.

Citas

[1] Venezuela Política. “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”. 8 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/familiares-y-abogada-de-detenidos.html

[2] You Tube. “Ex teniente coronel de la Policía Nacional y un ex segundo teniente del Ejército, profugos por droga”. https://www.youtube.com/watch?v=gGUKtT59kq4&feature=youtu.be

[3] You Tube. “Abogado niega oficiales vinculados a supuesta red de narcotráfico estén prófugos”. 25 de noviembre de 2019. https://www.youtube.com/watch?v=_v0x6owurPQ&feature=youtu.be

[4] Venezuela Política. “Habla el piloto del caso Solid Show y un pasajero del avión presos en República Dominicana: Estamos secuestrados y hasta la fecha no hemos sido interrogados”. 18 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/habla-el-piloto-del-caso-solid-show-y.html

Juez de NY fija audiencia previa al juicio para los tres hombres acusados de violar sanciones impuestas por EE. UU. contra a Tareck El Aissami

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Este martes se fijó una nueva audiencia —previa al juicio— del caso de los tres ciudadanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). La nueva cita será el 3 de enero de 2020 y en la misma se acordará el calendario del juicio.

Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Los tres individuos fueron arrestados en marzo de este año en el estado de la Florida. 

La audiencia de este martes tuvo que ser prorrogada debido a que en el piso 34 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se presentó un conato de incendio que obligó a desalojar el edificio. Una vez controlado el incidente, los abogados de la defensa y el fiscal estadounidense, Emil Bove se hicieron presentes en la sala el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein para acordar la nueva fecha de la audiencia, que busca aclarar todos los pasos del proceso que implica la entrega del descubrimiento (evidencias), y la aprobación del calendario para la selección del jurado y fechas de inicio del juicio que podría ser para el segundo semestre del 2020.   

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo del cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.

 Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos, podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal.

Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.

Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos.

El Aissami y López Bello fueron acusados ​​cada uno de cinco cargos de eludir sanciones y violar la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, que se dirige a personas que se cree amenazan los intereses de la política económica y exterior de Estados Unidos.

El Aissami y Samark López fueron los primeros sujetos de las sanciones de la OFAC en febrero de 2017, por su presunta participación en el tráfico de drogas. En ese momento, varios de sus activos estaban congelados y los ciudadanos y las empresas de EE. UU. estaban bloqueados para realizar actividades comerciales con ellos.

El Aissami ha estado vinculado a narcotraficantes y delincuentes como los Zetas en México y el narcotraficante colombiano, Daniel "El Loco" Barrera, desde 2008 cuando operaba como ministro de relaciones interiores de Hugo Chávez. También se le ha asociado con grupos terroristas como Hezbolá, aunque estas conexiones aún no se han verificado por completo.

Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio

Por Maibort Petit

@maiborpetit

Tres ciudadanos venezolano-americanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro), se declararon no culpables ante un tribunal en Nueva York. El juez no ha fijado aún la fecha del juicio. 

Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero fueron arrestados en marzo de 2019 en el estado de la Florida. Luego de la primera audiencia de presentación y el respectivo traslado a Manhattan, los acusados fueron presentados ante el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein quien estará al frente del caso.

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo por el cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos: 

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas. 

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones. 

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos 

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana. 

La fiscalía sostiene que Tareck  El Aissami  y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela. 

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York,  a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también  por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.

Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos,  podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal. 

La próxima audiencia del caso se realizará en la segunda semana de agosto donde se dará a conocer el cronograma para el juicio cuya fecha no se ha dado a conocer.

Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional,  Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.

Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos. 

Estados Unidos: Venezuela fracasó en la lucha contra las drogas

El informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) asegura que el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado medidas contra los individuos y las empresas que el Departamento del tesoro designó como narcotraficantes, los cuales juegan un papel importante en el narcotráfico internacional.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

 De acuerdo con el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés) Venezuela —al igual que Bolivia— fracasó en la lucha contra el narcotráfico, pues los gobiernos de estos países no cumplieron con los tratados internacionales antinarcóticos que establecen las pautas que las distintas naciones del orbe deben seguir para combatir este flagelo.

El INCCRS es elaborado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para presentarlo ante el Congreso y este año identificó a diecisiete países de la región, entre un grupo de 22, bien como productores o punto de tránsito de drogas.

Estados Unidos evalúa cada año los esfuerzos y políticas implementadas por los distintos países, dirigidos a reducir la producción, el tráfico y uso de drogas ilícitas. Igualmente se analiza la labor que cada gobierno adelanta para contrarrestar la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.

La administración de Donald Trump fue enfática en el informe al asegurar que durante 2018, el gobierno venezolano no realizó esfuerzos demostrables para combatir las actividades de tráfico ilegal de drogas, ni para enjuiciar a los funcionarios corruptos o presuntos narcotraficantes incursos en narcotráfico.

En entre los funcionarios supuestamente incursos en actividades de narcotráfico, el gobierno estadounidense destaca a aquellos que han sido sancionados por EE. UU. “La administración de Maduro demostró una completa falta de voluntad de implementar los cambios de política tan necesarios para hacer cumplir las leyes existentes en materia de narcotráfico. Esto creó un alto nivel de impunidad en razón de la falta de transparencia y los altos niveles de corrupción”.

Sostiene el informe que Venezuela sigue perfilándose como un importante país de tránsito de drogas, constituyéndose como una de las rutas preferidas por los traficantes en el hemisferio occidental, especialmente para el comercio de la cocaína.

Se indica que en 2018, la porosa frontera entre Venezuela y Colombia, así como el débil sistema judicial débil, la casi inexistente cooperación internacional para el control de drogas y el entorno permisivo y corrupto, proporcionaron las condiciones ideales para llevar a cabo operaciones de narcotráfico y violencia asociada a esta actividad.

Precisa que no existen datos suficientes que permitan determinar las tendencias actuales del consumo de drogas en Venezuela, pues la Oficina Nacional Antinarcóticos, (ONA) no ha publicado ninguna estadística desde 2015.

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos subraya que las fronteras ofrecieron un ambiente permisivo a los grupos terroristas conocidos involucrados en el tráfico de drogas, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se asevera —como ya se apuntó— que el gobierno de Nicolás Maduro no tomó medidas contra individuos y empresas designados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales juegan un papel importante en el narcotráfico internacional.

El informe dice que en Venezuela el cultivo limitado de coca ocurre a lo largo de la frontera con Colombia, indicándose que los precursores químicos utilizados para la producción de la cocaína son traficados por el territorio venezolano, pero se desconoce la cantidad.

En 2018, las autoridades venezolanas no dieron a conocer estadísticas sobre incautaciones de laboratorios de drogas o precursores químicos.

Logros, políticas y tendencias del control de drogas en Venezuela

Señala el informe, en primer término, que en materia de desarrollo institucional, durante 2013, la ONA implementó el “Programa Nacional Antidrogas, Plan para 2015-2019”, el cual tenía por objetivo reducir el consumo de drogas y aumentar las actividades de prevención.

En ese entonces, la referida agencia antidrogas venezolana informó haber trabajado estrechamente con la sociedad civil para brindar capacitación en educación antidrogas y programación atlética en diferentes áreas del país, de manera de aumentar la conciencia y prevenir consumo.

En mayo de 2014, Venezuela firmó un acuerdo internacional con Rusia para cooperar en la lucha contra las drogas y, en tal sentido, anunció operaciones conjuntas entre la Fiscalía Federal Rusa y la ONA.

Asimismo, la Ley Orgánica de Drogas de 2010 incrementó las penas por narcotráfico y otorgó a ONA la autoridad para confiscar los activos de individuos relacionados con el tráfico de drogas.

Pero en opinión de los redactores del informe, las pocas estadísticas que se conocen dificultan la evaluación de las incautaciones llevadas a cabo en 2018.

Se indica que el 4 de febrero, la ONA informó que desde 2005 había incautado 658 toneladas métricas (TM) de drogas, destruyó 284 laboratorios, incautó 37 aviones y cerró 481 pistas de aterrizaje ilegales. Adicionalmente, el 28 de septiembre, el presidente de ONA, Juan Grillo, dijo a los medios de comunicación que ese despacho había incautado más de 22 TM de drogas en 2018, y agregó que el gobierno incautó un 35 por ciento más de marihuana en comparación con 2017. Sin embargo, durante un conferencia de prensa que tuvo lugar el 25 de octubre, el fiscal general sancionado por la OFAC, Tarek William Saab, compartió que desde agosto de 2017, el gobierno había incautado casi 20 TM de drogas (7.2 TM de cocaína, 12 TM de marihuana y otras sustancias ilícitas). Saab también afirmó que Venezuela había incautado 23 aviones, cerraron 14 pistas de aterrizaje ilegales y detuvieron a 49 personas vinculadas al tráfico de drogas.

Como puede observarse, las cifras ofrecidas por uno y otro organismo son diferentes.

Reducción de la oferta

El INCSR refiere que Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito para los envíos de cocaína por vía aérea, terrestre y marítima, destacando que la mayoría de los vuelos sospechosos de tráfico de drogas salen de estados venezolanos que lindan con Colombia, principalmente el estado Zulia.

El tráfico por transporte marítimo incluye el uso de grandes contenedores de carga, embarcaciones de pesca y embarcaciones rápidas.

La gran mayoría de las drogas ilícitas que transitaron por Venezuela en 2018 estaban destinadas al área del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa.

Se enfatiza que las organizaciones colombianas de narcotraficantes, incluidas las FARC, el ELN y otros grupos delictivos, facilitan el envío de drogas ilícitas a través de Venezuela.

Aunque el gobierno venezolano informa ocasionalmente sobre incautaciones, arrestos y destrucción de drogas y pistas de aterrizaje al público, Venezuela no es miembro del Sistema de Cooperación Situacional que suministra información de los países a los Estados Unidos. Agrega que las autoridades venezolanas tampoco comparten pruebas sobre la destrucción de drogas ilícitas con funcionarios de los Estados Unidos.

Información pública, prevención y tratamiento.

En el informe se indica que el consumo de drogas ilícitas dentro de Venezuela —especialmente el cannabis y la cocaína— siguió siendo un problema en 2018, pero los datos estadísticos recientes no están disponibles.

Se cita que la ONA implementó un Sistema nacional de tratamiento en 2013 que formaba parte de un programa para tratar el trastorno derivado del uso de drogas y estupefacientes. Este sistema se sustentaba en la atención profesional dirigida a la desintoxicación y la reinserción social de quienes lo padecen.

El programa comprendía tres niveles, a saber el Centro de Orientación de la Familia, el Centro Especializado de Prevención y Asistencia Integral, y la Comunidad Terapéutica Socialista.

La corrupción

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos advierte que aunque el gobierno de Maduro no exhibe oficialmente el fomento y facilitación de la producción o distribución de drogas ilícitas como una cuestión de política pública, la corrupción se presenta como un problema imperante en la administración facilita el movimiento de las organizaciones de tráfico de drogas ilícitas.

Se hace mención al hecho de que dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores, a saber Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, en noviembre de 2015 y expulsados a los Estados Unidos en donde en diciembre de 2017, fueron sentenciados por un tribunal federal a pagar 18 años en prisión a raíz de sus condenas por cargos de narcotráfico.

Asimismo, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a al menos 22 personas y 27 empresas a las que designó como traficantes de narcóticos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Designación de los Impulsores Narcóticos.

Tales designaciones incluyen a oficiales y exoficiales venezolanos: el general Hugo Carvajal, el general Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín, en 2008. Freddy Bernal Rosales y Amilicar Jesús Figueroa, mayor general Cliver Alcalá Cordones y Ramón Isidro Madriz, en 2011. El entonces vicepresidente Tareck El Aissami y Samarak López, en 2017. Pedro Luís Martín y dos de sus asociados en 2018.

A pesar de las sanciones, el gobierno de Maduro no tomó medida alguna contra estos funcionarios, así como tampoco contra otros miembros de esa administración y militares con vínculos conocidos con las FARC o los carteles mexicanos en 2018.

Por el contrario, el gobierno de Maduro catalogó a las sanciones como un “complot extranjero para desestabilizar a nuestro gobierno”.

Objetivos nacionales, cooperación bilateral e iniciativas políticas de los Estados Unidos

Desde el año 2005, la cooperación en el control de drogas entre Venezuela y los Estados Unidos ha sido limitada e inconsistente. En esa ocasión Venezuela se negó a firmar un Memorando de Entendimiento entre ambos países para mejorar la cooperación antidroga.

Los Estados Unidos y Venezuela continúan ejerciendo un acuerdo bilateral marítimo de 1991 que permite a cada país abordar buques de bandera opuesta que sean sospechosos de tráfico ilícito de drogas en aguas internacionales.

Piden investigar a presidenta de Venetur por presuntas vinculaciones financieras con Diosdado Cabello

Una ciudadana cubano-venezolana, quien cumple funciones en el régimen de Nicolás Maduro es señalada por estar presuntamente vinculada a Diosdado Cabello. La mujer, presidenta de Venetur, habría llevado a cabo sus actividades irregulares que beneficiarían a la familia Cabello-Contreras.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Un grupo de ciudadanos, cuya identidad se mantiene anónima por razones de seguridad, solicitaron a las autoridades investigar las supuestas actividades ilícitas que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y su esposa Marleny Josefina Contreras Hernández, llevan a cabo en perjuicio del patrimonio nacional y que estarían vinculadas con negocios irregulares mantenidos en el área de turismo a través de la ciudadana cubano-venezolana, Leticia Cecilia Gómez Hernández, quien fue designada como presidenta de la empresa estatal Venezolana de Turismo S.A. (Venetur). 

Hay que recordar que desde el 7 de abril de 2015 hasta el 14 de junio de 2018, fecha esta última cuando fue nombrada ministra de Obras Públicas, Marleny Contreras ejerció como titular del Ministerio de Turismo, cargo al que llegó en sustitución de Andrés Izarra. También fue presidenta encargada de Venetur y del Instituto Nacional de Turismo S. A. desde el 21 de abril de 2015[1].

A la posición de presidenta de Venetur, Leticia Cecilia Gómez Hernández habría llegado de la mano de los Cabello, según revela el documento, convirtiéndose los hoteles pertenecientes a la cadena del estado venezolano—especialmente el Hotel Margarita Hilton, Hotel Mare Mare Hilton, Hotel Intercontinental Valencia, expropiados por el gobierno— en los instrumentos para cometer las supuestas irregularidades. Muchos de las operaciones se estarían realizando  supuestamente, en el Hotel Mar Caribe en Sucre. La denuncia sostiene  que "Las Marinas, especialmente las de oriente, serían el recinto que guarda los yates y embarcaciones, para lo cual contarían con la complicidad de Javier Quintero, Ramón Silva y la esposa de este Jenifer Flaute, quien ejerce como gerente de ventas".

"Para destinarlos al desarrollo hotelero, Gómez Hernández habría recibido y administrado grandes presupuestos provenientes de los arriendos de inmuebles de la empresa estatal en Maracaibo, Valencia y Puerto Ordaz, los cuales habría desviado a actividades irregulares", dice los denunciantes.

La protagonista

Leticia Cecilia Gómez Hernández —según la denuncia—presuntamente  fue nacionalizada de manera irregular por Dante Rivas cuando estaba al frente del Saime —al parecer no cumplía con los requisitos legales para ello— posee la Cédula de Identidad N° V-31.891.281.

Ejerce el sufragio en la Unidad Educativa Educacional Porlamar, de la parroquia Porlamar, municipio Mariño, estado Nueva Esparta.

En la red social LinkedIn se presenta como gerente general de hotel desde diciembre de 2013, aunque no hace más especificaciones. Igualmente, en esta página informa que es ingeniera industrial[2], "pero no hay registros que así lo confirmen", revelan los denunciantes.

La denuncia señala que funcionaria habría "adquirido mansión en Margarita por la que pagó USD 160 mil".

Designación en Venetur

El 24 de septiembre de 2018, a través del Decreto N° 3.621 de la presidencia de la república, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.488[3] de la misma fecha, Nicolás Maduro Moros, de  conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 2 y 16 del artículo 236  ejusdem, concatenado con el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos  4º, 18, 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y delegando en la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, la ejecución del acto de juramentación, designó a Leticia Cecilia Gómez Hernández, presidenta de la de la empresa del estado  Venezolana de Turismo Venetur S.A.

La designación fue refrendada por la ministra del poder popular para el turismo, Stella Marina Lugo de Montilla.

Sobre Venetur

Venezolana de Turismo (Venetur) es, tal como lo reza en su página web[4], la tour operadora de productos turísticos de la nación venezolana, “creada para satisfacer y beneficiar a toda la población a escala nacional e internacional, garantizando servicios de recreación, esparcimiento y negocio a precios accesibles, bajo los lineamientos de eficiencia, eficacia, y por ende calidad”.

Agrega para dar cumplimiento a este cometido, Venetur cuenta con una infraestructura hotelera, marítima y comercial que le “permite ser catalogados como la mayor plataforma instalada en el país. Gracias a estas particularidades, Venetur garantiza la promoción de las maravillas geográficas y la variedad de riquezas naturales, a través de un esquema de servicio enmarcado en la comodidad, seguridad y excelencia en la atención”.

Venetur tiene a su cargo una red hotelera conformada por el Hotel Venetur Alba Caracas y el Hotel Residencias Venetur Anauco, en el Distrito Capital; el Hotel Venetur Amazonas en el estado Amazonas; Hotel Venetyr Maremares y el Hotel Venetur Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui; el Hotel Caroní en el estado Barinas; el Hotel Venetur Orinoco y el Campamento Venetur Canaima en el estado Bolívar; Hotel Venetur Valencia en Carabobo; Hotel Venetur Morrocoy en Falcón; Hotel Venetur Mérida en el estado Mérida; Hotel Venetur Maturín en Monagas; Hotel Venetur Margarita en Nueva Esparta; Hotel Venetur Cumaná y el Hoter Venetur Mar Caribe en Sucre; y el Hotel Venetur Maracaibo en el estado Zulia. Igualmente posee la Red de Marinas Deportivas de Venetur S.A. que prestan servicio a las embarcaciones en Caraballeda, Cumaná y Margarita. Asimismo, posee el Hato Venetur Caroní a diez minutos de la ciudad de Barinas.

Notas citadas

[1] Poderopedia. Marleny Contreras. http://www.poderopedia.org/ve/personas/Marleny_Contreras

[2] LinkedIn. Leticia Cecilia Gómez Hernández. https://www.linkedin.com/in/leticia-cecilia-g%C3%B3mez-hernandez-38174114a/

[3] Pandectas Digital. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.488. 24 de septiembre de 2018. https://app.box.com/s/1lw4exurrly38mdktxctn6qevkdpfzqg

[4] Venetur. http://www.venetur.gob.ve/

PARTE III: En el Amazonas hay laboratorios que procesan cocaína que luego es enviada en aviones del gobierno a Cuba

En la tercera parte de la conversación que sostuvimos con el Teniente desertor del ejército venezolano, Daniel Archer Chirinos, el militar asegura que fue testigo de una discusión entre miembros de la guerrilla, el ELN y oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en el territorio amazónico venezolano.

Por Maibort Petit

@maibortpetit 

Daniel Archer Chirinos, un teniente que desertó del Ejército venezolano y que logró conocer los secretos que se esconden en ese vasta zona geográfica donde conviven desde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cárteles de la droga, garimpeiros y otros elementos del crimen organizado internacional. El oficial sostuvo que en Amazonas hay laboratorios que procesan cocaína procedente de Bolivia y Colombia, y luego esa droga de traslada en aviones del gobierno venezolano a Maiquetía, para luego ser enviada a Cuba desde donde se transportaba a México para que los cortes de Juárez y el de Sinaloa lo meten a los Estados Unidos por la frontera.

Archer Chirinos sostiene que el general de Brigada, Tito José Urdaneta Zenil; el Comandante del N- 521 Batallón de Infantería de Selva, Joey  Roy Niño Castro y el Mayor José Daniel Caraballo Mudarra, el Comandante de la ZODI, el Mayor Manuel Alfonzo Graterol; el comandante de la Guardia del muelle y los agentes de la Guardia Nacional y el resto de las autoridades militares que estaban en el estado Amazonas sostienen relaciones directas con los grupos guerrilleros y del narcotráfico que operan en el el Amazonas.

Comentó que cuando estuvo en la Base Territorial de Seguridad de Yapacana lo enviaron con 4 sargentos y 20 tropas alistadas a la zona. "Yo por supuesto tenía conocimiento que allá operaban elementos de guerrilla pero no fue sino hasta que llegué a la base que choqué con un muro de contención de lo que realmente existía".

Continúo señalando lo siguiente: "El sargento que estaba conmigo (el más antiguo), me mostró unas notas de voz que eran del segundo comandante que es el Mayor Caraballo Mudarra, dándole una serie de órdenes, es decir, utilizando al sargento como intermediario para recaudarle cuotas, negociar con los comandantes de guerrilla".

Explicó que en la zona de Yapacana existen unos radios a través de los cuales se comunican.los mineros y los guerrilleros. "El sargento me entregó el radio y me dijo: Mi teniente, si usted no asume el mando lo asumo yo. Obviamente como yo era el oficial, tuve que asumir el mando y tratar de controlar la situación lo más que pude".

Dijo que en oportunidades le tocó sentarse  a negociar con los guerrilleros, y vio como esos agentes explotan a los ciudadanos venezolanos y colombianos. Ellos extraen minerales con maquinarias que pasaban todas las alcabalas que están en el río sin ningún problema o supervisión.

En una segunda oportunidad, Archer Chirinos asegura que vio campamentos de garimpeiros brasileños en Amazonas. "El general tenía conocimiento de esto y no hacía nada. Pide observar las comunidades indígenas que estaban prácticamente muriendo de hambre, a pesar que el ministro de los indígenas dice que les provee de comidas. 

Dijo que había visto niños que las niguas (insectos) les estaban comiendo sus partes íntimas por falta de medicamentos. El 50 por ciento de los  niños de la tribu Yanomamis que nacen mueren por malaria,  paludismo. Viven en condiciones críticas, y pareciera que el gobierno nunca hubiese pasado por allí.

La tercera vez que se adentró al lugar fue cuando desertó, y decidió ir nuevamente a recabar pruebas. Fue cuando observó la presencia del narcotráfico. 

¿Opera el narcotráfico en esa parte de la frontera?

En la frontera -que es muy amplia- hay zonas donde los colombianos pasan toda la cocaína que les de la gana, ellos la transportan en avionetas más adelante de la Base de Seguridad Territorial de Santa Bárbara del Orinoco, donde se encuentra una posada turística que antes utilizaban mucho los norteamericanos, turistas que venían de todas partes del mundo a conocer nuestro Amazonas, la posada de Manacas. Allí hay una pista donde pueden aterrizar aeronaves pequeñas. Esa pista- afirmó- la están usando para transportar la mercancía (cocaína) hacia los puntos donde ellos las distribuyen después que llega allí, [al Amazonas].

Sostuvo que en oportunidades conversó con comandantes de la guerrilla, la mayoría de la mercancía llegaba a Puerto Ordaz, y luego la transportaban al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de  Maiquetía [La Guaira, estado Vargas] en aviones del gobierno. De allí lo embarcaban en una aerolínea cubana y desde Cuba, los altos funcionarios del gobierno la sacan a los distribuidores (porque recuerda que estamos hablando de un cártel internacional de distribución de drogas, de cocaína, de una red internacional del crimen organizado. En esa organización están involucrados gente de Bolivia que son los que cultivan la coca, gente de Colombia que son quienes la procesan. Aquí en Venezuela también la procesan, y es el país actualmente con la mayor distribución porque desde donde sale la gran parte de esa mercancía es desde aquí [Venezuela]. ¿por qué?pues prácticamente utilizan los organismos del gobierno para sacarla por los aeropuertos principales y llevarla hasta Cuba, luego la trasladan a México que es desde donde -posteriormente- se encargan de pasarla a Estados Unidos con la ayuda del Cártel de Juarez y el Cártel de Sinaloa.

¿Viste alguna actividad irregular directamente? 

Directamente no, pero si tuve oportunidad de ver a oficiales de la Guardia Nacional supervisaban la llegada y embarcaban la droga en  la pista que se encuentra en la posada Manaca y los enviaban al destino acordado.

Cuando le pregunté a ciertos comandantes de la guerrilla lo que estaba ocurriendo "ellos me respondieron naturalmente porque ellos se consideran así mismo como una fuerza armada y tienen sus jerarquías como el ejército o los órganos legalmente constituidos".

A mi me tocaba hablar tanto con los rangos altos como los bajos -acotó- y ellos me informaban todas las irregularidades. El comandante de la Base de allá tiene que saber todo y debe estar al tanto de lo que pasa  y deja de pasar allá.

¿Hay laboratorios de procesamiento de cocaína  que funcionan en Venezuela?

Muchísimos. Es increíble, en el Amazonas hay de todo. Usted va a la Base de Yapacana, y se da una vuelta a los alrededores, (en la selva), y va a conseguir una ciudad construida con tablas de madera forradas con plástico negro, con cabos, unas tremendas construcciones de madera donde hay prostíbulos, venta de teléfonos, centros de comunicaciones con telefonía satelital, internet. Hay de todo lo que te puedas imaginar, venta de ropa, insumos, medicinas, Todo se vende allí.

En esa zona se encuentran los laboratorios de la droga que son controlados por elementos de la guerrilla. Son los guerrilleros los que supervisan y controlan lo que allí pasa, y cuando ven que un venezolano o un colombiano le intentan quitar el negocio, ellos lo eliminan y los sacan de ese territorio. Ellos no permiten que más nadie sino ellos mismos comercialicen su mercancía.