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viernes, 21 de julio de 2017

PDVSA oriente: Centro donde se gestan decenas de negocios fraudulentos

   Aun en situación de crisis, la petrolera estatal continúa siendo el eje de los principales negocios que tienen lugar en el país, sean estos de carácter lícito o ilícito, estos últimos cometidos al amparo de funcionarios gubernamentales o de la empresa que, ávidos de dinero fácil, acuden a ella para amasar fortuna en desmedro de la economía nacional.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   De ser la otrora principal empresa del país, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, pareciera haber devenido en la fuente de ingresos de funcionarios corruptos de la estatal, de la administración pública y sus allegados. Y es que mientras la austeridad se ha impuesto a la mayoría de los venezolanos por la merma de los ingresos petroleros, se han incrementado las riquezas inexplicables de quienes han tejido todo un entramado de corrupción en torno a la compañía que por vía de otorgamiento de contratos a empresas de maletín sin que medien para ello procesos licitatorios sino la voluntad de una gerencia deshonesta conectada a las redes de corrupción, ha configurado la manera de dirigir un gran porcentaje de los dineros que debieran destinarse a solucionar los problemas de la población, a las cuentas de inescrupulosos mercaderes de la industria y el gobierno. 
    Especialmente en el área oriental parecen concentrarse la mayoría de las operaciones fraudulentas en torno al auge que en los últimos años ha tomado la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor concentración de reservas de petróleo pesado y extrapesado del mundo. En tal sentido, decenas de posibilidades de negocios han surgido alrededor de los 650 kilómetros de este a oeste y unos 70 kilómetros de norte a sur, que comprenden territorios de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.

   La corrupción ha alcanzado tales extremos, que ya hasta portales oficialistas como Aporrea se han visto en la obligación de denunciar los hechos, entre ellos los supuestamente cometidos por el empresario y alcalde Jhonnathan Marín en la Faja del Orinoco. En una nota publicada el 22 de septiembre del corriente 2017, se cita el caso de este hombre quien accidentalmente terminó convertido en alcalde de Guanta, municipio aledaño a Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, y que se ha convertido, según afirma la página en “instrumento para la corrupción petrolera en el oriente del país”[1].

   Jhonnathan Marín habría logrado amasar una gran fortuna luego de haber conformado las denominadas "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta, las cuales le permitieron construir su red al derivar los contratos de construcción de obras hacia sus compañías de maletín o las de sus allegados, una de ellas la Constructora Urbano Fermín C.A., Cuferca, de Carlos Esteban Urbano Fermín, privado de libertad a por el Tribunal 6° de Control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui a solicitud del Ministerio Público, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016. Urbano Fermín figuraba como gerente general de Cuferca y era accionista de diversas compañías contratistas de PDVSA.

  Pues bien, refiere Aporrea que Urbano Fermín y sus hermanos pasaron de ser propietarios de un “camión volteo que ’sacaba arena’, a ser los accionistas del grupo empresarial de más rápido crecimiento de la región y tal vez del país”. En 2009 esta empresa resultó favorecida de los contratos para la gasificación de Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta y luego de otras contrataciones de gran magnitud en la Faja Petrolífera del Orinoco, “todo esto de la mano de Marín”, reseña Aporrea.

   Marín es familiar directo del exalcalde de Barcelona, José Gregorio “Goyo” Salazar, quien huyó a Miami luego de desfalcar a la municipalidad. En dicha ciudad del Estado de la Florida, también residen la esposa y los hijos de Jhonnathan Marín. Según los movimiento de migración se estableció que solamente durante el mes de agosto viajó en cinco oportunidades al país del norte.

“Los nexos de Marín con el grupo Urbano Fermín están demostrados por el carácter público y notorio que han asumido los mismos y por documentos de negocios que están en poder de las autoridades. Eso incluye contratos a través de las empresas que están a nombre de su esposa Esteiny Villanueva para prestar servicios o vender suministros a PDVSA”.

   Pero Jhonnathan Marín no solamente hace negocios con Cuferca, sino también con el empresario Constantino Bonaduce —quien también es procesado por corrupción— a quien otorgó una concesión de aeropuerto, “que le ha permitido convertirse en dueño y operador de una especie de puerto aéreo en Barcelona llamado Aerocentro. En esa contratación estuvo metida la mano y la firma del general prófugo y confidente del gobierno de EEUU, Hebert García Plaza”, agrega Aporrea.

El caso de Malik Souki

  Aunque se trata de un clan familiar, el nombre de Malik Souki, resuena entre todos ellos pues desde hace muchos años se le relaciona con múltiples casos de corrupción.

   Esta familia de origen árabe residenciada en Anaco, es propietaria de Militarek, empresa ampliamente favorecida por la gerencia de Petróleos de Venezuela a la hora de la adjudicación de contratos.

Ya en 2011, específicamente el 13 de noviembre, también Aporrea se hacía eco de las denuncias que en contra de esta contratista de PDVSA formulaban los trabajadores de los pozos petroleros a los que Militarek hacía servicio en la ciudad de El Tigre. Acusaban en ese entonces una serie de irregularidades y violaciones que comenzaban con el hecho de estar suspendido del Registro Nacional de Contratistas y, sin embargo, siguió siendo contratada, habiéndose comprobado ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, que presentó ante la petrolera una solvencia laboral falsa por lo cual no recibió sanción alguna.

   La referida nota de Aporrea advertía que ni PDVSA ni las autoridades competentes acometieron una investigación respecto a los innumerables accidentes laborales y condiciones inseguras de trabajo a que estaban sometido quienes se desempeñaban en Militarek. Denunciaban las páginas oficialistas la inmutabilidad, incluso, ante las muertes ocurridas por las precarias condiciones de trabajo.

  Se explicaba que los 8 taladros con los que trabajan a lo largo de los diferentes campos petroleras estaban en pésimas condiciones y subrayaban que “el dueño de esta empresa, Sr. Malik Hassib Souki El Lara, no acata ni respeta las leyes venezolanas, actualmente se encuentra fuera del país, esto debido a un problema que mantendría con unos supuestos motores y partes de taladro que serían de dudosa procedencia. Su esposa estuvo detenida y su finca intervenida. En los diferentes taladros que se revisaron y requisaron por parte de los militares, hay un silencio y secreto a voces. Todos los que de alguna manera se han atrevido a denunciar este cúmulo de situaciones los amenazan a ellos y a sus familias más cercanas”[2].

Al haberse comprobado el forjamiento de documentos, Malik Souki, de quien se dice es primo de Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de manera irregular, fue objeto el 13 de marzo de 2012 de una medida cautelar sustitutiva de libertad por parte del Tribunal de Control de Barcelona a cargo de la jueza María Caraballo Español, un acto que no se cumplió pues el imputado huyó a Panamá.

  Y es que, a pesar de todas las denuncias en su contra, la empresa Militarek seguía siendo amparada por funcionarios gubernamentales y de Petróleos de Venezuela, tal es el caso del gerente de consultoría jurídica de PDVSA Servicios, Alexis Moreno, y de quien años más tarde resultó imputado por corrupción, José Luis Parada, el encargado de firmar los convenios con Souki, refiere el portal Anonymous Democrático que muestra toda la documentación que sustenta las denuncias en contra de la citada empresa[3], tales como los contratos; las constancia que evidencia la falsedad de las solvencias; escrito en los que se afirma que Tarek William Saab, para entonces gobernador del Estado Anzoátegui, respalda la corrupción de Miltarek; pruebas de la insolvencia de la empresa con el Ministerio del Trabajo y el IVSS; así como órdenes de pago a favor de la empresa con la venia de Rafael Ramírez, exministro petrolero y expresidente de PDVSA.


   La turbidez de los asuntos relacionados con Malik Souki han llegado al extremo de que en mayo del presente 2017 se corrió el rumor de que su cuerpo había sido encontrado sin vida, un hecho que no fue confirmado ni por la familia ni por autoridad alguna. La ola de rumores insiste en decir que Souki, por múltiples amenazas de muerte y su condición de prófugo, entra y sale constantemente del país escoltado por guardaespaldas e, incluso, por militares, por lo que se estima que la especie corrió sólo como una medida de protección para el empresario. Sin embargo, debemos aclarar que todo esto entra solamente en el terreno de las especulaciones y sólo hacemos mención de ello como una manera de ilustrar el nada transparente entorno de este hombre y sus empresas contratistas de la estatal petrolera nacional.

  Entre los funcionarios de la petrolera que apadrinan a Militarek figura, Emeterio Marcano, actual vicepresidente de PDVSA servicios en Oriente, quien este año contrató a la empresa Sundrill International, S.A., subsidiaria de la empresa rusa Newtech Services, para la perforación de pozos en la faja del Orinoco. Igualmente, Sundrill está registrada en Houston bajo el nombre de Sundrill Energy Services, cuyos propietarios son:Mark Sadykhov, 
Sergey Malygin y Matt S. Pond.
  Entre las condiciones impuestas para el otorgamiento del contrato de PDVSA a esta empresa estuvo la imposición de Alonzo Zacarías como gerente general en Venezuela. Este hombre mantiene una relación de compadrazgo con Emeterio Marcano y es una persona muy cercana a otros altos directivos, gerentes y ejecutivos de la petrolera nacional dijo una fuente ligada a PDVSA que pidió mantener en el anonimato por su seguridad. En el manejo de este contrato y en las operaciones se estarían violando una serie de cláusulas y leyes con respecto a pagos de servicios, compras y aprobación de transacciones.

Exigencias rusas de limpieza en PDVSA

El grado de corrupción en PDVSA ha llegado a tal extremo que desde Rusia —país al que ha recurrido en los últimos años el gobierno venezolano para obtener financiamiento ante la quiebra de la principal industria del país— han exigido a la administración de Nicolás Maduro una limpieza exhaustiva en el estatal de tal manera de garantizar sus inversiones.

Es el caso de Gazprombank Latin America Ventures B.V., la cual es una empresa socia de PDVSA en Petrozamora que, al encenderse las alarmas con la detención por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de un grupo de gerentes de la empresa, a cuya cabeza se encontraba Gustavo Malavé(Ver detalles aquí), por el caso de la compra de los desemulsionantes para la empresa mixta Petrozamora, usada para negocios irregulares, procedió a poner sobre la mesa una serie de exigencias que le permitan resguardarse y evitar ver afectado su patrimonio, refiere el portal Verdades y Rumores en fecha 28 de septiembre de 2017[4]

  Las presiones de Gazprombank Latin America Ventures B.V. permitieron desarticular la irregular operación que afectó a decenas de cargamentos de crudo y generó daños patrimoniales de unos 500 millones de dólares aproximadamente. Indica la publicación que la intermediación de petroleros internos y externos ha resultado infructuosa frente a las demandas de los rusos.

  Inicialmente la gerencia de PDVSA quería hacer una operación de maquillaje, de modo de no afectar a los involucrados, borrando todas las huellas de hechos irregulares, pero los rusos en un afán de salvaguarda, enviaron una comisión de expertos para hacer todas las indagaciones que sean pertinentes y que actúa en la petrolera con asistencia del Sebin para destapar todos los ilícitos e implementar soluciones a dichos entuertos, se lee en Verdades y Rumores[5].

Farándula inmiscuida

   De los escenarios, actores y cantantes venezolanos han decidido pasar a establecer negocios con la PDVSA, sólo que en lugar de hacerlo de manera honesta, su figuración ha sido irregular adquiriendo por ello tanta o más fama que pos sus interpretaciones.
Tal es el caso del actor Manuel “Coco” Sosa, detenido el pasado 4 de octubre en Las Mercedes por una acusación por fraude emitida por la Fiscalía General de la República.

Sosa habría desfalcado, a través de sus empresas, a la Faja Petrolífera del Orinoco, reseña Globovisión[5][5].

El fiscal general de la Republica designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Sosa fue presentado el ante el tribunal 22 de Caracas imputado por contratos irregulares que alcanzan los 27 millones de dólares.

Saab indicó que “la investigación asciende a la evaluación de 10 contratos ‘por un monto con sobreprecio del 200% lo que suma unos  27 millones de dólares’. Entre los contratos vinculados con el caso, se destaca la a adquisición de equipos de comunicación, material para la fabricación de líneas de agua, impresoras, aceite hidráulico, piezas de taladro, bebidas y alimentos, cartuchos de impresora, cascos para soldaduras, bolsas de polietileno y materiales diversos”, refiere El Universal [6] en nota publicada el 6 de octubre de 2017.

Tales contratos involucrarían, por lo menos, a ocho gerentes de Petropiar quienes también son investigados por el Ministerio Publico.

Manuel Sosa es señalado por mantener una vida de dispendio y lujos, poco cónsona con su nivel de ingresos. El portal Lechuguinos refiere que el actor es propietario de empresas, camionetas de lujo, aviones y yates.

Indica la página que Sosa participa como accionista, en aproximadamente nueve compañías, que están  inscritas en el estado de Florida en los Estados Unidos. Tres en Doral: Suministros Gramal, Spearkon y Samanna. Allí también operan otras cuatro compañías bajo la dirección de Irina Lucena, quien figura como secretaria de las empresas donde el actor es el presidente.

“Las empresas de Manuel  Coco Sosa, fueron fundadas las primeras en el año 2012 dentro de ellas Queen Supply junto a Helmuud David Castrillón, la cual se encuentra inactiva actualmente y la más reciente el año 2016 registró Monica Spear Foundation Inc, en Pembroke Pines”[7].

También el cantante Roberto Antonio, manifiesto simpatizante del oficialismo, está señalado de mantener relaciones contractuales con la estatal PDVSA. En 2010 a Roberto Antonio le asignaron la concesión de una estación radial en Anzoátegui a la que llamó “Marejada”[8], informó la página Noticias al día para la fecha.

El cantante supuestamente compra en Houston, Estados Unidos, equipos y materiales petroleros que posteriormente revende con sobreprecio a PDVSA sin que para ello medien procesos licitatorios, sino que los obtiene por adjudicación directa. En la ciudad norteamericana, participa en reuniones con otros venezolanos, entre ellos Iván Natera vinculado al contratista petrolero, Pietro Micale. A este último el 16 de marzo de este año 2017 le allanaron su residencia ubicada en la urbanización Las Villas de Lechería, estado Anzoátegui. Esta acción se llevó a cabo dentro del proceso de investigación de presuntos hechos de corrupción en desmedro de las arcas de PDVSA. El portal Noticias al día refiere el 19 de marzo de 2017 que Micale “dio sus primeros pasos comerciales como vendedor de la llamada lotería de animalitos en el Oriente venezolano y luego gerenciando una casa de chicas y entretenimiento para adultos en la ciudad de Anaco. Posteriormente participó en negocios de PDVSA como el del coque en la Faja Petrolífera del Orinoco, a la par con el grupo empresarial Urbano Fermín”[9].

El en este mismo blog se reseñó un informe de una investigación federal sobre se informa que Petro Micale figura entre los socios del empresario, Franco Tortolani, señalados “por la comisión de hechos de corrupción, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, entre quienes figuran otros contratistas, así como funcionarios y exfuncionarios de la industria petrolera venezolana”[10].

También en el terreno de las especulaciones a Roberto Antonio se le señala de ser testaferro de funcionarios del gobierno, incluidos militares y directivos de PDVSA. Ver detalles.

Roberto Antonio sería socio de Johanna Torres con quien sería propietario, a partes iguales, de Sublibarbara, C.A., RIF J- 402043198[11] y la cual se mantiene activa en el Registro Nacional de Contratistas, RNC [11].

Esta empresa se dedica a “prestar servicios para la ejecución de obras; suministro o el mantenimiento de bienes y servicios para el sector público nacional, estatal, y municipal, o de cualquiera de sus empresas o institutos, así como las industrias de hidrocarburos, petróleo, gas, metalúrgica, mecánica, minera, petroquímica, textil, construcción, telecomunicaciones, aeronáutica, aeroespacial y agroindustrial, y al sector privado, etc.[12]”, se lee en el portal Noticias Candela.

Las operaciones las harían a través de su esposa, Norma Sampere, quien figura como propietaria de New wave Productions CAEntretanto, Gabriela Montanari es la esposa de Iván Natera, además de amiga y allegada de Norma Sanpere, quienes en conjunto mantienen vínculos con el anteriormente citado, Pietro Micale y la familia Souki, señalados como ya se ha apuntado casos de corrupción.

Como puede observarse, Petróleos de Venezuela, S.A., aun por muy depauperada que se encuentre, continúa siendo el centro de los principales negocios del país, sean estos origen lícito o ilícito. A ella acuden con premura quienes anhelan amasar fortunas sin que para ello medien la honradez y el trabajo, sino el amparo a la sombra de los negociados corruptos.