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miércoles, 11 de mayo de 2022

El Tigre Bonilla, exjefe de la Policía Nacional de Honduras fue presentado ante un juez en NY, el acusado se declarará no culpable de delitos de narcotráfico

   El tribunal le asignó un abogado público. La próxima audiencia será el 10 de junio de 2022.

Por Maibort Petit

   El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias "El Tigre" fue presentado este miércoles ante un juez de Nueva York para la lectura de cargos en una acusación federal en su contra que lo señala de haber abusado de su cargo oficial para proteger cargamentos de cocaína y asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de las instituciones de aplicación de la ley. 

   Bonillas Valladares fue extraditado de Honduras a Estados Unidos el martes 10 de mayo, llegó al aeropuerto de White Plane en las cercanías de la ciudad de Nueva York a las 8:40 PM en un vuelo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El exjefe de Policía hondureño fue trasladado al Centro Metropolitanos de Detención de Brooklyn (MDC) donde estará hasta que concluya su proceso.

   El expolicía fue presentado hoy ante la juez federal Katharine H. Parker para la audiencia de arraigo. En el marco de la audiencia se le asignó un abogado público, luego que el acusado firmó un declaración jurada de incapacidad financiera para pagar su propia defensa.

    En el marco de la audiencia, la magistrada Parker le dijo a Bonilla que tenía derecho a la asistencia de los representantes diplomáticos de su país. La próxima audiencia de Bonilla será el 10 de junio de 2022.

  Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Anne Milgram, Administradora de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy en un comunicado la extradición de Bonilla Valladares, alias "El Tigre”, por cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. 

   Williams dijo: “En lugar de usar su posición de alto poder como Jefe de la Policía de Honduras para combatir el narcotráfico, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias 'El Tigre', explotó corruptamente su posición para proteger y ayudar a los organizaciones narcotraficantes que estaba obligado a desbaratar. Con su apoyo y protección, los asociados de Bonilla Valladares se convirtieron en un conducto crítico para el tráfico de drogas de Centroamérica a los Estados Unidos:. 

    El fiscal aseguró que la extradición  de Bonilla Valladares demuestra que nadie está exento "en virtud de su título o posición de autoridad, incluso los presidentes y jefes de policía extranjeros, de un proceso penal por contribuir a la avalancha de narcóticos ilegales en este país que causa tanto daño”.

En un comunicado de prensa de la fiscalía, la administradora de la DEA, Anne Milgram, aseguró que “El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández no habría llegado al poder y no se habría beneficiado con éxito de las ganancias masivas de las drogas si no hubiera sido por su amplia red de asociados corruptos. Estos asociados, incluido Bonilla Valladares, también explotaron sus posiciones para traficar cocaína a los Estados Unidos y proteger violentamente a otros traficantes de drogas con conexiones políticas, todo para su propio beneficio personal". 

   Milgram afirmó que Bonilla Valladares "traicionó aún más al pueblo hondureño al usar su placa de policía para encubrir sus crímenes". 

  Agregó que "la extradición de Bonilla Valladares demuestra una vez más al mundo que los funcionarios corruptos no pueden esconderse detrás de sus cargos". 

  "La DEA, en coordinación con nuestros socios estadounidenses e internacionales, no se detendrá ante nada para llevar ante la justicia a cualquiera que amenace la seguridad y la salud de los estadounidenses”, dijo la jefe de la Unidad en Nueva York.


Según las alegaciones contenidas en la Demanda contra BONILLA VALLADARES, las pruebas presentadas en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado (“Hernández Alvarado”) en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado[ 1]:

Los cargos

  Según la acusación federal, aproximadamente entre 2003 y 2020, múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de ciertas personas públicas y privadas, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de varias toneladas de cocaína enviadas desde Honduras a Estados Unidos.

   El documento de la corte dice que la cocaína venía entre otros lugares, de Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas. Los narcotraficantes con la ayuda de políticos y policías,  transportaban la droga desde el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos. 

  "Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargamentos de varias toneladas de cocaína, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal del Gobierno hondureño, de la Policía Nacional, incluido Bonilla Valladares".

   La demanda dice que Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1998 y aproximadamente 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el de Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el occidente de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de Policía la Policía Nacional de Honduras para todo Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2013. 

  Asegura la acusación que Bonilla Valladares explotó de manera corrupta estos cargos oficiales para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluidos ex el congresista hondureño Tony Hernández Alvarado y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien se hace referencia en la Demanda acusando a Bonilla Valladares como “CC-4”.

  Agrega que "a cambio de sobornos pagados con ganancias de drogas, Bonilla Valladares ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados. 

  Igualmente sostienen los fiscales que Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden público para facilitar los envíos de cocaína, incluyendo información sobre operaciones de interdicción aérea y marítima.

  Alrededor de 2010, Tony Hernández Alvarado le dijo a un testigo colaborador (CW-1) que los hermanos Hernández Alvarado ayudaron a Bonilla Valladares a avanzar en su posición dentro de la Policía Nacional de Honduras, y que alias El Tigre, protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio de sus privilegios. 

  Hernández Alvarado también le dijo a CW-1 que Bonilla Valladares era un hombre muy violento, y que los Hernández Alvarado le confiaron a Bonilla tareas especiales, incluido el asesinato. 

 Por ejemplo, en o alrededor de julio de 2011, Bonilla Valladares participó en el asesinato de un narcotraficante rival a pedido de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del occidente de Honduras cerca de la frontera con Guatemala.

  El acusado ha negado todos los cargos y ha señalado que irá a juicio en Nueva York para demostrar que las acusaciones de los fiscales están basadas en los testimonios de narcotraficantes que fueron supuestamente perseguidos y arrestados por el mismo Bonilla.

   La Demanda acusa a Bonilla Valladares, de 62 años, de los siguientes cargos: 

(1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, 

(2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover, la conspiración de importación de cocaína; y 

(3) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. 

 Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el primer cargo, una sentencia mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por el segundo cargo, y una término máximo de cadena perpetua en el Cargo Tres.

  La fiscalía informó que el enjuiciamiento de Bonilla Valladares es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. 

  Este caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía y la representación del gobierno está en manos de los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow.

martes, 10 de mayo de 2022

Expresidente de Honduras se declaró no culpable de cargos de narcotráfico ante un juez de NY, defensa denuncia que JOH es tratado como un terrorista

  La defensa denunció ante el juez que al exmandatario se le están violando los derechos, incluyendo la posibilidad de comprar comida en el comisariato, consultar correos electrónicos, llamar a su familia, hacer ejercicios una hora al día y hablar con sus abogados para preparar su juicio.

Por Maibort Petit

  Durante la primera audiencia presencial del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York., el ex-mandatario se declaró no culpable de los cargos interpuestos en su contra por el gobierno de los Estados Unidos que incluyen conspiración para narcotráfico y dos de uso de armas.

      El exmandatario llegó a la sala del juez Kevin Castel vistiendo un uniforme de presidiario color azul, una camiseta y zapatos deportivos naranja. Se le veía sereno, pálido y bastante delgado. Cuando el magistrado le preguntó si se declaraba culpable o no culpable, en español dijo: "No culpable su señoría".

     En el marco de la audiencia el abogado de Hernández, Raymond Colón denunció ante el juez lo que la defensa considera una violación de los derechos del ex-mandatario, al señalar que es tratado como un terrorista a pesar que en este caso no hay violencia. En ese sentido,  afirmó que no sabía por qué Hernández está en una celda aislado las 24 horas del día, no se le permite hacer ejercicios, el sistema rechaza el dinero que la defensa le deposita para que pueda comprar comida en el comisariato de la cárcel, no puede llamar a su familia como el resto de los recluidos en el Centro Metropolitano de Brooklyn, y no puede leer correos electrónicos ni reunirse con la defensa para prepararse para el juicio.

   El magistrado Castel ordenó a los fiscales tomar nota de toda la denuncia y presentar un reporte ante su despacho en 7 días, aclarando que las condiciones descritas por el abogado Colón no representan la esencia del sistema de justicia de Estados Unidos, ni del gobierno, prometiendo que todo acusado tiene derecho a los beneficios denunciados y a ser tratado con respeto, tal cual lo establecen las leyes del país.

   El juez también ordenó a los fiscales preparar las evidencias del caso que incluyen grabaciones de reuniones, documentos, datas extraída de aparatos electrónicos, información sobre redes sociales y otras evidencias fuertes. El descubrimiento (evidencias del caso) deben ser entregadas a la defensa en 60 días, y las mismas deben incluir pruebas que ayuden a exculpar al acusado.


 ya había comparecido virtualmente a la presentación inicial ante un juez accidental de Manhattan, cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Mañana, el juez del caso Kevin Castell leerá el expediente en el que se describen los detalles de la acusación contra Hernández, acusado de haber formado parte de una conspiración para enviar cocaína a suelo estadounidense, utilizando para ello su poder político como jefe de Estado.


    Una vez concluyó la audiencia, Hernández agradeció a sus abogados y saludó a los presentes en la sala levantando el brazo. De manera poco regular, algunos activistas que estaban en la sala gritaron insultos contra el exmandatario sin que hubiese un llamado de atención por parte de los alguaciles de la corte. 

     Una vez fuera de las instalaciones, el abogado de JOH, explicó que estaban realizando los trámites para solicitar una fianza ante el tribunal, para lo cual se requiere que se presenten los documentos de las propiedades de los garantes, que forman parte de la comunidad judía de Honduras y de Nueva York.

    La defensa de Hernández informó que "está preparada para desmontar las acusaciones de los fiscales federales, y que para ello están elaborando una investigación detallada de los testigos de la fiscalía, que en su mayoría son narcotraficantes extraditados cuando JOH era presidente".

La estrategia de la defensa

  Tan pronto el nombre de Juan Orlando Hernández surgió en anteriores procesos judiciales que tuvieron lugar en 2019 en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, este comenzó a negar la veracidad de las afirmaciones que testigos del gobierno habían expresado en dichos juicios.

  JOH sostiene que los señalamientos en su contra no son más que una “venganza” de los narcotraficantes que fueron extraditados a Estados Unidos durante su gobierno.

  En aquel entonces escribió en su cuenta personal en la red social Twitter: "Ahora vean como delincuentes confesos que han cometido los peores crímenes, expolicías depurados, políticos buscando venganza, (los narcotraficantes) buscando que les rebajen sus penas dicen y dirán cualquier bajeza para sacarse clavos y obtener, entre otros, beneficios en sus sentencias".

  Durante el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado, el fiscal federal, Jason A. Richman, le dijo al jurado que JOH había recibido un millón de dólares como contribución de Joaquín “Chapo” Guzmán a su campaña electoral. La defensa de Hernández ha referido que el abogado de Guzmán negó esa afirmación del fiscal en unas declaraciones publicadas en The New York Post.

   De hecho, el defensor de Guzmán, Jeffrey Litchman calificó en 2019, en el marco del proceso contra su cliente que se desarrolló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que la acusación contra JOH era mentira.

  “No hay ningún testimonio de que el Chapo Guzmán haya sobornado al presidente de Honduras”, dijo Lichtman. “En todo caso, lo hizo uno de los testigos del gobierno y su gran grupo de cooperadores”(1).

  Otro argumento que ha esgrimido a su favor JOH y que seguramente será un elemento usado por la defensa, es el hecho de que la Constitución Política de la República de Honduras de 1982, establecía en su artículo 102 que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”[7], siendo él durante su gestión como presidente del Congreso, quien promovió la reforma constitucional que permitió la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos. Asimismo, ya en el ejercicio de la presidencia de Honduras, JOH aprobó la extradición de 32 narcotraficantes, aunque efectivamente se extraditaron 31, pues uno deberá purgar primero condena en Honduras para luego ser entregado a la justicia de EE. UU. Esto podría haber sido simplemente un método de sacar de en medio a competidores y rivales, han alertado algunos analistas consultados.

  Voceros de la defensa de Hernández han señalado extraoficialmente que la Fiscalía estadounidense subirá, aproximadamente, 32 testigos al estrado para sustentar su acusación más allá de la duda razonable. Se adelantado además que los defensores del hondureño buscará enfrentarlas con la declaración de 16 testigos.

  Apuntar al descrédito de los testigos del gobierno sería el objetivo de los abogados Colón y Pérez, toda vez que el principal de los convocados de la fiscalía sería quien, igualmente, ha jugado un papel estelar en anteriores causas, a saber, Devis Rivera Maradiaga, exlíder de Cartel de Los Cachiros, como también lo serían los hermanos Valle Valle, quienes presentan un amplio prontuario criminal.

  Poner en duda ante el jurado tales testimonios recordando, por ejemplo, que el propio Rivera Maradiaga admitió en corte su participación en el asesinato de más de 75 personas, seguramente será la estrategia y el objetivo de los abogados cuando enfrenten en el estrado las afirmaciones de los testigos.

  Colón dijo a los periodistas a las afueras de la corte que la defensa estaba  lista para desmentir los señalamientos que en contra de JOH esgrimen los fiscales.

  Colón aseguró que "tienen todo preparado para tratar de desvirtuar frente a los jueces en una primera parte la acusación de los narcotraficantes contra Hernández indicando que se trata de una venganza".

Los testigos de las partes

  Uno de los testigos que presentará la fiscalía en este caso es el líder del violento cártel hondureño conocido como los Cachiros, Devis Rivera Maradiaga que ha participado como testigo cooperante del gobierno en los principales casos de narcotráfico de Honduras, incluyendo el de Fabio Lobo, hijo del expresidente, Pepe Lobo y Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente, Juan Orlando Hernández, ambos sentenciados en Nueva York por delitos de narcotráfico.

  Ángel Martínez, un investigador privado de Estados Unidos, contratado por el despacho de abogados defensores de Juan Orlando Hernández, para investigar a los testigos de la fiscalía, ha sorprendido con algunas afirmaciones. Este investigador sostiene que el gobierno ha levantado su caso únicamente con el testimonio de narcos, algo que podría hacer tambalear la acusación ante el jurado, toda vez que la defensa se enrumbará a descalificar a los exlíderes de los Cachiros y el Clan Valle Valle.

  Y aunque luzca algo peregrina, Martínez ha dejado colar una tesis que asegura que la carta bajo la manga del gobierno sería Tony Hernández, a quien los fiscales estarían presionando para que acceda a testificar contra su propio hermano. “La clave de este juicio es convencer a ‘Tony’ Hernández porque si es el hermano que habla, el jurado lo va a ver desde otro ángulo, porque él puede salvarse o salvar a su hermano”[3].

   Por su parte, los abogados de Juan Orlando Hernández han indicado que mientras la fiscalía sentará en el estrado a testificar a delincuentes para poder respaldar su acusación, la defensa llamará a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno estadounidense a objeto de que reiteren ante el jurado lo que muchas veces, en ocasiones anteriores, han asegurado acerca de su defendido.

  Y es que durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump, se calificó al entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como un aliado de los EE. UU. y gran colaborador en materia de lucha contra el narcotráfico. La defensa, ha dicho, echará mano de información publicada por el Departamento de Estado y el Comando Sur de los Estados Unidos, que así lo certificarían.

Se juzgarán conductas y no opiniones

  Fuentes consultadas por Venezuela Política ven como un hecho muy poco probable el que la defensa pueda llamar a declarar en favor de JOH, a los expresidentes Obama y Trump, así como a los exsecretarios de estado, Hillary Clinton y Mike Pompeo, o al jefe del Comando Sur, quienes calificaron Hernández como un gran socio de los EE. UU. en materia de lucha contra el narcotráfico. Mucho menos al actual presidente, Joe Biden, quien ejerció como vicepresidente en gestión de Obama.

 Estas mismas fuentes advirtieron que aún cuando la defensa argumente que el propio gobierno estadounidense ha destacado el papel de JOH en la lucha contra el narcotráfico en otras ocasiones, y busque descalificar a los testigos del gobierno, será difícil que pueda rebatir los hechos y acciones en que habría incurrido el expresidente Hernández y que muy seguramente presentará la fiscalía como sustento del caso.

  No desestiman a rajatabla que el juez llame a los exaltos funcionario gubernamentales de EE. UU. a declarar, pero lo ven con muy poco probable. 

  La acusación contra JOH seguramente contendrá hechos concretos, específicos que son los que realmente conforman la base del caso contra con el expresidente hondureño. Es el comportamiento de Juan Orlando Hernández lo que se juzgará en el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, no las opiniones sobre él. Subrayan que, en todo caso, lo que quedaría en evidencia es la doble vida de Hernández, quien a modo de mampara habría exhibido una conducta ante sus homólogos y el gobierno de EE. UU., mientras que al mismo tiempo llevaba a cabo los actos por los cuales ahora se le juzgará.

  En todo caso, nuestras fuentes expertas advierten que esta no sería la primera vez que la justicia de EE. UU. siente en el banquillo de los acusados a antiguos aliados, tal fue el caso de Manuel Noriega, ex-dictador de Panamá.

  Lo que sí no descartan estas fuentes es que este juicio sirva para ponderar y censurar la poca previsión de las pasadas administraciones a la hora de emitir sus reconocimientos.

    El juez Castel fijó como probable fecha del juicio el 17 de enero de 2023. Pidió a las partes que dejarán el calendario abierto para que en la fecha por él seleccionada se inicie la selección del jurado que tendrá la responsabilidad de juzgar a un expresidente que jugó un rol protagónico en las alianzas de EE. UU. en los países del triángulo norte para la lucha contra el narcotráfico en la región. 

Cazador cazado.

[1] EFE. “Hernández atribuye a venganza la denuncia de que usó dinero del narcotráfico”. 4 de agosto de 2019. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/hernandez-atribuye-a-venganza-la-denuncia-de-que-uso-dinero-del-narcotrafico/10001-4036843

[2] Venezuela Política. “Fiscalía de EE. UU. asegura que el presidente de Honduras recibió un millón de dólares para su campaña de Joaquín El Chapo Guzmán”. 2 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/fiscalia-de-ee-uu-informa-que-el.html

[3] Justia Honduras. Constitución Política de la República de Honduras de 1982. https://honduras.justia.com/federales/constitucion-politica-de-la-republica-de-honduras-de-1982/titulo-iii/capitulo-ii/



viernes, 22 de abril de 2022

Conozca la acusación formal por narcotráfico presentada contra Juan Orlando Hernández en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York

 Conspiración de importación de cocaína; Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos; y Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos; son los tres cargos que se le imputan al expresidente hondureño.

Por Maibort Petit 

    Ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el fiscal por el distrito homónimo, Damian Williams, presentó la acusación formal dictada por un Gran Jurado en contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también conocido como “JOH”, la cual comprende tres cargos.

   Conspiración de importación de cocaína, es el primero de los cargos, el cual establece que Hernández es un exmiembro del Congreso de Honduras y expresidente de la referida nación centroamericana, quien entre 2004 y 2022 participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Por ello JOH habría recibido millones de dólares de parte de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, entre ellos, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo".

  Se indica que Juan Orlando Hernández habría usado las ganancias del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, específicamente en los comicios presidenciales de Honduras de 2013 y 2017. A cambio, JOH protegió a los narcotraficantes, incluido su hermano y ex-diputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias "Tony Hernández".

 Juan Orlando Hernández facilitó información delicada a los traficantes de drogas relativa a las fuerzas del orden público y militares, ayudándolos de este modo en sus actividades delictivas. También dispuso que miembros de la Policía Nacional y militares de Honduras protegieran cargamentos de droga en ese país, al tiempo que permitió una violencia brutal sin consecuencias.

  Sostiene la acusación que JOH abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado, esto con el fin de enriquecerse, obtener y mantener el poder de manera corrupta. Asimismo, corrompió las instituciones legítimas de Honduras y al tiempo que se presentaba públicamente como un aliado de los Estados Unidos, contribuía con sus cómplices a que su país se convirtiera en uno de los puntos de transbordo más grandes del mundo para la cocaína destinada a los Estados Unidos.

Los medios de la conspiración

  Al explicar los medios y métodos utilizados por JOH para la presunta comisión de la Conspiración de narcotráfico, la acusación explica que desde 2004, varias organizaciones de narcotraficantes en Honduras y otros lugares trabajaron juntas para recibir varias toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, a través de rutas marítimas y aéreas. Los envíos marítimos se enviaron hacia el norte desde la costa de Venezuela utilizando lanchas rápidas, barcos de pesca y portacontenedores, mientras los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente hechas de tierra o hierba, en Colombia y Venezuela, y se recibían en pistas de aterrizaje clandestinas similares en Honduras. Desde Honduras, los narcotraficantes la transportaban hacia la frontera con Guatemala y, finalmente, a los EE. UU.

 Agrega que desde 2004, los miembros de la conspiración transportaron a través de Honduras más de 500.000 kilos de cocaína con destino a Estados Unidos, para lo cual los narcotraficantes consiguieron el apoyo, protección y participación directa de JOH y otros destacados funcionarios públicos hondureños. A estos, las organizaciones de narcotráfico les pagaron sobornos a cambio de que les proporcionaran protección contra investigaciones y el arresto.

  Hernández y otros destacados funcionarios públicos, supuestamente coordinaron con narcotraficantes en apoyo de la conspiración para transportar y distribuir estos grandes cargamentos de cocaína, al tiempo que hacía que otros brindaran seguridad fuertemente armada para proteger a los miembros de la conspiración y sus cargamentos de cocaína.

 JOH supuestamente interfirió con las investigaciones de narcotráfico, impidió la extradición a Estados Unidos de narcotraficantes; se enriqueció mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada; y obtuvo y mantuvo el poder político a través de sobornos a otros, con ganancias del narcotráfico para asegurar su elección, incluso a través del fraude electoral.

Los hechos

  Juan Orlando Hernández, de acuerdo a la acusación, junto a otros miembros de la conspiración, en tiempos cuando se despeñaba como congresista y se postulaba a la reelección, en 2005, presuntamente aceptó USD 40.000 en ganancias del narcotráfico de Víctor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo", el exlíder de una organización de narcotraficantes con base en Honduras y Guatemala, cuyo soborno fue pagado a través de Juan Antonio Hernández Alvarado. A cambio, la organización de Díaz Morales recibió información y protección de la policía hondureña en las operaciones de transporte de grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Honduras y Guatemala.

  En 2009, JOH hizo campaña para convertirse en presidente del Congreso Nacional de Honduras, tiempo en el que Díaz Morales le entregó aproximadamente USD 100.000 en ganancias del narcotráfico y a cambio ofreció que funcionarios amigos del narcotraficante serían colocados en los principales puestos policiales y brindarían información que les permitiera contrarrestar sus actividades delictivas.

  Del mismo modo, refiere la acusación que entre 2004 y 2016, Díaz Morales recibió información confidencial a cambio de los sobornos pagados a JOH, sobre las actividades en contra del narcotráfico emprendidas por las fuerzas del orden público y el ejército en Honduras. En ese mismo período, Díaz Morales y Tony Hernández trabajaron para transportar a través de Honduras aproximadamente 140.000 kilogramos de cocaína con destino a los Estados Unidos.

Aparece en escena Porfirio Lobo

  La acusación refiere que, en 2009, Porfirio Lobo, aliado político de JOH, comenzó una campaña para convertirse en presidente de Honduras y, en ese tiempo, trabajaron juntos para obtener aproximadamente USD 2.000.000 en ganancias del narcotráfico de Amílcar Alexander Ardon Soriano, alias "Chande", un ex-narcotraficante hondureño y, por entonces, alcalde de El Paraíso en Honduras.

  Hernández y Lobo Sosa le prometieron a Ardón Soriano, protegerlo del arresto y extradición a los Estados Unidos, así como también nombrarían a un pariente y co-conspirador (CC-1) de Ardón Soriano en un puesto en el gobierno nacional hondureño.

  En noviembre de 2009, Porfirio Lobo Sosa fue elegido presidente de Honduras y en enero de 2010, JOH se convirtió en presidente del Congreso Nacional. Posteriormente, y a cambio del soborno de USD 2.000.000 antes mencionado de Ardón Soriano, JOH y Lobo designaron a CC-1 como jefe de una agencia del gobierno hondureño y le otorgaron contratos gubernamentales a través de compañías de fachada controladas por narcotraficantes.

   En enero de 2010, con JOH como presidente del Poder Legislativo hondureño, Tony Hernández y Ardón Soriano participaron en múltiples envíos de cocaína por mes, para lo cual utilizaron varios medios de transporte. Juan Antonio Hernández Alvarado y Ardón Soriano trabajaron juntos para transportar a través de Honduras más de 30.000 kilogramos de cocaína con destino a EE. UU. Para ello contaron con el apoyo de JOH y miembros de la Policía Nacional de Honduras.

  En 2012, JOH apoyó públicamente una enmienda a la Constitución de Honduras que autorizó la extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Sin embargo, durante reuniones privadas, JOH, Tony Hernández Alvarado y otros funcionarios públicos prominentes en Honduras, prometieron proteger a sus aliados del narcotráfico a cambio de grandes pagos de ganancias del narcotráfico y apoyo en las próximas elecciones.

  En 2013, JOH comenzó a hacer campaña para convertirse en presidente de Honduras y presuntamente habría aceptado USD 1.000.000 en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera que llegaron a sus manos a través de su hermano Tony Hernández Alvarado quien, para la época, trabajaba en coordinación con Ardón Soriano y otra organización narcotraficante liderada por Miguel Arnulfo Valle Valle y Luis Antonio Valle Valle para proporcionar al Cártel de Sinaloa cantidades masivas de cocaína y seguridad armada para el transporte de esos cargamentos a través de Honduras. JOH envió a Tony Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el millón de dólares de Guzmán Loera.

El Cártel de Sinaloa en Honduras

  La acusación explica que, en 2013, previo a las elecciones presidenciales, JOH ordenó a CC-1 y a otros que sobornaran a ciertos políticos y funcionarios electorales utilizando los fondos de la campaña financiados con las ganancias del narcotráfico. Esto con el objetivo de asegurar que Juan Orlando Hernández ganara las elecciones.

  En 2013 y 2014, cuando JOH fue elegido presidente de Honduras, como parte de su participación continua en la conspiración de tráfico de cocaína se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez y este le proporcionó USD 25.000 a cambio de protección. JOH quería acceder a un laboratorio de cocaína controlado por Fuentes Ramírez debido a su proximidad a un puerto en Honduras y acordó con éste el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad para sus actividades de narcotráfico. JOH instruyó a Fuentes Ramírez acerca de que Tony Hernández Alvarado estaba manejando actividades de narcotráfico en Honduras y que a él debía reportarle directamente.

   En 2014, con JOH en la presidencia, se reunió con Tony Hernández Alvarado, Ardón Soriano y CC-1, entre otros, para discutir las extradiciones pendientes de Miguel Valle y Luis Valle a los Estados Unidos. JOH había decidido extraditarlos en respuesta a los informes de que estos planeaban asesinarlo.

  En 2017, mientras JOH estaba en campaña para la reelección, se reunió con Ardón Soriano en Copán, Honduras y manifestó su preocupación ante la posibilidad de perder las próximas elecciones y le pidió que financiara su campaña en Copán y Lempira, a cambio de seguir protegiéndolo de arresto y extradición. Ardón Soriano destinó USD 1.500.000 provenientes del narcotráfico para sobornar a otros políticos y funcionarios electorales.

  En 2018, Tony Hernández Alvarado fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York en relación con su participación en la conspiración de tráfico de cocaína, y posteriormente fue condenado después de un juicio, el 18 de octubre de 2019 por delitos de narcotráfico.

  Mientras el caso de Hernández Alvarado estaba pendiente, JOH continuó coordinando con narcotraficantes la promoción de la conspiración. Durante el juicio de Tony Hernández Alvarado, se presentó como evidencia una fotografía recuperada del teléfono celular de este que mostraba una ametralladora inscrita con el nombre de JOH, así como los registros de drogas pertenecientes a otro narcotraficante hondureño (CC-2) que contenían anotaciones con el nombre de Juan Antonio Hernández Alvarado y las iniciales de "JOH", junto con las entradas correspondientes que reflejaban grandes pagos a estos. Aproximadamente una semana después de la condena de Tony Hernández Alvarado, el 26 de octubre de 2019, CC-2 fue asesinado en la cárcel.

Las armas

  El segundo cargo que contiene la acusación formal contra Juan Orlando Hernández es por Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos, habiendo determinado el Gran Jurado que desde 2004 hasta 2022, en Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, México y en otros lugares, en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, el acusado, quien  puede ser procesado en un tribunal de los estadounidense por la conspiración de importación de cocaína imputada en el Primer Cargo, usó y portó armas de fuego en apoyo de dicho delito y ayudó e instigó a su uso, porte y posesión.

 El tercer cargo contra JOH es por Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, estableciendo la acusación que este y otros, confabularon durante la comisión del delito del primer cargo, para usar y portar armas de fuego para promover dicho delito.

Alegación de decomiso

  Finalmente, la acusación formal contra Juan Orlando Hernández, contempla que este perderá en favor de los Estados Unidos todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas en la comisión de los delitos imputados en los Cargos Dos y Tres.

  Se prevé que si cualquiera de los bienes decomisables antes descritos, como resultado de cualquier acto u omisión de el acusado no puede ser localizado en el ejercicio de la debida diligencia; ha sido transferido o vendido a, o depositado con, una tercera persona; ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la Corte; ha disminuido sustancialmente su valor; o se ha mezclado con otros bienes que no pueden subdividirse sin dificultad, Estados Unidos solicitará el decomiso de cualquier otra propiedad del demandado hasta el valor de los bienes confiscables antes mencionados.


viernes, 19 de marzo de 2021

Fiscales de Nueva York aseguran que el presidente de Honduras recibió sobornos de narcotraficantes y quería acceso a la cocaína de Fuentes Ramírez

   Este viernes la fiscalía y la defensa dieron sus argumentos finales, el juez Kevin Castel instruyó al jurado y se iniciaron las deliberaciones. La próxima semana se conocerá el veredicto.

Por Maibort Petit

   En el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, que duró dos semanas y donde salieron a relucir acusaciones contra los presidentes de Honduras del siglo XXI, el fiscal federal Michael Lockard dijo ante el jurado en sus argumentos de cierre que  el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aceptó sobornos de un narcotraficante entre los años 2013 hasta 2019.

   Según Lockard, Geovanny Fuentes Ramírez sostuvo reuniones con Juan Orlando Hernández en dos ocasiones en 2019 y en esos encuentros el acusado le pagó sobornos para lograr seguridad para él , sus asociados y la mercancía (droga) que transportaban desde Honduras a los Estados Unidos.

   A lo largo del juicio se escucharon a varios testigos que señalaron que el presidente hondureño recibió coimas de varios narcotraficantes, incluyendo al acusado, Fuentes Ramírez.

   Juan Orlando Hernández llegó al poder en 2014, luego de haber ejercido como presidente del Congreso de la República. En 2017 se reeligió y su nombre vinculado a narcotraficantes, empezó a salir a la luz pública cuando su hermano, Tony Hernández, fue juzgado y hallado culpable de delitos de narcotráfico en Nueva York donde enfrenta una condena máxima de cadena perpetua.

   Hasta esta fecha, Juan Orlando Hernández no ha sido acusado formalmente por los fiscales, aunque aparece en la acusación de Fuentes Ramírez como co-cooperador #04. El presidente ha negado de manera reiterado las acusaciones en su contra.

   De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Nueva York, el acusado sostuvo reuniones con Juan Orlando Hernández hasta 2019, y continúo pagando sobornos para mantener sus privilegios en Honduras. Esta información fue lograda por las autoridades debido a dos reuniones que tuvo Fuentes Ramírez con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de los Cachiros en la cárcel donde ambos se encuentran arrestados en Manhattan.

   La fiscalía hizo énfasis en el hecho que el presidente de Honduras recibía coimas de Fuentes y otros y que además quería tener parte de la cocaína propiedad del acusado.

  Recordó Lockard que Fuentes Ramírez tenía un laboratorio de drogas ubicado en Cerro Negro cerca de Puerto Cortés, y que el mandatario Juan Orlando había expresado al acusado que quería cocaína para exportarla a través del puerto. El fiscal dijo que "El acceso al laboratorio del acusado valdría millones ".

   Pero el acusado no tenía relaciones exclusivamente con el presidente de Honduras, sino con varios miembros del Ejército que formaban parte de los funcionarios con quienes aspiraba realizar operaciones de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

Juan Orlando Hernández no se escapa 

    En documentos presentados esta semana por los fiscales en el caso de  Juan Antonio "Tony" Hernández, un ex-congresista hondureño, juzgado por su participación en negocios de narcotráfico, la Fiscalía estadounidense sostiene que Juan Orlando Hernández, hermano mayor de Tony, tenía participación en operaciones de drogas desde hace mucho tiempo, y sostienen que su ascenso al poder político del mandatario fue financiado por narcotraficantes a cambio de protección para sus actividades criminales.

   Los fiscales sostuvieron que Tony Hernández era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el estado”.

   Los alegatos contra el presidente de Honduras, dado a conocer en el caso de Tony Hernández se reforzaron en el proceso contra Geovanny Fuentes Ramírez cuando uno de los testigos sostuvo que  Juan Orlando Hernández dijo que metería drogas en las narices de los gringos, al tiempo que recibía sobornos de los narcos como condición para no ser extraditados.

   El fiscal insistió que Fuentes Ramírez traficaba toneladas de cocaína a los Estados Unidos, que tuvo su laboratorio de drogas, custodiado por hombres armados y que solía ​​comprar y pagar a policías y políticos de su país para mantener su negocio de drogas rentable.

"De hecho, sostuvo el fiscal,  Fuentes Ramírez entregó  dinero en efectivo en un trato corrupto con el futuro presidente de Honduras, traficó kilos de cocaína a Miami, se asoció con cárteles, compró policías y asesinó gente".

  El fiscal dijo que Fuentes empezó trabajando con Metro, primo de los hermanos Javier y Leonel Rivera, ambos del cártel de los Cachiros. 

  Acotó que "cuando el trabajo en Miami fracasó, abrieron un laboratorio de drogas en Cerro Negro. En Honduras un kilo de cocaína vale unos $ 9000 dólares,  que se puntiplica en los Estados Unidos"

  Agregó que Fuentes Ramírez le contó a Leonel Rivera sobre su laboratorio, en la gasolinera de Rivera. Asimismo, le dijo sobre la redada en su laboratorio. "Pero debido a los contactos del acusado con policías corruptos, sacó las drogas y además,  asesinó al policía".

   Refirió el fiscal el testimonio del contador, cuyo nombre ficticio es José Sánchez, quien aseguró frente al jurado que sabía sobre el laboratorio. "Jarufe lo envió allí con dinero en efectivo. En ambas ocasiones lo detuvo la seguridad armada. No los caficultores".

   También hizo mención al testimonio de Jorge Medina, el ingeniero agrónomo de Ganaderos que testificó que  Fuentes Ramírez había pagado para que no no investigarán en dos oportunidades y le dio un soborno a a Barahona para callarlo.

  Según el testimonio, Sánchez dijo que en 2013 Juan Orlando Hernández había designado a Barahona y se postuló para la presidencia. 

    Para la época de la postulación de Hernández, Los Cachiros pagaron enormes sumas de dinero a Juan Orlando Hernández, a Pepe Lobo y a Manuel Zelaya para que les ofrecieran protección y no los extraditaran a los Estados Unidos.

 Igualmente, sostuvo que Ricardo Álvarez, quien sería el vicepresidente de Honduras, también recibió sobornos.

   Sánchez vio a Juan Jarufe, al acusado y Juan Orlando Hernández reunirse, Juan Orlando Hernández  se llevó $ 15,000 en efectivo y de paso quería tener acceso a la cocaína del acusado. 

   El fiscal federal comentó que  Juan Orlando Hernández dijo que le daría al imputado el número de celular de su hermano Tony Hernández, quien  estampó los kilos (de cocaína) con sus propias iniciales.

  Agregó que debido a que los Cachiros no invirtieron en el laboratorio de drogas de Fuentes, éste se asoció con Juan Orlando Hernández y su hermano, Tony Hernandez.

  Entre otros aspectos, el fiscal señaló que Fuentes Ramírez mató a un mecánico de botes, para congraciarse con los Cachiros a quienes el mecánico se jactaba de robar. Entonces el imputado comenzó a trabajar con Leonel Rivera: un cargamento de 500 kilos del colombiano Vargas R. También participó en un envío aéreo a las pistas de aterrizaje de Freddy Najara. El acusado lo transportó, armado con lanzagranadas.

  Frente al jurado, el fiscal advirtió que además de haber estado relacionado con los Cachiros, Fuentes Ramírez trabajó con el cártel de Sinaloa bajo el mando del Chapo Guzmán en un envío de unas tres toneladas de cocaína. 

  Para esa época, Fuentes y Metro se convirtieron e rivales de Los Cachiros y fue entonces cuando el acusado intentó matar a Devis Leonel Rivera.

  Fue entonces cuando Devis Leonel Rivera se convirtió en cooperador del gobierno de Estados Unidos,.

  El fiscal sostuvo además que en teléfono celular del acusado, aparecen los números del presidente y el del vicepresidente de Honduras. Tiene decenas de oficiales policiales y militares. 

   Acotó que "la evidencia muestra que el acusado conspiró para traficar drogas a los Estados Unidos, con armas de fuego. Él es culpable".



 









martes, 9 de marzo de 2021

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue nombrado en la apertura del juicio del narcotráfico Geovanny Fuentes Ramírez en NYC

   La fiscalía informó al jurado sobre la reunión de un contador con el presidente Hernández y un narcotraficante en las que se planeaba enviar cocaína a Norteamérica. 

Por Maibort Petit

  Este martes se realizó la apertura del juicio del presunto narcotraficante, Geovanny Fuentes Ramírez, acusado de traficar toneladas de cocaína a los Estados Unidos y de haber sobornado a policías, militares para lograr la seguridad de las drogas y evitar su extradición a EE. UU. En este caso, el juez Kevin Castel permitió que los fiscales incluyeran como argumentos de la acusación al presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández quien habría recibido dinero de las drogas para su campaña electoral. 

  En sus argumentos de apertura, la fiscalía dijo al jurado que Fuentes Ramírez había traficado a EE. UU. toneladas de cocaína. En su negocio, el acusado pagó "decenas de miles de dólares" en sobornos al presidente, Juan Orlando Hernández a cambio de una promesa de protección y apoyo militar para su negocio de narcotráfico en 2013, cuando éste era presidente del Congreso y candidato a la presidencia.

   El fiscal Jacob Gutwillig afirmó en su presentación que Fuentes Ramírez entre las pruebas que presentarán está el testimonio de un contador, José Sánchez quien manejaba un negocio de arroz a través del cual el acusado lavaba el dinero proveniente de las drogas. 

   Sánchez testificará sobre su experiencia con Fuentes Ramírez y sobre el shock que para él significó que el acusado se reuniera entre 2013 y 2014  con el mandatario hondureño para planificar enviar cocaína a los Estados Unidos.

  De acuerdo a la fiscalía, se identifica a Juan Orlando Hernández, de 52 años, como "CC-4" (co-conspirador 4) del acusado, y aseguró que ayudó a Fuentes Ramírez a enviar cocaína a Estados Unidos, usando como intermediario a su hermano menor, Juan Antonio "Tony" Hernández.

  "Tony" Hernández, de 42 años, fue hallado culpable de narcotráfico "a gran escala" en Nueva York en octubre de 2019, y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 23 de marzo. Puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.

   En la acusación, se señala que en un encuentro con Fuentes Ramírez, "CC-4 dijo que quería hacer que la agencia antidrogas estadounidense (DEA) pensara que Honduras estaba combatiendo el narcotráfico, pero que en realidad eliminaría la extradición e iba a 'meter la droga en las narices de los gringos'".

"El acusado (Fuentes) estaba excitado de contar con la protección de CC-4 y acordaron trabajar con CC-4 y su hermano (Tony) para importar cocaína a Estados Unidos", dijo la fiscalía.

  Juan Orlando Hernández ha sido señalado en otra ocasión de haber recibido dinero del narcotráfico para pagar su campaña. Ocurrió durante el juicio de Tony Hernández, cuando un testigo contó que presenció una reunión en 2013 donde el exjefe del cártel de Sinaloa Joaquín "Chapo" Guzmán entregó un millón de dólares en efectivo a "Tony" para la campaña presidencial de su hermano José Orlando.

La defensa trata de descalificar a los testigos

  En la apertura del juicio, la defensa afirmó que Geovanny es inocente y que la fiscalía no tiene pruebas contundentes para acusarlo, salvo el testimonio de un narcotraficante asesino que lo está señalando para lograr rebajar su sentencia.

  El abogado, Eylan Shulman dijo que Geovanny está acusado de poseer armas, pero aclaró que es cierto que las tiene y las llevaba consigo para "defenderse en un país donde la violencia es muy alta" y obliga a los empresarios a tener incluso hasta guardaespaldas.

  Dijo que el gobierno quiere hacer creer a los miembros del jurado que por conocer varios narcotraficantes, "Geovanny es uno de ellos". Destacó que uno de los narcos es justamente, Devis Rivera Maradiaga a quien calificó como un asesino que ha reconocido frente a la corte que asesinó a más de 78 personas. 

 Sostuvo que el testigo del gobierno [Rivera] mató desde jueces, miembros de su propia familia, hasta generales hondureños que luchaban contra el narcotráfico. Rivera no debió haber sido promovido como testigo porque es un hombre que es capaz de mentir para lograr cualquiera de sus objetivos, incluyendo su libertad.

  La defensa aseguró que el gobierno no tiene pruebas para probar la culpabilidad del acusado "no hay fotos con las armas con Geovanny".

  Asimismo, advirtió que el gobierno mostrará fotos del teléfono del hijo de Fuentes Ramírez con supuestas imágenes de dinero y armas que pertenecen a Geovanny, argumentando que no deben ser tomadas en serio porque en la era de las redes sociales las fotos pueden venir de cualquier lugar.

    Shulman también desacreditó el testimonio del contador, José Sánchez diciendo que a cambio de su testimonio el gobierno de Estados Unidos le dará asilo político. En ese sentido, recalcó que $25 mil dólares era lo que necesitaban para sobornar al presidente de Honduras.

  Geovanny Fuentes Ramírez, de 50 años, fue arrestado cuando intentaba salir de Miami en 2020 y se declaró "no culpable" de los cargos de conspiración para contrabandear cocaína a los Estados Unidos y cargos relacionados con armas.

  El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández ha negado repetidamente la acusación, según la cual  había aceptado millones en sobornos de narcotraficantes. 

   Los fiscales federales acusaron a Hernández, quien ha sido presidente desde 2014, de utilizar a oficiales del orden público y militares hondureños para proteger a los narcotraficantes.

     Hernández fue un aliado clave de los Estados Unidos tanto durante las administraciones de Barack Obama como la de Donald Trump.

  

  

jueves, 30 de abril de 2020

EE. UU. acusa al ex jefe de la Policía Nacional de Honduras por narcotráfico, en un caso donde está involucrado el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El gobierno de los Estados Unidos acusó al ex jefe de la Policía Nacional hondureña, Juan Carlos Bonilla Valladares, de haber abusado de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y de presuntamente asesinar a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado y a su hermano Tony Hernández (convicto por delitos de narcotráfico) y miembros de la policía nacional de ese país.
   El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman informó en un comunicado que Juan Carlos Bonilla Valladares, alias "El Tigre" fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas relacionadas con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

    Berman hizo el anuncio en conjunto con Wendy Woolcock, Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Drug Enforcement Administration (DEA).

     Bonilla Valladares abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico donde está involucrado el ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. 
   La acusación sostiene que "Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de delitos que podrían enviarlo a Estados Unidos. prisión de por vida".

    En el comunicado de la Fiscalía, el agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock declara que “Juan Carlos Bonilla-Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajaban para él y "proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandeaban cocaína con destino a los Estados Unidos". 

   La acusación alega, Bonilla Valladares violó flagrante y horriblemente el juramento hecho por expolicía para proteger a los ciudadanos de Honduras. 

  "La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia", dice la comunicación.

  Según la demanda la evidencia contra Bonilla Valladares fue presentada en el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado que se realizó en el Distrito Sur de Nueva York en octubre de 2019, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado.
  Entre aproximadamente 2003 y 2020, varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos individuos prominentes, públicos y privados, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas desde el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y, eventualmente,  a los Estados Unidos.

   Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden público y para facilitar el paso seguro de la carga de varias toneladas de cocaína a través de Honduras, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes de la República, miembros del Congreso Nacional de Honduras y otros funcionarios de Honduras. Policía Nacional, incluyendo Bonilla Valladares. 

   Refiere que, después de un juicio en octubre de 2019 en el Distrito Sur de Nueva York, el ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue condenado por cargos de tráfico de drogas, armas y declaraciones falsas relacionadas con su papel en la conspiración descrita en los cargos contra Bonilla Valladares.

  Hernández Alvarado será sentenciado por el juez P. Kevin Castel el 29 de junio de 2020.

  Bonilla Valladares fue miembro de la Policía Nacional de Honduras entre aproximadamente 1985 y aproximadamente 2016. Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el Jefe de Policía Regional con autoridad en el oeste de Honduras, que eran ubicaciones estratégicamente importantes para los narcotraficantes. También fue Jefe de la Policía Nacional de Honduras para todo país entre 2012 y 2013. 

   La acusación dice que Bonilla Valladares explotó corruptamente las posiciones oficiales que ocupó para facilitar el tráfico de cocaína, usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger una célula de narcotraficantes políticamente conectados a quienes se alineó, entre los narcos se menciona a Tony Hernández Alvarado, a  su hermano[Juan Orlando Hernández Alvarado], ex congresista hondureño y actual presidente de Honduras al que se hace referencia en la demanda contra Bonilla Valladares como "CC-4". 

  A cambio de los sobornos pagados con dinero proveniente de la droga, Bonilla Valladares ordenó a los miembros de la Policía Nacional de Honduras, que estaban armados con ametralladoras, que permitieran que los envíos de cocaína pasaran por los puestos de control de la policía sin ser inspeccionados o incautados. Bonilla Valladares, en coordinación con Hernández Alvarado y otros, también proporcionó a los miembros de su conspiración información confidencial de las fuerzas del orden para facilitar el tráfico de cocaína.



viernes, 18 de octubre de 2019

El hermano del presidente de Honduras es declarado culpable por delitos de narcotráfico por un jurado en NY

Por Maibort Petit
@Maibort Petit 

Un jurado de nueve mujeres y tres hombres emitió este viernes un veredicto de culpabilidad contra Juan Antonio "Tony" Hernández, ex-diputado hondureño y el hermano del presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por el gobierno de Estados Unidos  por delitos de tráfico de drogas, posesión de armas de fuego para operar sus negocios de narcotráfico y por haber mentido a las autoridades estadounidenses.

  Juan Antonio 'Tony' Hernández escuchó el veredicto, que lo llevará a permanecer tras las rejas por décadas, sin mostrar grandes emociones. Cerró los ojos rápidamente, se acomodó su traje negro, luego le dió la mano a su abogado Michael Tein. De inmediato se volteó y miró a su madre que estaba sentada en la segunda banca de la sala, le sonrió y luego miró intensamente al juez Kevin Castel quien -desde lo alto -observaba al jurado y al resto de los presentes en la sala 11D del tribunal del bajo Manhattan.

   Hernández será sentenciado el 17 de enero de 2020. Enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 30 años de cárcel y una condena máxima de cadena perpetua.

  Después de haber culminado la audiencia, un nutrido grupo de ciudadanos hondureños se apostaron a las afueras de la corte federal ubicada en el 500 Pearl Street de Nueva York. Estaban exaltados, portaban pancartas y gritaban que querían la extradición y enjuiciamiento del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. 

   El abogado defensor de Hernández, Michael Tein dijo que aunque respetaban el juez y el veredicto del jurado, consideraba que el resultado del mismo no era consistente con los hechos. Ratificó que su cliente es inocente y que las evidencias no fueron contundentes. Anunció que luego de la sentencia seguirán la batalla legal con un recurso de apelación.

    El otro defensor, Omar Malone, confirmó que el veredicto sería llevado apelación en nombre de Hernández y anunció que la batalla legal "continuaría". 

   El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández salió a relucir como co conspirador en este caso de narcotráfico. Los fiscales sostienen que Tony Hernández y el mandatario hondureño recibieron dinero del narcotráfico para ampliar su poder político y que convirtieron a Honduras en un Estado patrocinado por los carteles de la droga.

  El presidente Hernández ha negado todos los señalamientos hechos en su contra señalando que es víctima de una venganza de los narcotraficantes hondureños a quienes su gobierno buscaba extraditar. 

    Los fiscales estadounidenses aclararon que ninguno de los cinco  testigos cooperantes que testificaron en el juicio fueron extraditados por el mandatario, ya que  tres de ellos se había entregado voluntariamente a la justicia y dos fueron extraditados por las autoridades de Guatemala.

  Una vez se conoció el veredicto, el jefe de Estado hondureño colgó un tweet en su cuenta en el que asegura: "En nombre de mi familia, y personalmente, recibo con gran tristeza las noticias del fallo en Nueva York". 

    El mandatario rechazó "en nombre del Gobierno de Honduras y de sus instituciones se rechaza cualquier falsa e irresponsable versión que busca manchar el nombre de Honduras a raíz de este fallo".

   Asimismo señaló: "¿Qué se puede decir sobre una condena basada en testimonios de asesinos confesos, y argumentos que varios de estos testigos no fueron extraditados por Honduras si Estados Unidos nunca los pidió en extradición?.

  Hernández también dijo a través de su cuenta Twitter que respetaría el debido proceso en los tribunales de justicia de Estados Unidos. "Nadie puede estar por encima de la ley, caiga quien caiga" haciendo referencia al caso de su hermano Tony Hernández.
      
     El mandatario dijo que el veredicto de su hermano no es un contra el Estado de Honduras y que es increíble la capacidad de los criminales que fueron a testificar en el juicio mintieran descaradamente. "En lugar de armas y proyectiles ahora intentan usar sus mentiras contra los que tomaron acciones en contra de los narcotraficantes".

   Los fiscales del gobierno norteamericano basaron el caso de Hernández en 5 evidencias duras y cinco testimonios de testigos cooperantes, entre los cuales se destacó el de narcotraficante Leonel David Rivera Maradiaga, ex líder del cártel de los Cachiros quien se entregó a las autoridades norteamericanas y colaboró con la DEA registrando reuniones en audio y video de los investigados, entre quienes se encontraba el convicto Tony Hernández. 

   La fiscalía sostuvo que Tony Hernández y sus asociados traficaron desde Honduras a los Estados Unidos más de 200 mil kilos de cocaína que fueron enviadas desde Colombia, vía Venezuela, hasta Honduras para luego pasarlas con ayuda de la policía y los militares hondureños a la frontera de Guatemala, de allí a México para luego ser introducida al territorio norteamericano.

   La fiscalía sostuvo que Tony Hernández y su hermano presidente, junto a otros conspiradores voltearon el gobierno de Honduras contra el pueblo y lo utilizaron para el tráfico de drogas patrocinado por el Estado. Este argumento del fiscal Emil Bove durante el cierre del juicio generó que el gobierno de Honduras emitiera una nota  una nota diplomática al gobierno estadounidense donde se quejó de que la Fiscalía neoyorquina se refiera a ese país centroamericano como un narcoestado. 


martes, 8 de octubre de 2019

Juez ordena abrir investigación sobre sujeto (s) que tomaron fotos a los jurados del juicio por narcotráfico contra Tony Hernández

Por Maibort Petit
@Maibort Petit 

  Un juez en Nueva York ordenó abrir una investigación contra uno o varios sujetos que habrían tomado fotografías a los miembros del jurado del juicio contra Juan Antonio Hernández, un exdiputado hondureño acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de narcotráfico, quien además es hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
   El evento denunciado por el juez del caso, Kevin Castel fue calificado como un delito federal de obstrucción a la justicia, debido a que el tribunal ordenó que la identidad de los miembros del panel quede sellada por motivos de seguridad. Debido a la orden de anonimato que pesa sobre los jurados, sus rostros no pueden ser dibujados por los artistas que realizan los bocetos del juicio.

  Uno o varios sujetos que acudieron a la quinta audiencia del juicio, tomaron fotografías a los miembros del jurado cuando estaban entrando o saliendo del edificio de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ubicada en el 500 Pearl Street, en el sur de Manhattan.

  La irregularidad fue denunciada al juez Castel, quien de inmediato solicitó a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que abriera una investigación que permita conocer quién o quiénes infringieron la orden del tribunal.

  Fotografiar a los jurados es considerado como un mecanismo de intimidación que puede generar consecuencias graves, como por ejemplo, puede ser una alegación para solicitar un "mistrial" o juicio nulo. El magistrado advirtió que el hecho denunciado es muy grave y que no iba a permitir ese tipo de irregularidades. Aseguró que -él o los responsables- estarían obstruyendo la justicia con el delito cometido. 

   El juez Castel ordenó a los alguaciles de los EE. UU. incrementar la vigilancia en los alrededores de la corte para detectar a los violadores de las reglas del tribunal. 

  En los últimos días ha aumentado el público asistente al mediático juicio del político y presunto narcotraficante hondureño. Algunos de los visitantes son turistas que vienen de varias ciudades de Honduras y quieren ver de cerca a los protagonistas del escándalo que ha marcado el país centroamericano.

  Este martes se observó en la sala a varios sujetos que hablaban en voz alta, no seguían el protocolo establecido por la corte que obliga a levantarse cuando entran o salen los jurados del recinto. En dos oportunidades, el juez Castel levantó la voz y pidió silencio casi a gritos, a la vez que exigió un comportamiento apropiado a los presentes en la audiencia. 

  El juez Castel dijo que las reglas serán más rigurosas en el juicio de Tony Hernández en las próximas audiencias. El juicio está previsto a realizarse en 10 ó 12 días.

Al final de la sesión, uno de los jurados entregó una nota al juez, que preocupó mucho al magistrado quien se vio obligado a llamar a las 2 partes a una reunión en la lateral de la sala. Lo que se decidió en esa conversación no se ha informado todavía a la prensa.