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viernes, 30 de noviembre de 2018

Alejandro Andrade pagará condena en la misma cárcel donde están presos los narcosobrinos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El ex tesorero venezolano Alejandro Andrade, sentenciado a 120 meses de prisión tras haberse declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos, pagará su condena en el FCI Coleman Low, una prisión federal de mínima seguridad ubicada en  846 NE 54TH Terrace, en Sumterville, Florida. En ese centro reclusorio están recluidos los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas procesados por delitos de narcotráfico en Nueva York.

El  Institución Correccional Federal FCI por sus siglas en inglés es na cárcel de hombres. En la actualidad hay 2,031 prisioneros. Las visitas conyugales no están permitida aunque los condenados pueden recibir visitas familiares.
La sentencia, leída por el juez Robin L. Rosenberg al exfuncionario público venezolano, dice que la corte solicitó la Oficina Federal de Prisiones  que Andrade no sea encarcelado en una cárcel privada o que esté bajo contracto independiente.

Alejandro Andrade admitió haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos durante su gestión tesorero de la Nación  durante el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez. Estos sobornos son el primer vistazo del registro de actos corruptos que hizo el teniente retirado durante sus años de actividad política. 











lunes, 8 de octubre de 2018

Otro revés para los narcosobrinos: Corte niega solicitud de la defensa de hacer público el expediente de los informantes de la DEA que testificaron en el juicio

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez federal Paul Crotty negó la solicitud hecha por los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores de eliminar el sello a los expedientes de dos ex informantes cooperantes del gobierno de los Estados Unidos que testificaron en corte durante el juicio en el que los hoy convictos fueron hallados culpables de haber conspirado para introducir cocaína a los Estados Unidos.

Crotty argumentó para su decisión que los ex testigos cooperantes habían testificado abiertamente en corte durante un juicio, lo cual pone en peligro a sus familiares, razón por la cual se debe mantener en sello en dicho expediente. 

Los dos ex informantes de la DEA expusieron al juez razones convincentes para que el expediente de caso se mantuviera confidencial, dice la respuesta del magistrado a los abogados de los primos Flores.

En fecha 24 de abril de 2018, el juez Crotty, había aprobado una moción presentada por Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, el día 4 del citado mes y año, y ordenó a José Santos Peña y a su hijo, responder, si lo desean, a la solicitud de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela. No obstante, los ex testigos de la DEA expusieron que revelar públicamente el expediente expondría a sus familiares a un peligro inminente.
La moción de los Flores

La moción que Campo Flores y Flores de Freitas solicitaron a la corte planteaba, por una parte abrir el expediente criminal sellado de José Santos Peña y su hijo, quienes fungieron como informantes confidenciales en el proceso judicial que se siguió en su contra, o como alternativa, que se ordenara al gobierno compartir con ellos cualquier presentación relacionada con la sentencia de Santos Peña y su hijo.

El 19 de abril de 2018, la Fiscalía se opuso a la moción y sugirió que tanto Santos Peña como su hijo —también informante confidencial— deberían tener la oportunidad de responder también.

La respuesta 

El 4 de abril de 2018, los abogados Randall W. Jackson y John T. Zach, a cargo de la defensa de Campos Flores y Flores de Freitas solicitaron ante el juez Crotty abrir el expediente del testigo José Santos Pena identificado en el proceso contra sus defendidos como "CS-1".

Hacen referencia a que "José Santos Peña" es un seudónimo que se utilizó en todos los testimonios y documentos judiciales de conformidad con una orden de protección emitida por Crotty, por lo que en todas las revisiones del sistema de archivo de la corte, dicho nombre no aparece registrado públicamente.

En tal sentido, los abogados indican que en virtud de que la Fiscalía sostiene que ya Santos Peña no es testigo colaborador de ese despacho y de que ha transcurrido más de un año desde que el Gobierno manifestó que había roto su acuerdo de cooperación con el citado, en razón de que Santos Peña se encuentra detenido y, por admisión del gobierno, cometió perjurio, repitió falsas declaraciones y otras actividades impropias mientras se desempeñaba como empleado de la DEA, informante y testigo colaborador, no existe ninguna justificación en la actualidad para mantener el expediente con carácter secreto, protegiendo las presentaciones del caso del escrutinio público.

Jackson y Zach refieren que si la Corte disponía la apertura del expediente de Santos Peña, pedían se ordenara a la Fiscalía compartir inmediatamente con sus representados cualquier presentación relacionada con la sentencia de Santos Peña de que hubiera concluido su papel como testigo colaborador.

Considera la defensa que el gobierno viola las enmiendas primera y sexta de la Constitución de los Estados Unidos, así como la clara orientación de la Corte Suprema y el Segundo Circuito para mantener en secreto el expediente y las presentaciones de Santos Peña.

Sustentándose en jurisprudencia, los abogados de los Flores sostuvieron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que, tanto los demandados como el público en general, tienen el derecho de saber lo que sucedió entre 2016 y mediados de 2018, lo que no ocurre en razón de que el caso completo de Santos Peña está cerrado y su expediente permanece invisible para la colectividad. Igualmente alegan que Santos Peña aún no ha sido condenado y su caso ha sido transferido por el juez Kaplan al tribunal de Paul Crotty.

Reiteran que la insistencia de la fiscalía en mantener cerrado el expediente de Santos Peña viola el derecho de acceso de la Primera Enmienda (i) del público, (ii) derecho consuetudinario de acceso, y (iii) la garantía de la Sexta Enmienda de los juicios públicos.

Consideran injustificado que el expediente y las presentaciones de Santos Peña se mantengan sellados cuando el caso ya casi alcanza el tercer año calendario. “El gobierno no está autorizado a mantener el expediente completo de una persona sellado hasta el infinito debido a su vaga privacidad o inquietudes de seguridad. Como mínimo, el Tribunal debe ordenar de inmediato al Gobierno que presente todas las presentaciones relacionadas con la sentencia de Santos Peña, incluidas las presentaciones relacionadas con el estado de Santos Peña como testigo colaborador”, concluye la solicitud.

domingo, 17 de junio de 2018

Juez de NY niega relevar testimonio del narcotraficante que testificó contra los narcosobrinos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A pesar de que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se encuentra pagando una condena de 18 años en una cárcel federal del estado de la Florida, la defensa de los llamados 'narcosobrinos'  sigue intentando revertir el veredicto del jurado y la decisión del juez Paul Crotty. En esta oportunidad, los abogados defensores pretendían que el tribunal divulgara documentos relacionados con los testimonios del exinformante de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, José Santos Peña actualmente a la espera de la sentencia. El juez Paul Crotty negó la solicitud.

El magistrado dijo a la defensa que la publicación del documento (que permaneció sellado a lo largo de todo el proceso criminal) expondría a las personas que sirvieron como testigo en el juicio de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro.

El magistrado hace hincapié al hecho que el tribunal debe mantener  en secreto dicha información, ya que de ser revelada los responsables de suministrarla podrían ser objeto de represalia.

El 4 de abril de 2018 la defensa de los Flores -pagada por el empresario ligado al gobierno venezolano Wilmer Ruperti- sometió a consideración del tribunal una moción donde pedía que se le levantara el sello [publicara] el testimonio de Santos Peña en contra de Campo Flores y Flores de Freitas y que -además- informara a los sobrinos presidenciales cualquier información relacionada con la sentencia del exinformante de la DEA y su hijo [CS-1 y CS-2] quienes se encuentran en una cárcel acusados de haber cometido perjurio contra el gobierno federal durante el tiempo que prestaba cooperación con los agencia antinarcóticos.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó que el documento relacionado con Santos Peña permaneciera sellado y que el tribunal negara la petición de Campo y Flores. 

La defensa de los Flores está a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, donde sometieron sendos recursos para apelar la sentencia de Campo Flores y Flores de Freitas. La petición se concluyó en el mes de abril pero el tribunal no ha emitido respuesta al respecto.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron procesados por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras. Fueron arrestados en noviembre de 2015 y sentenciado en diciembre de 2018 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

miércoles, 21 de febrero de 2018

Socio de narcosobrinos se declaró culpable en Nueva York por delitos de narcotráfico

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Roberto de Jesús Soto García, socio hondureños de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, aceptó su culpabilidad en los cargos que impuso en su contra el gobierno de los Estados Unidos, quien lo acusa de  haber participado en una operación para enviar "varios cientos de kilogramos de cocaína" desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras.
Soto García fue extraditado a los Estados Unidos en diciembre de 2017, y presentado ante el juez Paul Crotty, el 22 de diciembre de 2017 en una corta sesión donde se le leyeron los cargos. El acusado se declaró en esa oportunidad "no culpable". No obstante, antes de la segunda audiencia prevista para el 21 de febrero de 2018, el demandado acordó con los fiscales federales asumir su culpabilidad y trabajar en un acuerdo  judicial que podría conllevar a una condena menos severa.

La próxima audiencia de Soto García se celebrará a principios del mes de mayo de 2018. Desde esta semana, el acuerdo sellado fue incluido en el expediente del acusado. La fecha de la sentencia se conocerá probablemente a mediados de este año. 

Vale recordar que según las últimas estadísticas del Departamento de Justicia de los  Estados Unidos, el 97 por ciento de los acusados por delitos de narcotráfico se declaran culpables y obtienen sentencias menores, mientras que el 3 por ciento que va a juicio suelen ser condenados de manera más severa.

Según los documentos federales, Soto García acordó participar  en un emprendimiento para transportar cocaína junto a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Los primos Flores fueron condenados a 18 años de cárcel sin beneficios por el juez Crotty en diciembre de 2017.

Soto García acordó en noviembre de 2015 recibir cargamentos de droga en el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez de Honduras. Sostuvo una reunión con Franqui Francisco Flores de Freitas que fue registrada por los informantes confidenciales de la Agencia Antidrogas norteamericana(DEA).

El acusado acordó suministrar información sobre los horarios del aeropuerto, ayudar a recibir el avión cargado de cocaína retirar la droga de la aeronave y tomar medidas para evitar que las autoridades del aeropuerto ( polícia o aduana) pudiesen detectar el cargamento, dice los documentos del tribunal.

En la acusación se mencionan dos reuniones sostenidas por Soto García en Honduras en 2015. Una en noviembre 5 donde el acusado conversó con uno de los testigos cooperantes de la DEA ( El Sentado) y  la otra el 6 donde planificó junto a Flores de Freitas y otras personas los planes y transacciones para los envíos de cocaína.

Soto García está acusado de conspirar para traficar, manufacturar y distribuir 800 kilos de cocaína, conociendo que la droga iba a ser enviada a territorio norteamericano, lo cual viola el artículo 21 del Código de los Estados Unidos, sección 952 (a) 7 960 (a) (1).

De acuerdo a fuentes ligadas al caso, Soto García jugó un rol importante en las operaciones de varios cárteles sudamericanos y centroamericanos, entre los que destaca el Cartel de los Soles de Venezuela y el Cartel del Atlántico. 

El acusado actuó como un hombre de logística en el importante aeropuerto de Roatán, donde sostenía una red de cómplices que incluyó al operador de vuelos, Carlos González quien se entregó a las autoridades norteamericanas y actualmente es colaborador de la justicia estadounidense.

A Soto García se le vincula al Cártel de los Soles, organización supuestamente formada por militares de alto rango que controlan las más importantes actividades de narcotráfico en Venezuela. 

Durante su tiempo de reclusión en Honduras, la familia de Soto García fue asesinada por las mafias que operan en la zona, como advertencia para que el acusado no suministrara información sobre los grupos criminales de la zona. 



martes, 31 de octubre de 2017

Ortega Díaz: Nicolás Maduro debió renunciar a su cargo ante el escándalo de los 'narcosobrinos'

La titular del Ministerio Público aseguró que fue objeto de todo tipo de presiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, incluso intentaron sobornarla al ofrecerle, en dos oportunidades, grandes cantidades de dinero para que se separa de su cargo y desistiera de denunciar las irregularidades cometidas por el oficialismo.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Cualquier jefe de Estado que se vea comprometido en un caso tan escandaloso como el que la prensa internacional ha bautizado con el nombre de los "narcosobrinos", renuncia al cargo por lo bochornoso que es el hecho de que el presidente y la primera dama de un país tengan dos familiares vinculados al narcotráfico. En el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en lugar de renunciar a la primera magistratura, prefirieron decir que estaban siendo víctimas de ataques desde el imperio, lo cual es absolutamente inaceptable, aseguró la fiscal de Venezuela en exilio, Luisa Ortega Díaz.
Sí actuamos diligentemente en el caso de los sobrinos

Cuando le preguntamos por qué su despacho no había actuado en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, convictos por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, la fiscal aseguró que no hubo inacción alguna, pues su despacho siguió los canales regulares para obtener la información del gobierno de Estados Unidos, pero el expediente remitido desde esa nación no llegó a sus manos a tiempo.

En conversación con la fiscal Luisa Ortega Díaz, la ex-funcionaria aseguró que habían intentado sobornarla para que abandonara su cargo sin hacer denuncias (Foto:PRamos)
Ortega Díaz precisó que tan pronto se conoció la noticia del arresto de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, ella en calidad de fiscal, solicitó a las autoridades de los Estados Unidos la información relacionada con el caso pero, lamentablemente, esta no llegó por los canales regulares o de manera oficial, “o de pronto no dio tiempo para que llegara”. 

Asegura haber solicitado todos los datos sobre esta situación a las autoridades judiciales estadounidenses en 2016 y hasta junio de 2017, cuando empezaron los conflictos que la llevaron a su salida del cargo, no le habían remitido la información solicitada.

Sostiene que lo que conoce sobre ese caso le llegó por canales irregulares, "No tengo el expediente completo".

Sin embargo, Luisa Ortega Díaz refiere que con la información que posee de este caso logró abrir una investigación que está adelantando desde Bogotá —lugar donde se encuentra asilada en estos momentos— y que incluye averiguaciones sobre los funcionarios del gobierno venezolano y personas que aparecen involucradas en la conspiración de narcotráfico por la cual los primos Flores resultaron convictos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

— Ojalá y la información oficial de los Estados Unidos llegara para poder procesar más rápidamente a los involucrados en este caso de narcotráfico —acotó la funcionaria.

Considera la representante del Ministerio Público venezolano que si bien ya se conoce que el veredicto del jurado fue condenatorio contra Campo Flores y Flores de Freitas, no se sabe aún la entidad de la pena. La funcionaria aseguró que espera que la sentencia contra los primos Flores sea "ejemplarizante".

Agregó que se siente esperanzada de que la condena que se dicte contra Campo Flores y Flores de Freitas se convierta en una advertencia para la delincuencia organizada, y que dicho castigo permita combatir este flagelo más enérgicamente, pues, como subrayó, el narcotráfico no es solamente un problema de los Estados Unidos y de Venezuela, sino de muchos países del mundo.

Sostiene que es imperativo hacer los más grandes esfuerzos para combatir la delincuencia organizada que opera en la estructura del Estado venezolano.

-¿Usted basó la solicitud de las evidencias del caso de Campo y Flores en el acuerdo entre los EEUU y Venezuela? ¿Conocía usted ese acuerdo?

-Si lo conocía pero no se activó. Ese fue un convenio firmado durante la gestión de Isaías Rodríguez en el año 2004 pero nunca se puso en funcionamiento. Cuando nosotros requeríamos pedir información a los Estados Unidos, lo hacíamos basados en los fundamentos del Convenio de Palermo que establece la bilateralidad y la colaboración en materia penal entre los países.

Este acuerdo al que se refiere Ortega Díaz firmado en 2004, fue la ratificación de un tratado establecido entre los Estados Unidos y Venezuela en el año 1997 que proporciona cooperación bilateral en materia penal.

Dicho tratado permite que ambos países puedan intercambiar expedientes e informaciones relativas a delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, corrupción, crimen organizado, ilegalidades de inmigración, así como aquellos hechos que atenten contra los gobiernos de ambos países.

Para los dos países firmantes la autoridad central es el Fiscal General de la República aunque en el caso de los EEUU se agrega que puede ser una persona designada por el Ministerio Público.

El tratado de 1997 establece que es el Fiscal General del Estado requerido deberá procesar una solicitud directamente, a menos que sea apropiado para transmitir solicitud a otras autoridades competentes a los fines de su ejecución. La fiscal Ortega Díaz afirmó que hubo una reforma que establecía que las solicitudes de esta naturaleza se procesarán a través de la cancillería venezolana.

Otros acuerdos

Ortega Díaz precisó que existen otros convenios en materia de drogas suscritos por Venezuela, los cuales, de alguna manera, si bien no establecen los mismos aspectos contemplados en el citado acuerdo, de alguna manera permitían el intercambio de información en esta materia con los Estados Unidos.

La fiscal apuntó que los EE. UU. “también nos ha requerido información al gobierno de Venezuela” y en tal sentido, durante su gestión, todo lo solicitado por la administración estadounidense se le dio respuesta.

El arresto del exviceministro Nervis Villalobos

Al referirse al caso del exviceministro de energía, Nervis Villalobos, acusado por los Estados Unidos junto a otros ciudadanos venezolanos, de haber participado en una enorme red de corrupción y lavado de dinero a través de PDVSA y quien, en los actuales momentos, se encuentra bajo custodia de las autoridades españolas en espera de ser extraditado a Norteamérica, la fiscal Ortega recordó que su despacho puso a esa persona en alerta roja en la Interpol.

— Mi despacho adelantó muchos procesos relacionados con ese caso y desde el Ministerio Público se hicieron todas las gestiones pertinentes, pese a todos los obstáculos que hubo para concretar las acciones. Con la solicitud de interpol, los EE. UU. perfectamente habrían podido actuar.

El TSJ anuló la causa

Vale destacar que en el caso del ex viceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó cerrar la causa definitivamente. La acusación contra Villalobos y al presidente de la Electricidad de Caracas Javier Alvarado en Venezuela fue impulsada por la Fiscalía de Caracas, a raíz de una supuesta información publicada en el diario El Mundo de España en 2015. La nota periodística del medio ibérico vinculaba al exviceministro de Chávez y a Alvarado con el supuesto blanqueo de capitales a través del Banco Madrid.

De acuerdo a información emanada del máximo tribunal venezolano con fecha 9 de diciembre de 2016, la alta instancia judicial falló a favor de Villalobos Cárdenas y de Alvarado.

Según documentos legales, el Ministerio Público consideró que había delito y procedió a dictar una medida de prisión preventiva en abril de 2015 contra Villalobos y Alvarado, por lo cual mal se le puede acusar de inacción en este sentido.

El Tribunal Supremo de Justicia decretó la “nulidad absoluta” de la orden de privación de libertad y del caso como tal. Ante esta medida, los fiscales recurrieron a la Corte de Apelaciones de Caracas. y más tarde, como último recurso, se interpuso un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo para lograr el arresto de los dos acusados, pero tres días después se desistió de la medida y el caso se archivó de manera definitiva.

La fiscal asegura que todas las investigaciones que se hicieron en el Ministerio Público se adelantaron cuando se tenía la presunción de un delito cometido por cualquier funcionario o exfuncionario. “Nosotros adelantamos las investigaciones e hicimos las diligencias necesarias para lograr las sanciones, incluyendo la recuperación del dinero”.

Narra que anteriormente el Ministerio Público era el encargado de hacer las solicitudes ante los gobiernos extranjeros, pero luego de una reforma que se hizo al procedimiento, a ella le resultaba imposible determinar el estado de las gestiones, pues se delegó en la Cancillería hacer tales diligencias.

—Ahora es que nos enteramos que mucha información de la que solicitamos llegó a la cancillería, pero nunca fue enviada al Ministerio Público para procesarla. Igualmente supimos que muchas solicitudes que hicimos a través de la cancillería llegaron a Venezuela pero la información nunca fue remitida a la Fiscalía. 

Caso Odebrecht 

Ortega Díaz reseñó que en una reciente solicitud que hizo su despacho ante las autoridades de España para obtener evidencias relacionadas con unas empresas que tienen los primos de Diosdado Cabello en Madrid y que habrían recibido millones de dólares en sobornos de Odebrecht las evidencias nunca llegaron a su despacho. "Nos enteramos más tarde, cuando tuve oportunidad de conversar con el fiscal general español y con otras autoridades del Ministerio Público de ese país que las evidencias habían sido enviadas, pero nosotros nunca las recibimos por lo que supongo que las hayan parado en la cancillería.

Ortega Díaz asegura que cuando se encontraba ejerciendo su cargo desde Venezuela se hicieron todas los procedimientos pertinentes de todos los escándalos internacionales, pero habían obstáculos que no permitieron concretar muchos de los casos. "Ahora lo que estoy haciendo desde el Ministerio Público legítimo, es recuperar toda esa información y procesarla para actuar con sentencias".

¿Es decir, hay un saboteo en las mismas instituciones del Estado venezolano para que no se aplique justicia ?
-Estoy segura que Venezuela no existe un saboteo por parte de las instituciones, sino que esa es la forma como funciona la delincuencia organizada. Esa es la estructura de funcionamiento de ellos.

La fiscal puso como ejemplo el caso de Pedro León, expresidente de la Faja Petrolífera del Orinoco que encabezó una red de corrupción enorme. Informó que sobre este asunto el Ministerio Público ordenó su captura, junto a otros de sus socios, y el funcionario huyó a República Dominicana "ahora resulta que pasó de ser acusado a víctima. “Por eso digo que yo no creo que sea un saboteo, así funciona la delincuencia organizada”.

Más adelante se refirió a la actuación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno Pérez, la cual catalogó como la caída definitiva del poder judicial en Venezuela. Considera inaudito que una instancia tan importante del Poder Público Nacional se encuentre en manos de quien es su titular en estos momentos.

“La elección como presidente de este personaje y del equipo que lo rodea es lamentable, porque los máximos tribunales de la República deberían estar investidos de majestad, de moralidad, de decoro, pero el nuestro carece de todo eso”.

Manifestó que en los tribunales venezolanos hay jueces que actúan por convicción, mientras que otros lo hacen por temor al castigo, porque necesitan el trabajo.

Narra que la cúpula del gobierno ejerce presión sobre los jueces a efecto de que tomen decisiones de acuerdo a los intereses de los poderosos o de quienes están incursos en las irregularidades. “Los someten y los obligan a tomar decisiones para favorecer y exculpar a los responsables de hechos de corrupción y narcotráfico, lavado de dinero”.

Comenta que esto ocurre por igual cuando se trata de delitos graves, como cuando se está en presencia de delitos pequeños. En este sentido, estima que es inconcebible lo que se ha hecho en el sistema judicial venezolano con los funcionarios violadores de los derechos humanos, pues todos los responsables de esos delitos son exonerados, "ni siquiera llegan a un proceso penal porque se limita la acción de la Fiscalía”. 

Ortega señala que “Ahora el Ministerio Público tiene la libertad de exonerar de responsabilidad a cuanto militar y policía esté involucrado en delitos contra los derechos humanos. Es tal la sumisión de Tarek William Saab, (el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente) que llama los militares mi coronel, mi general, como si él fuese militar”.

— ¿Cómo cree usted que se pueda poner fin a un gobierno dirigido por organizaciones criminales?

— Eso es parte de la reconstrucción del país, porque este es un problema de valores y de ética. En Venezuela hay una organización criminal que funciona desde el alto poder, porque es un estado delincuencial que ha permeado y comprometido a la Fuerza Armada, sobre todo a los altos mandos, porque en los mandos bajos hay gente muy valiosa, muy honorable y buena, que es la gente que necesita el país. Así ocurre en todas las instituciones, donde son las altas esferas las que constituyen ese estado delincuencial. No es el pueblo de Venezuela, sino la cúpula y es con ella que hay que acabar a través de la aplicación de sanciones ejemplarizantes. Se debe encarcelar a los responsables de los delitos en una verdadera cárcel, un preso debe estar en una celda, respetándosele sus derechos claro está pero no como hacen ellos que irrespetan los derechos de las personas privadas de libertad que son honorables. Sin embargo, los delincuentes están en la calle, por ejemplo, Wilmito. Se de un delincuente que gozó de libertad, fue el sujeto que mató a la periodista Adriana Urquiola, Yhonny Bolívar, alias "Capitán Bolívar".

Debe haber verdadera administración de justicia

Ortega Díaz se pronunció porque se establezca una verdadera justicia en Venezuela en la que se castigue a los delincuentes y estos -efectivamente- paguen sus condenas en la cárcel y no como ahora, donde muchos de los sentenciados se encuentran en la calle disfrutando de libertad y no en las celdas en las que deberían estar. “Deben darse sanciones ejemplarizantes y que se recupere lo que se han adquirido ilegalmente y se destine a los fondos del Estado. Eso constituiría un ejemplo para todos. Lamentablemente lo que pasa es que los delincuentes no pagan prisión y los bienes robados los continúan disfrutando los familiares -inclusive- usa el dinero mal habido para pagar su defensa, para sobornar y extorsionar. Hay que aplicar una justicia ejemplar en Venezuela, ya que las altas autoridades-definitivamente- no dan el ejemplo.

— ¿A usted la han intentado sobornar?

— Muchas veces me han tratado de comprar, muchísimas veces a mí me ofrecieron dinero para que yo renunciara y me fuera. Así ocurrió en una primera oportunidad, y en una segunda me doblaron la cifra. En algún momento voy a decir el nombre, pero ellos saben quiénes son. Ellos me dijeron que me fuera sin hablar, sin decir nada por la calle del medio, incluso, me ofrecieron que me podían guardar el dinero, es decir, la oferta venía con testaferro incluido.

— Se rumora aquí en Canadá que el gobierno estaría dispuesto a ofrecerle asilo. ¿Se muda a Toronto?

— Por ahora me quedo en Bogotá. Colombia me ha brindado mucha hospitalidad, tanto las autoridades colombianas, como los colombianos. Ellos se parecen tanto a nosotros que me siento en casa. Obviamente yo quisiera estar en Venezuela, pero si no puedo estar en mi país -entonces- me quedo en Colombia.








lunes, 11 de septiembre de 2017

Fiscalía exige que los narcosobrinos paguen a los EEUU una multa entre $50,000 mil a $10 millones

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó a la Corte que imponga una multa de entre $50,000 mil a  $10 millones dólares a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas acusados de delitos de narcotráfico. Igualmente, pidió que la sentencia sea como mínimo 30 años de cárcel y  una máxima de cadena perpetua.
En el documento, el fiscal Joon H. Kim señala que de acuerdo a los factores que apoyan la sentencia para ambos acusados "las penas no pueden ser menores a los 30 años de encarcelamiento los dos hombres". 

Explica que la naturaleza y las circunstancias del delito son extremadamente graves y que la ley debe imponer una sentencia apropiada que refleje la seriedad de la ofensa.
Los acusados ​​trataron de confiar en su poder político e impunidad para importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos en un esfuerzo por hacer $ 20 millones que serían utilizados en parte para financiar la campaña de Cilia Flores para la Asamblea Nacional venezolana y prolongar el control de su familia de Venezuela, dice el documento.
Citan las declaraciones de Campo quien afirmó repetidamente que el objetivo de la conspiración era obtener US$ 20 millones de dólares pagar la campaña de su mamá, la primera dama Cilia Flores, para que esta ganara las elecciones de la Asamblea Nacional y así tener varios lugares con poder.

La fiscalía descarta que la declaración de Campo en ese sentido no fue una fanfarronada. "En la reunión del 26 de octubre de 2015 en Caracas, Campo explicó en detalle al informante de la DEA que necesitaba esa cantidad de dinero para el mes de diciembre de 2015". Campo indicó que "cada uno de los estados de Venezuela estaba dividido en parroquias "con un líder" que, por ejemplo,"nos hace un compromiso de conseguir cuatro mil votos".

Reseña el informe lo dicho por Campo en ese entonces "cada voto me cuesta cien dólares, por ejemplo". 

La fiscalía señala que ese caso demuestra el objetivo políticamente y corrupto de los esfuerzos del narcotráfico de los acusados -particularmente- a la luz de la conducta de la administración actual en Venezuela y de las condiciones allí existentes. "Esa es una consideración agravante significativa asociada con la ofensa de los acusados".

Explica que en la búsqueda de su objetivo de hacer 20 millones de dólares importando grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, los acusados ​​confiaron en guardaespaldas armados, en sus conexiones corruptas con la policía, y desarrollaron una conexión real con la organización terrorista FARC, solicitaron sobornos de varios millones de dólares para liberar a los narcotraficantes encarcelados Juan Carlos Araujo Durán y Hermágoras Polanco. 
Los sobrinos de Cilia Flores habrían intentado cobrar sobornos para sacar de la cárcel al narcotraficante Juan Carlos Araujo Durán
Añade la fiscalía que Campo y Flores "como mínimo, toleraron actos de violencia por parte de sus asociados de narcotraficantes, incluido un brutal asesinato". 

Si los acusados ​​eran "novatos" -tal como sus abogados los describen- la matanza ocurrida a mediados del verano de 2015 seguramente les habría llevado a abandonar sus negocios de narcotráfico como un medio para mantener el control político de su familia en Venezuela y para  enriquecerse. Pero no lo hicieron. Todo lo contrario,  a lo largo del me de agosto de 2015, los acusados ​​negociaron con Pepe y la Organización Sombrero para enviar grandes cantidades de cocaína a los narcotraficantes mexicanos". 

Campo también describió una situación anterior en la que los acusados ​​pagaron "una gran suma de dinero" por adelantado para la elección de una Asamblea Constituyente, pero en la medida que pagaron dichos sobornos algunos los habían defraudado.  Esta experiencia llevó a Campo a concluir que era mejor "esperar a que se celebrara la elección" antes de pagar sobornos destinados a asegurar la victoria. 

El informe de la Fiscalía también destaca que las declaraciones de Campo -donde éste asegura que sus conexiones para facilitar el narcotráfico- era semejante a "tener oro en nuestras manos". 

Asimismo dice que Campo y Flores -insatisfechos con su falta de progreso con la Organización Sombrero- ​​se dirigieron rápidamente a  El Sentado, y en última instancia a los informantes de la DEA, en su esfuerzo por alcanzar su meta de US$20 millones de dólares. 

-Fue el objetivo financiero lo que impulsó a los dos acusados a tratar de importar la cantidad de drogas pautadas en las negociaciones.

Si el objeto de la conspiración hubiera involucrado sólo 800 kilogramos de cocaína, sin ninguna de las otras consideraciones agravantes, las Directrices de las Sentencias recomendarían una pena de 235 a 293 meses de prisión al nivel 38. Sin embargo, el delito incluía características adicionales, como armas, amenazas de violencia, intentos de soborno y una corrupción política impresionante, dice el informe del fiscal.

Agrega que el personal experimentado en la Oficina de Libertad Condicional ha evaluado la naturaleza y la gravedad del delito, a la luz de los numerosos casos de tráfico de drogas que ven en el Distrito de Nueva York, y concluyó que las penas de cadena perpetua son apropiadas para el caso de Campo Flores y Flores de Freitas. 

La fiscalía cita los artículos de la ley que abogan fuertemente por términos sustanciales de encarcelamiento., destacando que la "historia y características" de los acusados ​​también merecen sentencias sustanciales. 

-  Los demandados ​​no han mostrado remordimientos y no han aceptado ninguna responsabilidad. Son hombres ricos, titulados y adultos que se vistieron con una espesa capa de impunidad en Venezuela antes de su detención.

Dice que Flores  de Freitas dijo al co-acusado Roberto de Jesús Soto García y a otros hombres en Honduras, que se aprovechaba de sus conexiones políticas para hacer dinero. Su descripción es totalmente consistente con los esfuerzos de los acusados ​​por aprovechar su relación con su primo, Carlos Erick Malpica-Flores, para extraer sobornos de los deudores de PDVSA. 

Señala el informe que los acusados ​​también mintieron a la Corte durante las mociones antes del juicio "en un esfuerzo por escapar de la justicia", y trataron de inducir a error a la Oficina de Libertad Condicional para hacerles creer que eran sólo ciudadanos modestos, de clase media, trabajadores.  

En este sentido la fiscalía cita el informe previo a la sentencia de la Oficina de Libertad Condicional en la que Campo Flores informó a esa instancia que pertenecía a una familia de clase media, sin embargo, el acusado parecer ser de una familia muy rica en Venezuela con poderosas conexiones políticas, añade la fiscalía.

En guerra con EEUU

Antes de su detención, los acusados ​​declararon que estaban en "guerra" con Estados Unidos, aparentemente basados ​​en la creencia de que la "oposición" en Venezuela estaba "recibiendo una infusión de mucho dinero" de este país. 

Los acusados ​​también se jactaron de los abusos de los derechos humanos de su familia con respecto a esa oposición política. Por ejemplo, en respuesta a una pregunta acerca de la oposición al gobierno venezolano, Flores explicó que "todos ellos han muerto" y en referencia a Leopoldo López dijo que estaba "encerrado" y que era estúpido. Además aseguró que "cualquier candidato contrario al gobierno que sale y comienza a convertirse en una plaga se acaba . . tres o cuatro ya han sido encerrados".

El informe cita además que el 26 de octubre de 2015, Campo dijo a CS-1 y CS-2 que los acusados ​​estaban motivados a hacer buenas acciones en sus vidas basadas principalmente en la esperanza de que recibirían una bendición espiritual que les permitiría evitar cargas de drogas fallidas y las interdicciones de aplicación de la ley. Campo explicó que podía garantizar con "noventa y nueve por ciento" la certeza de que las cargas de drogas serían despachadas con éxito desde Venezuela.

La fiscalía dijo que Campo Flores trató de apelar a la religión cuando expresó ante los agentes de la oficina de Libertad Condicional que "a título personal, creamos un hospital, construimos una escuela, una casa aquí" con la esperanza de que los acusados ​​sean perdonados por sus crímenes, al menos como un asunto religioso porque "ayudaron como treinta mil personas ". 

Se mueven por la codicia

-Estos comentarios confirman que los acusados ​​son egocéntricos, criminales moralmente en quiebra motivados en casi todos los aspectos no por ética,  el altruismo o el deber cívico, sino más bien por la codicia. En consecuencia, las características personales de los acusados ​​justifican un castigo adicional en lugar de una indulgencia.

La fiscalía pide una sentencia justa a los crímenes para promover el respeto a la ley. "Se debe ofrecer una sanción justa por el delito y así disuadir adecuadamente y proteger al público" advierte el fiscal al pedir la imposición de una pena de prisión sustancial por cada acusado. 

En el documento se destaca que los acusados ​​no han mostrado respeto por la ley en los Estados Unidos ni en Venezuela. Tampoco hay razón para creer que abandonarán su "guerra" con los Estados Unidos después de cumplir con sus sentencias. Además, si los acusados ​​regresan al crimen, Venezuela no extraditará ni siquiera a los más ordinarios de sus ciudadanos, mucho menos a estos hombres, para hacer frente a nuevos cargos. 

-La creencia expresada por Flores de Freitas de que la "DEA no está aquí" en Venezuela deja claro su seguridad de poder cometer crímenes con impunidad y su capacidad de contar con suficientes recursos y autoridad para evitar que las personas envíen grandes cantidades de cocaína a los EEUU. 

La fiscalía aseguró que hay que evitar que sigan importando drogas a los EEUU.  "El programa de radar robusto en la vecina Colombia, deja claro que una de las principales formas en que la cocaína sudamericana es despachada hacia los Estados Unidos es a través de vuelos que salen de Venezuela".

Dice el informe que el apoyo estructural y logístico a estas actividades, proporcionado por funcionarios políticos y sus asociados o parientes, como los acusados, es una de las formas más difíciles de interceptar y  de disuadir el tráfico de drogas. "Varios funcionarios venezolanos se enfrentan actualmente a cargos de narcotráfico y otras sanciones en los Estados Unidos basados ​​en este tipo de actividades, pero siguen protegidos por la política fronteriza y de extradición".

El informe destaca que los desafíos de disuadir e incapacitar a criminales que perjudican a los Estados Unidos y a sus intereses a través del tráfico de drogas a gran escala desde fuera de nuestras fronteras son aún mayores con respecto a individuos políticamente conectados y poderosos como Campo Flores y Flores de Freitas. En pocas palabras, es extraordinariamente difícil investigar, arrestar, extraditar y condenar a estos tipos de criminales corruptos, argumenta la fiscalía.

Citan los casos de Néstor Luis Reverol Torres, Hugo Armando Carvajal-Barrios, Tareck El Aissami, Samark López Bello, entre otros que han sido acusados pero que no han sido tocados por la ley. 

En el caso de Flores y Campos es crucial que las sentencias ​​ demuestren que en el sistema de justicia de los Estados Unidos se producirán consecuencias sumamente significativas para las personas que se comportan de esta manera y son capturadas.
Un ejemplo la sentencia de  Fabio Lobo

El fiscal destaca en esta parte del informe la sentencia dada a Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa "El 5 de septiembre de 2017, el juez Schofield envió el mensaje correcto a otro narcotraficante corrupto y político, imponiendo una sentencia de 24 años y una multa de 50.000 dólares a Fabio Lobo, hijo del ex presidente de Honduras". 

Dice que Lobo fue declarado culpable de participar en una conspiración para importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, basándose en el apoyo logístico y la protección que proporcionó a importantes narcotraficantes hondureños, incluso mientras su padre era presidente del país . 

El caso de Lobo -destaca- fue otro caso en el que, como lo han subrayado frecuentemente los acusados, no se incautaron drogas ni armas, sin embargo, después de una audiencia de Fatico, el Juez Schofield concluyó que el rango de las Guías de Lobo era de 360 ​​meses de prisión perpetua, y la Oficina de Libertad Condicional recomendó una sentencia de 25 años.

Dijo que en el caso Lobo el tribunal consultó información de la Comisión de Sentencia y concluyó que los acusados ​​con un "perfil de pauta de penas similares" en todo el país reciben, en promedio, penas de 24,5 años de prisión. 

La corte también enfatizó que uno de los factores bajo consideración era la disuasión general, es decir, la necesidad de "disuadir a otros que podrían ser como usted (Fabio Lobo) y que verían cuáles son las consecuencias de acciones como las que usted ha tomado". 

El juez Schofield razonó entonces:

El hecho más condenatorio en su trasfondo y en su participación en esto es "que usted era el hijo del presidente en funciones de Honduras, y usó sus conexiones, su reputación en su red política para intentar corromper aún más y establecer conexiones entre narcotraficantes y funcionarios del gobierno hondureño. Y éstos incluían no sólo funcionarios humildes, como los aduaneros y el personal militar y policial, sino también funcionarios de alto nivel. En resumen, lo que distingue a su caso de tantos es que usted facilitó un fuerte apoyo gubernamental a una gran organización de tráfico de drogas para múltiples elementos del gobierno hondureño, y se enriqueció en el proceso".

La juez continuó: "El punto es que realmente usted abusó de lo que  usted era y de los beneficios y ventajas que tenía para promover este crimen. . . . si era de cuatro toneladas [de cocaína], si era media tonelada, el hecho más pesado que pasa por mi mente fue el abuso de su posición y del privilegio que usted disfrutó para cometer el delito. 

Aunque cada caso es único y hay algunas diferencias entre la conducta delictiva de los acusados ​​y el delito de Lobo, hay que destacar que Lobo se declaró culpable en lugar de proceder a juicio y no intentó obstruir la justicia como lo hicieron los dos acusados. 

Lo que es más importante, entre los casos, es que Campo y Flores, son dos hombres privilegiados apalancados corruptamente en el poder derivado de sus conexiones familiares con los funcionarios políticos de más alto rango de sus respectivos países para apoyar a los narcotraficantes y enriquecerse. 

_ Los esfuerzos de los acusados ​​para hacerlo son aún más flagrantes que los de Fabio Lobo, porque los acusados ​​tenían el objetivo adicional de usar el producto de las drogas para prolongar el control político de su familia en Venezuela, mediante la financiación de al menos una campaña política de Cilia Flores. Este tipo de conducta permite que el tráfico de drogas a gran escala florezca en toda la región de las Américas y en México y conduce a los tipos de violencia reflejados en los mensajes de texto de los acusados ​​y lo que el abogado defensor describió al jurado como una práctica del cártel de Sinaloa,  desfigurando los cuerpos con ácido para hacer más difícil que las autoridades identifiquen a sus víctimas.

La fiscalía dice que en el caso de Campo y Flores se justifican condenas sustanciales basadas en la necesidad de promover la disuasión general de este tipo -particularmente nocivo- de tráfico de drogas políticamente vinculado a funcionarios y sus asociados que, de otra manera, actuarían con impunidad en sus propios países.

Dice que lo alegado por Campo y Flores en sus presentaciones a las sentencias no merece clemencia. 

El gobierno de los EEUU rechaza el hecho que los acusados ​​se aferren a su afirmación de que no eran "capaces de poseer las cantidades de drogas que están impulsando las Directrices, mientras que la evidencia demuestra lo contrario. 

-Campo le dijo a CS-1 que los acusados ​​tenían acceso a un proveedor que podía proporcionar cocaína por "palas" cuando describió su conexión con un funcionario de las FARC y admitió a la DEA que  el Gocho tenía las drogas en la mano para el 15 de noviembre el envío".

"Este argumento presentado por la defensa debe ser rápidamente rechazado" dice el fiscal. Asimismo, recuerda que los récords han demostrado que los acusados no eran "aficionados inexpertos" y que la Corte encontró que Campo y Flores ​​no ofrecieron "pruebas" en el juicio que la DEA les indujo a cometer el delito.

Igualmente destacó la fiscalía que los acusados tenían conexiones directas con las FARC "que era la fuente de suministro de cocaína".

El gobierno argumenta -además- que las directrices se basan en las palabras y acciones de los acusados. "Ni la DEA ni sus informantes han inflado artificialmente las cantidades de drogas que los acusados ​​querían importar a los Estados Unidos porque los acusados ​​casi inmediatamente declararon su intención de hacer $20 millones a través del esfuerzo". 

-Antes de su detención, los acusados ​​probablemente se habrían sentido decepcionados, más que manipulados, si los informantes o co-conspiradores les dijeran que su empresa implicaría sólo una mera 800 kilogramos de cocaína. Eso es porque 800 kilogramos no habrían hecho que los acusados ganaran ​​los $20 millones que buscaban para ayudar a mantener el control político de su familia sobre Venezuela. 

La fiscalía agrega que el expediente de sentencia establece que los acusados ​​estaban dispuestos a -y en algunos casos lo hicieron- a utilizar casi cualquier medio necesario para perseguir esa meta, incluyendo sobornos, armas y violencia.

El el informe también se dice que los acusados tienen riquezas en Venezuela, y citan una conversación que tuvo Flores en agosto de 2015 con Pepe a quien dice lo siguiente: "Necesito vender un ferrari que tengo en algún lugar." 

La fiscalía dice que la posesión de tal vehículo no es indicativa de circunstancias "empobrecidas", particularmente en relación con las condiciones actuales de la economía en Venezuela. 

-Y el deseo de Flores de vender el activo(Ferrari) se basó en el interés de los demandados en comprar un avión para usar para enviar grandes cargas de cocaína en lugar de necesidad financiera. Flores explicó a Pepe que él y su primo ​​estaban "esperando para comprar un avión tan pronto como podamos" y le envió  a Pepe una fotografía de un Learjet. 

En ese sentido, la fiscalía sostiene que la capacidad de Flores para pagar una multa se demuestra además por el hecho de que viajó en jet privado tres veces durante el crimen, (dos veces a Honduras y una vez a Haití). 

En las comunicaciones electrónicas, los acusados ​​indicaron que uno de esos viajes costó US$20.000 dólares,  "Campo le dijo a Gilson que Flores era el que tiene el dinero".

Campo también -repetidamente- alabó su riqueza. 

El 26 de octubre de 2015, por ejemplo, dijo a CS-1 y CS-2 durante una reunión con Flores: "He estado haciendo este trabajo desde que tenía dieciocho años. Debido a Dios y a la Virgen hemos ganado dinero. Y desde que empezamos a ganar dinero, nos hemos vuelto llamativos . . . . nosotros tenemos Ferraris. . . . así que este nivel de comodidad que tengo aquí no va a desaparecer debido a un trato de diez millones de dólares. . . Porque hice diez millones con petróleo".

Durante la misma reunión, Campo dijo a los informantes:"Cuando empezamos a ganar dinero hace muchos años, fuimos cuidadosos y dijimos: 'Bueno, invertimos en esto, invertimos en esto, e invertimos en eso'".."Fue muy fácil para nosotros hacer dinero aquí en el país. . . porque trabajamos con cualquier cosa. Trabajamos con oro, trabajábamos con dulces [es decir, con drogas], trabajábamos con hierro, trabajábamos con cemento, pero [ya no] ".

La riqueza de los acusados ​​"llegó a ser" en virtud de su corrupción y criminalidad, y se les debe exigir que paguen una multa consistente con la evidencia en lugar de sus declaraciones de autoservicio y no corroboradas a la Oficina de Libertad Condicional.

El fiscal rechazó la declaración de los abogados de Flores quienes indicaron que había tratado de obtener documentos financieros para el acusado sin éxito.

Campo describió la fuente de al menos algunas de las riquezas de él y de su primo ​​durante una de las reuniones en Caracas. Dijo que había un "acuerdo" entre los miembros de la familia de los acusados ​​y el funcionario venezolano Diosdado Cabello, que permitió a su familia "controlara el petróleo por completo" en Venezuela. "Y se llegó a un acuerdo, digamos a puertas cerradas. Me dejas estas tres cosas y puedes controlar el petróleo completamente por ti mismo.  Genial, porque si yo les doy esto (el petróleo), que era mi trabajo cuando Comandante Chávez (es decir, el ex presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, quien murió en marzo de 2013) estaba a cargo esto solía ser un trabajo compartido por todos. Desgraciadamente, cuando Chávez fallece -entonces- el petróleo quedó bajo nuestro control. "Bueno, si te doy esto, tú me das eso". Y dijimos: "Oh, bueno, los beneficios son básicamente los mismos, tal vez un poco más aquí que allí, o hay más que aquí, pero. . . no vamos a entrar en su parche. . . "

Reconociendo la evidencia de la inmensa riqueza material de los acusados, la defensa ​​presentó una moción conjunta in limine para excluir dicha prueba en el juicio. En ese documento, los acusados ​​se refirieron a la evidencia de sus teléfonos "que presentan a los demandados cerca de varios vehículos y propiedades", pero sugirió que su "riqueza" no era "inexplicable" y podría haber sido derivada de "una regalo o herencia o una de múltiples fuentes de ingresos legítimos". 

Más adelante en esa presentación, los acusados argumentaron afirmativamente, (contrariamente a sus representaciones más recientes a la Oficina de Libertad Condicional), que "tienen múltiples fuentes de ingresos legítimos".  El mismo registro que animó las preocupaciones de los acusados antes del juicio acerca de cómo el jurado vería su riqueza, muestra que sus abogados no pueden cumplir su carga de demostrar que los acusados no pueden pagar una multa. 

En consecuencia, el Gobierno sostiene respetuosamente que la Corte debe imponer multas sustanciales en relación con la riqueza de los acusados y la gravedad de su conducta.

domingo, 27 de agosto de 2017

Juez niega al gobierno de EEUU acceso a la declaración jurada de bienes de Flores de Freitas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los fiscales federales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no podrán tener acceso a la declaración jurada confidencial de bienes del sobrino de la pareja presidencial de Venezuela, Franqui Francisco Flores de Freitas, de acuerdo a un dictamen del juez de distrito Paul Crotty quien falló a favor de una solicitud de la defensa que exponía que la intención del gobierno —que es la parte acusadora en este caso— de revisar dicha atestación para indagar los activos que posee el acusado en el exterior con el objetivo de fijar la sentencia de dinero que deberá pagar en su condena, no procede por cuanto va en contra de los establecido en la Ley de Justicia Criminal.

Además, la defensa de Flores de Freitas objetó dicha solicitud del gobierno de tener acceso a la referida declaración porque también viola la Quinta Enmienda de Constitución que garantiza el derecho de los acusados a la autoincriminación.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al tribunal que autorizara a revisar la declaración jurada para determinar cuántos y cuáles son los activos y propiedades de Flores de Freitas, quien será sentenciado el 12 de septiembre de 2017 por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras, en violación de las leyes antinarcóticos norteamericanas.

En una carta —firmada por los abogados David M. Rody y Michael D. Mann del bufete Sidley Austin LLP— se argumenta que a Flores de Freitas se le asignó un abogado público para que lo representara en la presentación inicial ante el juez el 12 de noviembre de 2015, y que la corte conoció en ese momento las múltiples preguntas que hizo el gobierno sobre la relación entre el entonces acusado y sus abogados asignados, Vincent Michael Southerland y Jonathan Marvinny.

La defensa destaca que la moción del gobierno, presentada el 4 de octubre de 2016, buscaba constatar si los fondos y recursos federales asignados a los abogados designados por la corte habían sido usados. En ese sentido señala la defensa que quedó demostrado que dichos recursos del gobierno no fueron usados en ningún punto del juicio y en ningún evento significativo antes de este, ni para la litigación del caso.

Vale recordar que durante la presentación inicial del acusado en el tribunal neoyorquino, el juez James I. Cott, designó un abogado público cuyos honorarios son pagados con recursos federales. Franqui Francisco Flores de Freitas firmó una declaración donde juró que no tenía la capacidad financiera para pagar un defensor privado. Su primo y coacusado, Efraín Antonio Campo Flores, fue representado en ese momento por el costoso bufete de abogados Squire Patton Boggs, que en diciembre de 2015 renunció a su defensa por supuesto conflicto de intereses.

En diciembre de 2015, los dos acusados —quienes son familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro— gozaron de la representación de abogados pagados por los contribuyentes norteamericanos. Ambos acusados aseguraron no poseer dinero para pagar una defensa privada.

En marzo de 2016, Efraín Campos Flores cambió su equipo de abogados públicos por un costoso bufete encabezado por Randall Jackson y John T. Zach, de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP. Asimismo, Flores de Freitas también abandonó en esa misma fecha a sus defensores públicos y contrató a su actual equipo de abogados liderado por David Rody del bufete  Sidley Austin LLP. Ambos equipos de abogado están siendo pagados por el empresario petrolero ligado al régimen encabezado por los tíos de los dos acusados, Wilmer Ruperti.

En la solicitud hecha por la defensa de Flores de Freitas, los abogados señalan que las directrices de la ley de Justicia Criminal (CJA, por sus siglas en inglés) prohíben expresamente preguntas sobre la elegibilidad de un acusado para recibir defensa pública como mecanismo para descubrir la habilidad financiera del acusado para pagar las penalidades que correspondan al delito como tal, ni para descubrir si el demandado tiene activos objeto de confiscación o si posee capacidad para pagar multas, hacer restituciones o compensar a otra persona que resulte beneficiada por la Ley de Protección de víctimas y testigos.

El documento de la defensa dice que el gobierno no puede usar la información de la declaración financiera jurada firmada por Flores de Freitas para alegar perjurio, declaración falsa u otra declaración provista por el acusado en conexión con su solicitud de la asistencia de un abogado público. "El afidávit Financiero no es una prueba de falsa declaración o perjurio".

Asimismo, la defensa argumenta que la corte debe evitar el acceso del gobierno al afidávit financiero firmado por Flores de Freitas el 12 noviembre de 2015, puesto que dicha acción puede ser contraria a los derechos del acusado. La quinta enmienda de la constitución prevé protección contra la revelación de información financiera personal de manera coercitiva.
La defensa se refiere a una determinación hecha por la corte del Segundo circuito donde se estableció que no hay abuso de discrecionalidad cuando un tribunal de distrito niega una solicitud para levantar el sello a un affidavit financiero cuando el gobierno tiene otros mecanismos para averiguar la capacidad financiera del acusado. 

En el caso de Flores de Freitas —argumenta la defensa— el gobierno dispone de cientos de mensajes de texto y correos electrónicos extraídos de los teléfonos celulares y correos del acusado que contienen información detallada de la situación personal financiera de este. Sin embargo, ninguna evidencia que fue presentada en el juicio a partir de las pruebas aportadas por la parte acusadora, además de las provenientes de otras fuentes, incluidos los testigos, muestra que Flores de Freitas poseía riqueza y que parece una exageración que lo hagan ahora en víspera de la sentencia.

La información aportada por la fiscalía durante la etapa del descubrimiento no fue la única vía para saber la situación financiera del acusado, acota la defensa.

En la comunicación se informa al juez, que Flores de Freitas conversó con la Oficina de Probación de Prisiones sobre su situación económica y declaró que posee una vivienda en Venezuela cuyo costo en el mercado es de unos US$ 30 mil dólares, también dijo que tenía una cuenta en un banco de Panamá y una cuenta en el Banco del Caribe de Venezuela, pero no especificó el monto de dinero que tiene en esas cuentas, solo dijo que no era mucho dinero.

La defensa expone que han tratado de obtener documentos financieros de su defendido sin éxito y que los servicios de los abogados han sido pagados por un tercero, un hombre rico de Venezuela quien es viejo amigo de la abuela y de la tía del acusado, ninguna otra información fue proveída.

El juez, Paul Crotty, aprobó la solicitud hecha por el defensor de Flores de Freitas, acotando que si el gobierno no argumenta de mejor manera la moción donde solicita que se autorice a los fiscales a revisar la declaración financiera jurada y verificar cuáles son los activos propiedad del acusado para fijar la sentencia de dinero que deberá pagar como parte de la penalidad por los delitos cometidos, entonces la revisión no será procedente.