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viernes, 7 de agosto de 2020

Víctor Mones Coro, socio de Tareck El Aissami, será sentenciado en Nueva York el 31 de agosto

 Por Maibort Petit

    El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, fijó para el 31 de agosto de 2020, la lectura de la sentencia de Víctor Mones Coro, un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

    Los abogados defensores de Mones Coro, Christine H. Chung y Faith E. Gay, pidieron al juez, Alvin K. Hellerstein, que pospusiera la sentencia para el 28 de agosto de 2020, pero el juez decidió fijar la nueva fecha para el 31 del presente mes.

  La defensa había solicitado en marzo libertad bajo fianza alegando el temor por la pandemia del COVID-19. El magistrado Hellerstein la negó, fallando a favor de la solicitud de libertad, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York .

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

  Los fiscales federales del caso dijeron al juez que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40 mil en efectivo, un avión privado y un bote".

  La Fiscalía sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país.

 Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos.

  Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala".

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos".

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado.

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

   Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

  Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

  De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían.

  Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

  Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

  La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Mones Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado, Es dueño de un avión privado y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados.

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

Los fiscales sostiene que Mones Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión.





Socio de Tarek El Aissami dio positivo en COVID-19 en una cárcel de Nueva York

Por Maibort Petit

   La defensa de Michols Orsini Quintero, acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Tareck El Aissami y a su testaferro, Samark López Bello, dijo al juez del Distrito Sur de Nueva York, que su cliente dió positivo en un examen de COVID-19 que le practicaron en la Centro Correccional Metropolitano (MCC), y por esa razón no pudo estar presente en la conferencia por video que se realizó por su caso.

  La abogada Sabrina P. Shroff pidió al juez, Alvin K. Hellerstein, que excluyera el tiempo que transcurre desde el 27 de julio en adelante del que establece la Ley de Juicio Rápido. 

  Sostuvo que la exclusión de ese tiempo permitirá a la defensa y al gobierno discutir  los elementos del caso antes del juicio.

  El magistrado, luego de un encuentro ocurrido el el 3 de agosto con las partes, fijó una audiencia antes del juicio para el 9 de septiembre 2020, para discutir los detalles necesarios del proceso. 


  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aárea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien piloteó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países. 

   En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios,  Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a  El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

   Orsini Quintero se declaró no culpable de los cargos y se prepara para ir a un juicio con jurado.

  La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

   La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

   Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

  La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

  El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

  El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

    El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.



Estos son los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados por el Reino Unido

  Inglaterra actualizó su lista. Con la adición de once funcionarios ahora el número se eleva a 36.

Por Maibort Petit

   El pasado 4 de agosto de 2020 la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Her Majesty´s Treasury (El Tesoro de su Majestad), instancia gubernamental encargada del desarrollo y ejecución de la política fiscal y económica del gobierno británico, actualizó la lista de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro sancionados con la congelación de activos.


  En junio pasado, el secretario de asuntos exteriores de la Mancomunidad de Gran Bretaña informó que esa nación acataba las sanciones propuestas por la Unión Europea en contra de la administración de Maduro y sumó a once miembros del gobierno venezolano que elevan a 36 el total de sancionados.

Los 36 sancionados

José Antonio Benavides Torres, nacido el 13 de junio de 1961.Exjefe del gobierno del Distrito Capital hasta enero de 2018. Comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta el 21 de junio de 2017. Responsable de la vigilancia que GNB ejerció sobre las manifestaciones civiles y por abogar para que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre civiles.

Freddy Alirio Bernal Rosales, nacido el 16 de junio de 1962 en San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela. Jefe del Centro Nacional de Control del CLAP; protector del Estado de Táchira; Comisionado General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Responsable de influir en los nombramientos de jueces y fiscales; de socavar la democracia mediante la manipulación de la distribución del CLAP entre los votantes; detenciones arbitrarias del SEBIN.

Néstor Nepalí Blanco Hurtado, nacido el 26 de junio de 1982. C.I. Nº V-15.222.057. Mayor en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Opera junto a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde diciembre de 2017. Responsable de tortura, uso de fuerza excesiva y maltrato de detenidos en instalaciones de DGCIM.

Rafael Ramón Blanco Marrero, nacido el 28 de febrero de 1968. C.I. Nº V-6250588. Subdirector de la DGCIM desde diciembre de 2018 y encargado de la División General del Ejército Nacional Bolivariano desde el 5 de julio de 2019. Responsable de la tortura, uso de fuerza excesiva y el maltrato de detenidos en las instalaciones de la DGCIM. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Dinorah Joselin Bustamante Puerta, nacida el 14 de enero de 1975. C.I. Nº V-10.002.096 Fiscal en el Tribunal Especial de Primera Instancia, con una oficina dentro de la DGCIM. Inició enjuiciamientos por motivos políticos que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional y otros funcionarios que se oponían al régimen de Maduro.

Diosdado Cabello Rondón, nacido el 15 de abril de 1963. Presidente de la Asamblea Constituyente; Primer Vicepresidente del PSUV. Ha utilizado los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios y a la sociedad civil.

Carlos Alberto Calderón Chirinos, C.I. Nº V-10.352.300. Titular de la oficina superior SEBIN. Participó y fue responsable de actos de tortura y el trato cruel, inhumano y degradante de los detenidos en El Helicoide.

Tania Valentina Díaz González, nacida el 18 de junio de 1963 en Caracas. C.I. Nº V-6.432.672. Primera vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no reconocida desde el 4 de enero de 2018. Firmó el decreto que despojó al presidente de la Asamblea Nacional de su inmunidad parlamentaria.

Franklyn Leonardo Duarte, nacido el 15 de mayo de 1977. C.I. Nº V-3.304.045. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, elegido ilegítimamente el 5 de enero de 2020, mientras era bloqueada la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah, nacido el 12 de noviembre de 1974. Vicepresidente de Economía; ministro de Industria y Producción Nacional. Exvicepresidente de Venezuela con supervisión del SEBIN. Responsable de detenciones arbitrarias, investigaciones por motivos políticos, tratos inhumanos y degradantes, tortura y la prohibición de manifestaciones públicas. Encabezó el "comando anti-golpe" del presidente Maduro, que se ha dirigido a la sociedad civil y la oposición democrática.

Alexis Enrique Escalona Marrero, nacido el 12 de octubre de 1962. Jefe a cargo de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo (ONDOFT). Comandante Nacional del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) entre 2014 y 2017. Responsable de tortura, uso excesivo de la fuerza, maltrato de detenidos y represión de la sociedad civil.

Rafael Antonio Franco Quintero, nacido el 14 de octubre de 1973. C.I. Nº V-11.311.672. Agente del SEBIN. Jefe de Investigaciones en la DGCIM entre al menos 2017 y diciembre de 2018. Responsable de tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos en instalaciones de la DGCIM. Responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Gustavo Enrique González López, nacido el 2 de noviembre de 1960. Jefe del SEBIN, reelegido el 30 de abril de 2019.  Fue asesor de seguridad e inteligencia de la oficina del presidente del 8 de enero de 2019 al 30 de abril de 2019. Jefe de SEBIN hasta octubre de 2018. Responsable de detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, tortura y represión de la sociedad civil.

Alexander Enrique Granko Arteaga, nacido el 15 de marzo de 1981. C.I. Nº V-14.970.215. Jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) del DGCIM. Cometió violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso excesivo de la fuerza que causó la muerte, lesiones y el maltrato de los detenidos en las instalaciones de la DGCIM. Directamente involucrado en la represión de la sociedad civil. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Hannover Esteban Guerrero Mijares, nacido el 14 de enero de 1971. Jefe de Investigaciones en el DGCIM, al menos desde abril de 2019 hasta agosto de 2019. Supervisó las instalaciones de DGCIM en Boleíta. Cometió graves violaciones de los derechos humanos, como tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos. Vinculado a la muerte del Capitán Acosta.

Katherine Nayarith Harrington Padrón, nacida el 5 de diciembre de 1971. Fiscal General Adjunto desde julio de 2017 hasta octubre de 2018. Su nombramiento lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en violación de la Constitución pues correspondía a la AN. Inició enjuiciamientos por motivos políticos y no investigó las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.

Iván Hernández Dala, nacido el 18 de mayo de 1966. Jefe del DGCIM desde enero de 2014; jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre de 2015.  Responsable del uso excesivo de la fuerza y los malos tratos a los detenidos.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández, nacida el 11 de marzo de 1952. Exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Electoral (JNE). Facilitó el establecimiento de la Asamblea Constituyente ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, nacido el 18 de abril de 1963 en Caracas.  C.I. Nº V-7.659.695. Contralor General desde el 23 de octubre de 2018; exvicepresidente primero y segundo de la ANC no reconocida. Firmante de la "ley contra el odio", justifica la destitución del gobernador de la oposición elegido legalmente y prohíbe a Juan Guaidó postularse para cualquier cargo público.

Elías José Jaua Milano, nacido el 16 de diciembre de 1969. Exministro del Poder Popular para la Educación; expresidente de la Comisión Presidencial de la ANC ilegítima. Lideró el establecimiento de la ANC ilegítima.

Tibisay Lucena Ramírez, nacida el 26 de abril de 1959. Expresidenta del CNE. No pudo garantizar que el CNE siguiera siendo una institución imparcial e independiente de conformidad con la Constitución venezolana. Facilitó el establecimiento de la ANC y la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018 a través de elecciones presidenciales que no fueron libres ni justas.

Jorge Elieser Márquez Monsalve, nacido el 20 de febrero de 1971 en Caracas. C.I. Nº V-8714253. Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) desde el 7 de agosto de 2017. Limitó severamente los derechos del pueblo venezolano a la libertad de prensa, libertad de expresión e información. Usó los poderes especiales de CONATEL para silenciar las críticas y los disidentes del régimen al bloquear, filtrar y obstruir los sitios web de Internet y al revocar las licencias existentes para estaciones de radio y televisión y negarse a otorgar nuevas licencias.

Juan José Mendoza Jover, nacido el 11 de marzo de 1969 en Trujillo.  C.I. Nº V-9.499.372. Segundo vicepresidente del TSJ; presidente de la Cámara Constitucional del TSJ desde el 24 de febrero de 2017. Sus acciones han socavado la democracia y el estado de derecho en Venezuela, incluso mediante una serie de sentencias judiciales que han limitado o socavado los poderes constitucionales de la AN elegida democráticamente.

Karin Mora Salcedo, C.I. Nº V-8.608.523. Fiscal en el Tribunal Especial de Primera Instancia con una oficina dentro de la DGCIM. Inició enjuiciamientos por motivos políticos que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la AN y otros funcionarios que se oponían al régimen de Maduro.

Maikel José Moreno Pérez, nacido el 12 de diciembre de 1965. Presidente del TSJ. Exvicepresidente del TSJ. Responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad de la AN.

Xavier Antonio Moreno Reyes, Secretario General del CNE. Facilitó el establecimiento de la ANC ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

José Gregorio Noriega Figueroa, nacido el 21 de febrero de 1969. C.I. Nº V-8.348.784. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, elegido ilegítimamente. Miembro de la AN. Organizó su elección como segundo vicepresidente de la AN el 5 de enero de 2020, mientras se bloqueaba la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar, y sin que se alcanzara el quórum.

Sandra Oblitas Ruzza, nacida el 7 de junio de 1969. Exvicepresidente del CNE; expresidente de la Comisión del Registro Electoral y Civil. Facilitó el establecimiento de la ANC ilegítima y la manipulación del proceso electoral.

José Adelino Ornelas Fereira, nacido el 14 de diciembre de 1964 en Caracas. C.I. Nº V-7.087.964. Secretario General del Consejo Nacional de Defensa desde el 26 de julio de 2019. Excomandante de la Región de Defensa Estratégica Integral de la Capital Nacional (REDI Capital); exjefe de Gabinete y exsegundo al mando del Comando Operativo y Estratégico de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela (CEOFANB). Ha apoyado y facilitado acciones y políticas del Gobierno de Venezuela. Responsable de obstruir la provisión de ayuda humanitaria y el uso de fuerza excesiva por parte de los funcionarios.

Luis Eduardo Parra Rivero, nacido el 7 de julio de 1978. C.I. Nº V-14.211.633. Presidente de la AN, elegido ilegítimamente. Organizó su elección como presidente de la AN el 5 de enero de 2020, mientras se bloqueaba la entrada de varios parlamentarios a la sede de la AN por la policía militar, y no se llegó a un quórum.

Gladys Del Valle Requena, nacida el 9 de septiembre de 1952 en Puerto Santo, Sucre. C.I. Nº V-4.114.842. Segundo vicepresidente de la ANC no reconocida, desde el 26 de octubre de 2018. Firmó el decreto que despojó al presidente de la AN de su inmunidad parlamentaria.

Néstor Luis Reverol Torres, nacido el 28 de octubre de 1964. Ministro de Interior, Justicia y Paz desde 2016; vicepresidente de Obras y Servicios Públicos y Secretario Ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico desde abril de 2019. Excomandante General de la GNB. Responsable de la tortura de presos políticos y represión de manifestaciones políticas.

Sergio José Rivero Marcano, nacido el 8 de noviembre de 1964. Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas; Comandante general de la GNB hasta el 16 de enero de 2018. Responsable del uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y abuso de la sociedad civil y miembros de la oposición.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez, nacida el 18 de mayo de 1969. Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Expresidente de la ANC  ilegítima y exmiembro de la Comisión Presidencial de la ANC ilegítima. Usurpó los poderes de la AN y los usó para atacar a la oposición y evitar que participaran en el proceso político.

Tarek William Saab Halabi, nacido el 10 de septiembre de 1963 en El Tigre, estado Anzoátegui. Fiscal General de Venezuela designado por la ANC. Anteriormente Defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano. Acciones de apoyo público contra opositores del gobierno de Venezuela y la retirada de competencias de la Asamblea Nacional.

Jesús Rafael Suárez Chourio, nacido el 19 de julio de 1962. Comandante en Jefe del Ejército; Jefe del Estado Mayor General al Comandante en Jefe; excomandante General del Ejército; excomandante de la Región de Defensa Integral de Venezuela de la Zona Central (REDI Central). Responsable del uso de fuerza excesiva y maltrato de detenidos. Apuntó a la oposición democrática y apoyó el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.


 

martes, 4 de agosto de 2020

Maduro asciende a Néstor Reverol a "General en Jefe en categoría de Efectivo de Comando"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Por medio de una Resolución del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, firmada el 4 de agosto de 2020,  Nicolás Maduro Moros ascedió al actual Ministro de Interior y Justicia del régimen, Néstor Reverol al grado de General en Jefe en la categoría de Efectivo de Comando.
 Néstor Reverol  fue declarado figitivo de la justicia norteamericana. En agosto de 2016, Reverol fue acusado por delitos de narcotráfico  por el gobierno de los Estados Unidos, y se le señala de ser miembro del cártel de los Soles.

Ascendido   

  A través de la Resolución Número 036952, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Nicolás Maduro ascendió a General en Jefe en la categoría Efectivo de Comando a Néstor Luis Reverol Torres, C.I. N-7.844.507.  Hasta la fecha, Reverol tenía el grado de Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Fugitivo de la justicia de EE. UU.

  El 25 de agosto de 2016, el gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

  Las gestiones hechas por el equipo de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, incluye la información de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008 y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y criminales.

  Lynch envió una comunicación a los jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos.

  Lynch trabaj[o este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.

  Congelación de bienes 

La acusación también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.

  En este caso, asegura la documentación, las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.

  En el expediente se señala que el ex comandante general de la GNB y director de la Oficina Nacional Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela”.

  La acusación del Gran Jurado de Nueva York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.

domingo, 21 de agosto de 2016

Solicitan a la AN investigación sobre cambio de identidad del General Hugo Carvajal Barrios

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Basado en documentos probatorios que indican que el general y actual diputado, Hugo Armando Carvajal cambió de nombre y pasó a llamarse Hugo Armando Peck Peck en diciembre de 2012, se solicitó a la Asamblea  Nacional abrir una investigación que permita conocer la veracidad de la denuncia y determinar la nulidad de la elección del actual parlamentario, quien habría utilizado un nombre para su candidatura que perdió validez al momento de la rectificación legal que se llevó, a cabo de manera irregular, en un registro del estado Anzoátegui.

En una misiva enviada por el abogado venezolano, Carlos Ramírez López al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup pidió la apertura de una investigación formal sobre hechos graves que comprometen la integridad de uno de los integrantes del parlamento nacional. 

Ramírez López asegura que el actual diputado Carvajal Barrios, fue electo en elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2015 con el nombre de Hugo Armando Carvajal Barrios, no obstante, en documentos del registro Turen de la Parroquia Villa Bruzual, y en los registros del estado Anzoátegui aparece una rectificación y adopción de nombres del mencionado funcionario que dejan claro que Carvajal Barrios pasó a ser Hugo Armando Peck Peck según consta el anexo. Este cambio de nombre fue asentado en el registro el 19 de diciembre de 2012 y las elecciones tuvieron lugar en 2015.

El abogado denunciante señala que la elección ocurrida en diciembre de 2015 se basa en documentos de identificación nulos, ya que los mismos fueron rectificados y aceptados de manera legal en el año 2012, "cinco meses después que el actual parlamentario fuera arrestado en Aruba por autoridades de la isla, atendiendo una orden de detención emanada por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés" y que se basaba en una acusación de carácter criminal contra Carvajal Barrios emitida por una Corte Federal en Nueva York, donde se le acusa de tráfico de cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos, y de colaborar con diversos cárteles de la droga, para beneficiar los envíos de estupefacientes a territorio norteamericano.

Ramírez López advierte que cuando Carvajal Barrios fue arrestado en Aruba se informó que tenía en su posesión 3 pasaportes, uno de ellos diplomático que lo acreditaba como Cónsul de Venezuela en la isla, y dos con diferentes identidades pero con su fotografía. Este evento nunca fue investigado por ninguna instancia en Venezuela.

Paralelamente, Ramírez López dice que Hugo Armando Carvajal Barrios cambió sus dos apellidos a los de Peck Peck según consta en sentencia dictada por el jurado primero del Municipio Simón Bolívar de Anzoátegui el 19 de diciembre de 2012, expediente #BP02-S-2012-002236 donde se ordenó rectificar las partidas de nacimiento de los siguientes miembros del grupo familiar:
1- Su hija Maireth Alejandra Carvajal Segovia quien pasó a llamarse Maireth Alejandra Peck Segovia.
2-Su hijo José Armando Carvajal Segovia quien pasó a llamarse José Armando Peck Segovia
3.-Su esposa Gladys Coromoto Segovia de Carvajal ahora Gladys Coromoto Segovia de Peck
4-La suya  propia  Hugo Armando Carvajal Barrios quien pasó a ser Hugo Armando Peck Peck.

El denunciante dice en su reporte que los cambios de apellidos del diputado Carvajal fueron irregulares, ya que ese tipo de rectificaciones corresponde a los juzgados de diferentes municipios, y en este caso el juzgado del Municipio Bolívar de Anzoátegui rectificó en un solo acto las cuatro actas antes especificadas aún cuando las mismas corresponden a otros estados y municipios, constituyendo  dicha falta, otra irregularidad.

Rodríguez López aseguró que la elección de Hugo Carvajal Barrios como parlamentario por el Circuito 2 del estado Monagas para las elecciones que se realizaron en diciembre 6 de 2015 resultan nulas, porque la identificación legal del candidato es inexistente y este hecho puede ser examinado por el Parlamento bajo la potestad que le asiste en el artículo 187.20 de la Constitución Nacional.

El abogado Rodríguez López pidió además abrir una investigación sobre las irregularidades cometidas en la actuación del juzgado que emitió ilegalmente las rectificaciones de las partidas.

Igualmente informó que se debe abrir una investigación sobre los casos que se le siguen a Hugo Carvajal en los tribunales norteamericanos por sus supuestas vinculaciones con el narcotráfico.

martes, 2 de agosto de 2016

EEUU ordena congelación de bienes de militares chavistas acusados de delitos de narcotráfico

Por Maibot Petit
@maibortpetit


Tal como procede en este tipo de casos, la fiscalía estadounidense a cargo de Loretta  E. Lynch, envió a la corte del Distrito Este de Nueva York un documento de alegación de confiscación penal donde establece que, todas aquellas propiedades que existan en territorio norteamericano a nombre de los dos militares venezolanos acusados por delitos de narcotráfico, Néstor  Luis Reverol Torres y Edylberto (Edilberto) José Molina Molina son objeto de confiscación de acuerdo a lo establecido en el título 21 del Código de los EEUU. 


El documento señala que las autoridades podrán confiscar toda propiedad pertenecientes a los dos militares imputados que se encuentren en el país y que procedan con lo establecido en la ley , lo que indica que dichos bienes hayan sido obtenidos como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados. 

La acusación dice que las propiedades que pueden ser objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros; colocarse bajo jurisdicción de la corte, disminuirle  el valor o ser divididas.

La acusación formal

Este lunes, el gobierno norteamericano acusó formalmente a dos militares chavistas de alto rango, Néstor Luis Reverol Torres(51) y Edilberto José Molina Molina(53) de participar en un esquema de corrupción para traficar narcóticos a los Estados Unidos, aprovechando sus posiciones claves en la Oficina Nacional Antinarcóticos (ONA). Los dos acusados ocupaban las más altas posiciones en la agencia de lucha contra las drogas en Venezuela durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, y en lugar de hacer cumplir la ley, los dos oficiales conspiraron con conocimiento de causa y ayudaron a los cárteles a sacar la droga de Venezuela a cambio de un pago de comisiones.

La investigación sobre Néstor Reverol y Edylberto (Edilberto) Molina fue entregada  a Corte Federal del Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn en enero de 2015, y desde ese momento hasta este lunes 01 de agosto de 2016, la acusación aprobada por el Gran jurado de Nueva York, estuvo sellada por diversas razones.

De acuerdo al documento el ex director general de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Luis Reverol y el exsubdirector de esa misma agencia, Edilberto Molina Molina habrían recibido onerosos pagos por parte de narcotraficantes para operar sin limitaciones en territorio venezolano. 

"Los acusados eran pagados por los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes de la ley iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas, de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela", dice el expediente.

La acusación del Gran Jurado de Nueva York asegura que  Reverol Torres y  Molina Molina entorpecieron las investigaciones que se realizaban para descubrir la ruta de la droga, los criminales envueltos en el negocio ilícito, y en muchas ocasiones trabajaban para evitar que los criminales fueran atrapados y extraditados a terceros países, entre ellos, Estados Unidos. 

Señala que gracias a la colaboración de los dos acusados, los cárteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia, y llevarla a los Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían  típicamente en cientos de kilos de cocaína, muchas veces, excedían los miles de kilos en un solo envío. Esos narcóticos eran enviados de manera ilegal a los EEUU.

Asimismo, la acusación sostiene que Néstor Reverol y Edylberto (Edilberto)  Molina conocían que la droga era enviada a los Estados Unidos, y que dichos envíos eran ilegales, por lo cual cometieron el delito de conspirar para distribuir cocaína, en un esquema II (sustancia controlada), conociendo y entendiendo que la droga iba a ser enviada a EEUU, violando el Título 21 del Código de los Estados Unidos, en las secciones 959(a) y 960(a) (3).

El monto de cocaína envuelto en la conspiración atribuible a los acusados, como resultado de sus actos, es superior a los cinco gramos o más de cocaína, con lo cual también se les acusa de la violación de Código de los EEUU, Título 21, secciones 963, 959(c), y  960 (b) (1) (B) (ii). Además del título 18 secciones 3238 y 3551.