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viernes, 18 de diciembre de 2020

Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (III)

   El crimen organizado se ha instalado en Venezuela y hace vida común con el régimen chavista que ostenta el poder desde hace 20 años.

Por Maibort Petit

   Esta tercera entrega sobre las organizaciones de la delincuencia organizada que operan en Venezuela y que, de acuerdo a un estudio se constituyen en 9 bloques que actúan en perfecta convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del estado.

   Así lo señala el informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado” elaborado por Transparencia Venezuela, el cual hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

Séptimo bloque: Traficantes de drogas

  Durante los 20 años en los que el chavismo ha gobernado en Venezuela, el país se ha convertido en uno de los puentes —aéreo y marítimo— del narcotráfico más importantes del planeta.

  Mientras Colombia produce el 70 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo, Venezuela por su ubicación estratégica, es ruta de traslado de drogas hacia los grandes mercados de consumidores, a saber, Norteamérica y Europa.

  Refiere el informe que la ruta más importante para traficar cocaína por vía aérea desde Venezuela es la que utiliza las pistas clandestinas de los estados Apure, Zulia y Falcón desde donde parten avionetas con rumbo a Centroamérica, especialmente a Honduras. Estos cargamentos pasan hacia México y desde allí a Estados Unidos.

  Agrega el reporte que la ONU ha certificado que muchos vuelos no documentados salieron de Venezuela y “todas las remesas aéreas clandestinas de cocaína detectadas en el África Occidental parecen haberse originado en la República Bolivariana de Venezuela”. Igualmente, el organismo internacional señala que “la cocaína traficada a través de la República Bolivariana de Venezuela, rumbo a los Estados Unidos, suele salir por aire desde puntos cercanos a la frontera con Colombia con destinos en la República Dominicana, Honduras y otros países del Caribe y América Central, así como en México”.

  Incluso el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ha sido usado para transportar droga, lo que evidencia la participación del sector militar en el negocio, puesto que ellos custodian la terminal aérea.

  Entretanto, por vía marítima, los cargamentos de droga se trafican, principalmente con rumbo a Europa. La ONU comprobó que las grandes remesas transportadas por mar se llevan a cabo cada vez en mayor medida, a través de Venezuela. Se informa que la cocaína incautada desde 2004, “se comprobó que el 41% provenía de la República Bolivariana de Venezuela”.

  El informe de Transparencia Venezuela hace mención al caso del conocido narcotraficante venezolano, Walid Makled, “quien tenía una concesión en el mayor complejo portuario de Venezuela, ubicado en la localidad de Puerto Cabello, ubicado en el estado Carabobo. El permiso fue obtenido, según su propio testimonio, por medio de sobornos, lo que le brindaba grandes facilidades para enviar cargamentos de droga a través de barcos. Su familia también llegó a ser dueña de la compañía aérea Aeropostal, una de las más importantes del país”.

  Las amplias costas venezolanas son punto de partida a diario de pequeñas embarcaciones cargadas de droga hacia islas del Caribe.

 En 2005 el gobierno de Hugo Chávez rompió los acuerdos de cooperación que existían con la DEA y con la policía británica, los cuales habían permitido duros golpes contra los traficantes de drogas en Venezuela. Ese mismo año, fue destituida Mildred Camero del órgano rector de la lucha contra el narcotráfico, quien calificó al gobierno de ser un “narcorégimen”.

  Se advierte que no sería ilógico pensar que el gran negocio del narcotráfico en Venezuela haya avanzado sin la participación de funcionarios corruptos e inescrupulosos.

   En este sentido, se hace referencia a la presunta existencia del “Cártel de los Soles”, conformado por oficiales de la Fuerza Armada Nacional que mantienen el control de puestos fronterizos, puertos, aeropuertos y otras instituciones del Estado.

Octavo bloque: FARC y ELN

  Transparencia Venezuela sostiene en su informe que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mantienen actividad delictiva y controlan territorio en Venezuela.

  En la incursión de estas dos guerrillas colombiana en Venezuela, el informe cita como factores primordiales, primero, la afinidad ideológica del régimen con estas agrupaciones delictivas y, segundo, el combate que se le da en Colombia a estos grupos, lo que las ha obligado a replegarse al territorio venezolano como aliviadero, refugio y lugar de operaciones.

  Se afirma que Venezuela se convirtió en los últimos años en un bastión fundamental de los disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de pacificación y que en tierras gobernadas por el chavismo encontraron corredores de narcotráfico clave y lugares para huir de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas.

  Recuerda el informe que, a su llegada al poder, Hugo Chávez se declaró neutral en el conflicto colombiano, lo que en derecho internacional público significó que reconocía a las FARC y al ELN como beligerantes.

  Este respaldo hacia las FARC ha continuado con Nicolás Maduro, quien, en 2019, le dio la bienvenida a “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son dos líderes de paz (...). La FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir”.

  Se alerta de que la relación del régimen venezolano con las FARC y otros grupos irregulares colombianos es fundamental para entender la magnitud del tráfico de drogas en el territorio nacional pues, como lo señala el Informe Mundial Sobre Drogas ONU 2017, “varias fuentes calculan que los ingresos anuales totales obtenidos de las drogas por las FARC ascienden a unos 1.000 millones de dólares”.

  Se agrega en el reporte la falta de colaboración de Venezuela en el combate a estos grupos irregulares y cita las declaraciones del periodista e investigador, Javier Ignacio Mayorca, quien señaló que “el gobierno venezolano se ha negado en forma recurrente a perseguir a los miembros y colaboradores de las FARC que puedan estar en su territorio, aun cuando las autoridades colombianas han señalado periódicamente que disponen de información precisa para ubicarlos en el país”.

  Sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el informe de Transparencia Venezuela dice que la presencia de este grupo en Venezuela se remonta a etapas anteriores a la llegada del chavismo al poder, pero su accionar se incrementó desde 1999, siendo tal vez en la actualidad el principal grupo colombiano que opera en el país.

  Se cita a Insight Crime que estima que el ELN tendría presencia en 12 estados de Venezuela, a saber, Táchira, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico, Bolívar y Apure.

  Precisa el informe que el ELN se vale del territorio de Apure como un escondite para sus líderes y para cometer distintos delitos.

  En los estados Amazonas y Bolívar, el ELN se ha concentrado en el control de algunas minas del Arco Minero, donde participan de la actividad extractiva y la comercialización de minerales.

  Las afinidades políticas del ELN con el chavismo no han impedido que este grupo terrorista ataque a las fuerzas de seguridad venezolanas, un hecho curioso tratándose de que el de Venezuela es un régimen militarista. El ELN abiertamente lleva a cabo en Venezuela acciones ligadas a la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros, que claramente vulneran la soberanía nacional.

Noveno bloque: Bandas criminales “Bacrim”

  Finalmente, el informe de Transparencia Venezuela hace referencia a la composición del noveno de los bloques del crimen organizado que operan en el país y en el cual se ubican las bandas criminales “Bacrim”.

  Se apunta que el término “Bacrim” es un acrónimo surgido en Colombia para denominar a las bandas criminales que se formaron en la nación neogranadina después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

   Se trata de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, a la extorsión y al secuestro, entre otros delitos.

  Según Transparencia Venezuela en el país, entre otras Bacrim, operan las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo.

  Se indica que las Bacrim se ubican, principalmente, en Táchira, Zulia y Apure, donde cobrar “vacunas” a comerciantes, ganaderos o industriales, aparte de practicar también el secuestro y el sicariato.

  Con el cierre fronterizo, las Bacrim igualmente se dedican a controlar algunas trochas en las que les cobran a las personas para permitirles el paso a Colombia. También se dedican al contrabando de gasolina y de otros bienes.

jueves, 17 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (I)

 En esta entrega hacemos referencia a los estados Aragua, Táchira y Sucre.

Por Maibort Petit

     El crimen organizado y la corrupción parecen haberse enquistado en Venezuela en donde actúan, como todo así lo indica, con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. En esta nueva serie veremos cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente se hace mención a Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   Tal análisis forma parte del informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela y en el cual se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

En Aragua

   En el estado central de Aragua opera la que, sin dudas, es la mayor megabanda criminal de Venezuela, a saber, el “Tren de Aragua”, conformada por unos mil miembros comandados desde el Centro Penitenciario de Aragua conocido como “Tocorón” donde está preso su líder principal, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

  Esta megabanda surgió en 2002 a la sombra del “sindicato” que controlaba el ingreso de trabajadores en las obras de construcción del tramo del ferrocarril o tren que atravesaría el estado Aragua y que cobraba a los obreros por conseguirles empleo y luego cuotas semanales para mantenerlo. Tales irregularidades derivaron en delitos que incluyeron el asesinato de quien se negara a pagar o disputara el poder de la ilegal agrupación sindical. A estos delincuentes se les comenzó a llamar el “Tren de Aragua”, consolidándose como agrupación criminal que se diversificó y extendió sus tentáculos en todo el estado Aragua.

  El asentamiento principal del “Tren de Aragua” en el barrio San Vicente, del municipio Girardot, es una de las “zonas de paz” creadas por el régimen de Nicolás Maduro. La megabanda también tiene presencia en el barrio “La Pedrera” de Maracay.

   El “Tren de Aragua” en la actualidad controla los negocios delictivos en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “la cárcel de Tocorón”. Uno de esos negocios es el cobro de la denominada “causa” o cuota —semanal o mensual— que deben cancelar los más de 7.000 privados de libertad de la cárcel de Tocorón y que equivale a entre USD 10 y 15 por recluso. Los internos que no pagan, porque ellos o sus familiares no tienen recursos, deben cumplir distintas labores de trabajo en la cárcel. A esto se suma el pago que hacen algunos reclusos con capacidad económica por ocupar áreas especiales y otros privilegios, lo cual genera ingresos que se calculan en unos USD 1.500.000 anuales.

  Desde Tocorón también controlan la prostitución y la venta de drogas. En el penal, incluso, hay sembradíos de marihuana y se comercia con alcohol, cigarrillos, alimentos, ropa y otros bienes. Manejan el negocio de apuestas dentro de este recinto; hay varios restaurantes como el llamado “El Sazón del Hampa”; la discoteca “Tokio”, donde se han presentado artistas nacionales y extranjeros; y hasta una especie de “banco”, donde a cambio de una comisión, los reclusos hacen retiros en efectivo el dinero; esta “entidad bancaria” hace préstamos a intereses leoninos.

  El líder de la pandilla o “pran” y su estructura de criminales cuentan también dentro de Tocorón con piscina, campo de béisbol y hasta con un zoológico.

  El “Niño Guerrero” vive en una casa de dos pisos en el penal, con televisión por cable y hasta planta eléctrica, donde recibe visitas de personas ajenas al centro penitenciario.

   El poder del “Tren de Aragua” se extiende extramuros del penal, la extorsión es uno de los principales delitos que ejercen mediante el cobro de “vacuna” a muchos industriales, comerciantes y productores agropecuarios de la región y estados cercanos. Quien se niegue a pagar puede ser objeto de atentados contra sus propiedades o puede ser asesinado. La distribución y venta de drogas en los barrios y urbanizaciones del estado Aragua es otra de sus actividades, además de secuestros dirigidos desde Tocorón. El sicariato, robo y hurto de vehículos, son otras de sus fuentes de ingresos.

  El “Tren de Aragua” se ha constituido como una especie de franquicia criminal a la que se asocian otras bandas que, en algunas áreas de sus negocios, deben compartir ganancias con el “Niño Guerrero.

   Transparencia Venezuela estima que para desempeñar la actividad criminal desde dentro de la cárcel de Tocorón, es necesaria la connivencia de funcionarios, tanto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodia la parte externa del penal, como del personal del Ministerio Penitenciario encargado de la parte interna.

   Buena parte de los delitos que el Tren de Aragua coordina desde la cárcel se coordina por telefonía celular y otras tecnologías, pues no se cumple la ley que regula el uso de estas tecnologías en las cárceles.

   Refiere el informe que el “Niño Guerrero” ha sido “beneficiado con algunas decisiones judiciales como, por ejemplo, la dictada por el tribunal sexto de juicio del Circuito Judicial del estado Aragua, que lo absolvió en junio de 2018 de la acusación por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir. En este juicio, se prescindió del testimonio directo de la víctima y se hizo sin la presencia del acusado en sala. En ese mismo mes y año, en otra causa penal en la que había sido condenado a un poco más de 17 años de prisión, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Corte de Apelaciones de estado Aragua, la revisión y reajuste de la pena a Héctor Guerrero”.

   Las actividades delictivas del “Tren de Aragua” se han extendido hacia otras entidades como el estado Bolívar, donde controlan varias minas ilegales. En el estado Sucre existen células que controlan el narcotráfico y el contrabando hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe. En Carabobo y en el sur del estado Guárico, cometen múltiples delitos, como robos, secuestros, homicidios y extorsiones contra comerciantes, industriales y productores agropecuarios. Esta ramificación a otros estados requiere, indudablemente, de la complicidad de funcionarios civiles, ligados al poder político, y militar.

  Las acciones del “Tren de Aragua” se han extendido a Perú, Brasil y Colombia.

 Acota el informe que pese que es la más grande de Venezuela, todavía el “Tren de Aragua” no ha alcanzado el grado de sofisticación de los carteles mexicanos, Las Maras de El Salvador o el de las pandillas brasileñas, pero de continuar su crecimiento y fortalecimiento, podría convertirse en un gran problema, no solo para Venezuela, sino para la región.

En Táchira

  Varios grupos criminales actúan en el estado Táchira, dedicados al narcotráfico, la extorsión, el contrabando de gasolina y otros bienes, a la par de que ejercen el control de los pasos fronterizos informales o “trochas”, entre otros delitos.

  Táchira es la entidad venezolana con más agrupaciones irregulares, entre ellas, grupos armados organizados (GAO) como Los Rastrojos, los Urabeños (también conocidos como “Clan del Golfo”, “Clan Úsuga” o “Autodefensas Gaitanistas”), las Águilas Negras y el Ejército Popular de Liberación (EPL), conocidos como los “Pelusos”. A estos se suman el ELN y las FARC.

  También opera “La Línea”, un apéndice del “Clan del Golfo” presumiblemente dirigida por Jesús José Hernández Almarza alias “El Causa”; los “Bota de Cauchos” o “Botacauchos” (por el material de las botas que usan), con aparentes vínculos con funcionarios civiles y militares venezolanos

   Refiere el informe que el FBL (conocidos como los “Boliches”) y el “Tren de Aragua”, también tienen presencia en Táchira dese 2018, cuando Freddy Bernal fue designado por Nicolás Maduro como “Protector del estado Táchira”. En la entidad los colectivos han adquirido protagonismo en el dominio de varias “trochas” y de otras actividades ilícitas en la región.

  Se acota que la presencia de la delincuencia organizada en este territorio binacional se ve incentivada por los reiterados cierres de frontera; el creciente paso de venezolanos que migran hacia Colombia o atraviesan por allí en ruta hacia otros países de la región; la diferencia en el costo de muchos bienes; la escasez de muchos productos en Venezuela; las dificultades para obtener los documentos necesarios para pasar de un lado a otro; la búsqueda de rutas de salida de la cocaína producida en Colombia; el combate frontal por parte de Colombia contra los grupos irregulares.

   El control de las “trochas” se ha convertido en guerra en el estado Táchira. En los caminos verdes los grupos de delincuencia organizada protagonizan constantes conflictos armados por el dominio de estos pasos.

  Las víctimas de estos enfrentamientos no solo son los miembros de los grupos irregulares, sino también funcionarios de las fuerzas militares y policiales, así como civiles que transitan o hacen vida en la zona.

  Las “trochas” son un negocio gigantesco para los grupos irregulares que les reporta miles de dólares diarios, pues cada persona que requiera pasar la frontera debe pagar a estas mafias. Estos pasos ilegales también se usan para contrabandear gasolina y otros bienes que van de lado a lado.

La corrupción facilita el contrabando en la frontera tachirense.

  El ELN y las FARC ejercen control social sobre las comunidades que están en los territorios que dominan, llegando incluso a suplantar al Estado en algunas tareas como, por ejemplo, la policial. Los castigos para los que incumplan sus reglas pueden ir desde una multa, hasta la muerte.

  El estudio permitió conocer la existencia de reclutamiento forzoso, inclusive de niños y adolescentes, estableciéndose que las terribles condiciones de vida que sufre el pueblo venezolano, impulsan a muchos jóvenes a ingresar a algunas de estas agrupaciones de delincuencia organizada.

En Sucre

   Entretanto, el estado Sucre es el epicentro de diversas actividades de delincuencia organizada, como narcotráfico, robo de transportes de carga, trata de personas, extorsiones y secuestros, entre otros delitos.

  La cercanía de Sucre con Trinidad y Tobago propicia actividades ilícitas entre ambos, siendo la principal el narcotráfico. Muchos pueblos de la entidad, especialmente los de la Península de Paria, están tomados por bandas delictivas organizadas que se adueñaron del tráfico de drogas en esta ruta.

   Testimonios, recogidos por la redacción del informe, señalan que Río Caribe, San Juan de Las Galdonas, Santa Isabel, San Juan de Unare, Güiria, Yaguaraparo, Guacuco y Guarataro, están controlados por bandas delictivas que se dedican al narcotráfico hacia el Caribe.

  El principal grupo delictivo, “Los Valencianos”, es un apéndice o célula del “Tren de Aragua”, conformada por delincuentes que deberían estar pagando condena en el penal aragüeño, pero que inexplicablemente están en libertad.

  Las entrevistas realizadas para la elaboración del informe señalan que la llegada de estos delincuentes de Tocorón a Sucre tendría que ver con la relación cercana entre Tareck El Aissami y Edwin Rojas, gobernador del estado, quien fue viceministro en el Ministerio de Interior y Justicia cuando este despacho estaba en manos del primero.

  También operan las bandas de “Zacarías” y la de “Ring Doblado”, la primera dirigida por un delincuente del estado Bolívar, donde también estaría relacionado con la extracción ilegal de oro. En Río Caribe, alias “Edguer” y sus lugartenientes “Chipilín”, “Chuche” y “Coco” dominan el tráfico de drogas y ejercen control social en el poblado, todo con el presunto apoyo de autoridades locales.

  Los habitantes de los pueblos de la Península de Paria viven con temor y guardan silencio por temor a ser asesinados. Aseguran que funcionarios civiles y militares también estarían involucrados en estos delitos.

   El narcotráfico en la zona ha hecho que, en los pueblos de la costa de Sucre, sus pobladores hayan abandonado la pesca y, ya sea porque fueron reclutados o por voluntad propia o forzosamente, ahora se dedican al tráfico de drogas. El turismo en la actualidad es casi inexistente y la producción agrícola mermó.

  Sucre es uno de los principales puntos de traslado de migrantes ilegales hasta Trinidad y Tobago, a través de embarcaciones que zarpan desde Güiria. Las personas deben pagar cerca de USD 300 para ser trasladadas en una embarcación que, muchas veces, va sobrecargada de migrantes y mercancía de contrabando, lo aumenta el riesgo de naufragio. En muchos de los botes que zarpan desde Güiria se trasladan mujeres que, por voluntad propia o bajo engaño, van a Trinidad y Tobago a ser explotadas sexualmente. En esta actividad estarían involucradas autoridades.

   La delincuencia organizada en Sucre también se dedica a la piratería por carretera. Se roban camiones y gandolas de carga. Tanto en la troncal 9, que comunica al estado Sucre con Anzoátegui, así como en la troncal 10, que conecta a Sucre con Monagas, existen bandas que se dedican a asaltar a camiones de carga, vehículos de transporte y de particulares. Allí operan la banda de “El Curi”, de alta peligrosidad.

   Una constante en todas las actividades delictivas desarrolladas en el estado Sucre es la impunidad, pues sólo en algunos casos el Ministerio Público adelanta las investigaciones de rigor. “Pareciera que los cuerpos de seguridad solo actúan cuando un grupo delictivo afecta sus intereses”, destaca el informe.



jueves, 10 de diciembre de 2020

Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (I)

    Transparencia Venezuela analiza el papel del crimen organizado en el país y acusa los grupos delincuenciales que, con la anuencia de las autoridades, operan en Venezuela.

Por Maibort Petit

   En Venezuela las organizaciones de la delincuencia organizada operan a través de 9 bloques cuyos orígenes, naturaleza, negocios, alcances, estructuras y objetivos son de diferente índole y en perfecta convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del estado.

  Así lo revela el informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado” elaborado por Transparencia Venezuela y en el cual se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

   Refiere el informe que algunos de estos bloques controlan territorios y su envergadura es tal que han llegado a crear microestados en el país y subraya, además, que estas expresiones delictivas materializan un tercer tipo de primitivismo que es considerado el criminal, caracterizado por la violencia, atrocidad y perversidad, que disfruta del daño producido en perjuicio de la gran mayoría de ciudadanos buenos y honestos del país.

  Transparencia Venezuela identificó los 9 bloques, en los cuales participan más de 13 mil organizaciones delictivas que, en algunos casos, mantienen vínculos con el poder político y funcionarios públicos. Estos bloques criminales son: 1) las megabandas criminales; 2) los seudosindicatos de la construcción, petroleros y los mineros; 3) los “colectivos” armados y violentos; 4) los “pranes” y sus organizaciones carcelarias; 5) las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”; 6) el holding de la corrupción; 7) los traficantes de drogas; 8) las FARC y el ELN; 9) las bandas criminales (Bacrim).

Primer bloque: Las megabandas criminales

  El informe hace referencia a las megabandas delictivas que operan en el territorio venezolano se constituyeron a partir de la tendencia natural que tiene la delincuencia a organizarse, en razón de que esto les permite a los criminales obtener mayores beneficios en sus acciones delictivas.

   La organización también le facilita a la delincuencia imponerse ante los rivales, otorgándoles una mayor capacidad para enfrentarse a los cuerpos de seguridad.

 Refiere el reporte que las megabandas son organizaciones sin ideología política, cuyo único objetivo es obtener beneficios económicos de sus fechorías, constituidas con un mínimo de 50 o 60 miembros —aunque pueden llegar a ser cientos— asociados.

  Asimismo, las megabandas controlan un territorio determinado, que puede ser urbano o rural, al tiempo de que cuentan con armas de fuego de alto poder y mantienen una estructura vertical de mando muy bien definida.

  Las megabandas se dedican al narcotráfico, al sicariato, al robo de vehículos (camiones de carga), a la extorsión y el secuestro, entre otros delitos.

  Muchas de las megabandas operan en Caracas, específicamente en barrios como la Cota 905, El Valle, Coche y Petare, entre otros, aunque también funcionan en otras zonas urbanas de distintas ciudades del país y en pueblos o caseríos.

  Citando al periodista José Ignacio Mayorca, especialista en temas de seguridad y delincuencia, el informe indica que para el año 2017 existían en Venezuela 19 megabandas, un número que a la fecha actual se ha incrementado.

  Una característica de estas megabandas es la atrocidad de los homicidios que cometen, en similitud a los carteles de la droga mexicanos. Esto lo hacen con la finalidad de enviar mensajes a otros delincuentes que intenten disputarles el poder. Incluso, pueden grabar estos asesinatos y publicarlos luego en las redes sociales con el fin de multiplicar el terror que quieren sembrar en la colectividad.

   Acota el informe que, aunque el crecimiento de las megabandas en el país responde a diversas causas, no hay dudas en que las denominadas zonas de paz” decretadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2013, se constituyeron en factor determinante, al habérseles otorgado reconocimiento y una especie de legitimación oficial, además, de un territorio sin presencia policial.

   Las megabandas tienen tal ascendencia en las comunidades que controlan, que llegan a fungir como especies de mediadores o “jueces de paz” que tienen la última palabra en las controversias que resuelven. Estas pandillas llegan a controlar la cotidianidad de las comunidades.

  Es preocupante la aceptación social que muchas de estas megabandas alcanzan en los territorios que dominan, lo cual es la consecuencia de algunos factores que son determinantes.

  Acciones como las de prohibir que ningún delincuente de la zona cometa pequeños delitos contra personas de la comunidad; la defensa del territorio frente a otras pandillas; el compartir el botín con la comunidad; pueden llegar a levantar la simpatía de la colectividad, sobre todo por la gran ausencia que el estado tiene en las comunidades. Esto es un signo de la descomposición social que se ha profundizado durante los últimos 20 años de la autodenominada "revolución".

  Es tan grande su poder, que las megabandas llegan a prohibir que funcionarios policiales vivan en los sectores que dominan, sin que las instituciones a las que pertenecen puedan hacer nada al respecto.

  Muchas veces el “cerebro” de estas megabandas está dentro de las cárceles del país, tal es el caso del denominado “Tren de Aragua”, tenida como la pandilla más grande del país, la cual, dirigida desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido popularmente como el penal de Tocorón, algo que, difícilmente, puede ocurrir sin la complicidad de funcionarios.

  Se cree que en los últimos tiempos las megabandas venezolanas están extendiendo sus tentáculos a países vecinos. La incapacidad del régimen de Venezuela para contener la acción de estas grandes pandillas, se ha convertido también en un problema regional.

  En Venezuela existen alrededor de 18.000 bandas delictivas de menor tamaño que, desde el punto de vista jurídico, pudieran ser consideradas también como organizaciones de delincuencia organizada, pero que por sus características se diferencian de las primeras.

Segundo bloque: Seudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros

  Diferentes a las organizaciones de trabajadores que defienden los derechos de sus agremiados, los seudosindicatos de la construcción son en realidad bandas criminales que extorsionan a los trabajadores de este sector para conseguirles empleos en las obras que se estén ejecutando. Amenazan también a los encargados o jefes de las obras de construcción, a quienes amenazan para que solo contraten a los obreros que ellos les indiquen y, en ocasiones, para que compren los materiales solo a determinada compañía.

   Esta modalidad de pandillas se remonta a la época en la que, a través del endeudamiento –principalmente con China– se comenzaron a ejecutar una serie de obras públicas en distintos sectores del país que luego, en su gran mayoría, nunca se culminaron. Luego el modus operandi se extendió a las construcciones privadas.

  Las disputas entre estos seudosindicatos de la construcción generan varios asesinatos año tras año, muchos de ellos bajo la modalidad de sicariatos o en cumplimiento de la amenaza extorsiva contra trabajadores o dueños de las obras.

  En el ámbito petrolero, también surgieron agrupaciones criminales que presionan y extorsionan a algunas empresas contratistas para que empleen sólo a los trabajadores que el grupo delictivo les indique y también a los obreros que quieran ingresar a laborar.

  Por su parte, seudosindicatos mineros tienen su campo de acción principalmente en el estado Bolívar, donde controlan varias de las minas de oro ilegales en ese territorio e imponen el terror para mantener su poder.

   Sostiene el informe que la minería ilegal, aunque es de larga data en Venezuela, en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, estimándose que unas 50 mil personas pudieran estar hoy dedicadas a esta actividad.

 Destaca el informe de Transparencia Venezuela que las expropiaciones decretadas desde la primera gestión de Hugo Chávez, así como los ataques que el finado expresidente impulsó contra empresas mineras formales, contribuyeron a la expansión de la ilegalidad en la explotación del oro.

   Se abrió de este modo el camino a distintas agrupaciones criminales que, con apoyo de algunos funcionarios corruptos, tomaron el control de las minas del estado Bolívar.

   Las bandas y megabandas que dominan la extracción ilegal de oro han convertido a varios municipios de este estado Bolívar en los de mayor índice de homicidios en el país, puesto que allí se lucha a sangre y fuego entre las distintas pandillas, así como con grupos foráneos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

  Estas bandas autodenominadas “sindicatos”, deciden quiénes trabajan o no en las minas que sus líderes controlan y velan por “el orden y la seguridad” a cambio de un porcentaje del beneficio.

  Entre 2016 y 2019 se contabilizaron 40 masacres en la zona, siendo una de las más cruentas, la denominada “masacre de Tumeremo”, ocurrida en marzo de 2016 en la mina “Atenas” por la banda de El Topo.

  Por incumplir las normas que los “sindicatos” imponen también se producen recurrentemente casos de personas gravemente mutiladas, con pérdidas de sus pies, manos, dedos, lengua u otras partes del cuerpo.

  A la par la acción criminal de la minería ilegal ya señalada, está la destrucción voraz del ecosistema del estado Bolívar, a través de la deforestación y la utilización rudimentaria y sin control del mercurio que contamina aceleradamente las aguas de los ríos.

  Señala el reporte que el Arco Minero decretado por Nicolás Maduro en 2016 “pareciera representar la oficialización de la explotación ilegal del oro y la destrucción de la naturaleza en buena parte del territorio nacional”.

Tercer bloque: “Colectivos” armados y violentos

  Tal como ha ocurrido en la historia latinoamericana en las dictaduras o gobiernos autoritarios que crean grupos paramilitares o parapoliciales para hacer el “trabajo sucio”, en Venezuela existen los “colectivos” nacidos durante el gobierno de Hugo Chávez, los cuales se han consolidado con Nicolás Maduro.

  El régimen de Maduro depende mucho de ellos en el sostenimiento del poder a los que prefiere a los militares y policías, por cuanto es más aceptable ante la comunidad internacional presentar cualquier conflicto interno como una lucha de pueblo contra pueblo, evitando así señalamientos de delitos violatorios a los DDHH que lo comprometan.

   Los colectivos en la actualidad tienen presencia en todos los estados del país y se cree que contarían con alrededor de 8 mil hombres constituidos en grupos de civiles armados que operan como “guardianes de la revolución”.

   Se dedican a agredir, intimidar y hasta disparar contra personas que se reúnen para manifestar o protestar contra el régimen; se activan en elecciones para amedrentar y atentar contra los opositores, dirigentes o ciudadanos; insultan y agreden a los diputados de la oposición, periodistas y otros trabajadores de la prensa en los alrededores de la Asamblea Nacional.

  Cometen sus tropelías casi siempre encapuchados, en motocicletas sin matrículas visibles, apertrechados con armas de fuego, objetos contundentes y cortantes. Gozan de total impunidad con un apoyo evidente de autoridades de alto nivel.

 Los colectivos armados dominan los territorios donde operan y conforman especies de microestados, donde pueden prohibir la entrada de los cuerpos policiales.

  Tienen el control de los mercados negros de alimentos regulados, que acostumbran a vender a precios superiores al establecido.

  Pero además de sus funciones de guardianes de la revolución, los colectivos en ocasiones usan sus armas para cometer delitos comunes, como secuestros, extorsiones, homicidios y robos, entre otros.

  Igualmente participan dentro de cuerpos de seguridad del estado, como se evidenció en 2018 cuando fue asesinado el policía disidente, Oscar Pérez.

 Destaca el informe de Transparencia Venezuela que ante los artilugios de los sistemas autoritarios al crear estos grupos para encargarse del “trabajo sucio”, han surgido sentencias de la “Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que la responsabilidad internacional estatal por actos de particulares se configura igualmente cuando los Estados crean grupos civiles, o se hacen cómplices de estas organizaciones para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos, que es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela”.