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lunes, 21 de octubre de 2019

El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)

La disputa por el control de CITGO Petroleum Corporation pasa por la participación de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones es necesario cancelar a finales de este mes de octubre, pues ellos poseen como garantía de dichos papeles, el 50.1 por ciento de las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los tribunales federales de los Estados Unidos se han convertido en el principal escenario de la disputa que Crystallex International Corp. mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. y PDV Holding Inc. para cobrar la acreencia que la primera de los demandados mantiene con la empresa canadiense por casi USD 1.400 millones que el Laudo Arbitral dictado por Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó servirían para resarcir la expropiación de sus activos en el proyecto Las Cristinas  por parte del entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez, y que la minera aspira cobrarse con CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en EE. UU.

CITGO Petroleum tiene ingresos superiores a los USD 42 mil millones, así como ganancias de USD 1.8 mil millones solamente en 2013, por lo que es objetivo clave de los acreedores.

Pero sobre CITGO reposan también la mirada de un conjunto de acreedores que esperan los resultados del proceso judicial que se sigue en el país del norte, pues este sentaría la jurisprudencia sobre la cual ellos podrían actuar para cobrar las deudas que Venezuela mantiene con ellos.
Expectantes también se mantienen los tenedores de los denominados bonos PDVSA 2020, cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones deben cancelarse a finales de este mes de octubre, siendo el criterio de muchos observadores que se trata de una deuda imposible de pagar dada la iliquidez que presenta Venezuela y su principal industria, PDVSA. Lo grave del asunto es que 50.1 por ciento de las acciones de PDV Holding sobre Citgo Petroleum Corporation sirven de garantía de estos papeles, por lo que sus poseedores también podrían reclamar muy pronto la propiedad de los activos de la filial de PDVSA en EE. UU.

El origen de la deuda

De acuerdo a los argumentos esgrimidos por Crystallex ante el Tribunal de Distrito de Delaware, Venezuela instrumentó una serie de acciones para evitar pagarle a la minera y al resto de sus acreedores, entre ellas el intento de vender CITGO Petroleum Corporation para mover su valor fuera del territorio estadounidense.

Cuando esta iniciativa fracasó, entonces recurrieron a la monetización del interés de PDVSA en CITGO mediante una compleja oferta de bonos y pagos de dividendos con la intención de evadir a los acreedores. Tal manejo fue calificado por Crystallex como “Transferencia Fraudulenta 2015". En tal sentido, se canceló un dividendo declarado de USD 2.8 mil millones de PDVH a PDVSA, por lo que también Crystallex procesa un reclamo de transferencia fraudulento contra los demandados en el mismo tribunal bajo el número de Acción Civil 15-1082-LPS.

Crystallex acusó que también que ante la expectativa de que el tribunal fallara en su contra, PDV Holding duplicó sus esfuerzos para obstaculizar el pago de las acreencias y decidió, a menos de un mes de que la corte le negara la moción, otorgar a los acreedores de PDVSA un derecho de retención contra el 50.1 por ciento de las acciones de PDVH en su activo CITGO Holding, en apoyo de más de USD 3 mil millones en nueva deuda emitida por PDVSA.

Por ello, Crystallex calificó a PDVSA como un cesionario de la transferencia fraudulenta instrumentada por PDVH.

Refiere la minera que el 24 de octubre de 2016, PDVH ejecutó la “Transferencia fraudulenta de canje de bonos” y PDVSA concluyó un canje de deuda por el intercambio de USD 2.8 mil millones en bonos con vencimiento en 2017 por USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020. PDVH otorgó a PDVSA la nueva garantía para los tenedores de bonos 2020 en forma de un gravamen del 50,1 por ciento sobre sus acciones en CITGO Holding.

En sus alegatos ante la Corte, Crystallex expuso que PDVSA ordenó a PDV Holding que a su vez ordenara a CITGO Holding, la emisión de una deuda de USD 2.8 mil millones que fueron transferidos a PDVH como dividendo para accionistas.

CITGO Holding se habría visto obligada —según la exposición de Crystallex— a pagar una tasa de interés del 12 por ciento para pedir prestados los USD 2.8 mil millones y los bonos fueron calificados como bonos sin grado de inversión o "basura" por las tres principales agencias calificadoras desde el momento en que se emitieron. La canadiense sostuvo que la oferta de deuda no tenía un propósito comercial legítimo, pues al recibir estos fondos, PDVH pagó su propio dividendo igual a lo que recibió de CITGO Holding a PDVSA.

El resultado de estas operaciones habría sido que Venezuela —a través de PDVSA y sus subsidiarias— repatriara USD 2.8 mil millones en ganancias, dejando a su subsidiaria CITGO Holding, insolvente sobre una base contable.

Mecanismo de pérdida de independencia

Hasta ahora, el mecanismo utilizado era que el presidente de la república en Venezuela designa la junta directiva de PDVSA, la cual selecciona el directorio de PDVSA Holding en Delaware, la cual a su vez procede a nombrar a la directiva de CITGO Petroleum Corporation, una cadena que se rompió, a criterio de algunos expertos, al designar la Asamblea Nacional directamente las juntas directivas de PDVSA Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation.

Esta decisión vendría a sustentar el argumento de Crystallex de que CITGO es un "alter ego" del gobierno venezolano. Un error que fue aprovechado al máximo por la compañía minera canadiense.

Sobre el embajador de Venezuela en Washington designado por Guaidó, Carlos Vecchio, también se levantan algunas voces críticas que lo cuestionan en razón de que durante largos años se desempeñó como abogado principal de ExxonMobil hasta que Chávez expulsó a la petrolera de Venezuela, por lo que se ponen en tela de juicio sus intereses en la posición que ahora ocupa y su defensa del procurador de la AN.

Luego de que el tribunal emitiera su decisión de denegar la moción de PDVH de desestimar el reclamo de transferencia fraudulenta de Crystallex, los demandados de PDV procedieron a instrumentar lo que Crystallex cataloga como la segunda transferencia fraudulenta, ahora gravando un poco más de la mitad del activo principal de PDVH como una estrategia para esquivar a la minera canadiense y otros acreedores.

Fue así como en septiembre de 2016, PDVSA anunció que ofrecería realizar un canje de bonos, utilizando los activos de PDVH como garantía. Al igual que la primera vez, la petrolera estatal venezolana intercambiaría más de USD 7 mil millones de bonos de PDVSA en circulación por “nuevos bonos”, con vencimiento en 2020, respaldados por el 50.1 por ciento del capital social de PDVH de CITGO Holding.

En vista de que la oferta no generó interés en el mercado, PDVSA anunció el 27 de septiembre de 2016 el aumento de la contraprestación pagada a los tenedores de bonos en el canje propuesto y extendió el plazo de licitación anticipado al 6 de octubre de 2016. PDVSA —refirió Crystallex ante la corte— ofreció una consideración de 1.17 veces o 1.22 veces el valor nominal de sus notas existentes de abril de 2017 y noviembre de 2017, respectivamente, a cambio de las notas de mayor vencimiento. “Luego de un nuevo retraso, PDVSA anunció que su canje de deuda había concluido el 24 de octubre de 2016. 

Finalmente, los acreedores que representan bonos por un valor de USD 2.8 mil millones con vencimiento en 2017 presentaron sus pagarés por aproximadamente USD 3.367 mil millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020”.
Glas America fue el agente colateral y a modo de ver de Crystallex, el cesionario de la Transferencia Fraudulenta de Intercambio de Bonos, de acuerdo con la oferta original para los nuevos tenedores de bonos 2020.

También Rosnet

Crystallex acusa una nueva transacción fraudulenta ocurrida en noviembre de 2016, cuando PDVH gravó aún más a CITGO Holding, al otorgarle a la rusa Rosneft un derecho de retención sobre el 49.9 por ciento restante de sus acciones en la segunda.

Por esta operación, PDVSA y no PDVH recibió USD 1.5 mil millones en concepto de préstamos.

PDVSA reconoció a través de un comunicado de prensa que era el destinatario de los fondos del préstamo de Rosneft. Refirió que como propietaria de CITGO, utilizó el citado porcentaje de acciones para recaudar nuevos fondos.

El peligro de perder CITGO

Ante tales circunstancias, Venezuela podría perder su activo más valioso en el extranjero a finales de este mes de octubre, cuando las acciones de la filial pudieran quedar en manos de Rosneft y de otros financistas del gobierno de Nicolás Maduro, alerta una nota de El Nuevo Herald [1].

“La transferencia de propiedad será provocada por el esperado incumplimiento en el pago de $ 913 millones de dólares de un bono de Petróleos de Venezuela que vence el 27 de octubre. Los tenedores de deuda tienen el derecho de asumir control del 50,1% de las acciones de CITGO colocado en garantía por Maduro para esa emisión (el bono 2020 de PDVSA), gracias a una licencia que les libra de las restricciones que representan las sanciones”, reza la nota.

Agrega que esta licencia fue otorgada por el Departamento Tesoro con el objetivo de acorralar financieramente a la administración de Maduro, pero estando en la actualidad el gobierno interino de Juan Guaidó al control de CITGO, la medida solamente amenaza la propiedad de una compañía vista como vital para la futura recuperación de la quebrada Venezuela.

La nota advierte que si bien el bono 2020 de PDVSA tiene como garantía el 50,1 por ciento de la compañía, todas las acciones de CITGO se verían afectadas por un incumplimiento el 27, en razón de que Nicolás Maduro, como ya se dijo, también otorgó como garantía el resto del capital accionario de la filial en el préstamo de USD 1.500 millones que obtuvo de Rosneft.

Igualmente, la presidenta de la junta directiva ad hoc de CITGO, Luisa Palacios, estima que el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es vital en toda esta trama para que Venezuela mantenga el control de la filial y en tal sentido dijo que el mandatario estadounidense “debería evitar que los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA tomen control de CITGO, uno de los principales activos de Venezuela en el exterior”.

— Después del apoyo brindado para salvar a CITGO, me parece contradictorio que el mismo esfuerzo no se haga aquí para salvar a CITGO de los tenedores de bonos[2].

También los exiliados venezolanos asociados en la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, pidieron al secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, que retire la licencia que permite a los tenedores de bonos de la estatal petrolera PDVSA asumir el control accionario de la refinadora.

Es de “vital importancia para la recuperación económica del país, una vez se logre la salida del dictador del poder (…) EE. UU. ha sido el principal aliado del pueblo venezolano en esta lucha por recuperar su democracia y libertad. Es desesperadamente necesario que se pueda tomar esta medida que garantizaría a la sociedad y a las generaciones de relevo en Venezuela preservar una empresa que sería el corazón económico de la nueva república”, dijo el presidente de Veppex, José Colina[3].

AN pagó intereses en mayo

Entre las medidas adoptadas por la junta directiva ad hoc de CITGO nombrada por Guaidó que encabeza Luisa Palacios, estuvo el pago de intereses sobre el vencimiento de sus bonos en 2020, con el objetivo de retrasar cualquier acción en represalia del activo venezolano en Estados Unidos, toda vez que se trata de una emisión de papeles respaldados con acciones de la de la refinería de la filial de PDVSA. En tal sentido, se cancelaron USD 71 millones a los tenedores de bonos.

Pero la espada de Damocles sigue pendiendo sobre CITGO, cuando el 27 de octubre próximo deba pagar intereses por el orden de USD 913 millones y no todos son optimistas acerca de las posibilidades reales de cancelar tal erogación, como Torino Economics que publicó que "Vemos el pago de octubre de USD 913 millones como improbable en ausencia de cambios políticos"[4].

Esa, a juicio del Procurador Especial, José Ignacio Hernández, era la única manera de proteger los activos del estado venezolano y colocar al gobierno encargado del presidente de la AN en una mejor posición para la estrategia de renegociación de la deuda pública.

A través de un comunicado, Hernández recordó que cuando el Bono 2020 fue emitido en 2016 la Asamblea Nacional cuestionó la operación de canje que llevó a su emisión por considerar desfavorables para la república sus condiciones financieras y la garantía sobre el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., empresa de control de CITGO Petroleum Corporation.

Refería Hernández que aun cuando por las leyes de Nueva York la negociación era válida a pesar del cuestionamiento del Poder Legislativo venezolano, PDVSA debía pagar los intereses del bono antes del 29 de mayo, pues de lo contrario se generaría un incumplimiento y los tenedores de los papeles podían tomar control sobre CITGO Holding.

Agregó que desde su nombramiento había agotado todas las opciones para lograr diferir el pago de PDVSA sin éxito, como tampoco había logrado que se dictara una medida que proteja debidamente a CITGO en caso de incumplimiento del pago de intereses.

Explicó que el pago de intereses se haría con “recursos que, de otra forma, deberían quedar congelados debido a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Esto implica que, en realidad, no hay un costo de oportunidad por el uso de estos recursos, pues estos solo podrían utilizarse para el pago de intereses”.

Recomendó que el pago se hiciera bajo protesto, “a los fines de permitir a la Asamblea Nacional continuar la investigación sobre la emisión del Bono 2020 que inició en 2016 y que no pudo continuar por el acoso al cual la Asamblea fue sometida por el Tribunal Supremo de Justicia”.

Tanto el procurador de Guaidó como la Asamblea Nacional estimaron que el pago de los intereses permitiría que Venezuela estuviera en mejores condiciones de renegociar la deuda[5].

Entretanto, la expectativa se mantiene sobre qué sucederá el próximo 27 de octubre, fecha en que deba producirse el pago por parte de Venezuela de los USD 913 millones de interés a los tenedores de los bonos PDVSA 2020.





[1] Panorama. “Venezuela corre el riesgo de perder Citgo a finales de mes: Nuevo Herald”. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Venezuela-corre-el-riesgo-de-perder-Citgo-a-finales-de-mes-Nuevo-Herald--20191010-0018.html

[2] Reuters. “Guaidó necesita ‘apoyo’ de Trump para mantener control de Citgo: presidenta”. 2 de octubre de 2019. https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-petroleo-citgo-idLTAKBN1WH1PB-OUSLT

[3] El Nuevo Herald. “Exiliados piden al Tesoro de EEUU evitar que Venezuela pierda a Citgo”. 10 de octubre de 2019. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article235987523.html

[4] Reuters. “Venezuela's ad-hoc PDVSA board begins payment on Citgo-backed 2020 bond”. 16 de mayo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-bonds/venezuelas-ad-hoc-pdvsa-board-begins-payment-on-citgo-backed-2020-bond-idUSKCN1SM1KH

[5] Descifrado. “Comunicado: Pago de intereses del Bono 2020 es la única opción que permite proteger activos del Estado venezolano”. 8 de mayo de 2019. http://www.descifrado.com/2019/05/08/comunicado-del-procurador-especial-sobre-el-pago-de-intereses-del-bono-2020/


viernes, 19 de julio de 2019

Incautan en NYC un alijo de heroína, algunos paquetes tenían la marca El Chapo Guzmán

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A penas dos días de haber sido condenado a cadena perpetua más 30 años de cárcel del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, las autoridades antinarcóticos de la ciudad de Nueva York incautaron un alijo de 250,000 glassines de heroína listos para usar y tres kilogramos de heroína con la marca el Chapo. Las drogas están valoradas en el mercado negro en USD 5 millones, según informaciones dadas por la DEA.

Bridget G. Brennan, Fiscal Especial de Estupefacientes de la Ciudad de Nueva York, Ray Donovan, Agente Especial a Cargo de la División de Nueva York de la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. Keith M. Corlett y el fiscal de distrito del Bronx, Darcel D. Clark, hicieron el anuncio en la mañana de este viernes y señalaron que "la droga estaba lista para su distribución en las calles de la ciudad de Nueva York y en el noreste, específicamente en el condado del Bronx"

En un comunicado,  las autoridades informaron que el 16 de julio de 2019, miembros de la Fuerza de Tareas de Fiscalización de Drogas de Nueva York dependiente de la DEA e investigadores de la Oficina del Fiscal Especial de Estupefacientes estaban realizando una vigilancia en las cercanías de Wallace Avenue y Boston Road,  en el Bronx, Nueva York, como parte de una investigación de opioides en curso. Aproximadamente a las 8:40 pm, los investigadores del Grupo T-12 y SNP de DETF observaron un sedán Toyota Corolla negro con matrículas de Massachusetts estacionadas cerca de 3039 Wallace Avenue. Un hombre salió del inmueble y colocó una gran bolsa de compras ponderada dentro del vehículo.

Aproximadamente a las 8:40 p.m., el Grupo T-12 realizó una parada de vehículo en el Toyota Corolla negro. Cuando los miembros del Grupo T-12 se acercaron al vehículo, vieron una bolsa de compras en el piso del asiento trasero del vehículo con una gran cantidad de paquetes compatibles con heroína glassines visibles. El conductor del vehículo, Luis Carmona-Ilarraza fue arrestado. Se supo que la bolsa contenía aproximadamente 70,000 sobres de glassine empaquetados individualmente que contenían polvo blanco.

El 17 de julio de 2019, los agentes e investigadores revisaron el video de vigilancia de 3039 Wallace Avenue, que mostraba a un hombre, identificado como Joseph Medina-Hidalgo, y un segundo hombre,  identificado como Amaury Lora-Grullon, con una maleta grande. Lora-Grullon colocó la maleta en el maletero del Toyota Camry negro 2013 fuera del edificio de apartamentos. Lora-Grullon entró en el vehículo y dejó la ubicación. A las 3:10 p.m. los agentes obligaron a parar el vehículo en el Camry y ejecutaron una orden de registro obtenida por la Oficina del Fiscal Especial de Estupefacientes y encontraron 17,000 glassines de heroína empaquetados individualmente fueron encontrados dentro de la maleta en el maletero del vehículo. Lora-Grullon fue puesta bajo arresto.

A 3:20 p.m. se realizó un registro en 3039 Wallace Avenue, Apt. 4D y las autoridades desmantelaron un molino de heroína completamente funcional que contenía tres kilogramos de heroína, aproximadamente 170,000 glassines de heroína molida y empacada.
También se recuperó una cantidad sustancial de equipo de envasado, incluidos numerosos molinos utilizados para procesar la heroína, materiales de envasado y 47 sellos diferentes. Los sellos se usaron para marcar a la heroína con una variedad de nombres, incluyendo El Chapo, Dunkin Donuts, Salida 4, Rolex, T Mobile, NBA, Coca-Cola, Sleep Walking, Peter Rabbit, Superman, Hello Kitty, iPhone, KTM y Black Mano.

Sobres de cristalina de heroína se apilaban en mesas, en bolsas y en el suelo. La mayoría de los glassines ya estaban empaquetados en paquetes rectangulares envueltos en papel blanco y plástico de acuerdo con el nombre de la marca, listos para su entrega en la calle. Se encontraron tres kilogramos en forma de ladrillo en bolsas envueltas en celofán.

 La DEA estimó que el valor en el mercado negro de la heroína cuesta unos $ 5 millones. Los resultados del análisis de laboratorio de los narcóticos incautados están pendientes.

Medina-Hidalgo será procesado hoy en la Corte Penal de Manhattan. Lora-Grullon e Ilarraza fueron procesados ​​previamente y se declararon no culpables de los delitos.

La Fiscal Especial de Estupefacientes. Bridget G. Brennan agradeció al Fiscal de Distrito del Bronx Darcel D. Clark y elogió a la Oficina de Investigaciones Especiales de SNP y la Unidad de Investigadores y al Equipo de Trabajo de Control de Drogas de Nueva York, incluidos los miembros de la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. Policía del estado de Nueva York, por su trabajo en el caso.

"Evidentemente, en las diversas estampillas utilizadas para marcar su heroína, esta organización atiende a numerosos distribuidores en la ciudad de Nueva York y el noreste", dijo el agente especial de la DEA a cargo, Ray Donovan. 

"Hello kitty", "Rolex" y "NBA" son solo tres marcas populares utilizadas por la organización para estampar sus productos y atraer a los usuarios en toda la ciudad de Nueva York. Otras estampillas incluían una estampilla "El Chapo" muy oportuna, y una estampilla con la "Salida 4", ambas encontradas en el molino de heroína. La "salida 4" es significativa porque es la salida de Massachusetts Turnpike con destino a Springfield, MA, de donde proviene uno de los acusados, lo que indica el alcance de la organización fuera de Nueva York y hacia el noreste. 

Trabajadores de PDVSA de la refinería El Palito denuncian persecución y asedio

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los trabajadores contractuales de Petróleos de Venezuela de la Refinería El Palito se encuentran bajo la persecución y el asedio de la Gerencia General y la Gerencia de DSI (antiguamente PCP). Una serie de denuncias en nuestro poder coinciden en señalar que la petrolera tienen intervenidos los teléfonos de las oficinas y las computadoras, buscando cualquier elemento que les permita acusar a los trabajadores de delitos, abrirles un expediente y despedirlos, con posibilidades de ser torturados por la Guardia Nacional para que confiesen crímenes que no han cometido.
Señalan que los trabajadores "no pueden hacer ningún comentario negativo dentro del comedor con respecto al mal servicio que se presta porque se arriesgan a ser amonestados".

Las denuncias señalan que la situación en la que se encuentra el comedor industrial de la refinería es precaria desde hace meses, "éste año han eliminado el jugo, la fruta y la ensalada. En varias ocasiones, han despachado el personal de regreso a su casa al medio día por no contar con los alimentos para prestar servicio, sin contar con la poca cantidad de comida que sirven y la mala calidad de la misma", dice una de las denunciantes que sostiene que "en la misma situación se encuentra el comedor industrial del llenadero de Yagua".

Se destaca que hace aproximadamente mes y medio, se presentó una emergencia en la clínica industrial donde, luego del almuerzo, "ingresaron 28 trabajadores intoxicados por ingerir un pescado en mal estado. Entre estos intoxicados hubo un pasante INCE menor de edad quien tuvo que ser recluido en una clínica por presentar cuadro de desnutrición, lo cual agravó la intoxicación sufrida".

Posterior a la emergencia con los intoxicados, se presentó una protesta de trabajadores contractuales en la entrada del comedor donde fueron grabados por personal de DSI (antigua PCP,) lo que trajo consigo el despido de un trabajador contractual de nombre Charley Rivero a quien le calificaron el despido y le prohibieron la entrada a refinería.

A raíz de todos estos hechos y denuncias internas de los trabajadores a una empleada de nómina mayor de nombre Beneranda Medina, supervisora del Departamento de Control y Gestión de la Superintendencia de Servicios Logísticos, "se le encontró un talonario con facturas en blanco selladas y orden de entrega de una cooperativa de nombre Santa Ana Cañaveral, la cual suministra los víveres y carnes al comedor industrial, dicen las denuncias".

"Esto trajo consigo, por lo evidente de la situación, una investigación que está en curso, donde se determina que la señora Beneranda Medina elaboró todas las facturas de su puño y letra de la cooperativa Santa Ana Cañaveral, observándose un sobre precio en las mismas, las cuales fueron cargadas y pagadas en su totalidad. Esta señora utilizaba una clave que no le pertenece para cargar dichas facturas al sistema SAP para su cancelación".

La denuncia señala que esto ocurrió "con la aprobación del superintendente de Servicios Logísticos, señor Dani Carrero, a quien también se le sigue una investigación (pero sólo para despistar y calmar las aguas, ya que es bien sabido que esto no prospera). De hecho a la señora Medina la sacaron de vacaciones y al señor Dani Carrero está siendo postulado para sub gerente del llenadero de Yagua en Guacara".

"La cantidad desfalcada es millonaria -dicen las denuncias- mientras los trabajadores pasan penuria para medio comer en la industria, reduciendo las raciones de  la comida, pagando las facturas, también apoyados por el Gerente de DSI señor Carlos Montero, el mismo que persigue sin piedad a trabajadores con la guardia nacional y el SEBIN pero se hace de la vista gorda en estos casos".

Asimismo, acusan que "los trabajadores son sacados de sus puestos de trabajo detenidos por la Guardia Nacional acusándolos de delincuentes, muchos son llevados al comando de la Guardia ubicado en Pequiven donde son torturados para que confiesen delitos que no han cometido". 

Sostienen que hay dos trabajadores detenidos y unas denuncias que cursan en la fiscalía que "no se procesan por instrucciones del general Manuel Quevedo".

Mas adelante los denunciantes dicen que las instrucciones son: "todo el que proteste o hable mal en contra del gobierno, se le  debe abrir un expediente para que sea despedido.  La inspectoría del trabajo está alineada con el Departamento  de Asuntos Legales de la refinería para hundir al trabajador tenga razón o no".


martes, 14 de mayo de 2019

Dos empresas vinculadas a Samark López tienen acuerdos millonarios con PDVSA (Punta de Mata y Orocual )

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Dos empresas vinculadas a Samark López Bello, Oryx Resources de Venezuela C.A y Helios Petroleum Services, forman parte del acuerdo de servicio conjunto por USD 430 millones de dólares que Petróleos de Venezuela firmó con siete compañías para aumentar su producción de petróleo en 641,000 b/d en agosto de 2018. Fuentes internas confirman que las dos firmas ligadas al presunto testaferro del ex vicepresidente Tareck El Aissami, operan en PDVSA División Punta de Mata en el estado Monagas, Venezuela.
Samark López Bello fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los operadores de El Aissami, quien fue designado por el Departamento del Tesoro norteamericano como narcotraficante y por ser un agente vinculado a grupos terroristas del Medio Oriente, entre ellos, Hezbollah (1).

López Bello fue visto en el mes de marzo de 2019 en la ciudad de Maturín cuando realizó una visita oficial a las instalaciones petroleras de Punta de Mata y Orocual. 
El presunto testaferro de Tareck El Aissami estuvo en calidad de asociado a las citadas empresas que fueron favorecidas en la adjudicación de las áreas de producción de los campos de Punta Mata y Orocual. Las empresas Oryx Resources de Venezuela C.A y Helios Petroleum Services consiguieron formar parte del Proyecto Integral de Recuperación de la Producción, Petróleos de Venezuela, S.A., para lo cual se suscribió un acuerdo con siete empresas prestadoras de servicios en actividades necesarias para la explotación y extracción de crudo, bajo un plan de desarrollo acordado en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco en agosto de 2018. (2)

Para el momento de la firma del mencionado acuerdo no entró en la lista ORYX Resources de Venezuela C.A., pero si consiguió la asignación posteriormente en sustitución de la compañía VENENCA. Esta última, según a los reportes, no reunía el perfil mínimo necesario para ejecutar obras en la industria petrolera ya que su razón social era de reparaciones de aires acondicionados y radiadores. Este aspecto trajo como consecuencia un alto rechazo por parte de los trabajadores de PDVSA para con la firma que luego conllevó, a un cambio por la compañía vinculada a Samark José López Bello. 
Estos documentos de Oryz Resources fueron hallados durante el allanamiento realizado por funcionarios antinarcóticos de República Dominicana a la mansión del venezolano Samark Lopez, testaferro de Tareck El Aissami. 

De acuerdo al portal Infobel, en Caracas aparece registrada la firma Oryx Resources de Venezuela, C.A. La empresa refleja supuestamente volumen de negocios estimado 8.440 millones de euros y tiene sólo 11 empleados(3).
En los registros internacionales, por ejemplo aparece una empresa denominada Oryx Resources en Durbanville, en Cabo Occidental una provincia en el sudoeste de Sudáfrica, anteriormente parte de la Provincia del Cabo. La dirección es 3 The Crescent Durbanville, Durbanville, Cabo Occidental 7550, ZA. (4)

Hay otra empresa Oryx Resources DMCC que se presenta como una compañía privada, independiente e internacional de servicios de yacimientos petrolíferos incorporada en el Centro de Productos Múltiples de Dubai en Dubai, EAU. Dice tener experiencia en servicios de asistencia técnica y logística a un amplio espectro de industrias, concretamente Oil & Gas, utilizando una red global de profesionales.(5)

Hay empresa bajo al denominación Oryx Resources Limited registrada en Bermuda el 12 de diciembre de 2007 y cerrada el 18 de septiembre de 2013 y que fue incluida en la lista de Offshores los Papeles de Panamá (6)

La firma denominada ORYX  Resources Pte. LTD. bajo el número 201107619Z fue creada el 30 de marzo de 2011 en Singapore.(7) 

Helios Petroleum Services LLC

En relación a la segunda empresa vinculada a Samark López, Helios Petroleum Services LLC aparece una con el número 6407090, creada el 11 de mayo de 2017 en Delaware, registrada por National Registered Agents INC con la dirección 160 Greentree Dr. Suite 101, Dover, Kent, DE, 19904.(8) 

Una segunda fima Helios Petroleum Services S.A está registrada en Panamá bajo el número 806925 y el NCN 806925S. Fue creada el 27 de junio de 2013.(9)

En PDVSA la cabeza visible de Helios Petroleum Services es Alberto Madail, ex gerente de las EPS- Empresas de Producción Nacional en Occidente. Alberto junto a su hermano Wenceslao Madail (ex Gerente de Gas Nacional de Pdvsa); su sobrino, Marcos Madail y su hijo Alberto Madail Pérez han sido acusados de diversas irregularidades en la petrolera tanto en Maturín como en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.




Los contratos con PDVSA 

La petrolera estatal venezolana PDVSA firmó un acuerdo de servicio de $ 430 millones con siete compañías para aumentar su producción de petróleo en 641,000 b/d, dijo el presidente de la compañía, Manuel Quevedo en un comunicado en agosto de 2018.

Las empresas que se encuentran en el acuerdo son: Servicios de Pozos Cavallino, Petro Karina, Helios Petroleum Services,  Shandong Kerui Group, Rinaca Centauro Karina Consortium, Oil Consortium Tomoporo y Venenca (esta fue sustituida por  Oryx Resources). Las compañías supuestamente ayudarían a impulsar la producción de los pozos en los campos Arecuna, Sanvi Guere, Orocual, Dacion, Jusepin, Franquera-Tomoporo y Carito-Pirital, se lee en el comunicado. En el caso de las empresas vinculadas a Samark López están operando en El Furial Orocual y Punta de Mata. 

Citas
1. Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Samark López Bello y Tareck El Aissami https://www.treasury.gov/press-center/press releases/Pages/as0005.aspx


3) Infobel.com directorio https://www.infobel.com/en/venezuela/Search/BusinessResults?token=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

4)https://www.linkedin.com/company/oryx-resources/about/

5) http://www.oryxresources.com/

6) https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82008322


8)https://opencorporates.com/companies/us_de/6407090

9) https://www.heliospetroleum.com/




lunes, 5 de septiembre de 2016

EEUU advierte que sobrinos de Cilia Flores estarían buscando acusar a los testigos de la DEA de actuación indebida

* La fiscalía advirtió que la defensa podría estar buscando "algún tipo de información" para acusar de conducta indebida a los agentes de la DEA que participaron en la investigación que condujo a la captura de los primos Flores.

Por Maibort Petit 

@maibortpetit

El gobierno de los Estados Unidos fue enfático al señalar que la estrategia planteada por la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se está extralimitando en sus peticiones a la fiscalía, razón por la cual reiteró que la corte debe imponer limitaciones a los temas y las informaciones que los acusados pretenden obtener en la audiencia de prueba que se celebrará este jueves 8 y viernes 9 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



En un documento, firmado por el fiscal Preet Bharara se advierte -nuevamente- que las solicitudes  hechas por los demandados son excesivamente amplias y que desean conseguir todos los documentos y la información que resguarda el gobierno. "El tribunal debe anular dicha petición por no ajustarse a derecho", sostiene la parte acusadora.

La fiscalía solicitó restringir el alcance de cualquier testimonio de las fuentes confidenciales del gobierno. "A la luz de los intereses del Estado, implicados en las citaciones hechas por la defensa, el gobierno está legitimado para buscar alivio en la corte según lo estipulado en la Regla 17 (c) (2)", sostiene Bharara.


La citación para el agente especial de la DEA, Habayeb contiene una solicitud  exagerada de los documentos señala el documento, razón por la cual el gobierno hace uso de lo estipulado en el caso conocido como EEUU vs Nixon, según lo cual  los demandados deben demostrar qué pretenden obtener específicamente de esas citaciones, para evitar que las comparecencias se conviertan  en esa especie de "expedición de pesca". 

El gobierno de los EEUU sostiene que la defensa estaría buscando alguna información o detalle que le permitiera acusar a los agentes de la DEA de actuación indebida.

La fiscalía sostiene que la citación de la defensa de Campos Flores y Flores de Freitas se explaya en amplias categorías de documentos y no identifica la información específica y pertinente que los demandado pretende obtener. Este asunto no es permisible bajo la Regla 17 (c).

Una vez más el gobierno pidió la anulación en su totalidad o parcialmente de las peticiones hechas a los testigos que comparecerán en la corte esta semana.

Igualmente insistió en restringir el alcance de cualquier testimonio de fuentes confidenciales de la DEA en la audiencia de supresión prevista el 8 de septiembre y 9 de septiembre, 2016. Los interrogatorios sólo deben limitarse aquellos temas que son necesarios para solucionar las reivindicaciones de expoliación planteada por los acusados.

El fiscal reiteró que para la próxima audiencia, el Gobierno establecerá a través de documentos y testimonios de testigos lo siguiente: 

(i) Los acusados fueron detenidos en Haití por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley extranjera que se identificaron como tales, expulsado por el gobierno de Haití y detenidos por la DEA, y transportado rápidamente a este distrito donde fuerons presentados ante el juez para leerles los cargos en los lapsos establecidos por la ley; 

(Ii) Durante el vuelo de Haití a los Estados Unidos, los acusados confesaron su participación en la conspiración  para importar y cocaína hacia los EEUU. Para lograr la confesión, los agentes de la DEA no utilizaron un interrogatorio de dos pasos o de otra forma de coacción. La confesión de dio sólo después de que Campos Flores y Flores de Freitas renunciaron voluntariamente a sus derechos Miranda a sabiendas, de manera inteligente y por escrito; y

(iii) La DEA no perdió ni destruyó ninguna prueba. Por lo tanto, la solicitud de una supuesta expoliación de evidencias expuestas por los acusados no tiene mérito alguno.

En lo que respecta a la petición de los acusados de intentar suprimir sus confesiones en las cuales aceptan haber cometido los delitos por los cuales se les procesa, el Gobierno tiene pruebas suficientes para demostrar la preponderancia de la evidencia de que los acusados renunciaron de forma inteligente y voluntaria a sus derechos Miranda y con ello a la autoincriminación y que las confesiones se hicieron de forma voluntaria. 


Asimismo, advierte que el gobierno también tiene cómo demostrar que los agentes de la DEA no se involucraron  de manera deliberada en un proceso de interrogatorios de dos pasos  destinado a impedir los derechos Miranda de los acusados. 



miércoles, 2 de septiembre de 2015

Los deportados colombianos de Nicolás Maduro

El presidente Nicolás Maduro decidió deportar a cientos de colombianos humildes del territorio venezolano. Lo hizo por una razón personal,  que no es otra que proteger a sus cómplices, y  que quiso arropar con el argumento de un supuesto ataque de paramilitares y la trillada acusación del magnicidio. 

Nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los que corrieron con la suerte de abandonar sus humildes pertenencias y huir del terror del régimen madurista, que utilizando las abominables técnicas nazis colocó letras en las casas de los aterrados desposeídos. 

Hay imágenes dantescas que nos recuerdan la tragedia de la II Guerra Mundial. Los esbirros del régimen de paso, dándoselas de poderosos con los pobladores de las zonas en conflicto, hasta se atrevieron a violar sexualmente a niñas y mujeres, tal como lo denunció la Procuraduría General de Colombia la procuradora Ilva Myriam Hoyos, quien visitó varios albergues en Cúcuta.  

La ONU -de hecho- ha contabilizado unas 10 mil personas que han sido echada del Venezuela desde el inicio del Estado de excepción. No obstante, lo que más llama la atención de toda esta situación es el desparpajo de los jerarcas del gobierno chavistas frente a la razón de fondo que movió a Maduro y su combo a tomar la decisión de cerrar la frontera y perseguir a los habitantes de las zonas cercanas a los linderos con Cúcuta.
Todos los bien informados aseguran que el arrebato de Maduro se debió única y exclusivamente a la extradición ordenada por el gobierno de Colombia de dos presuntos narcotraficantes vinculados al poderoso Cártel de los Soles, cuyas cabezas son militares del alto rango del gobierno chavista, entre los que destaca la del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Y es que los rumores detallados por la prensa apuntan que los colombianos Gersaín Viáfara Mina y Oscar Hernando  Giraldo Gómez son acusados en Estados Unidos de ser operadores ligados al cártel de drogas vinculado al gobierno venezolano.

De hecho, la prensa de Miami, el diario El Nuevo Herald va más allá y asegura que  entre las figuras del chavismo bajo investigación en los Estados Unidos se encuentran además de Diosdado Cabello, su hermano José David Cabello, el general Hugo Carvajal y el gobernador del Aragua, Tarek El Aissami.

Ese medio señala que el gobierno de Maduro presionó al de Juan Manuel Santos con las deportaciones masivas e inhumanas para obligar a Colombia a parar las extradiciones de Viáfara y de Giraldo, así como de otros narcotraficantes ligados al Cártel de los Soles.

El cuento de Maduro sobre los paramilitares nadie lo creyó, especialmente cuando se supo que el supuesto incidente de paramilitares no fue otra cosa que una pelea entre las bandas criminales integradas por militares venezolanos.

Y mientras Nicolás Maduro pasea por Asia en una búsqueda desesperada de préstamos de emergencia, los pobres colombianos viven horrores al ser despojados de sus viviendas, de sus familias y de sus pocas pertenencias, dejándolos en un total abandono y sin un futuro cercano.

Por su parte expertos colombianos han empezado a discutir sí las violaciones de los derechos humanos de los desplazados y las arbitrariedades cometidas por los militares venezolanos y por el gobierno podrían entrar en los requerimientos para ser calificado como delito de Lesa Humanidad. 

Estudiosos del vecino país  han afirmado que las conductas ocurridas en la frontera colombo-venezolana se pueden encuadrar como delitos de lesa humanidad, motivado a que es una violación sistemática de los derechos de la población civil por parte del gobierno de Venezuela con la única justificación de que se trata de colombianos. 

Si bien es cierto que el Estado tiene una soberanía y derecho para decidir quién entra o sale de su territorio,  las deportaciones de Maduro tiene un carácter arbitrario, son hechas vejando a la población civil, discriminándolas  y maltratándola.

Abogados han asegurado que el caso de los deportados sí se podría configurar la violación a los derechos humanos debido a que proceden por el solo hecho de ser colombianos, sin ni siquiera mirar el estado migratorio de las víctimas. 

Algunas voces colombianas ha identificado que se han deportado a personas que estaban legalmente en Venezuela, que llevaban más de 40 años viviendo en el país.  El régimen ha violado el derecho de la unidad familiar y a la propiedad privada.

No obstante,  hay pocas esperanzas que el gobierno de Colombia proceda a llevar el caso a la Corte, motivado -entre otras cosas- a los compromisos  que el presidente Juan Manuel Santos  ha adquirido con el régimen chavista que a lo largo de estos años de revolución. Sólo las voces independientes y algunas organizaciones no gubernamentales podrían empujar la demanda, que a estas alturas y con las complejidades de los organismos internacionales probablemente sería boicoteada como otras tantas iniciativas que se han intentado llevar a las instancias hemisféricas para buscar castigos a los abusos del régimen venezolano.