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jueves, 14 de enero de 2021

El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio

  Tanto el exgerente de proyectos especiales de CITGO, como su esposa y su suegro se han visto involucrados en hechos de sangre y estafas.

Por Maibort Petit

    El exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, que aguarda por la celebración este mes de enero del juicio que se le sigue por delitos de lavado de dinero, no sería la primera vez que enfrenta un proceso judicial, toda vez que, en el pasado, él y su esposa —directa o indirectamente— se vieron envueltos en hechos de sangre que se dirimieron en instancias judiciales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos.

   Así lo refieren documentos de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde el 4 de octubre de 2004, se declaró la nulidad absoluta del recurso de apelación que el abogado, Álvaro Castillo Zeperfell, presentó a favor de su representado, José Luis De Jongh-Atencio. Con esta decisión se dejaba sin efecto un fallo previo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, adoptado el 28 de julio de 2004, con el cual se acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad de De Jongh-Atencio, en una causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Intencionales Graves en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de dos personas.

  Se trató de un caso por lesiones causadas con un arma de fuego en el que el abogado defensor de José Luis De Jongh-Atencio alegó que “Nunca puso en peligro la vida de la persona que resultara herida como consecuencia de la lesión sufrida, 2), en cuanto a las circunstancias de su comisión, el propio representante del Ministerio Público al establecer la complicidad Correspectiva no ha podido determinar que haya sido su defendido el autor material del hecho y 3) La pena aplicable al delito, sería si es rebajada una tercera pare de un (01) año y ocho (08) meses de prisión, y si es rebajada a la mitad, sería de un (01) año y tres (03) meses de prisión”[1].



El suegro prófugo

  Asimismo, la decisión de un caso dirimido en el Tribunal de Apelaciones de Distrito de Florida, Tercer Distrito, en octubre de 1983, hace referencia a la apelación interpuesta por el estado de la Florida con respecto a una orden que desestimó el cargo de conspiración en una causa que se seguía a Amilcar José Rodríguez-Jiménez y Aguedo Borrego-Estrada.

  El juez Daniel Pearson revirtió la orden que desestimó el cargo de conspiración de la acusación.

  Un Gran Jurado de la Florida estimó la procedencia de acusar a Amilcar José Rodríguez-Jiménez —también conocido con los apelativos de Javier Rodríguez, Selimo S. García y Rafael—, Aguedo Borrego-Estrada —también conocido como Cacho— y Winston Salaverría, quienes entre el 29 de septiembre de 1979 y el 3 de octubre de 1979, conspiraron en el Condado de Dade del estado de la Florida, para asesinar en primer grado a Raimundo Martínez con un arma de fuego[2].

  La relación indirecta con De Jongh-Atencio se a da a través de Winston Salaverría —prófugo de la justicia— padre de su esposa, Dulce María Salaverría Restrepo.

  Algunas voces llaman a poner la lupa en la figura de Dulce María Salaverría Restrepo en la trama de lavado de dinero que se debate en la Corte del Distrito Sur de Texas y a revisar casos de estafa que tuvieron lugar en Venezuela y Florida.

El caso en Texas

  El gobierno de los Estados Unidos procesa judicialmente a José Luis De Jongh-Atencio por presuntamente participar en una trama de lavado de dinero que buscaba legitimar fondos provenientes de sobornos destinados a asegurar contratos de CITGO y PDVSA, luego de que un gran jurado federal lo aprobara el 16 de julio de 2020.

  De Jongh-Atencio, ciudadano con nacionalidad estadunidense y venezolana, cumplió funciones como oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO, enfrenta un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero que deberán dirimirse este enero de 2021.

   La acusación formal contra José Luis De Jongh-Atencio sostiene que entre 2013 y 2019, este habría aceptado sobornos de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, entre otros, a cambio de asistirlos a ellos y sus compañías en la concreción de contrataciones con CITGO y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Según la documentación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, el acusado habría recibido USD 2.5 millones en pagos de sobornos a través del esquema. Por este dinero, De Jongh-Atencio habría proporcionado ventajas comerciales indebidas a González Testino y Farías Pérez para ayudarlos a obtener contratos de CITGO y PDVSA.

   Supuestamente, José Luis De Jongh-Atencio habría ordenado que los montos de los sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Las ganancias habrían sido lavadas en cuentas bancarias de EE. UU. y en bienes raíces en Texas[3].

REFERENCIA

[1] V/lex Venezuela. “Jurisprudencia. Decisión nº 360-04 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Octubre de 2004”. 4 de octubre de 2004. https://vlexvenezuela.com/vid/jose-luis-jongh-atencio-307510250


[2] Leagle TM. State v. Rodríguez-Jiménez. https://www.leagle.com/decision/19831358439so2d91911280


[3] Department of Justice. “Former Venezuelan Official Charged in Connection with International Bribery and Money Laundering Scheme”. 6 de agosto de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-charged-connection-international-bribery-and-money-laundering


 



 

viernes, 11 de diciembre de 2020

Juez otorga libertad bajo fianza al piloto Michols Orsini, vinculado al caso de Tareck El Aissami

  El magistrado Alvin K. Hellerstein advirtió al acusado que sí violaba las condiciones de la libertad condicional sería castigado con el peso de la ley.

Por Maibort Petit

  Un juez del Distrito Sur de Nueva York otorgó libertad bajo fianza al piloto venezolano, Michols Orsini Quintero para que se preparare para el juicio que tendrá lugar en febrero de 2021. Orsini Quintero está acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al exvicepresidente, Tareck El Aissami y su presunto testaferro, Samark López Bello.

   La defensa de Orsini Quintero cuestionó a la fuente confidencial del gobierno en el caso, señalando que sus testimonios eran poco confiable y por haber incurrido en faltas graves que, incluirían, el fraude migratorio.

  La defensa de Orsini Quintero dijo que el tribunal debía garantizar a su representado, el debido proceso y por ello solicitó al juez que le diera el beneficio de otorgarle libertad bajo fianza, de manera que pueda colaborar con sus abogados en el análisis de las pruebas presentadas por la fiscalía, toda vez que la situación de pandemia hace imposible la revisión de las mismas en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva (MCC), donde se encontraba recluido.

   El 12 de noviembre de 2020, la abogada Sabrina Shroff remitió una comunicación a Alvin K. Hellerstein, juez de la causa Estados Unidos contra Michols Orsini Quintero que se dirime en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para solicitar al magistrado se le otorgue a su defendido el beneficio de libertad bajo fianza y se excluyan del proceso judicial parte de las producciones tardías que la fiscalía ha presentado en el caso de su representado.

     En su exposición al juez, Shroff se quejó de la práctica frecuente del gobierno de producir tardíamente descubrimientos que, en el caso de Orsini Quintero, fueron 15 producciones separadas entregadas meses después de la interrupción del descubrimiento y mientras esperaba el juicio. Contrasta la situación de su cliente con la del coacusado, Víctor Mones Coro.

  Especificó que cada una de las referidas 15 producciones tardías contiene documentos que estuvieron a disposición del gobierno durante mucho tiempo, los cuales totalizan 6 terabytes de información para los abogados defensores. Esto ocurrió en los últimos seis meses.

   Estimó la abogada que el tribunal no debe permitir esta situación pues va en perjuicio de Orsini Quintero, encarcelado en MCC-Nueva York, quien no tiene la capacidad práctica para revisar el descubrimiento de manera expedita, por lo que no debería ser penalizado por las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, pues esto es violatorio del debido proceso.

   Acotó Sabrina Shroff que la libertad bajo fianza permitiría a Orsini Quintero revisar el descubrimiento en busca de material útil para su defensa, prepararse adecuadamente para el juicio y no verse obligado a elegir entre la revisión del descubrimiento y el encarcelamiento adicional antes del juicio.

Descubrimiento inoportuno

   Refirió la abogada que Michols Orsini Quintero fue acusado en marzo de 2019, debiendo haberse completado el descubrimiento, de acuerdo a la normativa, en septiembre de 2019. Sin embargo, desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020, la fiscalía no realizó producciones de descubrimiento, sino a partir de esta última fecha hasta la actualidad.

   En este ínterin, el gobierno produjo terabytes de información para los abogados defensores, principalmente en relación con la fuente confidencial (CS) conocida como “Marín" [ Alejandro Javier Marín], aun cuando nada de esta producción sea el resultado de la reciente detención de dicha fuente confidencial.

   Sostiene la defensa que Orsini Quintero tuvo un papel limitado en la conspiración y, a diferencia de los demás imputados, no es dueño de empresas, no está vinculado a nadie en el poder político venezolano y es una persona de muy escasos recursos, lo cual puede verse en las producciones iniciales del gobierno.

   Subraya la defensa que la para nada la fuente confidencial de la fiscalía puede tenerse como digna de confianza, pues ha mantenido una conducta inapropiada, prevaricando y, en ocasiones, mintiendo abiertamente. Destaca el financiamiento que el gobierno ha proporcionado a esta fuente confidencial para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin el dinero proporcionado por la fiscalía. Asimismo, manifiesta su preocupación por la el nexo que se ha formado entre el CS y los agentes del Departamento de Seguridad, toda vez que han desarrollado una gran familiaridad.

   Expone al juez una serie de comportamientos irregulares de la fuente confidencial que incluye lo que podría catalogarse como fraude migratorio, sin que el Departamento de Seguridad lo detectara o lo ignorara.

     Igualmente, Sabrina Shroff subraya que ni los agentes ni los fiscales se percataron de que hace dos años la fuente confidencial poseía información que solamente terminaron produciendo en 2020. Refiere que en cada ocasión en que la defensa señalaba una debilidad o falacia en el caso del gobierno, el CS, quien convenientemente "recordaba" nuevos hechos que reparaban la situación sin comprometer la fuente.

   Como ejemplo, cita que, en agosto de 2020, después de que el abogado defensor señaló que no había indicios o pruebas de que Orsini Quintero tuviera el conocimiento necesario de que Samark López estaba en la lista de la OFAC, el CS de repente "recordó" que en la fiesta de cumpleaños del piloto jefe este anunció que Samark López estaba en la lista y que brindarle servicios era una violación de las sanciones

  Posteriormente, Marín se "corrigió" a sí mismo y dijo que la conversación ocurrió en una celebración diferente, una conducta que ha ocurrido en diferentes situaciones.

   La abogada refiere que ahora cuando Marín ha sido arrestado por hacer declaraciones falsas, la fiscalía se niega a revelar exactamente cuántas declaraciones falsas les hizo, a quién más perjudicó como jefe y propietario de My Jet Sever; cuánta información financiera y no financiera le dio el gobierno, y por qué la fiscalía no lo acusó de robo de fondos gubernamentales, fraude electrónico y lavado de dinero.

Las 15 producciones en cuestión

  La fiscalía entregó en junio de 2020, nueve meses después del cierre del descubrimiento, la primera de sus 15 producciones de descubrimiento y la última lo hizo el 23 de octubre de 2020.

   Se trata de información proporcionada por la fuente confidencial consistente en: (i) notas de los agentes del caso; (ii) informes de agentes de casos; (iii) notas tomadas por los AUSA; (iv) charlas entre la CS y varios agentes del DHS y DEA; (v) charlas entre el CS y León; (vi) correos electrónicos entre la CS y los imputados en la acusación; (vii) documentos impresos; (viii) contenido de computadoras y dispositivos completos incautados de My Jet Saver, la compañía propiedad de CS.

   La abogada advierte que aún falta en la producción del gobierno información tan relevante como (i) la cantidad de dinero que el DHS proporcionó a su CS; (ii) las cosas de valor entregadas a la CS; (iii) las declaraciones falsas realizadas por la CS al gobierno; (iv) notas de conversaciones entre los agentes del DHS y el CS tras el arresto del CS por declaraciones falsas; y (v) notas de conversaciones entre el gobierno y los abogados de la CS.

   Mucha de esta información requiere de la contratación de expertos en computación, apunta la defensa.

   Sostiene Sabrina Shroff que es absolutamente necesario que la Corte conceda a Orsini Quintero la libertad bajo fianza para que, en aras del debido proceso, pueda ayudar de manera significativa en su propia defensa.

   La defensa insta al tribunal a no permitir que el gobierno utilizar cualquiera de los descubrimientos de estas últimas 15 producciones en cualquier procedimiento o etapa de este asunto.


 



 


 




  

miércoles, 25 de noviembre de 2020

Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos

   El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba varias empresas de haber participado en un esquema de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela a cambio de la aprobación de contratos con sobreprecios.

 D'Amato usaba las cuentas bancarias abiertas en bancos estadounidenses, a nombre de sus empresas, para mover el dinero y pagar las coimas a los empleados de PDVSA.

  Natalino D’Amato, de 61 años, de Venezuela, fue acusado en una acusación formal de 11 cargos presentada en el Distrito Sur de Florida. 

El anuncio fue hecho por el Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, Brian C. Rabbitt y la Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, en conjunto con el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Anthony Salisbury, y el agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher de la oficina local de Miami del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).

D’Amato fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.

La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D'Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras de la Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela, para lavar el producto de una operación ilegal en un esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida. 

Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por PDVSA. 

Según la acusación formal, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas conjuntas de PDVSA con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA. 

La demanda alega que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente $ 160 millones de las compañías conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. 

Según los cargos, D’Amato usó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.

La demanda incluye acusaciones que buscan la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente $ 45 millones.





meramente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.


Este caso fue investigado por la oficina local de HSI en Miami y la oficina local del IRS-CI en Miami. El abogado litigante Alexander Kramer de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael Berger del Distrito Sur de Florida están procesando el caso. La Fiscal Federal Auxiliar Adrienne E. Rosen del Distrito Sur de Florida está manejando el decomiso de activos.


La Sección de Fraudes de la División Criminal es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en

miércoles, 28 de octubre de 2020

Darwin Padrón Acosta: El empresario condenado por corrupción en EE. UU. que recortó su condena

   Fue condenado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de USD 9.052.397,73. 

Por Maibort Petit

   El contratista de Petróleos de Venezuela S.A., Darwin Enrique Padrón Acosta, quien el 17 de octubre de 2016, se declaró culpable de cometer el delito de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al haber pagado sobornos a dos funcionarios de PDVSA a cambio de recibir contratos millonarios de la estatal. En marzo de 2020 empezó a pagar la condena que logró reducir a sólo 18 meses debido a su amplia colaboración con la justicia. Desde mediados de 2021 estará libertad condicional.



   Padrón Acosta, quien igualmente sería propietario de un Bingo, ha salido a relucir como persona relacionada al empresario colombiano responsable del programa de alimentación CLAP, el cual supuestamente está plagado de irregularidades que le suministraron millonarias ganancias a costa del hambre del pueblo venezolano.

  De este modo, quien ya es un confeso violador de la ley, habría persistido en su conducta irregular al mantener supuestos negocios turbios con el colombiano señalado de ser prestanombre del dictador venezolano.

Los cargos en su contra

   En la causa que se siguió en su contra en la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, a Darwin Enrique Padrón Acosta —un residente legal permanente de los EE. UU. con asiento en Florida— controlaba una serie de sociedades, entre ellas varias empresas estadounidenses, que utilizó para asegurar contratos con PDVSA.

  Procesado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Padrón Acosta actuó en sociedad con José Luis Ramos Castillo, residente del Distrito Sur de Texas, ex-empleado de PDVSA y su subsidiaria Bariven, quien se encargaba de seleccionar empresas para que participarían en las licitaciones convocadas por la petrolera y con quien se identifica en la demanda como “Funcionario F”, quien gestionaba las compras y adquisiciones de la estatal.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó a Darwin Padrón del delito de Conspiración, indicando que entre 2009 y 2014, actuó con la intención y a sabiendas de que se encontraba cometiendo delitos contra los Estados Unidos a través de sus empresas que, según la FCPA, actuaba como una empresa doméstica y un funcionario de la misma que la utilizaba para pagar a un funcionario extranjero, sabiendo que la totalidad o una parte de dicho dinero, buscaba influir en las decisiones de este último, para ayudar a las empresas del demandado a obtener los contratos de PDVSA.

  Padrón Acosta en conjunto con sus co-conspiradores pagaron sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA, entre ellos Ramos Castillo y el “Oficial F” con la intención de obtener lucrativos contratos de PDVSA a través de medios corruptos y fraudulentos. Mediante la realización de transacciones financieras, se buscaba enmascarar el pago de los sobornos.

   La acusación refiere que mientras se encontraban en el Distrito Sur de Texas, Darwin Padrón Acosta pagó los sobornos valiéndose de cables interestatales y extranjeros en procura de influir en las decisiones de ciertos funcionarios de PDVSA y sus empresas resultaran beneficiadas.

Los hechos

  Las investigaciones de la fiscalía presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Texas, señalan que Darwin Padrón Acosta firmó un cheque el 1º de febrero de 2012 por USD 117.000, de una cuenta bancaria a nombre de una empresa de su propiedad, cuyo beneficiario fue un familiar del Oficial F, quien trabajó en la adjudicación de contratos de PDVSA a empresas del demandado.

  El 22 de mayo de 2012, Padrón Acosta transfirió UDD 682.000 de una cuenta de una empresa de su propiedad a una cuenta de una empresa que José Luis Ramos Castillo poseía en sociedad con un pariente.

  Para el 15 de junio de 2012, Darwin Padrón ordenó transferir USD 320.000 de una cuenta de una de sus empresas, a una cuenta a nombre de una empresa que Ramos poseía con un pariente.

  Padrón transfirió el 20 de agosto de 2012, la cantidad de USD 50.000 de una cuenta bancaria de sus empresas, a una cuenta de un familiar del Oficial F.

  Otra transferencia se hizo el 28 de agosto de 2013, por orden de Padrón, desde una cuenta bancaria a nombre de un pariente, en beneficio de Ramos Castillo. Se trata de USD 394.250,74 producto de las ganancias de sobornos que se destinaron a comprar bienes inmuebles en el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo

  El 17 de octubre de 2016, Darwin Enrique Padrón Acosta, representado por la abogada, Marisel Descalzo, llegó a un acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson; el subjefe, John Pearson; el Fiscal Auxiliar, Robert S. Johnson; el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Andrew Weissmann.

  Padrón Acosta aceptó declararse culpable del cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-2 (FCPA), y de cometer lavado de dinero, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371.

  Se estableció que la pena máxima legal por cada violación de la ley era el encarcelamiento por no más de cinco años y una multa de no más de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta.

  Además, el acusado podría recibir un período de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años por cada violación. Si violaba las condiciones podía ser encarcelado por todo el período de libertad supervisada, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de liberación supervisada antes de tal violación.

  Por otra parte, el acusado admitió que comprendía que su declaración de culpabilidad podía afectar su estatus migratorio, podría ser expulsado de los Estados Unidos, negársele la ciudadanía y la admisión a EE. UU. en el futuro.

Cooperación

   Darwin Padrón Acosta aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos y no oponerse a la confiscación de activos.

  Por “cooperar plenamente", Padrón entendió que debía proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, tanto estatal como federalmente.

  Se comprometió a testificar ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando así lo solicite Estados Unidos, así como renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

  Asimismo, proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos ante el Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil); proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de investigación e investigación.

La confiscación

  El acuerdo contempló de al menos USD 9.052.397,73 en su contra y a favor de los Estados Unidos.

  Padrón Acosta renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un proceso de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

  También renunció al derecho de impugnar el decomiso de la propiedad de cualquier manera, incluso mediante apelación directa o en un procedimiento colateral.

La sentencia

  El 19 de noviembre de 2019, Darwin Enrique Padrón Acosta, fue sentenciado a cumplir una pena de 18 meses de prisión. Asimismo, cumpliría 3 años de libertad supervisada. Está pagando su condena en el FCI Camps en Miami.


 

martes, 13 de octubre de 2020

Conozca cuál fue el papel de los hermanos Martinelli Linares en la trama de corrupción de Odebrecht

   Supuestamente habrían actuado como intermediarios para que un alto funcionario de gobierno de Panamá entre 2009 y 2014 recibiera los sobornos de la empresa brasileña.

Por Maibort Petit

   La documentación presentada ante el Tribunal del Distrito este de Nueva York revela cómo habría sido la participación de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, en la trama de corrupción en la cual, supuestamente, la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos a un alto funcionario de gobierno de Panamá para obtener millonarios. Contratos entre 2008 y 2014.


   El 27 de junio de 2020, el Agente Especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por las siglas en inglés de Federal Bureau of Investigation), quien se desempeña en la Unidad de Corrupción Internacional en la División de Nueva York, presentó ante el tribunal del Distrito Este de Nueva York, detalló en una declaración jurada los detalles de la presunta participación de los Martinelli Linares en el esquema corrupto.

  El agente especial del FBI declaró que, entre agosto de 2009 y enero de 2014, los acusados Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuando como intermediarios para el pago de sobornos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, Luis y Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitían recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  En cumplimiento del esquema de soborno, aproximadamente entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los imputados, junto con otros, abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones extranjeras, que fueron utilizadas para recibir, transferir y entregar pagos de sobornos que Odebrecht hizo y provocó que se hicieran en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Específicamente, Luis Martinelli y Ricardo Martinelli establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y realizaron transferencias electrónicas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.

   Entre 2009 y 2012, los demandados abrieron cuentas bancarias en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar pagos de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto ocurrió utilizando la Compañía Offshore A el Banco; la Compañía Offshore B el Banco 2; la Compañía Offshore C el Banco 3; la Compañía Offshore del Banco 4; y la Compañía Offshore E, la Compañía Offshore F, la Compañía Offshore G y la Compañía Offshore H, todas en Banco 5.

   Explicó Lewandowski que la apertura y operación de las Cuentas de Sociedades Offshore se hizo con el objetivo de promover, asistir, facilitar, encubrir y actuar como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Esto para que la citada Odebrecht obtuviera una ventaja comercial indebida para suscribir contratos en Panamá.

  Entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron aproximadamente USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá. Al menos USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., entre ellos Banco 6 y el Banco 7 en Nueva York, Nueva York, a las cuentas de empresas offshore.

  El agente del FBI refirió que los registros financieros muestran que el 27 de julio de 2010, se hizo una transferencia bancaria de USD 350.000 dólares desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma en el extranjero controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a la cuenta de la Compañía A en el Banco 1, a través de una cuenta en Bank 6 en Nueva York, Nueva York.

 Después, los acusados Luis Martinelli y Ricardo Martinelli, realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses, algunos Nueva York, que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

  El 11 de febrero de 2013, el demandado Luis Martinelli transfirió USD 346.500.00 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2, a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en Nueva Jersey en el Banco 9. Los registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de una embarcación.

  Entre estas operaciones irregulares, el agente del FBI menciona que el 12 de noviembre de 2013, los demandados transfirieron USD 899.978,32 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1, a la Compañía Offshore E cuenta en Bank 5, a través de una cuenta en el Banco Corresponsal 3 en Nueva York.

  El 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de la cuenta de la Compañía Offshore A en el Banco 1 a la cuenta E de la Compañía Offshore en el Banco 5, a través de cuentas en el banco 8 en Nueva York.

  El 26 de agosto de 2015 Luis Martinelli transfirió USD 570.000 de la cuenta de la Compañía Offshore I en el Banco 2 a través de una cuenta en el Banco 6 en Nueva York, a una cuenta en el Banco 6 en Florida. Los registros muestran que esta transferencia fue un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por una corporación de Florida a nombre de Luis Enrique Martinelli Linares.

  El agente especial del FBI solicitó a la corte que emitiera órdenes de aprehensión en contra de Luis Martinelli y Ricardo Martinelli.

Declaración del agente del FBI

  En esa misma fecha, en su declaración jurada ante el juez Robert M. Levi, titular del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Michael Lewandowski, pidió el sellado de los documentos de la investigación.

  El agente Lewandowski solicitó que se  sellaran todos documentos presentados en apoyo de su solicitud, incluida la denuncia y las órdenes de arresto relacionadas, dado que se corresponden a una investigación criminal en curso que no es pública ni conocida por todos los objetivos de la averiguación.

  Alertó al juez de que no todos los implicados serían arrestado en ese momento y subrayó que tanto Luis como Ricardo Martinelli Linares se encontraban en libertad, requiriéndose el sellado de los documentos para evitar que los imputados fueran detenidos y procesados.

  El gobierno señala como excepción limitada al sellado, compartir la denuncia y/o las órdenes de arresto relacionadas con otras agencias de aplicación de la ley.

Declaración de la Fiscal en apoyo a la extradición

  El 27 de julio de 2020, la Fiscal Federal Auxiliar del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, declaró bajo juramento ante el Juez de primera instancia de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Robert M. Levy, en apoyo a la solicitud de extracción de Luis Enrique Martinelli Linares.

   Nestor trabajó en el caso contra Luis Enrique Martinelli Linares, titulado Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, numerado 20-M- 498, surgido de una investigación a Odebrecht S.A., empresa brasileña que opera en 27 países y que promovió un esquema de soborno masivo y lavado de dinero en el que participaron los acusados.

Los cargos

  Refiere Julio Nestor que un Juez de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York firmado una demanda el 27 de junio de 2020 contra Luis Enrique Martinelli Linares, acusándolo de conspiración para cometer lavado de activos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 195 (h), 1956 (a) (I) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; y luego se emitió una orden de arresto en su contra, por parte de un Juez Magistrado del referido circuito judicial.

   Este juez magistrado acusó a Luis Enrique Martinelli Linares, el 20 de julio de 2020, de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y de lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

  Explica la fiscal que acumuló todas las diligencias judiciales practicadas contra Luis Martinelli como es la práctica frecuente en al Tribunal del distrito Este de Nueva York.

  La fiscal Nestor explica que según las leyes de Estados Unidos el delito de conspiración es simplemente un acuerdo para violar leyes penales, subrayando que el acto de combinar y acordar con una o más personas para violar la ley estadounidense es un crimen en sí mismo. Tal acuerdo no necesita ser formal y puede ser simplemente un entendimiento verbal.

  En este sentido, Julia Nestor refiere que la Demanda Enmendada acusa a Luis Enrique Martinelli Linares de conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h). Añade que respecto al cargo de conspiración para cometer lavado de activos se debe acreditar que el imputado celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos. La pena máxima de prisión por este delito es una pena de 20 años de prisión.

  La fiscal dice que respecto a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i) que también se le imputa a Luis Martinelli, se debe demostrar que este realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucraba bienes que constituían el producto de un delito de soborno a un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que este sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que también sabía que la transacción fue diseñada total o parcialmente para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 20 años de prisión.

  Igualmente, la Demanda Enmendada también acusa a Luis Martinelli Linares de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, por lo que se debe demostrar  que participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión por una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957, según se imputa en la Demanda Enmendada, es una pena de 10 años de prisión.

  A Luis Enrique Martinelli Linares también se le señala de cometer dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, según lo dispuesto en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2.

  Luego de otras consideraciones, Julia Nestor refirió al juez Levi que revisó a fondo el estatuto de limitaciones aplicable, comprobado que los cargos que se le imputan a Luis Martinelli se ajustan a la norma.

  Manifestó que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de la corporación, correos electrónicos y otras pruebas.

Los hechos

  La investigación señala que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, y junto con otros co-conspiradores, participaron en un esquema de soborno masivo en el que los conspiradores acordaron con otros pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios en varios países del mundo, incluidos los funcionarios públicos y los servidores públicos en Panamá.

  Odebrecht ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del producto de los beneficios del esquema de soborno al canalizar los ingresos del esquema a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero a los beneficiarios finales de los sobornos.

 Se identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno de ese país, entre 2009 y 2014, que era un familiar cercano suyo.

  Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht al, entre otras cosas, actuar como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá.

  Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá.

   Específicamente, los demandados establecieron sociedades fantasma en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de la empresa fantasma para ocultar y gastar las ganancias del soborno.

 


 


 


 


 


jueves, 1 de octubre de 2020

Continúan las audiencias en la corte del caso Rothwell vs. CITGO por incumplimiento de contrato

  La petrolera venezolana procuraba una orden de abatimiento en razón de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro.

Por Maibort Petit

  Desde que el 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC introdujera una demanda civil contra CITGO Petroleum Corporation ante la Corte del Condado de Harris, Texas, se han producido una serie de atrasos y contratiempos que llegaron a su fin. Estas últimas semanas altos ejecutivos de CITGO prestaron declaraciones ante el juez, que había ordenado a la filial de PDVSA en Estados Unidos entregar la información requerida por el demandante y realizar las deposiciones de la tesorera, Gina Coon, el ahora consultor contratado, Glenn Hilman, entre otros. 

  Rothwell Energy Services es una empresa propiedad del sobrino del fallecido CEO de CITGO, Nelson Martínez que alega ante la Corte de Harris  que CITGO no concluyó con los pagos por sus servicios.

  Se trata de una disputa que involucra  una deuda que no fue pagada en base a un contrato que fue otorgado gracias a la complicidad de ejecutivos de CITGO a quienes se les ha vinculado a otras irregularidades internas de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  El tribunal fijó las fechas de las deposiciones de varios empleados de CITGO en un calendario de obligatorio cumplimiento. Entre los funcionarios, como anunciamos están Rick Esser, Jennifer Moos, Gina Coon, Alejandro Sabatino, Glenn Hilman, entre otros.

  CITGO alegó para evitar que se produjeran las declaraciones de los ejecutivos incursos en el contrato con Rothwell y en los pagos varios alegatos, entre ellos lo relativo a la pandemia del coronavirus.

  Tal como lo señalan los documentos, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos, dueños de empresas de maletín, y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros, tienen que ver con las irregularidades están involucrados en este caso que, igualmente, es investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Los hechos objeto de la demanda tuvieron lugar durante la gestión como CEO de CITGO Petroleum Corporation, de Nelson Martínez, fallecido mientras se encontraba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro y tiene que ver con un proyecto de USD 100 millones que Rothwell Energy Services LLC cobraría por una unas plantas desalinizadoras que instalaría en varios estados de Venezuela. La citada empresa es propiedad de Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del finado Martínez.

 Funcionarios de CITGO, entre los cuales se citan José Luis Zambrano, Laymar Peña, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, todos con posiciones de control dentro de la petrolera, presuntamente habrían violado los controles internos relativos a la revisión de proveedores y habrían facilitado así la aprobación de los contratos y los pagos ilegales emanados de los mismos, que comenzaron en el 2017 y siguieron en el 2018. El régimen de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen venezolano, impidió que pudieran seguir las operaciones.

CITGO niega los cargos

 La demanda presentada por Rothwell ante la corte muestran una comunicación enviada por CITGO como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones de la petición original de la demanda, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda, dado que al término de cada una de las plantas desalinizadoras de agua que debía construir Rothwell, debía presentarse una Factura de Venta y Cesión se ejecutará entre esta última y PDVSA.

  De acuerdo a la cisión de CITGO, esta no debe dinero a Rothwell, aunque admitió que si el tribunal determina alguna cantidad ésta no correspondería a una cuenta jurada. CITGO sostiene que la deuda que se quiere cobrar la demandante es ilegal y que cualquier pago que se le hiciera violaría la Orden Ejecutiva del gobierno de los EE. UU. 13808 y 13850. La petrolera se refiere a la designación de PDVSA por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a PDVSA, empresa matriz indirecta de CITGO, el 28 de enero de 2019, lo que significa que la propiedad de PDVSA y CITGO se encuentran bloqueadas.

  Es que al ser PDVSA el usuario y el beneficiario de los sistemas de agua que son objeto del contrato, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar en razón de las sanciones, puesto que la participación de PDVSA podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles según la ley de los Estados Unidos.

Defensa afirmativa del pago

  También CITGO cree que la disposición de fuerza mayor del contrato le impide adeudar o realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. se encuentren vigentes.

  Según las cuentas de la filial de PDVSA, ésta ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del Acuerdo. Del mismo modo refiere que Rothwell no ha entregado a CITGO ningún estado de cuenta que reflejen las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  CITGO asegura que Rothwell no cumplió con todas las exigencias para que se emitieran los pagos de los montos que solicita el demandante. Rothwell tampoco habría certificado el pago a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo.

  La petrolera venezolana exigió exige un juicio con jurado y pide que el tribunal dicte sentencia en favor de la demandada y que la demandante pague los costos judiciales y otorgue a CITGO todas las reparaciones a las que tiene derecho.

Declaración de experto

  Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior y Consultor Técnico de RECON Management Services Inc. — agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS— presentó una declaración jurada ante la corte en la que subraya que durante 30 años fue empleado de CITGO durante más de tres décadas.

  Ahora con RECON trabaja en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de Contrato de Servicio objeto de la demanda y refirió PDVSA tiene el interés final en las plantas.

  Dijo que para que CITGO pague una factura, deben cumplirse una serie de que permitan la emisión del pago, siendo él la persona que revisa técnicamente las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía para su pago. "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión del proceso

  El juez Roberto Schaffer, ordenó el 24 de mayo de 2019 la suspensión de la demanda hasta que se produzca el levantamiento de las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell reciba una licencia de la OFAC que dé luz verde al proceso judicial.

  Después, las partes, de manera conjunta, presentaron conjuntamente una moción acordada pidiendo la continuación del juicio.

 Rothwell pidió una moción para obtener el descubrimiento de CITGO. Manifestó que en seis meses hizo esfuerzos infructuosos para trabajar junto a CITGO de buena fe para comprometerse de hecho descubrimiento.

  Por eso acudió a la Corte, por estimar que es necesario para hacer avanzar en el litigio.

  El 14 de enero de 2020, Rothwell Energy Services LLC envió a CITGO una carta solicitando un registro de privilegios modificado y luego de esto, ha reiterado la petición el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

  Desde entonces, las partes han terciado por el asunto. Mientras la demandante exige detalles y documentos de las comunicaciones que involucró el acuerdo, CITGO aduce el privilegio abogado-cliente, el cual es inviolable.

Finalmente, el CITGO afirma la defensa afirmativa del pago.

Las deposiciones

  Otro asunto que ha ocupado a las partes, ha sido el desacuerdo respecto a la deposición, virtual o presencial, de los testigos ante el tribunal.

  En enero de 2020, Rothwell las fechas de deposición de Gina Coon (Tesorera) y Glenn Hilman (Consultor legal) y, finalmente, el 27 de febrero, CITGO respondió que la primera podía hacerlo el 9 de abril y el segundo el 16 de abril. 

  El 18 de marzo, Rothwell informó a CITGO que, en razón de la pandemia, podían seguir el proceso de manera virtual. CITGO respondió el 24 de marzo, que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  Finalmente, luego de una serie de evasivas, la Corte del Condado de Harris ordenó que la tesorera de CITGO, Gina Coon, presente su declaración sobre este caso. Su testimonio es vital, toda vez que ella ocupaba un puesto clave en el proceso de aprobación y pagos del contrato objeto de la demanda. Coon, finalmente se produjo en septiembre 2020.



 


 


 


 

lunes, 28 de septiembre de 2020

Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera

Por Maibort Petit

   Los abogados de Interamerican Consulting, Inc., una empresa del ex-parlamentario republicano por el estado de la Florida, David Rivera solicitó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que desestime la demanda interpuesta en su contra por PDV USA alegando incumplimiento de un contrato de consultoría que buscaba supuestamente para mejorar la imagen de PDVSA y del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.

  En una carta enviada al juez John G. Koeltl por parte de la abogado de Interamerican Consulting Inc, Kathryn Lee Boyd, se solicita una conferencia previa a la moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

   La demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, el 13 de mayo de 2020 busca que una empresa de maletín propiedad del  cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por la firma registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  De acuerdo a los argumentos de los abogados de Rivera,  "PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato".

  Sostiene que un "reclamo por incumplimiento de acuerdo requiere hechos suficientes para demostrar la existencia de un contrato; el desempeño del demandante; el incumplimiento por parte del acusado; y daños resultantes del incumplimiento". 

  Según los representantes legales de la empresa de Rivera, la Demanda no alega adecuadamente los referidos elementos y en su lugar recita sin rodeos, “declaraciones concluyentes de que el acusado violó un contrato” sin establecer obligaciones específicas acordadas o cualquier hecho que demuestre que esas obligaciones no se cumplieron. 

  En los alegatos se señala que "la denuncia no cumple los términos del acuerdo porque el demandante, PDV USA (CITGO) no proporcionó el Acuerdo, lo que en sí mismo fue motivo de despido dada la conclusión".

  Como mínimo, el demandante debe "establecer los términos del acuerdo sobre el cual se basa la responsabilidad", advierten los abogados.

   Sostiene que la demanda de PDV USA está desprovista de los términos obligatorios que definan qué “servicios" Interamerican acordó brindar a PDVSA. 

Este artículo te puede interesar: CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.

   La demanda dice que eran "servicios de consultoría estratégica", pero los abogados de Rivera dicen que no indica qué implicaron esos servicios. 

    También se refiere a la prestación de “apoyo en la planificación y ejecución de un plan estratégico” que Interamerican no proporcionó, sin ofrecer ninguna información sobre la naturaleza de dicho "apoyo" o cualquier "plan estratégico". 

     La defensa advirtió que a la fecha de vigencia de la cesión, [PDV USA] cede, vende, transfiere y entrega a [PDVSA] todos los derechos.  bajo el acuerdo." 

    Informan que van adjuntar en la moción el acuerdo para que el tribunal desestime la demanda porque podrán revisar los elementos del mismo, de tal manera que quede evidenciado las alegaciones inexactas establecidas en la Demanda.

          Sostienen que el contrato de consultoría tenía un plazo de 92 días, vigente a partir del 21 de marzo de 2017. El 5 de octubre de 2017, después de que finalizó el plazo del Acuerdo, PDV USA cedió, por escrito, todos sus derechos en el Contrato a Petróleos de Venezuela, S.A.

   En consecuencia, el PDV USA no puede presentar la demanda porque decidió los derechos a PDVSA.

   Entre otros aspectos se señala que la demanda no define ni “trabajo” o “significativo” bajo el Acuerdo. 

  La Demanda refiere que la empresa de Rivera debía “identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos”, sin especificar ninguna “oportunidad” ni quienes eran los“terceros claves, líderes de opinión y funcionarios públicos”.

    La representación legal de Rivera asegura que la demanda de PDV USA "está repleta de declaraciones erróneas de los términos reales del Acuerdo", llegando a establecer sin fundamento que el Demandante contrató a Interamerican para proporcionar servicios no en beneficio del firmante, el Demandante, sino de una entidad completamente diferente: PDVSA. 

 Alega falsamente que los supuestos “servicios” fueron “con el propósito de 'mejorar la reputación y el prestigio a largo plazo de PDVSA' en los Estados Unidos” y que “Se suponía que Interamerican debía desarrollar e implementar un plan estratégico para PDVSA”.  Los abogados de Interamerican sostiene que "el lenguaje sencillo del Acuerdo indica como partes únicamente PDV USA y la empresa. El Acuerdo no menciona a PDVSA".

  Advierten que PDVSA no es un beneficiario de ninguno de los servicios que proporcionará Interamerican. "El intento para referirse a material ajeno al Acuerdo para alegar derechos adeudados por Interamerican a PDVSA".

 La demanda que alega que Interamerican no cumplió con sus obligaciones contractuales no evidencia en qué falló la empresa, lo cual es fatal para una reclamación por incumplimiento de contrato, incluso si los otros elementos necesarios se alegan correctamente". 

 El demandante acordó pagar a Interamerican $ 50,000,000: un depósito inicial, cuotas y un pago final, sin embargo, los pagos vencieron durante la vigencia del Acuerdo. 

  El demandante no alega que hizo los pagos requeridos; sino todo lo contrario: que no pagó el dinero adeudado, es decir, el equivalente a “$ 35 millones que no se pagaron”. 

    La moción dice que la denuncia no alega ninguna infracción que pueda ser catalogada como un incumplimiento de contrato porque para ello se requiere "más que acusaciones genéricas de incumplimiento", como por ejemplo, no “entregar oportunamente los bienes necesarios de acuerdo con la calidad acordada”, no "compartir información relevante de inmediato o no “rendir cuentas adecuadamente” a un demandante. 

  La demanda no establece ningún hecho de que Interamerican no brindó “consultoría estratégica” o “asistencia en el desarrollo de estrategias para informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros del cliente”, acota la defensa.

 En la Demanda se alega que "Según el Acuerdo, Interamerican debía proporcionar informes detallados del trabajo que haría para promover los intereses de PDVSA en los Estados Unidos" pero los abogados dicen  que PDVSA es una entidad designada en la lista del gobierno de EE. UU. y que las entidades estatales sujetas a sanciones". 

   Las acusaciones falsas que vinculan a Interamerican con PDVSA son incendiarias y no tienen fundamento y son falsas.

 Sostiene que alegar cualquier hecho de que Interamerican no ayudó en la “planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas específicas”, otro término real del contrato. 

  La Demanda tampoco alega qué estrategias estaría desarrollando el “cliente” para las cuales Interamerican no ayudó. Además, la Demanda no alega la propia "planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas" por parte del Demandante (es decir, del cliente) para lo cual Interamerican no ayudó.

 El Demandante alega que Interamerican de hecho proporcionó tanto servicios como informes relacionados con esos servicios. 

  La Demanda hace declaraciones concluyentes de que los informes incluían terminología "genérica", no describían los componentes de un "plan" y no eran "significativos". Sin embargo, no existe ningún requisito en el Acuerdo de que los informes utilicen una terminología particular, incluyan un nivel específico de detalle, describan un “trabajo significativo” o incluso estén escritos. Tales alegaciones no constituyen plausiblemente ninguna infracción.

 El demandante alega que "nunca expresó satisfacción con los servicios de Interamerican" y "más de tres años después", no es que retuviera la satisfacción. La afirmación desnuda del demandante es concluyente, irrazonable y de mala fe.

La denuncia no alega daños

   Los daños en una acción por incumplimiento de contrato deben ser "atribuibles al incumplimiento" pero la Demanda carece de hechos que establezcan la naturaleza del daño o cómo fue supuestamente causado por Interamerican. 

  El demandante renunció a cualquier reclamo contractual “Cuando una de las partes cumple un contrato y la otra parte acepta ese desempeño, sin objeciones, se asume que el desempeño fue según lo contemplado por el acuerdo." 

  El demandante admite que recibió "servicios" y en ninguna parte se alega que estaba insatisfecho con el desempeño de Interamerican. Por lo tanto, renunció a cualquier reclamo de que Interamerican violó el Acuerdo al no cumplir bajo la ley de Nueva York  sin incumplimiento la parte puede optar por seguir cumpliendo el contrato. 

   El demandante también alega "indemnización", sin embargo, la supuesta cláusula de "indemnización" del Acuerdo no deja al Demandante indemne contra reclamos de terceros. En cambio, el lenguaje citado en la Demanda es una simple disposición de cambio de tarifas. 

  Un reclamo por los honorarios de los abogados no es una causa de acción separada en Nueva York.

Rivera dice que el dinero lo usó Leopoldo López

  Rivera aseguró que él nunca acordaría trabajar para Maduro y que cuando decidió hacer el acuerdo con PDV USA lo hizo con gente de la oposición controlada por Leopoldo López.  




miércoles, 23 de septiembre de 2020

Un tribunal de México descongela las cuentas de Libre Abordo, empresa que hizo negocios con el régimen de Maduro y Álex Saab

Venezuela Política

  Un tribunal mexicano descongeló las cuentas bancarias de la empresa  Libre Abordo, sancionada por el Departamento del tesoro de los Estados Unidos por comercializar petróleo con PDVSA a pesar de las sanciones de la OFAC, informó la unidad mexicana contra el lavado de dinero.



  En un comunicado oficial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de un juez local de descongelar las cuentas bancarias de Libre Abordo y advirtió que había presentado una apelación.

  Libre Abordo es una empresa relacionada Schlager Business Group, que ayudaron al régimen venezolano Nicolás Maduro a fines del año 2019 al firmar un acuerdo para intercambiar su crudo y combustible a cambio de camiones de maíz y agua mexicanos.

  Las compañías dijeron que el acuerdo de petróleo por alimentos no violó las sanciones de Estados Unidos impuestas a PDVSA en enero de 2019. Sin embargo, el Tesoro de Estados Unidos incluyó a ambas compañías en la lista negra en junio, acusándolas de ayudar al gobierno de Maduro a evadir las sanciones.

  La UIF, que forma parte de la Secretaría de Hacienda de México, informó al día siguiente que había congelado las cuentas bancarias de ambas empresas.

 "La UIF demostró ante el tribunal que las cuentas fueron bloqueadas debido a una solicitud de asistencia, cooperación y colaboración internacional hecha por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos", dijo la agencia, agregando que la sentencia del juez contravino Compromisos internacionales de México.

  En junio, Libre Abordo aseguró que pediría a los abogados que evaluaran una decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo sancionó por comercializar millones de barriles de crudo y combustible venezolanos.

  Libre Abordo informó que las sanciones de Estados Unidos están vinculando erróneamente a la empresa con entidades no relacionadas bajo sanciones. Libre Abordo dijo en mayo que se declaraba en bancarrota después de lo que dijo eran pérdidas de 90 millones de dólares en medio de lo que calificó de presión "excesiva" de Estados Unidos. Se suspendió el comercio con Venezuela, dijo la empresa.

  El 18 de junio de 2020, el Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que impuso sanciones a tres individuos, ocho entidades extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones estadounidenses a Venezuela, con las que Washington busca presionar al presidente de Nicolás Maduro.

  En la lista negra se encuentran la empresa mexicana Libre Abordo y Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.

  Al mexicano Joaquín Leal Jiménez también se le acusa de negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

Vía https://en.mercopress.com/

martes, 22 de septiembre de 2020

Héctor Gonzalo Nuñez Troyano, un exfuncionario de PDVSA que recibió sobornos de empresa de asfalto de la Florida

 Por Maibort Petit

   De acuerdo a la acusación que cursa en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Héctor Gonzalo Nuñez Troyano, exfuncionario de PDVSA, recibió sobornos relacionados con contratos de Petróleos de Venezuela, por parte de la empresa registrada en la Florida, Sargeant Marine Inc. Esta entidad se declaró culpable, este martes en Nueva York, y aceptó pagar $ 16,6 millones para resolver cargos relacionados con un esquemas de pagos de coimas por negocios en Brasil, Venezuela y Ecuador.

   Según los documentos federales, Sargeant Marine Inc admitió que entre, aproximadamente, 2012 y 2018, sobornó a cuatro funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en Venezuela a cambio de información privilegiada y por su asistencia en la gestión de contratos para comprar asfalto de PDVSA a un nominado de Sargeant Marine. Uno de esos funcionarios que cobró coimas para entregar información de contratos fue  Héctor Gonzalo Nuñez Troyano. 

  En los documentos se señala que los co-conspiradores de la empresa  Sargeant Marine utilizaron nombres en clave para ocultar las identidades de algunos de los funcionarios de PDVSA que recibieron los sobornos, refiriéndose a ellos simplemente como “Oiltrader”, “Tony” y “Tony 2” en correos electrónicos y mensajes de texto.

  En la conspiración, los involucrados llamaban "Chocolates" a la información privilegiada de PDVSA que cambiaban por los millonarias coimas. Al igual que en Brasil, Sargeant Marine encubrió los sobornos, celebrando acuerdos de consultoría falsos con un intermediario de sobornos y transfiriendo pagos de comisiones a cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras que controlaba.El intermediario de sobornos luego pagó a los funcionarios de PDVSA en nombre de Sargeant Marine.

 Héctor Gonzalo Nuñez Troyano 

  Héctor Gonzalo Nuñez Troyano, Cédula de Identidad N-12.626.012 nació el 19 de septiembre de 1977 en Chacao, Miranda. Su nombre aparece vinculado a dos empresas en Panamá, Oil Link y Associates S.A y Pavenplast S.A. 

 En la empresa Oil Link y Associates aparece asociado con las siguientes personas:  Carlos Roberto Ferreira Machado, Roberto Enrique Monteza Gómez y Juan Carlos Santa Mejía.




  En Pavenplast S.A, está asociado con María Lourdes Galán, María Isabel Valdes Mora, Henry Hou Chun Lam Wong, Luis Alberto Ramírez Arrieti. El agente registrador es DE CASTRO & ROBLES.




Empresas en España

  De acuerdo al portal Infoempresa,  Héctor Gonzalo Nuñez Troyano aparece relacionado a dos empresas en Toledo, España. La primera es Olivariumm Proyectos SL, en asociación con Diego García Mayoral, Adriana Beatriz Ramírez Corrales, Alfonso Tomás Nuñez Troyano y Francisco de Julian Saez.

GAUGAMELA 2018 SL en Toledo






  Alfonso Tomás Nuñez Troyano aparece vinculado en varios negocios con Héctor Gonzalo Nuñez Troyano. El primero aparece en los Panamá Papers, vinculado al escándalo de Mossack Fonseca con la  empresa DOLMER INDUSTRIES INC.

 Empresa en Vizcaya 

  Héctor Gonzalo Nuñez Troyano se presenta como empresario en Bilbao. Aparece con dos empresas  Alhent Ingenieria   Y Proyectos Sociedad Limitada registradas en  BILBAO (VIZCAYA) el 26 de Abril de 2017 con un Capital 5.704.000,00 €.