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jueves, 7 de abril de 2022

Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC

Por Maibort Petit

   PDV USA, Inc. acusó a la empresa Interamerican Consulting Inc, propiedad de David Rivera de retener "indebidamente" las comunicaciones entre el excongresista y el prófugo de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín y con la consultora política, Esther Nufher "a quien Interamerican pagó millones de dólares de los fondos pagados por CITGO, por supuestos servicios que fueron amparados por acuerdos de subcontratación ficticios.

En los exhibits presentados por PDV USA aparece en un mensaje de texto  sin fecha enviado por Raúl Gorrín a David Rivera y al periodista de AP, Joshua Goodman.

    En una comunicación entregada por el abogado, Jeffrey B. Korn del escritorio Willkie Farr & Gallagher LLP, representando a PDV USA se lee que David Rivera pagó parte de los fondos pagados por la empresa propiedad del Estado venezolano para que Interamerican hiciera labores de consultoría, a una empresa de yates de Raúl Gorrín.  

   PDV USA demandó a Interamerican Consulting Inc., y a su propietario, David Rivera, por no haber cumplido con un contrato de servicios de consultoría y cabildeo de fecha  el 21 de marzo de 2017, que la empresa debía realizar ante el gobierno federal de Estados Unidos para mejorar la imagen de PDVSA, [matriz de CITGO] que establecía el monto de USD. 50 millones por concepto de honorarios. CITGO pagó USD. 15 millones. Luego, PDV USA se negó a continuar los pagos porque consideró que "Rivera no había cumplido con lo establecido en el acuerdo". 

  PDV USA, en una moción interpuesta ante el juez Robert W. Lehrburger, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, afirma que Interamerican retuvo indebidamente las comunicaciones con la consultora política, Esther Nufher y con Gorrín a quienes Rivera  entregó millones de dólares cobrados de la factura pagada por CITGO. 

 Los demandantes señalan en la queja que las comunicaciones de Rivera con Raúl Gorrín y Nuhfer "fueron retenidas como comunicaciones abogado-cliente a pesar de que ni Gorrín ni Nuhfer son abogados estadounidenses. (Nuhfer no es abogada en lo absoluto)". 

  PDV USA sostiene que "Interamerican no puede satisfacer su carga de demostrar los elementos necesarios del privilegio con respecto a estas comunicaciones" , por lo que pidieron al juez que ordene a la empresa demandada "presentar los mensajes, ya que la compañía acusada no puede demostrar que las comunicaciones entre Interamerican y Raúl Gorrín gozan de privilegio".

     Recuerda que Interamerican es una empresa consultora unipersonal dirigida por el excongresista estadounidense David Rivera, que supuestamente proporcionaría servicios de consultoría estratégica en el transcurso de tres meses a la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, a cambio de $50 millones. 

   Durante marzo y abril de 2017, PDV USA pagó a Interamerican las tres primeras cuotas del Acuerdo por un total de $15 millones. Para entonces, sin embargo, Interamerican no había cumplido con ninguna de sus obligaciones. PDV USA cesó los pagos a partir de entonces. 

    Posteriormente, PDV USA interpuso esta acción para recuperar los $15 millones que pagó a Interamerican, e Interamerican presentó una reconvención, alegando que cumplió en su totalidad y tiene derecho al saldo impago. 

  En el documento, los demandantes señalan que Raúl Gorrín es un multimillonario venezolano y propietario de Globovisión. Informes sugieren que Gorrín es o fue abogado venezolano, pero no hay indicios de que Gorrín tuviera alguna vez una licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos, o que representara a clientes en los Estados Unidos. 

 Agregan que Gorrín también mantuvo conexiones políticas de alto nivel en Venezuela, incluso con el régimen de Nicolás Maduro. "Gorrín fue acusado en 2018 en relación con un esquema multimillonario de lavado de dinero y soborno, y sigue prófugo de los Estados Unidos".

  Asimismo, sostienen que hasta el momento, las evidencias han confirmado que Interamerican no proporcionó ningún servicio de consultoría en virtud del Acuerdo; de hecho, "David Rivera canalizó el dinero que recibió de PDV USA a un grupo de asociados, incluido Raúl Gorrín, quienes están acusados ​​o bajo investigación penal". 

   Los abogados de PDV USA aseguran que si bien aún no está claro el verdadero propósito de estos pagos, "si queda claro que la relación de Interamerican con Raúl Gorrín era transaccional, no legal".

  En marzo y abril de 2017, Interamerican pagó $3,75 millones a Interglobal Yacht Management, LLC, una empresa que administraba los yates de Raúl Gorrín. 

  "El dinero fue destinado exclusivamente a beneficio del señor Gorrín", agregan. 

   Añaden que un año más tarde, "en un intento de hacer parecer que Interamerican había utilizado los $3,75 millones para facilitar los servicios de consultoría en virtud del Acuerdo, Rivera entregó a Interglobal Yacht un subcontrato, retroactivo a marzo de 2017, que establecía que Interglobal Yacht actuaría como un subcontratista de Interamerican, proporcionando “servicios de consultoría estratégica internacional” a PDV USA y a Interamerican en servicio del Acuerdo. A cambio, Interglobal Yacht recibiría el 25% de las tarifas pagadas por PDV USA a Interamerican (es decir, $3,75 millones). 

   Interglobal Yacht se negó a firmar el subcontrato porque, como le dijo su presidente al Sr. Rivera, el subcontrato "no tiene nada que ver conmigo" y porque Interglobal Yacht no estaba en el negocio de brindar servicios de consultoría estratégica y, de hecho, nunca lo hizo". 

  Agregan que en virtud de que lo expuesto, "Interamerican ha retenido al menos 19 mensajes de texto y WhatsApp con Gorrín con base en la afirmación espuria y totalmente infundada de que Gorrín actuó como abogado de Interamerican en relación con el Acuerdo, así como con esta demanda". 

  No obstante, dicen los abogados, los registros de privilegios de Interamerican, que describen los mensajes con Gorrín solo como "comunicación abogado/cliente" y nada más.

   En la queja, PDV USA advierte al tribunal que "Interamerican afirmó (sin ninguna prueba) en sus respuestas interrogatorias" que los pagos fueron “tarifas de referencia en relación con la solicitud de los servicios de Interamerican” y niega haber intentado celebrar acuerdos de subcontratación con la empresa de Gorrín. 

  Hasta la fecha, la única justificación del abogado para su reclamo de privilegio es que se les “informó que [el Sr. Gorrín] fue contratado como abogado de Interamerican, y que se firmó una carta de compromiso para esta representación”. Pero en el mes y medio transcurrido desde entonces, a pesar de las reiteradas solicitudes, Interamerican aún no ha presentado la supuesta carta de compromiso. 

   El abogado de Rivera ahora afirma que la prueba solicitada "no está en posesión de su cliente y que no han podido encontrarlo". Interamerican tampoco ha proporcionado facturas legales ni evidencia alguna para corroborar su reclamo de privilegio.

   Asegura que la declaración sin fundamento del abogado de que Interamerican mantuvo una relación de abogado-cliente con el Sr. Gorrín no es, por sí sola, suficiente. Y aunque no existe un requisito formal para mostrar una carta de compromiso, la ausencia de cualquier indicio de un abogado-cliente genera dudas.

  Igualmente, Interamerican no puede justificar su reclamo de privilegio sobre las comunicaciones con Esther Nuhfer, quien no es abogada sino una consultora política de Florida. 

    Acusan que PDV USA no ha recibido evidencias de la Sra. Nuhfer porque está evadiendo activamente el servicio, lo que ha requerido la intervención de las fuerzas del orden. 

   Los abogados demandantes hacen mención que debido a un descubrimiento de terceros establece que la Sra. Nuhfer, (al igual que el Sr. Gorrín), fue la beneficiaria de millones de dólares del Acuerdo. Recibió $4,5 millones de Interamerican en virtud de un subcontrato de consultoría similar al que el Sr. Rivera presentó a Interglobal Yacht.

   El mencionado subcontrato establecía que la firma de la Sra. Nuhfer, Communication Solutions, proporcionaría a Interamerican y PDV USA "Consultoría estratégica de marketing" como parte del Acuerdo. 

  Nuhfer firmó el subcontrato, pero no brindó los servicios de consultoría establecidos en el mismo, lo que demuestra, aún más, que los subcontratos eran simulacros diseñados por David Rivera y sus asociados para crear un registro en papel de los servicios de consultoría (ficticios).

   En los registros que acompañan la queja de los demandantes, aparecen once correos electrónicos entre Interamerican y Nuhfer. A pesar de la petición de PDV USA, Interamerican no ha dado ninguna explicación. En consecuencia, esos correos electrónicos deben ser producidos. 

  PDV USA solicitó una conferencia previa a la moción para discutir los  asuntos planteados en la corte, ya que en la medida en que Nuhfer o Raúl Gorrín aparezcan en comunicaciones confidenciales con Interamerican y sus abogados. Jeffrey B Korn








viernes, 4 de febrero de 2022

Tribunal de EE. UU. niega petición de los reclamantes de los fondos confiscados a los testaferros del exzar de la Faja del Orinoco y el exalcalde corrupto de Guanta

  Diversos han sido los intentos por parte de familiares y asociados de quienes actuaban como presuntos prestanombres de Pedro León Torres y Jonnathan Marín, quienes desde varios frentes han intentado recobrar el control sobre fondos y bienes inmuebles incautados por autoridades de los EE. UU. por provenir de actividades delictivas.

Por Maibort Petit

   Familiares y personas asociadas a los supuestos testaferros del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), Pedro León Torres y del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, bregan en tribunales de los Estados Unidos para anular el caso y rescatar el dinero y otros bienes incautados por las autoridades federales, por tratarse de activos provenientes de actividades de lavado de dinero, pero sus aspiraciones han sido truncadas por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida que lleva la causa.

  Los reclamos de los fondos y activos en proceso de decomiso por parte del Departamento de Justicia provienen de Daniel Santilli García, Carmela Tomasicchio, Leonardo Santilli Tomasicchio, Sabrina Santilli Tomasicchio, SGO Group LLC, Brickell Miami 5210 LLC, SGO Group Ltd., Ribet International Ltd., PLD Inversiones C.A, y Constructora COSACO C.A. Igualmente, Guillermo A. Montero, Manning 90064 LLC, 2377 Glendon LLC, 10421 Northvale LLC y Peck/Jones Construction, Inc., reclaman propiedad casi en los mismos términos que los demandantes Santilli. Por último, Janeth Bayona expone varios argumentos generalizados y adopta la moción de las demandantes Santilli. Otro Demandante, J&D Investments of Miami, LLC, presentó lo que se titula una respuesta, pero no ha presentado nunca una moción de desestimación.

  Leonardo Santilli García, quien falleció —fue asesinado el 1 de septiembre de 2020, según versión del fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William Saab y sus homicidas fueron condenados a 18 años de prisión[1]—, y Daniel Santilli García eran dueños o controlaban cuatro empresas, a saber, Constructora Cosaco C.A., PLD Inversiones C.A., SGO Group Inc. y A&M Support Group, Inc., las cuales obtuvieron contratos para la provisión de bienes y servicios a las filiales de PDVSA.

  La acusación contra los Santilli refiere que, a partir de 2014, estos transfirieron fondos a cinco funcionarios venezolanos a través de cuentas del Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida, sobre las cuales tenían control.

  En la acusación se detallan una serie de transferencias a los funcionarios de PDVSA, Petromonagas, Petrocedeño, Sinovensa y Petropiar, quienes recibieron en sus cuentas USD 146 millones.

  La fiscalía determinó que los fondos se entremezclaron con frecuencia con las cuentas de la empresa, así como con las cuentas personales de los Santilli. Del mismo modo, el dinero de las cuatro cuentas de las empresas Santilli se transfirió directamente a varias de las cuentas de los demandados.

  En julio y agosto de 2018, las fuerzas del orden público ejecutaron órdenes federales de incautación de fondos en todas las cuentas de los demandados, excepto una, que fue restringida.

Tribunal niega mociones de los demandantes

  El 15 de noviembre de 2021, el juez de distrito, Roberto N. Scola Jr. negó las mociones para desestimar la causa, de quienes reclaman los fondos y activos — catorce cuentas que suman USD 45 millones y siete bienes inmuebles— que serían el producto de delitos de soborno y bienes involucrados en el lavado de dinero, los cuales el gobierno estima decomisar.

  El gobierno ha presentado siete reclamos en procura del decomiso de los activos del demandado.

  El primero de estos reclamos es por estimar que son producto de delitos de soborno en el extranjero; el segundo, por ser propiedad involucrada en una conspiración de lavado de dinero; el tercer reclamo dos), por ocultamiento de transacciones de lavado; el cuarto reclamo por ocultamiento internacional de transacciones de lavado; el quinto, por transacciones promocionales de lavado; el sexto, por transacciones internacionales de lavado promocional; el séptimo por transacciones de lavado mayores a USD. 10.000.

  Ante estas acciones, varios demandantes solicitan la desestimación de la denuncia, con perjuicio, argumentando, de diversas maneras, que el caso está prohibido por la doctrina de la cortesía internacional; que la queja no establece un reclamo bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 12(b)(6); que las reclamaciones de decomiso están prescritas. Entretanto, la fiscalía se opone a la moción algunos de los demandantes han respondido oportunamente, pero el tribunal, después de su revisión, negó estas mociones.

 El juez Scola estimó que los argumentos de abstención de los demandantes en virtud de la doctrina de la cortesía internacional no dan en el blanco y negó su moción de desestimación a ese respecto.

  Asimismo, los argumentos de los demandantes no convencieron a la de que la fiscalía no ha presentado un reclamo de reparación o que no ha presentado hechos suficientemente detallados para respaldar una creencia razonable de que el gobierno podrá cumplir con su carga de la prueba en el juicio. Los demandantes tampoco convencieron al juez de que los reclamos hubieran prescrito.

Juez anula los reclamos

  El 3 de enero de 2022, Roberto N. Scola Jr., Juez de Distrito de los Estados Unidos concedió a la fiscalía las mociones para anular las reclamaciones de Isabel Cristina Milagros Marcucci Jiménez, Guillermo A. Montero y Peck/Jones Construction, Inc.

  Igualmente, el magistrado también se pronunció sobre el pedido de liberación del embargo formulado por Montero, relativo a la venta de uno de los bienes inmuebles y solicitó notificación judicial relacionada con otro bien inmueble. Scola constató que dichas mociones estaban completamente informadas y procedió a negarlas con base en la falta de legitimación de Montero, toda vez que presentó dichas mociones en nombre de los propietarios de la entidad. Así, el Tribunal negó las solicitudes por haber sido presentadas indebidamente en nombre de una entidad comercial.

  Isabel Cristina Milagros Marcucci Jiménez, esposa de Daniel Santilli, reclamaba un interés, primero, USD 7.7 millones incautados de la cuenta de UBS número FL 14453 a nombre de Daniel y Leonardo Santilli García; segundo, USD 10 millones incautados de la cuenta número 5V2-10186 de Merrill Lynch a nombre de Daniel Santilli García; y tercero, USD 1 millón en fondos incautados de la cuenta número 5V2-10188 de Merrill Lynch, también a nombre de Daniel Santilli García.

  Estimó el juez que el reclamo no es válido porque no tiene un interés legalmente reconocible en las cuentas reclamadas, pues se equivocó sobre la aplicabilidad de la ley venezolana al evaluar su interés de propiedad. Además, según la ley de la Florida Marcucci no tiene un interés de propiedad en la cuenta bancaria de su cónyuge cuando ella no es signataria o titular de la cuenta, el cónyuge titular de la cuenta está vivo y la pareja sigue casada.

Los reclamos

  Los reclamos verificados de Montero y Peck/Jones sobre, primero, USD 6.4 millones en fondos que fueron incautados de la cuenta de UBS número FL 14456 N a nombre de SGO Group Ltd.; segundo, USD 3.8 millones en fondos que fueron incautados de la cuenta número 39K-954608 de Pershing LLC a nombre de Ribet International Ltd.; tres bienes inmuebles, a saber, 1270 99 Street, Bay Harbor Island, Florida; 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, California: y 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California.

  Asimismo, otros reclamos que se detallaran más adelante al revisar los reclamos verificados en detalle.

  El juez Roberto N. Scola estableció que ni Montero ni Peck/Jones reclaman un interés en los bienes inmuebles mismos, más bien, exigen un interés sólo en los ingresos o ganancias que puedan surgir de la venta de las propiedades. Esto representa un reclamo solo por el potencial de inversión perdido y muestra que ellos no son más que acreedores no garantizados. Consideró el magistrado que la alegación sin adornos de Montero y Peck/Jones de que tienen la propiedad de los activos demandados reclamados es insuficiente para establecer su posición conforme a la ley.

Reclamo verificado de María Montero

  El 7 de enero de 2022, María E. Montero, presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida una Reclamación Verificada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, modificó su reclamo original y afirmó la propiedad de una serie de bienes inmuebles y activos.


  A saber, la demandante exige USD 6.415.388,33 en fondos que fueron incautados de la cuenta UBS número FL 14456 N a nombre de SGO Group Ltd; USD 3.810.331,36 en fondos que fueron incautados de la cuenta Pershing, LLC número 39K-954608 a nombre de Ribet International Ltd en la que María Montero tenía en el momento de la incautación y actualmente mantiene, una participación en la propiedad. Montero sostiene que tiene una participación en la propiedad de todo el dinero generado por la venta de 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33154, la cual está calificada legalmente como Residencia Unifamiliar valorada en USD 1.500.000.

  Del mismo modo reclama la cantidad de USD 2.000.000 que representa un lucro cesante para Guillermo y María Montero por el acuerdo de las partes con los Santilli para desarrollar el inmueble, amortizar hipotecas, impuestos inmobiliarios, mantenimiento, suministros, entre otras cosas anexar material a dicho inmueble.

  María Montero afirma ser propietaria de 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, CA 90064 como cesionaria de Peck/Jones Construction, Inc.; una Residencia Unifamiliar valorada en USD 4.000.000.

 También exige USD 2.000.000 representados en el gravamen de Mechanic's Lien registrado en la oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles con el número de documento 20211244874.

  Montero dice que los fondos para la compra del inmueble provinieron de Constructora Cosaco C.A. a través de PLD Inversiones y los miembros de la familia Santilli, personas que se incluyen en los Planes de Negocios.

  María Montero afirma la propiedad de 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064, un lote baldío valorado en USD 2.500.000 como cesionario como Peck/Jones Construction Inc.

  La cantidad de USD 2.000.000 que representa el gravamen al presente.

  Argumenta María Montero que sufrió una oportunidad perdida y daños a la inversión por un monto de USD 3.000.000 por el arresto de los demandados y las acciones contra los activos de los demandados de California después de que Guillermo y Peck/Jones Construction presentaran un gravamen contra los activos.

  Por lo tanto, María Montero afirma un interés de propiedad en los fondos mantenidos en la cuenta SGO 4456 y la cuenta Ribet 4608 y niega que estos constituyan ganancias de soborno transnacional, delitos, propiedad involucrada en el lavado de dinero o una conspiración para cometer lavado de dinero y/o propiedad trazable a dicha propiedad.

  Del mismo modo, María Montero afirma participación en la propiedad de los bienes inmuebles comúnmente conocidos como 2377 G Lend en Ave., Los Ángeles, CA 90064; una residencia unifamiliar; 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064 un terreno baldío. Reclama el 100 por ciento de la propiedad por un monto de USD 980 097,52 para 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33 154, que se vendió antes del decomiso porque era propiedad comunitaria según la ley de California.

El reclamo verificado de Guillermo Montero

  En la misma fecha, 7 de enero de 2022, reclamó la propiedad de USD 6.415.388,33 en fondos que fueron incautados de la cuenta UBS número FL 14456 N a nombre de SGO Group Ltd; de USD 3.810.331,36 en fondos que fueron incautados de la cuenta Pershing, LLC número 39K-954608 a nombre de Ribet International Ltd en la que Guillermo Montero tenía en el momento de la incautación una participación en la propiedad. Sostuvo que tenía una participación en la propiedad de todo el dinero generado por la venta de 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33154; calificada legalmente como Residencia Unifamiliar valorada en USD 1.500.000.

  Exigió USD 2.000.000 de lucro cesante por el acuerdo de las partes, el cual preveía desarrollar el inmueble y el pago de hipotecas, impuestos sobre bienes inmuebles, mantenimiento, suministros, materiales anexos a dicho inmueble. Afirma ser propietario de 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, CA 90064; una Residencia Unifamiliar valor de USD 4.000.000.

  También pidió USD 2.000.000 por gravamen del documento número 20211244874 registrado en la oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles. Sostuvo ser propietario de 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064 Iot valorado en USD 2.500.000.

  Pidió USD 2.000.000 por gravamen del documento número 20211244867 registrado en la oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles.

  Guillermo Montero acusó haber sufrido pérdidas de oportunidad y daños a la inversión por un monto de USD 3.000.000 por el arresto de los demandados y las acciones legales contra los activos de California después de que presentó un gravamen contra los activos.

  Montero afirmó un interés de propiedad en los fondos mantenidos en la cuenta SGO 4456 y la cuenta Ribet 4608 y negó que estos fondos constituyan ganancias de soborno transnacional, delitos, propiedad involucrada en el lavado de dinero o una conspiración para cometer lavado de dinero, y/o propiedad rastreable a tal propiedad. Igualmente reclamó un interés de propiedad en los bienes inmuebles comúnmente conocidos como 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33154; 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, CA 90064; una residencia unifamiliar; 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064 un lote baldío y también negó que los bienes hayan sido adquirido con fondos de origen irregular.

Fiscalía pide anular reclamo de María Montero

  El 11 de enero de 2022, el fiscal Juan Antonio González, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida una solicitud de anulación las reclamaciones de María Montero, así como la suspensión de su respuesta al pedido de desestimación por ella presentado.

  Sostiene el fiscal que María Montero no cumplió con su obligación de probar que está legitimada para presentar la Reclamación Verificada en razón de que, de acuerdo con la Orden Ómnibus del tribunal, ni su matrimonio con Guillermo Montero, ni su condición de acreedora quirografaria a través de su esposo, le confieren legitimación para impugnar la acción de decomiso civil.

  En consecuencia, el fiscal pidió al tribunal anular las Reclamaciones Verificadas de la demandante y suspender la respuesta de los Estados Unidos a la Solicitud de Desestimación hasta que se resuelva esta Solicitud de Anulación.

  La fiscalía considera que los Reclamos Verificados de la Montero deben anularse, puesto que estos se basan en los reclamos de su esposo, Guillermo Montero, los cuales fueron anulados por falta de legitimación conforme a la Orden Ómnibus del tribunal. De este modo el gobierno argumenta que, si Guillermo Montero carece de legitimación, entonces María Montero también dado que sus reclamos no se basan en sus supuestos intereses en ciertas propiedades inmobiliarias sino los de su esposo.

  La fiscalía precisó que, dado que la demandante carece de legitimación activa, Estados Unidos solicitó que la corte suspender su respuesta a la solicitud de desestimación de esta, la cual venció el 15 de enero de 2022. En apoyo de esta solicitud, la fiscalía planteó una serie de consideraciones y argumentos.

  Estima la fiscalía que es legalmente insuficiente la afirmación de María Montero de que tiene un interés conyugal en la propiedad de las LLC de Florida para conferir la legitimación conforme al Artículo III.  Montero en sus Reclamaciones Verificadas, alega un interés en los Bienes Inmuebles Reclamados sobre la base de que constituyen bienes conyugales según la ley de propiedad comunitaria de California. María Montero refiere que su esposo, Guillermo Montero, es miembro de las LLC de Florida que son titulares de los Bienes Inmuebles Reclamados y que ella, a su vez, tiene una participación del cincuenta por ciento en esas propiedades como su cónyuge.

  Pero la fiscalía advierte que María Montero no alega en sus Reclamos Verificados que es miembro de las LLC o que está afiliada de otra manera con las LLC o los Bienes Inmuebles Reclamados, razones que sin insuficientes por las razones discutidas en la Orden Ómnibus del tribunal.

  El gobierno de los Estados Unidos igualmente califica de insuficiente el alegato de María Montero de que tiene un interés en el lucro cesante generado por la venta de los Bienes Inmuebles Reclamados.

  Montero advierte que ha sido perjudicada por la “pérdida de millones de dólares debido a que el gobierno interfirió con el contrato (…) para construir un nuevo edificio y venderlo [sic] por una ganancia sustancial” y reclama “cualquier y todo el dinero generado por la venta” de las propiedades que “representa pérdida de ingresos y ganancias (…) acuerdo de las partes para desarrollar los bienes inmuebles.”

  El gobierno alerta que al anular el reclamo de Guillermo Montero, el Tribunal sostuvo que los reclamos relacionados únicamente con el “potencial de inversión perdido” demuestran que el demandante no es más que un “acreedor no garantizado [ ]”. Por ello, al igual que el reclamo de Guillermo Montero, el reclamo de María Montero también debe ser declarado sobre esta base.

  Por último, la fiscalía determinó que las reclamaciones de la demandante deben anularse por las mismas razones establecidas en la Orden General del tribunal del 3 de enero de 2021 y solicitó que se suspenda su respuesta a la Moción de desestimación que venció el 15 de enero de 2022.

Referencia

[1] La Patilla. “Tarek William Saab: Asesinos del empresario Leonardo Santilli García fueron condenados a 18 años de prisión”. 23 de septiembre de 2021. https://www.lapatilla.com/2021/09/23/tarek-william-saab-asesinos-del-empresario/

miércoles, 26 de enero de 2022

Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por el impago de bonos (III)

  La tenedora de bonos busca cobrar un fallo a través de propiedades bloqueadas de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade en la Florida, las cuales habrían sido adquiridas con fondos provenientes de la corrupción.

Por Maibort Petit

  Superado el gran escollo que significó en el proceso judicial entablado por Casa Express Corp., contra la República Bolivariana de Venezuela la notificación de su condición de deudor de la sentencia emitida a su favor por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el caso se encamina ahora a lograr hacer efectivo el fallo judicial.

   Casa Express, una empresa de la Florida, fue de las primeras en demandar a Venezuela por el incumplimiento en los pagos del capital e intereses de bonos de la república. El tribunal neoyorquino sentenció a su favor el pago de USD 43.360.535,15 que la demandante busca cobrar con bienes de la república venezolana en Estados Unidos.

   En tal sentido registró la sentencia ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en procura de hacerse de bienes inmuebles propiedad de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade supuestamente adquiridos con fondos irregulares provenientes de la corrupción, los cuales se encuentran bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

   Casa Express Corp. actúa como Síndico del Fideicomiso de Casa Express Trust presentado  ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida-División Miami y a partir de allí  solicitó que se dictara una orden para implicar como demandados a Alejandro Andrade Cedeño, Raúl Gorrín Belisario, RIM Group Investments Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments III Corp., Posh 8 Dynamic Inc. y Planet 2 Reaching Inc., y en consecuencia se emitieran los Avisos de Comparecencia reglamentarios.

   El objetivo de Casa Express es embargar ocho inmuebles comprados en la Florida por Raúl Gorrín a través de entidades ficticias, con fondos venezolanos malversados obtenidos mediante un esquema de cambio de moneda extranjera ilícito y corrupto. Estos apartamentos están bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

   Sostiene Casa Express que debido a que la compra de los inmuebles se hizo con fondos venezolanos malversados, las propiedades están sujetas a un fideicomiso constructivo a favor de Venezuela y están sujetas a ejecución por parte de Casa Express de conformidad con 28 U.S.C. § 1610(c) y Estatuto de Florida § 56.29.

  La OFAC determinó que Gorrín invirtió los fondos venezolanos malversados en “propiedad nacional e internacional” a través de una red de entidades y estructuras corporativas para ocultar que él era el beneficiario real de los activos.

    Las propiedades inmobiliarias adquiridas en Florida desde 2008, son: 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109.

   Dado el incumplimiento de Venezuela con el pago de la Sentencia durante más de siete meses, el Distrito Sur de Nueva York autorizó a Casa Express a iniciar acciones de ejecución en los Estados Unidos, por lo que ésta registró la sentencia a su favor en el estado de la Florida el 27 de agosto de 2021 para proceder con el reclamo.

  La acusación de remplazo contra Gorrín de fecha 15 de diciembre de 2020 enumera varias propiedades reales sustitutos, aunque no contempla Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109; pero agrega el 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143 (“140 Paloma Drive”), la que advertimos líneas arriba, fue vendida por el cuñado y socio comercial de Gorrín, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales.

  Siendo que se trata de propiedades que se encuentran en un fideicomiso a favor de Venezuela, Casa Express procura cobrar parte de su sentencia con estos inmuebles.

El llamado a comparecencia

  El 15 de septiembre de 2021, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida-División Miami, emitió un aviso legal para comparecer dirigido a Alejandro Andrade Cedeño, en el que se informaba que en razón de que Casa Express inició procedimientos para satisfacer el fallo a su favor mediante una serie de inmuebles propiedad o bajo el control de Andrade.

   Se trata de 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160; 7043 Fisher Island Dr., Unit 7043, Fisher Island, Florida 33109; 4100 Salzedo Street, Unit 1010, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 608, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 813, Coral Gables, Florida 33146; y 4100 Salzedo Street, Unit 913, Coral Gables, Florida 33146.

  El aviso comparecencia firmado por el juez Beth Bloom le advertía a Andrade Cedeño si alguno de los inmuebles había sido embargado o él se oponía a que se usaran para la ejecución del fallo judicial, debía presentar una fianza  con garantía por el doble del valor de los bienes reclamados. Igualmente le refirió que tenía derecho a un juicio con jurado para determinar los derechos sobre los inmuebles.

Pedido de declaración en rebeldía de Andrade

  El 5 de octubre de 2021, Andrés Gamardo, de la firma Sanchez Fischer Levine LLP, en representación de Casa Express Corp., presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una solicitud de declaración de incumplimiento del Secretario contra Alejandro Andrade Cedeño.

  Luego de un recuento de sus diligencias en el caso, refirió que en virtud de que Andrade Cedeño fuera notificado el 21 de septiembre de 2021 de que debía comparecer ante la corte, y de que habiendo transcurrido los 7 días hábiles —cumplidos el 30 de septiembre de 2021— que concede la norma para que explique por qué los bienes inmuebles no deben aplicarse para la satisfacción de la sentencia, sin que esto hubiera ocurrido, pidió al tribunal declararlo en rebeldía.

  Asimismo, solicitó cualquier otra reparación adicional que la corte considerara adecuada.

Andrade declarado en rebeldía

  El 26 de octubre de 2021, Ángela Noble, secretaria del Tribunal para el Distrito Sur de la Florida declaró en rebeldía a Alejandro Andrade Cedeño al no presentarse a comparecer y responder ante la corte.

jueves, 20 de enero de 2022

Corte desechó pedido de Samark López Bello de desestimar su designación como testaferro de El Aissami y de realizar juicio sumario

 El actual abogado de López Bello notificó a la OFAC que el demandante había decidido retirar voluntariamente la petición y deseaba cerrar el asunto.

Por Maibort Petit

   
El juez de distrito, Reggie B. Walton, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, concedió  la moción de Bradley T. Smith y el resto de los demandados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para desestimar la contramoción de Samark López Bello que pedía desestimar su designación dentro de la Ley Kingpin, así como el congelamiento de sus bienes en territorio estadounidense o de realizar un juicio sumario y, ordenó desecharla.


La moción de los demandados

   El 7 de enero de 2022, Brian M. Boynton, Asistente del Fiscal General Interino pidió a la Corte del Distrito de Columbia denegar la contramoción de Samark López Bello y otorgar la moción de los demandados, Bradley T. Smith y otros, para desestimar o, en su defecto, para realizar un juicio sumario, y dictar sentencia a favor de en todos los reclamos.

  Refiere el documento de la fiscalía que cuando en febrero de 2017 la OFAC designó simultáneamente como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) al demandante, Samark José López Bello, y al Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela y narcotraficante internacional, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, la dependencia del Departamento del Tesoro actuó en ejercicio de la autoridad que se le otorgó a través de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

  La OFAC determinó que López Bello ayuda materialmente y brinda apoyo o servicios a las actividades de narcotráfico internacional de El Aissami, a cuyo nombre también actúa.

  Ante el pedido del demandante de que se revoque la decisión bien razonada de la OFAC, los demandados advierten que López Bello en su oposición combinada y su moción cruzada no identifica ningún error de la agencia.

   Sostienen los demandados a través de su moción, que el alegato de López Bello de calificar de arbitraria y caprichosa su designación a razón de que al momento de formularse, pues El Aissami aún no había sido designado como SDNT, no encuentra base en la ley o la lógica. En tal sentido, subrayan que la “Ley Kingpin permite expresamente la designación del testaferro de un capo siempre que también se designe al capo; no se requiere la designación previa del capo en una acción administrativa separada”. 

  Argumentan que la interpretación dada por el demandante requeriría que “el Tribunal hiciera la vista gorda a los objetivos establecidos desde hace mucho tiempo de la Ley Kingpin, es decir, llevar a la bancarrota las operaciones de tráfico de drogas y minimizar el riesgo de fuga de activos. Además, adoptar la posición del Demandante socavaría aún más estos objetivos; OFAC tendría que esperar hasta después de la designación de un capo para tomar medidas contra sus partidarios y subordinados. Mientras tanto, los activos podrían disiparse, continuar el tráfico de drogas o disminuir los esfuerzos de investigación”.

   Se advierte que no existe un mandato constitucional, como lo alega el demandante, para que la OFAC lo alerte de que ha considerado a El Aissami un SDNT antes de que pueda imponer sanciones en su contra. Alertan que adoptar la teoría de López Bello obstaculizaría significativamente la capacidad de la OFAC para llevar a cabo el propósito central de la Ley Kingpin.

  Igualmente, los demandados estiman que los restantes argumentos del demandante son igualmente inútiles, por cuanto su afirmación de que con la decisión de la OFAC se efectuó una incautación ilegal, López Bello no demuestra que tiene ningún derecho de la Cuarta Enmienda y, en cualquier caso, no hace ningún esfuerzo serio para confrontar el precedente del Distrito de Columbia que incluye al propio tribunal, el cual sostiene que las acciones de bloqueo de la OFAC simplemente no son incautaciones como lo refiere la citada Cuarta Enmienda.

   Finalmente, se advierte que el demandante no puede prevalecer sobre su argumento de la Quinta Enmienda de que la OFAC no le proporcionó una notificación adecuada de la base de su designación. Se indica que el registro administrativo redactado, el comunicado de prensa, el gráfico de prensa, el aviso del Registro Federal y los resúmenes no clasificados y no privilegiados de información protegida son más que suficientes para explicar los motivos de la decisión de la OFAC. Refieren que López Bello puede utilizar significativamente los procedimientos administrativos de la OFAC para solicitar la eliminación de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

Los argumentos de los demandados

  Sostienen los demandados que la decisión de designar a Samark José López Bello está respaldada por pruebas sustanciales.

  Entre otras consideraciones, los demandados precisaron que la OFAC concluyó razonablemente, con base en la evidencia, que el demandante actúa para o en nombre de —y ayuda materialmente y proporciona apoyo o servicios para las actividades de narcotráfico internacional— El Aissami, sobre que se determinó que también cumple con los criterios para la designación como SDNT.

  Sobre el alegato de López Bello de que la OFAC se sustentó en un artículo del periódico venezolano Reportero24 sin evaluar la credibilidad de la fuente ni “corroborar” su información de que el demandante se desempeña como testaferro de El Aissami, los demandados refieren que este argumento es erróneo, tanto de hecho como de derecho. Refieren que el registro desclasificado y no privilegiado está repleto de reportajes que confirman la información de Reportero24.

  Asimismo, citas informaciones que dan cuenta de la compra de medios de comunicación venezolanos, entre ellos El Universal y Últimas Noticias, las cuales se habrían hecho a través de López Bello como testaferro de Tareck El Aissami, quien sería el verdadero nuevo dueño. Alertan que ningún tribunal ha sostenido que la OFAC esté obligada a evaluar expresamente la credibilidad de cada fuente que considere. Dicen que si el Demandante cree que el informe el artículo de Reportero24 es defectuoso o poco confiable, puede argumentar ese punto ante la OFAC, que considerará su posición y emitirá una decisión.

   Por otra parte, se refiere que la investigación de varios años de la OFAC reveló el alcance de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami.

   Alertan los demandado que la designación de OFAC del demandante y de Tareck El Aissami en el mismo día no es arbitraria ni caprichosa ni excede la autoridad de la agencia. Aseveran que se puede designar a un testaferro incluso si no conoce el estado de designación de un capo, por lo que López Bello no puede cuestionar seriamente la designación de El Aissami e inmediatamente después la del demandante.

López Bello desiste de pedido de exclusión de lista la SDN

  En la misma fecha, 7 de enero de 2022, Ripley Quinby IV, director adjunto adjunto de la Oficina de Orientación Global de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró bajo juramento ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que ll 9 de octubre de 2017, Samark José López Bello, a través de su abogado anterior, presentó una petición administrativa de conformidad con 31 C.F.R. § 501.807 en procura de la reconsideración de su designación bajo la Ley Kingpin y su exclusión de la Lista SDN de OFAC.

   Asimismo, indicó que el 10 de octubre de 2017, la OFAC acusó recibo de la referida solicitud y notificó al abogado anterior de López Bello que la petición estaba bajo revisión.

   Dijo que el 15 de noviembre de 2017, la OFAC solicitó que Samark López Bello proporcionara información adicional sobre la petición respondiendo un cuestionario y, en tal sentido el abogado anterior del demandante solicitó —y la OFAC concedió posteriormente— nueve prórrogas para responder.

   Ripley Quinby IV indicó que el 24 de abril de 2020, el actual abogado de López Bello envió una carta a la OFAC solicitando la rescisión inmediata de la designación del demandante en virtud de la Ley Kingpin o, alternativamente, una discusión sobre los problemas planteados en la carta. El demandante también pidió que mantuviera en suspenso la solicitud hasta que la OFAC responda o, alternativamente, extienda el plazo para responder al cuestionario por 90 días adicionales.

   Agregó que el 27 de mayo de 2020, la OFAC accedió a la solicitud y concedió una prórroga para responder el referido cuestionario y refirió que el actual abogado de López Bello solicitó —y la OFAC posteriormente otorgó— tres prórrogas adicionales para responder.

  Refirió que el 2 de junio de 2021, el actual abogado Samark López Bello notificó a la OFAC que el demandante había decidido retirar voluntariamente la petición y deseaba cerrar el asunto. Al día siguiente, el 3 de junio, la OFAC reconoció el retiro de la y cerró administrativamente el asunto.


lunes, 3 de enero de 2022

Cómo operaba la trama de corrupción del Sistema Sucre: Las reservas internacionales se usaron para enriquecer a Álex Saab

  Parlamentarios ecuatorianos explicaron el mecanismo de defraudación instrumentado por el chavismo en Venezuela y Ecuador.

Por Maibort Petit

   Luego de que política y jurídicamente se sentaran las bases para la constitución del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) y de que Colombia y Venezuela suscribieran el 28 de noviembre del 2011 el convenio para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, Álex Saab y Álvaro Pulido —propietarios de la empresa Fondo Global de Construcción-Foglocons, conformada apenas cuatro días antes de la firma del contrato, así como de su gemela en Ecuador, Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012— movieron los hilos para proceder a darle operatividad al sistema que habría de hacerlos milmillonarios. La gran estafa del Sucre tenía forma y eran solo necesario instrumentarla.
   Así lo refiere el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, el cual estableció que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) sólo era un mecanismo de defraudación, un instrumento de enriquecimiento ilícito estructurado sobre una plataforma político-ideológica.

  Con Colombia y Juan Manuel Santos solamente de recuerdo en la foto del día de la firma, Saab y Pulido apuntaron al Ecuador donde la dolarización allí imperante permitiría poner el negocio en movimiento. Procedieron a firmar un contrato para la exportación de paneles prefabricados desde Ecuador, se firmó entre Foglocons Ecuador y ELM Import de Venezuela, ambas, propiedad del colombiano y pusieron la estafa en funcionamiento.
   Refiere el informe que con fondos provenientes del Banco Central del Ecuador (BCE), a saber, USD 159,8 millones, ELM Import pagó por adelantado a través del Sistema Sucre, algo que ocurría a solo tres meses de operaciones, del 28 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013. En ese tiempo la trampa se materializaba mediante exportaciones ficticias y compulsivas, de tal manera que, casi a diario, el BCE emitía pagos a Foglocons por USD 864 mil. De este modo, la empresa de Saab y Pulido recibió esos USD 160 millones, pero solamente envió a Venezuela USD 3.1 millones en paneles prefabricados para las casas de la Gran Misión Vivienda.

Sobre Saab y Pulido

   Estas actividades delictivas de Saab y Pulido contaban con la complicidad de autoridades ecuatorianas. Sus fichas en Ecuador Luis Eduardo Sánchez Yánez —quien dirigía Foglocons Ecuador— y Jaime Sánchez Yánez —quien fungía como asesor de Rafael correa— cumplían con su papel y agenciaban y diligenciaban para que la operación marchara sobre ruedas. Los parlamentarios determinaron que Jaime Sánchez se entrevistó con el presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, para interceder a favor de la empresa de Saab, algo que ocurrió en el primer trimestre del 2013, cuando el ente emisor “desangraba los dólares de su Reserva Internacional para adelantar los pagos a Foglocons por importaciones de ELM Import”.
    El periodista Gerardo Reyes relata en su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, que Álex Saab y Álvaro Pulido —en realidad, Germán Rubio Salas, un individuo envuelto en negocios de narcotráfico— en el 2009 cuando el primero estaba en bancarrota, a través de un amigo común, Reinaldo Slebi. Según Reyes, Saab conocía los antecedentes de Pulido, lo cual no pareció ser problema, tal vez una ventaja.

   Germán Rubio Salas —verdadero nombre de pila de Álvaro Pulido— estaba señalado de ser jefe del Cartel de Bogotá, condenado en ausencia en 1997 por la corte de Milán a 15 años de prisión por narcotráfico. Estuvo preso en 2000 por transportar a Europa dos toneladas de cocaína y 17 kg de heroína.


   Queriendo convertirse en un hombre nuevo, Germán Rubio Salas se suicidó judicialmente y el nombre de un muerto, Álvaro Enrique Pulido Vargas, fallecido en 2005, en Fort Lauderdale, Miami. Con su nueva personalidad conoció a Álex Saab. Por su cabeza piden USD 10 millones, apenas el 6 por ciento del dinero lavado en Ecuador.

  Ya asociados, Saab y Pulido pasaron a ser los contratistas favoritos del régimen chavista y luego del escándalo de Foglocons, vino el contrato del Clap, los contratos millonarios con PDVSA, así como otros acuerdos de intercambio de metales preciosos a cambio de bienes, entre Venezuela y Turquía.

   El informe parlamentario hace mención al “venezolano Carlos Francisco León Ponte, representante de la Casa de Valores Panameña CFIS S.A., quien recibió la autorización de Luis Zuñiga Burneo, representante legal de Foglocons, a efectos de transferir aproximadamente siete millones de Dólares, desde Ecuador hacia el Banco Pichincha Panamá; el referido ciudadano venezolano Carlos León Ponte, conforme consta de la documentación recabada en la presente investigación, viajó junto a los señores: Carlos Pérez; Guillermo Montefusco; Luis Sánchez (Accionista en Foglocons-Ecuador); Luis Giusti Lugo (CEO de empresa CITGO, filial de PDVSA en USA); Luis Giusti López (Padre de Luis Giusti Lugo y ex presidente de PDVSA); Álvaro Pulido Vargas (Accionista en Foglocons- Ecuador); y, José Borja Sánchez, el día 05 de marzo de 2013, en un vuelo privado con origen en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, hacia el aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca, a bordo de la aeronave N1459A, recordando que tanto Pulido Vargas como Luis Sánchez Yánez, eran los socios de la Compañía FOGLOCONS con sede en la ciudad de Guayaquil-Ecuador”.

El esquema operativo del Sucre

   A diferencia de los sistemas de compensación de comercio exterior regulares, el instrumentado por el ALBA y, particularmente, por Venezuela y Ecuador, se vale de una unidad de cuenta virtual, el “Sucre”, que opera como un medio de pago restringido a los bancos centrales.

  Como se refirió en nota anterior, el organismo de decisión del Sucre es el Consejo Monetario Regional (CMR), conformado por la Cámara Central de Compensación de Pagos y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial.

 Con sede en Caracas, los estados miembros hicieron los aportes iniciales, descritos a continuación:
Funcionamiento del Sucre

  Los parlamentarios ecuatorianos al momento de explicar el funcionamiento del Sistema Sucre establecen en el informe la existencia de dos momentos.

   El primer momento tiene que ver con la firma de un contrato por parte de dos empresas privadas de Venezuela y Ecuador para la construcción de viviendas prefabricadas, ELM Import y Foglocons Ecuador.

   El contrato lo presenta el importador que, en este caso es ELM Import, a su Banco Operativo Autorizado (BOA), Banesco de Venezuela.
    Luego de que el importador y el exportador son autorizados en sus respectivos países para llevar a cabo la operación de comercio exterior a través del Sucre, entonces el BOA —Banesco en este caso— remite los bolívares al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central de Venezuela (BCV)— el cual se comunica con el Banco del ALBA para la realizar la conversión a Sucres y, luego, notificar al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central del Ecuador (BCE)—, que procederá a depositar en dólares en la cuenta de la empresa exportadora en el BOA local —en este caso el Banco Amazonas o banco Territorial— y cuando el Banco del ALBA recibe la autorización de pago por parte del BCV, notifica la acreditación al Banco Central del Ecuador (BCE).

   El siguiente paso es que el BCE acredita inmediatamente BOA del exportador que aquí es el Banco Territorial o Banco Amazonas. Esto ocurre porque Ecuador adelantó los dólares al exportador usando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD). Los valores totales de la operación comercial, se compensarán seis meses después.
   El informe parlamentario refiere que el 28 de diciembre de 2012, Ruth Arregui, Gerente General del BCE para la fecha informó que “en el caso de pagos al exterior por importaciones, los Bancos Centrales receptan de los importadores a través de las instituciones financieras, el valor de la operación en moneda local, el cual queda en poder de dicho Banco Central por un período de seis meses. Por esta razón, a pesar de la posición superavitaria del Ecuador frente a Venezuela, el país no recibe dichos recursos en ese lapso de tiempo, sino al final del mencionado período de compensación.”

  Igualmente se acota que el BOA, aun cuando estaba obligado a cumplir el rol de debida diligencia, que incluye el conocimiento de su cliente, en la mayoría de casos no cumplieron.

  Se indica que el “ciclo en este primer momento, en los casos investigados, como Foglocons, terminaba con la transferencia de estos dólares a paraísos fiscales, fondos que insistimos, fueron tomados de la RILD, mientras se esperaban las ‘compensaciones con Venezuela’. En términos sencillos, mientras se esperaba la devolución del dinero prestado. De esta forma se incumplieron los principios generales de los objetivos estratégicos para el manejo de una reserva, que son: Seguridad, Liquidez y Rentabilidad. La RILD, según la normativa es un activo público y en este caso fue utilizado para garantizar negocios privados, manchados de corrupción”.

  Se advierte que, al no existir importaciones originadas en Ecuador, lo que procedía era exigir a Venezuela devolver el dinero que Ecuador había adelantado.

El segundo momento

  Pasa el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la AN ecuatoriana a explicar el segundo momento del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, el cual se justificaba a partir de una supuesta compensación semestral entre las importaciones y exportaciones por los países miembros; pero que en realidad operó exclusivamente, como un mecanismo de exportaciones a Venezuela.

  Refiere el reporte que el Banco del ALBA notificaba los resultados de la “compensación” semestral, y los valores en “Sucres" a pagar y a cobrar a los Bancos Centrales de los países miembros, quienes hacían el pago en dólares, al ser ésta la moneda de referencia común. En el caso explicado en el informe, el ALBA, notificó el valor a pagar al Banco Central de Venezuela y el valor a cobrar al Banco Central de Ecuador.

  Entretanto, el BCV ordenó el pago en dólares, a través de sus bancos corresponsales ubicados en el exterior, a los bancos corresponsales del BCE, un dinero que provenía de las Reservas Internacionales de Venezuela. Esto ocurre seis meses después de que el BCE, adelantó a los exportadores los recursos tomados de la reserva.

  En el caso estudiado por la comisión y ejemplificado en el informe, se utilizó el Commerzbank de Alemania como el Banco Corresponsal en virtud de que tanto Ecuador como Venezuela tienen una cuenta en ese banco.

Sobre la compensación semestral

  El tratado del Sucre establece mencionan que las operaciones realizadas usen como medio de pago la unidad de cuenta común denominada “Sucre”, conformada por monedas de los estados parte y por las principales divisas de uso internacional.

   El valor de inicio del “sucre” se estableció en USD 1.25, el cual ha se ha mantenido fluctuando entre USD 1.24 y USD 1.25 USD.

  Los Sucres se asignaban a cada estado parte por el Consejo Monetario Regional de acuerdo a sus operaciones de importación y exportación.

  Entre 2010 y 2018 se asignaron USD 421,6 millones de sucres equivalentes a USD 527 millones, un monto que se mantuvo mediante un pagaré.

   Subraya el informe que, a partir de 2012, las operaciones cursadas en Sucres ya formaban parte de la Reservas Internacionales.

   Desde sus inicios, la asignación de sucres solamente se incrementó en el caso de Venezuela, por lo que se incrementó su cupo semestral en tres ocasiones.

  La compensación se realiza entre dos países que forman parte del Sistema Sucre en razón de la diferencia entre las importaciones y exportaciones de particulares, que se realiza semestralmente.

  El informe parlamentario advierte que en el caso de Ecuador todas estas “compensaciones” fueron a favor, “por lo que no se puede hablar de una compensación real, ya que para que esto se dé, es necesario que las importaciones y exportaciones estén equilibradas o que al menos existan”.
   Se explica que las exportaciones de Ecuador a Venezuela se ubicaron en USD 2.697 millones, mientras que las importaciones de Venezuela a Ecuador, apenas alcanzaron USD 143 millones. A partir del año 2016, las importaciones fueron cero, es decir no se puede hablar de sistema de compensación.
  El actual gerente del BCE, Guillermo Avellán, le dijo a la comisión parlamentaria que “el resultado de las operaciones del sistema Sucre, anularon el concepto de compensación, por lo que, se confirma el uso de los fondos del Estado para pagar a exportadores privados que como se verá más adelante, fueron ficticias o sobrevaloradas, y que incluso se utilizaron empresas de papel. Entonces, mal se podría hablar de la existencia de una balanza de pagos. Lo que se obtuvo fue una deuda de Venezuela por los pagos que el BCE anticipó a los exportadores, en un gran número falsos o fraudulentos”.
   Aun cuando cada seis meses, entre enero y julio, se debía realizar la compensación de las operaciones y cobrar o pagar el valor a favor o en contra, obtenido por el país, en función de las exportaciones e importaciones realizadas, lo que ocurrió en realidad fue que los bancos centrales retenían durante seis meses los fondos de los importadores. “El banco central del país exportador, en este caso Ecuador, adelantaba los dólares a los falsos exportadores, los mismos que eran inmediatamente transferidos a paraísos fiscales y a Estados Unidos de Norteamérica”.