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martes, 3 de agosto de 2021

Tras las rejas, Naman Wakil, el "empresario" sirio-venezolano que sobornó a funcionarios de PDVSA y lavó dinero en EE. UU.

Por Maibort Petit

  Se le conocía en Caracas por estar vinculado a los jerarcas del régimen de Venezuela y por haberse enriquecido gracias negocios corruptos. Este martes, sin embargo, Naman Wakil fue arrestado por agentes del FBI en Miami, tras ser acusado de delitos relacionados con su presunto papel en un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y lavar fondos para obtener contratos de PDVSA y de la empresa de alimentos controlada por el Estado venezolano, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).

    En septiembre de 2019, Venezuela Política publicó un documento que establecía la relación entre Nama Wakil y el exMinistro de Alimentación, Carlos Osorio. 

Un documento muestra negocios irregulares entre ex-titular el Ministerio de Alimentación de Venezuela y un empresario sirio

  Según documentos judiciales, desde 2010 hasta al menos septiembre de 2017, Naman Wakil, de 59 años, ciudadano sirio y residente permanente legal de los EE. UU., supuestamente conspiró con otros para pagar sobornos a funcionarios de la empresa estatal CASA, los de PDVSA y varias empresas extranjeras que operan en la faja petrolera del Orinoco de Venezuela. 

  Wakil habría pagado sobornos para obtener, al menos, $ 250 millones en contratos para vender alimentos a CASA y hacer negocios con las empresas conjuntas de PDVSA, incluida la obtención de contrataciones altamente inflados (por un valor de unos $ 30 millones) para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA. 

  Wakil lavó fondos relacionados con el esquema de soborno desde y hacia cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y compró 10 unidades de apartamentos en el sur de Florida, un avión de $ 3.5 millones y un yate de $ 1.5 millones, entre otras cosas. Wakil también utilizó una parte de los fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.

  Wakil está acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de la FCPA, conspiración para cometer blanqueo de capitales, blanqueo de capitales promocionales internacionales y tres cargos de participación en transacciones que involucren propiedad de origen criminal. 

   De ser declarado culpable, Wakil enfrenta una pena máxima de 80 años de prisión. 

     Hoy martes, Wakil hizo su aparición inicial en la corte federal a la 1:30 PM ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Lauren Louis en Miami.

   El anuncio de la detención fue hecho por el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth A. Polite Jr.; el Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González; el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Anthony Salisbury y el Especialista Interino de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Miami, Tyler R. Hatcher. 





jueves, 8 de julio de 2021

¿Cómo la OFAC designó a Samark López Bello como narcotraficante y agente de Tareck El Aissami?

  En esta entrega se hace un recuento del proceso que llevó a las autoridades del departamento del Tesoro a accionar en contra de quien considerado testaferro del alto funcionario gubernamental venezolano.

Por Maibort Petit

  Centro de múltiples señalamientos relacionados con corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, Samark López Bello —igualmente acusado de actuar como presuntamente como testaferro de Tareck El Aissami— demandó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, por haberlo designado como narcotraficante por la Ley Kingpin.

   Sostiene López Bello que es víctima de una campaña difamatoria que lo presenta como un capo junto al actual ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami, dañando su reputación como empresario, al tiempo de afectarlo mediante el bloqueo y confiscación de sus propiedades en territorio estadounidense[1]. 

   Una investigación por parte de la Oficina de la Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en su despacho de Nueva York, condujo a la designación de Samark López Bello como narcotraficante, junto a Tareck El Aissami.

   La averiguación estuvo a cargo del Equipo de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado condujo en febrero de 2017,a que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los catalogara como narcotraficantes especialmente designados (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional.

   El Dorado es el equipo de trabajo investigativo y de control financiero responsable de detectar, desestabilizar y desarticular redes financieras criminales transnacionales en prevención a que puedan acceder a los sistemas financieros de Estados Unidos.

    Tanto El Aissami como López Bello fueron sancionados por el Departamento del Tesoro en 2017, al tiempo que contra ellos se presentaban cargos penales por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de 2019.

  Las averiguaciones determinaron que López Bello, actuando como co-conspirador de Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien ha ocupado diversas posiciones en la administración pública venezolana desde 2008 cuando fue designado ministro del Interior, Justici y Paz. Desde entonces ha sido gobernador del estado Aragua (2012-2017), vicepresidente ejecutivo (2017-2018), ministro de Petróleo (2020),en entre otros. Al alto funcionario se lo señala de, presuntamente, haber facilitado cargamentos de narcóticos desde Venezuela que salían en aviones desde una base aérea y puertos en Venezuela. Según la investigación, El Aissami desde que ocupaba antiguas posiciones, habría supervisado o habría sido el propietario parcial de cargamentos de narcóticos de más de mil kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, con México y Estados Unidos como destinos finales.

   López Bello habría proporcionado apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de El Aissami. Los dos, por más de dos años, presuntamente defraudaron al gobierno de Estados Unidos al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas.

  La OFAC identificó trece empresas propiedad o controladas por López Bello, las cuales conforman una red internacional en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

   Del mismo modo, el Departamento del Tesoro estableció al momento de sancionar a López Bello, que este supuestamente supervisa una red internacional de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y empresas de explotación de activos, a saber, Alfa One, C.A. (Venezuela), Grupo Sahect, C.A. (Venezuela), MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas), Corporación de beneficios, C.A. (Venezuela), Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela), SMT TECNOLOGIA, C.A. (Venezuela), y Yakima Trading Corporation (Panamá). En Reino Unido también funcionaría Yakima Oil Trading LLP, la cual es dirigida por Yakima Trading Corporation (Panamá)[2].

También en Barbados

  Una investigación periodística desarrollada por el portal Armando.info y suscrita por Roberto Deniz[3], revela —de acuerdo a documentos filtrados de los Paradise Papers— que los bienes de Samark López Bello superan los bloqueados por la administración estadounidense, pues la isla de Barbados habría servido para crear en ella un holding de empresas con el que el supuesto testaferro de El Aissami participado en el negocio petrolero y alimentario, entre otros, mediante contratos suscritos con el estado venezolano.

  La documentación a la que el periodista tuvo acceso mostrarían como el empresario, pese a la grave crisis económica que sacude a Venezuela, se expandía y, una forma de hacerlo, era con compañías conformadas en Barbados.

   Postar Intertrade Limited es una empresa registrada en principio en las Islas Vírgenes Británicas que luego, en 2016, fue domiciliada en Barbados y, por ejemplo, habría servido para negociar  alimentos para el programa alimentario gubernamental CLAP, pero también el despacho  de materiales de construcción más y árboles de navidad destinados a la administración de Nicolás Maduro.

  El reportaje indica que las 50 mil acciones de Postar Intertrade Limited es una empresa de nombre Investments Group Limited que está registrada en la Islas Vírgenes Británicas y está vinculada a Yakima Oil Trading LLP, compañía de López Bello registrada en el Reino Unido.

  A Postar Intertrade Limited se sumarían Profit C.A. Corp.,Food Trading Group Corp., October Ventures LTD., YPP Latam Holding Corp., YPP Offshore Holdings Corp., YPP US Holdings Corp., Yakima Trading Corp y 2000 Investment Group LTD (esta última en registrada en Nevis).

Se busca

   La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), incluyó el 14 de agosto de 2019 a Samark José López Bello en su listado de “Los más buscados”.

   El requerimiento en el que también se solicita información del paradero del exvicepresidente y actual ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, se formula por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional y lavado de activos[4].

   Posteriormente, en junio de 2020, se agregó a Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, por quien se ofrecieron USD 5 millones de recompensa. Se trataba del superintendente nacional de criptoactivos de Venezuela y ha sido acusado formalmente en el distrito sur de Nueva York por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por OFAC[5].

  El Departamento de Estado también con base a la designación como narcotraficantes de El Aissami y López Bello el 13 de febrero de 2017, por parte de la OFAC, así como en las investigaciones de seguridad de ICE Nacional (HSI), comenzó una averiguación del último por el lavado de dinero y la evasión de las sanciones en relación con la Ley de Kingpin. Del mismo modo, se sustentó en la acusación que contra los señalados cursa en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York el 1 de marzo de 2019.

   En razón de esto, el Departamento de Estado decidió ofrecer una recompensa de hasta USD 5 millones a quien ofrezca información que conduzca al arresto y/o convicción de Samark José López Bello por participar en el crimen organizado transnacional[6].

Las consecuencias de violar las sanciones

   La imposición de las sanciones supone que sobre los estadounidenses pesa la prohibición de negociar o proporcionar servicios a El Aissami y López Bello sin autorización de OFAC, tal prohibición fue violada cuando se le suministraron servicios de viajes, incluyendo jets privados fletados.

  Actuar de esta manera llevó a que Víctor Mones Coro fuera sentenciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a pagar 55 meses de prisión por  haber prestado servicios vuelos privados tipo chárter a Tareck El Aissami y a Samark López Bell. Además fue multado con USD 250.000 y tendrá dos años de libertad supervisada luego de salir de la cárcel.

"Víctor Mones Coro dirigió un plan de varios años concertado y sostenido para proporcionar millones de dólares de los servicios de vuelo ilícitos a los líderes venezolanos en la contravención directa del régimen de sanciones y la política exterior de nuestro país", dijo la fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss[7].

  Por este caso también fueron procesados Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero,señalados igualmente de facilitar vuelos charters Tareck El Aissami y a Samark López[8].

Agente de las FARC

  Pero, además, el nombre de Samark López Bello ha salido a relucir en otros procesos judiciales en los que sus accionistas buscan ser resarcidos económicamente en su condición de víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  Es el caso de Antonio Caballero, quien reclama una sentencia millonaria otorgada en una corte estadunidense y pide ser resarcido con los bienes congelados en EE. UU. de López Bello[9].

   Pero Caballero no es el único, pues otros dos casos que se ventilan en cortes de Florida y Washington buscan cobrarse con activos de López Bello sentencias a su favor. Uno de ellos es de los Pescatore, familia que interpuso en 2018 un recurso en la Corte del Distrito de Columbia contra los activos de Samark López Bello en razón de sus calificación por parte de la OFAC. En 1996, Frank Thomas Pescatore Jr. y un tribunal les otorgó una sentencia por daños que no han logrado cobrar.

  En la Florida, el caso Stancel ya había obtenido un fallo previo contra López y sus activos confiscados por el gobierno norteamericano. Dada la designación de la OFAC, en septiembre de 2019, ganaron una determinación judicial que señala que Samark López Bello “es un agente o un instrumento de las FARC y que es posible embargar sus activos”[10].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones”. 30 da junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/samark-lopez-bello-pidio-la-corte-que.html

[2] Department of Treasor y. “Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello”. 13 de febrero de 2017. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/as0005.aspx

[3] Armando.info. “La isla de Barbados esconde el tesoRo de Samark López”. 1 de julio de 2021. https://armando.info/la-isla-de-barbados-esconde-el-tesoro-de-samark-lopez/

[4] ICE. Los Más Buscados: Samark José López Bello. https://www.ice.gov/doclib/most-wanted/mwLopezBelloSamarkJose.pdf

[5] ICE. “HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena”. 1de junio de 2020. https://www.ice.gov/es/news/releases/hsi-anade-funcionario-venezolano-lista-de-los-mas-buscados-se-ofrece-recompensa-de-0

[6] Department of State. Samark Jose Lopez Bello. 8 de octubre de 2020. https://www.state.gov/samark-jose-lopez-bello/

[7] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders

[8] Venezuela Política. “Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio”. 1 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/tres-acusados-en-el-caso-de-tareck-el.html

[9] Venezuela Política. “Demandante estima inapropiado desestimar caso contra Samark López Bello en juicio que reclama activos de PDVSA para resarcir a víctima de las FARC”. 21 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/demandante-estima-inapropiado.html

[10] El Tiempo Latino. “Tribunal declara que Samark López ‘es un agente o un instrumento de las FARC’”. 8 de diciembre de 2019. https://eltiempolatino.com/news/2019/dec/08/tribunal-declara-que-samark-lopez-es-un-agente-o-u/




martes, 29 de junio de 2021

Daniel Comoretto: El exgerente de PDVSA que facilitó negocios de asfalto a cambio de sobornos

    El exfuncionario estaría involucrado en otros casos de corrupción.

Por Maibort Petit

   La corrupción imperante en el sistema venezolano se manifiesta en todos los niveles y en todas las instancias. Desde los más altos cargos hasta posiciones medias son utilizadas como nichos para esquilmar el patrimonio público, siendo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una de las empresas estatales que ha servido como fondo para que muchos burócratas y funcionarios se enriquezcan con dinero públicos.
  Un ejemplo de esto último lo constituye Daniel Comoretto Gómez, exgerente comercial de la estatal petrolera que se vio involucrado en una trama corrupta en la que, junto a otros funcionarios y agentes de empresas privadas, obtuvo ganancias indebidas provenientes de sobornos que le canceló Sargeant Marine Inc. a cambio de la aprobación de contratos millonarios de suministro de asfalto con PDVSA.

  Comoretto Gómez fue arrestado el el 10 de septiembre de 2020 luego de una investigación emprendida por el FBI y las autoridades judiciales de Nueva York.
   Pero al indagar sobre el exfuncionario, es posible encontrar referencia a otros casos de corrupción en los que supuestamente estaría implicado. Por ejemplo, la cuenta “Corrupción al desnudo” en la red social Facebook del abogado dominicano, Rafael Antonio Guerrero, se hace mención a él en fecha 31 de diciembre de 2018, como “director de PDV Caribe en Haití, Venezolano, Casado, pasaporte No. 084534750, residente en Santo Domingo. Recibió junto a su esposa AL GHYS KARINA DE LOS RÍOS DELGADO, Venezolana, pasaporte No. 055918897, de manos de SANG MIN CHOI (SEMI CHOI), coreano, casado, cédula de Identidad personal No. 001-1267666-3 un lujoso apartamento en el exclusivo sector de Naco, valorado en USD$ 230,000; para favorecer a la empresa ESD Engineering & Services, SRL y/o a Sang Min Choi (Semi Choi) su presidente; con el otorgamiento de un contrato por más de 11 millones de dólares”.

Comoretto se declara culpable

   En el asunto que nos ocupa, Daniel Comoretto Gómez se declaró culpable ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York de un cargo de conspiración para comprometer dinero en el lavado de dinero en el contexto de un esquema para aceptar sobornos a cambio de ayudar a las empresas de asfalto a obtener y retener negocios con PDVSA. Esto ocurrió el 27 de enero del presente año 2021

  Admitió que entre 2011 y 2015, él y otro segundo empleado de PDVSA, a saber, Héctor Núñez Troyano, recibieron sobornos de Sargeant Marine Inc. y otra empresa de asfalto anónima, a cambio de asistir a dichas compañías en su propósito de obtener contratos para la compra de asfalto a PDVSA.
   La confesión de Comoretto Gómez hace referencia a que las citadas empresas de asfalto pagaron a un agente externo de nombre, David Díaz, una comisión de aproximadamente 45 centavos por cada barril de asfalto comprado a PDVSA.  A su vez, Díaz destinó una parte de su comisión para sobornar a Comoretto, Núñez y otros no identificados. Los pagos eran ocultados mediante el envío de los fondos a empresas fantasma pertenecientes a Díaz y Núñez.

  Antes que Daniel Comoretto, se había declarado culpable la empresa Sargeant Marine, por conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA. Sargeant Marine acordó pagar una multa penal de USD 16,6 millones[1].

  Desde septiembre de 2020, se encuentra en libertad bajo fianza, tal como lo revela una comunicación que su abogada defensora, Leticia M. Olivera, le formulara al juez Eric N. Vitaliano el 29 de abril de 2021.
  Olivera le refería al juez que formulaba el pedido de modificación de las condiciones de liberación de Daniel Comoretto, con consentimiento del gobierno y de los Servicios Previos al Juicio de EE. UU. Se pedía que se autorizara al acusado viajar dentro de Tennessee, Georgia y Alabama, en razón de vivir en Chattanooga, cerca de la frontera de Alabama y Georgia.

Los cargos

  El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth D. Ducharme, y el jefe de la División Penal de la Sección de Fraude del departamento de Justicia, Daniel S. Kahn, presentaron ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York, cargos contra Daniel Comoretto Gómez por Conspiración para cometer lavado de dinero.
   Para sustentar la acusación sobre lavado de dinero, de acuerdo a lo establecido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 3551 et seq., entre 2011 y octubre de 2015, dentro del Distrito Este de Nueva York, así como en otros lugares, Daniel Comoretto Gómez , junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos en Estados Unidos desde un lugar fuera de este país con el objetivo de promover la realización de una o más actividades ilegales.

  Se indica que el acusado, sabiendo que el dinero era el producto de una actividad ilícita, ocultó y disfrazó su naturaleza, ubicación, fuente, propiedad, de acuerdo a lo estipulado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i) .
  Con respecto a la alegación de confusión penal, se informó al acusado de que Estados buscará el decomiso de sus propiedades, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1), cuando alguien resultare condenado por dicho delito.

  Se advierte que si alguna de las propiedades decomisadas no se puede localizar; ha sido transferida, vendida o depositado con un tercero; ha sido puesta fuera de la jurisdicción del tribunal; ha disminuido sustancialmente de valor; o se ha mezclado con otros bienes que no se pueden dividir sin dificultad; los Estados Unidos buscarán la confiscación de cualquier otra propiedad del demandado.

La admisión de Sargeant Marine

   Específicamente, el 20 de septiembre de 2020, Sargeant Marine Inc. reconoció ante las autoridades judiciales haber pagado sobornos a funcionarios de los gobiernos de Brasil, Ecuador y Venezuela, siendo en este último, Daniel Comoretto uno de estos. Su objetivo en este esquema de corrupción era la obtención de contratos estatales.
    La trama involucraría a un exoperador de petróleo de Vitol, con sede en Suiza, acusado de pagar USD 870.000 en sobornos a exfuncionarios ecuatorianos entre 2015 y 2020 a cambio de contratos de combustible. En la acusación no hay mención de Vitol, empresa que en 2015 compró la mitad de Sargeant Marine.

  De acuerdo a los fiscales del caso, Sargeant Marine y sus filiales pagaron sobornos entre 2010 y 2018 a cambio de contratos con petroleras estatales en los tres países sudamericanos, los cuales tenían gobiernos de izquierda en esa época. La compañía con sede en Boca Ratón, Florida, obtuvo más de USD 38 millones en ganancias por el pago de los sobornos.

  Daniel Sargeant exdirectivo de Sargeant Marine, se declaró culpable de asociación delictuosa para lavar dinero y de quebrantar la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe a las empresas estadounidenses realizar pagos a funcionarios extranjeros a cambio de obtener negocios.

  Se conoció que en la trama se utilizaron contratos de consultoría falsos y facturas ficticias para remunerar a los intermediarios[2].

REFERENCIAS

[1] Willkie Compliance. “Former PDVSA manager pleads guilty to money laundering conspiracy in connection with foreign bribery scheme”. 27 de enero de 2021. https://complianceconcourse.willkie.com/articles/news-alerts-2021-01-january-20210127-former-pdvsa-manager-pleads-guilty



[2] AP. “Firma de EEUU admite que pagó sobornos en Brasil y Venezuela”. 23 de septiembre de 2020. https://apnews.com/article/finanzas-02b7d467706f19f531f365f9a73a8e9e


lunes, 21 de junio de 2021

Demandante estima inapropiado desestimar caso contra Samark López Bello en juicio que reclama activos de PDVSA para resarcir a víctima de las FARC

  El supuesto testaferro de Tareck El Aissami procura a través de diversas acciones legales, verse desvinculado del caso.

Por Maibort Petit
 
  El nombre de quien es señalado de ser un supuesto testaferro de Tareck El Aissami, Samark López Bello, figura no solamente en los procesos directamente relacionados con el alto funcionario estatal venezolano y por haber violado las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., así como otras irregularidades, sino que también aparece como parte en el juicio que Antonio Caballero, víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Cartel del Norte del Valle, quien reclama una sentencia millonaria otorgada en una corte estadunidense.
  El demandante estima que López Bello es una instrumentalizada de las FARC y, por tanto, aplicaría como objeto que le permitirá ver resarcida la deuda.

  Ante tales señalamientos, Samark López, brega en el tribunal a través de sus abogados para deslastrarse de tales acusaciones y lograr que sea desestimada su causa en el referido proceso.
  Antonio Caballero pretende cobrarse con activos de Petróleos de Venezuela S.A. por un monto de USD 9.444.116,76, así como de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 los cuales están en poder de Vitol Inc., pero bloqueados a consecuencia de las sanciones impuestas contra esta última por parte de la OFAC.

La posición del demandante

  El 8 de febrero de 2021, los abogados Joseph I. Zumpano, Nicholas Rostow, León N. Patricios, de la firma Zumpano Patricios & Popok que representa los intereses del demandante Antonio Caballero, remitieron una comunicación electrónica al juez Andrew L. Carter Jr., titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que lleva la causa que mantiene contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel del Valle del Norte y en el que López Bello figura como parte interesada.

  Los abogados le manifestaron al magistrado que debido a que el abogado de Caballero no estaba seguro de si la Orden anterior del juez había entrado en la acción —requiriendo que el demandante responda a la solicitud de Samark José López Bello de una conferencia previa a la moción antes de presentar una moción de desestimación— se suspendió de conformidad a la orden de la corte en la Acción Stansell relacionada.

   Refirieron que Antonio Caballero “con mucha precaución”, presenta su respuesta a la solicitud de Bello.

   Aunque expresaron el agradecimiento de Caballero a la oportunidad de llevar a cabo una conferencia de estado ante el juez Carter con respecto a la intención de López, estimaron que dicha moción es inapropiada, dado que no hay alegato en el caso al que pueda dirigirse dicha moción para desestimar.

   En este sentido, apuntan que el propio López Bello lo concede en su carta en razón de que “La acción del tribunal estatal se inició mediante una moción. No se presentó ninguna denuncia en el tribunal estatal”. Agregan que siendo el referido proceso un procedimiento de cobranza posterior al juicio, Antonio Caballero domesticó su Juicio Final de la Ley Antiterrorista (ATA) en el Condado de Erie de conformidad con CPLR 5018 (b) el 4 de noviembre de 2020.

   Los abogados de Caballero informaron al juez Carter que Samark López Bello recibió notificación de los procedimientos de la corte estatal en el momento apropiado, “es decir, después de que el sujeto bloqueó los activos”, “Debido a que los factores pesan a favor del embargo inmediato, el demandante no tenían derecho constitucional a una audiencia antes de la emisión del resumen y tenían derecho a ser notificadas y ser escuchadas antes de la ejecución, aunque no necesariamente antes del embargo.”)

   Bajo este principio legal, los abogados consideran que, en conjunto con el hecho de que se trata de un proceso de cobranza posterior a la sentencia, quedan derrotados los argumentos de López Bello sobre "proceso insuficiente" y "servicio de proceso insuficiente".

   Sin embargo, para el despacho de abogados de Caballero, si la Corte estimaba una moción para desestimar el vehículo apropiado para que Samark López Bello lo utilice en respuesta a estos procesos de cobranza iniciados contra el sujeto de activos, el demandante abordará con más detalle el caso de este, sus argumentos, así como sus demás alegatos relacionados con la “falta de jurisdicción personal” y la “falta de presentación de un reclamo sobre el cual se pueda otorgar reparación”. Esto, una vez que el Tribunal entregue un cronograma de sesiones informativas al respecto.

martes, 9 de marzo de 2021

Esta es la carta que ocultó la fiscalía e hizo desmoronar el caso de Ali Sadr, el iraní que lavó más de $100 millones del programa de viviendas de Hugo Chávez

  El gobierno quería mantener sellado su contenido, pero la juez del caso autorizó su divulgación.

Por Maibort Petit

  En el proceso judicial que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se siguió contra Ali Sadr Hashemi Nejad, en el que un jurado lo declaró culpable, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa y que se identificó como GX 411, fue determinante a la hora de que la juez de la causa, Alison Nathan anulara el veredicto y el caso se viniera al piso.
   Las irregularidades cometidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en torno a esta comunicación, dieron al traste con el caso en el que inicialmente se había determinado que Sadr pasara largos años en la cárcel por el hecho cierto, según las evidencia de haber incurrido en la “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”[1].

A continuación, presentamos el contenido del documento.

   El 16 de junio de 2011, el Commerzbank AG, sucursal de Nueva York (CBNY) remitió una comunicación a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, firmada por Deepa Keswani, Jefe de Cumplimiento de ALD/Antifraude/Sanciones, y por Vinay Jepal, Oficial de Cumplimiento de Sanciones de la entidad bancaria.

  El objeto de la carta era ofrecer información a la OFAC sobre el Stratus International Contracting Company y el papel de este banco en una transferencia por USD 29.442.967,57 en el contexto de la trama por medio de la cual un programa de viviendas implementado en Venezuela por el finado expresidente, Hugo Chávez, había servido para violar las sanciones contra Irán.

  Le refirió el Commerzbank a la OFAC que el 20 de abril de 2011, el sistema de monitoreo de transacciones ALD de CBNY generó una alerta, que tenía que ver con una transacción por USD 29.442.967,57, la cual había tenido lugar el 4 de abril de 2011.

   Se trataba de una transacción originada en el Banco del Tesoro C.A. Banco Universal Caracas, la cual tenía como beneficiario a la empresa Stratus International Contracting Company, un cliente de Hyposwiss Privatbank AG, Zurich.

  El movimiento bancario tenía ver, según el asunto de la operación, con un Fideicomiso del Fondo Chino Venezolano en Caracas.
   Explica la comunicación que al detectar la operación se procedió de acuerdo con el procedimiento estándar y el CBNY solicitó información al Banco del Tesoro de los detalles sobre ambas entidades y su relación.

  Entretanto la respuesta llegaba, el CBNY llevó a cabo una averiguación a sobre la empresa Stratus en su sitio web y allí encontró que la compañía fue fundada en 1978 en Teherán, Irán.
  Igualmente, la carta del Commerzbank indica que los datos encontrados sobre Stratus International precisaban que la compañía se especializa en brindar servicios de contratación para proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios y que para el momento se encontraba trabajando en un proyecto de desarrollo de viviendas que contemplaba la construcción de 7.000 unidades de apartamentos en Ciudad Ojeda, estado Zulia, Venezuela, denominado “Proyecto Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda”.

   La carta indica que el 12 de mayo de 2011, el CBNY recibió una respuesta del Banco del Tesoro en la que informaba, primero, la dirección de la empresa que, según dijeron era: Gardenya Plaza 5, K: 3 D: 3 (Piso 3, Suite 3) 34758 Atasehir, Estambul, Turquía; que la misma estaba registrada en Estambul, Turquía; y que presta servicios de construcción en Turquía, Dubai y Venezuela.
   Seguidamente, la comunicación refería que el propósito del pago era por la construcción del citado proyecto habitacional.

   Alertaba la comunicación que, aunque Stratus no figura como SDN, y el pago no indicaba ninguna participación directa de Irán o con Irán, la información contradictoria derivada de lo que decía el sitio web de la empresa y lo que informó el Banco del Tesoro, el CBNY creía apropiado compartir la información con la OFAC en virtud de que Stratus International podía ser una empresa iraní.

  Deepa Keswani y Vinay Jepal le dijeron a la OFAC que el CBNY había agregado a Stratus International a su filtro de sanciones para monitorear cualquier pago futuro. Al mismo tiempo advirtió: “Tenga en cuenta que, aparte de esta transacción, hasta la fecha, CVNY no ha procesado ningún otro pago relacionado con Stratus”.

   Finaliza la carta diciendo que el propósito de la comunicación era informar los buenos esfuerzos de Commerzbank AG, Sucursal de Nueva York, para cumplir con los requisitos aplicables de la OFAC y dar a conocer voluntariamente de cualquier dato recibido durante la investigación sobre posibles entidades relacionadas con sanciones.


















[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html













sábado, 6 de marzo de 2021

Extradición de hijos del expresidente Ricardo Martinelli continúa en suspenso

    Será el próximo lunes 8 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia que habrá de decidir si Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares será entregado a las autoridades de los Estados Unidos donde se le acusa de lavado de dinero.

Por Maibort Petit

   Aun cuando el pasado viernes 5 de marzo  se esperaba que el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala revisara la causa de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, acusado junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, de delitos de lavado de dinero, habrá que seguir esperando por tal decisión.

   Los hijos del ex mandatario de Panamá son solicitados por la Corte del Distrito Este de Nueva York para que respondan ante esa instancia judicial de los delitos de que le acusa la fiscalía de dicha jurisdicción, razón por la cual requieren a las autoridades de Guatemala donde ambos se encuentran detenidos, que sea extraditados para que se enfrenten a la justicia de los Estados Unidos.

  Sin embargo, la audiencia se suspendió a solicitud de la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, la cual alegó necesitar más tiempo para revisar el expediente. Ahora será el próximo lunes 8 de marzo, cuando la audiencia tenga lugar.

  El abogado de Martinelli Linares sostiene que el tribunal no es competente para dirimir el caso de su cliente, pues que se estaría violando, según él, la presunta inmunidad diplomática del hijo del exmandatario panameño. Alega Luis Enrique Martinelli Linares, al igual que su hermano, es diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pero el organismo regional informó ninguno de los dos ha sido juramentado, ni ha tomado posesión del cargo, pese a que resultaron electos en las elecciones generales panameñas, de mayo de 2019[1].

El caso

  Ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, especialista en derecho penal relacionado con las violaciones de los estatutos de fraude financiero y corrupción, incluidos delitos relacionados con fraude electrónico, fraude postal, fraude de valores, ley de prácticas corruptas en el extranjero, blanqueo de capitales y conspiración para cometer esos delitos, presentó declaración jurada con relación al caso que en esa instancia judicial se sigue en contra de Luis Enrique Martinelli Linares.

   Refirió la fiscal Nestor que se encuentra familiarizada con las pruebas presentadas por la fiscalía en el contra de Martinelli Linares, en el caso que surgió de una investigación a la empresa brasileña Odebrecht S.A, empresa la cual opera en al menos 27 países en las áreas de ingeniería, construcción, infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos y bienes raíces. La investigación reveló la existencia de un esquema de soborno masivo y lavado de dinero por parte de Odebrecht y otros, entre quienes se encontraba Luis Enrique Martinelli Linares, para pagar sobornos a funcionarios y servidores públicos en varios países y lavar el producto del esquema de soborno.

Los cargos

  Al igual que su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares fue demandado el 27 de junio de 2020, luego de que se estableciera que había una causa probable para creer que había cometido el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957. Un juez del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la demanda y emitió una orden de arresto en su contra. Posteriormente, el 20 de julio de 2020, se presentó una Demanda Enmendada acusándolo de conspiración para cometer lavado de dinero (ya referido); lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

  A la fecha, la orden de aprehensión se mantiene vigente y ejecutable para que Martinelli Linares —igual su hermano— sea juzgado por los referidos delitos.

  La fiscal Julia Nestor explica que, durante el proceso judicial, la fiscalía deberá demostrar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos en cualquiera de las modalidades previstas y sancionadas en la legislación de los Estados Unidos, así como también a lo establecido en el Código Penal de Panamá. Se tendrá que determinar que el imputado, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

  Acota Nestor que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

 Agrega que Martinelli Linares enfrenta también dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), por lo que a la fiscalía le tocará demostrar que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada, en todo o en parte, para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

  Martinelli Linares está acusado igualmente de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 y, por lo cual, el gobierno debe demostrar que participó o intentó realizar una transacción monetaria a sabiendas; que sabía que dicha transacción involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, en efecto, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en los Estados Unidos. La pena máxima de prisión por este delito es de 10 años.

  Julia Nestor manifiesta en su declaración jurada que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos y otras pruebas.

  Advierte que ni Luis Enrique Martinelli Linares, ni su coacusado, Ricardo Alberto Martinelli Linares, han sido juzgados ni condenados por los delitos imputados en la Demanda Modificada, ni se le ha ordenado que cumpla condena alguna en relación con este caso.

Los hechos

  En su declaración jurada a la Corte del Distrito Este de Nueva York, julia Nestor narra los hechos que llevaron a demandar a los Martinelli Linares.

Precisó que la policía identificó evidencia de que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, se involucró en un esquema de soborno masivo en el que los co-conspiradores acordaron con otros, pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios y obtener beneficios. Entre estos funcionarios había servidores públicos en Panamá.

  Explica que Odebrecht ocultó la naturaleza, origen, propiedad y control de los ingresos del esquema de soborno al canalizarlos a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

  La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno en Panamá desde aproximadamente 2009 hasta aproximadamente 2014, a saber, un pariente cercano suyo.

   Asimismo, junto a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, participó en el esquema de soborno de Odebrecht, actuando como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que la empresa brasileña ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, los hermanos Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitieron recibir y disfrazar los sobornos.

  Julia Nestor informa que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales eran utilizadas para recibir y, además, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo y ordenó que se hicieran en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá. 

  Específicamente, los hermanos Martinelli Linares establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de las empresas fantasmas para ocultar y gastar las ganancias del soborno.




[1] La Prensa. “Guatemala: se suspende audiencia a Luis Enrique Martinelli, para que su abogado revise el expediente”. 5 de marzo de 2021. https://www.prensa.com/judiciales/guatemala-audiencia-para-definir-la-extradicion-de-luis-enrique-martinelli-linares/


 

miércoles, 3 de marzo de 2021

Irregularidades y mentiras de la Fiscalía de Nueva York beneficiaron a Ali Sadr Hashemi Nejad, hallado culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán

   Cual castillo de naipes se derrumbó el caso de violación de las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán, fraude y lavado de dinero, a través del programa de viviendas del finado Hugo Chávez.

Por Maibort Petit

  Aún cuando el banquero iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, fue declarado culpable por un jurado, el caso dio un vuelco inesperado en el que se invirtieron los papeles y, de acusado, el propietario del Pilatus Bank, pasó a ser acusador al conocerse los manejos irregulares y las mentiras de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encargada de la investigación. En los últimos días se han conocido los documentos que los fiscales ocultaron de los abogados del imputado, aun a sabiendas de que los mismos habrían ayudado a los abogados en la defensa de su representado.

   La contundencia de una serie de mensajes de texto privados, correos electrónicos y un documento clave, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones, dados a conocer recientemente por la prensa, llevaron a la juez de la causa, Alison Nathan, a recomendar al departamento de Justicia, investigar la probable conducta irregular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente a la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales.

  La “mentira rotunda” como reconoció el fiscal Emil Bove, supervisor junto a Shawn Crowley, de la citada unidad, tenía un valor exculpatorio para Ali Sadr Hashemi Nejad, pero los fiscales del caso lo mantuvieron oculto y después pretendieron “enterrarlo” entre un grupo de documentos que remitieron a la defensa, creyendo que tal acción pasaría desapercibida.

  No ocurrió así, pues los abogados de Sadr captaron casi de inmediato que la carta del Commerzbank no había sido entregada en su momento, sino cuando el juicio estaba a punto de completarse. La fiscal federal adjunta, Jane Kim, se percató de que el documento que quería presentar como prueba no había sido compartido con los defensores de Sadr, lo cual se erigía como una posible violación de las reglas del debido proceso. La fiscal Kim fue “aconsejada” por una colega de esperar "hasta mañana y lo enterraran en algunos otros documentos".

Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez

  La situación se complicó cuando los supervisores Bove y Crowley, lejos de corregir el comportamiento irregular se dedicaron, particularmente la segunda, al dedicarse “el resto de la noche a limpiar mi oficina".

  El enredo de la fiscalía la llevó a que en julio de 2020 retirara la acusación referida a la violación de las sanciones impuestas al régimen iraní, debido a la omisión intencional de entregar pruebas que podrían haber exculpado al acusado.

La decisión de la juez

  El pasado 17 de febrero de 2021, la juez Alison J. Nathan, se pronunció sobre el enjuiciamiento de Ali Sadr Hashemi Nejad por la presunta evasión de las sanciones contra Irán, refiriendo que el proceso “se vio empañado por repetidas omisiones en la divulgación de pruebas exculpatorias y el uso indebido de las devoluciones de órdenes de registro. Estos errores fueron tan graves que, tras el veredicto del jurado a su favor, el Gobierno determinó que el enjuiciamiento del caso no redundaría en beneficio de la justicia. A solicitud conjunta de las partes, la Corte anuló el veredicto del jurado y desestimó los cargos contra el Sr. Sadr con prejuicio”.

  Explica la juez en su decisión que la corte se centró fundamentalmente en la carta de Commerzbank a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), marcada como GX 411, la cual no fue revelada por la fiscalía hasta días después. El documento estaba en poder del fiscal desde antes de que el gobierno comenzara la investigación contra Sadr y, sin embargo, no fue compartido con la defensa hasta el 7 de marzo de 2020, un día después de que decidieron presentarlo como prueba. Específicamente, los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan un informe de la OFAC que se convirtió en GX 411 en una investigación separada alrededor de marzo de 2015. Dicho fiscal se incorporó al equipo de la fiscalía en junio de 2017 y encontró el documento nuevamente mientras revisaba los archivos en su oficina a fines de 2019 y lo mencionó al resto del equipo en un correo electrónico del 19 de diciembre de 2019. En esos correos se explicó que Commerzbank había actuado como intermediario para uno de los pagos subyacentes a los cargos del gobierno contra Sadr y presentó un informe a la OFAC. 

  Agrega que los fiscales discutieron la mejor manera de entregar el documento a la defensa sin llamar la atención sobre su divulgación tardía. Cuando se les pidió una explicación trataron de minimizar los hechos y el Tribunal le ordenó explicar si había informado a la defensa que GX 411 no había sido previamente revelado en el descubrimiento, dio a entender falsamente que sí.

   La Corte ordenó a los fiscales presentar sus declaraciones el 16 de septiembre de 2020 detallando cómo se enteraron del documento, cuándo se dieron cuenta de que tenía valor exculpatorio y qué papel desempeñaron en la redacción del expediente.

  Los fiscales presentaron sus declaraciones y solicitaron no hacer más investigaciones, así como también que las mismas y sus anexos se mantengan sellados.

  Del mismo modo, la corte informa que, en sus presentaciones más recientes, el Gobierno informó de otra falta de divulgación en este caso, la cual está relacionada con la revisión del FBI de las declaraciones de órdenes de registro sin procesar proporcionadas por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. 

  Pese a estas circunstancias, el tribunal no estima que los fiscales hayan retenido a sabiendas información exculpatoria o tergiversado intencionalmente los hechos a la Corte y, a la luz de esto, no se emprenderán más investigaciones. “En cambio, el Tribunal insta a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del DOJ a que se lleve a cabo una investigación completa de todos los asuntos relacionados con la mala conducta del fiscal en este caso. Además, el Gobierno ha manifestado que está implementando nuevos protocolos de capacitación para fiscales y agentes de casos del FBI y mejorando su infraestructura para la gestión y divulgación de datos”.

  Los fiscales no volvieron a discutir sobre el documento hasta el 6 de marzo de 2020, cinco días después del juicio, cuando la fiscal Lake descubrió el correo electrónico del 10 de enero en su bandeja de entrada mientras revisaba correos electrónicos antiguos y lo reenvió a otros fiscales. En el mensaje dijo no estar segura de si el Gobierno lo había presentado a la defensa. Es por ello que la juez no encuentra que los fiscales retuvieran intencionalmente el documento. Sin embargo, advierte que es evidente la falta de divulgación de la carta se debió a una falta de comunicación entre los miembros del equipo de acusación y una falta bastante grave de atención a sus obligaciones de divulgación. 

   La Corte enfatiza que el manejo de los fiscales de la prueba, incluida la falta de atención a su potencial valor exculpatorio, estuvo muy por debajo de sus obligaciones constitucionales y éticas. Por un lado, debieron haber reconocido el potencial valor exculpatorio del documento, como los Jefes de Unidad ahora testifican que lo hicieron cuando revisaron el documento por primera vez. Pero, incluso, si no estaban seguros de si el documento habría sido valioso para la defensa, deberían haberlo presentado.

   Subraya la juez, que el mal manejo de los fiscales no terminó con la falta de divulgación de la prueba, sino que se extendió al haber diseñado una serie de acciones destinadas a distraer la atención de la divulgación tardía y minimizar la aparente culpabilidad del Gobierno.

El pronunciamiento 

   La juez Alison Nathan concluyó que, si bien los errores y lapsos éticos del Gobierno en el caso son omnipresentes, la Corte no encuentra que los fiscales hayan ocultado intencionalmente documentos a la defensa o hayan engañado intencionalmente al tribunal.

  Considera la Corte que la Oficina de Responsabilidad Profesional debe investigar el caso y espera que el Departamento de Justicia debe tomar medidas para garantizar que estos errores no se repitan.

   La juez negó las solicitudes para sellar las declaraciones, anexos y cartas presentadas en respuesta a la Opinión de la Corte del 16 de septiembre.

   También se ordenó que los fiscales entregaran sus declaraciones y anexos en el expediente público a las dos semanas de la decisión; mientras que la defensa lo hiciera el 13 de noviembre de 2020. Entretanto, la fiscalía debía entregar su carta el 20 de noviembre de 2020. 

  Igualmente se ordenó que la fiscalía, luego de los seis meses siguientes a la fecha de la decisión, debía presentar un informe de situación sobre el uso por parte del FBI de las declaraciones de órdenes de registro sin procesar como se analiza en la Sección II.

  La decisión se archivaría con un sello temporal en espera de la disposición del Tribunal de cualquier redacción propuesta presentada el 19 de febrero de 2021 o antes.



martes, 2 de marzo de 2021

Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién "por temor" a su seguridad

   El acusado de haber robado al erario público venezolano, por medio de contratos con sobreprecio de CITGO y PDVSA, alegó ante un juez estar preocupado "por su seguridad y la de su familia" debido a las revelaciones publicadas por Venezuela Política. 

Por Maibort Petit

  José Manuel González Testino, procesado por la justicia de los Estados Unidos por delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de CITGO y PDVSA, consiguió que el juez de Distrito de Texas, Gray H. Miller aprobara una moción interpuesta por sus abogados para que se mantenga bajo sello la información sobre la ciudad de residencia del acusado y "con quién está viviendo", luego de haber cooperado con los fiscales.
  González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami cuando pretendía abandonar el país y regresar a Venezuela. Se declaró culpable de tres cargos en mayo de 2019. Tras pagar 5 millones de dólares, disfruta de libertad bajo fianza otorgada por el tribunal.

González Testino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. De acuerdo a la demanda, el acusado controlaba varias empresas con sede en los Estados Unidos que fueron usadas para lograr contratos fraudulentos en PDVSA y su filial estadounidense, CITGO Petroleum Corp. para lo cual pagó sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

   El 29 de mayo de 2019, González Testino se declaró culpable el en un tribunal federal de Houston, Texas, por su papel en un esquema de soborno para asegurar y retener corruptamente los contratos de energía y logística de PDVSA y CITGO.

Teme por seguridad y la de su familia

Para lograr tal objetivo de convencer al juez Miller para que ordenara sellar los récords, los abogados de González Testino alegan que el procesado está preocupado por su seguridad debido a que este portal, Venezuela Política informó sobre la orden de la corte de liberar los pasaportes de la exesposa de González Testino, María Alejandra Díaz, para viajar a Madrid y a Londres.
  La defensa interpuso la moción para archivar bajo sello los documentos que modifican las condiciones de liberación del acusado.

   La defensa sostiene que "el señor González-Testino tiene motivos para estar preocupado de que su seguridad y la su familia se vea comprometida si la moción y la orden de liberación se hacen públicas".

"Este Tribunal concedió previamente mociones para sellar las entradas del expediente que contenían información privada, por ejemplo, DE 68, DE 86 y DE 107 con el mismo propósito" advierten.

  Por ello, "el demandado, José Manuel González-Testino traslada a esta Honorable Corte  la solicitud de sellar la Moción sin oposición para modificar las condiciones de liberación".

  Sostiene que la moción fue consultada con la abogada  Sonali A. Patel, Litigante del Departamento de Sección de Fraude de la Justicia, quien declaró que no tiene objeciones a la reparación solicitada en esta moción.

   González Testino está siendo representado por el escritorio jurídico Jones Walker LLP.

    La sentencia de José Manuel González Testino está prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 AM.