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viernes, 16 de septiembre de 2022

Juez ordena a la Fiscalía de EE. UU. entregar a Álex Saab “parte” de los documentos solicitados para demostrar 'su inmunidad' diplomática

  El juez de la causa concedió que la defensa del empresario colombiano acceda solamente a los papeles directamente relacionados con la acusación, más no con la extradición.

Por Maibort Petit

  A medias, concedió Roberto N. Scola, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, la moción que ante esa instancia judicial presentó Alex Nain Saab Morán, tenido por testaferro de Nicolás Maduro, para exigir a la fiscalía la producción de materiales de descubrimiento provenientes del Departamentos de Defensa, Justicia, Estado y Tesoro que el gobierno se muestra renuente a entregar al empresario colombiano acusado de la comisión de delitos de lavado de dinero.

  Saab Morán viene bregando ante las cortes de los EE. UU., luego de haber lo insistido una y otra vez ante las autoridades de Cabo Verde para evitar su extradición a territorio estadounidense, en que, por una supuesta condición de diplomático del gobierno de Venezuela que mantiene, posee inmunidad y, por tanto, no podía ser apresado ni ser procesado judicialmente. Tales alegatos llevaron a que por 16 meses se moviera en tribunales de todas las instancias en el país africano y ahora, en los Estados Unidos, tanto en el tribunal de distrito que lleva el caso, como en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Atlanta, instancia esta última que determinó que debía ser el juez de la causa quien dilucide finalmente este asunto.

   La cita para ello fue postergada ahora para diciembre en virtud de las múltiples diligencias que las partes han llevado a cabo, las cuales han causado demoras en cada una de las etapas del proceso. La defensa de Saab insiste en la existencia de documentos que, de acuerdo a su visión, prueban la condición de diplomático de Álex Saab, al tiempo que precisa que tales papeles están en manos de agencias del gobierno que la fiscalía debe entregar. 

  La documentación permitiría a los abogados del empresario presentar el recurso de sobreseimiento de la acusación, donde exponga sus argumentos con relación a la inmunidad diplomática que supuestamente detenta su cliente. Es en este contexto que Saab Morán quiere obligar al gobierno a producir los materiales que están en poder de varias agencias federales.

Lo que pide Saab

 La defensa de Álex Saab pidió al juez Scola que obligue a la fiscalía a producir documentos en poder de los Departamentos de Defensa, Justicia, Estado y Tesoro.

  Entre estos papeles estaría información de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA), así como de la División de Seguridad Nacional (NSD), de la Agencia de Control de Drogas (DEA), y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Del mismo modo, los abogados quieren hacerse de documentos de la Patrulla de Aduanas y Fronteras (CBP), de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Guardia Costera de EE. UU.

  Todos estos papeles que comprenden correos electrónicos, textos, comunicaciones electrónicas, notas, cables diplomáticos, informes, memorandos y otros documentos, servirían para establecer que Álex Saab fungía como enviado especial del régimen de Nicolás Maduro para la gestión humanitaria en favor de Venezuela.

Lo que ha entregado el gobierno

  Para la fiscalía, todas las exigencias de Álex Saab y sus abogados no son más que una táctica dilatoria.

  El 15 de julio de 2022, antes de que la defensa presentara la moción para obligar, el gobierno se comprometió a producir material no clasificado en manos del Departamento de Justicia para el 15 de agosto del año en curso. Se comprometió asimismo a hacer todos sus esfuerzos para que conseguir los documentos de la OIA y del Departamento de Estado. Diligencias que el gobierno manifiesta hacer de buena fe, puesto que nada lo obliga a ello, toda vez que a su criterio, Saab Morán no es diplomático y no tiene derecho a los materiales que busca obtener.

  Además, sostiene que solamente está obligado a producir materiales que estén en posesión, custodia y control del “equipo de la fiscalía”. Una posición diametralmente opuesta a la de la defensa, la cual argumenta que tiene derecho al material en poder de “cualquier agencia o departamento que desempeñó un papel en la investigación o el enjuiciamiento” en el caso, las cuales en su mayoría tienen que ver con su extradición.

La decisión de Scola

  En su decisión el juez Scola refiere que Álex Saab, acusado de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, no presenta nada en su expediente que sugiera que el Departamento de Estado y la OIA tuvieran que ver en la la investigación que llevó a imputarlo.

  Tal situación se repite —advierte el magistrado— respecto a la NSD, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de los estados Unidos.

 Por tales razones, el Tribunal negó la solicitud del acusado con relación a la documentación que exige de parte de los Departamentos de Defensa, Estado y Tesoro, la OIA, la NSD, así como de la CIA y la Guardia Costera de EE. UU.

  El magistrado Scola, sin embargo, dado que la propia fiscalía admite que la DEA, FBI, HSI e ICE estuvieron involucradas en la investigación y formaban parte de su “equipo de enjuiciamiento”, decidió conceder a Álex Saab su solicitud respecto a dichas agencias federales.

  Se advierte en la decisión que el mandato aplica en tanto las agencias y/o subdivisiones hayan colaborado en la investigación que llevó a la formulación de la acusación, más no respecto a los esfuerzos que hayan realizado para procurar la extradición de Álex Saab.

 De este modo, la fiscalía deberá entregar inmediatamente los materiales que tienen que ver con el resumen de información contenido en la carta del 15 de agosto de 2022; y a antes del 18 de octubre de 2022, los materiales en manos de la DEA, el FBI, HSI e ICE.


miércoles, 24 de agosto de 2022

Julio Herrera Velutini: Un banquero con un largo historial de manejos confusos en el mundo financiero

 La demanda en su contra en la Corte de Puerto Rico, puso nuevamente sobre el tapete las irregularidades que habrían caracterizado su desempeño en la banca a lo largo de los años. En esta entrega referimos parte de ese historial.

Por Maibort Petit 

   Cuando el 3 de agosto del presente 2022, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico se acusó a Julio Martín Herrera Velutini de seis cargos por parte de un Gran Jurado, salió a relucir toda una trama de corrupción económica, financiera y política en la isla caribeña que funge como estado Libre Asociado de los EE. UU. Específicamente, se le imputó de la comisión de los delitos de conspiración, sobornos, fraude electrónico y artificios para impedir el derecho a servicios honestos.

  De acuerdo a la acusación, Herrera Velutini habría conspirado con la exgobernadora de Puerto Rico entre 2019 y 2021, Wanda Vázquez Garced; el ex administrador de Vivienda Pública y asesor político de Vázquez Garced, John Blakeman; la expresidenta y directora ejecutiva del Bancrédito en Puerto Rico, Francés M. Díaz; y con Mark T. Rossini, ex agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) desde 1991 hasta 2008, quien luego de su retiro era estableció un servicio de consultoría profesional que tenía entre sus clientes al acusado. Juntos, accionaron para que la entonces gobernadora Vázquez Garced removiera de su cargo a quien, para entonces, ocupaba la dirección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), George Joyner, quien procuraba aplicar medidas correctivas en la entidad financiera de Herrera.

   De acuerdo a la acusación, Herrera Velutini pretendía controlar la OCIF para así mantener ocultas la millonaria cartera constituida por fondos irregulares provenientes de miembros y relacionados del régimen venezolano, entre quienes habría algunos que están siendo investigados por el Departamento de Justicia de EE. UU. en razón de sus supuestas actividades corruptas. El plan de Herrera era pagar USD 300 mil a los consultores políticos de la campaña de Vázquez Garced. Esta última obligó al funcionario a renunciar para proceder a designar en el cargo a quien Herrera Velutini escogiera. El exagente del FBI, Mark T. Rossini, serviría de vehículo para realizar los pagos de los sobornos[1] [2].

   El candidato de Herrera Velutini, finalmente designado, para dirigir la OCIF fue Víctor Rodríguez Bonilla, pero Wanda Vázquez no resultó reelecta, imponiéndose como nuevo gobernador de la isla, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia. Julio Herrera Velutini no tenía entre sus planes desistir de controlar la OCIF y había procedido a hacer donativos a la campaña de Pierlusini. Las cosas no salieron según su planificación y el nuevo gobernador destituyó al elegido de Herrera en la OCIF. De allí en adelante, continuaron una serie de acontecimientos y hechos irregulares que recoge la acusación contra Herrera.

  No sería la primera vez que un miembro de la encumbrada familia caraqueña se ve envuelto un escándalo judicial, toda vez que la madre de Julio Herrera Velutini, Gilda Kolster de Martínez, fue condenada el 29 de mayo de 2001 a pagar 30 años de prisión por su papel como instigadora o autora intelectual en el delito de homicidio calificado de su esposo Casto Martínez Garrido[3].

  Tampoco, se trata de la única acción legal que enfrenta Julio Herrera Velutini —quien desde hace algunos años reside en el Reino Unido— pues la justicia chavista también lo solicita al señalarlo de manejos irregulares en la venta del Banco Real, entidad de su propiedad que vendió en 2009 en medio de una crisis financiera de la cual habría sido uno de sus instigadores principales.

  Se trató de una venta que desató una debacle en todo el sistema financiero venezolano, aunque en principio el régimen chavista se hiciera de la vista gorda. Luego de la venta, Julio Herrera renunció junto a otros integrantes de su familia a la directiva de Banco Real. Fue cuando Pedro Torres Ciliberto nombró a Arné Chacón, a la sazón hermano del ex ministro Jesse Chacón, como presidente de la junta directiva de la entidad financiera.

 Entonces, ya en territorio puertorriqueño, Julio Herrera Velutini constituye Bancrédito, institución que años más tarde, en 2019, culpó al Ansbacher de Bahamas de retención indebida de USD 10.087 millones de sus fondos. La controversia que había ido a dar a los tribunales, tuvo un arreglo extrajudicial que se tradujo en una transferencia, por parte de Bancrédito, de los USD 10.087 millones en favor de sus acusadores.

¿Quién es Julio Herrera Velutini?

 Miembro de una familia de banqueros —fundadores del Banco Caracas y el Banco de Venezuela—, Julio Martín Herrera Velutini, nació en Caracas el 15 de diciembre de 1971.

 Formado en The American School of London de Gran Bretaña; en La Scuola Americana di Locarno en Suiza; y en la Universidad Central de Venezuela, Herrera Velutini.

  Julio Martín Herrera Velutini se mantuvo en Venezuela hasta que se produjo la venta del Banco Real a Pedro Torres Ciliberto, como ya apuntamos y, aunque ya no reside en Venezuela, se lo ubica en ella entre el grupo de las 10 personas más ricas del país, al ostentar una fortuna de entre 1,2 y 1,8 mil millones de dólares[4].

 En Puerto Rico funda el Banco Internacional Bancrédito y la Fundación Bancrédito en Estados Unidos.

 Cuando Arné Chacón fue detenido en diciembre del 2009 tras producirse la intervención del Banco Real, Julio Herrera Velutini es implicado en el caso y, desde entonces, no regresa a Venezuela.

 Es de hacer notar que Julio Martín Herrera Velutini adoptó esta manera de nombrarse, luego del incidente criminal en el que estuvo involucrada su madre y que referimos líneas arriba. Antes del suceso se le conocía como Julio Martín Herrera Kolster un descendiente —aunque no sanguíneo— de José Herrera Uslar y Clementina Velutini, pues cuando el primero se desempeñó como diplomático en Europa en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, decidieron adoptar una niña en Suiza. Dado que la menor al llegar a Caracas extrañaba a sus hermanos, los Herrera Velutini volvieron al viejo continente a buscarlos y también adoptarlos. Uno de estos niños fue Julio Herrera Velutini, quien se casó con Hilda Kolster, integrante de la sociedad caraqueña con quien tuvo tres hijos, entre ellos el hoy acusado en Puerto Rico, Julio Martín Herrera Kolster, quien cambió su segundo apellido para desvincularse de su progenitora y el sangriento hecho. Al menos así se creía.

  Sin embargo, hay quienes piensan que el objetivo del cambió de apellido fue otro de efectos más prácticos que morales. Una nota informativa de Reporte de la Economía refiere que, en 2006, cuando se divorció de su esposa, aún figuraba con el apellido de su madre, condenada, como ya señalamos, en 2001. Hay quienes sospechan que el cambio de apellido no fue más que una manera de despistar la atención de él, en razón de la crisis bancaria de 2009 que significó la intervención estatal de sus bancos en Venezuela, el Banco Real y el Banreal Holding [5].

En Londres

 También en la capital de Inglaterra, Julio Herrera Velutini intentó ganar favores del sector político y procedió a hacer donativos al Partido Conservador británico y al ex primer ministro, Boris Johnson. Unos USD 600 mil que se tramitaron a través de Britannia Financial Group.

 Investigaciones periodísticas refieren que Julio Herrera Velutini constituyó la referida empresa en 2016 como bajo el nombre Helvetica Financial, para dos años después cambiar a la denominación actual.

 También se refiere que en los registros de la compañía se le presenta como ciudadano italiano[6].

Su perfil social

 En su página web, Julio Herrera Velutini, refiere que es un “Distinguido Ejecutivo Bancario”.

  También se describe como “un experimentado ejecutivo internacional de banca e inversiones que ha fundado bancos en Puerto Rico, Europa y Venezuela, es un banquero de quinta generación cuya familia fundó el Banco Caracas en 1880. Dirigieron la empresa durante más de 100 años”.

  Cuenta que inició su carrera como operador en la Bolsa de Valores de Caracas entretanto estudiaba en la Universidad Central de Venezuela para luego incorporarse, en 1990, a Multinvest Casa de Bolsa, donde se desempeñó como director senior de 1992 a 1998.

  Luego de la venta de Banco Caracas, Julio M. Herrera Velutini fue designado presidente del holding Inversiones Transbanca, la cual “invirtió en varias empresas de servicios financieros, así como en las filiales venezolanas de importantes empresas automotrices como Kia Motors y BMW. Casi al mismo tiempo, fue elegido presidente del directorio de Bolívar Banco Universal y se convirtió en la persona más joven en dirigir un banco en el país sudamericano”.

 Informa que fundó Financiera Venezolana, C.A. y ocupó cargos ejecutivos en Transportation Transbanca CA Bank Securities, BBO Financial Services y Central Cash Corporation, fue presidente y director ejecutivo de Banco Real en Venezuela. En 2008 fundó Bancrédito International Bank & Trust en Puerto Rico; el grupo de empresas Britannia, que incluye Britannia Wealth Management y Britannia Global Payments; creó Interocean Capital Funds, Banvelca & Company LTD, Clementina Velutini Clevelca Trust y Diario de las Américas[7].

  En dicha página, Julio Herrera Velutini hace una “Declaración de inocencia”, en la que niega la información dada a conocer por el periódico “El Nuevo Día”, los días 13 y 14 de mayo, donde se decía que existía “una orden de aprehensión del gobierno venezolano, desde 2010, por supuestas irregularidades en transacciones bancarias”, así como que tampoco es verdad que “estafara al gobierno con venta perdida”.

  Allí también negó “haya ‘financiado ilegalmente los gastos de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en las elecciones de 2020’. En ningún momento, ni el señor Herrera Velutini ni sus empresas contribuyeron económicamente a la campaña de la señora Vázquez Garced. La empresa estadounidense Bancrédito Holding Corporation, como persona jurídica, sí contribuyó legalmente a los Comités de Acción Política de los candidatos a gobernador Pedro Pierluisi y Charlie Delgado”[8].

 En la red social Twitter se identifica con el usuario JulioHerreraVelutini. @JulioHVelutini, presidente del directorio de Bancrédito, ubicado en San Juan, Puerto Rico. En dicha cuenta cita a la prensa internacional con información general y sin hacer referencia a las acusaciones en su contra[9].

 En la red social LinkedIn —en la que tiene muy pocas entradas— Julio Herrera Velutini se presenta como presidente del directorio de Bancrédito desde enero de 2009. Refiere que es egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), pero no da cuenta en qué carrera; indica que domina el inglés, el italiano y el español[10].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Estos son los lujosos aviones del banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, acusado de delitos financieros y pago de sobornos a funcionarios públicos por EE. UU.”. 13 de agosto de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/08/estos-son-los-lujosos-aviones-del.html


[2] Primer Informe. “La complicada historia del banquero fugitivo Julio Herrera Velutini”. 10 de agosto de 2022. https://primerinforme.com/paises/la-complicada-historia-del-banquero-fugitivo-julio-herrera-velutini/


[3] TSJ. Histórico. Decisiones., Magistrado Ponente: Dr. Julio Elías Mayaudón. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/Mayo/0382-290501-991246(000663).htm


[4] Pulzo. “Los millonarios venezolanos con mayores fortunas”. 22 de noviembre de 2020. https://www.pulzo.com/amp-stories/mundo/personas-mas-ricas-venezuela-PS491908


[5] Reporte de la Economía. “Los negocios en Venezuela de Julio Herrera Velutini con el también banquero Pedro Torres Ciliberto que terminaron convirtiendo a ambos en prófugos”. 25 de mayo de 2022. http://reportedelaeconomia.com/internacionales/el-espinoso-pasado-y-presente-del-banquero-julio-herrera-velutini/


[6] El Nuevo Día. “Herrera Velutini aportó miles de dólares al partido de Boris Johnson, según Financial Times”. 6 de agosto de 2022. https://www.elnuevodia.com/negocios/banca-finanzas/notas/herrera-velutini-aporto-miles-de-dolares-al-partido-de-boris-johnson-segun-financial-times/


[7] Julio Herrera Velutini. https://juliomherrravelutini.net/


[8] Julio Herrera Velutini. Declaración de inocencia. https://juliomherrravelutini.net/dwdwwc16-may-2022/


[9] Twitter. JulioHerreraVelutini. @JulioHVelutini. https://twitter.com/juliohvelutini?lang=es


[10] LinkedIn. Julio M. Herrera Velutini. https://pr.linkedin.com/in/julio-m-herrera-velutini-6111b753

jueves, 4 de agosto de 2022

EE. UU. acusa al banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini, dueño de Bancrédito, de pago de conspiración y pago de sobornos a exgobernadora de Puerto Rico

Por Maibort Petit 

 El banquero venezolano, Julio M. Herrera Velutini, dueño de Bancrédito, fue acusado de conspiración, pago de sobornos a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos junto a  la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez y un ex-agente del F.B.I., Mark Rossini por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  La exgobernadora Wanda Vázquez, fue arrestada por el F.B.I. este jueves y está acusada de aceptar sobornos de un donante de campaña mientras estaba en el cargo y nombrar a un funcionario regulador de su elección a cambio de financiar su campaña. Ese  donante es Julio M. Herrera Velutini,  banquero venezolano que se ha visto envuelto en problemas regulatorios en Puerto Rico. 
   
  Velutini Herrera es  el dueño de Bancrédito, un banco internacional que enfrentó el escrutinio de los reguladores de Puerto Rico por transacciones bancarias sospechosas.

  Según el Departamento de Justicia, Herrera Velutini  quería que se reemplazara al principal regulador bancario de la isla y, a cambio, ofreció pagar $300,000 a los consultores políticos que trabajan en la campaña del gobernador. 

  Vázquez, quien enfrentaba la reelección en ese momento, estuvo de acuerdo con el plan, dijo W. Stephen Muldrow, el Fiscal de los Estados Unidos para Puerto Rico, y agregó que el banquero Herrera  Velutini luego formó un comité de acción política para Vázquez.

La acusación de 42 páginas del gran jurado detalla reuniones y mensajes de texto que pretendían mostrar la naturaleza quid-pro-quo del acuerdo. La gobernadora cumplió con su parte del trato, obligando al comisionado bancario titular a renunciar e instalar a la elección del Sr. Herrera como el nuevo comisionado, según la acusación.

  Para disfrazar el “propósito ilegal y corrupto de los sobornos”, los pagos de Herrera se canalizaron a través de Mark T. Rossini, quien se desempeñó como asesor de Herrera y está acusado de facilitar el arreglo, dijo el Departamento de Justicia.

  El exgobernador, el banquero y el ex-agente federal de F.B.I fueron acusados de conspiración, soborno de programas federales y fraude electrónico de servicios honestos, y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dijo Muldrow.

  Dos personas más involucradas en el esquema de soborno, el presidente del banco y uno de los asesores de campaña de Vázquez, se declararon culpables de conspiración y cada uno enfrentará hasta cinco años de prisión.

jueves, 7 de abril de 2022

Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC

Por Maibort Petit

   PDV USA, Inc. acusó a la empresa Interamerican Consulting Inc, propiedad de David Rivera de retener "indebidamente" las comunicaciones entre el excongresista y el prófugo de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín y con la consultora política, Esther Nufher "a quien Interamerican pagó millones de dólares de los fondos pagados por CITGO, por supuestos servicios que fueron amparados por acuerdos de subcontratación ficticios.

En los exhibits presentados por PDV USA aparece en un mensaje de texto  sin fecha enviado por Raúl Gorrín a David Rivera y al periodista de AP, Joshua Goodman.

    En una comunicación entregada por el abogado, Jeffrey B. Korn del escritorio Willkie Farr & Gallagher LLP, representando a PDV USA se lee que David Rivera pagó parte de los fondos pagados por la empresa propiedad del Estado venezolano para que Interamerican hiciera labores de consultoría, a una empresa de yates de Raúl Gorrín.  

   PDV USA demandó a Interamerican Consulting Inc., y a su propietario, David Rivera, por no haber cumplido con un contrato de servicios de consultoría y cabildeo de fecha  el 21 de marzo de 2017, que la empresa debía realizar ante el gobierno federal de Estados Unidos para mejorar la imagen de PDVSA, [matriz de CITGO] que establecía el monto de USD. 50 millones por concepto de honorarios. CITGO pagó USD. 15 millones. Luego, PDV USA se negó a continuar los pagos porque consideró que "Rivera no había cumplido con lo establecido en el acuerdo". 

  PDV USA, en una moción interpuesta ante el juez Robert W. Lehrburger, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, afirma que Interamerican retuvo indebidamente las comunicaciones con la consultora política, Esther Nufher y con Gorrín a quienes Rivera  entregó millones de dólares cobrados de la factura pagada por CITGO. 

 Los demandantes señalan en la queja que las comunicaciones de Rivera con Raúl Gorrín y Nuhfer "fueron retenidas como comunicaciones abogado-cliente a pesar de que ni Gorrín ni Nuhfer son abogados estadounidenses. (Nuhfer no es abogada en lo absoluto)". 

  PDV USA sostiene que "Interamerican no puede satisfacer su carga de demostrar los elementos necesarios del privilegio con respecto a estas comunicaciones" , por lo que pidieron al juez que ordene a la empresa demandada "presentar los mensajes, ya que la compañía acusada no puede demostrar que las comunicaciones entre Interamerican y Raúl Gorrín gozan de privilegio".

     Recuerda que Interamerican es una empresa consultora unipersonal dirigida por el excongresista estadounidense David Rivera, que supuestamente proporcionaría servicios de consultoría estratégica en el transcurso de tres meses a la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, a cambio de $50 millones. 

   Durante marzo y abril de 2017, PDV USA pagó a Interamerican las tres primeras cuotas del Acuerdo por un total de $15 millones. Para entonces, sin embargo, Interamerican no había cumplido con ninguna de sus obligaciones. PDV USA cesó los pagos a partir de entonces. 

    Posteriormente, PDV USA interpuso esta acción para recuperar los $15 millones que pagó a Interamerican, e Interamerican presentó una reconvención, alegando que cumplió en su totalidad y tiene derecho al saldo impago. 

  En el documento, los demandantes señalan que Raúl Gorrín es un multimillonario venezolano y propietario de Globovisión. Informes sugieren que Gorrín es o fue abogado venezolano, pero no hay indicios de que Gorrín tuviera alguna vez una licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos, o que representara a clientes en los Estados Unidos. 

 Agregan que Gorrín también mantuvo conexiones políticas de alto nivel en Venezuela, incluso con el régimen de Nicolás Maduro. "Gorrín fue acusado en 2018 en relación con un esquema multimillonario de lavado de dinero y soborno, y sigue prófugo de los Estados Unidos".

  Asimismo, sostienen que hasta el momento, las evidencias han confirmado que Interamerican no proporcionó ningún servicio de consultoría en virtud del Acuerdo; de hecho, "David Rivera canalizó el dinero que recibió de PDV USA a un grupo de asociados, incluido Raúl Gorrín, quienes están acusados ​​o bajo investigación penal". 

   Los abogados de PDV USA aseguran que si bien aún no está claro el verdadero propósito de estos pagos, "si queda claro que la relación de Interamerican con Raúl Gorrín era transaccional, no legal".

  En marzo y abril de 2017, Interamerican pagó $3,75 millones a Interglobal Yacht Management, LLC, una empresa que administraba los yates de Raúl Gorrín. 

  "El dinero fue destinado exclusivamente a beneficio del señor Gorrín", agregan. 

   Añaden que un año más tarde, "en un intento de hacer parecer que Interamerican había utilizado los $3,75 millones para facilitar los servicios de consultoría en virtud del Acuerdo, Rivera entregó a Interglobal Yacht un subcontrato, retroactivo a marzo de 2017, que establecía que Interglobal Yacht actuaría como un subcontratista de Interamerican, proporcionando “servicios de consultoría estratégica internacional” a PDV USA y a Interamerican en servicio del Acuerdo. A cambio, Interglobal Yacht recibiría el 25% de las tarifas pagadas por PDV USA a Interamerican (es decir, $3,75 millones). 

   Interglobal Yacht se negó a firmar el subcontrato porque, como le dijo su presidente al Sr. Rivera, el subcontrato "no tiene nada que ver conmigo" y porque Interglobal Yacht no estaba en el negocio de brindar servicios de consultoría estratégica y, de hecho, nunca lo hizo". 

  Agregan que en virtud de que lo expuesto, "Interamerican ha retenido al menos 19 mensajes de texto y WhatsApp con Gorrín con base en la afirmación espuria y totalmente infundada de que Gorrín actuó como abogado de Interamerican en relación con el Acuerdo, así como con esta demanda". 

  No obstante, dicen los abogados, los registros de privilegios de Interamerican, que describen los mensajes con Gorrín solo como "comunicación abogado/cliente" y nada más.

   En la queja, PDV USA advierte al tribunal que "Interamerican afirmó (sin ninguna prueba) en sus respuestas interrogatorias" que los pagos fueron “tarifas de referencia en relación con la solicitud de los servicios de Interamerican” y niega haber intentado celebrar acuerdos de subcontratación con la empresa de Gorrín. 

  Hasta la fecha, la única justificación del abogado para su reclamo de privilegio es que se les “informó que [el Sr. Gorrín] fue contratado como abogado de Interamerican, y que se firmó una carta de compromiso para esta representación”. Pero en el mes y medio transcurrido desde entonces, a pesar de las reiteradas solicitudes, Interamerican aún no ha presentado la supuesta carta de compromiso. 

   El abogado de Rivera ahora afirma que la prueba solicitada "no está en posesión de su cliente y que no han podido encontrarlo". Interamerican tampoco ha proporcionado facturas legales ni evidencia alguna para corroborar su reclamo de privilegio.

   Asegura que la declaración sin fundamento del abogado de que Interamerican mantuvo una relación de abogado-cliente con el Sr. Gorrín no es, por sí sola, suficiente. Y aunque no existe un requisito formal para mostrar una carta de compromiso, la ausencia de cualquier indicio de un abogado-cliente genera dudas.

  Igualmente, Interamerican no puede justificar su reclamo de privilegio sobre las comunicaciones con Esther Nuhfer, quien no es abogada sino una consultora política de Florida. 

    Acusan que PDV USA no ha recibido evidencias de la Sra. Nuhfer porque está evadiendo activamente el servicio, lo que ha requerido la intervención de las fuerzas del orden. 

   Los abogados demandantes hacen mención que debido a un descubrimiento de terceros establece que la Sra. Nuhfer, (al igual que el Sr. Gorrín), fue la beneficiaria de millones de dólares del Acuerdo. Recibió $4,5 millones de Interamerican en virtud de un subcontrato de consultoría similar al que el Sr. Rivera presentó a Interglobal Yacht.

   El mencionado subcontrato establecía que la firma de la Sra. Nuhfer, Communication Solutions, proporcionaría a Interamerican y PDV USA "Consultoría estratégica de marketing" como parte del Acuerdo. 

  Nuhfer firmó el subcontrato, pero no brindó los servicios de consultoría establecidos en el mismo, lo que demuestra, aún más, que los subcontratos eran simulacros diseñados por David Rivera y sus asociados para crear un registro en papel de los servicios de consultoría (ficticios).

   En los registros que acompañan la queja de los demandantes, aparecen once correos electrónicos entre Interamerican y Nuhfer. A pesar de la petición de PDV USA, Interamerican no ha dado ninguna explicación. En consecuencia, esos correos electrónicos deben ser producidos. 

  PDV USA solicitó una conferencia previa a la moción para discutir los  asuntos planteados en la corte, ya que en la medida en que Nuhfer o Raúl Gorrín aparezcan en comunicaciones confidenciales con Interamerican y sus abogados. Jeffrey B Korn








viernes, 4 de febrero de 2022

Tribunal de EE. UU. niega petición de los reclamantes de los fondos confiscados a los testaferros del exzar de la Faja del Orinoco y el exalcalde corrupto de Guanta

  Diversos han sido los intentos por parte de familiares y asociados de quienes actuaban como presuntos prestanombres de Pedro León Torres y Jonnathan Marín, quienes desde varios frentes han intentado recobrar el control sobre fondos y bienes inmuebles incautados por autoridades de los EE. UU. por provenir de actividades delictivas.

Por Maibort Petit

   Familiares y personas asociadas a los supuestos testaferros del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), Pedro León Torres y del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, bregan en tribunales de los Estados Unidos para anular el caso y rescatar el dinero y otros bienes incautados por las autoridades federales, por tratarse de activos provenientes de actividades de lavado de dinero, pero sus aspiraciones han sido truncadas por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida que lleva la causa.

  Los reclamos de los fondos y activos en proceso de decomiso por parte del Departamento de Justicia provienen de Daniel Santilli García, Carmela Tomasicchio, Leonardo Santilli Tomasicchio, Sabrina Santilli Tomasicchio, SGO Group LLC, Brickell Miami 5210 LLC, SGO Group Ltd., Ribet International Ltd., PLD Inversiones C.A, y Constructora COSACO C.A. Igualmente, Guillermo A. Montero, Manning 90064 LLC, 2377 Glendon LLC, 10421 Northvale LLC y Peck/Jones Construction, Inc., reclaman propiedad casi en los mismos términos que los demandantes Santilli. Por último, Janeth Bayona expone varios argumentos generalizados y adopta la moción de las demandantes Santilli. Otro Demandante, J&D Investments of Miami, LLC, presentó lo que se titula una respuesta, pero no ha presentado nunca una moción de desestimación.

  Leonardo Santilli García, quien falleció —fue asesinado el 1 de septiembre de 2020, según versión del fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William Saab y sus homicidas fueron condenados a 18 años de prisión[1]—, y Daniel Santilli García eran dueños o controlaban cuatro empresas, a saber, Constructora Cosaco C.A., PLD Inversiones C.A., SGO Group Inc. y A&M Support Group, Inc., las cuales obtuvieron contratos para la provisión de bienes y servicios a las filiales de PDVSA.

  La acusación contra los Santilli refiere que, a partir de 2014, estos transfirieron fondos a cinco funcionarios venezolanos a través de cuentas del Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida, sobre las cuales tenían control.

  En la acusación se detallan una serie de transferencias a los funcionarios de PDVSA, Petromonagas, Petrocedeño, Sinovensa y Petropiar, quienes recibieron en sus cuentas USD 146 millones.

  La fiscalía determinó que los fondos se entremezclaron con frecuencia con las cuentas de la empresa, así como con las cuentas personales de los Santilli. Del mismo modo, el dinero de las cuatro cuentas de las empresas Santilli se transfirió directamente a varias de las cuentas de los demandados.

  En julio y agosto de 2018, las fuerzas del orden público ejecutaron órdenes federales de incautación de fondos en todas las cuentas de los demandados, excepto una, que fue restringida.

Tribunal niega mociones de los demandantes

  El 15 de noviembre de 2021, el juez de distrito, Roberto N. Scola Jr. negó las mociones para desestimar la causa, de quienes reclaman los fondos y activos — catorce cuentas que suman USD 45 millones y siete bienes inmuebles— que serían el producto de delitos de soborno y bienes involucrados en el lavado de dinero, los cuales el gobierno estima decomisar.

  El gobierno ha presentado siete reclamos en procura del decomiso de los activos del demandado.

  El primero de estos reclamos es por estimar que son producto de delitos de soborno en el extranjero; el segundo, por ser propiedad involucrada en una conspiración de lavado de dinero; el tercer reclamo dos), por ocultamiento de transacciones de lavado; el cuarto reclamo por ocultamiento internacional de transacciones de lavado; el quinto, por transacciones promocionales de lavado; el sexto, por transacciones internacionales de lavado promocional; el séptimo por transacciones de lavado mayores a USD. 10.000.

  Ante estas acciones, varios demandantes solicitan la desestimación de la denuncia, con perjuicio, argumentando, de diversas maneras, que el caso está prohibido por la doctrina de la cortesía internacional; que la queja no establece un reclamo bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 12(b)(6); que las reclamaciones de decomiso están prescritas. Entretanto, la fiscalía se opone a la moción algunos de los demandantes han respondido oportunamente, pero el tribunal, después de su revisión, negó estas mociones.

 El juez Scola estimó que los argumentos de abstención de los demandantes en virtud de la doctrina de la cortesía internacional no dan en el blanco y negó su moción de desestimación a ese respecto.

  Asimismo, los argumentos de los demandantes no convencieron a la de que la fiscalía no ha presentado un reclamo de reparación o que no ha presentado hechos suficientemente detallados para respaldar una creencia razonable de que el gobierno podrá cumplir con su carga de la prueba en el juicio. Los demandantes tampoco convencieron al juez de que los reclamos hubieran prescrito.

Juez anula los reclamos

  El 3 de enero de 2022, Roberto N. Scola Jr., Juez de Distrito de los Estados Unidos concedió a la fiscalía las mociones para anular las reclamaciones de Isabel Cristina Milagros Marcucci Jiménez, Guillermo A. Montero y Peck/Jones Construction, Inc.

  Igualmente, el magistrado también se pronunció sobre el pedido de liberación del embargo formulado por Montero, relativo a la venta de uno de los bienes inmuebles y solicitó notificación judicial relacionada con otro bien inmueble. Scola constató que dichas mociones estaban completamente informadas y procedió a negarlas con base en la falta de legitimación de Montero, toda vez que presentó dichas mociones en nombre de los propietarios de la entidad. Así, el Tribunal negó las solicitudes por haber sido presentadas indebidamente en nombre de una entidad comercial.

  Isabel Cristina Milagros Marcucci Jiménez, esposa de Daniel Santilli, reclamaba un interés, primero, USD 7.7 millones incautados de la cuenta de UBS número FL 14453 a nombre de Daniel y Leonardo Santilli García; segundo, USD 10 millones incautados de la cuenta número 5V2-10186 de Merrill Lynch a nombre de Daniel Santilli García; y tercero, USD 1 millón en fondos incautados de la cuenta número 5V2-10188 de Merrill Lynch, también a nombre de Daniel Santilli García.

  Estimó el juez que el reclamo no es válido porque no tiene un interés legalmente reconocible en las cuentas reclamadas, pues se equivocó sobre la aplicabilidad de la ley venezolana al evaluar su interés de propiedad. Además, según la ley de la Florida Marcucci no tiene un interés de propiedad en la cuenta bancaria de su cónyuge cuando ella no es signataria o titular de la cuenta, el cónyuge titular de la cuenta está vivo y la pareja sigue casada.

Los reclamos

  Los reclamos verificados de Montero y Peck/Jones sobre, primero, USD 6.4 millones en fondos que fueron incautados de la cuenta de UBS número FL 14456 N a nombre de SGO Group Ltd.; segundo, USD 3.8 millones en fondos que fueron incautados de la cuenta número 39K-954608 de Pershing LLC a nombre de Ribet International Ltd.; tres bienes inmuebles, a saber, 1270 99 Street, Bay Harbor Island, Florida; 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, California: y 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California.

  Asimismo, otros reclamos que se detallaran más adelante al revisar los reclamos verificados en detalle.

  El juez Roberto N. Scola estableció que ni Montero ni Peck/Jones reclaman un interés en los bienes inmuebles mismos, más bien, exigen un interés sólo en los ingresos o ganancias que puedan surgir de la venta de las propiedades. Esto representa un reclamo solo por el potencial de inversión perdido y muestra que ellos no son más que acreedores no garantizados. Consideró el magistrado que la alegación sin adornos de Montero y Peck/Jones de que tienen la propiedad de los activos demandados reclamados es insuficiente para establecer su posición conforme a la ley.

Reclamo verificado de María Montero

  El 7 de enero de 2022, María E. Montero, presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida una Reclamación Verificada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, modificó su reclamo original y afirmó la propiedad de una serie de bienes inmuebles y activos.


  A saber, la demandante exige USD 6.415.388,33 en fondos que fueron incautados de la cuenta UBS número FL 14456 N a nombre de SGO Group Ltd; USD 3.810.331,36 en fondos que fueron incautados de la cuenta Pershing, LLC número 39K-954608 a nombre de Ribet International Ltd en la que María Montero tenía en el momento de la incautación y actualmente mantiene, una participación en la propiedad. Montero sostiene que tiene una participación en la propiedad de todo el dinero generado por la venta de 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33154, la cual está calificada legalmente como Residencia Unifamiliar valorada en USD 1.500.000.

  Del mismo modo reclama la cantidad de USD 2.000.000 que representa un lucro cesante para Guillermo y María Montero por el acuerdo de las partes con los Santilli para desarrollar el inmueble, amortizar hipotecas, impuestos inmobiliarios, mantenimiento, suministros, entre otras cosas anexar material a dicho inmueble.

  María Montero afirma ser propietaria de 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, CA 90064 como cesionaria de Peck/Jones Construction, Inc.; una Residencia Unifamiliar valorada en USD 4.000.000.

 También exige USD 2.000.000 representados en el gravamen de Mechanic's Lien registrado en la oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles con el número de documento 20211244874.

  Montero dice que los fondos para la compra del inmueble provinieron de Constructora Cosaco C.A. a través de PLD Inversiones y los miembros de la familia Santilli, personas que se incluyen en los Planes de Negocios.

  María Montero afirma la propiedad de 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064, un lote baldío valorado en USD 2.500.000 como cesionario como Peck/Jones Construction Inc.

  La cantidad de USD 2.000.000 que representa el gravamen al presente.

  Argumenta María Montero que sufrió una oportunidad perdida y daños a la inversión por un monto de USD 3.000.000 por el arresto de los demandados y las acciones contra los activos de los demandados de California después de que Guillermo y Peck/Jones Construction presentaran un gravamen contra los activos.

  Por lo tanto, María Montero afirma un interés de propiedad en los fondos mantenidos en la cuenta SGO 4456 y la cuenta Ribet 4608 y niega que estos constituyan ganancias de soborno transnacional, delitos, propiedad involucrada en el lavado de dinero o una conspiración para cometer lavado de dinero y/o propiedad trazable a dicha propiedad.

  Del mismo modo, María Montero afirma participación en la propiedad de los bienes inmuebles comúnmente conocidos como 2377 G Lend en Ave., Los Ángeles, CA 90064; una residencia unifamiliar; 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064 un terreno baldío. Reclama el 100 por ciento de la propiedad por un monto de USD 980 097,52 para 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33 154, que se vendió antes del decomiso porque era propiedad comunitaria según la ley de California.

El reclamo verificado de Guillermo Montero

  En la misma fecha, 7 de enero de 2022, reclamó la propiedad de USD 6.415.388,33 en fondos que fueron incautados de la cuenta UBS número FL 14456 N a nombre de SGO Group Ltd; de USD 3.810.331,36 en fondos que fueron incautados de la cuenta Pershing, LLC número 39K-954608 a nombre de Ribet International Ltd en la que Guillermo Montero tenía en el momento de la incautación una participación en la propiedad. Sostuvo que tenía una participación en la propiedad de todo el dinero generado por la venta de 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33154; calificada legalmente como Residencia Unifamiliar valorada en USD 1.500.000.

  Exigió USD 2.000.000 de lucro cesante por el acuerdo de las partes, el cual preveía desarrollar el inmueble y el pago de hipotecas, impuestos sobre bienes inmuebles, mantenimiento, suministros, materiales anexos a dicho inmueble. Afirma ser propietario de 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, CA 90064; una Residencia Unifamiliar valor de USD 4.000.000.

  También pidió USD 2.000.000 por gravamen del documento número 20211244874 registrado en la oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles. Sostuvo ser propietario de 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064 Iot valorado en USD 2.500.000.

  Pidió USD 2.000.000 por gravamen del documento número 20211244867 registrado en la oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles.

  Guillermo Montero acusó haber sufrido pérdidas de oportunidad y daños a la inversión por un monto de USD 3.000.000 por el arresto de los demandados y las acciones legales contra los activos de California después de que presentó un gravamen contra los activos.

  Montero afirmó un interés de propiedad en los fondos mantenidos en la cuenta SGO 4456 y la cuenta Ribet 4608 y negó que estos fondos constituyan ganancias de soborno transnacional, delitos, propiedad involucrada en el lavado de dinero o una conspiración para cometer lavado de dinero, y/o propiedad rastreable a tal propiedad. Igualmente reclamó un interés de propiedad en los bienes inmuebles comúnmente conocidos como 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33154; 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, CA 90064; una residencia unifamiliar; 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064 un lote baldío y también negó que los bienes hayan sido adquirido con fondos de origen irregular.

Fiscalía pide anular reclamo de María Montero

  El 11 de enero de 2022, el fiscal Juan Antonio González, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida una solicitud de anulación las reclamaciones de María Montero, así como la suspensión de su respuesta al pedido de desestimación por ella presentado.

  Sostiene el fiscal que María Montero no cumplió con su obligación de probar que está legitimada para presentar la Reclamación Verificada en razón de que, de acuerdo con la Orden Ómnibus del tribunal, ni su matrimonio con Guillermo Montero, ni su condición de acreedora quirografaria a través de su esposo, le confieren legitimación para impugnar la acción de decomiso civil.

  En consecuencia, el fiscal pidió al tribunal anular las Reclamaciones Verificadas de la demandante y suspender la respuesta de los Estados Unidos a la Solicitud de Desestimación hasta que se resuelva esta Solicitud de Anulación.

  La fiscalía considera que los Reclamos Verificados de la Montero deben anularse, puesto que estos se basan en los reclamos de su esposo, Guillermo Montero, los cuales fueron anulados por falta de legitimación conforme a la Orden Ómnibus del tribunal. De este modo el gobierno argumenta que, si Guillermo Montero carece de legitimación, entonces María Montero también dado que sus reclamos no se basan en sus supuestos intereses en ciertas propiedades inmobiliarias sino los de su esposo.

  La fiscalía precisó que, dado que la demandante carece de legitimación activa, Estados Unidos solicitó que la corte suspender su respuesta a la solicitud de desestimación de esta, la cual venció el 15 de enero de 2022. En apoyo de esta solicitud, la fiscalía planteó una serie de consideraciones y argumentos.

  Estima la fiscalía que es legalmente insuficiente la afirmación de María Montero de que tiene un interés conyugal en la propiedad de las LLC de Florida para conferir la legitimación conforme al Artículo III.  Montero en sus Reclamaciones Verificadas, alega un interés en los Bienes Inmuebles Reclamados sobre la base de que constituyen bienes conyugales según la ley de propiedad comunitaria de California. María Montero refiere que su esposo, Guillermo Montero, es miembro de las LLC de Florida que son titulares de los Bienes Inmuebles Reclamados y que ella, a su vez, tiene una participación del cincuenta por ciento en esas propiedades como su cónyuge.

  Pero la fiscalía advierte que María Montero no alega en sus Reclamos Verificados que es miembro de las LLC o que está afiliada de otra manera con las LLC o los Bienes Inmuebles Reclamados, razones que sin insuficientes por las razones discutidas en la Orden Ómnibus del tribunal.

  El gobierno de los Estados Unidos igualmente califica de insuficiente el alegato de María Montero de que tiene un interés en el lucro cesante generado por la venta de los Bienes Inmuebles Reclamados.

  Montero advierte que ha sido perjudicada por la “pérdida de millones de dólares debido a que el gobierno interfirió con el contrato (…) para construir un nuevo edificio y venderlo [sic] por una ganancia sustancial” y reclama “cualquier y todo el dinero generado por la venta” de las propiedades que “representa pérdida de ingresos y ganancias (…) acuerdo de las partes para desarrollar los bienes inmuebles.”

  El gobierno alerta que al anular el reclamo de Guillermo Montero, el Tribunal sostuvo que los reclamos relacionados únicamente con el “potencial de inversión perdido” demuestran que el demandante no es más que un “acreedor no garantizado [ ]”. Por ello, al igual que el reclamo de Guillermo Montero, el reclamo de María Montero también debe ser declarado sobre esta base.

  Por último, la fiscalía determinó que las reclamaciones de la demandante deben anularse por las mismas razones establecidas en la Orden General del tribunal del 3 de enero de 2021 y solicitó que se suspenda su respuesta a la Moción de desestimación que venció el 15 de enero de 2022.

Referencia

[1] La Patilla. “Tarek William Saab: Asesinos del empresario Leonardo Santilli García fueron condenados a 18 años de prisión”. 23 de septiembre de 2021. https://www.lapatilla.com/2021/09/23/tarek-william-saab-asesinos-del-empresario/

miércoles, 26 de enero de 2022

Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por el impago de bonos (III)

  La tenedora de bonos busca cobrar un fallo a través de propiedades bloqueadas de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade en la Florida, las cuales habrían sido adquiridas con fondos provenientes de la corrupción.

Por Maibort Petit

  Superado el gran escollo que significó en el proceso judicial entablado por Casa Express Corp., contra la República Bolivariana de Venezuela la notificación de su condición de deudor de la sentencia emitida a su favor por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el caso se encamina ahora a lograr hacer efectivo el fallo judicial.

   Casa Express, una empresa de la Florida, fue de las primeras en demandar a Venezuela por el incumplimiento en los pagos del capital e intereses de bonos de la república. El tribunal neoyorquino sentenció a su favor el pago de USD 43.360.535,15 que la demandante busca cobrar con bienes de la república venezolana en Estados Unidos.

   En tal sentido registró la sentencia ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en procura de hacerse de bienes inmuebles propiedad de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade supuestamente adquiridos con fondos irregulares provenientes de la corrupción, los cuales se encuentran bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

   Casa Express Corp. actúa como Síndico del Fideicomiso de Casa Express Trust presentado  ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida-División Miami y a partir de allí  solicitó que se dictara una orden para implicar como demandados a Alejandro Andrade Cedeño, Raúl Gorrín Belisario, RIM Group Investments Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments III Corp., Posh 8 Dynamic Inc. y Planet 2 Reaching Inc., y en consecuencia se emitieran los Avisos de Comparecencia reglamentarios.

   El objetivo de Casa Express es embargar ocho inmuebles comprados en la Florida por Raúl Gorrín a través de entidades ficticias, con fondos venezolanos malversados obtenidos mediante un esquema de cambio de moneda extranjera ilícito y corrupto. Estos apartamentos están bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

   Sostiene Casa Express que debido a que la compra de los inmuebles se hizo con fondos venezolanos malversados, las propiedades están sujetas a un fideicomiso constructivo a favor de Venezuela y están sujetas a ejecución por parte de Casa Express de conformidad con 28 U.S.C. § 1610(c) y Estatuto de Florida § 56.29.

  La OFAC determinó que Gorrín invirtió los fondos venezolanos malversados en “propiedad nacional e internacional” a través de una red de entidades y estructuras corporativas para ocultar que él era el beneficiario real de los activos.

    Las propiedades inmobiliarias adquiridas en Florida desde 2008, son: 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109.

   Dado el incumplimiento de Venezuela con el pago de la Sentencia durante más de siete meses, el Distrito Sur de Nueva York autorizó a Casa Express a iniciar acciones de ejecución en los Estados Unidos, por lo que ésta registró la sentencia a su favor en el estado de la Florida el 27 de agosto de 2021 para proceder con el reclamo.

  La acusación de remplazo contra Gorrín de fecha 15 de diciembre de 2020 enumera varias propiedades reales sustitutos, aunque no contempla Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109; pero agrega el 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143 (“140 Paloma Drive”), la que advertimos líneas arriba, fue vendida por el cuñado y socio comercial de Gorrín, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales.

  Siendo que se trata de propiedades que se encuentran en un fideicomiso a favor de Venezuela, Casa Express procura cobrar parte de su sentencia con estos inmuebles.

El llamado a comparecencia

  El 15 de septiembre de 2021, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida-División Miami, emitió un aviso legal para comparecer dirigido a Alejandro Andrade Cedeño, en el que se informaba que en razón de que Casa Express inició procedimientos para satisfacer el fallo a su favor mediante una serie de inmuebles propiedad o bajo el control de Andrade.

   Se trata de 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160; 7043 Fisher Island Dr., Unit 7043, Fisher Island, Florida 33109; 4100 Salzedo Street, Unit 1010, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 608, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 813, Coral Gables, Florida 33146; y 4100 Salzedo Street, Unit 913, Coral Gables, Florida 33146.

  El aviso comparecencia firmado por el juez Beth Bloom le advertía a Andrade Cedeño si alguno de los inmuebles había sido embargado o él se oponía a que se usaran para la ejecución del fallo judicial, debía presentar una fianza  con garantía por el doble del valor de los bienes reclamados. Igualmente le refirió que tenía derecho a un juicio con jurado para determinar los derechos sobre los inmuebles.

Pedido de declaración en rebeldía de Andrade

  El 5 de octubre de 2021, Andrés Gamardo, de la firma Sanchez Fischer Levine LLP, en representación de Casa Express Corp., presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una solicitud de declaración de incumplimiento del Secretario contra Alejandro Andrade Cedeño.

  Luego de un recuento de sus diligencias en el caso, refirió que en virtud de que Andrade Cedeño fuera notificado el 21 de septiembre de 2021 de que debía comparecer ante la corte, y de que habiendo transcurrido los 7 días hábiles —cumplidos el 30 de septiembre de 2021— que concede la norma para que explique por qué los bienes inmuebles no deben aplicarse para la satisfacción de la sentencia, sin que esto hubiera ocurrido, pidió al tribunal declararlo en rebeldía.

  Asimismo, solicitó cualquier otra reparación adicional que la corte considerara adecuada.

Andrade declarado en rebeldía

  El 26 de octubre de 2021, Ángela Noble, secretaria del Tribunal para el Distrito Sur de la Florida declaró en rebeldía a Alejandro Andrade Cedeño al no presentarse a comparecer y responder ante la corte.