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martes, 9 de marzo de 2021

Esta es la carta que ocultó la fiscalía e hizo desmoronar el caso de Ali Sadr, el iraní que lavó más de $100 millones del programa de viviendas de Hugo Chávez

  El gobierno quería mantener sellado su contenido, pero la juez del caso autorizó su divulgación.

Por Maibort Petit

  En el proceso judicial que en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se siguió contra Ali Sadr Hashemi Nejad, en el que un jurado lo declaró culpable, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa y que se identificó como GX 411, fue determinante a la hora de que la juez de la causa, Alison Nathan anulara el veredicto y el caso se viniera al piso.
   Las irregularidades cometidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en torno a esta comunicación, dieron al traste con el caso en el que inicialmente se había determinado que Sadr pasara largos años en la cárcel por el hecho cierto, según las evidencia de haber incurrido en la “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”[1].

A continuación, presentamos el contenido del documento.

   El 16 de junio de 2011, el Commerzbank AG, sucursal de Nueva York (CBNY) remitió una comunicación a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, firmada por Deepa Keswani, Jefe de Cumplimiento de ALD/Antifraude/Sanciones, y por Vinay Jepal, Oficial de Cumplimiento de Sanciones de la entidad bancaria.

  El objeto de la carta era ofrecer información a la OFAC sobre el Stratus International Contracting Company y el papel de este banco en una transferencia por USD 29.442.967,57 en el contexto de la trama por medio de la cual un programa de viviendas implementado en Venezuela por el finado expresidente, Hugo Chávez, había servido para violar las sanciones contra Irán.

  Le refirió el Commerzbank a la OFAC que el 20 de abril de 2011, el sistema de monitoreo de transacciones ALD de CBNY generó una alerta, que tenía que ver con una transacción por USD 29.442.967,57, la cual había tenido lugar el 4 de abril de 2011.

   Se trataba de una transacción originada en el Banco del Tesoro C.A. Banco Universal Caracas, la cual tenía como beneficiario a la empresa Stratus International Contracting Company, un cliente de Hyposwiss Privatbank AG, Zurich.

  El movimiento bancario tenía ver, según el asunto de la operación, con un Fideicomiso del Fondo Chino Venezolano en Caracas.
   Explica la comunicación que al detectar la operación se procedió de acuerdo con el procedimiento estándar y el CBNY solicitó información al Banco del Tesoro de los detalles sobre ambas entidades y su relación.

  Entretanto la respuesta llegaba, el CBNY llevó a cabo una averiguación a sobre la empresa Stratus en su sitio web y allí encontró que la compañía fue fundada en 1978 en Teherán, Irán.
  Igualmente, la carta del Commerzbank indica que los datos encontrados sobre Stratus International precisaban que la compañía se especializa en brindar servicios de contratación para proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios y que para el momento se encontraba trabajando en un proyecto de desarrollo de viviendas que contemplaba la construcción de 7.000 unidades de apartamentos en Ciudad Ojeda, estado Zulia, Venezuela, denominado “Proyecto Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda”.

   La carta indica que el 12 de mayo de 2011, el CBNY recibió una respuesta del Banco del Tesoro en la que informaba, primero, la dirección de la empresa que, según dijeron era: Gardenya Plaza 5, K: 3 D: 3 (Piso 3, Suite 3) 34758 Atasehir, Estambul, Turquía; que la misma estaba registrada en Estambul, Turquía; y que presta servicios de construcción en Turquía, Dubai y Venezuela.
   Seguidamente, la comunicación refería que el propósito del pago era por la construcción del citado proyecto habitacional.

   Alertaba la comunicación que, aunque Stratus no figura como SDN, y el pago no indicaba ninguna participación directa de Irán o con Irán, la información contradictoria derivada de lo que decía el sitio web de la empresa y lo que informó el Banco del Tesoro, el CBNY creía apropiado compartir la información con la OFAC en virtud de que Stratus International podía ser una empresa iraní.

  Deepa Keswani y Vinay Jepal le dijeron a la OFAC que el CBNY había agregado a Stratus International a su filtro de sanciones para monitorear cualquier pago futuro. Al mismo tiempo advirtió: “Tenga en cuenta que, aparte de esta transacción, hasta la fecha, CVNY no ha procesado ningún otro pago relacionado con Stratus”.

   Finaliza la carta diciendo que el propósito de la comunicación era informar los buenos esfuerzos de Commerzbank AG, Sucursal de Nueva York, para cumplir con los requisitos aplicables de la OFAC y dar a conocer voluntariamente de cualquier dato recibido durante la investigación sobre posibles entidades relacionadas con sanciones.


















[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html













sábado, 6 de marzo de 2021

Extradición de hijos del expresidente Ricardo Martinelli continúa en suspenso

    Será el próximo lunes 8 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia que habrá de decidir si Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares será entregado a las autoridades de los Estados Unidos donde se le acusa de lavado de dinero.

Por Maibort Petit

   Aun cuando el pasado viernes 5 de marzo  se esperaba que el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala revisara la causa de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, acusado junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, de delitos de lavado de dinero, habrá que seguir esperando por tal decisión.

   Los hijos del ex mandatario de Panamá son solicitados por la Corte del Distrito Este de Nueva York para que respondan ante esa instancia judicial de los delitos de que le acusa la fiscalía de dicha jurisdicción, razón por la cual requieren a las autoridades de Guatemala donde ambos se encuentran detenidos, que sea extraditados para que se enfrenten a la justicia de los Estados Unidos.

  Sin embargo, la audiencia se suspendió a solicitud de la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, la cual alegó necesitar más tiempo para revisar el expediente. Ahora será el próximo lunes 8 de marzo, cuando la audiencia tenga lugar.

  El abogado de Martinelli Linares sostiene que el tribunal no es competente para dirimir el caso de su cliente, pues que se estaría violando, según él, la presunta inmunidad diplomática del hijo del exmandatario panameño. Alega Luis Enrique Martinelli Linares, al igual que su hermano, es diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pero el organismo regional informó ninguno de los dos ha sido juramentado, ni ha tomado posesión del cargo, pese a que resultaron electos en las elecciones generales panameñas, de mayo de 2019[1].

El caso

  Ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, especialista en derecho penal relacionado con las violaciones de los estatutos de fraude financiero y corrupción, incluidos delitos relacionados con fraude electrónico, fraude postal, fraude de valores, ley de prácticas corruptas en el extranjero, blanqueo de capitales y conspiración para cometer esos delitos, presentó declaración jurada con relación al caso que en esa instancia judicial se sigue en contra de Luis Enrique Martinelli Linares.

   Refirió la fiscal Nestor que se encuentra familiarizada con las pruebas presentadas por la fiscalía en el contra de Martinelli Linares, en el caso que surgió de una investigación a la empresa brasileña Odebrecht S.A, empresa la cual opera en al menos 27 países en las áreas de ingeniería, construcción, infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos y bienes raíces. La investigación reveló la existencia de un esquema de soborno masivo y lavado de dinero por parte de Odebrecht y otros, entre quienes se encontraba Luis Enrique Martinelli Linares, para pagar sobornos a funcionarios y servidores públicos en varios países y lavar el producto del esquema de soborno.

Los cargos

  Al igual que su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares fue demandado el 27 de junio de 2020, luego de que se estableciera que había una causa probable para creer que había cometido el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957. Un juez del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la demanda y emitió una orden de arresto en su contra. Posteriormente, el 20 de julio de 2020, se presentó una Demanda Enmendada acusándolo de conspiración para cometer lavado de dinero (ya referido); lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

  A la fecha, la orden de aprehensión se mantiene vigente y ejecutable para que Martinelli Linares —igual su hermano— sea juzgado por los referidos delitos.

  La fiscal Julia Nestor explica que, durante el proceso judicial, la fiscalía deberá demostrar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos en cualquiera de las modalidades previstas y sancionadas en la legislación de los Estados Unidos, así como también a lo establecido en el Código Penal de Panamá. Se tendrá que determinar que el imputado, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

  Acota Nestor que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

 Agrega que Martinelli Linares enfrenta también dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), por lo que a la fiscalía le tocará demostrar que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada, en todo o en parte, para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

  Martinelli Linares está acusado igualmente de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 y, por lo cual, el gobierno debe demostrar que participó o intentó realizar una transacción monetaria a sabiendas; que sabía que dicha transacción involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, en efecto, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en los Estados Unidos. La pena máxima de prisión por este delito es de 10 años.

  Julia Nestor manifiesta en su declaración jurada que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos y otras pruebas.

  Advierte que ni Luis Enrique Martinelli Linares, ni su coacusado, Ricardo Alberto Martinelli Linares, han sido juzgados ni condenados por los delitos imputados en la Demanda Modificada, ni se le ha ordenado que cumpla condena alguna en relación con este caso.

Los hechos

  En su declaración jurada a la Corte del Distrito Este de Nueva York, julia Nestor narra los hechos que llevaron a demandar a los Martinelli Linares.

Precisó que la policía identificó evidencia de que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, se involucró en un esquema de soborno masivo en el que los co-conspiradores acordaron con otros, pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios y obtener beneficios. Entre estos funcionarios había servidores públicos en Panamá.

  Explica que Odebrecht ocultó la naturaleza, origen, propiedad y control de los ingresos del esquema de soborno al canalizarlos a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

  La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno en Panamá desde aproximadamente 2009 hasta aproximadamente 2014, a saber, un pariente cercano suyo.

   Asimismo, junto a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, participó en el esquema de soborno de Odebrecht, actuando como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que la empresa brasileña ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, los hermanos Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitieron recibir y disfrazar los sobornos.

  Julia Nestor informa que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales eran utilizadas para recibir y, además, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo y ordenó que se hicieran en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá. 

  Específicamente, los hermanos Martinelli Linares establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de las empresas fantasmas para ocultar y gastar las ganancias del soborno.




[1] La Prensa. “Guatemala: se suspende audiencia a Luis Enrique Martinelli, para que su abogado revise el expediente”. 5 de marzo de 2021. https://www.prensa.com/judiciales/guatemala-audiencia-para-definir-la-extradicion-de-luis-enrique-martinelli-linares/


 

miércoles, 3 de marzo de 2021

Irregularidades y mentiras de la Fiscalía de Nueva York beneficiaron a Ali Sadr Hashemi Nejad, hallado culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán

   Cual castillo de naipes se derrumbó el caso de violación de las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán, fraude y lavado de dinero, a través del programa de viviendas del finado Hugo Chávez.

Por Maibort Petit

  Aún cuando el banquero iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, fue declarado culpable por un jurado, el caso dio un vuelco inesperado en el que se invirtieron los papeles y, de acusado, el propietario del Pilatus Bank, pasó a ser acusador al conocerse los manejos irregulares y las mentiras de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encargada de la investigación. En los últimos días se han conocido los documentos que los fiscales ocultaron de los abogados del imputado, aun a sabiendas de que los mismos habrían ayudado a los abogados en la defensa de su representado.

   La contundencia de una serie de mensajes de texto privados, correos electrónicos y un documento clave, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones, dados a conocer recientemente por la prensa, llevaron a la juez de la causa, Alison Nathan, a recomendar al departamento de Justicia, investigar la probable conducta irregular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente a la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales.

  La “mentira rotunda” como reconoció el fiscal Emil Bove, supervisor junto a Shawn Crowley, de la citada unidad, tenía un valor exculpatorio para Ali Sadr Hashemi Nejad, pero los fiscales del caso lo mantuvieron oculto y después pretendieron “enterrarlo” entre un grupo de documentos que remitieron a la defensa, creyendo que tal acción pasaría desapercibida.

  No ocurrió así, pues los abogados de Sadr captaron casi de inmediato que la carta del Commerzbank no había sido entregada en su momento, sino cuando el juicio estaba a punto de completarse. La fiscal federal adjunta, Jane Kim, se percató de que el documento que quería presentar como prueba no había sido compartido con los defensores de Sadr, lo cual se erigía como una posible violación de las reglas del debido proceso. La fiscal Kim fue “aconsejada” por una colega de esperar "hasta mañana y lo enterraran en algunos otros documentos".

Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez

  La situación se complicó cuando los supervisores Bove y Crowley, lejos de corregir el comportamiento irregular se dedicaron, particularmente la segunda, al dedicarse “el resto de la noche a limpiar mi oficina".

  El enredo de la fiscalía la llevó a que en julio de 2020 retirara la acusación referida a la violación de las sanciones impuestas al régimen iraní, debido a la omisión intencional de entregar pruebas que podrían haber exculpado al acusado.

La decisión de la juez

  El pasado 17 de febrero de 2021, la juez Alison J. Nathan, se pronunció sobre el enjuiciamiento de Ali Sadr Hashemi Nejad por la presunta evasión de las sanciones contra Irán, refiriendo que el proceso “se vio empañado por repetidas omisiones en la divulgación de pruebas exculpatorias y el uso indebido de las devoluciones de órdenes de registro. Estos errores fueron tan graves que, tras el veredicto del jurado a su favor, el Gobierno determinó que el enjuiciamiento del caso no redundaría en beneficio de la justicia. A solicitud conjunta de las partes, la Corte anuló el veredicto del jurado y desestimó los cargos contra el Sr. Sadr con prejuicio”.

  Explica la juez en su decisión que la corte se centró fundamentalmente en la carta de Commerzbank a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), marcada como GX 411, la cual no fue revelada por la fiscalía hasta días después. El documento estaba en poder del fiscal desde antes de que el gobierno comenzara la investigación contra Sadr y, sin embargo, no fue compartido con la defensa hasta el 7 de marzo de 2020, un día después de que decidieron presentarlo como prueba. Específicamente, los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan un informe de la OFAC que se convirtió en GX 411 en una investigación separada alrededor de marzo de 2015. Dicho fiscal se incorporó al equipo de la fiscalía en junio de 2017 y encontró el documento nuevamente mientras revisaba los archivos en su oficina a fines de 2019 y lo mencionó al resto del equipo en un correo electrónico del 19 de diciembre de 2019. En esos correos se explicó que Commerzbank había actuado como intermediario para uno de los pagos subyacentes a los cargos del gobierno contra Sadr y presentó un informe a la OFAC. 

  Agrega que los fiscales discutieron la mejor manera de entregar el documento a la defensa sin llamar la atención sobre su divulgación tardía. Cuando se les pidió una explicación trataron de minimizar los hechos y el Tribunal le ordenó explicar si había informado a la defensa que GX 411 no había sido previamente revelado en el descubrimiento, dio a entender falsamente que sí.

   La Corte ordenó a los fiscales presentar sus declaraciones el 16 de septiembre de 2020 detallando cómo se enteraron del documento, cuándo se dieron cuenta de que tenía valor exculpatorio y qué papel desempeñaron en la redacción del expediente.

  Los fiscales presentaron sus declaraciones y solicitaron no hacer más investigaciones, así como también que las mismas y sus anexos se mantengan sellados.

  Del mismo modo, la corte informa que, en sus presentaciones más recientes, el Gobierno informó de otra falta de divulgación en este caso, la cual está relacionada con la revisión del FBI de las declaraciones de órdenes de registro sin procesar proporcionadas por la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. 

  Pese a estas circunstancias, el tribunal no estima que los fiscales hayan retenido a sabiendas información exculpatoria o tergiversado intencionalmente los hechos a la Corte y, a la luz de esto, no se emprenderán más investigaciones. “En cambio, el Tribunal insta a la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del DOJ a que se lleve a cabo una investigación completa de todos los asuntos relacionados con la mala conducta del fiscal en este caso. Además, el Gobierno ha manifestado que está implementando nuevos protocolos de capacitación para fiscales y agentes de casos del FBI y mejorando su infraestructura para la gestión y divulgación de datos”.

  Los fiscales no volvieron a discutir sobre el documento hasta el 6 de marzo de 2020, cinco días después del juicio, cuando la fiscal Lake descubrió el correo electrónico del 10 de enero en su bandeja de entrada mientras revisaba correos electrónicos antiguos y lo reenvió a otros fiscales. En el mensaje dijo no estar segura de si el Gobierno lo había presentado a la defensa. Es por ello que la juez no encuentra que los fiscales retuvieran intencionalmente el documento. Sin embargo, advierte que es evidente la falta de divulgación de la carta se debió a una falta de comunicación entre los miembros del equipo de acusación y una falta bastante grave de atención a sus obligaciones de divulgación. 

   La Corte enfatiza que el manejo de los fiscales de la prueba, incluida la falta de atención a su potencial valor exculpatorio, estuvo muy por debajo de sus obligaciones constitucionales y éticas. Por un lado, debieron haber reconocido el potencial valor exculpatorio del documento, como los Jefes de Unidad ahora testifican que lo hicieron cuando revisaron el documento por primera vez. Pero, incluso, si no estaban seguros de si el documento habría sido valioso para la defensa, deberían haberlo presentado.

   Subraya la juez, que el mal manejo de los fiscales no terminó con la falta de divulgación de la prueba, sino que se extendió al haber diseñado una serie de acciones destinadas a distraer la atención de la divulgación tardía y minimizar la aparente culpabilidad del Gobierno.

El pronunciamiento 

   La juez Alison Nathan concluyó que, si bien los errores y lapsos éticos del Gobierno en el caso son omnipresentes, la Corte no encuentra que los fiscales hayan ocultado intencionalmente documentos a la defensa o hayan engañado intencionalmente al tribunal.

  Considera la Corte que la Oficina de Responsabilidad Profesional debe investigar el caso y espera que el Departamento de Justicia debe tomar medidas para garantizar que estos errores no se repitan.

   La juez negó las solicitudes para sellar las declaraciones, anexos y cartas presentadas en respuesta a la Opinión de la Corte del 16 de septiembre.

   También se ordenó que los fiscales entregaran sus declaraciones y anexos en el expediente público a las dos semanas de la decisión; mientras que la defensa lo hiciera el 13 de noviembre de 2020. Entretanto, la fiscalía debía entregar su carta el 20 de noviembre de 2020. 

  Igualmente se ordenó que la fiscalía, luego de los seis meses siguientes a la fecha de la decisión, debía presentar un informe de situación sobre el uso por parte del FBI de las declaraciones de órdenes de registro sin procesar como se analiza en la Sección II.

  La decisión se archivaría con un sello temporal en espera de la disposición del Tribunal de cualquier redacción propuesta presentada el 19 de febrero de 2021 o antes.



martes, 2 de marzo de 2021

Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién "por temor" a su seguridad

   El acusado de haber robado al erario público venezolano, por medio de contratos con sobreprecio de CITGO y PDVSA, alegó ante un juez estar preocupado "por su seguridad y la de su familia" debido a las revelaciones publicadas por Venezuela Política. 

Por Maibort Petit

  José Manuel González Testino, procesado por la justicia de los Estados Unidos por delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de CITGO y PDVSA, consiguió que el juez de Distrito de Texas, Gray H. Miller aprobara una moción interpuesta por sus abogados para que se mantenga bajo sello la información sobre la ciudad de residencia del acusado y "con quién está viviendo", luego de haber cooperado con los fiscales.
  González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami cuando pretendía abandonar el país y regresar a Venezuela. Se declaró culpable de tres cargos en mayo de 2019. Tras pagar 5 millones de dólares, disfruta de libertad bajo fianza otorgada por el tribunal.

González Testino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. De acuerdo a la demanda, el acusado controlaba varias empresas con sede en los Estados Unidos que fueron usadas para lograr contratos fraudulentos en PDVSA y su filial estadounidense, CITGO Petroleum Corp. para lo cual pagó sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

   El 29 de mayo de 2019, González Testino se declaró culpable el en un tribunal federal de Houston, Texas, por su papel en un esquema de soborno para asegurar y retener corruptamente los contratos de energía y logística de PDVSA y CITGO.

Teme por seguridad y la de su familia

Para lograr tal objetivo de convencer al juez Miller para que ordenara sellar los récords, los abogados de González Testino alegan que el procesado está preocupado por su seguridad debido a que este portal, Venezuela Política informó sobre la orden de la corte de liberar los pasaportes de la exesposa de González Testino, María Alejandra Díaz, para viajar a Madrid y a Londres.
  La defensa interpuso la moción para archivar bajo sello los documentos que modifican las condiciones de liberación del acusado.

   La defensa sostiene que "el señor González-Testino tiene motivos para estar preocupado de que su seguridad y la su familia se vea comprometida si la moción y la orden de liberación se hacen públicas".

"Este Tribunal concedió previamente mociones para sellar las entradas del expediente que contenían información privada, por ejemplo, DE 68, DE 86 y DE 107 con el mismo propósito" advierten.

  Por ello, "el demandado, José Manuel González-Testino traslada a esta Honorable Corte  la solicitud de sellar la Moción sin oposición para modificar las condiciones de liberación".

  Sostiene que la moción fue consultada con la abogada  Sonali A. Patel, Litigante del Departamento de Sección de Fraude de la Justicia, quien declaró que no tiene objeciones a la reparación solicitada en esta moción.

   González Testino está siendo representado por el escritorio jurídico Jones Walker LLP.

    La sentencia de José Manuel González Testino está prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 AM.



miércoles, 17 de febrero de 2021

Un empresario venezolano y una compañía sevillana se suman a la trama de corrupción de la BPA

   USD 3,2 millones se transfirieron a una empresa registrada en Panamá propiedad de Roberto Javier Cobucci, los cuales sirvieron para cubrir la vida lujos de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, reveló El País de España.

Por Maibort Petit

  Un nuevo capítulo se ha escrito en torno a la trama de corrupción que gira alrededor del caso que protagonizaron los ex-viceministros de energía del gobierno del finado Hugo Chávez, a saber, Nervis Villalobos, Javier Alvarado, así como Diego Salazar, entre otros, quienes ocultaron fondos provenientes de sobornos en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y es que la juez de la causa determinó que Ingelec, una empresa sevillana, pagó 2,7 millones de euros —3,2 millones de dólares— a los funcionarios chavistas, a cambio de la aprobación de adjudicaciones públicas.

  Entre los años 2007 y 2010, Ingelec realizó un conjunto de transferencias a una sociedad registrada en Panamá, operaciones estas que habrían formado parte de los más de USD 2.400 millones que Villalobos, Alvarado y otros funcionarios chavistas corruptos ocultaron en el pequeño principado en el periodo comprendido entre 2007 y 2012 con el objetivo de legitimar los fondos irregulares[1]. 

  Los USD 3,2 millones terminó su recorrido en la BPA, específicamente en una cuenta destinada a pagar los gastos del primo del expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. y exministro de petróleo, Rafael Ramírez, a saber, Diego Salazar. El familiar del ex-zar petrolero venezolano forma parte del selecto grupo de 28 procesados en un juzgado de Andorra en donde el secreto bancario estuvo blindado hasta 2017.

  La investigación que ahora arroja nuevos resultados, determinó que los USD 3,2 millones que Ingelec transfirió terminaron en una cuenta de la Banca Privada d´Andorra que sirvieron para pagar en 2009 más de un millón de euros al hotel Four Seasons de París por gastos de alojamiento de Salazar y para transferir 834.000 euros a Estados Unidos destinados a la compra de un inmueble.

  La firma panameña que sirvió ocultar el origen de los fondos irregulares mediante operaciones que buscaban desviar las miradas de las autoridades del destino final que tenía el dinero, es Pessons Mountains, empresa fantasma o de pantalla, propiedad del venezolano Roberto Javier Cobucci Mugica, quien según el portal Dateas, es titular de la Cédula de Identidad número V-6.818.198[2].

  Ante las autoridades de la BPA, Cobucci dijo que el dinero de Ingelec provenía de un contrato de servicios para la instalación, montaje y mantenimiento de maquinaria para la Electricidad de Caracas, una empresa pública de Venezuela. Una versión que no convenció a las autoridades pues, “No se ha tenido acceso al encargo de Electricidad de Caracas”, refiere un informe. La jueza Stéphanie García imputó a Roberto Javier Cobbuci por lavado de dinero, así como a su empresa, Pessons Mountains.

  Roberto Javier Cobucci figura en el directorio de otras empresas, tales como Materiales y Servicios para Obras S.A., una sociedad anónima registrada en Panamá el 13 de diciembre de 2007 bajo el número 595503, ya disuelta. En esta compañía ocupaba los puestos de presidente, secretario y director, según revela el portal Open Corporates[3]. Por una sentencia del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, emitida el 8 de mayo de 2013, sabemos que Cobucci Mugica también preside o presidió la sociedad mercantil, Mauinarias Kovai 99 C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 1 de Julio de 2004, bajo el Nº 26, Tomo 106 A-Sgdo; cuya ultima modificación (para la fecha de la sentencia judicial) ocurrió ante la misma Oficina de Registro, en fecha 14 de Agosto de 2009, bajo el Nº 14, Tomo 175 A-Sgdo. La empresa de Cobucci era demandada por el cobro de una deuda[4]. Esta empresa también estaba inscrita en Panamá bajo la denominación Maquinarias Kovai 99 de Panamá S.A., donde Roberto Cobucci figuraba como presidente, director, suscriptor y secretario[5].

  Los dineros mal habidos de Diego Salazar han sido objeto persecución en los últimos años por parte de la s autoridades del principado de Andorra. En 2012 una juez bloqueó una operación que tenía por objeto transferir 40 millones de Suiza a Francia para la compra de una propiedad. El primo de Rafael Ramírez manejo siete cuentas en la BPA, una entidad financiera que fue intervenida en 2015 por presuntamente blanquear fondos irregulares de la constructora brasileña Odebrecht. Los fondos de Salazar en la entidad fueron 21,2 millones de euros que utilizó junto a su familiar, Luis Mariano Rodríguez y Nervis Villalobos, para costear una vida y excesos. Por ejemplo, 10 millones de euros de estos fondos sirvieron para cubrir entre 2007 y 2012 bienes de lujo, tales como joyas y obras de arte (3 millones), vinos (un millón), alquileres de helicópteros (516,012 euros).

  Pero no solamente Andorra fue el destino de los fondos irregulares de Salazar, sino también Belice, Panamá y las islas Vírgenes Británicas, donde se movieron a través de más cien empresas fantasmas que sirvieron para ocultar la compra de propiedades en Venezuela entre 2004 y 2016[6].

REFERENCIAS

[1] El País. “Andorra procesa a dos exministros de Hugo Chávez por un expolio de 2.000 millones”. 13 de septiembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/09/13/actualidad/1536840214_393863.html

[2] Dateas. Cobucci Mugica, Roberto Javier. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/cobucci-mugica-roberto-javier-1189468

[3] Open Corporates. Materiales y Servicios para Obras S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/595503

[4] TSJ. Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva. http://barinas.tsj.gob.ve/DECISIONES/2013/MAYO/2126-8-AP11-M-2012-000332-.HTML

[5] Mercado. Cargos ejecutivos de Roberto Javier Cobucci Mugica. https://www.mercado.com.pa/ejecutivos/roberto-javier-cobucci-mugica-id-230C8D37A6C66353

[6] El País. “Una firma española pagó 2,7 millones de euros a la red de sobornos de exministros de Chávez”. 16 de febrero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-02-15/una-firma-espanola-pago-27-millones-a-la-red-de-sobornos-de-exministros-de-chavez.html

ESCÁNDALO EN ELECCIONES DE ECUADOR Y EL FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES, JUAN CARLOS MONEDERO Y NEURONA

lunes, 8 de febrero de 2021

Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

  Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck El-Aissami es defendido por Kelley J. Sharkey.

Por Maibort Petit

   Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

   Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

   En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

   El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

  Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

  Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

  El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

  Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

  La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

  Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

  La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

   Según la jurisprudencia no se necesita estar totalmente sin medios para calificar para el nombramiento de abogado, sino que el tribunal considere "las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de la defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".

  Que se tenga conocimiento público, hasta la fecha Kelley J. Sharkey no ha informado a la corte de ningún cambio en la situación financiera de Marín que motive el retiro de la defensa pública.

  Sin embargo, como ya lo hemos dado a conocer anteriormente, Venezuela Política determinó que Alejandro Javier Marín es dueño de inmuebles en Brickell, Florida, posee autos lujosos y es titular de instrumentos financieros. Asimismo, la flota de aviones de su empresa, My Jet Saber, incluye aeronaves de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes casos de corrupción. Así, por ejemplo, dos de los aviones son propiedad de José Manuel González Testino; uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, Álex Saab, señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara, deportado o expulsado de los Estados Unidos en octubre de 2020; entre otros[6].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. My Jet Sarver LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0701%5C00156932.Tif&documentNumber=L12000114362

[2] My Jet Sarver. http://www.myjetsaver.com/


 


[3] Venezuela Política. “Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.”. 7 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/juez-de-florida-ordena-traslado-nueva.html


[4] Venezuela Política. “Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami”. 26 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/arrestan-al-piloto-venezolano-alejandro.html


 


[5] Venezuela Política. “Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.”. 19 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/aunque-esta-preso-por-mentirle-los.html


 


[6] Venezuela Política. “Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.”. 7 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/estas-es-la-flota-de-aviones-de-my-jet.html


 


 

miércoles, 3 de febrero de 2021

Fuente: La extradición de Álex Saab a Estados Unidos es un hecho inminente

   De nada valdrían los esfuerzos de la defensa que insiste en conferirle a quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, una supuesta inmunidad diplomática que impediría su traslado a territorio estadunidense.

Por Maibort Petit

   Pese a que el equipo de abogados defensores de Álex Saab ha recurrido a toda clase de diligencias y estratagemas para impedir que el empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, sea trasladado a los Estados Unidos donde es acusado de la comisión de supuesto delitos de lavado de dinero, la extradición es prácticamente un hecho inminente, de acuerdo a información suministrada por una fuente local de Cabo Verde.

   Saab es solicitado por la Corte del Distrito Sur de la Florida por estar presuntamente incurso en operaciones de legitimación de fondos provenientes de la corrupción, en específico, las ganancias fraudulentas de negocios ilícitos cometidos a partir de contratos obtenidos con el gobierno de Nicolás Maduro[1].

  La fuente le aseguró a Venezuela Política que de nada valdrán los múltiples intentos de la defensa por impedir que se materialice la decisión adoptada el pasado 4 de enero de 2021, por el Tribunal de Apelación de Barlavento, Cabo Verde, de extraditar al operador financiero del chavismo[2].

 Entre las últimas actuaciones de la defensa del empresario colombiano, está el haber tramitado ante la citada instancia judicial, el arresto domiciliario de Saab argumentando supuestos problemas de salud[3] y, tal vez, creyendo que podrían lograr que la estancia de su cliente en Cabo Verde tuviera lugar en un hotel 5 estrellas. Pero a los abogados les habría salido el tiro por la culata, toda vez que no fue posible la especie que hicieron rodar de que Saab sería trasladado a una suite del hotel Marriot y, por el contrario, terminó en un lugar con las mismas condiciones de la prisión de Isla de Sal. De allí que la representación legal del empresario ahora apunte en dirección a la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde.

  Pero las acciones en favor de Álex Saab no se llevan a cabo únicamente en el país africano, pues en Venezuela, por ejemplo, a finales de enero se desplegaron pancartas y letreros en varios lugares de Caracas, exigiendo la liberación de quien catalogan como “diplomático”. Los estandartes que rezaban: “El pueblo está con Álex Saab. Venezuela exige su liberación inmediata”[4], incluso fueron custodiados por las fuerzas policiales para impedir que fueran destruidos o retirados.

  Los abogados de Saab —planificadores de la protesta— se encargaron de remitir notas de prensa a los medios de comunicación, asegurando que en Venezuela más de 200 mil personas habrían salido, de manera “espontánea”, en defensa de quien es el contratista del programa alimentario gubernamental conocido como CLAP[5].

  De acuerdo a nuestros informantes, el proceso de extradición de Álex Saab prosigue su curso en la Corte de Apelaciones a donde el caso fue devuelto desde la Corte Suprema de Justicia que solamente concedió parcialmente un recurso al empresario.



[1] Department of Justice. “Two Colombian Businessmen Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme

[2] El País. “La justicia de Cabo Verde acuerda la extradición a EE UU de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro”. 5 de enero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-01-05/la-justicia-de-cabo-verde-acuerda-la-extradicion-a-ee-uu-de-alex-saab-presunto-testaferro-de-maduro.html

[3] VOA. “Aprueban arresto domiciliario para Alex Saab”. 21 de enero de 2021. https://www.voanoticias.com/venezuela/aprueban-arresto-domiciliario-alex-saab

[4] El Pitazo. “Avenida Libertador de Caracas amanece llena de carteles pidiendo libertad de Alex Saab”. 30 de enero de 2021. https://elpitazo.net/gran-caracas/avenida-libertador-de-caracas-amanece-llena-de-carteles-pidiendo-libertad-de-alex-saab/

[5] El Cooperante. “Las manifestaciones a favor de Álex Saab se planificaron en Cabo Verde”. 3 de febrero de 2021. https://elcooperante.com/las-manifestaciones-a-favor-de-alex-saab-se-planificaron-en-cabo-verde/


 

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martes, 2 de febrero de 2021

CITGO reporta al tribunal sobre las múltiples diligencias para citar a José Manuel González Testino sobre demandas en su contra

  Los demandados no han dado ninguna respuesta a la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit 

   En una declaración jurada emitida bajo pena de perjurio bajo las leyes de los Estados Unidos, Robert J. Meyer, socio de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a CITGO Petroleum Corporation, en el litigio que esta empresa entabló en esa instancia contra Petroleum Logistics Service Corp. y José Manuel González Testino, dio a conocer todas las diligencias que ha realizado para informar a los demandados del proceso judicial que inició.

La declaración de Robert J. Meyer

   El 16 de diciembre de 2020, Robert J. Meyer, presentó su declaración jurada con respecto a la demanda que su representada entabló contra José Manuel González Testino y Petroleum Logistics Service Corp. el 26 de mayo de 2020.

    En su narración acerca de lo difícil que resultó la búsqueda para CITGO de un agente registrado de Petroleum Logistics Service Corp (PLS) en los Estados Unidos, contactó telefónicamente en junio de 2020 a Douglas N. Jacobson de la empresa Jacobson Burton Kelley PLLC, un abogado que en correspondencia previa con CITGO y los abogados de Willkie se había mantenido como asesor legal de PLS y de su subsidiaria estadounidense, Petroleum Logistics Service USA Inc.

  Jacobson respondió el 22 de junio de 2020 a través de correo electrónico en el que dijo ser “abogado de la OFAC solo para la entidad estadounidense de PLS” y que “PLS le dará el nombre de su abogado litigante que puede aceptar el servicio". Además preguntó a Meyer si la demanda estaba referida solamente a la entidad panameña o también incluía a la estadunidense.


   El 23 de junio de 2020, Jacobson remitió otro correo electrónico de seguimiento en el que decía que "PLS le informó que no tienen un representante en los EE. UU. Para aceptar la notificación del proceso en su nombre" y que "el punto de contacto en Panamá es Jeymi [sic] Domínguez ”.

 Refiere que igualmente, CITGO intentó contactar a PLS en la dirección de la oficina en Estados Unidos  que figura en el sitio web de la empresa, a saber, el 1519 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126[1], pero cuando se visitó el lugar en agosto de 2020, la ubicación estaba ocupada por una empresa llamada "Meson Valves". Precisó que una empleada de la recepción dijo desconocer que PLS tuviera oficinas en la referida dirección y agregó que no había oído hablar de PLS.




  En su declaración, Robert Meyer dice que el 4 de agosto de 2020, CITGO contactó con éxito a PLS a través de una notificación dirigida a su agente ante el Secretario de Estado de Texas, como se establece en la declaración de Sarah M. Wastler que CITGO presentó como prueba el 21 de agosto de 2020.

  Refirió que CITGO entregó a la Secretaría de Estado de Texas la documentación del caso, a saber, la demanda, la citación, la declaración de divulgación corporativa de la Regla 7.1 y el certificado de partes interesadas, con instrucciones para quee stos fueran remitidos a PLS a la sede corporativa internacional en Panamá, según su sitio web y correspondencia con CITGO: Trump Office Tower, 2nd floor, Office 2-06, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, Panamá con atención al Agente Gerente de PLS. Igualmente al agente de PLS en Panamá, Fábrega, Molino y Mulino, en BMW Plaza, 9th Floor, 50 St. P.O. Box: 0816-00744, Panamá, República de Panamá. También al presidente de PLS, Jaymy Domínguez, en la dirección de su casa según los documentos corporativos ubicados en PH Riverside, Piso 23, Apto. 23A, Calle 5ta, Parque Lefevre y vía España, Parque Lefevre, Panamá.

   Indica que el 14 de agosto de 2020, el Secretario de Estado certificó haber recibido la documentación así como su envío y el 15 de septiembre de 2020, emitió tres nuevas certificaciones adicionales sobre la respuesta que recibió de los correos a PLS.

  Como puede verse, estos certificados señalan que el 2 de septiembre de 2020, los correos del Secretario de Estado de Texas fueron devueltos; que el 8 de septiembre de 2020, el correo a Jaymy Domínguez también fue devuelto.

  Meyer manifiesta que, como se alega en la demanda, Petroleum Logistics Service Corp. es una empresa controlada indirectamente por José Manuel González Testino. Agrega que CITGO también entregó los documentos de servicio de PLS a González Testino a través del abogado registrado en su proceso penal r, Edward Shohat de Jones Walker LLP. Precisa que en ningún momento PLS ha respondido a la demanda.

   Especifica que el 21 de agosto de 2020, después de repetidos intentos de notificar a González Testino en el apartamento registrado judicialmente como el lugar de su confinamiento domiciliario de 24 horas al día, así como a través de su abogado, CITGO presentó una moción de notificación sustitutiva, la cual fue concedida por el tribunal el 24 de agosto de 2020. La corte ordenó a CITGO que notificara a González Testino la Moción de notificación sustitutiva, lo cual fue cumplido e informado al tribunal el 7 de octubre de 2020.

  Seguidamente, Robert Meyer refiere que el 13 de octubre de 2020, remitió al abogado de José Manuel González Testino un correo electrónico adjuntando copias de cortesía de la Orden de notificación y la prueba de presentación de notificación y solicitando confirmación de la recepción.

  Meyer informa al tribunal en su declaración jurada que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta u otra comunicación de González Testino o de su abogado. Tampoco se ha producido respuesta a la demanda por parte del acusado.

  Finalmente, Robert Meyer le refiere al tribunal del distrito sur de Texas que, tal como lo confirman las búsquedas en los registros del Centro de Datos de Mano de Obra del Departamento de Defensa, José Manuel González Testino no es un miembro activo del servicio.

[1] Petroleum Logistic Service. http://petrologservice.com/?#where


jueves, 14 de enero de 2021

El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio

  Tanto el exgerente de proyectos especiales de CITGO, como su esposa y su suegro se han visto involucrados en hechos de sangre y estafas.

Por Maibort Petit

    El exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, que aguarda por la celebración este mes de enero del juicio que se le sigue por delitos de lavado de dinero, no sería la primera vez que enfrenta un proceso judicial, toda vez que, en el pasado, él y su esposa —directa o indirectamente— se vieron envueltos en hechos de sangre que se dirimieron en instancias judiciales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos.

   Así lo refieren documentos de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde el 4 de octubre de 2004, se declaró la nulidad absoluta del recurso de apelación que el abogado, Álvaro Castillo Zeperfell, presentó a favor de su representado, José Luis De Jongh-Atencio. Con esta decisión se dejaba sin efecto un fallo previo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, adoptado el 28 de julio de 2004, con el cual se acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad de De Jongh-Atencio, en una causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Intencionales Graves en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de dos personas.

  Se trató de un caso por lesiones causadas con un arma de fuego en el que el abogado defensor de José Luis De Jongh-Atencio alegó que “Nunca puso en peligro la vida de la persona que resultara herida como consecuencia de la lesión sufrida, 2), en cuanto a las circunstancias de su comisión, el propio representante del Ministerio Público al establecer la complicidad Correspectiva no ha podido determinar que haya sido su defendido el autor material del hecho y 3) La pena aplicable al delito, sería si es rebajada una tercera pare de un (01) año y ocho (08) meses de prisión, y si es rebajada a la mitad, sería de un (01) año y tres (03) meses de prisión”[1].



El suegro prófugo

  Asimismo, la decisión de un caso dirimido en el Tribunal de Apelaciones de Distrito de Florida, Tercer Distrito, en octubre de 1983, hace referencia a la apelación interpuesta por el estado de la Florida con respecto a una orden que desestimó el cargo de conspiración en una causa que se seguía a Amilcar José Rodríguez-Jiménez y Aguedo Borrego-Estrada.

  El juez Daniel Pearson revirtió la orden que desestimó el cargo de conspiración de la acusación.

  Un Gran Jurado de la Florida estimó la procedencia de acusar a Amilcar José Rodríguez-Jiménez —también conocido con los apelativos de Javier Rodríguez, Selimo S. García y Rafael—, Aguedo Borrego-Estrada —también conocido como Cacho— y Winston Salaverría, quienes entre el 29 de septiembre de 1979 y el 3 de octubre de 1979, conspiraron en el Condado de Dade del estado de la Florida, para asesinar en primer grado a Raimundo Martínez con un arma de fuego[2].

  La relación indirecta con De Jongh-Atencio se a da a través de Winston Salaverría —prófugo de la justicia— padre de su esposa, Dulce María Salaverría Restrepo.

  Algunas voces llaman a poner la lupa en la figura de Dulce María Salaverría Restrepo en la trama de lavado de dinero que se debate en la Corte del Distrito Sur de Texas y a revisar casos de estafa que tuvieron lugar en Venezuela y Florida.

El caso en Texas

  El gobierno de los Estados Unidos procesa judicialmente a José Luis De Jongh-Atencio por presuntamente participar en una trama de lavado de dinero que buscaba legitimar fondos provenientes de sobornos destinados a asegurar contratos de CITGO y PDVSA, luego de que un gran jurado federal lo aprobara el 16 de julio de 2020.

  De Jongh-Atencio, ciudadano con nacionalidad estadunidense y venezolana, cumplió funciones como oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO, enfrenta un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero que deberán dirimirse este enero de 2021.

   La acusación formal contra José Luis De Jongh-Atencio sostiene que entre 2013 y 2019, este habría aceptado sobornos de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, entre otros, a cambio de asistirlos a ellos y sus compañías en la concreción de contrataciones con CITGO y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Según la documentación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, el acusado habría recibido USD 2.5 millones en pagos de sobornos a través del esquema. Por este dinero, De Jongh-Atencio habría proporcionado ventajas comerciales indebidas a González Testino y Farías Pérez para ayudarlos a obtener contratos de CITGO y PDVSA.

   Supuestamente, José Luis De Jongh-Atencio habría ordenado que los montos de los sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Las ganancias habrían sido lavadas en cuentas bancarias de EE. UU. y en bienes raíces en Texas[3].

REFERENCIA

[1] V/lex Venezuela. “Jurisprudencia. Decisión nº 360-04 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Octubre de 2004”. 4 de octubre de 2004. https://vlexvenezuela.com/vid/jose-luis-jongh-atencio-307510250


[2] Leagle TM. State v. Rodríguez-Jiménez. https://www.leagle.com/decision/19831358439so2d91911280


[3] Department of Justice. “Former Venezuelan Official Charged in Connection with International Bribery and Money Laundering Scheme”. 6 de agosto de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-charged-connection-international-bribery-and-money-laundering