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lunes, 3 de enero de 2022

Cómo operaba la trama de corrupción del Sistema Sucre: Las reservas internacionales se usaron para enriquecer a Álex Saab

  Parlamentarios ecuatorianos explicaron el mecanismo de defraudación instrumentado por el chavismo en Venezuela y Ecuador.

Por Maibort Petit

   Luego de que política y jurídicamente se sentaran las bases para la constitución del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) y de que Colombia y Venezuela suscribieran el 28 de noviembre del 2011 el convenio para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, Álex Saab y Álvaro Pulido —propietarios de la empresa Fondo Global de Construcción-Foglocons, conformada apenas cuatro días antes de la firma del contrato, así como de su gemela en Ecuador, Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012— movieron los hilos para proceder a darle operatividad al sistema que habría de hacerlos milmillonarios. La gran estafa del Sucre tenía forma y eran solo necesario instrumentarla.
   Así lo refiere el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, el cual estableció que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) sólo era un mecanismo de defraudación, un instrumento de enriquecimiento ilícito estructurado sobre una plataforma político-ideológica.

  Con Colombia y Juan Manuel Santos solamente de recuerdo en la foto del día de la firma, Saab y Pulido apuntaron al Ecuador donde la dolarización allí imperante permitiría poner el negocio en movimiento. Procedieron a firmar un contrato para la exportación de paneles prefabricados desde Ecuador, se firmó entre Foglocons Ecuador y ELM Import de Venezuela, ambas, propiedad del colombiano y pusieron la estafa en funcionamiento.
   Refiere el informe que con fondos provenientes del Banco Central del Ecuador (BCE), a saber, USD 159,8 millones, ELM Import pagó por adelantado a través del Sistema Sucre, algo que ocurría a solo tres meses de operaciones, del 28 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013. En ese tiempo la trampa se materializaba mediante exportaciones ficticias y compulsivas, de tal manera que, casi a diario, el BCE emitía pagos a Foglocons por USD 864 mil. De este modo, la empresa de Saab y Pulido recibió esos USD 160 millones, pero solamente envió a Venezuela USD 3.1 millones en paneles prefabricados para las casas de la Gran Misión Vivienda.

Sobre Saab y Pulido

   Estas actividades delictivas de Saab y Pulido contaban con la complicidad de autoridades ecuatorianas. Sus fichas en Ecuador Luis Eduardo Sánchez Yánez —quien dirigía Foglocons Ecuador— y Jaime Sánchez Yánez —quien fungía como asesor de Rafael correa— cumplían con su papel y agenciaban y diligenciaban para que la operación marchara sobre ruedas. Los parlamentarios determinaron que Jaime Sánchez se entrevistó con el presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, para interceder a favor de la empresa de Saab, algo que ocurrió en el primer trimestre del 2013, cuando el ente emisor “desangraba los dólares de su Reserva Internacional para adelantar los pagos a Foglocons por importaciones de ELM Import”.
    El periodista Gerardo Reyes relata en su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, que Álex Saab y Álvaro Pulido —en realidad, Germán Rubio Salas, un individuo envuelto en negocios de narcotráfico— en el 2009 cuando el primero estaba en bancarrota, a través de un amigo común, Reinaldo Slebi. Según Reyes, Saab conocía los antecedentes de Pulido, lo cual no pareció ser problema, tal vez una ventaja.

   Germán Rubio Salas —verdadero nombre de pila de Álvaro Pulido— estaba señalado de ser jefe del Cartel de Bogotá, condenado en ausencia en 1997 por la corte de Milán a 15 años de prisión por narcotráfico. Estuvo preso en 2000 por transportar a Europa dos toneladas de cocaína y 17 kg de heroína.


   Queriendo convertirse en un hombre nuevo, Germán Rubio Salas se suicidó judicialmente y el nombre de un muerto, Álvaro Enrique Pulido Vargas, fallecido en 2005, en Fort Lauderdale, Miami. Con su nueva personalidad conoció a Álex Saab. Por su cabeza piden USD 10 millones, apenas el 6 por ciento del dinero lavado en Ecuador.

  Ya asociados, Saab y Pulido pasaron a ser los contratistas favoritos del régimen chavista y luego del escándalo de Foglocons, vino el contrato del Clap, los contratos millonarios con PDVSA, así como otros acuerdos de intercambio de metales preciosos a cambio de bienes, entre Venezuela y Turquía.

   El informe parlamentario hace mención al “venezolano Carlos Francisco León Ponte, representante de la Casa de Valores Panameña CFIS S.A., quien recibió la autorización de Luis Zuñiga Burneo, representante legal de Foglocons, a efectos de transferir aproximadamente siete millones de Dólares, desde Ecuador hacia el Banco Pichincha Panamá; el referido ciudadano venezolano Carlos León Ponte, conforme consta de la documentación recabada en la presente investigación, viajó junto a los señores: Carlos Pérez; Guillermo Montefusco; Luis Sánchez (Accionista en Foglocons-Ecuador); Luis Giusti Lugo (CEO de empresa CITGO, filial de PDVSA en USA); Luis Giusti López (Padre de Luis Giusti Lugo y ex presidente de PDVSA); Álvaro Pulido Vargas (Accionista en Foglocons- Ecuador); y, José Borja Sánchez, el día 05 de marzo de 2013, en un vuelo privado con origen en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, hacia el aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca, a bordo de la aeronave N1459A, recordando que tanto Pulido Vargas como Luis Sánchez Yánez, eran los socios de la Compañía FOGLOCONS con sede en la ciudad de Guayaquil-Ecuador”.

El esquema operativo del Sucre

   A diferencia de los sistemas de compensación de comercio exterior regulares, el instrumentado por el ALBA y, particularmente, por Venezuela y Ecuador, se vale de una unidad de cuenta virtual, el “Sucre”, que opera como un medio de pago restringido a los bancos centrales.

  Como se refirió en nota anterior, el organismo de decisión del Sucre es el Consejo Monetario Regional (CMR), conformado por la Cámara Central de Compensación de Pagos y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial.

 Con sede en Caracas, los estados miembros hicieron los aportes iniciales, descritos a continuación:
Funcionamiento del Sucre

  Los parlamentarios ecuatorianos al momento de explicar el funcionamiento del Sistema Sucre establecen en el informe la existencia de dos momentos.

   El primer momento tiene que ver con la firma de un contrato por parte de dos empresas privadas de Venezuela y Ecuador para la construcción de viviendas prefabricadas, ELM Import y Foglocons Ecuador.

   El contrato lo presenta el importador que, en este caso es ELM Import, a su Banco Operativo Autorizado (BOA), Banesco de Venezuela.
    Luego de que el importador y el exportador son autorizados en sus respectivos países para llevar a cabo la operación de comercio exterior a través del Sucre, entonces el BOA —Banesco en este caso— remite los bolívares al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central de Venezuela (BCV)— el cual se comunica con el Banco del ALBA para la realizar la conversión a Sucres y, luego, notificar al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central del Ecuador (BCE)—, que procederá a depositar en dólares en la cuenta de la empresa exportadora en el BOA local —en este caso el Banco Amazonas o banco Territorial— y cuando el Banco del ALBA recibe la autorización de pago por parte del BCV, notifica la acreditación al Banco Central del Ecuador (BCE).

   El siguiente paso es que el BCE acredita inmediatamente BOA del exportador que aquí es el Banco Territorial o Banco Amazonas. Esto ocurre porque Ecuador adelantó los dólares al exportador usando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD). Los valores totales de la operación comercial, se compensarán seis meses después.
   El informe parlamentario refiere que el 28 de diciembre de 2012, Ruth Arregui, Gerente General del BCE para la fecha informó que “en el caso de pagos al exterior por importaciones, los Bancos Centrales receptan de los importadores a través de las instituciones financieras, el valor de la operación en moneda local, el cual queda en poder de dicho Banco Central por un período de seis meses. Por esta razón, a pesar de la posición superavitaria del Ecuador frente a Venezuela, el país no recibe dichos recursos en ese lapso de tiempo, sino al final del mencionado período de compensación.”

  Igualmente se acota que el BOA, aun cuando estaba obligado a cumplir el rol de debida diligencia, que incluye el conocimiento de su cliente, en la mayoría de casos no cumplieron.

  Se indica que el “ciclo en este primer momento, en los casos investigados, como Foglocons, terminaba con la transferencia de estos dólares a paraísos fiscales, fondos que insistimos, fueron tomados de la RILD, mientras se esperaban las ‘compensaciones con Venezuela’. En términos sencillos, mientras se esperaba la devolución del dinero prestado. De esta forma se incumplieron los principios generales de los objetivos estratégicos para el manejo de una reserva, que son: Seguridad, Liquidez y Rentabilidad. La RILD, según la normativa es un activo público y en este caso fue utilizado para garantizar negocios privados, manchados de corrupción”.

  Se advierte que, al no existir importaciones originadas en Ecuador, lo que procedía era exigir a Venezuela devolver el dinero que Ecuador había adelantado.

El segundo momento

  Pasa el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la AN ecuatoriana a explicar el segundo momento del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, el cual se justificaba a partir de una supuesta compensación semestral entre las importaciones y exportaciones por los países miembros; pero que en realidad operó exclusivamente, como un mecanismo de exportaciones a Venezuela.

  Refiere el reporte que el Banco del ALBA notificaba los resultados de la “compensación” semestral, y los valores en “Sucres" a pagar y a cobrar a los Bancos Centrales de los países miembros, quienes hacían el pago en dólares, al ser ésta la moneda de referencia común. En el caso explicado en el informe, el ALBA, notificó el valor a pagar al Banco Central de Venezuela y el valor a cobrar al Banco Central de Ecuador.

  Entretanto, el BCV ordenó el pago en dólares, a través de sus bancos corresponsales ubicados en el exterior, a los bancos corresponsales del BCE, un dinero que provenía de las Reservas Internacionales de Venezuela. Esto ocurre seis meses después de que el BCE, adelantó a los exportadores los recursos tomados de la reserva.

  En el caso estudiado por la comisión y ejemplificado en el informe, se utilizó el Commerzbank de Alemania como el Banco Corresponsal en virtud de que tanto Ecuador como Venezuela tienen una cuenta en ese banco.

Sobre la compensación semestral

  El tratado del Sucre establece mencionan que las operaciones realizadas usen como medio de pago la unidad de cuenta común denominada “Sucre”, conformada por monedas de los estados parte y por las principales divisas de uso internacional.

   El valor de inicio del “sucre” se estableció en USD 1.25, el cual ha se ha mantenido fluctuando entre USD 1.24 y USD 1.25 USD.

  Los Sucres se asignaban a cada estado parte por el Consejo Monetario Regional de acuerdo a sus operaciones de importación y exportación.

  Entre 2010 y 2018 se asignaron USD 421,6 millones de sucres equivalentes a USD 527 millones, un monto que se mantuvo mediante un pagaré.

   Subraya el informe que, a partir de 2012, las operaciones cursadas en Sucres ya formaban parte de la Reservas Internacionales.

   Desde sus inicios, la asignación de sucres solamente se incrementó en el caso de Venezuela, por lo que se incrementó su cupo semestral en tres ocasiones.

  La compensación se realiza entre dos países que forman parte del Sistema Sucre en razón de la diferencia entre las importaciones y exportaciones de particulares, que se realiza semestralmente.

  El informe parlamentario advierte que en el caso de Ecuador todas estas “compensaciones” fueron a favor, “por lo que no se puede hablar de una compensación real, ya que para que esto se dé, es necesario que las importaciones y exportaciones estén equilibradas o que al menos existan”.
   Se explica que las exportaciones de Ecuador a Venezuela se ubicaron en USD 2.697 millones, mientras que las importaciones de Venezuela a Ecuador, apenas alcanzaron USD 143 millones. A partir del año 2016, las importaciones fueron cero, es decir no se puede hablar de sistema de compensación.
  El actual gerente del BCE, Guillermo Avellán, le dijo a la comisión parlamentaria que “el resultado de las operaciones del sistema Sucre, anularon el concepto de compensación, por lo que, se confirma el uso de los fondos del Estado para pagar a exportadores privados que como se verá más adelante, fueron ficticias o sobrevaloradas, y que incluso se utilizaron empresas de papel. Entonces, mal se podría hablar de la existencia de una balanza de pagos. Lo que se obtuvo fue una deuda de Venezuela por los pagos que el BCE anticipó a los exportadores, en un gran número falsos o fraudulentos”.
   Aun cuando cada seis meses, entre enero y julio, se debía realizar la compensación de las operaciones y cobrar o pagar el valor a favor o en contra, obtenido por el país, en función de las exportaciones e importaciones realizadas, lo que ocurrió en realidad fue que los bancos centrales retenían durante seis meses los fondos de los importadores. “El banco central del país exportador, en este caso Ecuador, adelantaba los dólares a los falsos exportadores, los mismos que eran inmediatamente transferidos a paraísos fiscales y a Estados Unidos de Norteamérica”.

lunes, 27 de diciembre de 2021

Conozca las razones de la orden de detención de Víctor Vargas en Panamá y cómo son sus operaciones de lavado de dinero

  Una denuncia por blanqueo de capitales e insolvencia punible interpuesta ante la fiscalía general panameña, pone en evidencia la estructura fraudulenta del grupo financiero y una serie de empresas relacionadas propiedad del banquero venezolano.

Por Maibort Petit


    
Recientemente se conoció que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá ordenó la aprehensión y conducción del banquero venezolano, Víctor Vargas Irausquín, por la presunta comisión de un delito contra el orden Económico/ financiero[1]. La decisión judicial obedece a una demanda interpuesta contra el banquero y su grupo financiero que reclama el pago de acreencias en el Banco del Orinoco NV. Vargas tiene graves problemas con muchos ahorristas que aseguran fueron estafados por el banquero en cuentas del Banco Orinoco NV, pero también en AllBank, BOI Bank de Antigua y Barbuda, Bancamérica de República Dominicana, entre otros.

  La orden de detención contra Víctor Vargas Irausquin emitida por la Fiscalía de Panamá está relacionada con una demanda presentada en julio de 2020, ante el Ministerio Público donde fue denunciado penalmente en su carácter de accionista principal de la Sociedad Anónima Cayfloor Inc., por la presunta comisión del delito de contra el orden económico en las modalidades de blanqueo de capitales e insolvencia punible.

   La denuncia, formulada por una entidad cuyo nombre se mantiene en reserva está sustentada en lo expuesto en los artículos 254, 255 y 282 del Código Penal de Panamá, refiere que los afectados abrieron —a exigencia de la entidad bancaria— cuentas en el Banco del Orinoco NV (BONV) a principios del año 2012, con el objetivo de garantizar los montos de los préstamos que le fueron otorgados y que fueron pagados en su totalidad.

   Se trataba de cuentas en el referido Banco del Orinoco NV, en su sede de Curazao, las cuales para septiembre de 2019 —fecha de su intervención— tenían saldos, una de ellas, de USD 6.351.413,58; y la otra, de USD 886.761,21; sumando ambas USD 7.238.174,79.

  Desde entonces, los titulares de dichas cuentas han diligenciado el acceso y disposición de los fondos confinados en la entidad bancaria y, por acciones arbitrarias de los directivos, accionistas y beneficiarios del banco, así como de empleados ejecutivos de alto nivel del mismo, no ha sido posible acceder a los recursos.

  Se indica que estos depósitos en el Banco del Orinoco NV tenían la finalidad exclusiva de ser custodiados y que devengaran intereses producto de dicha custodia, pero la entidad bancaria —en despliegue doloso— se apoderó indebidamente de los fondos, al negarse a entregarlos a su legítimo propietario bajo ninguna forma o figura bancaria —cheque de gerencia o transferencia cuenta a cuenta— y sin que se rindan cuentas y brinden explicaciones sobre las razones del ilícito uso y apoderamiento arbitrario, a pesar de las múltiples solicitudes efectuadas por los titulares de las cuentas y propietarios de los dineros confiados.

  La denuncia asegura que esta situación descrita se repite con la mayoría de los depositantes, no solamente del Banco del Orinoco NV en Curazao, sino también en el AllBank Corp. de Panamá y en el BOI Bank de Antigua y Barbuda, donde a pesar de las denuncias, reclamos e, inclusive, sentencias a favor de los depositantes y agraviados, no ha sido posible la recuperación de sus dineros. Advierten los denunciantes que se trata de actividades ilícitas que repiten un mismo esquema en distintas jurisdicciones.

   Se apunta que el Banco Central de Curazao informó que el Banco del Orinoco NV presentó ante esa entidad supervisora de la actividad bancaria y financiera de ese país, documentación falsificada sobre supuestos custodios que han manifestado no tener títulos valores pertenecientes al BONV. También refirió el BCC que el BONV realizó transferencias de clientes sospechosos de actividades delictivas violándose con ello las regulaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Igualmente, el BONV habría presentado información falsa correspondiente a dominios de correos electrónicos.

   La denuncia hace referencia a la decisión del 9 de septiembre de 2019 adoptada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, de intervenir las operaciones del AllBank Corp. como consecuencia directa de la intervención del Banco Central de Curazao al BONV, propiedad de Víctor Vargas Irausquín, quien igualmente es accionista principal de la citada entidad panameña, en razón de que el Banco del Orinoco NV posee la cuarta parte de los activos líquidos de AllBank y, al mismo tiempo presta custodia a una tercera parte de su portafolio de inversiones.

La acusación ante el fiscal

   En razón de la falta de respuesta por parte de las autoridades del Banco del Orinoco NV a todas las solicitudes de información, de restitución de fondos y de prohibición de renovación de los CD´s de las cuentas, los denunciantes decidieron denunciar los hechos aquí narrados ante el Fiscal General de Curazao, Roger Boss, acusando directamente a Víctor Vargas como artífice de la ejecución de múltiples maniobras financieras para ocultar sus recursos y los confiados a su persona y sus empresas.

  Se le advierte al fiscal que Vargas busca con esto evadir el cumplimiento de sus obligaciones con sus acreedores, además de blanquear capitales de manera deliberada y dolosa, a través de sus conglomerados financieros y terceras partes estructuradas para tal fin.

  Apuntan que el grupo financiero de Vargas utiliza como mecanismo de banqueo de capitales una multiplicidad de estructuras societarias/empresariales constituidas en diversas jurisdicciones con la intención deliberada de captar fondos legítimos provenientes de clientes bancarios, tanto en el BONV en Curazao, como en el BOI Bank de Antigua y Barbuda, y AllBank Corp. en Panamá, para luego transferirlos y canalizarlos a través de estos, pretendiendo borrar la trazabilidad de los mismos.

  Sostienen los denunciantes que Víctor Vargas y su equipo oculta a los entre contralores y reguladores de las respectivas jurisdicciones donde operan sus bancos, la existencia, totalidad y vinculación directa, activa y operacional de las empresas grupo financiero.

  La denuncia resalta que AllBank Corp. pertenece al Holding All Financial Group, propiedad de Vargas Irausquín, el cual controla directa e indirectamente el resto de las empresas que lo conforman.

Empresas del grupo

  La denuncia identifica una serie de empresas como parte del esquema criminal de blanqueo de capitales que encabeza Víctor Vargas. Irausquín.

  Así tenemos, el BOI Bank Corporation, en Antigua y Barbuda, con Vargas Irausquín como director y con un control accionario del 98,7252 por ciento de las acciones; Day corp Holding Inc.; DFX Capital Managers Inc.; Hyannis Holdings Inc.; ICP Consulting LTD, donde Víctor Vargas figura como director; Investrading Finance Corp.

  Igualmente, National Leasing and Financial Corporation; NLFC Holding LTD; Onecreek Inc.; Opening Holdings Inc.; Silver Lock Inc.; Invest Real Estates Inc.; Casy Overseas Corp.; Firgoe Company Inc.; Traspan Holdings S.A.; Sandcorp Enterprises S.A.; Percy One Corp.

  También están vinculadas a Vargas, Northmile Intertrade S.A.; Operal Investment Inc.; Servicios Aéreos Padaall S.A.; Tesica Services LTD.; Moralis Corporation; Cecve Services LTD.; Planesa Services LTD.; Sigmore Holdings Inc.; Latin America Asset Management Corp.

  Los denunciantes identifican como empresas panameñas utilizadas para obtener préstamos de las mismas instituciones bancarias, estando relacionadas a la estructura y accionar financiero de Víctor Vargas a Directores y Gestores Comerciales S.A.; Futuro de las Américas S.A.; Inversión Total Line S.A.; Stawide Comodities INC.,; Inversiones del Golfo S.A.; Old Brompton Corp.; Wise Company 510 S.A.

Tilburg International S.A.

  Especial mención se hace en la denuncia a la empresa Tilburg International S.A., constituida el 1 de julio de 2015 y en la que figura Cayfloor INC.como director/presidente.

  Estas empresas —Tilburg y Cayfloor— integran el entramado de que se vale Víctor Vargas para adquirir un inmueble —una casa— en la Romana, República Dominicana, por USD 40.000.000.

  Se trata de villa La Serenísima, en el complejo turístico Casa de Campo, una de sus últimas adquisiciones, la cual es su actual residencia. El dueño anterior de la casa era Gustavo Cisneros.

  La operación de compra-venta se ideó a través de un fideicomiso constituido en Panamá y un entramado de empresas, todo destinado a ocultar la identidad de Vargas como comprador.

Sin licencia

  El banco Central de Curazao y Saint Maarten revocó la licencia bancaria del Banco del Orinoco NV el 2 de septiembre de 2019, por la múltiples violaciones a la normativa en dicha jurisdicción.

  Concluyeron las autoridades financieras que el BONV incurría en delitos penales, incluido el lavado de dinero.

Sobre la insolvencia punible

  Los denunciantes, al referirse al delito de insolvencia punible de que acusan a Víctor Vargas Irausquín, acusan las maniobras instrumentadas por este para ocultar un bien inmueble de su propiedad con la intención de evadir o sustraerse del pago de sus obligaciones hacia sus acreedores.

  En particular, la entidad denunciante, afectada por las maniobras del Banco del Orinoco NV del cual es beneficiario final Vargas Irausquín, refiere que éste ocultaba su propiedad a través  de la Sociedad Anónima panameña Cayfloor INC. Todo con el objeto de evitar que sus acreedores reclamaran en dicho inmueble el pago de sus dineros.

  Cayfloor INC, fue protocolizado su Pacto Social el 28 de mayo de 2015 e inscrita el 2 de junio de 2015 en el Registro Público panameño. En esta última fecha, también se emite el certificado Nº 1 de Cayfloor INC. en el que se señala que Víctor. Vargas Irausquín es dueño de la totalidad de las acciones, representadas en 10 mil acciones con valor nominal de USD 1 cada una, del capital de la firma.

   El 13 de agosto de 2015, sesionó la junta directiva de Cayfloor INC. en reunión extraordinaria para emitir una serie de autorizaciones que permitían la apertura y cierre de cuentas, hacer movilizaciones, consultas, pago de préstamos, pago a proveedores, afectando las cuentas de la la sociedad mantenía en All Bank Corp.

  El 27 de enero de 2017, se protocolizó la renuncia de la junta directiva de Cayfloor INC. y designándose a una nueva.

   Le refieren al fiscal que el ocultamiento de bienes opera a través del uso de empresas y sociedades anónimas con distintas jurisdicciones, siendo que el citado inmueble —la casa— en La Romana, República Dominicana, figura como propiedad de Inmobiliaria Pedrasa S.A.

   El 2 de julio de 2015 se protocolizó la constitución de Tilburg International S.A. en el Registro Público de Panamá, donde Cayfloor INC. figura como director/presidente.

  Cayfloor INC. de Víctor Vargas suscribió el 20 de octubre de 2015 como fideicomitente y comprador, el Fideicomiso Tilburg con Verwood Investments S.A. (fideicomitente vendedor).

  En este fideicomiso, ambas empresas manifiestan su interés de comprar  y el otro vender, el 100 por ciento de las acciones de Tilburg International S.A., la cual a su vez es accionista directa e indirecta de otras entidades jurídicas, filiales y/o subsidiarias y, por ende, de los bienes muebles e inmuebles que conforman sus respectivos patrimonios.

  El objetivo de esta negociación no es otra que los USD 40 millones de contraprestación representados en el inmueble.

  Alrededor de este fideicomiso giran también otras entidades jurídicas que, a saber, son Moville Investments Limited y Ramelton Investments Limited constituidas en Barbados; Baseterre Investments 2015 S.L y Kiet Investments 2015 S.L, constituidas en España; Inmobiliaria Pedrasa S.A., constituida en República Dominicana, propietaria primaria del inmueble.

  El 16 de noviembre de 2017 Cayfloor INC. emitió algunas autorizaciones para actuar en nombre del Contrato de Fideicomiso de Garantía Fideicomiso Tilburg, suscrito en Panamá el 20 de octubre de 2015.

  El 24 de noviembre de 2017, se ejecuta el Fideiocomiso Tilburg y el comprador Cayfloor INC. se convierte el propietaria de Tilburg International S.A. y de las 10 mil acciones totalmente pagadas y liberadas del capital social autorizado.

  En este sentido, los denunciantes le apuntan al fiscal que estas 10 mil acciones que representan la totalidad del capital, las recibe Cayfloor en su condición de beneficiario y con ello los bienes que le corresponden, es decir, las acciones de las empresas y sus bienes, entre ellos, la propiedad del inmueble —la casa— en La Romana, República Dominicana.

  De este modo, Tilburg International S.A. recibió como aporte de capital de su accionista Verwood Investments S.A., las acciones de este en Baseterre Investments 2015 S.L. y Kiet Investment 2015 S.L.

  El 29 de enero de 2016, la junta directiva de Tilburg International S.A. traspasó sus acciones en Baseterre Investments 2015 S.L y Kiet Investments 2015 S.L. a dos sociedades en Barbados, con lo que Moville Investments Limited y Ramelton Investments Limited quedaron como únicos accionistas de las empresas en España.

El esquema de propiedad del inmueble

  En consecuencia, Víctor Vargas Irausquín es el titular real de Baseterre Investments 2015 S.L. y de Kiet Investments 2015 S.L., las cuales tienen como único socio a Moville Investments Limited y Ramelton Investments Limited.

Así, Vargas Irausquín tiene la titularidad de cuatro empresas.

  Dado que Baseterre Investments 2015 S.L. es la única propietaria de Inmobiliaria Pedrasa S.A., propietaria a su vez de la casa en La Romana, República Dominicana, entonces Víctor Vargas es el dueño de la Inmobiliaria Pedrasa y, por tanto, propietario de la casa.

La petición a la fiscalía

  Los denunciantes pidieron al fiscal panameño revisar la estructura financiera y operacional de los bancos de Víctor Vargas Irausquín, Banco del Orinoco NV (BONV) en Curazao; el Banco Occidental de Descuento (BOD) en Venezuela; AllBank Corp. en Panamá; Bancamerica en República Dominicana; BOI Bank Corporation en Antigua y Barbuda.

  Asimismo, pidieron investigar a las empresas Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. (Venezuela) con el control accionario de Banco Múltiple de las Américas (República Dominicana) en conjunto con Víctor Vargas; Plus Capital Market; Plus Capital Market INC.; National Leasing & Financial Corporation.

  Los denunciantes tasaron en USD 10 millones la cuantía provisional del daño que se le ocasionó, monto que se corresponde al total de los fondos depositados en las cuentas bancarias en el BONV y sus intereses devengados o por generar. Se advierte que la suma se cuantificará debidamente en el momento procesal oportuno por intermedio de los elementos de convicción probatorios.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Fiscalía de Panamá ordena arresto de Víctor Vargas Irausquin y Santos Alonso Ramos”. 21 de diciembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/12/fiscalia-de-panama-ordena-arresto-de.html

miércoles, 24 de noviembre de 2021

Claves para entender el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera protagonistas de una de las grandes estafas cometidas contra PDVSA

 Los empresarios manejaron irregularmente una suma que supera el billón de dólares.

Por Maibort Petit

   Protagonistas de una de las más grandes estafas de que se tenga conocimiento en Petróleos de Venezuela S.A., el caso de Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, constituye una trama de corrupción de múltiples aristas que involucra a una gran cantidad de cómplices y funcionarios erigidos como testimonio de la descomposición imperante en la sociedad y el gobierno venezolano.

   Ambos empresarios, proveedores de PDVSA, fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015 en Houston y Miami, respectivamente, luego de una investigación que les siguieran fiscales federales de Texas y Florida que los habían llevado a formular en su contra 18 cargos por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero, conspiración para blanquear dinero, fraude en transferencia electrónica de dinero y violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, una ley que castiga el soborno a empleados extranjeros desde los Estados Unidos.

  He aquí algunas claves que permitirán entender mejor la dimensión de este sonado caso de corrupción en Venezuela.

¿Quiénes son Roberto Rincón y Abraham Shiera?

   De acuerdo a la descripción que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace Roberto Enrique Rincón Fernández, nació el 14 de agosto de 1960. Es empresario oriundo del estado Zulia, residente en la localidad de The Woodlands, en el estado de Texas, Estados Unidos, dedicado al área petrolera, propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial.

  El portal Poderopedia refiere que Rincón Fernández que, hasta agosto de 2014, Rincón residió en Houston, fecha en la que se trasladó a Madrid. Su arresto el 19 de diciembre de 2015, luego de pasar un día en esa ciudad, fue detenido en Houston EE. UU. acusado de, supuestamente, haber cometido el delito de lavado de dólares, por el que fue presentado a la justicia el 21 de diciembre de 2015. En julio de 2016 se declaró culpable de dos de las cargos de que se le acusaba.

  Se indica que durante el paro petrolero que se llevó a cabo en Venezuela entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, Rincón Fernández se convirtió en uno de los proveedores confiables de PDVSA.

  En el año 2014 facilitó a Hugo Carvajal un avión de Global Air Services Corp, empresa en la que su hijo José Roberto Rincón era el gerente. Esa fue la aeronave que trasladó a El Pollo Carvajal a Aruba cuando fue arrestado para ser extraditado a Estados Unidos, acción que se frustró por se reconocimiento como diplomático.

  La Policía española, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrió que Roberto Rincón tenía una fortuna en la nación ibérica.

   Entretanto, Abraham José Shiera Bastidas es un empresario venezolano-estadounidense, socio de Roberto Rincón y al igual que este, está acusado en EE. UU. de conspiración, fraude, lavado de capitales a través de sobornos de al menos cinco personas ligadas a PDVSA.

  Según el Registro Nacional de Contratistas, Shiera preside en Venezuela la empresa Vertix Instrumentos, de la cual es propietario de 51 por ciento de las acciones. Se trata de una compañía dedicada a la distribución e importación de maquinaria para explotar hidrocarburos, la cual es contratista de PDVSA. Se determinó que de un total de seis contratos celebrados entre 2008 y 2012 con varias compañías, sólo uno llegó a completarse al 100 por ciento.

  Tal como ocurrió con Rincón Fernández, Shiera fue arrestado el 19 de diciembre de 2015 en Miami. Solicitó su libertad, pero un juez ordenó su traslado a Texas.

  Abraham Shiera se declaró culpable el 22 de marzo de 2016. Admitió la comisión de dos de los 18 cargos en su contra y además recibió libertad condicional mientras espera el inicio del juicio.

La acusación

   Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas, sobre quienes formularon 18 cargos, relacionados con lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, fraude cometido en transferencia electrónica, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA). Cabe destacar que esta ley castiga las operaciones de soborno cometidas desde Estados Unidos y dirigidas a funcionarios extranjeros.

  Fiscales del Departamento de Justicia de los Distritos Sur de Texas y de la Florida refirieron que Roberto Rincón utilizó empresas ubicadas en el sur de Texas, entretanto Abraham Shiera se valió de seis compañías en el sur de la Florida, para asegurarse contratos con PDVSA.

   Ambos, Rincón y Shiera, se asociaron para lograr los contratos por medio de sobornos pagados a empleados de PDVSA. De este modo, entre 2009 y 2014, sobornaron y llevaron a cabo acciones fraudulentas, a través de cinco empleados de PDVSA cuya identidad se resguarda en la acusación. Sólo se indica que estos empleados se desempeñaban en las áreas de compras y licitaciones, donde tenían poder de decisión en cuanto a la adjudicación de contratos.

  Los fiscales sustentaron sus acusaciones en correos electrónicos en los que se detallan las operaciones intercambiados entre Rincón, Shiera y los empleados de PDVSA.

  Rincón y Shiera habrían movido de esta manera irregular la astronómica suma de un billón de dólares entre los años 2009 y 2014. En específico, Rincón habría movilizados USD 750 millones.

  La fiscalía localizó tres cuentas bancarias por más de USD 100 millones en Suiza en las cuales Roberto Rincón estaba relacionado, habiéndose solicitado su expropiación de dominio. También determinaron que en las operaciones irregulares se usaron 730 cuentas bancarias, de las cuales 108 tienen que ver con Rincón.

  La acusación contra Rincón y Shiera ha derivado, además, en por lo menos dos decenas de acusaciones derivadas contra otras personas vinculadas con la trama.

La trama de corrupción de Rincón y Shiera

  Las actividades ilícitas llevadas a cabo por Rincón y Shiera a través de sus empresas se inscriben en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA).

  Estos empresarios conspiraron entre 2009 y 2014 y producto de ello se enriquecieron de manera ilícita al obtener contratos con PDVSA, valiéndose de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana, quienes a cambio de ello ayudaban a las empresas de Rincón y Shiera a ganar los contratos al suministrarles información privilegiada.

  Igualmente, los funcionarios beneficiados con los sobornos ayudaron a Rincón y a Shiera a ocultar que controlaban más de una de las empresas incluidas en los listados de licitación con la petrolera, al tiempo que los apoyaban ante un comité interno de la petrolera para lograr contratos de suministro. Una vez obtenidos los contratos, los funcionarios seguían actuando en la agilización de los pagos.

  Pero aparte de los sobornos, los funcionarios de PDVSA recibían, según reza la acusación, objetos de valor, viajes, comidas y entretenimiento para que mantuvieran la vigencia de los contratos.

   Rincón y Shiera disfrazaban los sobornos bajo la figura de comisiones y pagos por falsas compras de equipos que nunca fueron entregados, mientras los funcionarios de PDVSA cómplices creaban la falsa apariencia de competencia entre varias empresas, cuando en realidad todas las que aparecían en los listados eran contratadas por dichos empresarios.

  Una serie de transferencias descubiertas por la fiscalía, ilustran la acusación contra Rincón y Shiera, mostrando cómo se realizaron los pagos corruptos

Las empresas

   Roberto Rincón es propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, la primera se estableció el 21 de septiembre de 1988 en el estado Zulia, “como una empresa netamente familiar destinada a la compra, venta, distribución de equipos para la industria petrolera, marina, entre otras”.

  Domiciliada en Maracaibo, Tradequip tenía como actividad, ser “distribuidores exclusivos, representantes, importadores en las áreas de perforación, productos de seguridad industrial y personal, minero, metalúrgico, industrial, agropecuario, comercial, salvamento y rescate”.

 Tradequip figura en el Registro Nacional de Contratistas 1074244070409118149, certificada para contratar con el estado venezolano. El directorio lo conforman Roberto Enrique Rincón Fernández, como presidente; José Roberto Rincón Bravo, quien funge como vicepresidente; Alexandra Carolina Rincón Bravo, como segunda vicepresidenta.

  Por su parte, Ovarb Industrial junto a KCT Cumaná y Derwick Associates, es señalada de haber vendido con sobreprecio a la filial de PDVSA, Bariven, 17 unidades eléctricas “en un solo día, a un sobrecosto escandaloso de entre USD 350 y USD 404 millones”. A Ovarb y Derwick se les cataloga como empresas de maletín.

  Abraham Shiera Bastidas es presidente en Venezuela de Vertix Instrumentos, en la que tiene 51 por ciento de las acciones. Esta compañía se encarga de proveer “soluciones para la medición y control de procesos industriales (…) Nuestro éxito radica en poder ofrecer los productos del mayor fabricante mundial de equipos de instrumentación y control y contar con ingenieros y técnicos venezolanos capacitados para proveer asesoría, soluciones y mantenimiento de los mismos”.

   Vertix Instrumentos también tiene sede en Maracaibo y su directiva la conforman Abraham José Shiera Bastidas, como presidente; Ricardo José Ricardo Bravo, como director; mientras sin identificación de cargos también figuran en el cuerpo directivo, Fernando Ardila Rueda, y Noel Antonio Maestre González.

   Pero, aunque estas compañías son las empresas emblemáticas de Rincón y Shiera, diversas investigaciones revelaron que Roberto Rincón y su familia poseían 36 empresas inscritas en Venezuela, Aruba, España, Paraguay y Estados Unidos.

   Por lo menos 23 de estas empresas tenían sede en Estados Unidos. Entretanto, el Registro Nacional de Contratistas (RNC) refiere que los Rincón son propietarios de seis empresas en Venezuela, mientras que en España son dueños de cuatro.

  Shiera tiene registradas siete empresas en el estado de la Florida, las cuales se encuentran inactivas.

Tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera esperan por sentencia para inicios del próximo año 2022.

Juez fija para el 6 de diciembre audiencia de procedimiento (presencial) de Álex Saab

Por Maibort Petit

  En una orden firmada por el Juez de Distrito, Robert Scola anunció que la audiencia presencial de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro, será el día 6 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de la Florida en Miami.
   La orden dice que se otorga la moción 73, solicitada la defensa, para que se adelante la audiencia de Álex Nain Saab Morán para discutir un cronograma razonable para los procedimientos del juicio. La cita inicial estaba prevista para el 28 de diciembre de 2021.

  El tribunal fijó el inicio del juicio para el 3 de enero de 2022, durará dos semanas.

   La audiencia del 6 de diciembre estará presidida por el Magistrado Scola.

  Álex Saab está acusado de un sólo cargo de conspirar para lavar dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos.

  En la última audiencia del caso, Saab se declaró no culpable y accedió ir a un juicio con jurado.

   La fiscalía general de los Estados Unidos retiró siete cargos de la acusación original relacionados con delitos de lavado de dinero luego de llegar a un acuerdo con el gobierno de Cabo Verde para concretar su extradición el pasado 16 de octubre del 2021.

   El fiscal Kurt Lunkenheimer, en una moción luego de la presentación inicial del acusado ante la corte, solicitó solo dejar el cargo por conspiración para el lavado de dinero, con el fin de evitar que Saab, de 49 años, pueda ser condenado a una pena superior a la máxima contemplada por las leyes del mencionado país africano (20 años).

   Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.

lunes, 15 de noviembre de 2021

Camila Fabri: Imagen de sufrida mujer que oculta a la socia de Álex Saab y sus turbios negocios

   Aliada y cómplice necesaria, sería el perfil más adecuado para describir a la cónyuge del empresario colombiano tenido como testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit
   Las imágenes de una mujer bañada en llanto —que semejaba casi a una viuda— daban cuenta de una esposa desesperada que denunciaba el secuestro de su marido a manos de las autoridades de Estados Unidos. Se trataba de Camila Fabri en Caracas quien, haciéndole coro al régimen venezolano, se alzó sobre una tarima en la Plaza Bolívar de la capital venezolana, donde llorando acusó que su esposo había sido secuestrado, como denominó la extradición de que fuera objeto Álex Saab desde Cabo Verde al estado de la Florida en EE. UU. 

  “Nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy unida y, como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia”, dijo entre lágrimas ante los asistentes a la manifestación convocada por Maduro y sus acólitos, quienes daban vítores a la sufrida fémina. A ellos le leyó una carta en la que dio su versión de los hechos: “Esto ocurrió cobardemente de espalda a los abogados, y nosotros nos enteramos por su hermana, que fue la única autorizada a pasar un tiempo con él y visitarlo algunas veces. El día de ayer fue a visitarlo y no estaban los 100 guardias que rodeaban el lugar donde lo tenían secuestrado, un guardia le dijo ‘simplemente aceleraron la extradición”[1].

   Pero la estampa de mujer abnegada estaría muy distante de la que acusan, por ejemplo, las autoridades italianas, las cuales la señalaron en 2020 de cometer fraude fiscal. Para el fisco no había consonancia entre la vendedora con un sueldo de 1.800 euros mensuales que decía ser, con la que vivía en un apartamento a su nombre en la Vía Condoti con un valor de 4,7 millones. El parecer de los agentes la Guardia di Finanza de Italia, era Fabri habría lavado dinero de su esposo.
    Otro dato que no correspondía al de la modesta mujer trabajadora, era su vehículo Rover Range Evoque de 54.000 euros.

   Fue así que las autoridades fiscales italianas, en 2019, luego de una investigación, procedieron a incautarle 1,8 millones de euros y el lujoso apartamento en el que encontraron 8 obras de arte y un tapiz.

“Los resultados de las investigaciones señalaron que la propiedad estaba registrada a nombre de una empresa atribuible a Camilla Fabri. La policía fiscal de Italia tenía sospechas de corrupción internacional, tráfico ilegal de oro, lavado de dinero, malversación de fondos, entre otros delitos. Medios locales dijeron que en las averiguaciones estarían involucrados empresarios colombianos que forman parte de una red de corrupción internacional que manejarían contratos para proveer los alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, se lee en una nota del portal Urgente 24[2].

Fabri y Saab

   Camila Fabri y Álex Saab se habrían conocido en un restaurante en Francia, según refiere el periodista Gerardo Reyes, en su libro “Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”. Según esta versión, el empresario colombiano no le quitó los ojos de encima desde que la vio en el lugar desde una mesa cercana. Al poco tiempo ya estaban viviendo juntos en un lujoso apartamento del barrio Saint Germain de París.

  Nació en 1994 —por lo tanto, tiene 27 años— en Fidene, una localidad ubicada a ocho kilómetros de Roma. Creció en el barrio Tufello, en la periferia de Roma. Se dedicaba al modelaje y llegó a participar en algún programa de televisión, fue dependienta de una tienda de ropa, ese, por el cual ganaba 1.800 euros por un desempeño a tiempo parcial.

   Fabri decidió cambiar sus sueños de fama por la vida de lujos que le ofrecía Saab. El matrimonio tuvo lugar en 2014, luego vinieron sus dos hijas, una de 4 años y la otra de 18 meses de edad.

  El apartamento que compartieron en Roma estaba en Parioli, un barrio acomodado, pagaba una renta 5.800 euros al mes, de acuerdo al contrato firmado por Fabri en 2016. Después vinieron el carro y el apartamento en Vía Condoti de los que ya hablamos líneas arriba y que le valió las sospechas de la Guardia de Finanzas y ésta participó el asunto a la fiscalía.

   El nuevo dato es que los 4.923.850 euros que pagó por él vinieron del Reino Unido, a través de la empresa Kinlock Investment, gerenciada por Lorenzo Antonelli, novio del hermano de Camilla Fabri, quien además tiene acciones en manos de un fideicomiso inglés y una empresa de Dubai.
    Entonces vinieron las averiguaciones que dieron luz a la razón de aquella vida de lujos de la muchacha de 24 años. “Un continuo flujo de dinero sucio que se movía en paraísos fiscales, entre fideicomisos (‘trust’) cuya propiedad era desconocida y empresas blindadas. El capital generado por una red internacional de corrupción y blanqueo de capitales con sede en Venezuela, investigado por la justicia estadounidense, llegaba también a Italia. Al frente de ese tráfico estaba Álex Nain Saab Morán, y su hermano Luis Alberto, ‘blanqueadores de ganancias ilícitas’”, según el informe de la magistratura italiana.

   La conclusión de la fiscal del caso fue contundente: “Alex Saab Morán está involucrado en una vasta red de corrupción internacional encaminada a obtener numerosos y grandes contratos comerciales con el gobierno de Venezuela, entre ellos el relacionado con los subsidios alimentarios, asunto vinculado al presidente Nicolás Maduro”.

  Igualmente, se le investigaba en Estados Unidos donde la fiscalía determinó que la irregularidad de sus negocios sumaba 350 millones de dólares.

  Ante estos hechos, el matrimonio se pintó de colores de la capital italiana, vivieron en Moscú hasta la detención de Saab en Cabo Verde[3]. Camila Fabri evitó con su huida la aprehensión que planificaban las autoridades italianas de ella.

Esposa y cómplice

   Estaría, por tanto, distante Camila Fabri de ser la esposa inocente que desconoce las actividades de su marido y se perfilaría, más bien, como la cómplice necesaria del corrupto empresario.
   Y es que la segunda esposa del barranquillero habría sido incluida en muchos de los negocios de su cónyuge.

  “La registró como dueña de la firma inglesa Kinloch Investments Limited y la autorizó para recibir giros de Multibank de Panamá y del UBS de Suiza”, sostiene Reyes en su libro.

  La mujer llorosa de la Plaza Bolívar de Caracas nada tiene que ver con esta que revelan los hechos.

REFERENCIAS

[1] Semana. ““Esto es un segundo secuestro”: la historia de Camilla Fabri, la modelo que “enloqueció” de amor a Álex Saab”. 18 de octubre de 2021. https://www.semana.com/nacion/articulo/esto-es-un-segundo-secuestro-la-historia-de-camilla-fabri-la-modelo-que-enloquecio-de-amor-a-alex-saab/202102/



[2] Urgente 24. “Camilla Fabri: Negocios oscuros detrás de una cara bonita”. 22 de octubre de 2021. https://urgente24.com/foco/camilla-fabri-negocios-oscuros-detras-una-cara-bonita-n528706





lunes, 8 de noviembre de 2021

Conozca las principales claves para comprender el caso de Álex Saab

   Estos son los aspectos fundamentales que llevaron al empresario colombiano al banquillo de los acusados en un tribunal de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   He aquí algunas claves que sintetizan la esencia del caso del empresario colombiano naturalizado venezolano, Álex Saab, recientemente extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos a objeto de que enfrente a la justicia que lo señala de conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.
La acusación

   Álex Naim Saab Morán —junto a su socio Álvaro Pulido Vargas— fue acusado el 25 de julio de 2019 por la Fiscalía General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida por la supuesta comisión de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y de lavado de instrumentos monetarios. En específico, la acusación establece que los demandados cometieron un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero. El gobierno de los EE. UU. alega la pérdida de más de USD 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación. Los fiscales señalan que Saab y Pulido presuntamente desempeñaron roles fundamentales en el lavado del producto de las “violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.
   Álex Saab y Álvaro Pulido suscribieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 cuyo objeto era la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos y se aprovecharon, junto con sus cómplices, del tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela, el cual les permitía obtener dólares estadounidenses a un tipo favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos sobre bienes y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornando funcionarios del gobierno venezolano para que aprobarán esos documentos.

   Se explica en la acusación formal que los imputados instrumentaron un esquema de soborno que violó la FCPA e implicó delitos de soborno contra Venezuela. Para ello llevaron a cabo reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Este plan de Saab y Pulido se materializó con la transferencia de aproximadamente USD 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban”[1].


   En razón del acuerdo de extradición que el gobierno estadounidense estableció con su homólogo de Cabo Verde, al ser en esta última nación la pena máxima para el delito de lavado de dinero equivalente a 20 años, la fiscalía del Sur de la Florida retiró los siete cargos relacionados con el lavado de instrumentos monetarios a objeto de que la pena que le sea impuesta, en caso de ser declarado culpable, no sobrepase la que se le impondría en la nación africana por el mismo delito.

Supuesto testaferro de Maduro

   Existe la presunción de que Álex Saab actúa como testaferro o prestanombres de Nicolás Maduro. De hecho, la ex-fiscal general, Luisa Ortega, lo catalogó en 2017 como el “principal testaferro de la autocracia” de Maduro y su familia. Según Ortega Díaz, sus investigaciones la llevaron a presumir que Maduro era el verdadero propietario de Group Grand Limited (GGL), aunque Saab y Pulido sean quienes figuren como dueños.

   Y es que, al contrario de otros empresarios colombianos que tuvieron que dejar de exportar a Venezuela por la incertidumbre que generaban los pagos y controles en el cambio de divisas impuestos por el gobierno, las operaciones de Saab se incrementaron, como también lo hicieron sus negociaciones con el régimen, tanto en el área de la construcción como con el CLAP.
 Álex Saab habría cumplido un papel determinante en el establecimiento y mantenimiento de las redes de financiamiento ilícitas para facilitan la corrupción del régimen venezolano. Se cree que Maduro, presuntamente, le habría confiado su fortuna personal. Por ello el proceso judicial que comenzó a desarrollarse en los Estados Unidos, pudiera permitir establecer la veracidad o falsedad de estos supuestos, así como también ayudaría a comprender y a obtener detalles de las actividades ilícitas que sirven de sustento al régimen venezolano.

   El Departamento del Tesoro refiere que Álex Saab en 2016 diseñó el esquema del CLAP a través de una estructura corporativa para comprar alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela a una tarifa más rentable para ellos. El Tesoro sostiene que, bajo la supervisión de Nicolás Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó sólo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.
   De vendedor de llaveros pasó a ser contratista del régimen chavista, primero en 2011 con un contrato de construcción de viviendas de interés social; luego la construcción de gimnasios verticales por lo que recibió USD 100 millones a pesar de que a la fecha muchos están sin terminar; después la venta de leche en polvo a través del CLAP y a la venta de alimentos para dicho programa. Ya entre 2016 y 2018, amasaba una fortuna de más de USD 1.500 millones.

  Lo cierto es que Saab es de fundamental importancia para Maduro, hecho que se deja ver con su actitud de patear la mesa de negociaciones que mantiene con la oposición en México, tan pronto se concretó la extradición del empresario colombiano a los Estados Unidos.
Las empresas de Saab

  Dos fueron las empresas que sirvieron a Álex Saab y a su socio, Álvaro Pulido, a saber, Group Grand Limited (con sede en Hong Kong y también registró en México). En la nación azteca, Group Grand Limited, S.A. de C.V. está controlada por el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González).

  La otra empresa es Asasi Food FZE, igualmente manejadas por Saab y Pulido.

La verdad de los proyectos del chavismo

   En la acusación que la fiscalía del Distrito Sur de Florida formula contra Alex Naim Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, se explica cómo estos, luego de haber accedido a dólares preferenciales a través de CADIVI, justificaron sus operaciones con facturas y documentos falsos y fraudulentos, resultando que en muchas ocasiones los bienes negociados nunca llegaron a Venezuela.

    El juicio a Saab servirá, por tanto, para que salga a la luz la verdad de los proyectos de construcción de viviendas de interés social por los cuales se les juzgará y, asimismo, podría conocerse la verdad sobre el programa de alimentación CLAP que ha sido ampliamente cuestionado.

¿Por qué serán juzgados en Estados Unidos?

   Por la sencilla razón de que se valieron del sistema estadounidense para lavar fondos ilícitos productos de sobornos pagados a funcionarios gubernamentales venezolanos a cambio de la aprobación de contratos irregulares.

   Saab y Pulido transfirieron dichos fondos corruptos a entidades bancaria y financieras de los Estados Unidos violando así la legislación de este país, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  De este modo, fondos por USD 350.041.500 habían sido introducidos a través de diversas transferencias electrónicas desde cuentas bancarias en Venezuela a cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos.

Corrupto sistema de control de cambios

  El juicio contra Álex Saab también develará el corrupto sistema de control de cambios imperantes en Venezuela durante largos años.

  Se verá cómo el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) actúan corruptamente en Venezuela, permitiendo el desarrollo de actividades delictivas aun cuando el deber ser de todas estas instituciones se supone era el resguardo de la legalidad.

  Es decir, la realidad de un gobierno devenido en entidad criminal podría develarse durante el proceso criminal que se le seguirá a Álex Saab en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

También investigado en Colombia

   Las actividades de Álex Saab también fueron objeto de investigación en su país de origen, Colombia, donde en 2018 fue objeto de la pesquisa de la Fiscalía por el supuesto lavado de activos.

  Saab habría recurrido a todo tipo de argucias para evadir sus responsabilidades tributarias y aduaneras y para dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones llevadas a cabo a través de la empresa Shantex S.A.

  Se le expropiaron seis propiedades evaluados en 38 mil millones de pesos.

  En el país neogranadino se le vincula a la exsenadora y excandidata presidencial, Piedad Córdoba, quien habría sido el puente que lo relacionó con el gobierno venezolano y lo habría ayudado a gestionar el pago de facturas pendientes desde la administración del finado Hugo Chávez.

Gestor del chavismo en el exterior

   En los últimos tiempos, a raíz de las sanciones impuestas al régimen de Maduro por los Estados Unidos, Álex Saab se convirtió en un importante agente del gobierno venezolano en el extranjero en razón de sus relaciones.

   Así, aparte de sus negocios con el CLAP, Saab pasó a diligenciar financiamiento para el régimen de Maduro y se convirtió en intermediario del dictador con sus nuevos aliados, a saber, Turquía e Irán, para llevar a cabo otros asuntos, como las exportaciones de oro.

   De hecho, al verse acorralado en Cabo Verde, la administración de Nicolás Maduro recurrió a la estrategia de catalogarlo como agente diplomático de Venezuela que, al momento de su detención, se encontraba en misión de estado viajando en calidad de enviado especial para negociar gasolina y ayuda humanitaria.

Con información privilegiada

   La comparecencia de Saab ante la justicia estadunidense se espera sirva para el empresario suministre información sobre las negociaciones irregulares llevadas a cabo por el régimen de Maduro, no solamente en materia del CLAP, sino de otros ámbitos.

   De hecho, tiene plena conciencia el gobierno de Maduro, el cual a través de una comunicación que le remitió el entonces canciller, Jorge Arreaza, le advirtió a Saab de que “Está usted en posesión de información concerniente a la seguridad y defensa de la nación considerada ‘clasificada’. Tenemos razones bien fundadas para estimar que, en caso de ser extraditado a Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método, legítimo o no, para la revelación de dicha información, lo que supondría un gran riesgo para nuestro país”.

REFERENCIA 

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Two Colombian BusinessmEn Charged With Money Laundering in Connection With Venezuela Bribery Scheme”. 25 de julio de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme