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martes, 17 de agosto de 2021

Namam Wakil: De vendedor ambulante a contratista millonario del chavismo

 A la sombra de sus relaciones con altos funcionarios chavistas, el empresario amasó una gran fortuna a expensas de minar el erario público venezolano.

Por Maibort Petit

   El pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. o de cualquier empresa estatal venezolana parece ser una constante, una marca, una impronta en el comportamiento de la administración pública que, durante los últimos veinte años adquirió niveles alarmantes. En ese contexto se inscribe el caso de Naman Wakil, un ciudadano de nacionalidad siria y venezolana residente en los Estados Unidos, quien se sumó al esquema corrupto señalado con el objeto de lograr contratos millonarios con la petrolera y, también, con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA), la empresa de alimentos del estado venezolano.

  La causa identificada con el en número 21-CR-20406-WILLIAMS (SELLADO), se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Florida-División Miami, a cargo de la juez de primera instancia, Lauren F. Louis, a quien el caso le fue presentado el pasado 4 de agosto del presente año 2021. Wakil pagó 21 millones de dólares en una fianza para ser juzgado en libertad.

    De acuerdo a los documentos judiciales bajo esta modalidad, Wakil, entre 2010 y 2017, habría realizado negociaciones por el orden de los USD 250 millones para lo cual, supuestamente, pagó sobornos a funcionarios de CASA y de las empresas mixtas que operan en el Faja petrolífera del Orinoco, las cuales tienen un paquete accionario en el que PDVSA tiene el mayor porcentaje frente a sus socias extranjeras. El empresario vendería alimentos a la corporación venezolana y, por otra parte, proporcionaría bienes y servicios a PDVSA, habiéndose determinado un sobreprecio de al menos USD 30 millones en estos últimos contratos.

   Los dineros mal habidos de estas negociaciones, habrían sido lavados por Wakil a través de cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y mediante la compra de inmuebles en dicha zona, un avión de USD 3.5 millones y un yate de USD 1.5 millones, entre otras cosas. Parte de estos fondos también fueron destinados por el empresario para pagar a los funcionarios venezolanos que facilitaron las negociaciones.

  Las autoridades judiciales acusan a Naman Wakil de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada delictivamente, por lo que, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 80 años de cárcel.

   Entre las primeras diligencias del caso, el 6 de agosto tuvo lugar una audiencia de detención preventiva de Wakil, quien fue arrestado el 3 de agosto.

  Las jugosas ganancias de estas presuntas negociaciones irregulares le permitieron a Wakil mantener una vida de lujos con su familia, lo cual incluía viajes por todo el mundo y vivir en un condominio de USD 3.5 millones de Coconut Grove es con vista a la Bahía de Biscayne, de acuerdo con una nota publicada por el Miami Herald[1].

   La reseña de prensa indica que Wakil habría invertido las ganancias ilegales derivadas de los contratos corruptos con PDVSA y CASA en el citado condominio, ubicado específicamente en “Residences at Vizcaya” en Hiawatha Avenue, así como también en los apartamentos antes mencionados, los cuales están en Brickell Avenue en el centro de Miami y en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. Señala la publicación que el valor de estas compras ronda los USD 50 millones.

  Pero para evadir las rejas, la defensa de Wakil y los fiscales del caso acordaron una fianza de USD 50 millones, los cuales se cancelarán con propiedades y USD 21,3 millones provenientes de una cuenta en suiza, señala otra nota del Miami Herald[2].

   Esta última detalla que las ganancias del primer contrato de Wakil con CASA, el citado líneas arriba por USD 30 millones, habrían ido a parar a cuentas del empresario en las Islas Caimán, mientras USD 750 mil fueron a parar a la cuenta en el sur de la Florida de un funcionario venezolano. Más tarde, en 2012, obtuvo un nuevo contrato por USD 225 millones que se depositaron en cuentas bancarias corporativas en Suiza, entretanto USD 11 millones alimentaron las finanzas de otro funcionario venezolano.

   Con la subsidiaria de PDVSA, Petropiar, Wakil firmó en 2015 un acuerdo por tuberías de USD 11.2 millones, cuando los referidos tubos los compraba en China por USD 1.3 millones. El funcionario que facilitó el negocio habría sido favorecido con un condominio de USD 300 mil en Miami.

Con historial en los Papeles de Panamá

  Agrega que ya el nombre de Naman Wakil había resonado en 2016 cuando explotó el escándalo de los Papeles de Panamá y al empresario se le vinculó con un banquero de Citigroup y con empresas fantasmas con cuentas secretas extraterritoriales que permitieron ocultar fondos irregulares de clientes entre los cuales se contaba el sirio-venezolano.

 En aquel entonces se dijo que Wakil con intereses comerciales en Carolina del Norte y Miami por el orden de los USD 400 millones. Para evadir la carga tributaria que tales negocios suponen, recurrió al bufete panameño Mossack Fonseca. Los abogados de esta firma le propusieron abrir una serie de fideicomisos y sociedades offshore que le permitirían enmascarar y esconder sus ganancias.

Un documento muestra negocios irregulares entre extitular el Ministerio de Alimentación de Venezuela y un empresario sirio

Su historia y su afán de ocultarla

  El portal El Pitazo[3] da cuenta del historial de este hombre y los “funcionarios venezolanos” con que en los documentos judiciales de la corte de la Florida se identifica a los socios corruptos con los que Naman Wakil supuestamente habría realizado las negociaciones irregulares, adquieren nombre y apellido.

  La publicación refiere que Wakil amasó su fortuna con los contratos de importación de carne que le otorgó el exmimnistro de alimentación, mayor general Carlos Osorio. Familiares de este último habría recibido USD 5,9 millones desde una cuenta en el banco suizo CBH, propiedad del empresario.

  Del mismo modo, la nota de El Pitazo reza “que desde las cuentas del sirio-venezolano se hicieron, en 2012, cerca de 14 transferencias por montos desde los 108.250 dólares hasta 149.975 dólares a favor de Rodolfo Raschid Velasco Kassem, capturado por el Cicpc en 2013, señalado por formar parte de la organización del capo colombiano Daniel “El Loco” Barrera (…) También se comprobó que Naman Wakil habría hecho entre diciembre de 2012 y junio de 2013 al menos ocho transferencias entre 350.000 hasta 2.000.000 dólares a favor de varias empresas, desde la cuenta de empresas propiedad de Wakil —Atlas Systems International y J.A. Comercio de Géneros Alimenticios— a favor de la Viltas Company, cuyos beneficiarios serían Roberto Rodríguez y Santiago Souto, este último también identificado como uno de los asesores de Raúl Gorrín en Suiza”.

  Naman Wakil habría amasado una fortuna de USD 400 millones solamente en el banco suizo, habiéndose iniciado como vendedor ambulante que residía en Petare. Según las averiguaciones periodísticas, compraba carne a punto de vencerse y la negociaba con el estado venezolano con sobreprecios milmillonarios, a la sombra de sus relaciones con Osorio.

  El portal refiere los esfuerzos del empresario sirio-venezolano por hacer desaparecer su historia de internet, creándole otros perfiles que van desde jugador de fútbol de la vino tinto, beisbolista de los Leones del Caracas, hasta blogger de comida.

Mas de Wakil, según Carlos Tablante

  El exdiputado y exgobernador del estado Aragua, Carlos Tablante[4], autor del libro “El Gran Saqueo”, también le pone nombre y apellido a los “funcionarios venezolanos” que figuran en la demanda contra Wakil. De este modo, “Los altos funcionarios venezolanos 1 y 2 de CASA presuntamente serían los militares Sergio Caldera García, quien fuera presidente de la institución entre 2010 y 2011 (residente en EE. UU.), y Carlos Osorio Zambrano, responsable de CASA entre 2011 y 2014, fechas que se mencionan específicamente en la acusación. Osorio es en la actualidad presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM)”.

   Tablante agrega que en denuncia formulada en 2016 señaló que “Dos cuñados del general recibieron casi 6 millones de dólares de una empresa de Wakil entre diciembre de 2012 y junio de 2013 cuando el militar era ministro de Alimentación. Las evidencias fueron entregadas a la Asamblea Nacional que produjo un voto de censura contra Osorio, así como a la Fiscalía General, la cual abrió una investigación contra el general y Wakil sin resultados conocidos”.

  El libro de Tablante dedica uno de sus capítulos a Namal Wakil: “Trece millones de dólares en mortadela”, en el que describe el modus operandi mediante el cual Wakil estafó a la nación venezolana.

“A través del sistema de subastas, Naman Wakil, como representante de legítimas compañías de Brasil y por medio de información privilegiada, obtuvo millonarios contratos. Sin embargo, su verdadero objetivo era obtener dólares preferenciales para venderlos en el mercado negro y obtener inmensas ganancias. Para ello no vaciló en negociar productos cárnicos a punto de caducar o de ínfima calidad, muchas veces rechazados por otros países. Adquirió un frigorífico en Brasil para reempacar y reetiquetar la mercancía como de primera calidad antes de su envío a Venezuela donde muchas veces llegó en estado de descomposición”, dice Tablante.

 Para perfeccionar su negoció diseñó un esquema fraudulento consistente en el establecimiento de una red de empresas de maletín con nombres similares a las empresas proveedoras de Brasil y de esta manera enmascaraba los sobreprecios de los productos que le vendía a Venezuela.

REFERENCIAS 

[1] Miami Herald. “U.S. agents arrest wealthy Venezuelan man at Miami home on money laundering charge”. 10 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253219913.html


[2] Miami Herald. “Venezuelan’s bond: $21 million in Swiss account, plane, yacht, lots of Miami condos”. 11 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253390023.html


[3] El Pitazo. “Naman Wakil: el vendedor de carne que quiere ocultarse en internet”. 3 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/internacional/naman-wakil-el-cunado-de-carlos-osorio-que-quiere-ocultarse-en-internet/


[4] El Pitazo. “Los pecados capitales de Naman Wakil”. 9 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/opinion/los-pecados-capitales-de-naman-wakil/


miércoles, 28 de julio de 2021

PDVSA se planta en la corte e insiste en desestimación de demanda de Syracuse Mountains Corporation

  Alega que la demandante no cumplió los términos de los contratos que contemplan cláusulas de No Acción.

Por Maibort Petit

   Ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Petróleos de Venezuela S.A. insiste que se debe desestimar la demanda que en su contra entabló Syracuse Mountains Corporation, por inclumplimiento de contrato al no realizar los pagos de capital e intereses derivados de la tenencia de bonos emitidos por PDVSA y de los que la demandante es beneficiario final.

  La demandante reclama pagos no cumplidos desde 2017, aunque es una compañía registrada en Panamá, de acuerdo al portal Open Corporates, el 18 de noviembre de 2020, bajo el número 155699100[1].

Posiciones ante juez

   El 6 de mayo de 2021, los abogados de la firma Hughes Hubbard & Reed LLP, que representa los intereses de Syracuse Mountains Corp., conjuntamente con los representantes legales de Petróleos de Venezuela S.A., remitieron una comunicación a la juez Valerie E. Caproni, titular del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la causa en que la primera demanda a la segunda, para abordar los asuntos requeridos por el Aviso de Conferencia Previa al Juicio Inicial del 31 de marzo de 2021, antes de la Conferencia Previa al Juicio Inicial programada para mayo 14 de febrero de 2021.

  Para Syracuse el caso es simplemente por incumplimiento de contrato por parte de PDVSA al no cumplir con el pago de ciertos montos adeudados en virtud de ciertos pagarés.

   Estima la demandante que las acusaciones son indiscutibles porque es la beneficiaria final de las participaciones en cinco títulos de deuda por USD 333.300.000 emitidas por PDVSA de conformidad con cinco contratos de emisión celebrados entre 2007 y 2013; porque los Contratos y las Obligaciones Negociables establecen la promesa explícita e incondicional de PDVSA de realizar pagos de capital e intereses programados regularmente a los tenedores de las Obligaciones Negociable; y porque PDVSA no ha cumplido con los pagos de interés y principal desde noviembre de 2017.

   En tal sentido, Syracuse le manifestó a la juez Caproni que su interés la procura del pago del capital e intereses devengados y no pagados de los Bonos, así como los intereses previos al juicio y los honorarios de los abogados.

   Entretanto, PDVSA le manifestó a la magistrada que Syracuse no ha cumplido con los requisitos establecidos en los contratos de emisión para entablar una demanda para hacer cumplir los Bonos.

   En tal sentido recordó que cada contrato contiene una "Cláusula de no acción" que prohíbe las acciones de ejecución a menos que los tenedores de al menos el 25 por ciento del monto principal de los pagarés cumplan con ciertas condiciones previas al juicio, incluida la exigencia de que el fiduciario de cada contrato entable una demanda en nombre de todos los tenedores. Dado que Syracuse no cumplió estas condiciones, no tiene derecho a mantener sus reclamos contra PDVSA. En consecuencia, sostienen los abogados de la petrolera, la demanda debe desestimarse.

   Ambas partes reconocen la jurisdicción del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York sobre la materia sobre esta acción emprendida por Syracuse contra PDVSA.

  Igualmente, PDVSA le anunció a la juez Caproni su intención de presentar una moción para desestimar la acción en su contra, porque considera que Syracuse no tiene derecho a hacer cumplir las Obligaciones Negociables porque cumplió con los requisitos de la Cláusula de No Acción contenida en cada contrato.

  Por su parte, Syracuse adelantó que se opondría a la moción de desestimación, porque cree que tiene el derecho de iniciar la acción según los términos de los contratos y los bonos.

  De igual manera, anunció que, en cualquier momento, cuando lo estime apropiado, buscará un juicio sumario sobre la base de que los hechos y la responsabilidad son indiscutibles.

   Los abogados de Syracuse y PDVSA le manifestaron a la juez que hasta la fecha de la comunicación no habían discutido la posibilidad de llegar a un arreglo por estimar que era poco probable de alcanzarlo en la etapa del litigio en que se encontraban, aunque se manifestaron abiertos a discusiones en una fecha posterior.

   También presentaron una propuesta conjunta de un plan de gestión de casos y orden de programación con fechas que se contarán a partir del dictamen de la Corte sobre la moción de sobreseimiento de PDVSA. Sin embargo, las partes solicitaron que la Corte no entregar el auto de programación hasta que resuelva la moción anticipada de desestimación de PDVSA. 

    Mientras la petrolera creía que la moción de desestimación plantearía un problema en cuanto al derecho de Syracuse a iniciar esta acción en virtud de los contratos y pagarés, y propuso resolver el problema antes de participar en cualquier actividad adicional potencialmente innecesaria. Syracuse, como se señaló anteriormente, tiene la intención de oponerse a la moción de desestimación, pero consintió la propuesta de PDVSA sobre el momento de la entrada del plan de gestión del caso y la orden de programación. En aras de la eficiencia, las partes acordaron negociar los términos de una orden de protección mientras la moción de desestimación está pendiente.

  Por estas razones, las partes creían innecesaria una conferencia preliminar, pero manifestaron su disposición si el Tribunal consideraba lo contrario.

La moción de desestimación

   El 21 de mayo de 2021, PDVSA, a través de los abogados de la firma Hughes Hubbard & Reed LLP, remitieron al Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York una moción de desestimación de la demanda presentada en su contra por parte de Syracuse Mountains Corporation.

   La comunicación iba acompañada de un memorando de ley en apoyo de la moción para desestimar la denuncia presentada por Syracuse Mountains Corporation, la cual está sustentada únicamente en la queja del demandante y los documentos en los que se basó y adjuntó a su demanda, que a primera vista le impiden presentar sus reclamos actuales. Al presentar esta Moción, PDVSA advierte que se reserva todos los derechos y defensas que puedan estar disponibles y no renuncia a ninguno.

   El memorando explica, en primer lugar, que la demanda de Syracuse debe desestimarse con base a la Regla 12 (b) (6). Argumenta PDVSA que los contratos de emisión prohíben al demandante presentar estos reclamos, pues cada uno contiene una cláusula de "No acción" que impide que los tenedores de bonos entablen una demanda a menos que hayan cumplido ciertas condiciones previas a la demanda, incluido en particular el requisito de que representen al menos el 25 por ciento del capital de las notas. Lo pertinente es solicitar al fiduciario de las notas que adelante las reclamaciones en nombre de todos los tenedores de notas.

   Agrega que Syracuse ni siquiera alega que ha solicitado a los fideicomisarios de los pagarés que presenten estos reclamos en su contra ni ha cumplido con las otras condiciones previas al juicio contenidas en las cláusulas de No Acción. En consecuencia, bajo los términos claros e inequívocos de los contratos y las alegaciones de la demanda, las por incumplimiento de contrato deben desestimarse.

   Precisa que una moción para desestimar de conformidad con la Regla 12 (b) (6) requiere que el tribunal determine si los hechos alegados en la demanda son suficientes para demostrar que el demandante tiene un reclamo de reparación.

  Sostiene PDVSA que el tribunal para declarar un reclamo por incumplimiento de contrato bajo la ley de Nueva York, debe certificar que el demandante alegue: (1) un contrato válido; (2) desempeño del demandante; (3) incumplimiento del acusado; y (4) daños resultantes del incumplimiento. Cuando un contrato contiene una condición precedente inequívoca, debe alegar el cumplimiento de la misma para declarar un reclamo por incumplimiento del contrato; de lo contrario, la reclamación debe desestimarse.

    Reitera que los reclamos de incumplimiento de contrato presentados por Syracuse están sujetos a lo establecido en los contratos que, a saber, son e de fecha 12 de abril de 2007, el del 17 de noviembre de 2011, el de l17 de mayo de 2012 y el del 15 de noviembre de 2013, por lo que es necesario que el demandante cumpla con lo que en ellos se establece.

  Tales contratos en una sección titulada “Incumplimientos y remedios” estipulan que el demandante cumpla era con los contratos de emisión relevantes en cualquier acción para hacer cumplir los bonos o los contratos de emisión, indicando estos que "Los tenedores no pueden hacer cumplir el Contrato o los Pagarés excepto según lo dispuesto en el Contrato".

  Por tanto, la demanda debe ser desestimada porque el demandante no ha cumplido con las cláusulas de No Acción contenidas en los Contratos.

  Se explica que una cláusula de No Acción “es una disposición estándar presente en muchos contratos de fideicomiso” que limita los derechos de los tenedores de bonos individuales. Recuerda que, bajo la ley de Nueva York, una cláusula de No Acción prohíbe las reclamaciones de un tenedor de pagarés que no cumpla con las condiciones precedentes enumeradas en la obligación.  "Los tribunales que aplican la ley de Nueva York han encontrado cláusulas de no acción aplicables como regla general".

   Subraya el memorando que las alegaciones de la propia queja de Syracuse y los documentos adjuntos a la misma, demuestran que no cumplió con las cláusulas de No Acción, pues no se muestra en ella que haya notificado a los Fideicomisarios en virtud de las Notas sobre cualquier evento de incumplimiento.

   Tampoco hay alegato de que los tenedores de bonos que representan el 25 por ciento del capital total hayan solicitado a los Fideicomisarios en virtud de los Bonos que persigan cualquier reparación por parte de PDVSA.



  El demandante tampoco posee cerca el 25 por ciento de las Obligaciones Negociables en circulación que lo califique para presentar tal solicitud al Fiduciario.

  Finalmente, PDVSA sostiene que Syracuse no alega que haya brindado seguridad satisfactoria a los Fideicomisarios en virtud de los Pagarés o que estos, una vez solicitados, no cumplieron con dicha solicitud. Por lo tanto, en base a las disposiciones expresas e inequívocas de los documentos del contrato, es indiscutible que el demandante no cumplió con esas condiciones, esta queja debe ser desestimada.

PDVSA reitera su posición

   El 1 de julio de 2021, los abogados de PDVSA presentaron ante el tribunal, un memorando de respuesta en apoyo adicional de la demandada Petróleos de Venezuela S.A. de desestimar la demanda en su contra.

  Expuso que el memorando de ley del demandante en oposición a la moción de PDVSA para desestimar su demanda, no presenta ninguna razón por la cual sus reclamos no deben ser desestimados.

    En el memorando PDVSA asegura que Syracuse en su respuesta no niega que los contratos de emisión contengan una cláusula de no acción, como tampoco niega su incumplimiento de las cláusulas de No Acción, las cuales requieren que el 25 por ciento de los tenedores de bonos notifiquen al Fideicomisario que emprenda una acción colectivamente para todos los tenedores de bonos.

   Destaca que, por el contrario, el demandante argumenta que los extensos contratos de emisión que establecen los términos y condiciones de pago de los bonos no se aplican en absoluto a sus reclamaciones, que, según sostiene, se basan únicamente en los bonos y no en los contratos de emisión.

    Tal argumento, advierte PDVSA, ignora la realidad comercial de que cada contrato es una parte crítica e inseparable de la nota, como igualmente ignora el lenguaje sencillo de la demanda, en la que repetidamente dice que su reclamo se basa en los términos de los contratos. Además, ignora, y de hecho no cita una sola vez, las disposiciones de los propios Bonos que establecen que "los Tenedores no pueden hacer cumplir el Contrato o los Bonos excepto según lo dispuesto en el Contrato".

   Debido a que se requirió al demandante que cumpliera con el Contrato para hacer cumplir las Obligaciones Negociables, y debido a que el Demandante admite que no lo hizo, sus reclamos deben desestimarse, reitera PDVSA.

   PDVSA pidió al tribunal que desestime la demanda con perjuicio de la falta de presentación de reclamo y otorgue cualquier otro remedio que el Tribunal estime oportuno.

CITA

[1] Venezuela Política. “Extraña "empresa" offshore panameña demandó a PDVSA en Nueva York por más de $333 millones por incumplimiento de pagos de capital e intereses de Bonos”. 22 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/extrana-empresa-off-shore-panamena.html 

lunes, 29 de junio de 2020

Nuevas evidencias sobre pagos en dólares de Avior Airlines al régimen de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit

   Nuevas evidencias muestran cómo la línea aérea Avior Airlines hizo pagos en dólares americanos a Bolivariana de Aeropuertos (BAER), un ente del régimen de Nicolás Maduro, por un monto de $70 mil. 


   Documentos muestran que Avior Airlines ordenó hacer pagos un día después de recibir un oficio de BAER, fechado el 13 de febrero de 2019. El 14 de febrero de 2019, la tesorera de Avior  generó un correo electrónico (donde se copia  toda la directiva la posición) para informar las posiciones en divisas de la compañía, en la cual se le agendaron a BAER dos abonos, uno por pago adeudados en Barcelona y otro por pagos adeudados en Porlamar. 


   Bolivariana de Aeropuertos (BAER) S.A. envió una carta al presidente de Avior Airlines C.A. Jorge Añez, con fecha de 13 febrero 2019, donde informó que se le estaba remitiendo la deuda en dólares de los Estados Unidos de América que presenta a la fecha Avior con BAER, en el aeropuerto Santiago Mariño. por concepto de derechos aeroportuarios y por salida del aeropuerto, la cual asciende a un monto de $256.080,00.
  El gobierno de Nicolás Maduro informó a Avior que debían pagar el monto en la cuenta Citibank #9146143659 de la empresa Aeroservices A7. La carta está firmada por Leonardo Alberto Briceño Dudamel, presidente de Bolivariana de Aeropuertos (Baer) S.A.

   El 14 de febrero de 2019, un correo enviado por Mirda Lozada, Gerente de Tesorería de avior Airlines, envió un correo electrónico a Jorge Alva, Jorge Añez, Juan Romaguera el monto de visas de las divisas.

   En un anexo se reporta que BAER Porlamar,  $50.000,00 y BAER Barcelona, $20.000,00 en una cuenta del banco  


martes, 9 de junio de 2020

Raúl Gorrín tramitó fraudulentamente duplicados de los títulos de propiedad de sus vehículos de lujo que iban a ser confiscados por EE.UU. usando una licencia y un pasaporte falsificados

   El prófugo de la justicia norteamericana pretendió vender un Rolls Royce (2012); un Ferrari (2016); un Porsche (2017) y un Maserati (2014), que forman parte de la lista de bienes objetos de confiscación por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Tramitó las copias de los títulos de propiedad con documentos falsificados. El acusado de corrupción y lavado de dinero, se atrevió, inclusive, a enviar a uno de sus empleados al Departamento de Policía de Coral Gables, para reportar un incidente ficticio, para hacerle creer a las autoridades que los costosos autos habían sido robados del estacionamiento de un lujoso edificio donde posee varios apartamentos. Recientemente, Gorrín certificó la propiedad sobre uno de los vehículos, a través de su abogado. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Usando una licencia del estado de la Florida y un pasaporte venezolano falsificados, Raúl Antonio Gorrín tramitó fraudulentamente copias de los títulos certificados de propiedad de cuatro vehículos de lujos que estaban en la lista de los bienes congelados por el gobierno de los Estados Unidos, para venderlos a un broker de autos en Homestead, de acuerdo a una investigación revelada en una demanda civil que cursa en la corte de Miami que busca recuperar los costosos automóviles.
   La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida realizó todos los procedimientos ante la Corte del Distrito para proceder con la confiscación de los cuatro vehículos de lujo, un Rolls Royce (2012), un Ferrari (2016), un Porsche (2017) y un Maserati (2014) pertenecientes a Gorrín, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero y quien se encuentra bajo estatus de fugitivo de la la justicia de los Estados Unidos.

  En la acción civil, los fiscales federales exigen que se haga entrega de los vehículos que pertenecen a Raúl Gorrín,  y que fueron adquiridos con dinero proveniente de la industria criminal, según los representantes del gobierno.

En el documento de describen los siguientes vehículos:

1) 2012 Rolls Royce Phantom Drophead, VIN SCA682D53CUX16710
Un modelo del vehículo solicitado (Foto cortesía)
2) 2016 Ferrari Modelo FF VIN ZFF73SKA0G0215301
Modelo del vehículo referenciado (Foto cortesía)
3) 2017 Porsche 911 Turbo Coupe, VIN WP0AD2A94HSI166412
Modelo del vehículo referenciado (Foto cortesía)
4) 2014 Maserati Quattroporte, VIN ZAM56PPA7E1084665.
Modelo del vehículo referenciado, (foto cortesía)
   La demanda explica que el 16 de agosto 2018, un Gran Jurado del Distrito Sur de la Florida aprobó una acusación contra Raúl Gorrín Belisario, por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que incluye 10 cargos relacionados con delitos de lavado de dinero.

  La querella describe que desde 2011 hasta apróximadamente 2017, Raúl Gorrín pagó unos 94 millones de dólares en sobornos a varios funcionarios del gobierno de Venezuela. Durante la investigación federal, los agentes de la ley identificaron que Gorrín era el dueño de los mencionados vehículos y que fueron registrados a su nombre ante el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de la Florida. Hasta noviembre de 2018, los automóviles estaban a su nombre y con su dirección en Coral Gables.

   En noviembre de 2018, a la acusación contra Gorrín se le levantó el sello y se hizo pública el 3 de diciembre de 2018. Luego que se conocieran los cargos criminales, Gorrín tramitó una duplicación de los certificados de los títulos de los vehículos Rolls Royce, Porsche y Maserati, con una licencia de la Florida número G287-681-68-140-0.

  En la aplicación fraudulenta, "Gorrín alegó que los títulos originales de los vehículos estaban perdidos". En la aplicación de la duplicación del título del Ferrari no se incluyó la licencia de conducir a nombre de Gorrín, sino que se solicitaba una copia del título porque se había perdido, y la petición fue firmada con las iniciales RG (Raúl A. Gorrín).

  Los investigadores del gobierno determinaron que la licencia de conducir, usada por Gorrín para pedir las copias de los título de propiedad, N-G287-681-68-140-0 no existía en los récords de la Florida. De hecho se supo que en el estado de la Florida nunca se emitió una licencia a nombre de Gorrín y que, el prófugo de la justicia, había usado la licencia de Venezuela para comprar todos sus autos.

   La falsa licencia de conducir del estado de la Florida que usó el dueño de Globovisión para obtener de manera dolosa las copias duplicadas de los títulos de propiedad de los vehículos Rolls Royce, Porsche y Maserati tenían el nombre de Gorrín, su fecha de nacimiento y dirección local, "pero, basado en las fotos de Gorrín en línea y de acuerdo a las bases de datos de las autoridades, la imagen de la licencia no correspondía a la del acusado". 

  Los fiscales sostienen que Raúl Gorrín usó la foto de un pasaporte venezolano falso, para hacer una licencia de conducir de la Florida falsa.

  De acuerdo a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, Raúl Gorrín salió de los Estados Unidos un año antes de los trámites, el 4 de noviembre de 2017, desde el Aeropuerto de Opa Locka en Florida, y desde esta fecha no regresó a Norteamérica.

  Entre el 30 de noviembre de 2018 y el 3 de diciembre de 2018, Raúl Gorrín ordenó trasladar los vehículos desde el edificio ubicado en 4100 Salzedo Street, Coral Gables [donde posee varios apartamentos que son también objeto de confiscación] hasta Auto Brokers USA Corp. en Homestead, Florida, usando las copias duplicadas de los certificados de los títulos de los vehículos que fueron ejecutados por una persona que se hizo pasar por Raúl Gorrín usando una licencia falsa de ese estado.
  La firma de la persona que estaba haciendo las gestiones fraudulentas con la licencia falsa, no se correspondía con la de Gorrín. El 5 de enero de 2019, un reporte del Departamento de la Policía de Coral Gables dice que seis vehículos de lujo fueron robados a Gorrín. Los autos del reporte incluyen los cuatro que son objeto de la acción civil. La persona que actúo por Gorrín, J.D. dijo a la policía que era un empleado de Gorrín y que este lo había autorizado a vender los vehículos a Auto Brokers.

   Otro reporte de la policía del 3 de enero de 2019, dice que J.D. descubrió que los vehículos habían sido robados del estacionamiento del edificio. JD dijo que el gerente del edificio le advirtió que un representante de Auto Brokers habían buscando los vehículos y que para llevárselos mostró los certificados de los títulos, indicando que los mismos habían sido transferidos a dicha empresa.

  En el reporte se indica que un oficial de policía de Coral Gables contactó telefónicamente a Raúl Gorrín a Venezuela, y éste le indicó que J.D. tenía un poder de un abogado para representarlo en esas diligencias.

  Actualmente el Rolls Royce se encuentra en poder de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, y el Ferrari, Porsche y Maserati están en manos de Auto Brokers USA Corp. ubicado en 29951 South Federal Highway, Homestead, Florida, 33022.

  El gobierno de los Estados Unidos está solicitando su confiscación de acuerdo a lo establecido en las leyes estadounidenses, según el documento firmado por la Fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshan.

Reclamo del Rolls Royce

  El 6 de enero de 2020,  Estados Unidos hizo un reclamo verificado del Rolls Royce. En el expediente, aparece el documento donde Raúl Gorrín declara que es el dueño del auto y que hace un reclamo de la propiedad. La comunicación está firmada por Gorrín y el abogado Howard Srebnick del bufete Black, Srebnick, Kornspan y Stumpf, cuyas oficinas se encuentran en 201 South Biscayne Boulevard, en Miami, FL 33131.


martes, 3 de marzo de 2020

Así explicó Freddy Guevara la decisión de la Comisión de Contraloría de cerrar la denuncia de corrupción contra Mauro Libi

  El expresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional asegura que la investigación sobre el caso Libi se ajustó a la ley y el empresario acusado denuncia una campaña en su contra.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La documentación que sobre la averiguación parlamentaria se conoció, hace presumir que esa instancia del ente legislativo obvió su obligación de actuar como organismo de control y se limitó a redactar un informe conforme a los datos suministrados por el investigado, sin que se produjera un cotejo y verificación de la autenticidad de los mismos. Al parecer, tampoco se llevó a cabo ninguna otra actividad indagatoria para establecer la comisión o no de irregularidades. Freddy Guevara niega que haya ocurrido así y nos ofrece su versión de los hechos, mientras Mauro Libi asegura que la investigación demostró la falsedad de las denuncias en su contra.
  El informe que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional en torno a la investigación que llevó a cabo sobre Mauro Libi Crestani, se habría limitado, según todo deja ver, a publicar los documentos que este le entregó y la exposición que le formuló, sin que se produjera por parte del ente parlamentario el cotejo de la documentación recibida con los datos de las fuentes oficiales, ni tampoco se llevaran a cabo otras indagatorias o averiguaciones que permitieran establecer con certeza si el empresario hizo uso indebido o no de los divisas entregadas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) —después Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y hoy extinto— para la compra de alimentos. Esta presunción es negada por el diputado Freddy Guevara, ex-vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente de la referida comisión para la fecha en que la investigación tuvo lugar. Entretanto, el empresario Libi sostiene que quedó fehacientemente demostrada la falsedad de las acusaciones y denunció una campaña de desprestigio en su contra.
  Sin embargo, al revisar el expediente elaborado por la comisión legislativa se observa que el mismo consta, en efecto, de algunos de documentos y solvencias, pero no se hace mención en ninguna parte de que tales datos hubieran sido cotejados con las fuentes oficiales para comprobar su autenticidad y veracidad. La revisión de los papeles no ofrece información sobre algún procedimiento o metodología —salvo la comparecencia de Libi— que dejara constancia de diligencias emprendidas para constatar si los señalamientos formulados sobre supuestas irregularidades cometidas por el empresario en desmedro del patrimonio público, eran ciertas o no.

   Tal circunstancia toma especial relevancia a raíz de un trabajo de investigación publicado por el portal Armando.info el 1° de diciembre de 2019, en el que se denunció que, supuestamente, “desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante”.

  Además, la nota de Armando.Info refiere que algunos diputados diputados opositores a quienes, por cierto, se les expulsó de sus partidos, “conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP”[1], desatando esto una ola de acusaciones entre los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro.

  El anuncio formulado por el presidente de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, Juan Guaidó, de aplicar medidas disciplinarias a los parlamentarios implicados y la conformación de una Comisión Especial que investigara los hechos, desencadenó el contrapunteo de inculpaciones. “El primer vicepresidente del Parlamento Edgar Zambrano informó que los miembros de la Comisión Permanente de Contraloría estarán compareciendo de manera voluntaria o a través de citatorios (…) Asimismo, reiteró que la orden del presidente encargado Juan Guaidó es que sea intervenida la Comisión, al tiempo, que aseguró que ‘mientras no se presente el informe de la investigación, la Comisión estará inhabilitada’”[2], se lee en una nota del Diario Las Américas publicada el 4 de diciembre de 2019.
   José Brito, uno de los diputados presuntamente implicados en la denuncia del portal informativo y sancionado por Guaidó, acusó a este último de encubrir a Mauro Libi y sus empresas, a los cuales se señalaba de estafar el patrimonio público mediante el uso irregular de las divisas preferenciales otorgadas por el gobierno nacional para la adquisición de alimentos. “El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito aseguró este lunes que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó encubrió al empresario, Mauro Libi, propietario de la empresa Avelina y señalado de presunta estafa en el Cencoex. Con documento en mano, Brito mostró la carta que aseguró es ‘parecida’ a la entregada a Alex Saab, donde se cierra la investigación contra el empresario Libi”. 

   La pesquisa periodística refirió que Brito y otros ocho diputados hicieron giras para lavar la reputación del empresario vinculado a Alex Saab, colombiano afiliado al oficialismo, que habría obtenido grandes ganancias a expensas de los recursos del programa alimentario. Agregó que “70 diputados firmaron una carta dirigida a Guaidó en la que piden explicación sobre los recursos manejados este año por la Asamblea Nacional”[3].

  Brito también aseguró en una entrevista en el programa “Vladimir a la 1” que transmite Globovisión y que reseñó El Nacional el 3 de diciembre de 2019, “acusó al ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de ser el origen de las denuncias en su contra, las cuales están relacionadas con la corrupción. Indicó que es él quien financia al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a Voluntad Popular”. La nota agrega que “Guaidó emitió una carta en la que pidió la detención de las investigaciones contra el empresario Mauro Libi”[4].
  Ante estos hechos, desde las filas del gobierno no se perdió la oportunidad de atacar con todas las baterías a la oposición y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, se sumó a las acusaciones y aseguró que Juan Guaidó, supuestamente, al señalar al parlamentario de VP “de extorsionar a empresarios venezolanos desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional”, recoge en la misma fecha (3 de diciembre de 2019) otra nota de El Nacional donde el alto funcionario gubernamental refiere que para tal acción Guaidó se habría valido de la que catalogó como “carta de buena conducta” emitida en 2016 en favor de Libi. Se refería Rodríguez a la comunicación que José Brito mostró recientemente cuando se vio señalado en escándalo por el CLAP.

  Rodríguez explicó lo que, según él, sería el modus operandi de la operación, indicando que cuando “Guaidó era presidente de la Comisión de Contraloría. Él enviaba a Roberto Marrero o a alguno de sus lugartenientes a hablar con los empresarios venezolanos y les decía: o me das tanto o te investigamos. Recibía la plata y entonces tapaba cualquier investigación”, refiere la publicación señalada[5].

  A la comparsa de acusadores se sumó también el diputado por Primero Justicia, Luis Parra —expulsado de su partido y ahora proclamado presidente del parlamento por el oficialismo y un grupo de disidentes de la oposición—, quien “retó al presidente del parlamento, Juan Guaidó a mostrar las ‘pruebas’’ que lo incriminan con estos hechos” de corrupción. “¿Qué dinero manejo yo para que tú digas que yo soy corrupto? (…) Están actuando con premeditación y alevosía para aniquilarnos políticamente”. Instó al presidente del parlamento nacional a hablarle claro al país acerca del curso de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. “Están en el derecho de señalarme, pero siempre que se me respete el derecho a la defensa y la presunción de inocencia (…) Estoy presto a que se realice la investigación. Tampoco tengo problemas para pedir disculpas. Todos en la vida a veces cometemos excesos”[6], manifestó el parlamentario en reseña del portal Punto de Corte, el 4 de diciembre de 2019.

   Desde la Asamblea Nacional se remitió el expediente identificado con el número 1651 correspondiente a la investigación que la Comisión Permanente de Contraloría desarrolló con relación a las denuncias formuladas contra el empresario Mauro Libi y sus empresas, acusadas de supuestamente manejar irregularmente divisas otorgadas por Cadivi, Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) para el momento de la investigación, hoy extinto.

  La pieza suministrada por el ente parlamentario incluye documentos varios, tales como comunicaciones del investigado y sus representantes legales con la comisión legislativa y viceversa, así como los documentos con los que Libi daba respuesta a las interrogantes de los diputados investigadores, los cuales sirvieron para llegar a las conclusiones vertidas en el informe final emitido por la subcomisión sectorial encargada de la averiguación.
    En dicho informe no se advierte ningún documento con el cual la instancia de la AN haya cotejado la información suministrada por el acusado que permitiera comprobar la veracidad de los datos entregados. Tampoco se da a conocer algún procedimiento de control (entrevistas, interpelaciones, revisión de fuentes y documentos, comparación y confrontación de pruebas) adelantado por la comisión legislativa. Por el contrario, los documentos oficiales presentados por el denunciante fueron rebatidos con los papeles aportados por el denunciado. En pocas palabras, no se habría producido un cruce de información para certificar la autenticidad de la información para llegar a las conclusiones a las que derivó la investigación parlamentaria. Sin embargo, el diputado Guevara sostiene que estos documentos fueron verificados por el equipo de investigación.

   Cabe destacar que en marzo del presente año 2019, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa de Mauro Libi, una medida adoptada por la administración norteamericana contra de personas a quienes relaciona con el régimen de Nicolás Maduro. La revocatoria de la visa del empresario estaría enmarcada dentro de la medida gubernamental por la que se le retiró el visado a “77 personas alineadas con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela en su campaña continua contra un líder que ha frustrado las entregas de ayuda humanitaria y los agresivos esfuerzos liderados por Estados Unidos para instalar su reemplazo”, según lo refiere una información de The New York Times difundida el 7 de marzo de 2019 que agregó que, "‘En total, se han revocado más de 250 visas’, escribió Kimberly Breier, subsecretaria de Estado, en Twitter, confirmando lo que el vicepresidente Mike Pence había insinuado esta semana. ‘Continuaremos responsabilizando a todo el régimen de Maduro hasta que la democracia y la libertad se restablezcan por completo en #Venezuela’".



  Sobre esto también había hablado el representante de la administración de Donald Trump para asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, quien en declaraciones que recoge la agencia Reuters el 1º de marzo de 2019, dijo que “Estados Unidos había revocado las visas de ‘docenas más’ de venezolanos, aunque declinó dar más detalles, diciendo que las leyes estadounidenses le impedían discutir detalles sobre visas.‘Continuamos buscando socios cercanos de Maduro, quienes con sus familias tienen visas para los Estados Unidos’"[7].

La visa revocada de Libi

  Mauro Libi era portador de una Visa E-2 de inversionista[8] la cual se enteró había perdido el 7 de marzo de 2019 cuando a bordo del avión N154FV (SCEL-MPTO-KOPF) intentaba viajar a Miami, ciudad en la que residía por periodos que alternaba con estadías en Caracas.

   Por ello, su itinerario original Chile-Panamá-Estados Unidos se vio alterado y hubo de retornar a Venezuela desde Ciudad de Panamá en un vuelo de Copa Airlines.
   Posterior a ese evento, el empresario contrató los servicios de lobby de la empresa Holland & Knight LLP, para hacer las gestiones ante las autoridades estadounidenses la reposición de la visa. El portal ProPublica da cuenta de las gestiones de cabildeo realizadas por la empresa ante la Cámara de Representantes y la Casa Blanca[9].

Por este trabajo Libi pagó USD 80.000.



Freddy Guevara responde

  Sobre todo este asunto consultamos al diputado, Freddy Guevara Cortez, quien presidió la Comisión Permanente de Contraloría para la fecha en que se llevó a cabo la investigación del caso y quien en la actualidad se encuentra asilado en la embajada de Chile en Venezuela.

  La comunicación entre Venezuela Política y el diputado Guevara se llevó a cabo a través de un cuestionario que se le remitió en el mes de diciembre de 2019, vía correo electrónico y del cual respondió 8 de las 20 preguntas formuladas, en febrero de 2020, no sin dejar de hacer la advertencia de que por su carácter de asilado se ve imposibilitado de otorgar entrevistas, habiendo resultado este un caso excepcional en el que se le autorizó en aras de aclarar la polémica que ha surgido en torno a la investigación que el ente parlamentario realizó sobre el Grupo Libi, “por la naturaleza del caso y porque era un deber mío directo e ineludible”.

— ¿Qué metodología se siguió en el caso de la investigación del empresario Mauro Libi por presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), al otorgar divisas preferenciales?

— El Reglamento de funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría, vigente para el año 2016 establece en sus artículos 75, 76, 77, 78 y 79, el método y procedimiento a aplicar para el desarrollo de una investigación:

“Inicio del procedimiento.

“Artículo 75. El procedimiento podrá ser iniciado de oficio, por denuncia, o a solicitud de cualquier organismo, funcionario público o particular, siempre que en la misma se acompañen los elementos de prueba o indicios que permitan presumir fundadamente la comisión de un hecho irregular, acto u omisión que comprometa la responsabilidad de un funcionario público.

“Recepción de la documentación.

“Artículo 76. La documentación será recibida por la Unidad de Correspondencia y será remitida a la Coordinación Técnica para su evaluación.

“Evaluación de la Pertinencia de la Denuncia.

“Artículo 77. La Coordinación Técnica deberá pronunciarse sobre la pertinencia o no de la denuncia, mediante informe preliminar con las recomendaciones de rigor, que será remitido a la Secretaría de la Comisión, a efectos de ser considerado por la plenaria en la sesión correspondiente. De resultar pertinente la denuncia o solicitud, en el mismo acto se procederá a designar una subcomisión que se avoque al estudio del caso. De no ser pertinente la denuncia o solicitud, se procederá a notificar al denunciante o solicitante de las resultas de la decisión mediante escrito motivado, con base en el informe emanado de la Coordinación Técnica y aprobado por la plenaria.

“Apertura de la investigación.

“Artículo 78. Una vez aprobada la pertinencia de la denuncia por la plenaria de la comisión y designada la subcomisión que deberá encargarse del estudio del caso, se procederá en un lapso no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la asignación de la investigación a la Subcomisión competente, a abrir la averiguación respectiva, se formará un expediente debidamente foliado y mediante auto de apertura motivado, se describirán los hechos imputados, se identificarán los sujetos presuntamente responsables y se indicarán los elementos probatorios y las razones que comprometen presumiblemente su responsabilidad. De dicha apertura se notificará al investigado.

“Sustanciación del expediente.

“Artículo 79. Dentro de un lapso no mayor de sesenta (60) días hábiles, la subcomisión que conozca el caso, procederá a sustanciar el expediente respectivo y a tal fin podrá interpelar al investigado, constituirse en el lugar de la ocurrencia de los hechos, realizar auditorías y fiscalización de documentos, así como tomar declaración al investigado, a los testigos si los hubiere, de considerarse preciso, podrá interrogar al denunciante y en definitiva promoverá y evacuará todas las pruebas inherentes al caso. Este lapso podrá ser prorrogado hasta por igual término, por una sola vez si fuere necesario”.

— ¿Se cotejó la información suministrada por el empresario Mauro Libi con los datos oficiales para verificar la veracidad y autenticidad de la misma?

— La Comisión Permanente de Contraloría, durante la comparecencia del denunciado, solicitó el Registro de Información Fiscal de cada una de las empresas, así como también las solvencias del seguro social, SUNDDE, ministerio del trabajo y otras, comprobantes de liquidación de divisas preferenciales, listados de los proveedores y clientes del Grupo Libi, los cuales fueron recibidos posteriormente en la sede de la Comisión y que pudieron ser verificados por el equipo de investigación.

— ¿Se interpeló a voceros de Cadivi o se solicitó información oficial sobre las divisas preferenciales otorgadas a Mauro Libi?

— Se solicitó y consultó la información oficial pertinente en los registros públicos de Cadivi, Cencoex, SUNDDE, Seguro Social y el registro de información fiscal. La interpelación de funcionarios no se pudo realizar debido a la negativa de comparecencia de los mismos. Sin embargo, los registros públicos oficiales brindaron la información requerida, para constatar los documentos entregados y sustanciar la investigación.

— Con certeza, ¿cuál fue en realidad el monto de dólares preferenciales otorgados a las empresas de Mauro Libi?

— En cuanto a la denuncia sobre el monto de 581 millones de dólares preferenciales asignados al Grupo Libi entre 2004 y 2012 a través de CADIVI y CENCOEX, las pruebas recabadas y evaluadas por la Comisión pudieron determinar que solo se había otorgado 50.410.788,86 dólares para alimentos en el periodo antes señalado.

— ¿Qué diligencias realizó la Comisión de Contraloría —aparte de la interpelación a Mauro Libi— para investigar las presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), al otorgar divisas preferenciales al empresario Mauro Libi?

— Además de la interpelación al ciudadano Libi, la Comisión Permanente de Contraloría recurrió a registros públicos de los entes de administración y otorgamiento de divisas, Seguro Social, Servicio Nacional Integral de Administración Tributaria, y se solicitó información al denunciante y a la Federación de Cámaras Empresariales de Venezuela. (FEDECAMARAS). Todo ello puede ser constatado en los documentos que han sido facilitados al público.

— ¿Qué elementos arrojó esa interpelación a Mauro Libi? No hay mención a las preguntas formuladas al empresario ni a sus respuestas.

— La extensa comparecencia del Sr. Mauro Libi, así como las intervenciones de cada diputado e incluso del denunciante, constan en una grabación íntegra que se encuentra en el expediente.

— ¿A qué razón se debe que el expediente 1651 solo refleje la información suministrada por el empresario Mauro Libi de manera casi literal y no conste en él sobre diligencia alguna llevada a cabo por la Comisión de Contraloría tanto para verificar la veracidad y autenticidad de los datos suministrado por éste, como de cualquier otra iniciativa de investigación que el ente parlamentario haya emprendido para esclarecer los hechos?

— El expediente 1651 de la Comisión no solamente consta de la denuncia en contra del Grupo Libi hecha por el Dip. Julio Montoya, sino también por una denuncia realizada por el Dip. Ismael García y otra por la Dip. Karin Salanova, todas con presuntos hechos relacionados con el otorgamiento de divisas preferenciales por CADIVI/CENCOEX, en ese sentido la Comisión decidió hacer un solo expediente que compilara las denuncias relacionadas con esos hechos, igualmente se hicieron las solicitudes de información para sustanciar el expediente en su conjunto, las cuales no fueron atendidas por las instituciones del Estado en su momento.

— Se acusa a las compañías del grupo Libi de ser empresas de fachada o maletín. ¿Se constató la veracidad o no de estas denuncias? ¿Se verificó que se trate de empresas realmente productivas?

— En cuanto a la denuncia de las empresas de maletín o fantasmas pertenecientes al Grupo Libi, estuvieron señaladas las siguientes empresas: 1. Inversiones 4528; 2. Importadora Millecose; 3. Pro-Imagen de Venezuela C.A.; 4. Distribuidora Pasta Granoro C.A.; 5. Industria y Procesadora de Cereales INPROCECA CA.; 6. Representaciones Orval C.A.

  De las cuales, la Comisión pudo verificar que, tal como se refleja en el informe de la subcomisión sectorial, las empresas Inversiones 4528 e Importadora Millecose no forman parte del Grupo Libi como mencionó el denunciante. Por otra parte, las empresas: Pro-Imagen de Venezuela C.A., Distribuidora Pasta Granoro C.A., Industria y Procesadora de Cereales INPROCECA C.A. y Representaciones Orval C.A., efectivamente son parte del Grupo Libi y se pudo constatar, que para el año 2016 poseían domicilio fiscal y solvencias laborales actualizadas.

Por último, el diputado Guevara manifestó su “disposición para responder a cualquier pregunta que surja en el marco de esta investigación, tomando en consideración las limitaciones que tengo por estar bajo protección en la residencia de la embajada de Chile en Caracas para rendir declaraciones públicas”.

Mauro Libi fija su posición

   En una carta enviada a esta periodista a través de sus abogados de Holland & Knight, LLP, Mauro Libi Crestani dió a conocer su versión de los hechos en este asunto. La exposición del empresario es respuesta a las preguntas que desde estas páginas se formularon a los miembros de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y que fueron publicadas en la cuenta personal de red social Twitter de quien estas líneas suscribe.

  Advierte Libi que, aunque el cuestionario no estaba dirigido a su persona, estimó conveniente dar a conocer su posición respecto a los puntos en que las preguntas lo aluden. Las razones de lo llevaron a tomar esta determinación, según refiere, fueron: “Por haberme sometido a ella [a la investigación], por haber comparecido en su día a la plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría donde me sometí a todas las cuestiones que los diputados quisieron formularme y por haber presentado todos los elementos de prueba que demostraron la falta de sustento de la denuncia contra mi persona presentada por el diputado Julio Montoya”.

  En primer término, Mauro Libi advierte que la Comisión de Contraloría no le expidió una simple “carta de buena conducta”, sino que fue objeto de una investigación.

  En tal sentido refiere que al enterarse de la averiguación por presuntas irregularidades en el manejo de divisas preferenciales que en su contra se llevaba a cabo en el seno del citado ente parlamentario a partir de la denuncia presentada por el diputado Montoya el 10 de agosto de 2016, quiso prestar su colaboración en la investigación para aclarar la situación.

  Montoya había solicitado que se investigara la “asignación de dólares a empresas fantasmas para la compra de alimentos que no terminan de llegar nunca al país” y al tener conocimiento de ello en fecha 18 de agosto de 2016, remitió una comunicación ante la comisión parlamentaria su voluntad de presentarse ante dicha entidad para someterse a “cualquier escrutinio o investigación en relación con los hechos divulgados, además de poner a la disposición de la Comisión toda la documentación que estimasen pertinente para esclarecer de manera definitiva la verdad de los hechos”. Libi explica que también remitió una copia de esta esta comunicación al diputado Julio Montoya para que estuviera informado de su comparecencia “y para tener la oportunidad de demostrar en presencia del denunciante los hechos y argumentos que probaban la falsedad de su denuncia”.

  Precisa que fue citado por la Comisión de Contraloría para el día 5 de octubre de 2016 y advierte que Julio Montoya se presentó en el lugar varias horas después cuando ya se había desarrollado toda la sesión, “en la cual presenté todos los elementos que desvirtuaban su denuncia”.

   Indica que la denuncia de Montoya y “la prueba y argumentos” presentados por él (por Libi) fueron remitidos a la Subcomisión Nº 1, para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional que presidía para ese entonces el diputado Carlos Berrizbeitia, a objeto de que investigara la veracidad de los hechos denunciados. Agrega que en fecha 8 de diciembre de 2016, la Comisión Permanente de Contraloría aprobó el informe de la referida Subcomisión Nº 1 en el cual se recomendaba “cerrar la investigación, por cuanto no se verificó algún acto, hecho u omisión que menoscabe el patrimonio público”.

  Manifiesta que en virtud de que para el 7 de agosto de 2017 cuando ya habían transcurrido varios meses, se seguía insistiendo en que aún se le investigaba y pretendían atribuirle “falsamente actividades comerciales relacionadas con el programa CLAP, con el cual no tengo ni he tenido jamás vínculo alguno”, Libi solicitó ante la Comisión Permanente de Contraloría una certificación del estatus de su caso, dado que el expediente Nº 1651 contiene un cúmulo de investigaciones de diversos casos y personas.

  Fue por esto —continúa Mauro Libi— que en respuesta a su “legítimo derecho” en fecha 22 de agosto de 2017, la secretaría del mencionado ente parlamentario le expidió una “certificación de lo que constaba fehacientemente en el expediente respectivo, que no era otra cosa que el resultado del procedimiento que en su momento llevó a cabo esa dependencia, esto es, el cierre del caso por cuanto no se verificó algún acto, hecho u omisión que menoscabe el patrimonio público”.

   Por otra parte, Mauro Libi asegura que demostró con pruebas y elementos de convicción que ninguna de la empresas a las que el diputado Julio Montoya había hecho referencia en su denuncia, pueden catalogarse como “de maletín”, toda vez que “su existencia es real”, así como por “las cantidades (toneladas) de alimentos efectivamente ingresadas al país” [por dichas empresas], “por el listado de clientes (con plena identificación y RIF, dentro de los cuales se encontraban las principales cadenas de supermercados en todo el territorio nacional) que adquirieron dichos alimentos en su momento (período 2004-2012) y, hasta las últimas inspecciones a las empresas ‘fantasmas’ por parte del SUNDEE, realizadas en fechas muy cercanas a la de la investigación llevada a cabo por la Asamblea Nacional”.

  Igualmente, respecto a la denuncia de Montoya, el empresario Mauro Libi subraya que la investigación demostró que el monto de las divisas liquidado efectivamente a sus empresas “no alcanzaron ni el 0,1% de las divisas aprobadas por el estado venezolano (lista web CADIVI) entre 2004 y 2012”. Refiere que al revisar dichos listados se puede comprobar que más de cien empresas recibieron montos en divisas muy superiores a los otorgados a las compañías de su propiedad, “pero estas otras empresas no parecen ser objeto de atención”.

  De manera enfática, Mauro Libi asegura que su actividad es netamente empresarial y negó la especie que sugiere su supuesta participación en los eventos ocurridos en el país el 30 de abril de 2019.

“Soy empresario, no político”, sentencia y agrega: “Jamás he estado ni estaré involucrado en actividades que difieren completamente de lo que considero mi mejor desempeño y aporte al país que son el esfuerzo por mantener e incrementar la producción nacional de nuestros productos y la generación de empleo y fuentes de empleo (sic)”.

  Mauro Libi acusa ser objeto de una “deplorable campaña de opinión proveniente de personajes vinculados con prácticas intimidatorias” mediante la insistencia de asegurar que aún es objeto de investigaciones por parte de la Comisión de Contraloría de la AN. Ello, alerta, con el objetivo de tergiversar lo ocurrido en dicha instancia legislativa, “lo cual consta fehacientemente tanto en el expediente de la investigación como en las actas y en las grabaciones de las sesiones de la Comisión en las que se trató el caso, todo lo cual se hizo público en su oportunidad”.

   Finalmente, Libi Crestani advierte que ha tomado “la decisión irrevocable de no ceder ante las extorsiones y enfrentar las prácticas inescrupulosas de algunos de ocultar —a sabiendas y de mala fe—la verdad de lo ocurrido”.

El comunicado oficial de la AN

   Con fecha 4 de diciembre de 2019, Freddy Guevara y el diputado Carlos Berrizbeitia, presidente de la Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado para el año 2016, de la Asamblea Nacional, emitieron un comunicado donde con relación a la actuaciones de esa instancia del Poder Legislativo Nacional a raíz de unas investigaciones periodísticas que involucran a la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.



  Subrayaron Guevara y Berrizbeitia la respuesta inmediata del “gobierno legítimo y la Asamblea Nacional” ante la denuncia formulada que derivó en la separación de los cargos de los diputados involucrados, así como la intervención de la Comisión de Contraloría y la apertura de una investigación con participación de la sociedad civil y de los periodistas involucrados en la publicación original.

  Remiten los diputados, anexo al comunicado, la Resolución número 34 del año 2016 que legal y reglamentariamente emitió la Comisión de Contraloría de ese año, la cual cerró el caso del expediente Nº 1651 que versaba sobre las empresas propiedad de Mauro Libi, tras haber concluido una investigación abierta por denuncias sobre el supuesto manejo irregular de divisas preferenciales entre los años 2004 y 2012, por parte del referido ciudadano.

  Recuerdan que dicha investigación se llevó a cabo de “puertas abiertas” y con participación de la sociedad civil, medios de comunicación y aportando la debida documentación, los resultados de la misma reposan en el citado expediente Nº 1651 el cual es de acceso público. Agregan que en razón de los últimos acontecimientos, la Asamblea Nacional ha decidido la difusión de los documentos de la investigación.

  El comunicado, tal como lo refirió también Guevara en la entrevista, explica la metodología y procedimientos que se siguen en el desarrollo de las investigaciones desarrolladas por la Comisión de Contraloría de acuerdo la norma y, en específico, la relacionada con el citado caso de Mauro Libi y sus empresas. Se refiere que luego de llevar a cabo una evaluación y verificación de los hechos denunciados, se procede a la apertura del correspondiente expediente y se notifica a las partes involucradas. De no haber elementos suficientes, la subcomisión encargada de la investigación informa a la plenaria de la comisión sus conclusiones. En caso contrario, se deberá presentar un informe que exponga que existen elementos que sustentan la denuncia y que comprueban el daño al patrimonio público. Luego de aprobarlo, la comisión deberá enviar dicho informe al pleno de la Asamblea Nacional.

  Se indica que “el caso de la denuncia contra las empresas importadoras de alimentos representadas por el ciudadano Mauro Libi, que reposa en el expediente Nº 1651 de la Comisión Permanente de Contraloría, si inició por una denuncia del diputado Julio Montoya en la Sesión Ordinaria Nº 18 de la Comisión, el día 10 de agosto de 2016”, sobre las “presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) al otorgar divisas preferenciales a las empresas importadoras de alimentos representadas por el ciudadano Mauro Libi (…)”.
   El comunicado recuerda que Julio Montoya consideró como elementos para abrir la investigación: 1) Empresas fantasmas que constituyen o forman parte del Grupo Libi; 2) Adquisición y/o uso indebido de divisas preferenciales a un grupo de seis empresas; 3) La entrega por parte del gobierno de USD 581 millones entre 2004 y 2012; 4) la  no  cotización  de  Seguro  Social  por  parte  de  las  empresas en razón de que no tienen trabajadores.

  El comunicado informa que el 18 de agosto de 2016 Mauro Libi Crestani manifestó por escrito su deseo de comparecer ante la comisión con el objeto de conocer el caso y someterse a la investigación.

   El 5 de octubre se llevó a cabo dicha comparecencia y Libi Crestani, ante la Comisión Permanente de Contraloría, expuso su posición contra los hechos que se le atribuían y se comprometió a consignar todos los  documentos que servían  de  sustento a sus afirmaciones, los cuales efectivamente presentó posteriormente a través de su representante judicial.

  “Seguidamente la subcomisión mencionada procedió a resolver sobre todos y cada uno de los supuestos denunciados, realizando un análisis comparativo y valorativo entre los hechos denunciados, las defensas efectuadas y los soportes o medios probatorios acreditados como sustento a los alegatos presentados. Con base a ello, en noviembre de 2016, presentó su ‘Informe Final’ ante la plenaria de la comisión, con las conclusiones y recomendaciones respectivas, el cual fue votado y aprobado por unanimidad por los diputados presentes”, se lee en el comunicado.

  El 7 diciembre de  2016,  la Comisión Permanente  de  Contraloría, luego de analizar el expediente con los actos de investigación desarrollados por la subcomisión, “resolvió que no existían elementos probatorios que determinaran la existencia de irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte del investigado durante el periodo 2004-2012 referido en la denuncia. En ese sentido y cumpliendo con el mandato reglamentario, y con la votación unánime de los presentes, se procedió a cerrar la investigación y continuar el curso de las demás averiguaciones que reposan  en el expediente, como quedó plasmado en la Resolución Nº 34”.

  Advierte el comunicado que dado que toda investigación se circunscribe a unos hechos y tiempos determinados, sus conclusiones sólo pueden referirse a los mismos, y no pueden extenderse ni proyectarse a otros hechos o tiempos pasados o futuros al período 2004-2012, tiempo señalado en la denuncia”.
   Agrega que la Comisión Permanente de Contraloría declaró en 2016 la responsabilidad política —máxima sanción del parlamento venezolano— a más de 12 funcionarios del régimen implicados en hechos de corrupción y también remitió una serie de informes en los que estuvieron involucrados particulares y funcionarios del Estado al Ministerio Público, a objeto de que este continuara con la investigación de responsabilidad penal, de acuerdo con sus competencias.

Libi pide a la AN ser escuchado

  El 18 de agosto de 2016, Mauro Libi dirigió una comunicación a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional a objeto de solicitar ser recibido por ese ente parlamentario y allí exponer su caso y someterse a cualquier escrutinio respecto de la denuncia del diputado Julio Montoya en su contra.
La certificación de la comisión sobre Mauro Libi

  El 22 de agosto de 2017, la secretaria de la Comisión Permanente de Contraloría, Claudia Malena Tirado Mudara, emitió en nombre del presidente de esa instancia legislativa, Juan Gerardo Guaidó Márquez, una comunicación identificada con el número P/17/08/171 dirigida a los abogados Beatriz Di Totto Blanco y Domingo Salerno, apoderados de Mauro Libi Crestani, en la que se certificaba la conclusión de la investigación en la cual se reseñaba a este último.
  Di Totto y Salerno habían solicitado el 7 de agosto de 2017 a la Comisión Permanente de Contraloría la referida certificación, por lo que se hizo constar que el citado ente parlamentario emitió la “resolución número 34, mediante la cual acordó ‘Cerrar la investigación contra el ciudadano Mauro Libi Crestani (…) por cuanto de la documentación que reposa en el expediente no se verificó lesión del Patrimonio Público’”.

   En tal sentido, a través de la comunicación se estableció que Libi Cresanti “no forma parte de la investigación seguida con ocasión a la denuncia ‘(…) por presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), al otorgar divisas preferenciales (…)’, contenida en el expediente signado con el Nº 1651”.

La resolución Nº 34 de la Comisión de Contraloría

  La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional emitió la resolución Nº 34 con base a una serie de considerandos entre los que refirió, primero, que al haber denunciado el diputado Julio Montoya en fecha 10 de agosto de 2016, durante un derecho de palabra, las “presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), al otorgar divisas preferenciales a las empresas importadoras de alimentos” de Mauro Libi Crestani.

   Segundo, en razón de que la “plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría, aprobó abrir la investigación sobre la denuncia, y acumularla al expediente que cursa por irregularidades administrativas en la asignación de divisas por parte del estado, signada con el Nº de expediente 1651, y remitirla a la Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado”.

  Tercero, dado que en la reunión ordinaria de la Comisión Permanente de Contraloría del 7 de diciembre de 2016, “se aprobó por unanimidad el informe presentado por el diputado Carlos Berrizbeitia, el cual recomienda cerrar la denuncia contra Mauro Libi Crestani (…) por cuanto de la documentación que reposa en el expediente Nº 1651 no se verificó acto, hecho u omisión que menoscabe el patrimonio público por parte de las empresas importadoras de alimentos de Mauro Libi, según consta en el acta Nº 26”.

  Resolvió “cerrar la investigación contra el ciudadano Mauro Libi Crestani (…)  y continuar el curso de las demás averiguaciones que reposan en el expediente (…) por cuanto (…) no se verificó la afectación del patrimonio público, por lo que los miembros de la subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado, acordó suscribir el informe” (artículo 1).

  Asimismo, “notificar la resolución al Centro de Documentación e Información Técnico Administrativa (UAGE) de la Comisión Permanente de Contraloría, a los fines de dar cumplimiento al resuelto” (artículo 2).

El Expediente 1651

  El Expediente número 1651 de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional fue abierto por una denuncia formulada por el diputado Ismael García sobre Cadivi, Cencoex, PDVSA, Sitme, Corpoelec, la CVG y otros.
  La pieza Nº 3 del expediente estaba referida, en específico, a las “presuntas irregularidades cometidas a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) al otorgar divisas preferenciales a las empresas importadoras de alimentos representadas por el ciudadano Mauro Libi Crestani titular de la cédula de identidad Nº 9.879.190”.
  El denunciante, diputado Julio Montoya solicitó investigar a las supuestas empresas fantasmas que constituyen el Grupo Libi, a saber, Inversiones Pro-Imagen de Venezuela C.A., Distribuidora Pasta Granoro C.A., Importaciones Millecose C.A., Industria Procesadora de Cereales Improceca y Representaciones Orval C.A., relacionadas en forma directa con Mauro Libi, director principal de Banplus.
   Igualmente, sobre la adquisición y/o uso indebido de divisas preferenciales a las empresas anteriormente citadas, así como a Inversiones 4528 C.A., la cual era investigada por el Ministerio Público.

  Señaló Montoya que las empresas recibieron USD 581 millones a tasa preferencial entre 2004 y 2012. También refirió que estas empresas no pagaban al Seguro Social en razón de no tenían trabajadores.

  Se advirtió que Inversiones 4528 e Importadora Millecose no forman parte del Grupo Libi y que el único accionista de la misma es Jhonny Cilli.
   Sobre Inversiones 4528 C.A. se determinó que Jhonny Cilli la adquirió de los hermanos González Peña en 2002, quien además es dueño del 100 por ciento de las acciones de Importadora Millecose desde 2005.
  Se estableció que Cadivi otorgó entre 2004 y 2012 a las empresas del Grupo Libi USD  180.567.919.538 que al compararla con la cantidad de divisas adquiridas para la compra de alimentos por parte de tres empresas del Grupo Libi que alcanzaron en conjunto USD 50.410.788,86, se advirtió que dicha cantidad alcanzaba al 0,0279 por ciento del presupuesto de divisas aprobado.

  Concluyeron los parlamentarios que la cifra denunciada de USD 581 millones, por tanto, no era correcto.

  Se indicó que con los USD 50 millones efectivamente otorgados, se adquirieron 93.191,62 toneladas de alimentos por parte de Distribuidora Pasta Granoro C.A., Industria Procesadora de Cereales Improceca y Representaciones Orval C.A., puesto que Pro-Imagen de Venezuela no recibió divisas para adquirir alimentos.
   En resumen, en el lapso de 2004 a 2012, Industria Procesadora de Cereales Improceca C.A. recibió USD 3.480.010 para comprar alimentos y USD 3.053.856,23 para adquirir maquinarias; Inversiones Pro-Imagen de Venezuela C.A. recibió USD 89.529.986,63 para comprar electrodomésticos y equipos de sonido; Representaciones Orval C.A. recibió USD 25.996.394,91 para comprar alimentos; Distribuidora Pasta Granoro C.A. recibió USD 20.934.383,95 para adquirir alimentos.
   Con relación a la denuncia sobre la no cancelación del seguro Social por parte de las empresas del Grupo Libi por no tener trabajadores, se determinó que estas se encontraban solventes, de acuerdo a la información que ofreció la página web del Ministerio del Poder Popular para al Proceso Social del Trabajo al año 2016.
   Se concluyó que las divisas otorgadas a Mauro Libi “fueron destinadas adecuadamente al objeto para el cual fueron requeridas, que efectivamente las empresas del Grupo Libi tienen domicilio legal y solvencia laboral, tal como se comprobó en el recorrido del presente informe. Por tal motivo, en este caso en particular se pudo evidenciar que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a la fecha de la investigación denominado Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), cumplió con las funciones establecidas dentro del ámbito de sus competencias con sometimiento a la ley y al derecho, tal como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 141”.
   Se recomendó cerrar la investigación al no haberse verificado algún acto, hecho u omisión que menoscabe el patrimonio público y se ordenó remitir los resultados del informe a la Unidad de Archivo de Gestión Especial (UAGE) para ser agregado a los expedientes analizados e investigados y a su vez fuera retirado del registro de investigaciones.

   Suscribieron el informe de la Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado de la Comisión Permanente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia (presidente), Robert Alcalá, Ismael García y Adolfo Superlano. Pedro Carreño, del PSUV no firmó.

Más sobre Inversiones 4528 C.A.

  Pero la información anterior contrasta con la que recogen otras publicaciones luego de haber realizado trabajos de investigación, entre ellas una aparecida en el portal oficialista Aporrea, el 1º de junio de 2016, en la que entre otros hechos irregulares que han significado el desfalco de las arcas de la nación, se hace mención a la empresa Inversiones 4528 C.A., indicándose que entre el “7 y el 16 agosto de 2014 el Ministerio Público y CENCOEX (organismo que suplantó al extinto CADIVI) publicaron listas con empresas de ‘maletín’ y otras por las divisas preferenciales obtenidas. La fotografía en este punto, nos muestra, una vez limpiados los errores de la información, 212 empresas con irregularidades. Tomamos de entre ellas a Inversiones 4528 como ejemplo para develar la ruta del Desfalco. La elegimos porque con $101.515.959.- es una de las dos empresas de esa lista que más divisas recibió en el año investigado”.

  Al alegato citado líneas arriba de que esta empresa es propiedad de Jhonny Cilli y no de Mauro Libi, en Aporrea establecen la conexión entre ambos al referir que Cilli “era también Director General de Importaciones Millecose, que según surge de una sentencia judicial tenía como avalista y pagador principal al empresario Mauro Libi Crestani. Por otro hilo, el del domicilio, se llega a Inversiones Pro Image de Venezuela, cuyos dos únicos accionistas resultaron ser: Libi Crestani en un 90% de las acciones mientras que nuestro conocido Jhonny Cilli era el tenedor del 10% restante. La empresa fija sede en el mismo predio que Inversiones 4528”.

  Se apunta el hecho de que “seis de las empresas del Grupo Libi, con diferentes nombre pero el mismo objeto: importar o exportar alimentos y electrodomésticos, y cinco de ellas con el mismo domicilio, aparecen entre 2004 y 2012 aparecen en los registros de CADIVI como receptoras de dólares preferenciales para importación por un total de USD 616.201.163”.

  Más adelante, la publicación indica que en Estados Unidos Jhonny Cilli en la Florida “figura como accionista y director de Jhoma Distributor Corp. Entretanto otras 41 empresas más, registradas en el mismo domicilio que la anterior, cuyos nombres sería demasiado extenso enumerar, de las que sin embargo se puede afirmar, luego de revisar los registros correspondientes, que sus Directores Principales tienen alguna relación con Mauro Libi, o bien son familiares directos, hermana o cuñada, padre o hermano, por ejemplo, o bien se cruzan con él como accionistas en esas mismas empresas”.

  Como hecho significativo, la publicación destaca que Mauro Libi “era para la época de los hechos que relatamos, Director Principal de Banplus y que en ese banco tenía la función de distribuir el cupo de dólares que el Banco Central de Venezuela le asignaba a la institución para atender a sus clientes y facilitar los negocios”[10].

Lo que dice la ley

  La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el ordinal 3 del artículo 187 que a la Asamblea Nacional le corresponde “Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos (subrayado nuestro) en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca”.

   Entretanto el artículo 222 de la CRBV estipula que “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley (subrayado nuestro), y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En el ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.

  Por su parte el artículo 223 dice que “La Asamblea Nacional o sus comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes (subrayado nuestro) en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento.

  “Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas comisiones y  a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

  “Esta obligación comprende también a los particulares (subrayado nuestro), a quienes se les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce”.

   El ordinal 3 del artículo 39 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional referido a las comisiones permanentes de la AN define que la “Comisión Permanente de Contraloría: tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así como sobre la transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos con las solas limitaciones que establece la Constitución de la República y la ley”.

   El artículo 113 de este mismo instrumento refiere que “La interpelación y la invitación a comparecer tienen por objeto que el pueblo soberano, la Asamblea Nacional o sus comisiones conozcan la opinión, actuaciones e informaciones de un funcionario o funcionaria pública del Poder Nacional, Estadal o Municipal, o de un particular sobre la política de una dependencia en determinada materia, o sobre una cuestión específica. Igualmente podrá referirse a su versión sobre un hecho determinado. La interpelación solamente se referirá a cuestiones relativas al ejercicio de las funciones propias del interpelado o interpelada”.

CITAS

[1] Armando.info. “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin”. 1º de diciembre de 2019. https://armando.info/Reportajes/Details/2614

[2] Diario Las Américas. “Asamblea Nacional inicia auditoría para investigar supuesta corrupción”. 4 de diciembre de 2019. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/asamblea-nacional-inicia-auditoria-investigar-presunta-corrupcion-n4188786

[3] NTN24. “Diputado José Brito asegura que Guaidó encubrió presunta estafa del empresario Mauro Libi”. 2 de diciembre de 2019. https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/eres-un-personaje-corrupto-diputado-jose-brito-arremete-contra-guaido

[4] El Nacional. “José Brito: Rafael Ramírez es quien financia a Juan Guaidó”. 3 de diciembre de 2019. https://www.elnacional.com/venezuela/jose-brito-rafael-ramirez-es-quien-financia-a-juan-guaido/

[5] El Nacional. “El régimen acusó a Guaidó de extorsionar a empresarios desde la Comisión de Contraloría”. 3 de diciembre de 2019. https://www.elnacional.com/venezuela/regimen-acuso-a-guaido-de-extorsionar-a-empresarios-desde-la-comision-de-contraloria/

[6] Punto de Corte. “Dip. Luis Parra se resiste a cambiar su franela de PJ: ‘Yo voy a luchar por mi partido’”. 4 de diciembre de 2019. https://puntodecorte.com/dip-luis-parra-se-resiste-a-cambiar-su-franela-de-pj-yo-voy-a-luchar-por-mi-partido/

[7] Reuters. “U.S. increases pressure on Maduro with new sanctions, revokes visas of associates”. 1 de marzo de 2019. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-usa-idUSKCN1QI4QJ

[8] ProPublica. Lobbying Arrangements Results for 'Mauro Libi'. https://projects.propublica.org/represent/lobbying/search?search=mauro+AND+libi

[9] ProPublica. Lobbying by Mauro Libi. https://projects.propublica.org/represent/lobbying/r/301020745

[10] Aporrea. “Ruta del Desfalco: La ‘Cuenta Inolvidable’”. 1 de junio de 2016. https://www.aporrea.org/imprime/a228802.html