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miércoles, 19 de febrero de 2020

EE.UU.: Condenan a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz a 70 meses de prisión por delitos de corrupción en PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   A 70 meses de prisión que deberán ser servidos consecutivamente fue condenado este miércoles, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, un exgerente de PDVSA Servicios en Houston, que fue procesado criminalmente por haber recibido millonarios sobornos de contratistas corruptos para lograr contratos con la petrolera venezolana de manera fraudulenta, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
  Gravina Muñoz también fue sentenciado por haber obstruido la justicia, durante el tiempo en que colaboraba con los fiscales en una investigación que involucra al contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino, quien está siendo procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero con contratos de PDVSA y CITGO.

   Gravina Muñoz llegó a la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de Texas, vestido con una chaqueta y pantalón azul, sin corbata, con unos zapatos casuales de suela blanca. El hombre lucía cansado, agobiado, con los párpados  cansados. Durante la audiencia de sentencia, se mantuvo sereno aunque su semblante cambió cuando el magistrado leyó su condena.

   El juez Gray H. Miller, luego de la evaluación de las pautas de sentencia, decidió condenar a Gravina Muñoz a 60 meses de cárcel por el primer cargo, más 10 meses por  el segundo delito que suman un total 70 meses que deberán ser servidos consecutivamente en una cárcel federal del estado. Adicionalmente, el magistrado ordenó que el ex funcionario de PDVSA debe hacer una restitución de $214,000 al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS). 

   Además, la condena de Gravina Muñoz incluye un régimen de libertad condicional por 3 años, una vez concluyan los 6 años de prisión obligatoria que se iniciarán en una fecha que se dará a conocer en los próximos días.

  Durante la audiencia, el juez hizo referencia a los delitos cometidos por los conspiradores del caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera, que protagonizaron un enorme esquema de corrupción que incluyó el pago de más de mil millones de dólares en sobornos a empleados de Petróleos de Venezuela para beneficiarse de contratos de manera fraudulenta.

   Igualmente se hizo mención al caso que involucra al contratista José Manuel González Testino, quien está acusado de corrupción, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El sentenciado, Gravina Muñoz trabajó con González Testino y mientras colaboraba con los fiscales federales de Houston, informó al contratista que era objeto de una investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Una vez que González Testino supo que lo estaban investigando por sus operaciones fraudulentas en contratos con PDVSA y CITGO, intentó huir a Venezuela, y fue arrestado por las autoridades en el aeropuerto de Miami.

Fue entonces cuando Gravina Muñoz fue acusado de delitos de obstrucción a la justicia.

Los fiscales presentes en la audiencia de Gravina Muñoz hablaron sobre las recomendaciones de sentencia para los contratistas corruptos que están involucrados en este caso. Señalaron que en el caso de Roberto Rincón esperan que sea condenado a 13 años de prisión máximo y en el caso de José Manuel González Testino por 15 años de prisión, todo esto basado en la Guía de Pautas de Sentencia de los Estados Unidos. 

   El Juez Miller dijo —en relación a las recomendaciones de los fiscales que la guía de sentencias es un referentes y que para tomar su decisión se consideran otros factores.

El sentenciado pidió perdón 


   Antes de escuchar la sentencia, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz pidió perdón a los ciudadanos venezolanos y americanos y a su familia por sus faltas y su conducta. 

  Entre otros aspectos, se refirió a las consecuencias negativas que trajo su proceder para sus hijos, quienes han sufrido de abusos en las escuelas. Asimismo, comentó que su hija perdió su trabajo como consecuencia de su actuación delictiva y su padre fue amenazado en Venezuela. 

  La defensa explicó que "gracias a la colaboración ofrecida a las autoridades por su cliente, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz ha sido posible que otros casos criminales relacionados con los esquemas de corrupción y lavado de dinero en Venezuela avancen". 

Desmienten a la defensa

   La defensa sostuvo que el gobierno estadounidense permitió que Gravina Muñoz fuera a Venezuela, donde realizó una serie de grabaciones para aportar pruebas sobre los delitos. Ante esa afirmación, el fiscal aseguró que no era verdad lo del viaje de cooperación y que Gravina Muñoz había hecho mucho daño ayudando a su socio, José Manuel González Testino al violar su acuerdo de cooperación con las autoridades y ofrecerle detalles de una investigación federal con la que él estaba comprometido para que el otro conspirador [González Testino] evadiera la justicia. 

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz estaba trabajando para José Manuel González Testino cuando estaba cooperando con el gobierno de los Estados Unidos, y no reveló esa información a los fiscales, sino que por el contrario negó que sostenía una relación con González.

  El fiscal sostuvo además que Gravina Muñoz sólo restituyó el soborno que recibió de Roberto Rincón y Abraham Shiera pero no entregó ni un sólo centavo de las coimas que le pagó por sus operaciones fraudulentas José Manuel González Testino y otros contratistas corruptos.

   A petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, el juez aprobó la apertura de información de los casos de Alfonzo Gravina que estaban cerrados. En ese sentido, se informó que se suministran detalles en un corto tiempo.

El caso

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, residente de Fort Bend County,, en Texas, es un ciudadano venezolano nacionalizado estadounidense— que trabajó en PDVSA desde 1998 hasta marzo de 2014 aproximadamente. Durante ese tiempo, Gravina Muñoz ocupó varios cargos en la petrolera, incluyendo la gerencia de compras de equipos y servicios.

  En los documentos federales dice que su trabajo de alta gerencia, Gravina Muñoz era responsable de manejar las subastas de contratos para los proveedores de servicios al entonces gigante petrolera venezolano.

  Fue acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, en operaciones que se realizaron desde el inicio de 2007 hasta al menos 2014, y que facilitaron a los contratistas que participaron en el megafraude, cometer ofensas contra los Estados Unidos, amparando actividades y operaciones ilegales que afectaron el comercio internacional.

  Los contratistas (Roberto Rincón, Abraham Shiera, José Manuel González Testino, entre otros) pagaron a Gravina Muñoz sobornos para lo lograr la asignación de contratos de la PDVSA, violando las prácticas y normas de la empresa.

  El 12 de abril de 2010,  uno de los contratistas transfirió a la cuenta de banco de otro de los contratistas, USD 164,570,63 para pagar el remanente de la hipoteca de la residencia de Gravina Muñoz en Texas, a cambio que este le otorgara a los conspiradores jugosos contratos.

   El 7 de mayo de 2010,se  transfirió a favor de Gravina Muñoz USD 135,429  como parte de los sobornos.

  El 28 de enero de 2011, uno de los empresarios transfirió a una cuenta en Panamá de uno de los contratistas USD 15,000. como parte de los sobornos. Otros USD 15,000 fueron transferidos a su favor el 6 de junio de 2011 para que siguiera haciendo las operaciones fraudulentas a favor de las empresas de los contratistas. Asimismo, se le pagó el 29 de enero de 2012 USD 6.688.22 para el pago de servicios contables de una casa a nombre de Gravina Muñoz.

  Entre muchas otras transacciones, aparecen unas operaciones hechas el 3 de enero de 2014 por USD 15.000,00  desde una cuenta en Panamá propiedad de un contratista a la de Gravina en Texas.

   En la acusación federal se señala que un contratista (1) dueño de varias empresas proveedoras de equipos y servicios de PDVSA. Otra el 20 de marzo de 2014, donde Gravina Muñoz sacó de una cuenta conjunta USD 93,267.87 para pagarlo a uno de sus familiares.

  Gravina Muñoz también fue acusado de Fraude y falsa declaración  en sus impuestos del año fiscal 2010.





jueves, 2 de enero de 2020

Rafael Ramírez logra un fallo a su favor en tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El ex ministro venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, consiguió que un tribunal en Estados Unidos le otorgara un fallo a su favor que le permite revertir un veredicto de la Corte Federal de Houston que le obligaba a pagar $1.4 mil millones por una demanda de fraude presentada por las empresas Harvest Natural Resources Inc y HNR Energie BV.

  Harvest acusó a Rafael Ramírez y a otros de haber intentado cobrar un soborno de 10 millones de dólares para aprobar una transacción para que la empresa pudiese vender sus activos en Venezuela desde 2012. Los demandantes aseguraron que Ramírez y sus asociados había obstaculizado las diligencias para que  la compañía concluyera la venta, lo que le llevó a perder $ 472 millones apróximadamente.

  En junio de 2019, Ramírez  había solicitado al tribunal de Houston que revocara el veredicto de incumplimiento del millonario pago ordenado por el juez. 

  El principal alegato que presentó Ramírez frente al juez es que Harvest Natural Resources Inc y HNR Energia BV no le notificaron adecuadamente la demanda, por lo que su incumplimiento "no fue intencional".

  Ramírez dijo en los documentos presentados por el abogado Abbe Lowell, de Winston & Strawn que está residenciado en Europa, "fuera de la vista del público" y que estar en el extranjero le ha traído problemas por lo que no pudo abordar su defensa en el caso en el tiempo requerido. 

  El incumplimiento de Ramírez condujo a que el juez federal de Distrito, Lee Rosenthal emitiera un fallo predeterminado el 13 de febrero de 2019  en contra del expresidente de PDVSA, por no haber impugnado las afirmaciones de Harvest Natural Resources sobre su conducta fraudulenta.

  El ex funcionario de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro —quien ha sido acusado por el mismo gobierno de Venezuela de generar pérdidas de 4,8 millones dólares en PDVSA— pidió ante el juez estadounidense a tener la oportunidad de defenderse en la corte.

  La magistrada Rosenthal aprobó la solicitud hecha por Ramírez para anular juicio final en su contra, decidió con lo cual el caso regresa a los tribunales para ser disputado por las dos partes. 

La orden fue otorgada el 6 de diciembre de 2019.

  Los documentos federales del caso señalan que Ramírez, a través de terceros, solicitó a Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. 

  Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

   El supuesto enviado de Ramírez para exigir las coimas habría sido Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

  Los demandantes alegan que tuvieron que enfrentar múltiples obstáculos para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007.

  Los propietarios de las empresas sostiene que, los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones,  eran a cambio que la alta directiva de PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. 

  La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. 

Harvest exigió ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

martes, 21 de mayo de 2019

Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró "No culpable", conoce los detalles

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fianza solicitada era alta. Sí. 25 millones de dólares en bonos de garantía y el pago de USD 1.5 millones que la esposa del colombiano-estadounidense, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, no estaba dispuesta avalar porque, según se supo, la mujer del acusado de haber participado en un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero por más de USD 1.200 millones con un grupo de contratistas y funcionarios corruptos ligados al régimen de Nicolás Maduro, tiene todas las intenciones de divorciarse, más aún cuando se enteró durante sus vacaciones en Italia de que su marido formaba parte de una red criminal que, de acuerdo a los fiscales norteamericanos, había saqueado dinero público del estado venezolano por varios años.
Gustavo Adolfo Hernández Frieri fue arrestado en Italia en 2018 y se opuso a ser extraditado a Estados Unidos y a enfrentar la justicia. En una audiencia Nebbia en la corte del distrito sur de la Florida, en Miami, donde el acusado reside junto a sus tres hijos y esposa, los abogados, fiscales y el juez discutieron sobre la llamada "Retención de Nebbia", en la cual el tribunal investiga la fuente de los fondos utilizados para pagar la fianza de un acusado.

Según los papeles judiciales, la audiencia Nebbia de Gustavo Adolfo Hernández Frieri se celebró este lunes 20 de mayo de 2019, habiendo estado representado el imputado por los abogados Michael Brian Nadler, Michael S. Pasano y Michael Domenic Padula. Hernández Adolfo estuvo presente en corte al igual que Jorge Mora, quien juró y testificó frente al juez.

El escándalo

Gustavo Adolfo Hernández Frieri se mostraba en su entorno como un millonario exitoso, que gerenciaba inversiones en Nueva York, Miami y América Latina. Junto a su familia vivía en una mansión ubicada en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137, la cual superaba los USD 2 millones.
En sus vacaciones familiares en Italia en julio de 2018, la suerte cambió para Hernández Frieri, puesto que las autoridades italianas, cumpliendo una orden de arresto emanada de los Estados Unidos, le pusieron los ganchos y lo llevaron a prisión desde donde el colombiano-estadounidense lucho para no ser extraditado.

Hernández Frieri fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber jugado un papel de apoyo en una red de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares que involucra a ocho empresarios venezolanos, funcionarios del gobierno y un banquero vinculado al gobierno socialista de Nicolás Maduro, dice la acusación aprobada por el Gran Jurado.

En la primera audiencia de presentación celebrada el 17 de mayo de 2019, Hernández Frieri se declaró no culpable de los cargos y sus abogados pidieron al juez que fuera liberado bajo fianza antes del juicio. Fue en esa cita de la corte que la esposa del acusado, Olympia de Hernández, se negó avalar el bono que le permitiría irse a casa para esperar el proceso judicial. Se supo por declaraciones del defensor Michael Pasano a la juez Jackeline Becerra, que la pareja se estaba divorciando.
Tras una discusión, la juez le ofreció a Hernández una fianza que incluye un bono de garantía personal de USD 25 millones que fue confirmado por el hermano del acusado, César Hernández Frieri y su cuñado, Juan Carlos Gómez, quienes participan en el negocio del demandado desde hace más de dos décadas y el cual está conformado por dos empresas, a saber, Global Securities Holdings y Global Strategic Investments. Asimismo, el tribunal pidió que se pagara el 10 por ciento de una fianza de USD 1,5 millones.

Desde su extradición de Italia, ocurrida a principios del mes de mayo, Gustavo Adolfo Hernández Frieri estuvo preso en el Centro Federal de Detenciones del condado de Miami Dade en Florida. Esta semana se le concedió prisión domiciliaria, portando un grillete electrónico en su tobillo que monitoreará todos sus movimientos. La jueza pidió que le hiciera entrega de su pasaporte y el de sus tres hijos.

Uno de los temas que creó polémica en la corte fue el hecho que la esposa del acusado, Olympia De Castro no quisiera poner ningún activo para asegurar la fianza de su marido y fue allí cuando salió a colación que la pareja estaba ante un inminente divorcio.

Los cargos

El papel de Hernández Frieri en la conspiración para lavar más de 1.200 millones de dólares provenientes del estado venezolano es de operador. El acusado se encargaba, según la acusación, de poner ese dinero en un fondo de inversión falso para que pareciera legítimo y luego lavarlo en los bancos de los Estados Unidos a cambio de una comisión.

Uno de los que participó en la conspiración alegada, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, se declaró culpable en octubre de 2018 de aceptar millones de dólares en sobornos que se transfirieron en secreto a los EE. UU. y a otras instituciones financieras con la asistencia de Hernández Frieri y otros acusados en el caso de lavado de dinero masivo.

La mayoría de los individuos que participaron en el esquema de corrupción todavía están en libertad y fueron pasados al estatus de prófugos de la justicia estadounidense. Entre estas personas se encuentran el bolichico Francisco Convit, el empresario Raúl Gorrín, un amigo de los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, Mario Bonilla, José Vicente Amparan Croquer y Carmelo Urdaneta, el portugués Hugo Andre Ramalho y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lata, así como el banquero, Matthias Krull, quien se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 10 años de prisión en Miami.

El arresto

El 25 de julio de 2018, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, estaba disfrutando unas lujosas vacaciones en Taormina, una exótica área ubicada en la zona costera del este de Sicilia en Italia, cuando los agentes de la ley se lo llevaron detenido de una costosa suite de un hotel de cinco estrellas. La Embajada de Estados Unidos en Italia había entregado a las autoridades una orden de arresto contra el acusado.

Al momento de su detención, Hernández Frieri dijo que era un abogado y empresario exitoso que operaba como corredor de bolsa del Wall Street. Desde la prisión de Messina en Italia contrató abogados para pelear su extradición a Estados Unidos. Los defensores lograron sacarlo bajo su custodia y gozó de casa por cárcel.

Sus abogados italianos trataron de negociar con los abogados del gobierno de Estados Unidos la exención de extradición de Hernández Frieri para que puediera regresar rápidamente a los Estados Unidos para impugnar las acusaciones en su contra.

Desde su arresto, ocurrido el 25 de julio de 2018, Gustavo Hernández alegó que el gobierno de Estados Unidos ignoró el hecho que había sido detenido en Italia y que las autoridades decidieron "No esperar cuatro días para su regreso a Miami con su esposa e hijos", dice una de las mociones entregadas a las corte que destaca, además, que "se programó que el Sr. Hernández regresara a Miami con su familia el 29 de julio de 2018, pero eso no ocurrió porque él permaneció en una prisión en Messina, Sicilia".

Junto a su equipo de abogados, Gustavo Hernández se opuso férreamente a la extradición y buscó en Italia y en los Estados Unidos algún fundamento adicional de las acusaciones en su contra más allá de las alegaciones presentadas en el expediente por los fiscales.

Se quejó de que los Estados Unidos no daban ninguna garantía de cómo se transportaría al acusado, cuánto tiempo tomaría o si se mantendría encarcelado en una prisión italiana durante el proceso.

La solicitud de extradición de Hernández fue recibida por el tribunal en Messina, Italia, el 17 de septiembre de 2018. La audiencia inicial ante el juez se celebró el 24 de septiembre de 2018, pero se atrasó porque el paquete de extradición no incluía lo solicitado por el abogado defensor italiano, que era la información requerida de conformidad con el tratado de extradición EE. UU./Italia y según la ley de ese país europeo.

El demandado también se quejó del hecho que Estados Unidos había presentado solicitudes que lo afectaran negativamente. Por ejemplo, sostuvo que "el gobierno aparentemente creyó que dos notas relacionadas con Domaine Select estuvieran sujetas adecuadamente a restricciones. Alegó que con una Orden de Protección Modificada que se presentó en el caso, se desprendía que una nota que pertenecía al Fondo de Financiación del Comercio de Valores Mundiales (GSTF, por sus siglas en inglés) y una segunda nota que pertenecía a Hernández.

Dicen los documentos que la orden que emitió el Tribunal aparentemente se basó en alegatos de una declaración jurada de un agente cuyo nombre no se revelaba. Argumenta que los hechos mostrarán que dos suscripciones separadas que fueron las únicas que ingresaron al Fondo GSTF eran de Abraham Ortega (Acciones de Clase C de GSTF registradas en UBS AG Bank) y de Pedro Binaggia (Acciones de Clase D de GSTF, en DELTEC Bank). Ambos sujetos aparecen en la conspiración, uno es el cooperador del gobierno y el otro acusado. Gustavo Adolfo Hernández dijo que no recibió ninguno de estos fondos, por lo que se preguntó ¿cómo puede la restricción de la nota de Hernández ser otra cosa que la restricción de activos sustitutos?

Señaló además que GSTF tenía múltiples suscriptores cuyo dinero ingresó a ese fondo, a lo largo de sus 12 (doce) años de historia y menos de 8 (ocho) clases de acciones diferentes. Los fondos de Ortega y Binaggia siempre fueron contabilizados por separado por el Administrador del Fondo independiente y el Auditor de Fondos independiente, bajo las acciones GSTF Clase C y Clase D respectivamente.

Explica que las cantidades completas en estas notas de Domaine Select no son únicamente fondos de Ortega/Binaggia, de ellos sólo son USD 1 millón fue una inversión de ambos y que regresa a su cuenta al vencimiento. Entonces, ¿cómo podría restringir estas notas en su totalidad a menos que sea una restricción de activos sustitutos?

Hernández criticó al Gobierno (de EE. UU.) afirmando que ha actuado de manera demasiado amplia para atar todo lo relacionado con Hernández y su negocio GSTF. Es por ello que una audiencia es apropiada para discutir este asunto "La restricción del Gobierno de todas las cuentas bancarias del GSTF para todas las clases de acciones va demasiado lejos".

En el documento sostiene que las acusaciones hechas en contra de Hernández tienen un severo impacto en cada una de las empresas a las que el acusado está afiliado. "Gustavo Hernández ha tomado las medidas necesarias y correctas para renunciar a cada una de las posiciones de control y a pesar de ello el gobierno lo critica".

Hernández admitió que en el período posterior a su arresto, trató de obtener información sobre las cuentas comerciales de GSTF para proteger a terceros inversores inocentes.

Comentó que debido a que el gobierno, en calidad de custodia de GSTF, está en comunicación con entidades como City National Bank y Christie's Auction House, la casa de subastas que trabaja con el Fondo de Activos Envasados (BAF, por sus siglas en inglés), empresa para la cual Gustavo Hernández se desempeñó como director. "Debido a la intervención del gobierno, las entidades congelaron los activos, por lo que Hernández pidió una Orden que aclare que las restricciones previas al juicio no se extienden a activos sustitutos sino solamente a la lista limitada de propiedades y activos específicamente enumerados en la Orden de Protección Enmendada".

Los bienes congelados por el gobierno de EE. UU. 

El gobierno de Estados Unidos logró una Orden de protección  especifica los activos que han sido restringidos relacionados con  el caso de conspiración vinculado a Gustavo Adolfo Hernández Frieri, que a continuación se describen:
  • Un total de aproximadamente $ 45,585,667.46 en moneda estadounidense, que incluye:
  •  $ 5,999,710.00 en moneda de los Estados Unidos incautados el 19 de diciembre de 2017 o alrededor de esa fecha;
  • $ 35,488,967.72 en moneda de los Estados Unidos incautados en o alrededor del 8 de enero de 2018; y
  • $ 4,096,989.74 en moneda de los EE. UU. Recuperados el o alrededor del 17 de julio de 2018;

Inmuebles:

  • Torre Porsche 18555 Collins Avenue, Unit 2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

  • Todos los activos depositados en la cuenta número 1466054 en City National Bank, en poder de Global Securities Trade Finance;
  • Todos los activos depositados en la cuenta / número de cartera 1303311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, THE BAHAMAS, incluidos, entre otros, los siguientes:
  • Todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase D Serie D-1; y
  • Aproximadamente 15,813.315 LU0928615466 Fenice SICAV SIF - Eagle Global;
  • Todos los activos depositados en la cuenta / número de cartera 10.608645 en Zarattini & Co Bank en Lugano, SUIZA, incluidos, entre otros, los siguientes:
  • - 16,000 Fenice SICAV-SIF SCA SICAV-SIF - Eagle Global; y
  • - 24,405.72 Fenice SICAV-SIF SCA SICAV - Blu;
  • Todos los activos en depósito en el número de cuenta Z1ULD767 en Valbury Capital Ltd. en Londres, REINO UNIDO;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Santa María Signature, Apartamentos 9-A y 9-B, incluidos accesorios y muebles, en Panamá, PANAMÁ;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Santa María Signature, apartamentos 2- A, 2-B, 3-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-A, 11-A, 11-B, incluidos accesorios y muebles, en Panamá, Panamá;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Costamare, Apartamento 24-011, incluidos accesorios y muebles, en Panamá;
  • Bienes inmuebles ubicados en Residencial Costamare, Apartamento 24-021, incluidos accesorios y muebles, en Panamá, ;
  • Bienes inmuebles ubicados en Vistamar Golf Village, Número 3, incluidos accesorios y muebles, en Panamá,;
  • Todos los activos depositados en la cuenta / número de cartera 10.609020 en Zarattini & Co. Bank en Lugano, SUIZA, se mantuvieron a nombre de Big Green Valley SA, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase C Serie C- 1;
  • Todos los activos en depósito en el número de cuenta 1465724 en City National Bank en Nueva Jersey, en poder de Global Securities Trade Finance;
  • Todos los activos depositados en la cuenta número 55102421 en City National Bank en Nueva Jersey, en poder de Global Securities Trade Finance;
  • Bienes inmuebles ubicados en 2101 South Surf Road, Unidad 2E, Hollywood, Florida; y
  • Aproximadamente $ 2 millones en bonos convertibles de la Serie A de Domaine Select Wine & Spirits, LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, adquirida el 22 de septiembre de 2016 y el 18 de octubre de 2017, aproximadamente, por Global Securities Trade Finance y Gustavo Hernández, respectivamente.
  • Las ganancias de las subastas de vino de Christie para Bottle Asset Fund3 ("BAF"), a las que se hace referencia en la correspondencia de correo electrónico que acompaña a la Moción del Demandado, no se incluyen en la lista.

jueves, 21 de marzo de 2019

Así se generaban los pagos dobles a contratista por servicios no prestados en Petroboscán

Un informe estrictamente confidencial determinó que desde la gerencia de perforación de hacían pagos dobles por servicios de mudanzas de pozos que nunca llegaron a prestarse.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Una investigación llevada a cabo por la gerencia corporativa de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de Petróleos de Venezuela S.A. determinó que en la gerencia de perforación de la empresa mixta Petroboscán se efectuaron una serie de pagos dobles a la empresa contratista Servicios San Antonio Internacional C.A. por concepto de mudanzas entre pozos a taladros de servicio.

Un documento de PCP catalogado como estrictamente confidencial, elaborado en agosto de 2017 e identificado con el serial PDV-PCP-FAI-012.14 05/15, hace referencia al caso de investigación desarrollado por esa dependencia sobre el pago doble por mudanzas entre pozos a taladros de servicio pertenecientes a la contratista San Antonio Internacional C.A., hecho que tuvo lugar en la empresa mixta Petroboscán que opera en la división occidental de Petróleos de Venezuela S.A.

La investigación identificada con el número CIM-PGC-OC-ZU-2017-0008 por hechos que contravienen la normativa de estatal petrolera se desarrolló a partir del informe N° CYS-OC-COCC-2017-006 elaborado por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, luego de llevar a cabo una serie de valuaciones de los servicios realizados por los taladros SAI-205 y SAI-215, en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2016. En este estudio se analizaron y evaluaron hojas de entrada de servicio (HES), así como actas de inspección y reportes diarios de operaciones.

El citado reporte CYS-OC-COCC-2017-006, el cual fue remitido el 9 de marzo de 2017 por Jorge Bozo al gerente general PCP de la Región Occidente,  Adolfo Torres, refiere que el presunto pago doble a la contratista que desarrolló actividades en Campo Boscán, tuvo lugar a raíz de los contratos 4600044100 y 4600043999. 

Se advierte de la aplicación de dos tasas para un mismo servicio prestado a pozo.

En la tabla que se muestra a continuación se determina la existencia de cinco tasas, la T2 correspondiente a la mudanza inicial, la T3 que corresponde la mudanza final, la T4 que tiene que ver con mudanzas en la misma locación, la T5 para mudanzas entre la locación 0 hasta 30 kilómetros, la T6 para kilómetros adicionales.


Los analistas explican en el informe que fueron estudiados nueve servicios realizados por el taladro SAI-205 a un costo total para PDVSA de Bs. 25.664.134,78 y USD  499.231,72, evidenciándose en cuatro de los nueve servicios el pago de la T4 y T5 simultáneamente, constatándose que las mudanzas realizadas correspondían a la tasa T5, una acción que derivó en el pago Bs. 3.227.801,76 y USD 35.745,76 que no correspondían al servicio.  

Entretanto, del taladro SAI-215 fueron analizados 15 servicios que tuvieron un costo de Bs. 22.543.974,81 y USD 433.469,92 en dos de los servicios, evidenciándose el pago de la T4 y T5 simultáneamente. Los analistas constataron que todos los servicios de mudanzas correspondían a la T5 y T6 por kilómetros adicionales lo que significó el pago de Bs. 1.282.652,16 y USD 16 367,52 que no correspondían.

Asimismo del taladro SAI-215 fueron analizados 15 servicios con un costo de Bs. 22.543.974,81 y USD 433.469,92, evidenciándose en dos de ellos el pago de la T4 y T5 simultáneamente, constatándose que todos los servicios de mudanzas correspondían a la T5 y T6 por kilómetros adicionales. Esta acción derivó en el pago de Bs. 1.282.652,16 y USD 16 367,52 que no correspondían.

Procedimiento de facturación de servicio a pozos

Se explica en el documento el procedimiento administrativo a seguir para la facturación de servicios a pozos, indicándose en primer lugar que el supervisor  del taladro debe levantar un registro en el Reporte Diario de Operaciones en el que se estipulen todas las actividades que se desarrollen. Esto se llevará a cabo usando el programa DIMS.

Seguidamente, el supervisor mayor de operaciones de la empresa mixta Petroboscán levantará el acta de inspección con basamento a lo que registre el Reporte Diario de Operaciones. Esta acta deberá ser firmada por tanto por este supervisor como por un representante de la contratista en señal de conformidad.

Luego de esto, el gerente de perforación de Petroboscán verificará los contenidos de ambos documentos —Reporte Diario de Operaciones y acta de inspección—y firmará en señal de aprobación.

Después el administrador de contrato revisará estos documentos, cotejará sus contenidos y firmará en señal de conformidad y generará la Hoja de Entrada de Servicio (HES) y la archivará en el expediente.

Finalmente, la contratista emitirá la factura comercial asociada al número de la HES, la cual será presentada por ante la unidad de cuentas por pagar de finanzas para su registro. A partir de entonces transcurrirá un periodo de 30 días para su pago.


Las evidencias

Durante de la investigación desarrollada por Prevención y Control de Pérdidas (PCP) se llevaron a cabo una serie de entrevistas que sirvieron de evidencia para sustentar el caso.

En primer lugar fue interpelado el supervisor del taladro SAI-215, Juan Troconiz, quien informó realiza el Reporte Diario de Operaciones describiendo todas las actividades que llevaba a cabo en cada jornada de trabajo y las remitía por correo electrónico a los supervisores Wendy Leal y Carlos Mustone, siendo este último la persona encargada de corroborar el contenido del RDO.

Seguidamente fue entrevistada Sofiree Bermúdez, supervisora de administración de contratos de Petroboscán, quien refirió que la administradora del contrato de los taladros SAI-215 y SAI-205 era Mayerlin Fuenmayor, quien actuaba supervisada por ella.

Señaló que en las valuaciones del taladro SAI-205 realizada entre el 2 y el 7 de septiembre de 2016 se percató de la diferencia existente entre el reporte diario y el acta de inspección. Explicó que mientras en el acta  de inspección se decía que pagaba la T4 y la T5, y en el reporte diario se estipulaba que había habido una mudanza.

De este modo, la siguiente en ser entrevistada fue la ya referida Mayerling Fuenmayor, analista de administración de contratos, quien corroboró ser la encargada de los contratos de los taladros SAI-205 y SAI-215 desde septiembre de 2014, siendo parte de sus tareas la validación de la información contenida en el reporte de operaciones y las actas de asegurarse que  estén concatenados.

Informó que Carlos Mustone y Henry Chirinos conformaban la gerencia usuaria del taladro SAI-205 y Wendy Leal y Henry Chirinos la del taladro SAI-215.

Refirió que al momento de realizar las HES, revisó algunos soportes, actas y reportes y estos coincidían. 

Manifestó desconocer el motivo por el cual existe doble mudanza en las actas de inspección y en las HES del 7 al 14 de septiembre de 2016, en las del 18 al 25 de octubre de 2016 y en las del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2016, las cuales no se reflejan en los reportes diarios de las referidas fechas.

Por su parte, Carlos Mustone, supervisor mayor de la gerencia de perforación, al ser entrevistado informó que desde 2013 estaba a cargo de la supervisión de los taladros SAI-205, BOHAI-73, BRYAN-11, BRYAN-14, BASIL-16 y el B-1.

Precisó que se encargaba de realizar las actas de inspección que reflejan los tiempos de trabajo, las cuales son verificadas por su supervisor, Henry Chirinos. Dijo que el contenido de estas actas debe coincidir con lo referido en el reporte de operaciones elaborado por el supervisor.

Comentó que son excepcionales los casos donde hay mudanzas entre pozos de en una misma macolla y mudanzas entre pozos de distintas macollas o de 0 a 30 kilómetros al mismo tiempo, debiendo quedar reflejadas todas estas situaciones en el reporte de operaciones.

Admitió haber realizado las actas de inspección del 24 de agosto al 2 de septiembre de 2016, así como la del 2 al 7 de septiembre de 2016 y la del 7 al 14 de septiembre de 2016.

Señaló que en estas actas se reflejaban dos mudanzas T4 y T5, mientras que en el reporte solamente se mencionaba una debido a que en un caso se detuvo la vestida del taladro por la presencia de abejas y se pagó otra mudanza en la misma locación para terminar de vestir el equipo. Respecto a las otras dos, dijo que se debió al cese de la luz del día. Indicó que su supervisor, Henry Chirinos, autorizó por vía telefónica el pago de las mudanzas.

La siguiente persona interrogada fue Domingo Torres, representante de la contratista San Antonio Internacional, quien manifestó estar encargado de los taladros SAI-205 y SAI-215.

Dijo que el proceso para la facturación de los servicios que prestan a PDVSA consiste en elaborar un reporte diario el cual realiza su jefe de equipo  y es firmado por el supervisor, quien posteriormente elabora el acta de inspección y lo lleva al ingeniero Carlos Mustone a su oficina, quien la compara con la que él realiza y luego  firman para entregarla a Mayerlin Fuenmayor, para posteriormente buscar  las HES.

Informó que  el reporte elaborado por su jefe de grupo es igual al elaborado por el supervisor de PDVSA. 

Indicó ser la persona que se reúne con Carlos Mustone para tratar lo relativo al taladro SAI-205 y con Wendy Leal para lo relativo al SAI-215.

Manifestó que pueden existir mudanzas en la misma locación y  mudanzas de 0 a 30 kilómetros o más  al mismo tiempo cuando se presenta  algún obstáculo esto se registra en los reportes diarios.

Al ponerle de vista y manifiesto el reporte diario y las actas de inspección del taladro SAI-205 de fecha del 10 al 24 de agosto de 2016 y del 2 al 7 de septiembre de 2016, donde se refleja una sola mudanza en los reportes diarios y dos en las actas de inspección, dijo no recordar el motivo de las dos mudanzas y alegó que debía revisar su documentación, por cuanto hay cosas que están en el DIMS y otras en su reporte.

Manifestó desconocer el motivo por el cual en el acta de inspección del SAI-215 del 31 de julio de 2016 al 8 de agosto de 2016, se registran más kilómetros de los que aparecen en el DIMS

El siguiente funcionario interrogado fue Henry Chirinos, gerente de perforaciones de Petroboscán, quien dijo que el acta de inspección la realiza el supervisor mayor  validada con el reporte diario, debiendo contener ambos la misma información.

Admitió que de manera excepcional pueden ocurrir mudanzas entre pozos en una misma macolla y mudanzas entre pozos de distintas macollas al mismo tiempo, esto en razón de interrupciones de dichas mudanzas por lluvia u caso fortuito, pero esto debe estar soportado por el DIMS.

Igualmente reconoció que en los reportes del taladro SAI-205 del 2 al 7 de septiembre de 2016, del 16 al 24 de septiembre de 2016 y los del SAI-215 del 15 al 16 de septiembre de 2016, se refleja una mudanza mientras que en las actas de inspección aparecen dos.

Dejó sentado que el hecho de que en los DIMS se indique que se espera luz del día, no justifica el pago de dos mudanzas y que por ello se crearía una nota de recobro a la empresa San Antonio Internacional.

Dijo que en el caso de la valuación del taladro SAI-215 del 31 de julio al 8 de agosto de 2016, se refleja en el DIMS una mudanza de 35 kilómetros, mientras que en el acta de inspección aparecen 10 kilómetros adicionales.

Indicó que no está permitido por contrato cancelar doble mudanza y kilómetros de más en los casos de espera de luz del día y que ninguna persona está  autorizada a cancelarla y agregó que no autorizó a sus supervisados, Carlos Mustone y Wendy Leal a, registrar en las actas de inspección  mudanzas y kilómetros que no estuvieran reflejados en el reporte  DIMS.

Alertó que no verifica  el contenido de las actas de inspección con el reporte DIMS  al momento de firmarlas, puesto que tiene confianza en sus supervisados.

Entretanto, Wendy Leal, supervisor mayor  de operaciones, dijo que se encarga de los relativo al taladro SAI-215 y precisó que es la empresa de servicios la que lleva el formato de actas de inspección lleno, previa revisión vía electrónica, donde se compara con el reporte DIMS de todas las actividades.

Admitió que firmó el acta de inspección del taladro SAI-215 del 31 de julio al 8 de agosto de 2016  y que existe una diferencia de 10 kilómetros adicionales en el acta, lo cual consideró como un error en el acta o en el DIMS.

Finalmente, Yuceth Álvarez, supervisor de taladro, dijo que tenía a su caro el taladro SAI-205 y  entre sus funciones estaba realizar el reporte diario y cargarlo en el DIMS, siendo su supervisor inmediato, Carlos Mustone.

Informó que, para la fecha, llevaba nueve años en estas funciones e indicó que en los tres reportes que le fueron puestos de vista y manifiesto se reflejaba  una mudanza en cada uno de ellos.

Admitió haber realizado el reporte diario del 24 al 2 de septiembre de 2016.

Dijo que algunas veces los supervisores de la contratista registran más horas en sus reportes, pero que esta información debe modificarse y ajustarse a los del DIMS para ser firmados.

Refirió que, por lo general, la contratista tarda un día en realizar la mudanza, haciendo dos viajes  como mínimo.

Resultados de la investigación

Luego de practicadas las investigaciones y revisadas y analizadas las evidencias, la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) determinó que Carlos Mustone, supervisor mayor de operaciones, falseó la información en las actas de inspección correspondientes al  taladro SAI-205,   al haber registrado servicios de doble mudanzas de taladro en un mismo pozo durante el mismo periodo.

Se añade que Mustone igualmente omitió la información suministrada por el supervisor de taladro en el reporte DIMS y ocasionó un pago a la empresa contratista por servicios no recibidos.

También se concluyó que Wendy Leal, supervisor mayor de operaciones, igualmente falseó información en las actas de inspección correspondientes al taladro SAI-215, al registrar servicios de doble mudanzas de taladro en un mismo pozo durante el mismo periodo.

Del mismo modo, Leal falseó información en el acta de inspección del taladro SAI-215, al haber registrado kilómetros adicionales en mudanza, incrementando el costo del servicio. Omitió la información suministrada por el supervisor de taladro en el reporte DIMS y ocasionó un pago a la empresa contratista por un servicio no recibido.

A su vez, Henry Chirinos, gerente de perforación, firmó las actas de inspección, validando de esta manera la doble facturación en los servicios de mudanzas de taladros en un mismo pozo durante el mismo periodo.

Otra conclusión fue que Mayerling Fuenmayor, administradora de contrato de los taladros SAI-205 y SAI-215, mostró una actitud negligente en sus funciones, al  no haber verificado las valuaciones  y soportes de los taladros SAI 205 y SAI-215 y generó las Hojas de Entrada de servicios  sin verificar los respectivos soportes.

Finalmente, PCP determinó que la empresa contratista Servicios San Antonio Internacional C.A. era responsable de la elaboración y cobro de facturas por servicios no prestados.

Se desconocen las sanciones aplicadas.

Los responsables

Carlos Armando Mustone Manucci, nació en Maracaibo el 25 de agosto de 1982, es portador de la Cédula de Identidad número V-16. 754.346.

Es supervisor mayor de operaciones adscrito a la gerencia de perforación de PDVSA Occidente.

Ingresó a la empresa el 18 de febrero de 2008.


Wendy Karina Leal Cáceres nació en Maracaibo el 16 de mayo de 1985, es titular de la Cédula de Identidad número V-17.985.457.

Era superintendente de perforación adscrita a la gerencia de perforación de PDVSA Occidente.

Ingresó al estatal el 6 de septiembre de 2010.



Henry Gerard Chirinos Mármol, nació en Maracaibo el 1˚ de enero de 1965, porta la Cédula de Identidad número V-7.974.650.

Es superintendente de perforación adscrito a la gerencia de perforación de PDVSA Occidente.

Ingresó a la empresa el 20 de julio de 2004.



Mayerling Chiquinquirá Fuenmayor Castillo, nació en Maracaibo el 14 de noviembre de 1985. Es titular de Cédula de Identidad número V- 17.232.404.

Es administradora de contrato adscrita a la gerencia de perforación de PDVSA Occidente.

Ingresó a la empresa el 16 de enero de 2008.


La empresa

A través de una sentencia del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Extensión Maracaibo conocemos que la Sociedad Mercantil Servicios San Antonio Internacional C.A. (antes Pride Internacional C.A.), se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 1, Tomo 2-A[1].

El portal Infobel refiere que la empresa tiene su sede en la avenida Veracruz, edificio Torreón, municipio Baruta, estado Miranda. Teléfonos 0212-9920055 y 0212-9920956[2].

En la red social Facebook Servicios San Antonio Internacional C.A. se define como empresa líder que ofrece servicios al pozo, además de soluciones integrales de perforación y gerenciamiento en la industria del petróleo y gas de América Latina. “Nuestra compañía se destaca en el mercado de Latinoamérica por poseer la flota terrestre en equipos de torre más grande de la región. Contamos en la actualidad con más de 150 equipos de perforación, workover y pulling. Además, nos distinguimos por brindar a los clientes una amplia gama de servicios de Exploración y Producción (E&P), tales como servicios de bombeo (cementación, estimulación y coiled tubing), herramientas de ensayo y pesca, herramientas para ensayo de formación, perforación direccional, servicios de producción y otros, diseñados para optimizar la producción de los pozos de petróleo y gas. La capacidad para integrar los Servicios de E&P con los Servicios de Perforación y Workover, junto con la sólida infraestructura y la flota móvil, permiten satisfacer de un modo óptimo las necesidades de los clientes durante la vida productiva del pozo, desde la perforación y la terminación hasta la producción y el eventual abandono del mismo”[3].

Citas


[1][1] VLex Venezuela. Decisión nº PJ0702014000013 de Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo de Zulia (Extensión Maracaibo), de 3 de Febrero de 2014. https://vlexvenezuela.com/vid/josa-ca-rdenas-jarro-sociedad-internacional-491141750

[2][2] Infobel. Servicios San Antonio Internacional C.A. https://www.infobel.com/es/venezuela/servicios_san_antonio_internacional_c_a/baruta/VE100069103-02129920055/businessdetails.aspx

[3] Facebook. San Antonio Internacional. http://www.sanantoniointernacional.com/empresa/perfil.html

jueves, 21 de febrero de 2019

César David Rincón-Godoy, funcionario corrupto de Bariven, será sentenciado en abril en un tribunal de Houston

Por Maibort Petit
@maibortpetit

César David Rincón Godoy, un exfuncionario de Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) será sentenciado el 1 de abril de 2019 en la corte del Distrito Sur de Texas, en Houston. El exfuncionario fue acusado por la justicia de los Estados Unidos de haber aceptado sobornos de contratistas para entregar contratos de la estatal con sobreprecio y de manera irregular. 
Rincón Godoy, quien ocupó el cargo de gerente general de Bariven, subsidiaria de PDVSA, fue extraditado desde España en enero de 2018 y se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en el enrome esquema de corrupción encabezado por los contratistas Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas.

Los contratistas y exfuncionarios se declararon culpables de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Los documentos federales dicen que pagaron más de USD 1000 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos con las empresas del estado venezolano.

La orden del juez indica que la Oficina de Libertad Condicional debe hacer entrega del informe de investigación de presencia estará disponible para el acusado el 21 de febrero de 2019.

La defensa debe presentar objeciones o una declaración de no objeción dentro de los catorce días posteriores a la divulgación el 7 de marzo de 2019.

La sentencia se llevará a cabo el 1 de abril de 2019 a las 10:00 a.m.














viernes, 8 de febrero de 2019

Manuel Quevedo entregó negocios a empresas del constituyentista Luis Antonio Fernández León

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, Manuel Quevedo, entregó millonarios negocios petroleros a una empresa mixta vinculada al constituyente por el municipio Libertad del estado Anzoátegui, Luis Antonio Fernández León.em
Las empresas vinculadas al  referido constituyente son: 1) Petrovenezolana de Servicios, C.A., la cual es una empresa mixta cuyo objeto es la perforación y servicios a pozos; 2) la empresa mixta Sísmica, dedicada a actividades con equipos petroleros especializados; y 3) el campo petrolero con 200 pozos para reactivar —de los cuales 30 pozos son para perforar— constituido con el nombre de Consorcio Rimoca-Centauro-Kariña, en sociedad con Richard Moya, propietario de una constructora civil de baja categoría. 

Se conoció que Constructora Kariña Siglo XXI tiene oficinas en Barcelona y en el patio en San Mateo, siendo una firma dedicada, supuestamente, a actividades de transporte pesado y construcción civil y plantas de asfalto. 

Constructora Kariña Siglo XXI C.A., según el portal Pymes Venezuela, tiene su sede en el sector El Elevado, avenida Municipal, Galpón N° 157, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, que también figura como su dirección fiscal. Su número de Registro de Información Fiscal (RFI) es J296615993. Es una empresa con una nómina de tres trabajadores cuyos teléfonos son 0424-8770788 y 0424-8770788 . La página Dato Capital agrega que tiene en su último balance reportado (31-12-2014) una facturación de Bs. 82.061.294, un beneficio bruto de Bs. 5.513.217, un beneficio neto de Bs. 1.641.157 y un efectivo disponible de Bs. 1.675.043 .

Entre los propietarios que registraron el Consorcio RCK, se encuentra el constituyente, Luis Fernández, quien está asociado con Richard Moya, dueño de la empresa Rimoca, ubicada en Punta de Mata, Monagas.

Cuentan con la colaboración de Dany Marín, quien figura en la nómina de PDVSA y, además, de manera ilegal, trabaja también para el Consorcio RCK, Petrovenezolana de Servicios y Sísmica. Este funcionario de la estatal goza del apoyo de la gerencia de subsuelo de norte de Monagas y del presidente de PDVSA Servicios.

Una fuente interna señala que la entrega de negocios bajo esta modalidad forma parte de un esquema de corrupción orquestado entre el constituyente, Luis Fernández y el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo.

La empresa forma parte del conjunto de empresas con las cuales, en agosto de 2018, PDVSA suscribió un acuerdo enmarcado en el Proyecto Integral de Recuperación de la Producción. Las compañías prestadoras de servicios en actividades necesarias para la explotación y extracción de crudo se desempeñarían en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”.
A saber, estas empresas son Well Services Cavallino C.A., Petro Kariña C.A., Helios Petroleum Services C.A., Shandong Kerui Group, Consorcio Rinoca Centauro Karina, Consorcio Petrolero Tomoporo y Venenca, las cuales operarán en los campos Arecuna, Sanvi Guere, Orocual, Dación, Jusepín, Franquera-Moporo y Carito – Pirital, respectivamente.

La firma del Acuerdo de Servicio Conjunto se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, encabezada por Nicolás Maduro y Manuel Quevedo, así como miembros de la junta directiva de la estatal y representantes de las empresas firmantes. En esa ocasión, el mandatario nacional manifestó que Venezuela estaba abierta a toda la inversión y calificó la firma de estos acuerdos como fórmula digna de estudio, pues se trata de un esquema “ganar-ganar”. Ante los presentes sostuvo que “Hoy estamos garantizando el incremento de más de 600 mil barriles diarios (MBD), y en los próximos días vamos a garantizar el resto, para terminar 2018 en aceleración, y proyectar 2019 en la búsqueda de nuevas metas”.

Entretanto, el ministro Manuel Quevedo calificó el acuerdo como “el comienzo a una nueva era dentro de PDVSA. Una era de construcción, basada en el trabajo de equipo, con mucha moral, para incrementar la producción petrolera en un nuevo modelo, un nuevo concepto”.

Quevedo precisó que la producción de los 14 pozos que serían intervenidos para esa fecha  era de 384 MBD, la cual podía elevarse en 641 MBD y llevarla a 1 millón 25 mil barriles diarios, a través de una inversión de 430 millones de dólares.

El Acuerdo de Servicio Conjunto establece el control de PDVSA sobre todas las actividades primarias de la industria, especialmente en la comercialización del crudo, en consonancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

La Construtora Kariña Siglo XXI, C.A. fue suspendida de del Registro Nacional de Contratistas de acuerdo a lo que establece el artículo 30 de la Ley de Contrataciones Públicas.

La empresa contaba apenas con una capacidad financiera de Bs. 200.000,00, según registros a la fecha del 17 de noviembre de 2008.