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jueves, 7 de octubre de 2021

Conozca las razones por las cuales el Tribunal Constitucional de Cabo Verde negó la última petición de Álex Saab

   Los abogados del empresario colombiano aspiraban obtener, mínimo, 30 días más para analizar la decisión y pronunciarse sobre su pertinencia.

Por Maibort Petit

    El pasado 5 de octubre del presente año 2021, los jueces consejeros, Aristides R. Lima, José Pina Delgado y João Pinto Semedo, del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, decidieron no admitir, por su manifiesta extemporaneidad, la solicitud formulada por los abogados del extraditado, Álex Saab, de que se les entregara copia de la Sentencia Nº 39/2021, traducida al español, así como una prórroga del plazo procesal legalmente determinado para el despacho por un mínimo de 30 días, que les permitiera analizar la sentencia y pronunciarse sobre la legalidad de la extradición.

   Saab, a través de sus abogados, luego de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 39/2021 del 7 de septiembre de 2021, invocó varios artículos de la legislación caboverdiana para solicitar a esa instancia judicial que le fuera entregada copia traducida al español de la referida resolución, para analizar su contenido y, en consecuencia, ejercer los actos procesales que considere necesarios para su defensa.

   Del mismo modo, en razón de la extensión de la referida decisión, así como la complejidad técnica y legal de los contenidos cubiertos, pidió se le otorgara un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa pudiera pronunciarse sobre la misma y solicitar todo lo que estime conveniente o pertinente para la defensa de la legalidad.

Literalmente, los pedidos de Saab ante el tribunal fueron:

a) Una copia traducida de la Sentencia Nº 39/2021, de 7 de septiembre de 2021, se proporciona al Demandado a continuación, de conformidad con y para los fines de los artículos 3-A, 5 - del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos - 22º en 3º y 35º en n. 7- de la Constitución de la República de Cabo Verde;

b) Se otorga un plazo adicional no menor a 30 días, para que la defensa tenga la oportunidad de analizar la decisión y, si así lo desea, solicitar las aclaraciones que estime pertinentes - cfr. previsto en los artículos 140, 575, 578 y ss. del Código de Procedimiento Civil de Cabo Verde y los artículos 22, nº 3 y 35, nº 7 - de la Constitución de la República de Cabo Verde”.

Argumentos del procurador

  La sentencia cita lo alegado por el Procurador General de la República respecto al pedido de Saab, quien sostuvo que la solicitud de la defensa carecía absolutamente de base legal.

   Aseguró que, de acuerdo a la ley, no existe una obligación legal de notificación personal de la persona extraditada, sino de su abogado designado. Citó lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 232 del código de procedimiento civil que indica que "las notificaciones a las partes en los casos pendientes se realizan en la persona de un representante con cargo en la sede del distrito o que haya elegido domicilio allí para recibir notificaciones”.

   Aseguró que la ley no impone al tribunal la carga de traducir la sentencia y calificó el pedido de traducción como “otra maniobra meramente dilatoria, convencida la defensa de que la ley lo permite todo, incluidos los expedientes dilatorios, y al tribunal no le queda más que cruzar los brazos”. Y agrega que por ello algunas declaraciones de los abogados defensores en los medios de comunicación, señalan que “la persona extraditada aún no será extraditada en los próximos meses”.

   Refiere que “la defensa ha estado pregonando en los medios que hará todo lo posible para retrasar la ejecución de la decisión de extradición, incluso señaló uno de los abogados en su página de red social (FB). que ‘en un futuro próximo, Alex Saab solo será extraditado si es secuestrado’”.

   Así han sido las acciones promovidas por la defensa para retrasar el proceso, lo cual se ilustra con la cronología de algunos hechos:

   El 7 de septiembre de 2021 se notificó a la defensa la Sentencia N º 39/2021, que desestimó el recurso de fiscalización concreta de constitucionalidad.

   Luego, el 13 de septiembre de 2021, dentro del plazo legal, solicitó la aclaración de la referida sentencia, en una demanda firmada por dos abogados defensores, uno de los cuales es suscriptor de esta solicitud de traducción.

  Después, el 22 de septiembre, tras ser notificado de la negativa a atender la solicitud de aclaración, el 24 de septiembre se solicitó la traducción de la referida decisión.

  “Ante esta cronología de hechos, con interés por la decisión, en una primera lectura de la demanda, se destaca la idea de una total falta de coordinación entre los miembros del equipo de defensa del extraditado, cada uno pidiendo lo que quieren, contradiciendo sus propias peticiones del resto. Y esto no es inaudito a lo largo de este proceso”, cita textualmente la sentencia.

  Se acota que, desde la detención del extraditado, Álex Saab, hace más de quince meses, más de tres docenas de decisiones emitidas por varios tribunales, además de haberse producido alrededor de una decena de respuestas a solicitudes enviadas al Gobierno, Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación, entre otras, que todas estaban redactadas todas en portugués.

“La defensa nunca planteó la cuestión de la traducción al idioma español de los referidos actos judiciales, dejando claro que los entendía perfectamente, sobre todo porque los impugnó a todos, mediante denuncias, recursos ordinarios, hábeas corpus, recursos de revisión concreta de constitucionalidad, recursos de amparo, solicitud de aclaración”, destaca.

   Del mismo modo se deja sentado que “En la solicitud de aclaración de la sentencia cuya traducción ahora se requiere, quedó claro que fue leída y perfectamente entendida, incluso, calificándola de ambigua y oscura, lo que constituye la base de la solicitud de aclaración. Lee, percibe, desafía y, después, viene a pedir la traducción porque, al final, no entendió”.

   Se deja sentado que la solicitud de traducción también es infundada y debe desestimarse la pretensión de la demandante, por carecer de fundamento y justificación jurídica y ser un expediente meramente dilatorio.

Los fundamentos de la decisión

   Aclara en primer término la sentencia que, por error manifiesto, al demandante se le presenta en cuatro ocasiones como "imputado", un estatus que no define la relación de Álex Saab y el Tribunal Constitucional. En tal sentido puntualiza que la correcta designación del solicitante tiene que ver con su condición de extraditante, “ya que el caso principal o “caso pretexto” es un proceso de extradición. Y esto no puede ser ignorado por el distinguido abogado en su sabida intervención procesal”.

    Subraya la decisión que la Corte Constitucional no puede dejar de notar que la solicitud es absolutamente infundada, pues el pedido de que se entregue una copia traducida no tiene fundamento legal, pues “no existe disposición en la Constitución, en el Derecho Internacional, en la Ley que regule la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, en la legislación nacional subsidiariamente aplicable a los procesos ante el Tribunal Constitucional, de disposición alguna que imponga tal carga al Estado”.

   Del mismo modo se indica que la solicitud de prórroga de por lo menos 30 días solicitada por los abogados para analizar la sentencia, tampoco cuenta con la base legal mínima en lo antes mencionado, reglas, y mucho menos en los casos en que el proceso esté catalogado por ley como urgente. “Tanto más cuanto que el plazo establecido en la Ley para el esclarecimiento es de cinco días y ya venció hace mucho tiempo, y el demandante, además, solicitó el esclarecimiento a través de su demanda, que fue presentada ante el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre pasado y fue resuelto mediante Sentencia Nº 42/2021, de 20 de septiembre.

    Por último, la sentencia determina que la solicitud de los abogados de Álex Saab es manifiestamente tardía, por lo que no puede ser admitida para una decisión sobre el fondo. Se recuerda que la legislación establece un plazo de cinco días para que las partes soliciten "cualquier acto o diligencia, reclamen la nulidad, deduzcan incidencias o ejerciten cualquier otra facultad procesal". Y precisa: “Ocurre que la Sentencia Nº 39/2021, respecto de la cual el demandante está reaccionando procesalmente, le fue notificada el 7 de septiembre, a través de los respectivos abogados designados. La demanda bajo análisis fue presentada en la Secretaría de la Corte Constitucional el 23 de septiembre del presente año”.


jueves, 29 de octubre de 2020

Caso de Tareck El Aissami en NY: el piloto Michols Orsini Quintero será juzgado en enero de 2021

Por Maibort Petit

   Un juez de Nueva York ordenó que el juicio del piloto, Michols Orsini se iniciará el 25 de enero de 2021, a la vez que pidió a los fiscales federales que agruparan a todos los acusados en el caso vinculado a Tareck El Aissami, Samark López, Joselit Ramírez Camacho, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Alejandro Antonio Quintavalle Yrady "en una sóla  súper acusación para darle mayor estabilidad al proceso". 

  El juez Alvin K. Hellerstein recomendó a la fiscal, Amanda Houle que sería mejor incluir a Michols Orsini Quintero en la misma acusación, durante la audiencia virtual que se celebró el 23 de octubre para discutir los términos del proceso judicial.

  Los fiscales del caso, los abogados de Víctor Mones Coro y Michol Orsini Quintero discutieron sobre la necesidad de que los materiales considerados por el gobierno "delicados" para ser parte de los récords públicos, fueran entregados a la defensa de los dos demandados.

  La fiscal Houle dijo que no debían entregar información relacionada "con la condición médica de la fuente confidencial del gobierno", y sostuvo que "tenía una objeción para hacer entrega de la declaración de la fuente confidencial del gobierno porque hay un acuerdo entre el abogado de la fuente [ Alejandro J. Marín] y el gobierno", y que debía haber un privilegio entre los EE. UU. y su fuente, por ello "no es correcto que se haga una comunicación para los abogados de Orsini y Mones Coro".

  La fiscal sostuvo que la información sólo podrían verla los abogados, y que estaba de acuerdo con que la corte hiciera un estudio forensico de los materiales.

El caso

  Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). 

  Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Posteriormente, en noviembre de 2019, Víctor Mones Coro decidió declararse culpable de los cargos.

  Orsini Quintero es un piloto que está acusado ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

  En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;

(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas;

(3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; 

(4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y 

(5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

    De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

  Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

  De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

  Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

  La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

   El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

   El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

   El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

   La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.


   

jueves, 9 de mayo de 2019

'El Chapo' Guzmán no le gusta el agua del grifo de la cárcel, le pidió permiso al juez para comprar botellas a la semana

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera le pidió al juez que le permitiera comprar al menos seis botellas de agua a la semana porque no le gusta la del grifo. Asimismo, solicitó que se le permita tener  dos horas de recreación al aire libre, acceso a tapones para los oídos para poder aliviar el dolor y ayudarlo a dormir.

Los abogados de uno de los líderes del cártel de Sinaloa sometió la petición a la Corte del Distrito Este de Nueva York este jueves, para que el tribunal ordene a la Oficina de Prisiones (BOP) que permita Guzmán tener esos beneficios.

La defensa dice en la carta que reconociendo la dificultad de lidiar con el proceso administrativo de Centro Correccional Metropolitano, el tribunal aconsejó: "Si el acusado encuentra problemas similares en el futuro, puede presentar esas cuestiones a la atención de la Corte".

Piden que Guzmán pueda hacer ejercicios al aire libre, que además se le otorgue el privilegio de la Comisaría General de la población de la prisión. 

Guzmán ha estado detenido durante 27 meses en la Unidad 10 al sur de la Misión Especial Unidad de vivienda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York ("MCC") bajo régimen de aislamiento o confinamiento, en condiciones que -según sus abogados- violan la prohibición de la Octava Enmienda de crueles e inusuales castigo, así como las normas fundamentales de la decencia humana. 

Guzmán fue hallado culpable por un jurado de 10 delitos de narcotráfico y enfrenta una sentencia de una posible cadena perpetua. La condena del narcotraficante sinaloense está prevista para el 25 de junio de 2019 en Nueva York.


viernes, 22 de febrero de 2019

Defensa del Chapo Guzmán inicia procedimientos legales para un nuevo juicio

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa de Joaquín el Chapo Guzmán solicitó al juez Bryan Cogan la realización de un nuevo juicio alegando que el jurado habría violado las instrucciones de la corte durante el proceso que culminó con un veredicto unánime de culpabilidad por 10 cargos contra el célebre narcotraficante.

En una carta enviada por el abogado Eduardo Balarezo al tribunal se sostiene que el 20 de febrero de 2019, en el portal de noticias Vice News se publicó una historia titulada: Dentro del jurado de El Chapo: en la cual  un jurado habla por primera vez sobre la condena de Guzmán.

En esa historia, el autor afirma haber hablado durante más de dos horas con un miembro del jurado del juicio contra Guzmán. El artículo establece que varios jurados cometieron mala conducta al violar intencionalmente la dirección de la corte de"mantenerse [] lejos de la cobertura de los medios de comunicación, no hacer ninguna investigación en Internet y [no] comunicar nada sobre el caso a nadie ". 

En la comunicación, Balarezo señala que Guzmán tiene la intención de presentar una moción para un nuevo juicio en base a las revelaciones dadas a conocer en el artículo, y por ello solicita una audiencia probatoria probatoria para determinar el alcance de la mala conducta. 

Alegan la defensa que la norma establece que una moción 
para un nuevo juicio debe presentarse dentro de los 14 días posteriores al veredicto.

Guzmán respetuosamente solicita una ampliación del plazo de 30 días a partir del 26 de febrero de 2019 para presentar la moción.


La comunicación señala que la defensa ha buscado el consentimiento del gobierno para la ampliación del tiempo; sin embargo, el gobierno no ha respondido en el momento de la presentación de la solicitud.

jueves, 21 de febrero de 2019

Tribunal de NY fija fecha del juicio contra el banquero iraní que evadió sanciones contra Irán con jugosos contratos en Venezuela

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juicio del presidente del banco maltés, Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad  se realizará en octubre de 2019, según la orden firmada por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Andrew L. Carter. El banquero fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones estadounidenses contra Irán, de fraude bancario y lavado de dinero relacionado con proyectos de viviendas sociales durante el gobierno del fallecido Hugo Rafael Chávez Frías.
El juez decidió que el juicio de Ali Sadr Hasheminejad empezará el 21 de octubre, para lo cual las partes deben suministrar a la corte las propuestas de instrucciones al jurado y las mociones in limine a más tardar el 9 de octubre.

El propietario de banco maltés Pilatus Bank fue arrestado en marzo de 2018 fue acusado de estar involucrado en un caso relacionado con un contrato mil millonario que el iraní firmó en 2006 con el gobierno de Hugo Chávez a través del cual el banquero habría movido dinero ilegal como parte de un acuerdo para construir viviendas de bajo costo para los venezolanos.

Según los documentos federales, los gobiernos de  Hugo Chávez y el  del iraní Mahmoud Ahmadinejad acordaron construir miles de casas en Venezuela para lo cual se firmó un contrato con la empresa energética estatal venezolana Stratus Group, un grupo de compañías propiedad de Hasheminejad.  
Los fiscales argumentan que el proyecto de Stratus Group consistía en construir 7,000 viviendo por $476 millones. Cada casa tenía un costo de $70,000 aproximadamente, lo que equivalía para ese entonces ( cambio del dólares sobre el bolívar en 2006) a 210 millones de bolívares.
La acusación del Gran Jurado sostiene que el acusado, Ali Sadr Hasheminejad participó directamente en la supervisión de la ejecución del proyecto y ocultaba el rol de la República Islámica en ese proyecto para así evadir las sanciones que el gobierno norteamericano había impuesto al régimen iraní. 
En el marco de la conspiración acusada, Ali Sadr Hasheminejad  y otro co conspirador habrían logrado obtener pasaportes de San Cristóbal y Nieves, cuyos gobierno son aliados del régimen venezolano. En 2010 el acusado poseía un documento de la isla caribeña para lo cual usaba una dirección en Emiratos Árabes Unidos. El objetivo era tener otras entidades  fuera de Irán, una en Turquía y otra en Suiza que fueron usadas para recibir los pagos en dólares provenientes del gobierno de Chávez. Las dos entidades  estaban controladas por Ali Sadr Hasheminejad  y su grupo familiar en Irán.
El rastreo evidenció que entre los años 2011 y 2013 el gobierno de Venezuela ejecutó 15 pagos por un monto de USD115 millones cada uno relacionados con el proyecto de las viviendas de interés social de la administración de Hugo Chávez. El dinero luego fue transferido a un banco en otro offshore ubicado en las Islas Vírgenes Británicas.
Los fiscales destacan que en 2012, el acusado y sus asociados usaron USD 2 millones para comprar propiedades en California. El dinero fue ingresado bajo la categoría  “ganancias del proyecto. 
Uno de los fiscales de distrito, Geoffrey Bearman sostiene que  Sadr Hasheminejad logró crear el banco Pilatus en 2013 con dinero proveniente de la industria criminal y gracias a los pagos en dólares con los que  benefició a Irán. 
Bearman sostuvo que un monto de USD12.9 millones que estaban depositados en Pilatus Bank fueron decomisados porque constituyen un producto criminal relacionado con el proyecto de viviendas en Venezuela.
Ali Sadr Hasheminejad está en libertad con fianza millonaria
En junio de 2018, Ali Sadr Hasheminejad logró salir en libertad bajo fianza aunque acordó estar sujeto al monitoreo electrónico y a la prohibición de salir de su residencia después de las 7 PM. 

La fianza del banquero incluye una serie de condiciones y bonos que totalizan unos $ 34 millones,  aunado a unos 40 bonos de familiares, amigos y colegas que alcanza un valor de casi $ 14 millones.


El acusado  también fue obligado a entregar todos sus pasaportes y otros documentos de viaje a la corte neoyorquina. Por orden judicial el banquero no podrá obtener nuevos documentos y debió renunciar a cualquier derecho de impugnar la extradición  en caso que cualquier país extranjero decida procesarlo.

La orden de la corte estableció un perímetro entre los Distritos sur y este de la ciudad de Nueva York, Washington DC, Maryland y el distrito este de Virginia.

Entre las otras limitaciones que acordó Ali Sadr Hasheminejad está la posibilidad de reclamar el dinero que fue congelado en sus cuentas bancarias en bancos internacionales.














lunes, 14 de enero de 2019

Juicio del Chapo: En 2008 Guzmán contrató al productor colombiano Javier Rey para hacer su propia película

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El multifacético Joaquín "el Chapo" Guzmán consideró convertirse en director de su propia película, para lo cual contrató al productor  de cine colombiano, Javier Orlando Rey, y organizó los pormenores para la realización del largometraje, según explicó el testigo del gobierno estadounidense, Alex Cifuentes en  la audiencia 28 del juicio, este lunes 14 de enero.

Cifuentes era el secretario de Guzmán cuando este se ocultaba en las montañas del triángulo dorado de México. El testigo dijo que su  ex esposa [Angie] le presentó al 'Chapo' el proyecto argumentando que terceros (noticieros, periódicos y otros) estaban haciendo dinero con su historia. 

La mujer convenció a Guzmán que él podría ganar dinero si él mismo producía su película, idea que al capo le encantó.

Fue entonces cuando contrató al productor de cine colombiano, Javier Orlando Rey Ramirez para que produjera la película y además empezaron a escribir un libro sobre la vida de Guzmán para el que el Chapo y su familia recopilaron toda la información. Uno de los borradores del libro fue entregado al secretario de Iván Guzmán, de nombre 'Jimmy' y el otro al abogado del líder del cártel de Sinaloa.

Cifuentes afirmó que trabajó en el proyecto de la producción de la película del 'Chapo' desde 2008 hasta 2013 cuando fue arrestado por las autoridades. 

Regalos costosos

El testigo dijo que Guzmán recibió en su fiesta de cumpleaños el 4 de abril de 2008 regalos ostentosos, entre los que nombró relojes, motocicletas, una camioneta Pick up blanca blindada que le regaló su aliado Dámaso López alias 'el Licenciado', una Hummer amoblada, blindada y con sus iniciales obsequio de sus hijos, motos Polaris, entre otros.

Comentó Cifuentes que 'el Licenciado' le había dicho en esa oportunidad que había pagado USD 150 mil para blindar la camioneta que le regaló a Guzmán. 

Este tema fue abordado el testimonio que Cifuentes realiza desde el pasado jueves en el juicio que se le sigue a Joaquín Guzmán Loera en la Corte del Distrito Este de Nueva York, desde noviembre de 2018.


martes, 8 de enero de 2019

Eudoro González Dellan: el diputado venezolano - empresario en EE. UU., Panamá y España

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los asuntos parlamentarios en los que suele vérsele inmiscuido a raíz de su figuración como diputado de la Asamblea Nacional y del Parlamento del Mercosur, no son las únicas ocupaciones que requieren la atención de , electo en las filas de la Mesa de la Unidad, MUD, en representación del estado Anzoátegui, sino también las actividades empresariales que mantiene en Panamá, España y el estado de la Florida en Estados Unidos.

¿Quién es Eudoro González Dellán?

De acuerdo al portal Dateas, Eudoro Antonio González Dellán, nació el 25 de septiembre de 1974, es titular de la Cédula de Identidad N° V-11.930.578 y se le ubica en la parroquia Baruta del municipio homónimo del estado Miranda[1].

Es hijo del dirigente y exsenador por el partido socialcristiano Copei, Eudoro González.

No aparece registrado como asegurado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS.

Ejerce su derecho al sufragio en el Colegio Juan XXIII de la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista, estado Anzoátegui.
Es diputado suplente a la Asamblea Nacional en representación del estado Anzoátegui, electo en las listas de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, por el partido Primero Justicia[2].

Igualmente, integra por Venezuela el Parlamento del Mercosur desde el 15 de febrero de 2016. Representación que le corresponde ejercer hasta el 31 de diciembre de 2020[3].

En su página web, refiere que es abogado egresado en octubre de 1996 de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en las Universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Derecho de Familia, de la Universidad de Zaragoza, España. Dicta la cátedra de Teoría Política, en la Universidad Monteávila de Caracas. Es miembro del Partido Primero Justicia, donde es asesor del Comité Político Nacional. Se define como “centro humanista”[4].

Eduardo González es hermano del expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), Leonardo González Dellán, quien aparece en los Papeleas de Panamá[5]. Leonardo González fue designado por el finado expresidente Hugo Chávez como presidente del BIV en 2002, permaneciendo en el cargo hasta 2004, cuando fue sustituido por Arné Chacón. El paso del hermano del diputado por la citada entidad financiera coincide con el surgimiento del control de cambios en Venezuela bajo la administración chavista. “En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los ‘operadores’ financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el ‘diferencial cambiario’”[6].

Cargos en compañías españolas

Entretanto en el sitio web Axesor, informa que Eudoro Antonio González Dellán ha ejercido dos cargos en compañías españolas, a saber, como “administrador único en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/10/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 200, Referencia 415003. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 08/10/2018, Tomo 32776, Folio 201, Sección 8, Hoja 589965, Inscripción 5. El tiempo máximo que Eudoro Antonio González Dellán ha permanecido en un cargo es 4 años y 17 días, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años y 15 días”[7].

A su vez, la página Administradores El Economista dice que estas empresas se dedican a la “compraventa y adquisición, posesión y disfrute de inmuebles, terrenos, la urbanización de los mismos, su transformación y explotación por cualquier título, su promoción, parcelación, reventa —al contado o a plazos—, directamente o por mediación de terceros, y posterior administración en su caso”[8].

Ninguno de los dos portales cita el nombre de las compañías.

Las empresas de González Dellán

El diputado González Dellán es directivo de dos compañías de inversiones registradas en Panamá en 2009 y 2013, respectivamente, de acuerdo a lo que arroja una búsqueda en la base de datos del registro de la nación centroamericana, y otras dos inmobiliarias en España inscritas en 2014, información esta última que corroboraría lo dicho líneas arriba.

También Eudoro González Dellán es director de Triplus Inc, empresa conformada el 9 de febrero de 2009 en Panamá, y asentada bajo la ficha N° 65.1368 en la notaría duodécima. Lo acompañan en el directorio su hermano José Ángel González Dellán y el abogado Oscar Moreán Ruiz. El capital de la empresa es de 10 mil dólares, tal como puede confirmarse en el portal Open Corporates[9].

El agente registrador fue la firma Alfaro, Ferrer & Ramírez que igualmente figura en el directorio junto a Dirserv Inc, Intercorp Services Inc, José Ángel González Dellán (secretario y director); Rafael Eduardo González Dellán (director y tesorero);  y el propio Eudoro Antonio González Dellán, quien ejerce como director y presidente. Esta última figura es quien ostenta la representación legal y en su ausencia recae en el secretario, el tesorero o cualquier otra persona que la junta de accionistas o la junta directiva, designen.

La página de la empresa[10] lo dice en los siguientes términos: “Ofrecer un servicio de consultoría de altísima calidad y soporte profesional a las organizaciones, poniendo en sus manos herramientas adecuadas a su propia actividad”, agregando que la ​​Visión empresarial es “Asesorar con dedicación a todos nuestros clientes para que en sus procesos de toma de decisiones vinculados a sus procesos productivos, cuenten con los insumos técnicos, soporte profesional y herramientas de última generación”.

En Panamá la empresa está ubicada en el Edificio Ocean Plaza, piso 16 oficina 1, Esquina Avenida Aquilino de la Guardia y calle 47, Urbanización Marbella. En Caracas, se encuentra en la urbanización La Castellana, en la avenida San Felipe, Edificio Centro Coinasa, piso 4, Oficina 44. También indica que tiene operaciones es Lima, Perú.

La página Opentenea informa que Eudoro Antonio González Dellán es un empresario que ejerce en la provincia de Madrid, España, siendo la última actualización de su currículum empresarial el 6 de noviembre de 2014 cuando inició su cargo de Administrador Único en la empresa Inmuebles Monagas SL., aunque según el Borme su actividad empresarial comenzó  el 4 de noviembre de 2014 al ejercer de Administrador Único de Triplus Mediterránea SL[11].

Ahora veamos en detalle.

Triplus se encuentra registrada en España como Triplus Mediterranea SL, el 22 de octubre de 2014 con un capital social de entre 0 y 3.500 euros, ubicada en la Calle Serrano, 110 Primera Planta, 28006, Madrid. Esta firma en la península ibérica está dedicada a las actividades inmobiliarias[12]. Esta empresa con estatus activo tiene a Eudoro Antonio González Dellán como único socio y administrador[13].

También en España, bajo la jerarquía de Eudoro González Dellán está Inmuebles Monagas SL, constituida el 22 de octubre de 2014 bajo el número CIF B87125167. El capital de esta firma es de 3 mil euros. Su domicilio es en la Calle Serrano 110, Primera planta, 28006, Madrid[14], es decir la misma dirección y fecha de registro de Triplus Mediterranea SL. Del mismo modo, el parlamentario es el administrador y único socio. El apoderado de la empresa es Leonardo José Britto León[15].

Otra empresa relacionada por Eudoro Antonio González Dellán sería Mislart Investments, S.A., registrada bajo el número 815251 en Panamá, el 1° de octubre de 2013 por el agente registrador Alemán, Cordero, Galindo & Lee que igualmente figura como parte del directorio. También están en la directiva Edgardo Eloy Díaz (suscriptor); Ernesto Castillo Cho (director y tesorero); Fernando Antonio Gil (suscriptor); Luis Rivera (director y secretario); Johel Eudardo Orta Moros (director y presidente)[16]. El capital de la empresa es de 10 mil dólares[17].

Johel Eudardo Orta Moros nació el 9 de marzo de 1967, es titular de la Cédula de Identidad N° V-6.913.321 y se le ubica en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[18]. Fue diputado por el estado Miranda y en las pasadas elecciones presidenciales, no reconocidas por la mayoría de la oposición, la Asamblea Nacional y un conjunto de países, apoyó la candidatura de  Henry Falcón[19].

En el portal La Tabla, de vocación oficialista, se afirma que esta empresa es propietaria de un apartamento en Bal Harbour, Miami, estado de Florida, a saber, el inmueble está identificado con el N° 19J del condominio The Balmoral, en el 9801 Collins Avenue y el cual habría sido comprado por 400 mil dólares en junio de 2014[20].

Entretanto, la página “Con el mazo dando” de Diosdado Cabello, asegura que las empresas inmobiliarias de González Dellán tienen por objetivo “comprar a precio de gallina flaca los inmuebles provenientes de los desahucios en ese país europeo, para generar jugosas ganancias a partir de la desgracia del pueblo ibérico, que está azotado bajo una crisis económica creada por el sistema neoliberal del viejo continente desde el año 2008”[21].

Igualmente en Miami, Eudoro González Dellán tiene una empresa registrada, a saber, Valdosazo LLC, inscrita bajo el número L14000084899 y el FEI/EIN 38-3932854, el 27 de mayo de 2014. Una compañía con estatus activo cuyo domicilio es el 1000 South Pointe Dr, APT. 803, Miami Beach, FL 33139 que igualmente figura como dirección postal. El agente registrador fue Stratus Consultants LLC (1730 Main Street, Suite 210, Weston, FL 33326).

Como directivo figura Eudoro Antonio González Dellán, residenciado en la Calle “los Turpiales”, Quinta Morita, Urbanización Prados del Este, área metropolitana de Caracas, estado Miranda, Venezuela. Le acompaña en la directiva Lander Guruceaga (Calle 3, Edificio Luzemma, Piso 13, Urbanización Terrazas del Ávila, área Metropolitana de Caracas, estado Miranda, Venezuela)[22].

Un apartamento de 135 metros cuadrados en Madrid

Leonardo Britto, el mismo que líneas arriba aparece como el apoderado de la empresa Inmuebles Monagas SL, es citado por el portal El Confidencial en un reportaje denominado “Sociedades 'offshore' y 'cash': así se compra la élite venezolana el barrio de Salamanca”, fechado el 3 de julio de 2017, en el que se hace mención a Eudoro Antonio González Dellán como uno de los que ha requerido los servicios del abogado de origen venezolano (Britto).

González Dellán —refiere el trabajo periodístico— es “dueño de un piso de 135 metros cuadrados en la calle Velázquez de Madrid. El piso es propiedad de la sociedad Inmuebles Monagas SLU, cuyo accionista es Triplus Inc, una firma registrada en Panamá y cuyo administrador es Eudoro [González] Dellán”.

El diputado de Primero Justicia explicó a través de correo electrónico a los periodistas de El Confidencial que "He decidido utilizar una sociedad para adquirir el inmueble por recomendación de los abogados de la constructora-promotora del inmueble", al tiempo que agrega: "Triplus INC es una sociedad de comercio constituida de acuerdo a las leyes de Panamá, tiene como objeto resguardar y ordenar mi patrimonio personal y es de mi propiedad desde febrero de 2009".

Eudoro González Dellán explica en el reportaje que su relación con España es de vieja data, pues allí cursó estudios y “su esposa y su familia tienen orígenes europeos, viven en la capital. Sin embargo, desde que hace dos años tomó su acta de diputado de la oposición, cuenta, no puede salir del país porque el régimen de Maduro le ha anulado el pasaporte”[23].



[1] Dateas. González Dellán, Eudoro Antonio. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/gonzalez-dellan-eudoro-antonio-10177567

[2] Asamblea Nacional. Eudoro Antonio González Dellan, http://www.asambleanacional.gob.ve/diputados/_eudoro-antonio-gonzalez-dellan

[3] Parlamento del Mercosur. González Dellan, Eudoro Antonio. https://www.parlamentomercosur.org/innovaportal/v/11800/1/parlasur/gonzalez-dellan-eudoro-antonio.html

[4] Eudoro González. http://www.eudorogonzalez.com.ve/

[5] Noticias Venezuela. “Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela, ahora disfruta de su fortuna en Inglaterra”. 10 de noviembre de 2018. https://noticiasvenezuela.org/2018/11/10/leonardo-gonzalez-dellan-expresidente-del-banco-industrial-de-venezuela-ahora-disfruta-de-su-fortuna-en-inglaterra/

[6] Panamá Papers Venezuela. “Expresidente del Banco Industrial de Venezuela y dueño de empresas offshore”. 8 de mayo de 2016. http://panamapapersvenezuela.com/expresidente-del-banco-industrial-de-venezuela-y-dueno-de-empresas-offshore/

[7] Axesor. Eudoro Antonio González Dellán. https://cargos.axesor.es/cargo/eudoro-antonio-gonzalez-dellan

[8] Edministradores El Economista. Información de Eudoro Antonio Gonzalez Dellan de MADRID. http://administradores.eleconomista.es/Administrador_GONZALEZ-DELLAN-EUDORO-ANTONIO.html

[9] Open Corporates. Triplus Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/651368

[10] Triplus Inc. https://www.triplusinc.com/

[11] Opentenea. González Dellán, Eudoro Antonio. http://www.opentenea.com/GONZALEZ+DELLAN+EUDORO+ANTONIO/empresarios/MADRID/empresario?empresario=1723337

[12] Expansión. Triplus Mediterránea SL. http://www.expansion.com/directorio-empresas/triplus-mediterranea-sl_8117858_L65_28.html

[13] Infociff. Triplus Mediterránea SL. http://www.infocif.es/ficha-empresa/triplus-mediterranea-sl

[14] Infociff. Inmuebles Monagas SL. http://www.infocif.es/ficha-empresa/inmuebles-monagas-sl

[15] Libre Borme. Sociedad “Inmuebles Monagas SL”. https://libreborme.net/borme/empresa/inmuebles-monagas/

[16] Open Corporates. Mislart Investments, S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/815251

[17] Panadata. Mislart Investments, S.A. https://www.panadata.net/es/organizaciones/969541

[18] Dateas. Orta Moros, Johel Eudardo. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/orta-moros-johel-eudardo-10043899

[19] Gente de Hoy. “Johel Orta: El instrumento para sacar a Maduro es Henri Falcón”. 12 de abril de 2018. https://www.gentedehoy.com/2018/04/12/johel-orta-el-instrumento-para-sacar-a-maduro-es-henri-falcon/

[20] La Tabla. “Diputado de Primero Justicia tiene compañias de inversiones en España, Panamá y condominio en Miami”. Sin fecha. http://la-tabla.blogspot.com/2016/05/diputado-de-primero-justicia-tiene.html

[21] Con el mazo dando. “¡Crece el rabo de paja de Primero Justicia en los Panama Papers!”. 17 de mayo de 2016. https://www.conelmazodando.com.ve/crece-el-rabo-de-paja-de-primero-justicia-en-los-panama-papers

[22] Sumbiz. Division of Corporates. Valdosazo LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=VALDOSAZO%20L140000848990&aggregateId=flal-l14000084899-6a053f57-a470-47e5-a0ac-2a6037ab233e&searchTerm=VALDOSAZO%20LLC&listNameOrder=VALDOSAZO%20L140000848990

[23] El Confidencial. “Sociedades 'offshore' y 'cash': así se compra la élite venezolana el barrio de Salamanca”. 3 de julio de 2017. https://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-03/elite-venezuela-pisos-madrid-barrio-salamanca_1408503/

jueves, 13 de diciembre de 2018

Demoledoras revelaciones de testigo: Chapo traficó drogas desde Ecuador por barcos y lanchas rápidas

Una explosiva sesión tuvo lugar este miércoles, cuando el testigo por la fiscalía, Jorge Milton Cifuentes Villa, ofreció detalles de sus actividades de narcotráfico con Joaquín Guzmán Loera a quien, aseguró, haber conocido en 2003.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


En la jornada de este miércoles en el juicio que se le sigue a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en la corte de Brooklyn por delitos de narcotráfico, se sentó en el estrado para rendir testimonio ante jurado el narcotraficante colombiano, Jorge Milton Cifuentes Villa, quien ante los presentes en el tribunal aseguró que conoció al acusado en 2003, una relación que se inició cuando el testigo de la fiscalía le pidió protección ante Ismael El Mayo Zambada por temor a ser eliminado por este, como habría hecho con otros de sus socios. Otra gran revelación ofrecida por este hombre fue que el acusado habría considerado usar los barcos de la estatal mexicana Pemex para traficar cocaína a México desde Ecuador. Cifuentes Villa sostuvo en la sala del tribunal que un funcionario de Pemex estuvo presente en las montañas cuando tuvo lugar una reunión sostenida en 2007 entre Joaquín Guzmán Loera y Dámaso López para organizar los envíos de drogas.

El primer encuentro del testigo con el Chapo, ocurrió según su narración, en el rancho del segundo ubicado en la sierra cercana a Culiacán, a donde llegó a un aeronave que debió aterrizar en una pista inclinada, situación esta que lo llevó —según confesó— a rezar tres padrenuestros ante el terror que sintió por tan singular y peligroso arribo. El Chapo estaba celebrando el segundo año de haberse fugado de la cárcel de Almoloya de enero de 2001.

Cifuentes Villa, ante la experiencia vivida, dijo que había considerado regalarle a Guzmán un helicóptero para que aterrizara “de forma civilizada”. Un obsequió que fue altamente valorado por Guzmán. "Se emocionó mucho, sus ojitos brillaban y dio las gracias".

El regalo le costó a Jorge Cifuentes un millón de dólares y el acusado lo uso hasta que el piloto lo estrelló en un rancho de avestruces en Culiacán. "Era muy versátil y podía hacer un ciclo completo. Muy tranquilo y bueno para las montañas".

Sobre su revelación acerca de Pemex, Cifuentes Villa aseguró que el Chapo Guzmán hizo todos los cálculos y prometió los arreglos pertinentes para que los petroleros recogieran el petróleo y la cocaína en Ecuador y la trasladaran a hasta el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Además, identificó al ejecutivo de la petrolera mexicana que se prestó para ello como Alfonso Acosta. Al encuentro antes descrito le siguieron otras reuniones en las que se discutieron los detalles de la operación con el hijo de Chapo, Iván Archivaldo y con el hijo de El Mayo Zambada, Vicente.

El testigo del gobierno relató su relación con el acusado y refirió que las reuniones para concretar el acuerdo sobre los petroleros de Pemex ocurrió después de que otros métodos para enviar la cocaína, tales como barcos de pesca de atún y aviones de fibra de carbono indetectables a los radares, dejaron de estar disponibles.

Sin embargo, Jorge Milton Cifuentes Villa aclaró que este acuerdo no llegó a concretarse y el cartel de Sinaloa no utilizó los barcos tanqueros de Pemex para contrabandear cocaína. La ruta solo fue discutida y el plan nunca se puso en acción, dejó sentado el testigo, quien agregó esta ruta de narcotráfico solo fue un proyecto discutido en diversas reuniones sostenidas entre él, el Chapo Guzmán, Mayo Zambada, Dámaso López y otros personeros de Pemex con quienes Vicente, el hijo de Mayo Zambada tenía contacto.

Al no concretarse esta ruta de narcotráfico usando a Pemex, Joaquín Guzmán Loera se planteó otras posibilidades —continuó narrado Jorge Cifuentes Villa— quien indicó que entonces se consideró transportar la droga desde Ecuador a México en barcos de pesca de tiburones, por lo que el testigo precisó que procedió a comprar la cocaína a las FARC, algo de lo que el acusado tenía conocimiento.

Dijo, además, que su organización sobornó al ejército ecuatoriano para transportar drogas desde la frontera con Colombia a Quito y a Guayaquil, por lo que se pagó USD 100 por cada kilo, concretando así lo que calificó como un buen trato, sobre todo porque "los camiones del ejército no los registran y no hay peligro de perder la cocaína".

Otra anécdota contada por Cifuentes Villa vivida frente al ejército ecuatoriano, fue la de que en una ocasión, mientras laboraba con el Chapo Guzmán, enviaron ocho toneladas de cocaína desde Ecuador a México, un cargamento que fue incautado en su totalidad por los militares. Esta situación complicó las relaciones con el acusado, quien venía desde hacía un tiempo cuestionándolo por la manera de realizar los envíos.

Ante la posibilidad planteada por Cifuentes Villa de usar los barcos de pesca atuneros para contrabandear la cocaína desde Colombia, el Chapo Guzmán puso sobre el tapeque la que estimó era una mejor alternativa, a saber, valerse de aviones pequeños fabricados con fibra de carbono. "No eran detectados por los radares, por lo que fueron buenos para el tráfico de cocaína".

A bordo de estas aeronaves —explicó— era posible trasladar 400 kilos de droga y entonces se refirió al problema de usar estas naves, "no eran realmente aviones, se parecían más a cohetes" y requerían de pilotos altamente experimentados. Luego de este ensayo, especialmente después de que uno de estos aviones se estrellara, Jorge Cifuentes se dirigió al Chapo y le dijo "¿por qué no trabajar con aviones reales?"

Por otra parte, el testigo contó los detalles de una reunión con Mayo Zambada, quien le confesó que había matado al socio de Cifuentes Villa, Umberto Ojeda, alias “Roba Chivas” o “El ladrón de cabras”.

Ante el reclamo que Cifuentes le hizo al Mayo por haber asesinado a quien el primero consideraba un buen hombre, el acusado le contestó: “Si volviera a nacer de nuevo, lo mataría otra vez, pero no tengo ningún problema contigo".

Jorge Cifuentes narró que el Mayo le manifestó en este encuentro su decisión de trabajar con él, a lo que el testigo le habría advertido que antes de trasladar la cocaína debía primero pedirle permiso al Chapo Guzmán, a lo que Zambada le manifestó: "no te preocupes, somos lo mismo".

Cifuentes Villa dijo que conoció a Ismael El Mayo Zambada en el año 1988 y luego de que llevaban varias operaciones juntos, en una ocasión cuando luego recibir unos cargamentos de cocaína, iba en una camioneta con Zambada se toparon con una alcabala del ejército en la carretera, entonces El Mayo giró en 90 grados mientras los soldados les disparaban, por lo que el testigo procedió a esconderse debajo del asiento. Por este hecho, cuando Zambada contaba con humor la anécdota, calificaba a Cifuentes como un “cobarde”.

Entonces, Jorge Cifuentes Villa pasó a hacer referencia a la contabilidad y contó ante el jurado lo que reflejaban los asientos en los libros en los que detallaba los negocios entablados con el Chapo Guzmán.

Un hecho llamativo en la narración de Cifuentes Villa lo constituyó lo que contó cuando hizo referencia a la pérdida de droga por la incautación del ejército ecuatoriano referida líneas arriba. Jorge Cifuentes juró que dejaría de trabajar con el Chapo Guzmán y al ser requerida su respuesta ante la interrogante sobre a qué se dedicaría luego de haber sido narcotraficante toda su vida, dijo que se abocaría a una fundación benéfica. "Quería dedicarme a la fundación que creé con los indígenas en la Amazonía". Se trataba de una iniciativa para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático.

Pero ante lo habría parecido un noble acto por parte del testigo, el fiscal le observó que tras este proyecto climático había algo más, lo que fue admitido por Cifuentes, quien reveló que pagó sobornos para obtener contratos sin licitación por un valor de entre USD 500 y USD 1.5 mil millones.

Otra revelación del testigo fue que Joaquín Guzmán habría fumado marihuana en una ocasión cuando él lo hacía. El acusado supuestamente le preguntó que sentía y cuando le ofreció una fumada el Chapo expresó: "Esto no hace nada por mí".

Ante los presentes en la sala, Jorge Cifuentes Villa confesó haber ordenado tres asesinatos y que igualmente intentó cometer uno personalmente, un hecho ocurrido en 1984 cuando tenía 18 años y se encontraba preso en Colombia.

Sobre Jorge Milton Cifuentes Villa

Tanto Jorge Milton Cifuentes Villa como otras 70 personas y entidades, fueron catalogados el 22 de febrero de 2011 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como traficantes de narcóticos especialmente designados (SDNT). Esto de acuerdo a lo establecido en la Ley de Designación de Kingpin de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin), la cual prohíbe a las personas de los EE. UU. realizar transacciones financieras o comerciales con estas personas o entes, al tiempo que congela cualquier activo que los así designados puedan tener bajo la jurisdicción del país[1].

La decisión de la OFAC obedeció a que la organización comandada por Cifuentes Villa, también conocido como Elkin de Jesús López Salazar, operaba en seis países y se estaba procurando entonces evitar de obtener beneficios o de utilizar las entidades para lavar dinero de sus actividades de narcotráfico. Se coartaba así cualquier posibilidad de que se hiciera pasar por un hombre de negocios.

A su vez, el Departamento de Estado lo señala como el jefe de la Organización de Tráfico de Drogas de Cifuentes Villa, responsable de financiar y coordinar envíos de cocaína de varias toneladas a través de lanchas rápidas, barcos de pesca y aviones a los Estados Unidos a través de Ecuador y México. Esta entidad gubernamental indica que este hombre y su organización habría sido la fuente principal de suministro de cocaína del Cartel de Sinaloa[2].

Cifuentes Villa sería, supuestamente, el patrocinador de Vicente Castaño, excomandante de la Organización Designada de Terroristas Extranjeros Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y habría patrocinado envíos de armas con las AUC como un intercambio por la seguridad de sus actividades de narcotráfico.

Este hombre enfrentaba cargos por delitos de narcotráfico tanto en el Distrito Sur de Florida, como en el Distrito Sur de Nueva York.

Jorge Milton Cifuentes Villa, colombiano de nacimiento con ciudadanía mexicana, estaba al frente de una organización de narcotráfico con operaciones en Colombia, México, Ecuador, Panamá y España con vínculos estrechos con el Cartel de Sinaloa encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Ambos fueron acusados formalmente en noviembre de 2010 de cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero por la Corte del Distrito Sur de Florida.

El desarrollo de sus actividades, Cifuentes Villa recibió apoyo de Alfredo Álvarez Zepeda (también conocido como Gabino Ontiveros Ríos), quien fungía como enlace de narcotráfico entre la organización Cifuentes Villa y el Chapo Guzmán. Otros socios criminales eran Jaime Alberto Roll Cifuentes, Winston Nicholls Eastman, David Gómez Ortiz y Shimon Yelinek, entre otros.

Cifuentes Villa era propietario o controlaba unas 15 empresas que operaban en Colombia, México y Ecuador, entre las cuales se contaban la Línea Aérea Pueblos Amazónicos SAS, la Red Mundial Inmobiliaria SA de CV, Gestores del Ecuador Gestorum SA.

Jorge Cifuentes fue arrestado en 2012 y en 2015 fue extraditado a Estados Unidos donde se declaró culpable y firmó un acuerdo de cooperación con la fiscalía.

Junto a sus ocho hermanos, Cifuentes Villa conformó un clan en Colombia para traficar drogas, entidad con la que se relacionó con las fuerzas paramilitares.

Jorge Cifuentes Villa volverá al estrado este jueves 13 de diciembre para continuar con su testimonio y para enfrentarse a la defensa del Chapo Guzmán.



[1] Department of Treasury. “Treasury Targets Cocaine Supplier for Sinaloa Cartel”. 23 de febrero de 2011. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1077.aspx

[2] Department of States. Narcotics Rewards Program. https://www.state.gov/j/inl/narc/rewards/275718.htm

miércoles, 12 de diciembre de 2018

Juicio del Chapo: Testigo de la fiscalía devela corrupción en petrolera estatal mexicana

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

El testigo de la fiscalía, Jorge Milton Cifuentes Villa reveló frente al jurado este miércoles que a finales de 2007 un grupo de narcotraficantes mexicanos habían sostenido una reunión con  Joaquín el Chapo Guzmán y que se había discutido usar los barcos tanqueros de petrolera estatal mexicana PEMEX para buscar cocaína a Ecuador y llevarla a México, tratando de hacerlos pasar como envíos de petróleo que se descargaría en la refinería ubicada en la costa  pacífica.

Cifuentes Villa está testificando contra Guzmán en el juicio que se celebra en una corte federal de Nueva York. En su explicación sobre el encuentro, ocurrido a finales de 2007, y al cual asistió junto a Dámaso López Núñez, alias “Licenciado”, Ismael "el Mayo" Zambada, Joaquín Guzmán, Vicente Zambada y  el representante de PEMEX, Luis Alfonso Acosta se discutió cómo se harían los envíos, que al final no se concretaron porque el Chapo decidió usar barcos atuneros y tiburoneros en lugar de los tanqueros petroleros para llevar la cocaína desde Ecuador a México y luego transportarla por tierra a Estados Unidos.

En el encuentro entre el exlíder del cártel de Sinaloa y el ejecutivo de Pemex se discutió cómo sería la logística y se acordó que los barcos saldrían de México a recoger el crudo a Ecuador y la cocaína y luego el petróleo sería descargado en la refinería mexicana Lázaro Cárdenas.

Ciefuentes Villa dijo que hubo una segunda reunión donde se discutió el uso de los buques petroleros en Culiacán, en las montañas del triángulo dorado. Comentó que Vicente Zambada, hijo de uno de los  líderes del cártel Sinaloa, Ismael "el Mayo" Zambada era la persona que tenía contactos con PEMEX y que finalmente no se realizaron los envíos en dichas embarcaciones. Al respecto sostuvo que el Chapo tenía unos barcos en Perú y fueron esos los navíos que se usaron.