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miércoles, 27 de marzo de 2019

Jueza chavista que ordenó detención de Roberto Marrero tiene antecedentes penales por falsificación de documentos

Según denuncia el partido político Voluntad Popular Carol Bealexis Padilla Reyes de Arreturreta y los fiscales Farik Karin Mora Salcedo y Dinorah Salcedo son los responsables del expediente de Caso Marrero.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La jueza del Tribunal Especial 1º de Control en TerrorismoCarol Bealexis Padilla Reyes de Arreturreta, quien ordenó la detención y allanamiento contra la residencia del abogado y político venezolano, Roberto Marrero tiene antecedentes penales por falsificación de  documentos, según se señala en una ponencia del 2001., Magistrado Levis Ignacio Zerpa, sentencia N- 00435 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa del 12 de marzo de 2002.

De acuerdo a lo citado en la ponencia, Carol Bealexis Padilla Reyes de Arreturreta  y su cuñada, Yunlin Arreturretaambas abogadas, fueron arrestadas por un evento ocurrido en 1998, que involucró la falsificación de documentos en un caso que involucró a un sujeto que se hacía pasar por abogado, y al detective adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Giovanni José Gómez Bustamante,  quien terminó siendo despedido de su cargo tras una investigación realizada y que quedó reseñada en el Memorando N-9700-10403038 de fecha 20 de febrero de 1998.

En un recurso se lee que Carol Bealexis Padilla Reyes de Arreturreta  y su cuñada, Yunlin Arreturreta fueron arrestadas y ambas “declararon ser las autoras de la falsificación del documento que permitía que un sujeto descrito como Y.A.G, a quien se le culpaba del delito de extorsión, porque se hacía pasar por abogado sin serlo". Una averiguación hecha por las autoridades permitió conocer que YAG no era abogado colegiado, pero actuaba como tal. El tribunal a cargo de ese caso detectó la irregularidad y al inicio de la averiguación penal fue cuando la ahora jueza Padilla Reyes de Arreturreta y Yunlin Arreturreta fueron detenidas de manera preventiva e interrogadas. Las dos mujeres confesaron el delito.

En la ponencia dice que las dos abogadas aseguraron -en una declaración- que Y.A.C era la persona encargada de entregarle el documento falsificado por ellas al funcionario detective Giovanni José Gómez Bustamante, Cédula de Identidad N° 8.777.794 para que lo insertara en las actuaciones que irían al tribunal de la causa. (1) 

El 7 de febrero de 1998 fueron detenidos los funcionarios implicados  en ese caso. 

Carol Padilla Reyes de Arreturreta

El portal Poderopedia  dice que en 2013, Padilla Reyes de Arreturreta formó parte del equipo del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), entonces presidida por Diosdado Cabello. El 14 de agosto de 2018, la jueza dictó privativa de libertad contra el diputado a la AN, por el partido Primero Justicia (PJ), Juan Requesens. La imputación fue por los presuntos delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente de la República, homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración. Requesens había sido retenido días antes por funcionarios del Servicio bolivariano de inteligencia (SEBIN), por su presunta implicación en el atentado contra Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018. 

En agosto de 2017, Padilla Reyes de Arreturreta fue la encargada de ordenar la detención del fiscal auxiliar, Luis Sánchez. Según el diputado de la AN, Julio Borges, Padilla es mano derecha del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello (2). También estuvo al concejal Fernando Alban,  quien falleció en la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

Carol Bealexis Padilla De Arrieta nació en Caracas, el 19 de febrero de 1972. Tiene fecha de ingreso en el Seguro Social el 24 de abril de 2017.


El caso donde aparece reseñada Carol Padilla de Arreturreta


De acuerdo a la Sentencia nº 00435 de Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Político Administrativa con fecha 12 de Marzo de 2002, Carol Bealexis Padilla Reyes de Arreturreta  y su cuñada, Yunlin Arreturreta 

He aquí el texto completo al que hacemos referencia con el destacado en rojo correspondiente e los nombres de las abogadas mencionadas.


MAGISTRADO PONENTE: L.I.Z.E.. Nº 2001-0743 La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante oficio N° 044353 de fecha 03 de octubre de 2001, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad ejercido conjuntamente con acción de amparo cautelar que fuera interpuesto por la abogada A.M.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 76.268, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano G.J.G.B., titular de la cédula de identidad N° 8.777.791, contra el acto administrativo contenido en el memorando N° 9700-10403038 de fecha 20 de febrero de 1998, emanado del CUERPO TÉCNICO DE POLICIA JUDICIAL, mediante el cual fue destituido su representado del cargo de  Detective, adscrito a la División contra H. del referido ente policial; dicha remisión fue efectuada en virtud de que el a quo por decisión de fecha 27 de agosto de 2001, declinó en esta Sala el conocimiento  de  la causa.

 El 09 de octubre de 2001, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado L.I.Z., a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

Mediante diligencia del 29 de enero de 2002, la parte recurrente solicitó que se dictase sentencia.

Pasa la Sala a pronunciarse en los términos siguientes:

I

ANTECEDENTES

Por escrito de fecha 21 de junio de 2001, presentado ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el ciudadano G.J.G.B., asistido por la abogada A.M.M.,  interpuso recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar contra el acto administrativo contenido en el memorando N° 9700-10403038 de fecha 20 de febrero de 1998, emanado del CUERPO TÉCNICO DE POLICIA JUDICIAL, mediante el cual fue destituido su representado del cargo de  Detective, adscrito a la División contra H. del referido ente policial.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por auto del 13 de julio de 2001, ordenó la corrección del escrito presentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En fecha 06 de agosto de 2001, la parte recurrente consignó nuevo escrito recursivo en virtud de lo ordenado por la Corte.

Mediante decisión de fecha 27 de agosto de 2001, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declinó la competencia para conocer el presente caso, en los términos siguientes:

(...) Esta precisión resulta pertinente para el caso concreto, debido a que el acto administrativo de efectos particulares, objeto del presente recurso contencioso administrativo de anulación ejercido con acción de amparo constitucional, vale decir el contenido en el memorándum No. 9700-104003038 emanado del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en virtud del cual se destituyó al recurrente del cargo de Detective, adscrito a la División contra H. del referido ente policial, este último ejerció recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ante el Ministro del Interior y Justicia, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna. En consecuencia, al producirse el silencio por parte del referido Ministro, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 10° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el competente para conocer del recurso contencioso administrativo, es la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. (...)

            Por diligencia del 04 de septiembre de 2001, la parte recurrente expuso no estar de acuerdo con la decisión antes descrita, siendo desestimada su apreciación en fecha 28 de septiembre del mismo año.          

II

FUNDAMENTOS DEL ACCIONANTE

            Interpone el solicitante recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar contra el acto administrativo contenido en el memorando N° 9700-10403038 de fecha 20 de febrero de 1998, emanado del CUERPO TÉCNICO DE POLICIA JUDICIAL, mediante el cual fue destituido su representado del cargo de  Detective, adscrito a la División contra H. del referido ente policial.

            La apoderada judicial del accionante expone que se inició contra su representado una averiguación administrativa signada bajo el N° 31.927, por habérsele considerado presuntamente responsable en la falsificación de un documento público, en  una averiguación penal seguida en el caso del ciudadano Y.A.G., al cual se le culpaba del delito de extorsión, ya que se hacía pasar por abogado sin serlo, solicitándose entonces la información pertinente al Instituto de Previsión Social del Abogado, resultando de una comunicación del referido Instituto que en efecto el prenombrado ciudadano no era abogado, pero llegando una comunicación falsa que decía lo contrario, al tribunal a cargo de la Dra. M.C., quien detectó la irregularidad junto con el I.L.A..

            Dicha irregularidad ocasionó el inicio de una averiguación penal, siendo detenidas preventivamente las abogadas  Y.A. y C.B.P., ( Yunlin Arreturreta y Carol Bealexis Padilla Reyes de Arreturreta, quienes declararon ser las autoras de la falsificación del documento y que señalaron al recurrente como la persona encargada de entregarle el mismo al funcionario G.Á., para que lo insertara en las actuaciones que irían al tribunal de la causa.

            El 07 de febrero de 1998, fueron detenidos los funcionarios implicados, según su decir, sin ser investigada la versión presentada por las falsificadoras del documento.

            Continúa narrando la apoderada actora que en virtud de las averiguaciones administrativas seguidas, fue solicitada la medida de destitución de los funcionarios implicados en el caso, entre ellos, su representado, por estar incursos en las faltas contempladas en el Reglamento del Régimen Disciplinario en sus artículos 12 literal a, 13 literal b, 14 literal d y 23 literal g, siendo notificados los implicados de la solicitud de destitución y designando como su defensor al Sub. I.L.A.O., quien presentó sus alegatos de defensa en fecha 19 de febrero de 1998.

            Indica la parte recurrente que las pruebas solicitadas por el mencionado defensor fueron negadas por el instructor, al no pronunciarse al respecto, negándose la oportunidad de que su representado fuese sometido a una rueda de reconocimiento, o a una investigación del reporte de llamadas efectuadas por el funcionario para determinar si mantenía comunicación con las implicadas.

            Luego, señala que en fecha 20 de febrero de 1998 el Inspector General del Cuerpo Técnico de Policía Judicial confirmó la medida de destitución, agregando que dicha decisión no fue notificada a su poderdante, lo que hizo que no presentase los recursos pertinentes tempestivamente ya que se encontraba privado de su libertad, no pudiendo así ejercer su derecho a la defensa.

            Señala por último en cuanto a los hechos, que las imputaciones realizadas contra su representado dieron lugar a la apertura de una averiguación de carácter penal, seguida por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, siendo puesto su representado a la orden del mismo, el 07 de febrero de 1998, permaneciendo detenido por un (1) año y cuatro (4) meses, resultando absuelto por sentencia definitiva del Tribunal Primero del Régimen Transitorio del Área Metropolitana de Caracas.

            Continúa narrando la parte actora que en fecha 20 de febrero de 1998, interpuso recurso de revisión ante el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, sin obtener respuesta alguna.

            En lo que respecta a la acción de nulidad, señala la apoderada del actor que el acto impugnado está viciado de nulidad absoluta por violar la garantía constitucional de la reserva legal, ya que se destituyó a su representado en base a la normativa y procedimiento establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el cual fue considerado inconstitucional mediante fallo  de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de mayo de 2000.

            También considera que está viciado de nulidad absoluta ya que se le violentó su derecho a la defensa y al debido proceso, pues su representado fue sometido a un proceso disciplinario, en el cual no se dio cumplimiento a la fase del lapso probatorio y se le violó su derecho a ser notificado de la decisión de destitución.

            Igualmente, señala que el acto impugnado adolece del vicio de falso supuesto, ya que se incurrió en un error interpretativo de los artículos 11, 12, 13 y 16 del Reglamento Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y por también adolecer de una errada apreciación y calificación de los hechos en relación a la norma que supuestamente conformaba la base legal, agregando que la distorsión de los hechos quedó comprobada al ser absuelto.

En cuanto a la acción de amparo cautelar señala la apoderada del actor que el acto impugnado es lesivo de la garantía de la reserva legal, del derecho a la defensa y al debido proceso.

Fundamentó la violación a la garantía de la reserva legal, en que se destituyó a su representado en base a un procedimiento y a sanciones previstas en un reglamento interno inaplicable e inconstitucional, según lo estableció la Sala Político Administrativa mediante decisión de fecha 25 de mayo 2000, signada con el N° 15.361.

Luego, en relación a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, señala la parte actora que los mismos se vieron menoscabados ya que no se dio cumplimiento a la fase del lapso probatorio, indicando al respecto:

(...) que su defensor ante la Inspectoría General del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, consignó el escrito de los alegatos de la defensa de mi representado, solicitó la práctica de diligencias probatorias, y este Instructor Administrativo consideró que no era necesario probar nada por parte de mi representado, ya que el I. lo sancionaría sin el cumplimiento del debido proceso a que tenía derecho el funcionario que represento.

Siendo las pruebas, el punto de mayor interés del contradictorio, porque las mismas son el alma y nervio del proceso, solamente puede salir airoso de un juicio o proceso disciplinario, quien sabe probar y QUIEN PUEDA PROBAR. En torno a esto me permito recordar que en el momento que se realiza el procedimiento administrativo, mi representado se encontraba privado de su libertad y no tenía acceso al expediente administrativo, por tal razón se encontraba en desventaja frente a la Administración, quien además de ser el órgano instructor fue sustanciador y decisor. En este sentido es un garantía de procedimiento administrativo, que el ente  instructor se abstenga de obstruir el ejercicio del derecho, y facilite al interesado la defensa apropiada a sus derechos.

Está claro, que en el caso de mi representado, la administración no le concedió el derecho a defenderse garantizándole un proceso debido, y que no promovió ni evacuó ningún tipo de pruebas tendientes a demostrar su irresponsabilidad en los ilícitos administrativos que se le imputaban y por los cuales, en violación de su derecho de defensa y a tener un proceso debido, fue injustamente sancionado. (...)        

III COMPETENCIA DE LA SALA En el presente caso se ha intentado un recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar contra  el acto administrativo contenido en el memorando N° 9700-10403038 de fecha 20 de febrero de 1998, emanado del CUERPO TÉCNICO DE POLICIA JUDICIAL, mediante el cual fue destituido su representado del cargo de  Detective, adscrito a la División contra H. del referido ente policial, argumentando el mismo que intentó el 18 de mayo de 2000, el respectivo recurso jerárquico, sin haber obtenido respuesta. Por tanto, en el presente caso al haber operado el silencio administrativo del Ministro del Interior y Justicia, la Sala es competente para conocer el presente asunto, de conformidad con  lo dispuesto en el ordinal 10 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem que le atribuye la competencia para: “Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad, de los actos administrativos individuales del Poder Ejecutivo Nacional.”. Así se decide.

IV DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Determinada como ha sido la competencia para conocer el caso de autos, debe la Sala examinar las causales de inadmisibilidad del recurso de nulidad, y en virtud de que la solicitud no incurre en ninguna de las previstas en el artículo 124 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84 eiusdem; se admite el presente recurso de nulidad a los solos efectos de su trámite y verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala, de lo atinente a la caducidad de la acción y al agotamiento previo de la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

V

DE LA MEDIDA CAUTELAR DE AMPARO

Con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto recurrido, pudiendo ello constituir un atentado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; pasa esta Sala a revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de amparo constitucional solicitada.

Debe analizarse en primer término el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario, no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante; y en segundo lugar, el periculum in mora, determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.

            En el caso de autos la parte accionante intenta la acción de amparo cautelar por considerar que el acto recurrido, es decir, el contenido en el memorando N° 9700-10403038 de fecha 20 de febrero de 1998, emanado del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, mediante el cual fue destituido del cargo de Detective, adscrito a la División contra H., es lesivo de los derechos que la Constitución reconoce, como lo son la garantía a la reserva legal, el derecho a la defensa y al debido proceso, solicitando que reestablezca la situación jurídica infringida suspendiéndose los efectos del acto recurrido.

            Observa la Sala:

            1- En cuanto a la presunta violación de la garantía de la reserva legal señala la apoderada judicial actora que la misma le fue violentada a su representado ya que fue destituido en virtud de las sanciones previstas en el Reglamento Interno de la institución policial para la cual prestaba sus servicios, indicando que dicho reglamento había sido declarado inaplicable por inconstitucional mediante fallo de esta Sala de fecha 25 de mayo de 2000, signada con el N° 15.361; al respecto, advierte la Sala en primer término, que la doctrina asentada en el citado fallo fue revisada posteriormente por esta Sala estableciendo nuevas directrices en la materia cuya revisión en cada caso concreto implicaría el entrar a analizar normas de rango reglamentario específicamente, lo cual no le está permitido al juez que conoce de una solicitud de amparo cautelar, pues ello atañe al fondo de la causa. Así se declara.

            2.- En cuanto a la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, la apoderada actora señala que a su representado: “SE LE DESCONOCIO    EL   DERECHO A  LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO que tan celosamente consagra el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en virtud de que la decisión que impugno ha violado o desconocido normas expresas que regulan los procedimientos punitivos. En efecto mi apoderado (SIC) fue sometido a un proceso disciplinario EN EL CUAL NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA FASE DEL LAPSO PROBATORIO (PROMOCIÓN Y EVACUACIÓN DE PRUEBAS)”.

            Al respecto, esta S., en criterio pacífico ha mantenido que el derecho a la defensa alegado supone el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular, presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; y finalmente, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa.

Ahora bien, de la revisión de las actas que componen el expediente y de los alegatos de la apoderada judicial del actor, considera la Sala que el defensor del actor ante la Inspectoría General del Cuerpo Técnico de Policía Judicial presentó las defensas que consideró pertinentes en su oportunidad, solicitando además diligencias probatorias que según la parte accionante no fueron valoradas adecuadamente, ya que éste Instructor Administrativo consideró que no era necesario probar nada por parte de mi representado.

En tal sentido, encuentra la Sala que en el presente caso no es posible confirmar, con el grado de certeza que exige el mandamiento cautelar de amparo, la violación del derecho de defensa y al debido proceso del quejoso, pues por el contrario, considera de la revisión del expediente que no se encuentran presentes los elementos necesarios para comprobar si efectivamente no se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas por el defensor del accionante; por tanto, no puede  esta S. acordar la medida cautelar de amparo constitucional solicitada, al no constar los antecedentes administrativos u otra documentación aportada al expediente necesaria para poder verificar lo alegado en autos. Así se decide.

VI

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

- ACEPTA la competencia que le fuera declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer la presente causa.

 2.- ADMITE cuanto ha lugar en derecho, el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por la abogada A.M.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 76.268, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano G.J.G.B., titular de la cédula de identidad N° 8.777.791, contra el acto administrativo contenido en el memorando N° 9700-10403038 de fecha 20 de febrero de 1998, emanado del CUERPO TÉCNICO DE POLICIA JUDICIAL, quedando a salvo el pronunciamiento con relación a la caducidad de la acción y al agotamiento previo de la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

- Declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de amparo constitucional ejercida conjuntamente con el recurso de nulidad a que se refieren estas actuaciones.

 3.- ORDENA la remisión del presente expediente contentivo del recurso de nulidad al Juzgado de Sustanciación, a fin de que examine lo atinente a la caducidad de la acción y al agotamiento previo de la vía administrativa, y de ser procedente se continúe la sustanciación del caso y se practiquen las notificaciones de ley; así como la apertura de los cuadernos separados a los fines de proveer sobre la suspensión de efectos y la medida cautelar innominada solicitadas.

P., regístrese y comuníquese. C. lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil dos. Años 191º de la Independencia y 143º de la Federación.     

    El Presidente Ponente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

                                                                     El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

YOLANDA JAIMES GUERRERO

                   Magistrada

                                           

La Secretaria

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp. 2001-0743

LIZ/vwb


En doce (12) de marzo del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00435.





jueves, 8 de noviembre de 2018

Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show

La representación legal y algunos familiares de los implicados en el caso Solid Show denunciaron un conjunto de irregularidades habidas en el proceso judicial que, entre otras anomalías, se ha caracterizado por el retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados, entre otras.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

A nuestra mesa de redacción llega una denuncia formulada por los familiares y la representación legal de Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez Barreto y Marifelx Manzanilla, imputadas por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir en el caso que se conoce ante la opinión pública como Solid Show[1].

Acusan retardos procesales injustificados, manipulación del expediente y la falta de una investigación seria del caso.

Carolina Pérez Barreto se desempeñaba como gerente de publicidad de Solid Show; Marifelx Manzanilla ejercía como gerente administrativa; mientras que Zoraimy Araujo de Torres era la gerente de producciones, además de representante legal de la empresa y hermana del propietario Juan Carlos Araujo Durán.

Este último está señalado de supuestamente ser uno de los cabecillas de la red que se encargaba de las operaciones de narcotráfico en la que Venezuela, de acuerdo a la versión manejada por el Ministerio Público, se constituyó como el punto de exportación y la República Dominicana como el punto de importación de los estupefacientes.  

La causa está identificada con el número MP21-P-2015-001139, la cual está radicada en el Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Territorial de los Valles del Tuy, Tribunal Primero de Juicio.

Los hechos

El 17 de marzo de 2015 se produjo el decomiso de 450 panelas de cocaína a bordo de una aeronave que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez” de República Dominicana, proveniente del aeropuerto Caracas ubicado en Charallave, estado Miranda.

Se trataría de un avión modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T, de Venezuela[2].

Por este suceso el Ministerio Público acusó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, por estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. Estos miembros de la FAN, así como Joseph Viera Betancourt (empleado de seguridad), fueron detenidos en el Aeropuerto Caracas en la misma fecha en que se produjo la incautación de la droga.

Posteriormente, el sargento segundo Arango, fue detenido en virtud de una orden de aprehensión solicitada por las representantes del Ministerio Público y ejecutada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el estado Lara.
La acusación fue formulada por las fiscales 3ª y 27ª nacional, así como la 19ª del estado Miranda, Eilyn Ruiz, Yemina Marcano y Gladys Valera, respectivamente, quienes imputaron a Sánchez Espinoza por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir.

Los fiscales solicitaron al Tribunal 5° de Control de Miranda la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los efectivos castrenses, así como medida privativa de libertad contra señalados guardias nacionales, quienes fueron remitidos al Internado Judicial de El Rodeo II.

También por este caso fue imputado Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show que tiene su sede en la calle Luis De Camoens, Edificio Centro Clover, piso 2, Oficina 2, Urbanización Zona Industrial La Trinidad, Caracas[3]. La página web de la compañía www.solidshow.com se encuentra desactivada. Los teléfonos que se conocen son (0212) 9410011, (0212) 9410122.

Araujo Durán fue detenido el 30 de marzo en Caracas.

Igualmente está detenido el comerciante Juan Jacinto González Contreras.

Ambos están acusados de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

Del mismo modo, fueron detenidos “Luís Alejandro Hurtado Arévalo (socio de Juan Araujo), Zoraimi Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina del Valle Pérez Barreto (gerente de publicidad), y Marille Manzanilla (gerente administrativa)” a quienes se les privó de libertad por presuntamente incurrir en legitimación de capitales.

Además están acusados Joseph Viera Betancourt, quien labora en la empresa de seguridad ASEG; Pablo José Silva Loyo (sargento primero) y Junior Valera Arango (sargento segundo), señalados por tráfico ilícito agravado de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas.

A las nueve personas detenidas se les precalificó el delito de asociación para delinquir.

En República Dominicana fueron detenidos Edmundo Medina, Francisco Velásquez, José Houtman, José Velásquez y Mirian Díaz, todos venezolanos.

Según informaron las autoridades, con el allanamiento de Solid Show se determinó la supuesta vinculación de Hurtado Arévalo, Araujo de Torres, Pérez Barreto y Manzanilla con el hecho[4].

Por el caso fueron aprehendidos los dos pilotos venezolanos, así como tres pasajeros (dos hombres y una mujer), y cinco militares dominicanos.

Los pilotos son Edmundo José Medina Torrealba (38 años), y  Francisco Javier Velazco Tory (34). Medina es del municipio Caroní, estado Bolívar, mientras a Velazco Tory se le ubica en Mérida.

Uno de los pasajeros es José Manuel Houtmam, de 38 años, comerciante establecido en la ciudad de Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda. Los otros pasajeros son José Nicolás Velásquez Murcia y Mirian De Jesús Díaz Marín.

Ante los hechos ocurridos, Solid Show emitió un comunicado el 23 de abril de 2015 para informar al público la cancelación de los eventos programados para esa fecha en varias ciudades de Venezuela, en razón de que estaba abocada “a las gestiones pertinentes que efectúa la empresa ante los tribunales por el juicio que se lleva a cabo y mantiene cerrada la empresa”[5].

En octubre de 2016, el teniente de la Guardia Nacional, Richard Sánchez, fue condenado a cumplir 17 años de prisión, luego de haber admitido su culpa antes del inicio del juicio, por lo que el Ministerio Público procedió a la adjudicación de la pena.

Según lo manejado en esa ocasión, al oficial  y a los sargentos Gil Loyo y Salcedo, les habría correspondido dentro de la operación, la revisión de la aeronave que partió de Charallave con destino al país caribeño con el alijo de drogas. A Richard Sánchez se le asignó como lugar de reclusión el Internado Judicial de El Rodeo II[6].

Los argumentos de la defensa

La abogada Érica Josefina Maraver Carpio, quien lleva la defensa ad honorem “porque soy defensora de los derechos humanos” —desde el 22 de diciembre de 2017—de Araujo de Torres, Pérez y Manzanilla, asegura, ante todo, que sus representados son inocentes. Estas personas prestaban sus servicios en la administración de la empresa de espectáculos. Los otros defendidos de la abogada son dos guardias nacionales, a saber, Omerly Salcedo Gutiérrez y Pablo Silva Loyo.

Todas estas personas, sostiene, se encuentran bajo arresto de manera injustificada desde hace tres años y seis meses, “acusados de delitos que no han cometido y que no se han terminado de probar en vista de las terribles irregularidades que se han cometido en el caso desde sus inicios”.

Una y otra vez, Maraver Carpio, pregona la inocencia de sus representados y asegura que fueron vinculados magistralmente por los fiscales que conocieron del caso desde sus inicios, “por el simple hecho de haber constituido el domicilio de varias empresas que prestaban servicio a Solid Show y a otras empresas que pertenecen  al mismo grupo”.

Asevera que los auténticos responsables de los hechos, son el propietario de la avioneta y los guardias nacionales que armaron el expediente. Todas estas personas, indica, se encuentra fuera del país.
Al respecto, una investigación del portal Primicias 24 indica que las empresas Interstate Supply Corp, GMS Global Management , Real Broker Int , Medisec LLC y Pinhos Group Corp serían las propietarias del avión. De estas compañías figuran como directivos: Antonio José De Pinho Hernández, José G De Pinho Hernández, Lourdes Johnston y Ramón Arcay.

Inter State Supply C.A, Rif J3010824266 opera desde Venezuela y las otras en Estados Unidos. De Inter es directivo Víctor A Cairos, además de De Pinho Hernández. Su plataforma de operaciones es un PH en la Avenida Principal de Bello Campo, Edificio El Carmen PH-A Chacao, de acuerdo al portal.

“Inter State Supply, C.A le habría comprado la nave a la corporación ADP Aviation of Delaware INC en USA durante el año 2012. Este estaba registrado anteriormente bajo las siglas, N62DK, pero al ser nacionalizado en Venezuela pasó a  YV544T”[7].

Siguiendo con Maraver Carpio, esta refiere que el pasado 11 de octubre lograron la destitución del quien hasta ese momento figuró como juez de la causa, Jesús Eduardo Rodríguez Millán, quien —asegura— por más de dos años paralizó el expediente a través de la solicitud permisos y la presentación de frecuentes reposos médicos.

Explica que el 16 de julio de este año 2018, “cuando ya estábamos bastante adelantados en cuanto a la evacuación de las pruebas, después que de que mi persona y el abogado Eddy Rosales, exfiscal nacional quien es parte ahora de la defensa privada, organizáramos el voluminoso expediente (trescientas carpetas de anexos y 22 piezas), el juez de la causa suspendió nuevamente el juicio para iniciarlo de nuevo por tercera vez”. Fue entonces cuando ante este nuevo intento de dilación, procedió a elevar sus denuncias ante todas las instancias, entre ellas, la Asamblea Nacional, acciones estas con las que logró la remoción del juez “por retardo perjudicial”.

La abogada defensora insiste en que el Ministerio Público se centró en el señalamiento de supuestos culpables sin que para ello mediará una investigación seria.

Precisa que Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez y Marifelx Manzanilla acusadas por el delito de legitimación de capitales carecen de bienes de fortuna que justifiquen la imputación y agrega que muy por el contrario, se encuentran endeudadas en virtud de que al momento de producirse su arresto la empresa Solid Show “estaba prácticamente quebrada”.

Sobre Omerly Salcedo Gutiérrez y Pablo Silva Loyo —los guardias nacionales— dice que se trata de dos personas de condición humilde, cuyas cuentas bancarias no exhiben ningún movimiento que pueda considerarse sospechoso o que haya algo extraño en el manejo de sus cuentas, incluso, refiere que ella debe ayudarlos con sus artículos personales y comida debido a que “sus familias son muy pobres y viven en Táchira y Lara”.   

Sostiene que ni Silva Loyo ni Salcedo Gutiérrez participaron en la salida de la avioneta, puesto que el primero estaba de vacaciones y acudió al aeropuerto a visitar a sus compañeros y fue en ese momento en que recibió la llamada del testigo delator, mientras que Salcedo Gutiérrez, de guardia ese día, se mantenía en funciones bien definidas no vinculadas a la carga y salida de la avioneta. “Por el contrario, el acta de revisión de la avioneta fue levantada y falsificada las firmas después de que la avioneta salió del aeropuerto Caracas, fue montada por los superiores para librarse del caso, cuando ya estaban detenidos los tripulantes y pasajeros en República Dominicana y al estar lejos era imposible que pudieran reconocer sus firmas”.

Érica Josefina Maraver Carpio informa que los fiscales del caso son nuevos en la averiguación, toda vez que las primeras salieron del país junto a Luisa Ortega, mientras que a Marifer Arrechadera pasó a ocupar el cargo de Consultora Jurídica de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA. Sobre esta última denuncia la irregularidad de haber exhibido parte de la ropa incautada a la esposa de Juan Carlos Araujo, mostrándola en la red social Instagram.

Lo que sostiene la familia de Araujo de Torres

El esposo de Zoraimy Araujo de Torres, Helton Alaín Torres Conner, narra que el día del arresto de su cónyuge —el 8 de abril de 2015— se enteraron a través de las redes sociales de que se iba a producir un allanamiento en el urbanismo donde reside con su familia —él, su mujer y su hijo quien para entonces contaba con 8 años— y al encontrarse ellos fuera del mismo se dirigieron al sitio para indagar de qué se trataba. Al llegar al lugar, refiere que le preguntaron a un par de guardias nacionales cuál apartamento sobre el cual recaía la medida de allanamiento y la respuesta fue preguntarle a su esposa su nombre quien enseguida lo suministró. De inmediato, los GN procedieron a llamar a la fiscal Yemina Marcano —ahora exfiscal asilada en Colombia— quien posteriormente le manifestó a Araujo de Torres que la jueza de Angélica María Velázquez —igualmente habría huido posteriormente a los Estados Unidos— había ordenado por teléfono la privativa de libertad porque, supuestamente, existían suficientes elementos de convicción  para dictar tal medida.

Torres Conner denuncia que durante el allanamiento quienes lo ejecutaron, además de llevarse papeles y carpetas, cargaron con teléfonos celulares y fijos inalámbricos, 60 mil bolívares en efectivo destinados al pago del personal que lo acompaña en las labores de transporte a que se dedica. “También se llevaron la Tablet de mi hijo“.

Prosigue su narración e indica que ante el anuncio de la fiscal decidieron no oponer resistencia y los acompañaron hasta el destacamento antidrogas ubicado en la avenida Victoria de Caracas donde, además, los guardias nacionales le dijeron que debía entregar su camioneta por órdenes de la fiscal. Refiere que luego de haber transcurrido tres años y siete meses de ello y de haber demostrado que había sido adquirida de manera lícita, no le han devuelto el vehículo.

“Los atropellos han sido aberrantes. Por medio de la Lopna, el tribunal del menor sentenció a mi favor y ordenó la entrega por seis meses de mi apartamento adquirido por vía de crédito inmobiliario a 15 años de los cuales al momento de su incautación habían transcurrido siete años. Ni a la fiscalía, ni al tribunal ni a la Oficina Nacional Antidrogas les importó que en el apartamento viviera un niño de ocho años de edad. Lo lógico que era que el tribunal dictara sobre el mismo una orden de prohibición de enajenarlo y gravarlo”.

Refiere que por información de sus vecinos se enteró que dicho apartamento ha sufrido remodelaciones y que, pese a lo ocurrido, él continuó pagando todos los servicios y las cuotas del banco, habiendo incluso logrado la cancelación total de la hipoteca en 2017. “El día 30 de octubre de 2018 el banco me firmó el finiquito de mi apartamento”.

De igual forma, Helton Alaín Torres Conner, denuncia una serie de irregularidades en el proceso judicial que se le sigue a Zoraimy Araujo de Torres, tales como más de treinta diferimientos de las audiencias, reposos del juez, traslados injustificados a distintos penales, entre otras.

También denuncia atropellos, maltratos, vejaciones, violaciones a los derechos humanos y tortura sicológica en contra de su esposa, cometidos tanto en la ONA como en el Inof.

Atroz injusticia

Por su parte, Adriana Pérez Barreto, hermana de Carolina Del Valle Pérez Barreto, sostiene que contra su familiar se ha cometido una “atroz injusticia”, por cuanto los delitos que se le imputan no han podido ser demostrados.

Indicó que cuando el 8 de abril de 2015 se allanaron las oficinas de Solid Show en el centro Clover, fueron encontrados los registros mercantiles, Rif y libros de varias compañías donde su hermana figuraba como socia. Posteriormente, en horas de la noche, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas y Criminalísticas, CICPC, procedió a allanar la vivienda de Medea Margot Barreto Román —madre de ambas— a solicitud de la fiscal auxiliar 3° del Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena, Marifé Arrechedera; de Yemina Marcano, fiscal 27º del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en materia de Legitimación de Capitales; de Danger Fuentes, Fiscal Auxiliar 19º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; de Eylin C. Ruiz V, Fiscal Provisoria en la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico a Nivel Nacional con Competencia Plena; y de Gladys Valera, Fiscal Provisoria en la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Publico del Estado Miranda.

La juez Angélica María Velásquez Jiménez habría emitido por vía telefónica la orden para la aprehensión de Carolina del Valle Pérez Barreto en la misma fecha. La captura se produjo en su residencia donde Pérez Barreto se encontraba con su hija de un año de nacida y su madre, la ya citada, Medea Barreto. Los delitos imputados fueron legitimación de capitales y asociación para delinquir, “solo por tener compañías registradas bajo el mismo domicilio fiscal”.

Asegura que en las investigaciones que se hicieron luego de estos hechos —pues, según refirió, no hubo una averiguación previa que confirmara los delitos imputados— no se le descubrieron movimientos bancarios fuera de lugar, así como tampoco se consiguieron drogas, dinero o joyas en los allanamientos. Agrega que, incluso, los fiscales del caso pudieron comprobar que, por el contrario, posee deudas bancarias y sobregiro en tarjetas de crédito. Tampoco pudieron incautarle bienes pues no los posee, siendo su lugar de residencia la vivienda de su madre.

Adriana Pérez Barreto refiere que el perfil financiero que se le practicó a sus cuentas nómina, indica que de 2002 a 2015 percibió ingresos por la cantidad de Bs. 622.527,70, es decir un promedio de Bs. 3.990,56 mensuales. De este periodo, los años comprendidos entre 2002 y 2004 corresponden a salarios devengados en otras empresas, por cuanto que para ese tiempo no pertenecía a la nómina ni de Mundo del Entretenimiento C.A., ni de Solid Show C.A.

Refiere que su hermana ha sido víctima de constantes violaciones a sus derechos humanos, como también lo ha sido su sobrina, Valentina del Valle Pérez Barreto —ahora de 4 años y seis meses—, quien solamente puede ver a su madre una vez al mes por solamente cinco horas. La menor, informa, sufre de ataques de ansiedad y lo único que recuerda de su madre es que “siempre viste de fucsia y tiene el cabello largo. Durante 3 años y 6 meses después de cada visita al INOF llega llorando preguntando qué cuanto falta para que su mamá deje de trabajar, pues se le ha dicho que ella trabaja allí haciendo carteras, que debe arreglar también unos papeles, etc.”.

Por todo esto la niña ha tenido que ser sometida a tratamiento sicológico y a terapias para controlar la ansiedad.

Como los familiares de Zoraimy Araujo de Torres, Adriana Pérez Barreto Barreto denuncia paralización del juicio, retardos procesales, más de 37 audiencias diferidas, cuatro reposos médicos consecutivos del juez de la causa, problemas de traslado de los penales, falta de luz, etc.

Manifiesta que toda la familia ha sufrido las consecuencias de esta esta cruel situación, toda vez que su madre, Medea Barreto también presenta un severo episodio depresivo generado por todo este drama que les ha tocado padecer.

Asimismo, Adriana Pérez Barreto reveló que la familia entera ha sido víctima del sistema judicial en razón de que han tenido que vender todos sus bienes para hacerle frente a los gastos que el proceso y el presidio de su hermana conllevan. “¿Quién nos devuelve estos años de agonía y dolor? ¿Quién es el responsable de que se haga justicia?”. 

Pérez Barreto asegura que tanto la fiscal, Yemina Marcano, como la jueza de control, Angélica María Velázquez Jiménez, han admitido la inocencia de los acusados pero descaradamente han manifestado que les tocará demostrarlo en el juicio, dejando de lado la presunción de la inocencia a que obliga el sistema penal venezolano.

Finalmente, Adriana Pérez Barreto expresó que en virtud de que las autoridades competentes han hecho oídos sordos de todas las demandas por ellos formuladas prosiguiendo adelante con este juicio al que no dudan en catalogar de viciado y vacío de pruebas, decidieron acudir a los medios de comunicación para hacer pública su denuncia. “Ya perdimos el miedo. Ese miedo se convirtió en ímpetu para ya esclarecer esta situación”, concluyó.

Notas citadas

[1] Globovisión. “Privan de libertad a empleados de Solid Show por tráfico de drogas”. 11 de abril de 2015. http://archivo.globovision.com/privan-de-libertad-a-empleados-de-solid-show-por-trafico-de-drogas/

[2] La Tabla. “Presos otro accionista y ejecutivas de Solid Show por caso de droga decomisada en República Dominicana”. Sin fecha. http://la-tabla.blogspot.com/2015/04/presos-otro-accionista-y-ejecutivas-de.html

[3] Planet Venezuela. Producciones Solid Show en Caracas Distrito Capital. https://www.planetavenezuela.com.ve/producciones-solid-show-F1606C9071C

[4] El Impulso. “MP acusó a dos GNB tras decomiso de 450 panelas de cocaína en República Dominicana”. 1° de mayo de 2015. https://www.elimpulso.com/2015/05/01/mp-acuso-a-dos-gnb-tras-decomiso-de-450-panelas-de-cocaina-en-republica-dominicana/

[5] MSC Noticias. “Comunicado de Prensa Oficial de la empresa SOLID SHOW”. 24 de abril de 2015. https://www.mscnoticias.com.ve/2015/04/comunicado-de-prensa-oficial-de-la-empresa-solid-show/

[6] La Verdad. “Cárcel para teniente de la GNB por tráfico de drogas”. 11 de octubre de 2016. http://www.laverdad.com/sucesos/107040-carcel-para-teniente-de-la-gnb-por-trafico-de-drogas.html

[7] Primicias 24. “Conozca los propietarios del avión que transportó droga a República Dominicana “Caso Solid Show“. 6 de mayo de 2015. https://www.primicias24.com/primicias-nacionales/conozca-los-propietarios-del-avion-que-transporto-droga-a-republica-dominicana-caso-solid-show/