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jueves, 2 de marzo de 2017

Narcosobrinos: Fiscalía advierte que la Corte no debe usurpar la función del jurado

Gobierno de EEUU rechaza la petición de los sobrinos de Nicolás Maduro de impugnar el juicio por el testimonio del testigo confidencial de la DEA que participó en el reuniones en Caracas y Haití.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte debe rechazar la petición de los demandados, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, de que el testimonio de CS-1 (José santos Peña) debió ser "totalmente desestimado" para los propósitos del análisis de suficiencia que sirve como argumento para solicitar la anulación del juicio que concluyó con un veredicto de culpabilidad, asegura la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en un documento presentado al juez de la causa Paul Crotty.

Tal como se ha venido informando, los defensores de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela pidieron al tribunal  que se haga un nuevo juicio o que se dicte una sentencia absolutoria argumentando que los derechos de los acusados fueron vulnerados en el proceso.

La fiscalía dice que acusados ​​buscan que el tribunal admita que el testimonio ofrecido por uno de los informantes de la DEA, Santos Peña "debió ser desestimado y nunca presentado ante el jurado". El gobierno norteamericano apela -para sostener su posición- al criterio "estricto" de la Regla 29 que "impide cualquier sustitución por parte del tribunal para la determinación de la credibilidad de los testigos por parte del jurado." 

La fiscalía dice que la defensa usó como argumento para la solicitud lo expuesto en la Regla 33, que es más amplio, lo que permite a la Corte "sopesar las pruebas y -al hacerlo- evaluar por sí misma la credibilidad de los testigos".

Más adelante sostiene que un "tribunal de distrito debe encontrar un equilibrio entre sopesar la evidencia y la credibilidad de los testigos y no usurpar completamente el papel del jurado", tal cual se plantea en Ferguson, un caso usado en derecho norteamericano como referencia en materia de jurisprudencia para sustentar los argumentos sobre este tema en particular. 

En el caso Estados Unidos v. Truman, el Segundo Circuito ofreció orientación sobre la manera en que ese equilibrio debe ser alcanzado invirtiendo la decisión de un tribunal de distrito de encontrar un testigo "increíble como una cuestión de ley", bajo circunstancias que tienen algunas similitudes con CS- 1 en este caso, afirma la fiscalía.

En el juicio, la Corte instruyó adecuadamente al jurado que era "totalmente libre de rechazar todo o parte del testimonio de CS-1". Habiendo permitido a los jurados llevar a cabo esta tarea, "no hay base válida para rechazar su trabajo" advierten los fiscales.

Tratando de despejar cualquier elementos usado por la defensa para que el juez ordene un nuevo juicio, la fiscalía sostiene que el caso Flores no se trata de un caso en el que las pruebas presentadas por el Gobierno se apoye en el testimonio del informante CS-1. "Aquí las evidencias apoyaron abrumadoramente el veredicto  de culpabilidad emitido de manera unánime por el jurado".

Agrega que el veredicto del jurado en este caso no es "altamente dudoso" porque está fuertemente apoyados por pruebas independientes. 

El testimonio de CS-1 no fue la piedra angular del caso presentado por el Gobierno. 

-La impugnación de los acusados ​​ante la opinión de CS-1 respecto a la cocaína es débil y sus otras acusaciones de perjurio no atacan el testimonio de CS-1 con respecto a su conducta ofensiva o los elementos de su crimen. Por lo tanto, para resolver la moción de los acusados, de conformidad con el artículo 33, la Corte no tiene por qué considerar si rechazará la totalidad del testimonio de CS-1 como cuestión de derecho. 

Recuerdan que en este caso los acusados ​​confesaron sus crímenes. Las evidencias registraron varias de sus reuniones relacionadas con el delito, además de las pruebas encontradas en las comunicaciones electrónicas  tomadas de los teléfonos celulares donde se observa cómo promovieron el delito.

La fiscalía advierte que en caso de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro "no existen circunstancias excepcionales que justifiquen usurpar el papel del jurado en la evaluación de la credibilidad de los testigos, cuando considerables partes del testimonio de los testigos fueron corroboradas por vídeos y audios". 

Argumenta que el Gobierno ni siquiera introdujo las grabaciones a través de CS-1. "Las grabaciones se recibieron en prueba, sin objeción, durante el testimonio" acotan los fiscales.

Dicen que las grabaciones de las declaraciones de las fuentes contra los acusados muestran claramente que los dos hombres sabían  el destino final de la cocaína -por lo tanto ellos tenían conocimiento y entendimiento ​​de que la droga que negociaban estaba destinada a los Estados Unidos. Fue en este aspecto en el que el Gobierno se centró. 

"Esta evidencia no implica una evaluación de la credibilidad de CS-1. Es cuestión de escuchar las cintas y ver lo que hay en la página". Así, como se explicó anteriormente, los testigos cruciales del Gobierno en el juicio fueron el Agente Especial Sandalio González, el Agente Especial Daniel Mahoney, el analista Daniel Ogden y los expertos en traducción.

La cuestión pertinente en virtud de la Regla 33 es si una prueba competente, satisfactoria y suficiente en el presente informe apoya la constatación del jurado" en este caso.

Como la respuesta a esta pregunta es afirmativa, y es competencia del jurado determinar qué partes del testimonio de un testigo aceptar o rechazar, no se justifica ninguna exención en virtud de la Regla 33.

martes, 24 de enero de 2017

Defensa de Narcosobrinos pide un nuevo juicio ante la corte

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los abogados defensores de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, solicitaron a la corte una sentencia de absolución basada en la insuficiencia de pruebas usadas para el juicio que los declaró culpables el pasado 18 de noviembre de 2016.
La defensa hace la solicitud de conformidad con la Regla 29 (c) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, dice un documento entregado al juez de la causa Paul Crotty.

Los sobrinos de Nicolás Maduro, hallados culpables de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, piden que se realice un nuevo juicio según lo estipulado en  la Regla 33, ya que el veredicto fue en contra del peso de las evidencias.

Aseguran que hubo fallas de procedimiento y de prueba y critican que "para el veredicto se haya mantenido las evidencias suministradas por el testigo confidencial del gobierno CS1".  

El documento señala que el testigo CS1, José Santos Peña cometió perjurio y violó las leyes norteamericanas, y el uso de su testimonio constituye una injusticia manifiesta.

De acuerdo a los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas este "es un caso criminal extraordinariamente raro" ya que el juicio de los demandados fue manchado por el perjurio por parte del testigo principal del gobierno y por la expansiva en la investigación subyacente. 

Asimismo, señalan que el juicio de Campo y Flores "es un caso de narcóticos raro", ya que las drogas nunca fueron obtenidas por los investigadores y el único actor del gobierno que vio los presuntos estupefacientes fueron detenidos durante la investigación y posteriormente juzgados por haber mentido al gobierno.

Recuerdan que el testigo José Santos Peña mintió repetidamente frente al jurado. Estos hechos, por sí solos, considerados en el contexto de la Jurisprudencia, requieren que la Corte adopte alguna medida para remediar lo que era claramente un juicio defectuoso, derivado de una investigación desastrosa. 

En el momento de las deliberaciones del jurado en este caso, el jurado había estado expuesto a múltiples días de testimonio de un testigo que mostró desprecio absoluto por las leyes de los Estados Unidos y los requisitos básicos del juramento ante la corte de decir la verdad, dicen los abogados.

El documento señala que el Gobierno introdujo las grabaciones hechas por Santos Peña, quien suscitó numerosas interpretaciones de los argumentos de los acusados en las declaraciones en esas grabaciones. 

Como tal, los abogados de los sobrinos de Nicolás Maduro criticaron  el impacto de de las declaraciones de CS-1 sobre el pensamiento del jurado, argumentando que los miembros  del mismo se formaron una impresión errónea de los demandados en base al testimonio del testigo, de las grabaciones y de las presuntas pruebas de drogas y muchos otros aspectos cuestionables usados en el juicio.

La defensa asegura que es imposible evaluar hoy en día el alcance total de su influencia del testimonio de Santos Peña sobre el veredicto del jurado. 

Concluyen asegurando que el juicio fue manchado por el testimonio de CS-1 y su orquestación de la investigación en formas que son demasiado multifacéticas para ser plenamente discernidas. En consecuencia,  sólo las infracciones de CS-1 requieren que la corte otorgue a los demandados una sentencia de absolución o como mínimo un nuevo juicio.

Acotan que -inclusive- si la Corte pudiera dejar a un lado estos graves asuntos, el Gobierno simplemente falló en cumplir con su carga de la prueba a través de las grabaciones y otras evidencias presentadas en el juicio. 

Dicen que un juez no hubiese podido concluir, más allá de toda duda razonable, que los demandados creían que las drogas objeto de la operación en cuestión estaban siendo introducidos en los Estados Unidos.

Aseguran que las grabaciones revelaron de manera concluyente que, incluso en los momentos antes de su detención, los Demandados seguían planteando preguntas a los informantes que evidenciaron un conocimiento y comprensión insuficientes con respecto a este elemento crítico.

Critican a los miembros del jurado, a quienes consideran que no actuaron de manera razonables, cuando emitieron el veredicto de culpabilidad ignorando que el gobierno había fallado en demostrar más allá de la duda razonable que había una conspiración.

La defensa sostiene que la esencia de la nueva moción es dejar claro que si la Corte puede ignorar de alguna manera los problemas de este caso y permitir que  se produzca una convicción que está contaminada de muchas maneras.

Campo Flores y Flores de Freitas sostienen conjuntamente que la Corte no debería aceptar que sean sentenciados, ya que se les negó el requisitos más básico de justicia, tanto durante la investigación subyacente como durante todo su juicio. 

Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela considera que el juicio quedó muy por debajo de la abrupta carga del Gobierno, por lo cual piden a la Corte conceder la moción para la absolución del juicio o alternativamente,  ordenar un nuevo juicio.

domingo, 22 de enero de 2017

Socio de los Narcosobrinos llegó a un acuerdo de cooperación con los EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El socio hondureño de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Roberto de Jesús Soto García, preso en una cárcel hondureña, acordó colaborar con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, aseguró una fuente de alto nivel ligado al caso.
Un acuerdo de cooperación le permitirá al acusado lograr una pena menos severa a cambio de suministrar información sobre las organizaciones criminales para las que prestó servicio como recibidor de los cargamentos de droga en Honduras.

El demandado es uno de los hombres que trabajaba en conjunto con los controladores aéreos del aeropuerto internacional de la isla de Roatán  y las autoridades de la isla para recibir los vuelos cargados de droga provenientes de Venezuela y otros países de América del Sur. 

Soto García está acusado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de conspirar para traficar drogas a los Estados Unidos. Su nombre está ligado al caso de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.

El acusado fue capturado por agentes de la Policía Nacional en Flower Bay, en Roatán, el 28 de octubre de 2016, y desde esa fecha se encuentra cumpliendo los trámites para el proceso de extradición a los Estados Unidos.

De acuerdo a la acusación de la corte neoyorquina, Roberto de Jesús Soto García se asoció con Campo Flores y Flores de Freitas para recibir cientos de kilos de cocaína proveniente de Venezuela, para ser trasladadas a los Estados Unidos, vía México.

La acusación señala que Roberto de Jesús Soto acordó participar en una conspiración para transportar drogas a norteamérica a sabiendas que dicha actividad era ilegal. 

Soto García se comprometió a recibir el cargamento de cocaína de los Flores en el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán, según se escucha en los videos y audios grabados por agentes de la DEA que participaron en la operación que llevó a la captura de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro.

El hombre de nacionalidad hondureña usaba sus contactos en el aeropuerto de Roatán, donde sostuvo una asociación con Carlos González, un controlador aéreo que ya se encuentra encarcelado en la ciudad de Nueva York, y quien compareció como testigo de la fiscalía en el juicio de Campo Flores y Flores de Freitas realizado en noviembre de 2016.

El documento del gobierno de los EEUU dice que Soto García acordó suministrar información sobre los horarios del aeropuerto, ayudar a recibir el avión cargado de cocaína que enviarían los sobrinos presidenciales el 15 de noviembre de 2015. Asimismo, debía retirar la droga de la aeronave y colocarla con sus asociados en lanchas que la llevarían a México.

El acusado acudió a una reunión el 6 de noviembre de 2015 a donde acudió el sobrino de Nicolás Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas en San Pedro Sula.

El gobierno de los EEUU destaca en su acusación destaca que la influencia de Roberto de Jesús Soto le permitía evitar la detección del cargamento por parte de las autoridades policiales y de aduanas del aeropuerto de Roatán, ya que pagaba sobornos a los policías de la isla en componenda con su asociado, Carlos González.

La acusación señala que Soto García era uno de los operadores más importantes que tienen los cárteles sudamericanos para mover la droga, incluyendo a los sobrinos de Nicolás Maduro, Campo Flores y Flores de Freitas.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias federales, el acusado se encargaba de la logística, horarios y traslado.

Soto García es el acusado número 14 que será extraditado a los EEUU por cargos de narcotráfico. Su última asistencia a la corte hondureña, donde el juez evaluó las pruebas presentadas el gobierno de EEUU fue el 18 de noviembre de 2016, el mismo día que los sobrinos del presidente Nicolás Maduro fueron declarados culpables de conspirar para traficar, a suelo estadounidense, 800 kilos de cocaína de alta pureza proveniente del grupo terrorista colombiano Farc.

Roberto de Jesús Soto García trabajó con otros cárteles entre los cuales se encuentra el Cártel de los Soles y el Cártel del Atlántico.

Hasta el momento no se sabe cuándo se procederá con la extradición del acusado, ni los términos de dicho acuerdo.



viernes, 9 de diciembre de 2016

Tres evidencias pesaron en fallo contra los sobrinos presidenciales

La Fiscalía probó el acuerdo de conspiración, así como el conocimiento y la actuación para propiciar el delito por el que fueron declarados culpables y que implica hasta cadena perpetua

Maibort Petit
El Nacional 


Durante el juicio a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial, por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, y que culminó con la culpabilidad de ambos, la Fiscalía probó 3 elementos que pesaron en la decisión del jurado: 1) Que hubo un acuerdo de los dos acusados para violar una ley de drogas estadounidense; 2) Que cada conspirador conocía el acuerdo y 3) Que los acusados actuaron para promover la conspiración.

Para probar que hubo un acuerdo entre los acusados para violar la ley federal, la Fiscalía presentó una serie de conversaciones ocurridas desde el 28 de agosto hasta el 10 de noviembre de 2015, en las cuales Campo Flores y Flores de Freitas hablaban con otras personas señaladas de la conspiración, como Roberto de Jesús Soto García, junto con Carlos González, era uno de los encargados de recibir la droga en el aeropuerto de la isla de Roatán, en Honduras, y César Orlando Daza Cardona, puente entre los acusados y testigo cooperante.

Igualmente, con conversaciones en mensajería de blackberry y correos electrónicos entre los dos acusados, la Fiscalía probó que ambos usaban seudónimos como don Ramón (Flores de Freitas) y Hugo Rafael Chávez Frías (Campo Flores), y que estaban de acuerdo con violar la ley. Los agentes del gobierno reprodujeron grabaciones de reuniones entre los sobrinos presidenciales y los informantes de la DEA (CS1, CS2, CS3 y el testigo cooperante CW1), en las que se informaban los detalles de los envíos de la droga a Honduras para ser introducida en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense también logró probar que los acusados viajaron a Honduras en dos oportunidades (4 de octubre y 6 de noviembre de 2015) y a Haití (10 de noviembre de 2015) para promover la conspiración. En los tres viajes, Campo Flores y Flores de Freitas invirtieron dinero. El fiscal Emil Bove III dijo al jurado que cada viaje en avión privado costó más de 20.000 dólares, lo que indica que solo en viajes charter gastaron 60.000 dólares, sin incluir los adelantos pagados para el recibimiento de la mercancía en Honduras. Estas acciones son consideradas como actos para promover la conspiración por la cual fueron juzgados y serán condenados.

Y es que Efraín Antonio Campos Flores posee muchos bienes para su corta edad. “Tiene 30 años, está casado y con dos hijos. El menor nació cuando estaba preso en el Centro Correccional de Manhattan. Según sus declaraciones juradas, tiene una empresa de taxis en Panamá. Ganó más de 10 millones dólares con negocios de petróleo. Tiene un Ferrari amarillo, motos de alto cilindraje, una camioneta Land Rover, un apartamento en La Castellana y otros inmuebles en El Paraíso y El Cafetal, en Caracas. Una finca en Higuerote,en Miranda, y seis guardaespaldas entre quienes había guardias nacionales”,dijo una fuente en la Corte de Nueva York, durante la cobertura del caso. 

En el juicio los abogados de Campo Flores y Flores deFreitas usaron la estrategia conocida como defensa afirmativa, basada en la propuesta de que los ahora convictos fueron víctimas de una trampa o coacción por parte de los informantes confidenciales de la DEA para lograr una recompensa económica por ser targets importantes, ya que con ellos se tocaría ala familia presidencial venezolana. Dijeron, además, que los agentes de la DEA los usaron para ascender en sus carreras.

Sin embargo, de acuerdo con las Directrices Federales de Sentencia, la condena de Campo Flores y Flores de Freitas implica una mínima sentencia de 10 años y hasta cadena perpetua. Además, la ley establece multa hasta de 50 millones de dólares cuando los cargos son para 2 o más personas.

Siete pasos

1.-Una vez dictada la culpabilidad, el juez debe dictar sentencia y decidir los años y costes del fallo.

2.-El Departamento de Libertad Condicional, por ley, debe preparar un informe que se entrega al juez para que decida qué tipo de sentencia dictará a los acusados. 

3.- En el caso de Campo Flores y Flores de Freitas esta etapa durará tres meses, tiempo en el cual los presos permanecerán en el Centro Correccional de Manhattan.

4.-En los tres meses los abogados pueden intentar anular conmociones la decisión del jurado. El juez puede desestimar los cargos u ordenar otro juicio.

5.-La defensa de los Flores puede apelar la sentencia del juez ante un tribunal superior para que revise posibles errores en el juicio oen las mociones. 

6.-La apelación será decidida por tres jueces. Si la Corte no encuentra error alguno en la decisión del tribunal de primera instancia, se confirma la sentencia y se procede a ejecutarla. 

7.-La defensa puede solicitar una revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La mayoría de esas peticiones son denegadas.

jueves, 17 de noviembre de 2016

8vo día del juicio de los sobrinos de Cilia Flores: Fiscalía muestra experiencia de los acusados y la defensa apela al sentimiento del jurado

Por Maibort Petit 
@maibortpetit


Era el octavo día del juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Los rostros han ido cambiando en la medida que han salido a relucir datos que complican la estrategia de la defensa y del gobierno. 

A las 9:30 AM los alguaciles de la Oficina de Prisiones trajeron a los dos acusados. Ambos llevaban sweaters pullover gris, de esos que usan los estudiantes de las escuelas jesuitas, con corbata y pantalón bien planchado. Dentro de la táctica de la defensa está que los dos acusados aparezcan como chicos buenos, incapaces de cometer delito alguno. Aunado a su vestimenta de niños católicos está la actitud de Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas. Cada vez que entra y sale el jurado de la sala, los dos hombres buscan establecer contacto visual con los miembros del jurado. 

Sentados al lado de los acusados están sus flamantes abogados. Destaca el cuidado y el afecto que muestran los profesionales de los dos bufetes con sus clientes. Hoy en la mañana vimos a la abogada Elizabeth Espinosa y a David Rody arreglarle el cuello de la camisa y la corbata a Flores de Freitas, mientras que John Zach se esmeró en que Campo Flores estuviera impecable antes que llegara en jurado a sus asientos.

La sesión número ocho del juicio empezó con al declaración final de la fiscalía, tal como lo establece el reglamento. El fiscal Brendan Quigley basó su explicación en la importancia de las evidencias con las cuales pretenden probar la culpabilidad de los acusados, más allá de la duda razonable. 

"Los dos acusados  creyeron que estaban por encima de la ley. Se creían poderosos en Venezuela y actuaban con "impunidad" a causa de quiénes eran y quiénes eran sus familiares" dijo Quigley al jurado, cuando les pidió condenar a Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas por conspirar para introducir masivos cargamentos de cocaína en Estados Unidos.

Quigley dijo que las evidencias recogidas desde agosto hasta noviembre de 2015, muestran que dos hombres tenían el control del aeropuerto más importante del país y utilizaban su poder para burlar las leyes y enviar droga a los Estados Unidos. 

El fiscal dijo que los acusados no fueron víctimas ingenuas de un complot estadounidense, sino todo lo contrario. "Son dos hombres adultos ansiosos y entusiastas que trabajaron metódicamente durante meses para ejecutar un complicado acuerdo de drogas por el cual buscaron ganar 20 millones de dólares". 

Quigley afirmó que "los acusados estaban desesperados por lograr el dinero fácil para ayudar a impulsar la campaña de su tía Cilia Flores y lograr consolidar a su familia en el poder".

El fiscal aclaró que los acusados no son niños pequeños. "No. Son hombres de 30 años. Uno de ellos, el señor Campo, es abogado. Ellos sabían lo que estaban haciendo y lo que buscaban con su acuerdo para vender droga proveniente del grupo terrorista Farc hacia los Estados Unidos".

El fiscal presentó de manera cronológica todos los detalles de la investigación que concluyó con la captura de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro. Recordó "los planes de vuelo, los pagos de 900 mil dólares por la llegada del vuelo a la isla de Roatán, a donde llegaría la cocaína que se enviaría el 15 de noviembre de 2015, a las 4:30 PM".

Destacó el poder que tenían los dos acusados para usar el hangar presidencial del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía y la propuesta que hizo Campo Flores de comprarse un avión Falcon para el envío de la mercancía.

El fiscal fue claro al señalar que la defensa pretende hacer aparecer a sus clientes como tontos inducidos y engañados por los informantes de la DEA, que son hombres corruptos informantes que se aprovecharon de dos crédulos jóvenes que soñaban con ganar dinero sin hacer nada. Pero "la verdad es que los acusados fueron capaces de conspirar y creyeron que eran capaces de hacerlo, logrando juntar todas las piezas para traficar cocaína", aseguró.


Quigley pidió al jurado que revise las evidencias, y que compare la confesión hecha por los dos sujetos luego de ser arrestados con los audios, los videos, los mensajes de texto y conversaciones por otros sistemas de chateo y observarán cómo el gobierno demostró más allá de la duda razonable que los acusados ​​no sólo son narcotraficantes, sino que sabían que las drogas iban a los Estados Unidos desde el principio de la conspiración.


Quigley solicitó al jurado poner especial atención a las confesiones de los acusados, ya que las mismas son elementos suficientes para condenarlos. Queda claro en esas pruebas que Campo sabía que la droga venía de las Farc y que ambos sabían que la droga iba a los Estados Unidos. 



Acotó que se dediquen a escuchar las propias palabras de los acusados en las 6 horas de audio, que se encuentran traducidas. En esas grabaciones los acusados documentan los planes para volar a Honduras, la información sobre los pilotos, el avión, el plan de vuelo, el cargamento de drogas y el poder que ambos tenían para usar el hangar presidencial del primer aeropuerto de Venezuela. Más aún, allí se puede apreciar el control que tenían los acusados sobre las instalaciones del aeropuerto, ya que Campo Flores aseguró que ni siquiera los generales y los coroneles no podían interferir ya que él era el hijo de la primera dama.

En las grabaciones se escuchó a Campos Flores decir que estaba desesperado por conseguir 20 millones de dólares, ya que tenía que pagar los 4 mil votos que cada dirigente de parroquia le había conseguido para la campaña de su madre.

El abogado defensor, David Rody apeló a la ridiculización de las fuentes usadas por la DEA, y a descalificar la investigación diciendo que era un vulgar montaje. 

Apeló a los sentimientos del jurado al decir que "en sus manos está que estos dos hombres regresen a casa con sus familias".  

Rody dijo que su cliente Flores de Freitas y su primo Campo Flores no tenían idea de lo que estaban haciendo. Ellos no tenían experiencia, ni conocimiento de cómo se hacía un negocio de narcotráfico. "Lo que se escucha en esas grabaciones que el gobierno dice que es la cara de la prueba es sólo  una fanfarronería ya que mis clientes nunca tuvieron la intención o la capacidad de sacar el trato". 


Rody aseguró que los acusados fueron atrapados por algunos de los "peores, corruptos y engañosos informantes" que tiene la DEA.

Señaló cómo la fiscalía renunció a su declarante confidencial, José Santos Peña, y rompió su acuerdo de cooperación después de que la defensa jugó grabaciones de su presunto tráfico de drogas desde la cárcel.

Rody explicó que Santos Peña es un miembro del cártel de Sinaloa, que tiene una relación muy cercana con El Chapo Guzmán y que se encargó de hacerle negocios al narcotraficante Pablo Escobar. 

Acotó que fue Santos Peña quien habló de traer las drogas a los Estados Unidos. No hay evidencia de que el envío de drogas iba a los Estados Unidos.


Señaló que Santos Peña fue sólo uno de varios informantes corruptos que vieron una gran recompensa o una condena reducida por delitos cometidos en el pasado si podían ayudar a la  DEA a condenar a un miembro de la familia presidencial venezolana.

El abogado mostró a los acusados y dijo "Señores, esto es lo más crítico que haya ocurrido en las vidas de Campo y Flores. En sus manos está que estos jóvenes regresen a casa con sus familias".

Por su parte, Randall Jackson repitió los alegatos de que sus clientes provienen de una familia modesta y trabajadora y que ellos tenían una vida sencilla en Venezuela.  "Su familia es la que tiene poder, ellos no", acotó.

Aseguró que que sus clientes fueron víctimas de una trampa confabulada por la DEA y el gobierno estadounidense, pues la idea de traer la droga a Estados Unidos no fue de ellos sino de los informantes. "Fue una operación encubierta, un escenario creado para atraparlos. Nunca les encontraron drogas reales”, afirmó Jackson. 

El abogado de Campo Flores dijo que la investigación realizada por el gobierno tiene serios problemas. "mis clientes sí sostuvieron reuniones con unos narcos que eran informantes de la DEA, pensando que podrían ganar hasta 20 millones de dólares a cambio de hacer nada, de tan inexperto que son".

El fiscal Bove respondió a los puntos más críticos de la defensa. Dijo que el objetivo de los acusados, en parte, era obtener dinero en efectivo para contrarrestar el dinero que  ellos creían que Estados Unidos estaba suministrando a la oposición antes de las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela celebradas  en diciembre de 2015. 

Bove dijo que el jurado debe centrarse en las evidencias conformadas por grabaciones,videos, audios, mensajes de texto y telefónicas que muestran que los sobrinos estaban "ansiosos y entusiasmados de hacer tratos con drogas".



Este viernes en la mañana comenzarán las deliberaciones del jurado.  A primera hora se realizará la reunión con el juez Paul Crotty para dar las instrucciones finales sobre los temas legales y los delitos que se deben observar para emitir el veredicto. 

Es probable que el resultado de las deliberaciones se conozca este viernes en la tarde o el lunes al medio día.

Coacusados y mencionados en el juicio de los sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maiborpetit

Este jueves se realizará la octava audiencia de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas acusados de conspirar para traficar a los Estados Unidos 800 kilos de cocaína.

Efraín Antonio Campos Flores (30) y Franqui Francisco Flores de Freitas (31) fueron arrestados el 10 de noviembre de 2015 en el restaurante del hotel Servotel, ubicado a unos 10 minutos del aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, cuando intentaban finiquitar el primer  envío de una serie de cargamentos de drogas que tendrían como destino final a los Estados Unidos y obtener de manos del narcotraficante mexicano 11 millones de dólares que usarían -según declaraciones de los acusados- para pagar la campaña de la primera dama Cilia Flores a un curul de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Los dos imputados fueron arrestados por la fuerzas antinarcóticos de la Policía de Haití y fueron entregados en la custodia de la Agencia Antidrogas norteamericana  (DEA) el mismo día del arresto, para ser trasladados posteriormente a la ciudad de Nueva York donde enfrentan dos cargos:

1) Conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, y (2)de fabricar o distribuir cocaína, a sabiendas y con la intención de que se sería importada a los Estados Unidos, en violación del Título 21, del Código de Estados Unidos, Secciones 952 (a), 959 (a), y 963. 


El juicio de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro comenzó el pasado 7 de noviembre cuando el jurado compuesto por 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres empezaron a recibir las evidencias obtenidas por el gobierno a través de sus informantes confidenciales y la recuperada de los teléfonos celulares, correos electrónicos y reportes de testigos cooperantes y fuentes encubiertas.

El juez de la causa, Paul Crotty ha instruido a los miembros del jurado para que mantengan lealtad a las leyes, prohibiendo opinar sobre los hechos que conforman la carga de la prueba con terceros y mantener una actitud imparcial sobre las evidencias.

Los jurados, una mayoría de ciudadanos afroamericanos, seguidos por blancos, latinos y asiáticos, se someterán este jueves a la revisión de la documentación presentada y se les permitirá deliberar para producir el veredicto final que sorteará la suerte de estos dos hombres otrora poderosos.

Crotty informó a los jurados que en el caso  de Campo Flores y Flores de Freitas involucra a otras personas (coacusadas o mencionadas) que no estarán presentes en las audiencias entre quienes se encuentran contactos de los imputados y personas que participaron en la frustrada operación de tráfico de drogas. 

La siguiente lista de individuos  fue la mencionada por el juez Crotty como asociados a la supuesta conspiración. Destacan en ella los miembros de la tripulación del avión YV-2030 en el que los acusados viajaron a Haití y a Honduras, y quienes serían los pilotos responsables de llevar el primer cargamento de cocaína desde la rampa presidencial 4, del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía hasta el aeropuerto de la isla de Roatán en Honduras.

Ellos son:

-Roberto de Jesús Soto García (Preso actualmente en Honduras a la espera de la deportación a los EEUU)
-Cilia Flores ( Primera Dama de Venezuela)
-Pablo Rafael Urbano Pérez
-Pedro Miguel Rodríguez González
-Marco Tulio Uzcategui Contreras
-Jesfran Josnel Moreno Sojo
-César Orlando Daza Cardona
-Ruben Paredes C
-Ruben Lugo 
-Mohhamed Abulzazza
-Mohamad Khalil, Abdul Razzak Yanez

Y las siguientes personas que fueron tratadas con apodos:
Chicho, Gordo, El Flaco, Pepero

sábado, 5 de noviembre de 2016

Sobrinos de Cilia Flores no quieren que el jurado vea sus fotos portando "grilletes" cuando subían al avión de la DEA en Haití

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín  Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas solicitaron al juez Paul Crotty prohibir al gobierno presentar ante el jurado las fotografías correspondientes a la reseña policial de los dos acusados en Haití. Asimismo, no quieren que se muestren en las audiencias, unas imágenes que recrean el momento en que los dos acusados suben al avión de la DEA en Puerto Príncipe y desembarcan en Nueva York, ya que en las mismas los dos hombres portaban grilletes, lo cual conllevan a "una fuerte sugerencia de peligrosidad y criminalidad implícita", según advierte la defensa.

La idea del gobierno con esas fotografías es dejar claro ante el jurado, que ni los oficiales de la policía haitiana ni los agentes de la DEA abusaron físicamente de los dos acusados, tal como lo aseguran, en una de las confesiones juradas, Campo Flores y Flores de Freitas.

De acuerdo a la tesis de la defensa, los acusados fueron obligados por los agentes de la DEA a realizar los interrogatorios luego de ser arrestados, cuando se encontraban en el avión que los trasladó a Nueva York.  Ambos imputados dijeron que habían sido objeto de abusos y presiones por parte de los representantes del gobierno de EEUU, y que los habían obligado a firmar los derechos Miranda.

En la misiva, entregada a la corte este viernes, Campo Flores y Flores de Freitas piden al tribunal que no admita que el gobierno muestre las 4 fotografías, que de acuerdo a sus abogados tiene muy poca carga probatoria.

Las pruebas documentales que la defensa no quiere que vean los miembros del jurado son las fotos de ambos acusados tomadas en la reseña de la policía de Haití, con el número de su caso, llamadas "Placas frontales" y las que muestran a los acusados en perfecta forma física, abordando y desembarcando el avión de la DEA el 10 de noviembre de 2015.

Para la defensa de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro la admisión de esas fotografías sería inapropiada, ya que las mismas no son pruebas relevantes del caso, y solo generarían confusión en el jurado. "Las dos tomas policiales de los acusados ​​son completamente innecesarias para identificarlos, puesto que el jurado -seguramente- sabrá quiénes son los acusados cuando se haga referencia a ellos". 

Asimismo, los abogados aseguran que las fotos de los acusados cuando suben y desembarcan del avión de la DEA son irrelevantes, ya que no prueban ninguna de las cuestiones fácticas reales para el juicio. 

Argumentan que los acusados no van a cuestionar que volaron en un jet de la DEA desde Haití a Nueva York. Además, las fotos no revelan nada sobre las circunstancias del interrogatorio que es la prueba que se va a discutir.

Dicen que las fotos del avión, pudieran tener una relevancia mínima, que sería que los acusados no mostraban signos de abuso físico. Sin embargo, los demandados no pretenden sugerir ni en el cuestionamiento ni en el argumento, que los agentes del Estado abusaron físicamente de ellos, por lo tanto, las fotografías no cumplen con la prueba de pertinencia de la Regla 401.

La defensa sostiene que las imágenes tienen poco valor probatorio pero mucho riesgo de prejuicio injusto. "Los tribunales de primera instancia piden excluir las tomas frontales de la policía de las evidencias, ya que con las mismas se pretende hacer creer que la persona es "mala", y por lo tanto, puede ser un elemento injustamente perjudicial", acotan.


Sostienen que el impacto visual de una foto policial puede referenciar a una condena anterior, "puede dejar un impacto duradero, aunque ilegítimo, en el jurado". Por consiguiente, el uso de las fotos de reseña policial es altamente desfavorecedor, "ya que podría eliminar efectivamente la presunción de inocencia y reemplazarla con una insignia inconfundible de la criminalidad", argumentan finalmente los defensores de Campo flores y Flores de Freitas. 

jueves, 3 de noviembre de 2016

Corte nombra el jurado que emitirá el veredicto unánime en el caso de sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En la audiencia celebrada este jueves 3 de noviembre, la corte del Distrito Sur de Nueva York culminó con el proceso de selección de los 12 jurados y 4 alternos  que tendrán la responsabilidad de emitir un veredicto unánime que declarará -culpable o no culpable- a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas acusados de conspirar para traficar  800 kilos de cocaína a los Estados Unidos vía Honduras.

El jurado quedó conformado por 10 mujeres y 6 hombres, entre quienes se encuentran, en su mayorías, ciudadanos afroamericanos. También hay dos latinos, una asiática y el resto son blancos.

El proceso de selección del jurado se realizó de manera rutinaria. Se dió en seis rondas. De un total de unas 94 personas, se seleccionaron 70, que luego fueron evaluadas hasta culminar con la escogencia de las 16 individuos, que servirán en las próximas dos semanas en el juicio que se le sigue a los dos hombres venezolanos acusados de violar las leyes antinarcóticos de los EEUU.

El juez Paul Crotty se aseguró que los miembros del jurado juraran ser imparciales en su veredicto, para lo cual entrevistó a cada uno de ellos sobre diversos aspectos relacionados con sus vidas, la frecuencia con la que suelen leer periódicos, escuchar noticias y, especialmente, sobre su conocimiento sobre lo que ocurre actualmente en Venezuela.

Crotty preguntó a varios jurados si tenían alguna opinión sobre el gobierno de Venezuela. Ninguno de los entrevistados dijo tenerla, sólo una mujer asiática confesó que sabía que era un gobierno dictatorial y de inmediato fue eliminada de la lista.

Dentro de los miembros del jurado hay un arquitecto, un economista, una profesora de la Universidad de Columbia,  una terapeuta, una ama de casa, y hasta un conductor de camiones que viaja de carga, por todo el territorio americanos transportando comida.

La próxima cita será este lunes 7 de noviembre de 2016, a las 9:30 am, cuando se dará inicio al juicio que durará por dos semanas, 10 días días hábiles. El juez Crotty indicó que desea que el proceso termine antes del Día de Acción de Gracias, y que el veredicto del jurado debe ser unánime, tal cual lo establece la ley.

Campo Flores y Flores de Freitas estuvieron presentes en la audiencia de hoy ataviados con corbata y trajes de vestir. Ambos lucían bastantes relajados. Como siempre, Campo Flores estuvo sonriente y en comunicación constante con sus tres abogados, en especial John Zach. Por su parte, Flores de Freitas estaba pensativo, atendido todo el tiempo por su defensora latina Elizabeth Espinosa, y David Rody. 

En la audiencia de hoy también estuvo presente junto a los fiscales del caso, el agente especial Sandalio González, quien cumplió un rol protagónico en la operación que condujo al arresto de los dos hombres en Haití el pasado 10 de noviembre de 2015.

viernes, 28 de octubre de 2016

Fiscalía advierte que usará en el juicio referencias de Narcosobrinos sobre la Farc y el pago de campaña de Cilia Flores con dinero de la droga

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El fiscal Preet Bharara dejó claro, en un documento entregado a la corte del Distrito Sur de Nueva York, que las evidencias relacionadas con la situación financiera de los demandados es totalmente admisible en el juicio que se le sigue a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.


Bharara lanzó este jueves fuertes dardos a la defensa que pretende eliminar las pruebas más comprometedoras que posee el gobierno contra los dos sujetos acusados de conspirar para traficar a los EEUU, 800 kilos de cocaína de alta pureza.

Dice Bharara que hay enormes contradicciones en las declaraciones de los acusados. Primero dijeron que estaban viviendo un estilo de vida "modestos" en Venezuela antes de su detención y luego se empeñan que eliminar las pruebas de su riqueza y estilo de vida.

Para el fiscal neoyorquino es inconcebible que los acusados pretendan impedir que el gobierno muestre las pruebas relativas a las fuentes de su riqueza en Venezuela. Si bien el gobierno no tiene la intención de enfocarse en tales argumentos en su acusación, "ciertos aspectos de la  riqueza de los acusados ​​y, en particular, su acceso y capacidad de suministro de aviones privados, son muy relevantes y admisibles en el juicio". 

Otro aspecto que utilizará el fiscal en su estrategia de acusación -y que según él es absolutamente válido- es el argumento que desmiente que los dos acusados "eran hombres de negocios en Venezuela y que ambos fueron engañados por los informantes de la DEA para instarlos a cometer un delito". 

El Gobierno va a demostrar a través de declaraciones grabadas, así como las comunicaciones electrónicas, fotografías y vídeos de los teléfonos de los acusados, que uno o ambos de ellos utilizaron aviones privados para viajar a Honduras y Haití (dos veces) a sostener las reuniones de la conspiración. 

Los acusados ​​también discutieron las fuentes confidenciales la persona identificada en la audiencia de supresión como CW-1, el uso de aviones privados para transportar cocaína. Esta evidencia se vuelve particularmente relevante a la luz de la teoría de la defensa de que los acusados ​​carecían de la capacidad logística para hacer el envío de la droga a los EEUU.

Sostiene la fiscalía que las pruebas de la riqueza de los acusados -cualquiera que sea su fuente- es probatoria de su participación en la conspiración para importar cocaína y su capacidad para facilitar el envío de grandes cargas de drogas fuera de Venezuela.

Apunta el documento de la fiscalía que "se debe permitir el testimonio de los informantes confidenciales CS-1 y CS-2 quienes afirman que el kilo de la sustancia que fue llevada por los acusados a la reunión del 27 de octubre de 2015 en Caracas era cocaína". 

Dice que Gobierno, basado en la jurisprudencia existente casos donde se prueba que "se puede sostener una condena por posesión de drogas más allá de toda duda razonable, apoyándose en el testimonio laico de un testigo", por lo cual, el testimonio de CS-1 y CS-2  debe ser admitido como medio probatorio de la culpabilidad de los acusados del cargo de conspiración para traficar narcóticos a los EEUU.

Bharara rechaza el argumento expuesto por la defensa de los sobrinos presidenciales según el cual la sustancia no era cocaína porque CS-1 y CS-2 no experimentaron los efectos de la sustancia. 

El testimonio ofrecido por CS-1 y CS-2 deja claro que los acusados ​​llevaron el kilogramo a una reunión el 27 de octubre de 2015. Esto aunado a la declaración altamente inculpatoria del Campos Flores al agente especial de la DEA, Sandalio González con respecto a una fotografía del kilogramo, cuando le preguntó: "¿sabes lo que es eso." y él respondió "Tú sabes lo qué es".

El documento refiere además la petición de los acusados de eliminar de las pruebas la mención a la Farc, que era el proveedor de la droga que pensaban importar a los EEUU. 

Al respecto dice que "el tribunal debe negar la moción de los acusados ​​para que se eliminen algunas porciones de la confesión de Campos Flores y declaraciones grabadas donde Campos Flores confesó que "las FARC", o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue la que suministró de la cocaína que se trata en este caso". Asimismo, la relacionada con las declaraciones de Campos Flores en el sentido de que "nosotros" estamos "en guerra" con Estados Unidos y las declaraciones acerca de poner a la gente en la cárcel o enviarlos a la cárcel.

"Los acusados ​​tratan de excluir sus propias palabras acerca de la manera en que tenían la intención de cometer el delito por el que están a punto de ser sometidos a juicio" dice el fiscal. 

Esta evidencia de Campos Flores es de alto valor probatorio y por tanto debe ser admitida, al igual que la grabación donde Campos Flores le explica a un agente de la DEA la oferta para la transacción de drogas planificada  para ser importada, lo que constituye prueba fundamental para probar el delito imputado, al igual que deja claro, los motivos de los acusados para llevar a cabo la transacción, su capacidad para llevar a cabo la trato, y su conocimiento de que el acuerdo tendría consecuencias para los Estados Unidos. 

Dada la relevancia de las declaraciones cuestionadas y su conexión con la conducta incriminada, el valor probatorio de estos estados no es "compensada sustancialmente por un peligro de. . . prejuicios injustos [o] confundir los temas " sino una evidencia clara para probar el delito.

Bharara aclara que la Regla 403 (que argumenta la defensa para pedir las mociones) autoriza la exclusión de pruebas pertinentes sólo si su "valor probatorio es sustancialmente superado por el peligro de que," entre otras cosas,  se creen"prejuicios injustos o puedan generar confusión de los temas en los jurados". 

Advierte que "obviamente todas las pruebas de la culpabilidad son perjudiciales para los acusados, en el sentido de perjudicar a la defensa, pero eso no es lo mismo que ser "injustamente" perjudicial". 

El hecho que Campos Flores haya declarado al agente González que las FARC eran las proveedoras de la droga que negociaban y la asociación de Campos Flores con "El Gocho", quien era el contacto que le suministra la cocaína es una evidencia que no puede ser obviada.

El Gobierno trata de llevar al jurado las siguientes evidencias: 

(1) Campos Flores dice que un individuo llamado "Hamudi" le había presentado a "El Gocho" en Caracas, aproximadamente dos meses antes de la detención de Campos Flores
(Ii) Campos Flores dijo que se había reunido con "El Gocho" aproximadamente cinco veces; 
(Iii) Campos Flores dijo que "El Gocho" le había proporcionado fotos con el kilogramo que trajo a la reunión de octubre de 27; 
(Iv) Cuando se le preguntó Campos Flores dónde estaba almacenando los 800 kilogramos de cocaína, Campos Flores indicó que "El Gocho" no había proporcionado el total de 800 kilos, sin embargo, dijo que sólo se había dado un kilogramo; 
(V) Campos  Flores dijo que "El Gocho" había sido reacios a proporcionar a la cocaína en base los créditos, pero que habían acordado que "El Gocho" le iba a proporcionar los kilogramos y que Campos Flores le pagaría después de recibir el pago de la negociación; y
(vi) Cuando el agente especial González pidió Campos Flores si sabía quién suministra la cocaína a "El Gocho", Campos Flores indicó que "El Gocho" dijo que la cocaína fue suministrada por las FARC.

El gobierno rechaza los argumentos -sin fundamento- de los dos acusados, donde afirman que la cocaína que supuestamente iba a ser enviada en este caso, nunca se presentó" y "no habrá pruebas que presentar en el juicio ya que que en realidad la droga nunca existió". 

De hecho, los argumentos de la defensa se caen porque Campos Flores admitió frente a la DEA que "El Gocho" en realidad poseía los 800 kilogramos de cocaína. Con esto, la fiscalía señala que la defensa quiere reclamar ante el jurado que la conspiración nunca existió y que los acusados no contaban con la capacidad de participar en un crimen, mientras que al mismo tiempo procuran impedir -a toda costa- que el Gobierno ofrezca las pruebas que demuestran todo lo contrario.

Para tumbar la petición de la defensa, la fiscalía sostiene que Campos Flores admitió durante su confesión que "la cocaína estaba siendo suministrada por "El Gocho", y que éste había obtenido la droga de las FARC". Por otra parte, durante la reunión grabada entre los acusados ​​y CS-1,  justo antes de su detención en Haití, Campos Flores se refirió a un "comandante de las FARC," quién "es supuestamente uno de alto rango" y una "persona muy seria" y explicó a CS-1 que había "colocado una persona", es decir, "El Gocho"- "que me puso en contacto con ellos." 

Campos Flores indicó que no había cumplido con el comandante de las FARC, pero aseguró CS-1 que el comandante de las FARC "ya sabe quienes somos." 

La fiscalía sostiene que las declaraciones con respecto a la fuente de suministro de la droga es una evidencia probatoria en cualquier caso criminal de narcóticos.  De hecho,  las declaraciones de Campos Flores a la DEA y a CS-1 en relación con las FARC son una pieza clave para la parte acusadora.

A lo largo de las extensas  acciones preventiva de la defensa en este caso, los abogados han argumentado repetidamente o han dado a entender que las fuentes confidenciales de la DEA "indujeron a los acusados ​​a la comisión de la transacción y que los acusados ​​no contaban con los recursos y ni con la sofisticación necesarias para llevar a cabo un acuerdo de este tipo". No obstante, en apoyo a varias de las peticiones previas al juicio, Campos Flores ha afirmado en varias ocasiones que él y su primo carecían de la capacidad para adquirir la cocaína que se suponen iban a negociar. 

Agrega en las declaraciones de Campos Flores con respecto a la participación de "El Gocho" en la conspiración, el gobierno pudo corroborar dicho contacto a través delos teléfonos de los acusados. Por ejemplo, un asociado escribió a Flores de Freitas el 1 de noviembre, el año 2015 que "El Gocho" era "el mejor" porque se había ofrecido a proporcionar 800 kilogramos de cocaína ("el 800" //" las sillas") y" la tarifa de transporte "en consignación ("sin poner un solo bolívar "). El mismo día, el mismo asociado envió tanto a Campos Flores como a Flores de Freitas una captura de pantalla de su teléfono que refleja las llamadas con el "Gocho" El asociado entonces dijo por escrito a Campos Flores, "es la llamada que hice a mi amigo."

En la audiencia de supresión de evidencias celebrada  el septiembre 7 de 2016, cuando  la defensa preguntó a los informantes CS-1 y CS-1 sobre qué cree que es el "polvo blanco" que los acusados ​​llevaron a la reunión el 27 de octubre del año 2015, el abogado de Campos Flores declaró: "su Señoría, en esencia, creemos que el CW-1 orquestó todo el evento, toda la secuencia de acontecimientos que siguieron. El informante CS-1 destruyó la muestra después de recibirlo".

Todo indica -dice el reporte- que ésta defensa anticipada frente a la evidencia que Campo Flores tuvo acceso a la droga producida por las FARC" que es el mayor proveedor mundial de cocaína," es sumamente probatorio de la participación de Campos Flores en la conspiración, ya que demuestra que lo que hizo y de hecho, tuvo acceso a los 800 kilogramos de cocaína.

El fiscal advierte que  el valor probatorio de la declaración de Campos Flores con respecto a las FARC  es extremadamente valioso para probar el crimen y "no es sustancialmente superado por el peligro de perjuicio injusto" como dice la defensa. 

La fiscalía recurrió al argumento de la defensa, según el cual. los acusados no estaban en disposición de traficar ese monto de droga. El fiscal cita frases de la defensa: "La capacidad para facilitar una transacción de 800 kilos de cocaína significaría que los demandados, hombres relativamente jóvenes sin antecedentes penales, se encuentran entre los más poderosos traficantes de drogas en el mundo, esta cantidad de cocaína de alta pureza tendrían un valor al por mayor de más de $ 30,000,000 y un valor de plaza de decenas de millones de dólares más alto."

El gobierno de los EEUU asegura que la evidencia de la referencia del grupo guerrillero es un elemento altamente probatorio, ya que es consistente con el testimonio de expertos que afirman que la cocaína que es enviada fuera de Venezuela a menudo se obtiene a partir de Colombia, que es la base de operaciones de las FARC.

Reitera la fiscalía que la confesión de Campos Flores con respecto a las FARC "se relaciona directamente a la conducta que está en el corazón de la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos", razón por la cual es admisible. Esas afirmaciones"guardan relación directa e inseparablemente a los delitos imputados," acota. 

La fiscalía rechaza además la petición de los acusados para que el Gobierno no haga referencia a las FARC como una "organización terrorista extranjera", para evitar que haya prejuicio  en el jurado por el hecho de que las FARC son una organización paramilitar que opera en Colombia, Venezuela y Ecuador, y que es una de las mayores productores de cocaína en el mundo.

La fiscalía asegura que la Corte debe rechazar la solicitud de los acusados ​​para escindir la referencia de Campos Flores a las FARC en su confesión.

La guerra con los Estados Unidos, con Colombia

La fiscalía advierte que la solicitud de la defensa para eliminar otras evidencias, entre las cuales destaca la siguiente, que el gobierno considera de alto valor probatorio.   

- Al principio de la reunión con el CS-1 y CS-2 el 23 de octubre de 2015, Campos Flores declaró "queremos tomar de nuevo posesión de la. . . Asamblea Nacional y varios. . . varios sitios de poder. . . que nosotros no tenemos. (...) . pero no queremos perderlos ". 

Campos Flores añadió que se refería a "lugares clave" y  declaró que "[W]  los puso en la cárcel por aquí. . . los enviamos a la cárcel por 15 años. " (refiriéndose a Leopoldo López aunque no lo menciona).

Más tarde, Campos Flores señala que "estamos siendo atacados", y el hecho de que su "madre", Cilia Flores, "se está postulando de nuevo" para la "Asamblea Nacional",(..) "Necesitamos el dinero. . debido a que los estadounidenses nos están golpeando duro con dinero. . . la oposición . . . es conseguir una infusión de una gran cantidad de dinero. .  y es por eso que estamos en guerra con ellos.". 

En seguimiento a esto, más adelante en la conversación, CS-1 se indica que "tenemos que ser muy cuidadosos" en la próxima transacción de cocaína ", debido a  la guerra interna que hay con los estadounidenses". 

Luego, los demandados trataron de despejar las dudas de CS-1: Campos Flores declaró que "[W] tienen una. . . guerra con los americanos [,] con la oposición [,] "y con Colombia (" nuestro país hermano"), pero Flores de Freitas explicó que, a pesar de la" guerra "," la DEA no está aquí. . . no vienen aquí", y Campos Flores añaden"los estadounidenses no vienen en. . . ".

Las declaraciones de guerra son una prueba convincente por múltiples razones. En primer lugar, proporcionan evidencia de los motivos por los cuales los acusados ​​querían involucrarse en un negocio de drogas de varios millones de dólares en el período previo a las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela celebradas en diciembre de 2015, para contrarrestar lo que ellos creían era la "infusión" de dinero que la "oposición" estaba recibiendo supuestamente de los "americanos". 

En segundo lugar, es necesarios explicar y colocar en el contexto las  declaración de Flores de Freitas que: "la DEA no está aquí." Esta afirmación en sí es una prueba convincente del hecho de que los acusados sabían que estaban participando en una transacción de drogas con el CS-1 y CS-2 y  en lo cual se destacan los siguientes elementos:

La capacidad de los acusados de enviar de forma segura un gran cargamento de cocaína desde Venezuela, un área que creían que no estaba cubierta por la DEA. 

En la medida en que los acusados ​​intentan impugnar a los testigos del gobierno al criticar el manejo de CS-1 y CS-2, mientras estaban en Venezuela, la declaración de Flores de Freitas corrobora el testimonio de los  testigos del Gobierno de que las operaciones de la DEA en Venezuela son significativamente restringidas.

De manera más general, las referencias de los acusados ​​a la "DEA" y a los "americanos" reflejan su entendimiento de que el tráfico de drogas afectó los intereses de América. Anunció que el Gobierno establecerá a través de testimonios de expertos en el juicio, que la gran mayoría de la cocaína despachada desde Venezuela a América Central ha sido importada a los Estados Unidos, y que la aplicación de la ley estadounidense tratará de interceptar cargamentos de droga de Venezuela sí estuviese permitido hacerlo. 

El gobierno señala que las evidencias que tiene el gobierno sobre este tema  son extremadamente probatorias, ya que demuestra el conocimiento de los elementos claves de la conspiración por la cual están siendo procesados los 2 acusados, es decir, la importación de cocaína a los Estados Unidos, la fabricación y distribución de cocaína a sabiendas y con la intención de que sería importada a los EEUU.

CS-1 dejó claro desde el principio, en la primera reunión  con los acusados, (el 23 de octubre de 2015) que la cocaína sería importada a los Estados Unidos. Las declaraciones de guerra son, por tanto, relevantes para demostrar el estado de ánimo de los acusados ​​con respecto a este país, que en el contexto de la teoría del entrampamiento  que intenta probar la defensa de que supuestamente "EEUU habría presionado a los acusados para predisponerlos a participar en el delito por el cual luego serían imputados".

Sostiene que la declaración de Campos Flores donde alude a estar en "guerra" con los "americanos" no es injustamente perjudicial, sino que es un elemento probatorio en el contexto de la conducta incriminada, cuyo efecto habría sido destruir vidas estadounidenses y familias. 

Al revelar el conocimiento de los mismos objetos de los narcóticos y de la guerra con los EEUU "se refieren directa e inseparablemente a los delitos imputados", por lo cual es elemento tiene un alto valor probatorio y no puede decirse que está "sustancialmente compensado" por el peligro de perjuicio injusto". Igualmente aclara que el uso de esa referencia "no supone que el jurado debe desentrañar la relación complicada y tensa entre los Estados Unidos y Venezuela", como argumenta la defensa. 

El hecho sobresaliente es que los acusados ​​creían, sin importar si esa creencia era precisa o no, que los EEUU financiaban la oposición venezolana, lo que le obligó a pedir una gran cantidad de dinero en efectivo antes de las elecciones para apoyar los esfuerzos de su familia para permanecer en el poder ("necesitamos el dinero"), y esta creencia explica el motivo de los acusados ​​para unirse a la conspiración. 

En este caso, se prueban los esfuerzos de Campos Flores para obtener dinero por adelantado para pagar la campaña de su madre a las elecciones en Venezuela, lo que lo lleva a participar en la conspiración que es objeto de este caso.