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miércoles, 17 de julio de 2019

El Chapo Guzmán fue condenado a cumplir cárcel de por vida

El magistrado de la Corte de Brooklyn se pronunció por el encarcelamiento de por vida del famoso narcotraficante mexicano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La saga que comenzó con una serie de capturas, evasiones y la extradición a Estados Unidos que se produjo el 19 de enero de 2017, llegó a su fin al haber emitido el juez federal, Brian Cogan, la sentencia que somete, a partir de hoy, a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a cumplir una condena de por vida tras las rejas. Culmina así —al menos por ahora— el proceso judicial que ante la Corte del Distrito Este de Nueva York se le siguió a uno de los más famosos narcotraficantes del mundo, quien hasta el pronunciamiento del magistrado aguardó recluido en el Metropolitan Correctional Center (MCC), una cárcel de alta seguridad ubicada en Manhattan.
En Estados Unidos, el país tal vez más afectado con los delitos del Chapo Guzmán, el juez de la causa puso fin a la “carrera” del hombre que heredó el negocio después de que el antiguo jefe del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas, fuera arrestado el 14 de agosto de 2003 en Matamoros, estado de Tamaulipas.

Se resumen así, con la sentencia, treinta años de vida criminal que significaron muerte y destrucción para los cientos de víctimas de la actividad de narcotráfico que comandó este capo mexicano nacido —según una de las versiones— el 4 de abril de 1957 —otros señalan el 25 de diciembre de 1954— en La Tuna, un pueblo ubicado en Badiraguato, estado de Sinaloa, en México. Hijo de dos campesinos, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, quienes sumaron a la humanidad de quien hoy terminó reducido a una celda por el resto de sus días. Diez hermanos, a saber, siete hombres y tres mujeres, quienes fueron criados bajo una pobreza que contrasta con los cientos de millones dólares que logró acumular negociando con narcóticos.

Poco son los datos que se conocen sobre sus años de infancia, pero entre las versiones que circulan una refiere que estudió hasta tercer grado de primaria, mientras otras apuntan que cursó hasta sexto. Algo que ponen en duda quienes advierten que, por esa época, la educación en la zona era prácticamente un hecho extraordinario. Así que lo más probable es que el Chapo Guzmán nunca haya estudiado, pues para las familias de entonces en esos predios, lo fundamental era trabajar para enfrentar la miseria en que estaban sumidas.

Ya convertido en cabecilla del Cartel de Sinaloa, luego escalar posiciones en el de Guadalajara disuelto en 1989, Guzmán Loera alcanzó gran fama después de que se escapara de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, donde estaba recluido desde que el 9 de junio de 1993 cuando fue detenido en la frontera entre México y Guatemala y fue condenado a 20 años de cárcel por asesinatos y narcotráfico. Ya antes, el 24 de mayo de 1993, se le había escapado a la muerte en un enfrentamiento que tuvo lugar en el aeropuerto de Guadalajara.

Tras esta fuga logró pasar trece años en la clandestinidad, tiempo en el que logró acumular una fortuna que la revista Forbes calcula en USD 1.000 millones.

Fue recapturado el 22 de febrero de 2014 por la Marina mexicana en Mazatlán, pero vuelve a escabullirse el 11 de julio de 2015 de la prisión de alta seguridad de Altiplano, de donde salió a través de un túnel de 1,5 km que atravesó en moto hasta llegar a un edificio en construcción.

Los túneles, precisamente, fueron el mecanismo mayormente utilizado por el Chapo Guzmán para introducir la droga en los Estados Unidos. Decenas de estos pasadizos hizo construir bajo la frontera entre EE.UU. y México.

A partir de entonces, Joaquín Guzmán pasó a ser uno de los hombres más buscados del mundo. Por tierra, aire y mar, las autoridades procuraban atraparlo, lo que finalmente ocurrió el 8 de enero de 2016 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, una información que se acompañó con el anuncio de su extradición a los Estados Unidos donde era ampliamente solicitado.

El traslado a territorio estadounidense materializó el 20 de enero de 2017, tras múltiples recursos y artilugios de sus abogados para evitarlo, los cuales se toparon con la negativa definitiva emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, que le negó un amparo interpuesto por sus representantes legales.

En Estados Unidos Joaquín Guzmán era requerido por varios tribunales, pero su primer enfrentamiento con la justicia norteamericana era la ciudad de Nueva York. Otros cinco estados lo reclaman para procesarlo judicialmente por narcotráfico, lavado de dinero y asesinato.

Desde 2009, en la corte de Brooklyn le aguardaba el expediente con las denuncias presentadas por la fiscal Loretta Lynch, quien entregó el legajo en el que se responsabilizaba al Chapo Guzmán de introducir desde 230 kilos hasta 23 toneladas de cocaína a Estados Unidos por más de diez años.

El juicio

El proceso judicial contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera comenzó el 5 de noviembre de 2018 bajo estrictas medidas de seguridad y durante el cual se presentaron toda clase de recursos para evitar que en algún momento del mismo, el juez Cogan pudiera emitir una sentencia en su contra.

Fue acusado de codirigir durante 25 años el cártel de Sinaloa y de importar por lo menos 1.200 toneladas de cocaína, más de 49 toneladas de marihuana, más de 200 kilos de heroína y metanfetaminas a los Estados Unidos.

El 12 de febrero de 2019 el jurado determinó que el Chapo Guzmán era culpable de diez de los cargos que se le imputaban. Un juicio que sacó a la luz la crueldad con que actuó este hombre y su organización, así como la extrema violencia y corrupción que impera en los carteles de la droga.

Durante la lectura de la sentencia, Joaquín Guzmán se mostró altivo, desafiante y no mostró signos de arrepentimiento. Denunció al juez por el hecho de no haber recibido un juicio justo y de sufrir tratos "crueles e inhumanos".

El 10 de julio la fiscalía pidió una sentencia de cadena perpetua más una pena de 30 años de cárcel y hoy, 17 de julio de 2019, Brian Cogan se hizo eco de esta solicitud.

jueves, 8 de noviembre de 2018

Juez niega petición del 'Chapo' para abrazar a su esposa Emma Coronel antes que empiece el juicio

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El 'Chapo' Guzmán no podrá abrazar brevemente a su esposa Emma Coronel antes que se inicie la presentación de los argumentos de apertura del juicio el 13 de noviembre, ya que el juez de la causa, Brian Cogan negó la solicitud hecha por los abogados del ex líder del cártel de Sinaloa.
En una carta fechada el 6 de noviembre de 2018 Guzmán pidió permiso al Tribunal para saludar y abrazar a su esposa antes de que comiencen las declaraciones iniciales el 13 de noviembre de 2018. Cogan recalca que la solicitud de Guzmán es esencialmente una moción para una excepción a las Medidas Administrativas Especiales ("SAM") que se le imponen actualmente.

El tribunal está de acuerdo con la solicitud. Como lo señala el abogado defensor, la conducta del acusado durante lo que seguramente son procedimientos difíciles y condiciones de confinamiento para él ha sido ejemplar, y ha demostrado una considerable gracia bajo presión. Sin embargo, después de haber consultado ampliamente con el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. sobre la solicitud del acusado, el Tribunal está obligado a negarlo. 

Cogan dijo que los alguaciles han enfatizado que acceder a la solicitud sería contrario a todos los procedimientos de seguridad que se han implementado, incluidos los SAM, y trataría al demandado de manera diferente a cualquier otra persona bajo la custodia de esa instancia que esté sujeta a tales medidas.

Además, el Tribunal revisó y confirmó anteriormente una mayoría de las SAM el 4 de mayo de 2017, incluida la restricción que prohíbe que el acusado se comunique o tenga contacto físico con su esposa. 
Específicamente, en ese orden, el Tribunal reconoció que las SAM se adaptan a los objetivos legítimos del Gobierno de impedir que el acusado coordine cualquier escape de la prisión o dirigir cualquier ataque contra personas que puedan estar cooperando con el Gobierno. 

Estas restricciones siguen "razonablemente relacionadas con un interés penológico legítimo", Turner v. Safley, 482 U.S. 78, 89 (1987), porque las mismas preocupaciones que justificaron su implementación en primer lugar todavía existen hoy en día dijo en juez en la orden.

En todo caso, esto es especialmente cierto en la víspera del juicio, cuando la realidad de la responsabilidad potencial que enfrenta el acusado si es condenado puede establecerse y su motivación para escapar o amenazar a los testigos puede ser particularmente fuerte.

jueves, 15 de febrero de 2018

El juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán se inicia en septiembre y durará cuatro meses

El narcotraficante dijo que está ansioso de ir al juicio, que no se declarará culpable y que no colaborará con la justicia de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante la audiencia celebrada este jueves en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el juez acordó iniciar el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán el 5 de septiembre de 2018, con la selección de las 16 personas que conformarán el jurado que emitirá el veredicto del exjefe del cártel de Sinaloa, quien se declaró no culpable de los cargos que le imputó el gobierno de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
A las 10:00 AM se inició la sesión. El célebre jefe del cártel de Sinaloa llegó vestido con su uniforme azul de prisionero, bien acicalado. Lo primero que hizo al entrar a la sala fue saludar  con gestos de cariño a su esposa, Emma Coronel y a sus hijas pequeñas presentes en el lugar que fueron correspondidos en todo momento por la familia del narcotraficante.

El juez Brian Cogan empezó señalando que la fiscalía tendrá hasta el 19 de marzo de 2018 para hacer entrega del resto del material que forma parte del descubrimiento (evidencias), y que el 17 de abril se realizará una nueva sesión para discutir los temas pendientes antes del juicio.

Asimismo, Cogan dijo que el 9 de abril de 2018 es la fecha límite para que las partes presenten las mociones. El juez se reservó para otra ocasión la decisión en torno a la petición hecha por la defensa relacionada con el anonimato  y el aislamiento de los miembros del jurado. 

Durante la audiencia Joaquín Guzmán -a través de su abogado- pidió permiso para dirigirse personalmente al juez. En un principio, 
Cogan aceptó pero la fiscalía pidió que se negara la solicitud alegando que se desconocían los mensajes que quería trasmitir el acusado. El abogado de "El Chapo", Eduardo Balarezo dijo que era un mensaje a su familia, además de una serie de solicitudes relativas a las condiciones de su encarcelamiento. 

Se le escuchó decir a Guzmán que esa situación lo tenía enfermo. También se quejó del frío excesivo en su celda y del aire acondicionado. 

Habla Balarezo

A las afueras de la corte, el abogado del notorio narcotraficante mexicano dijo que su cliente está ansioso por ir a juicio y que Guzmán quería anular cualquier especulación de que se declarará culpable y que buscará cooperar con las autoridades estadounidenses en su caso de narcotráfico. 

El defensor reiteró las quejas sobre las condiciones en una cárcel donde su cliente está detenido en régimen de aislamiento.

Guzmán se declaró inocente de los cargos de que su cártel de Sinaloa blanqueó miles de millones de dólares y supervisó una despiadada campaña de asesinatos y secuestros. Si es condenado, enfrentará cadena perpetua. 

Balarezo dijo que estaría listo para el juicio y aseguró que seguiría al frente de la defensa de Guzmán. Aclaró que había recibido una parte del pago de sus honorarios profesionales y que definitivamente estaría presente durante todo el proceso.


Defensa pide que la fiscalía de a conocer la evidencia

Ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el abogado Eduardo Balarezo, en representación de Joaquín Guzmán Loera (a) "El Chapo", introdujo una moción en la que instó al tribunal a ordenar a la fiscalía a presentar inmediatamente a la defensa la evidencia que pretende mostrar en el juicio de conformidad a la Regla Federal 404 (b).

Quiere la representación del Chapo Guzmán contar con la información de los elementos y pruebas que usará el gobierno durante el juicio, relativa a otros crímenes, así como a actos o errores que el demandado haya supuestamente cometido y que el gobierno estima que es admisible de acuerdo a la citada norma.

En primer lugar refiramos que la Regla 404 permite la introducción de actos previos durante un juicio, siempre y cuando esta acción no obedezca a la intención de establecer "el carácter de una persona para mostrar una acción en conformidad con ella". Es decir, no se admite evidencia sustentada en el carácter de una persona o de un rasgo de su carácter cuando esta se ofrece con el objetivo de probar que en un momento específico la persona actuó de conformidad con tal carácter. Las excepciones aplicarán en el caso de evidencia de un rasgo pertinente de carácter ofrecido por la defensa, sobre el carácter de la persona acusada; de evidencia de un rasgo pertinente de carácter ofrecido por la defensa, sobre el carácter de la víctima; evidencia ofrecida por la fiscalía sobre el mismo rasgo pertinente de carácter de la persona acusada, para refutar la prueba de carácter presentada por la defensa; evidencia de un rasgo pertinente de carácter ofrecido por el gobierno sobre el carácter de la víctima, para refutar la prueba de carácter presentada por la defensa; evidencia de un rasgo pertinente de carácter ofrecido por la fiscalía en casos de asesinato u homicidio, sobre el carácter tranquilo o pacífico de la víctima, para refutar prueba de defensa de que la víctima fue quien agredió primero.

La evidencia será admisible cuando apunta a probar el motivo, la oportunidad, la intención, la preparación, el plan, el conocimiento, la identidad o la ausencia de error o accidente, siempre que a petición del acusado, la parte acusadora en el caso penal advierta de su intención antes del juicio, o durante el juicio si el tribunal excusa el aviso previo al juicio por una buena causa que se presente acerca de la naturaleza general de cualquier evidencia que intente introducir en el juicio.

Joaquín Guzmán Loera y el codemandado Ismael Zambada García fueron acusados el 11 de mayo de 2016 de cometer un conjunto de delitos, incluida la operación de una empresa criminal continua (Cargo 1); participar en una gran conspiración de tráfico de estupefacientes (cargos 2, 3 y 4); once cargos de actos específicos de distribución de cocaína (cargos 5 a 15); uso de un arma de fuego durante un delito de tráfico de drogas (cargo 16); y conspiración para lavar el producto de narcóticos (cargo 17).

Refiere la defensa que aunque el gobierno no ha acusado al demandado de ningún crimen  violento, sí alega en el Cargo 1 que tanto Joaquín Archivaldo Guzmán Loera como Ismael Zambada García y otros líderes del Cartel de Sinaloa trabajan junto a sicarios que llevaron a cabo cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos, secuestros, asesinatos y actos de tortura en la dirección de los acusados.

La fiscalía alega igualmente que Guzmán Loera conspiró "para matar y causar la matanza intencional de una o más personas, a saber, personas que representan una amenaza para el Cartel de Sinaloa. En tal sentido, Eduardo Balarezo refiere en su comunicación al tribunal que el gobierno buscar presentar en el juicio evidencia de estos presuntos homicidios como otra prueba de malos actos de conformidad con la Regla 404 (b).

Prosigue la defensa indicando que el gobierno ha proporcionado un amplio descubrimiento en este caso consistente en más de 300 mil páginas de documentos, interceptaciones, grabaciones de comunicaciones de audio y electrónicas, así como docenas de videos, pero no ha dado un índice de dicho descubrimiento por lo que la representación de los acusados continúa revisando el material y, hasta ahora, no ha encontrado ninguna evidencia relacionada con la violencia.

Sostiene Balerezo que no existe ninguna evidencia de ningún homicidio o actos violentos pero presume que el gobierno echará mano de un "video relacionado con la tortura de un rival del acusado". Dicho video en idioma español, tiene una duración de 3:57 minutos y no contiene información, tal como una fecha o la ubicación del evento o la identidad de la supuesta víctima, que parece estar herida. Advierte que el video no muestra violencia real y parece haber sido descargado de Internet. El gobierno también presentó un video que también parece descargado de Internet, en el que Guzmán Loera interroga a una persona no identificada.

Del mismo modo el gobierno ha anunciado que presentará "fotografías de una víctima de asesinato", pero la defensa aún no las ha recibido. También destaca el abogado que el gobierno ha anunciado que notificará a la defensa en un tiempo razonable antes del juicio cualquier material que pretenda presentar bajo la Regla Federal 404 (b), pero la el abogado Balerezo se pregunta qué entiende el gobierno como “notificar en un tiempo razonable”.

La defensa se encuentra convencida de que la fiscalía tratará de presentar extensa “evidencia” relacionada con múltiples asesinatos y otros actos violentos que pretende conectar con Joaquín Guzmán Loera. Sospecha la defensa que esta evidencia será proporcionada por cooperantes extranjeros y que los actos sobre los que darán testimonio fueron cometidos extra fronteras de los Estados Unidos.

En tal sentido, reclama poder tener acceso a toda esta evidencia, a los testigos, conocer los alegatos del gobierno para poder prepararse para el juicio. Balerezo advierte que si la fiscalía introduce estas evidencias, cada elemento se convertirá en una especie de un mini juicio, por lo que se hace necesario conocer dicha prueba ahora para que Guzmásn Loera pueda defenderse y advierte que lo que la fiscalía considera un "tiempo razonable" es inadecuado en un caso como este, donde ya hay múltiples cargos y los supuestos eventos tuvieron lugar en varios países y durante un largo período.

La moción presentada por la defensa del Chapo Guzmán incluye conocer la naturaleza de la evidencia, los testigos y la pertinencia de los mismos, incluida una declaración de su testimonio esperado y una propuesta de cualquier otra evidencia no testimonial que el gobierno espere ofrecer como prueba de esos "malos actos" que le quiera imputar a su defendido, cualquier documentación de respaldo y la teoría legal de la admisibilidad alegada por el gobierno.

Estima Balerezo que este aviso es necesario para permitir al Guzmán Loera presentar las mociones apropiadas in limine y permitir el Tribunal hacer una determinación previa al juicio de la admisibilidad de cualquier evidencia que el gobierno busque presentar. La notificación previa al juicio también le brindaría a Guzmán, la oportunidad de impugnar dichas pruebas.

Los argumentos de la defensa se sustentan en lo establecido en la Regla 404 que considera inadmisible la evidencia "cuando se ofrece para mostrar la propensión de una persona a actuar de una manera particular", un alegato que hace sustentado en el caso Estados Unidos v. Mejía, 545 F.3d 179, 206 (2d Cir. 2008). La norma indica que la evidencia es admisible cuando se ofrece para mostrar el "motivo, oportunidad, intención, preparación, plan, conocimiento, identidad o ausencia de error" o accidente. Agrega la defensa que el propósito de la notificación a tiempo a que obliga la regla 404 es "reducir la sorpresa y promover una pronta resolución" de cualquier impugnación a la admisibilidad de la evidencia ofrecida.

La jurisprudencia ha determinado que la evidencia es admisible bajo la  Regla 404 (b) cuando: 1) la evidencia fue ofrecida para un propósito apropiado; 2) era relevante para una cuestión importante en disputa; 3) el valor probatorio de la evidencia fue sustancialmente superado por efecto perjudicial; y 4) el juez de primera instancia dio una instrucción limitativa apropiada sobre la evidencia.

Subraya la defensa que la evidencia de otros crímenes —como ha quedado establecido— debe ser relevante para un problema real en el caso y su valor probatorio de ese asunto no debe sustentarse en un perjuicio injusto contra el demandado.

Balerezo recuerda que la notificación a que obliga la norma y que ahora exige la defensa de Guzmán Loera es esencial para asegurarse de que la fiscalía no esté usando la evidencia simplemente para demostrar propensión o mal carácter del acusado.
Quiere la defensa que para evitar que el gobierno use la evidencia como una emboscada contra su cliente y que se presenten ante el jurado pruebas que sean perjudiciales para su representado, se realice una audiencia preliminar que permita revelar la intención de la fiscalía con el uso de tal evidencia.

Refiere Balerezo que la solicitud del acusado a ser informado de dicha evidencia antes del juicio se deriva de los derechos básicos establecidos bajo la Quinta y Sexta Enmiendas que tienen que ver con el derecho a conocer la naturaleza y causa de la acusación y a preparar la defensa, el derecho a la confrontación de testigos, el derecho a asistencia efectiva de un abogado y el derecho a un juicio de acuerdo con el debido proceso legal. Estas las garantías —advierte— se verán frustradas irremediablemente si acusado no es notificado a tiempo acerca de las pruebas que pretende usar el gobierno en su contra.

Exige la defensa que la Corte que ordene al gobierno proporcionar inmediatamente a su representado una lista de toda la evidencia que pretende usar bajo la Regla 404 (b), incluidos los nombres de los testigos, las fechas y los resúmenes de las expectativas testimonio, cualquier evidencia documental relacionada y todo material de los que han solicitado sean dados a conocer durante la etapa del descubrimiento.

Considera la defensa que los alegatos de la fiscalía para procurar una divulgación retrasada de las pruebas basados en la seguridad son absurdos e ilusorios, toda vez que Guzmán Loera ha estado recluido en régimen de aislamiento en la Unidad de Manejo Especial del Centro Correccional Metropolitano desde su extradición a los Estados Unidos y no tiene ninguna posibilidad de hacer llamadas telefónicas o enviar correos; las comunicaciones con su familia son severamente limitadas y monitoreadas y su contacto con el exterior está efectivamente limitado a su equipo de defensa.

Defensa pide a la Corte reconsiderar medida de mantener anonimato del jurado

Asimismo, el abogado defensor del Chapo Guzmán, Eduardo Balerezo, presentó al tribunal otra moción para que sea reconsiderada la orden emitida por el juez de la causa, Brian Cogan, de que el jurado sea resguardado con medidas como el anonimato y escolta durante el juicio.

Balerezo alega que la fiscalía promovió el anonimato y el secuestro de los miembros del jurado ante tribunal basándose en artículos y videos publicados en internet que la defensa no tuvo posibilidad de refutar.
Igualmente estima la defensa que estas medidas especiales atentan contra la presunción de la inocencia a que tiene derecho Guzmán Loera y crearían la impresión extremamente injusta de que su defendido es una persona peligrosa de quien el jurado debe protegerse.

Sostiene la defensa que si bien la jurisprudencia ha establecido que los jurados anónimos no infringen los derechos constitucionales del acusado, “el análisis del impacto constitucional potencial de un jurado anónimo en un acusado" debe recibir un escrutinio judicial detallado y ser evaluado a la luz de la razón, los principios y el sentido común. No puede vulnerarse la presunción de inocencia por el interés de resguardar al jurado de amenazas de violencia y el interés público de contar con un jurado que emita un veredicto justo e imparcial.

Advierte Balerezo que las supuestas “razones creíbles” alegadas por la fiscalía y aceptadas por la Corte para creer que el jurado necesita protección no pudieron ser refutadas por la defensa de Joaquín Guzmán Loera por la simple razón de que tiene prohibido saber cuáles son esas "razones creíbles". Igualmente rebate el criterio de la Tribunal de haber sustentado su decisión en alegatos formulados en la acusación, aun cuando es axiomático que "una acusación no es evidencia de culpabilidad", ni puede alterar la presunción de inocencia a que todos los acusados tienen derecho.

Por otra parte, Eduardo Balerezo rebate el hecho de que la Corte haya sustentado su decisión de mantener el anonimato del jurado y su secuestro en un video de YouTube[1] presentado por el gobierno en el que se observa a un grupo de presos de una cárcel de California, jurando lealtad a Guzmán Loera y prometiendo convertirse en un ejército a su servicio.

Sostiene la defensa que el gobierno no hizo ningún intento por verificar la autenticidad del citado video ni por identificar a los participantes en el mismo o siquiera confirmar si tenían alguna conexión con Joaquín Guzmán.

Igualmente, Balerezo afirma que la descripción del video que hace el gobierno es simplemente engañosa, pues en él se dice que van a liberar al acusado si es remitido a esa prisión, pero en ningún momento los hombres dicen que van a matar a alguien, intimidar a los miembros del jurado o a los testigos o incluso tomar cualquier acción. Refiere que solamente expresan que "si" Guzmán Loera es encarcelado en ese reclusorio y "si" este les pide que lo liberen, tienen la intención de hacerlo. Son a la luz de la defensa una gran cantidad de "si" condicionales que la Corte debe considerar seriamente al tomar una decisión que restringe severamente el derecho del demandado al debido proceso.

Refiere la defensa que la Corte cita específicamente la afirmación del gobierno de que en el video los prisioneros se comprometen a ser "sicarios que van a ocuparse de [el Sr. Guzmán]" y a disponer de un ejército de 3.500 soldados a su disposición, siendo que se trata de un video fue filmado en una prisión privada bajo contrato con la Oficina Federal de Prisiones cuyo vocero, al conocer dicho video se comprometió a investigar las denuncias de irregularidades en las instalaciones.

Apunta la defensa que en esta prisión la población penitenciaria es de 2.175 reclusos, por lo que las declaraciones emitidas por quienes aparecen en las imágenes no son más que una exageración pues, entre otras cosas, en ese recinto no todos los presos son individuos de alta peligrosidad que pudieran convertirse en los “soldados” y “sicarios” que estos hombres presumen.

Estima la defensa que lo expresado en el video no es otra cosa que “una mala broma” que no debe ser tomada en cuenta por el Tribunal.

Balerezo refuta el criterio del tribunal con el cual sostiene que "cualquier posible perjuicio contra el acusado se mitigará cuando la Corte informe al jurado que sus nombres no se divulgarán públicamente por respeto y preocupación por su privacidad”. Tal argumentación es a los ojos de la defensa simplemente una especulación, considerando la evidencia que se espera que se produzca en este caso hará pensar a los miembros del jurado que el acusado es violento al tener que verse protegida su identidad.

Estima la defensa que si el propio tribunal cree que la evidencia hará que el jurado tema por su seguridad, será sumamente difícil mitigar de forma creíble los prejuicios potenciales contra  Guzmán Loera simplemente diciéndole al jurado que sus nombres no se divulgan por cuestiones de privacidad.

La defensa cree que la orden de la Corte no equilibra el derecho de su representado a la presunción de la inocencia con el interés de mantener al jurado libre de violencia y con el interés público de que el dicho jurado emita un veredicto justo e imparcial. Solamente se están tomando en cuenta los intereses del jurado y no se abordan los prejuicios con el acusado al secuestrar al jurado con el brazo armado del tribunal en manos de los alguaciles.

La defensa solicitó una audiencia para considerar su moción.

Las razones del tribunal

El juez Brian Cogan cree que el gobierno presentó razones fuertes y creíbles para estimar que el jurado necesita protección  y, por ello, decidió mantener en reserva tanto el nombre de los miembros del panel, como sus domicilios y lugares de trabajo.

Acordó la Corte que cada día del juicio los miembros del jurado serán transportados desde y hasta el tribunal por el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos encargado de ejecutar las órdenes judiciales.
"La corte instruirá a los jurados que su transporte diario y escolta dentro de la corte se proporcionan para proteger su privacidad y para garantizar que el juicio se desarrolle de forma expedita", dijo Cogan.

El tribunal previó que los miembros del jurado permanezcan aislados del público, incluso dentro de la corte, donde se reforzará la seguridad interior y exterior con policías fuertemente armados durante cada aparición de Joaquín Guzmán Loera en el recinto.

El magistrado sustentó su decisión en la condición de Guzmán como líder del cartel de Sinaloa, una organización criminal que recurre a sicarios para llevar a cabo "cientos de actos de violencia, incluidos asesinatos, asaltos y secuestros" para silenciar testigos potenciales o personas sospechosas de colaborar con la ley.

El juez Brian Cogan mantiene a Guzmán Loera en régimen de confinamiento solitario en una celda de Manhattan, en razón al riesgo de que sus contactos con otros reclusos "pueda resultar en perjuicios a personas que cooperan con el gobierno".

martes, 21 de marzo de 2017

'El Chapo' Guzmán: juez señala que investigarán a extranjeros que estén en equipo de defensa del cártel

El juez Brian Cogan de la corte federal de Brooklyn estableció que ese riesgo es “significativo” debido al historial de Guzmán de contratar a especialistas para expandir su negocio de tráfico de drogas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El juez federal de Brooklyn, Brian Cogan advirtió este martes que los ciudadanos extranjeros que deseen ser parte del equipo de la defensa del narcotraficante Joaquín (El Chapo) Guzmán deben pasar un chequeo por parte de las autoridades norteamericanas, para evitar que sean miembros del cártel de Sinaloa y tengan acceso a pruebas confidenciales.

La solicitud hecha por la fiscalía en el mes de febrero advertía sobre la posibilidad que miembros del cártel de Sinaloa, a través de los abogados mexicanos, puedan acceder a información clasificada que incluye nombres de los testigos que el gobierno de los Estados Unidos usará en el juicio contra Guzmán. Los fiscales federales aseguraron en un documento que tenían temor porque la organización criminal del acusado estaba buscando llegar a los testigos para asesinarlos.

Por Ley la fiscalía debe entregar a la defensa una parte de las pruebas que usarán en el juicio, en la llamada etapa de descubrimiento. La fiscalía quiere que ese material sea protegido, en especial, las declaraciones de los testigos que alcanzan a unos 40 ciudadanos. "Esa información debe ser protegida y no puede ser difundida más allá de Guzmán y sus abogados".

De acuerdo a los federales, las precauciones son necesarias debido a la "capacidad previamente demostrada" de Guzmán para la intimidación de los testigos, la violencia y la obstrucción en la aplicación de la ley.

Una de las medidas solicitadas fue la aprobación previa de extranjeros que buscan unirse al equipo de defensa de Guzmán.

El juez Brian Cogan dijo que dado el presunto pasado de Guzmán, existía un riesgo significativo de que sin un "chequeo apropiado", abogados o investigadores extranjeros pudieran ser miembros o asociados del temible cartel de Guzmán Sinaloa.

El juez Cogan dio a los fiscales 14 días para informarle a quién será la persona encargada de hacer la investigación sobre los abogados extranjeros que se unirán al caso. 

En el fallo de este  martes, Cogan también dijo que tenía que haber una aprobación previa de los abogados fuera de los que integran el equipo de defensa que tenga intenciones de leer material protegido que será usado por la fiscalía para el juicio.

El juez Cogan quedó al pendiente de decidir sobre la solicitud de la defensa de sacar al acusado Guzmán de la sala de confinamiento solitario. Los abogados quieren que de El Chapo sea puesto junto a la población general del Centro Correccional Metropolitano. 

Según la defensa de Guzmán, el acusado sufre de alucinaciones. Advierten que su salud mental y física se ha deteriorado debido a las 23 horas de confinamiento a las que está siendo sometido. Aseguraron que Guzmán escucha música en su celda incluso cuando su radio está apagada.

El juez Cogan no tomó decisión al respecto. La próxima cita es en la primera semana de mayo y se espera que como en las otras dos ocasiones, haya un asombroso despliegue de seguridad para el traslado del capo desde el Centro Correccional Metropolitano hasta la corte de Brooklyn ubicados a unas dos millas de distancia.