El conglomerado de empresas de Carlos Gill Ramírez que desataron las acusaciones del senador boliviano Oscar Ortiez

   En esta entrega damos a conocer las empresas que el venezolano-paraguayo posee en Bolivia, las cuales le sirvieron para llevar a cabo una serie de negociaciones con el gobierno del expresidente Evo Morales, sobre las cuales hoy día está puesta la lupa, por las supuestas irregularidades que las envuelven.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   La reciente denuncia formulada por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, encendió las alarmas y fijó la atención de la opinión pública sobre las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, un hombre que habría amasado una gran fortuna a la sombra del chavismo y sus relaciones con el poder afín al llamado Socialismo del siglo XXI impulsado por el finado Hugo Chávez.

  En Venezuela Carlos Gill Ramírez se habría enriquecido a la luz de la crisis bancaria de finales del siglo XX, hecho que retrató el periodista César Batiz en un reportaje publicado en 2010 en el diario Últimas Noticias —en la actualidad borrada del historial del periódico—, el cual fue el resultado de una investigación que transparentó las operaciones llevadas a cabo en Banorte, cuando otorgó créditos a plazo a por lo menos cinco empresas fantasmas el 18 de agosto de 2009. La nota refirió que dicho banco fue objeto de medidas administrativas por parte de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), “órgano que también objetó el traspaso de acciones entre Carlos Gill Ramírez (Seguros Nuevo Mundo, Bancentro y hermano del dueño de Fondo Común Víctor Gill) y Zambrano, pues se desconocía el origen del capital utilizado para pagar $52 millones a mediados de 2008”[1].

   Batiz agregó en su reseña que Gill Ramírez supuestamente recibió USD 52 millones José Zambrano Lucero como pago por el Banco Banorte, una cantidad que llamó la atención de la Superintendencia de Bancos, la cual objetó el traspaso de acciones pues se estableció con claridad el origen del capital pagado. Por su parte, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) indagó con el comprador acerca del origen de los fondos y pidió a los órganos de inteligencia investigar esta situación, un mandato que sin explicación alguna fue desobedecido. Banorte fue intervenido por el gobierno de Hugo Chávez, año y medio después de que Gill Ramírez vendiera la institución financiera.

  En la actualidad preside el Grupo Corimón y forma parte de los accionistas del diario El Nacional.

Las empresas de Gill en Bolivia

  A la sombra de sus relaciones con el expresidente boliviano Evo Morales, Carlos Gill Ramírez constituyó una serie de empresas en la nación del altiplano, las cuales —de acuerdo a los señalamientos del senador Oscar Ortiz— habrían sido utilizadas para entablar negociaciones irregulares.

  La revista Economy 21 refirió en una nota publicada el 3 de julio de 2018 que Carlos Gill Ramírez es propietario de siete empresas en Bolivia, a las que se suma un fondo de inversiones, las cuales significaron una inversión de USD 320 millones de dólares, proyectando el empresario —para la fecha de la publicación —inversiones por USD 350 millones para los próximos 4 años.

  Gill Ramírez hizo estas revelaciones a Economy en Paraguay en una de sus empresas en es país, donde precisó que el Grupo Carlos Gill Ramírez en Bolivia lo constituyen Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon). “En Bolivia hemos invertido unos $us 300 millones en nuestras empresas de logística y más de $us 20 millones en las demás”, aseguró[2].

  Entretanto, el portal Página Siete[3] presenta una cronología de sus adquisiciones en Bolivia desde su arribo en 2008, cuando fue introducido al gobierno de la mano del exembajador venezolano de entonces en el país, Julio Montes. Gill Ramírez compró las televisoras ATB, PAT y los diarios Extra y La Razón de La Paz, “y los vinculó editorialmente con el MAS (…) En junio de 2014, el empresario venezolano compró del grupo Genesse Wyoming de Estados Unidos el 50% de las acciones de la Ferroviaria Oriental, que presta servicios en Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y Argentina. 14 meses después, en septiembre de 2015, Gill compró del grupo chileno Luksic la mitad de las acciones de la Ferroviaria Andina de Bolivia, que opera en Oruro y Potosí y realiza la conexión con Chile. Ambas vías son fundamentales para el corredor bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico”.

Sobre Gravetal

  La publicación cita al periódico El Día, el cual informó que Gill también es dueño de Gravetal, la principal empresa de producción, logística y comercialización de aceite y otros derivados de soya de Bolivia. Según la nota, esta compra “tiene una curiosa historia que comenzó en el primer periodo de Morales” remitiéndose a una reseña del diario Los Tiempos del 22 de noviembre de 2009, donde se dice que el MAS planificó la compra de dicha empresa. De hecho, Juan Valdivia Almanza, exdiputado por el MAS, figura en el directorio de la compañía, detentando el 5 por ciento de las acciones.

  Página Siete agrega que Sebastián Rivero Guzmán, hermano de la diputada del MAS, Susana Rivero Guzmán, también aparece como tercer director titular de Gravetal. La publicación indica que el 10 de septiembre de 2015, Sebastián Rivero transfirió el 0,50 por ciento de las acciones —a saber, 1.506 acciones — a Katarina María Emilia Gumucio Stambuk, quien fue delegada presidencial en Cochabamba en el primer gobierno de Evo Morales.

  El portal Hoy Bolivia había dado esta información en una nota publicada el 17 de junio de 2008, cuando indicó que Gravetal había pasado a manos de capitales venezolanos al haber vendido Juan Manuel Osorno, socio mayoritario “su paquete accionario (77,5 por ciento) a Monómeros Colombo Venezolanos, un conglomerado industrial de propiedad de Petroquímica de Venezuela (Pequiven), a su vez filial de la millonaria Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). La empresa Monómeros es acusada en Colombia de llevar a cabo un trabajo ideológico a favor del chavismo[4].

¿Testaferrato?

  El senador Ortiz, quien ha acusado las supuestas operaciones irregulares de las empresas de Gill Ramírez con el estado boliviano en tiempos de la administración de Evo Morales, ya en diciembre de 2019 había dejado sobre el tapete sus sospechas acerca de quién es el verdadero propietario de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, se lee en una nota de Correo del Sur[5].

  Ante las insinuaciones de Ortiz salió al ruedo Evo Morales, quien negó mantener relación alguna con dichas empresas, respondiendo así al parlamentario, quien interrogó al exmandatario si sabía que los ejecutivos de estas compañías "reportaban" su gestión al exvicepresidente, Álvaro García Linera.

  La nota cita a Morales quien en su cuenta en la red social Twitter escribió: "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso".

  La respuesta de Ortiz a Morales fue que "‘obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos’. El senador dijo que en toda esta relación hay un hombre clave: el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill, el ‘favorito’ del MAS, cuyo representante legal sería Hurtado”.

  Se refería al presidente del directorio de ATB, Marcelo Hurtado Sandoval, quien también se sumó a la polémica y negó ser representante legal de Gill y de sus operaciones e inversiones en Bolivia, así como tener alguna relación con García Linera y Morales. También “niega ser dueño o representante legal de Gravetal, La Razón y PAT, pero admite que es uno de los socios de ATB y dueño del 40% de las acciones de la empresa de seguros Provida, aunque en ninguno de los dos casos aclara desde cuándo es dueño ni a cuánto compró el paquete accionario”, refirió la nota de Correo del Sur.

  Pero el propio Carlos Gill niega la propiedad de la empresa en una entrevista concedida al portal El Deber: “Es fácil investigar, me preguntan todavía si soy dueño de Gravetal, la vendió el presidente de Cainco, entonces deben preguntarle a él. Es fácil investigar, cotizamos en la Bolsa Boliviana de Valores, donde todo es transparente”[6].

Ubicación privilegiada

  Oscar Ortiz manifiesta que los supuestos intereses de Gill Ramírez en Gravetal estarían dados por la ubicación privilegiada de su complejo agroindustrial a orillas de Arroyo Concepción, en el municipio Puerto Quijarro de la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, donde se beneficia de las ventajas que ofrece la Hidrovía Paraguay-Paraná, sobre la cual tiene montada gran parte de su operación logística y gran cantidad de proyectos a futuro.

   Refiere que en ese mismo sitio opera también la Sociedad Administradora de Puertos Continental (SAPCON), la cual es igualmente una empresa de su propiedad dedicada a prestar servicios portuarios, de transporte, manipulación de carga, depósito y/o almacenamiento en instalaciones portuarias.

  Cuando se produjo la compra de Gravetal, en Bolivia se volcaron las miradas hacia esta operación, pues se trataba de una compañía de capital privado con gran influencia en el sector agroindustrial aceitero de Santa Cruz, asociada con otra empresa de capitales públicos vinculados al gobierno en tiempos de Hugo Chávez. “Entre el empresariado cruceño la susceptibilidad se despertó principalmente a partir del hecho de que, si Gravetal estaba a la venta, y es una empresa vital para mantener el equilibrio de precios en la agroindustria aceitera nacional, ¿por qué no se manifestaron los inversionistas bolivianos?”, expresó el senador.

   Se hace eco de las interrogantes en la nota de Hoy Bolivia se formulan acerca de los supuestos intereses políticos que a Monómeros Colombo Venezolanos tendría en Colombia y que apuntarían al ámbito ideológico.

  Subraya, además, la evidente relación existente entre Gravetal y funcionarios de la alta cúpula gubernamental de Evo Morales, transparentada en el hecho de que entre marzo de 2009 y julio de 2010, Sebastián Rivero Guzmán, hermano de la diputada del MAS y exministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero Guzmán, formó parte del directorio de la empresa y luego fue Gerente de Logística hasta el 17 de agosto de 2015, cuando renunció.

   Ortiz sostiene que, para el mes de junio del 2019, figuraban como accionistas de Gravetal, Inversoja S.A. con 298.262 acciones (99 por ciento del capital social), Katarina María Emilia Gumucio Stambuk (exdelegada presidencial de Evo Morales en Cochabamba) con 1.506 acciones (0,5 por ciento del capital social); y Juan Valdivia Almanza, exdiputado por el MAS, con 1.506 acciones (0,5 por ciento restante del capital).

  Juan Valdivia Almanza también figura como presidente del Directorio de Gravetal y Katarina María Emilia Gumucio Stambuk aparece como directora suplente.

Hombre de medios

  En julio de 2008 Carlos Gill Ramírez llegó a Bolivia luego de comprar el periódico La Razón, una decisión que adoptó, según él mismo informó, cuando sus socios del Grupo Prisa le hicieron el ofrecimiento.

  Otras versiones apuntan que, al llegar Gill a Bolivia, fue presentado al entonces vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, por el exembajador de Venezuela en Bolivia Julio Montes Prado[7].

   Por cierto, la compra de La Razón en Bolivia habría tenido eco en Venezuela donde, según una investigación de Armando.Info que cita Página Siete[8], Carlos Gill Ramírez estaría detrás de la compra masiva de El Universal y Últimas Noticias, cuya línea editorial cambió drásticamente a favor del chavismo después de pasar a las manos de sus nuevos propietarios, cuya identidad se ha mantenido blindada.

 “En una nota titulada ‘Citizen Gill’, haciendo eco de la afamada película de la década de los años 40 Citizen Kane, que retrata la vida de un empresario de la prensa, el periodista Alfredo Meza describe las operaciones de Gill. Meza recuerda que el flamante presidente de El Universal, nombrado después del traspaso de las acciones, es Jesús Abreu Anselmi, que es hermano gemelo del presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, Enrique Abreu Anselmi, nombrado en ese cargo por Gill. Según el portal web venezolano, Enrique representa, como presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, los intereses de Gill, de acuerdo con datos oficiales que recolectó de la ASFI”.

  El trabajo periodístico explica que se constituyeron dos empresas, a saber Latam Media Holding, en Inglaterra, y Epalisticia, en España, respectivamente, como camuflaje de los verdaderos compradores bajo una figura que esconde la identidad de los dueños. Son sociedades creadas para llevar a cabo determinadas operaciones, en este caso, la compra de los citados medios de comunicación.

   La nota subraya que esta fue la modalidad adoptada para la compra de La Razón y Extra en Bolivia, que fueron adquiridos por la empresa Akaishi, “también abierta en España unos meses antes de la operación y también constituida con 3.500 euros de capital, el mínimo exigido por las normas españolas. Al igual que Epalisticia, Akaishi no tenía página web, no tenía ejecutivos contratados, no daba servicios y tenía como domicilio legal un edificio en el que operan varias entidades similares. Se sabe que, a principios de 2013, Jaime Iturri, director de ATB, y Marcelo Hurtado, gerente general, se trasladaron a Barcelona para cambiar los nombres de los accionistas de Akaishi”.

  La nota recoge las afirmaciones del periodista Raúl Peñaranda Undurraga, las cuales son producto de su investigación vertidas en su libro “Control remoto”, donde relata estos procesos de adquisición de medios de comunicación , tanto en Venezuela como en Bolivia, presuntamente por parte de Gill Ramírez.

  Peñaranda Undurraga narra que el empresario constituyó a su llegada a Bolivia la Fundación S.XXI, la cual se encargaría de la exportación de textiles bolivianos a Venezuela. Este negocio serviría para paliar los efectos de la pérdida que Bolivia experimentaba por la aplicación de la “Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga”, (ATPDEA por sus siglas en inglés), con Estados Unidos. Gill Ramírez iba a ser el nexo del gobierno boliviano con la empresa Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA), encargada de promocionar la venta de los textiles.

  El libro de Peñaranda narra que con el arribo de Carlos Gill a Bolivia se destrabaron las negociaciones del Grupo PRISA para la venta de La Razón, acordándose que el empresario venezolano tomara el control del citado diario y de Extra.

Akaishi: la empresa vehículo

  Como ya se dijo líneas arriba, la compra de La Razón se llevó a través de la empresa Akaishi, la cual se convirtió en el vehículo de la operación con el Grupo Prisa, de tal manera de poder mantener la identidad de Carlos Gill en resguardo.

  Indica el periodista que la operación de venta se materializó el 1º de octubre de 2008 con la intermediación de la vicepresidencia boliviana, aunque sólo se hizo pública hasta enero de 2009. Para abril de 2010 comenzó a decirse que Gill Ramírez había comprado el periódico en medio de un intercambio de acciones de una red de TV norteamericana que poseía. Eso sí, agrega que las presiones del gobierno boliviano para con el Grupo Prisa para que vendiera el diario, comenzaron desde antes de la llegada de Gill Ramírez al país, mediante inspecciones técnicas, visitas de los agentes de impuestos, entre otras.

  El Grupo Prisa informó el 20 de enero de 2009 a la Comisión Nacional de Valores de España, que había transferido el 25 por ciento de sus acciones de ATB a una empresa domiciliada en Barcelona, denominada Akaishi Investments S.L.

  De acuerdo con el portal eInforma[9], Akaishi Investments S.L. es una empresa ya extinguida, inscrita el 28 de agosto de 2008 en el Registro mercantil de Barcelona, cuyo domicilio era Plaza Catalunya, 20, Piso 9, municipio Barcelona, provincia Barcelona. Su Código de Identificación Tributaria (CIF) era B64938350.

  El objetivo social de la compañía era la “adquisición, tenencia, disfrute y administración, dirección y gestión de títulos valores y/o acciones representativas de los fondos propios de sociedades salvo instituciones de inversión colectiva, etc. (…) La clase CNAE a la que pertenece es 6420 - Actividades de las sociedades holding (…) La cifra aproximada del capital social de esta empresa es De 0 a 3.100 €. La cantidad de actos existentes en el BORME es de 12 y aparece dada de alta en la provincia Barcelona del Registro Mercantil”.

  El portal Axesor agrega que “Su último depósito de cuentas disponible es el de 2014 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/11/2016, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 222, Referencia 470478. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 14/11/2016, Tomo 40747, Folio 40, Sección 8, Hoja 373603, Inscripción 5. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Akashi Investments SL ha sido Nueva información de crédito, el 24/11/2016”[10].

  La Comisión Nacional de Valores de España informó que la venta fue por USD 4,1 millones de dólares. El restante 75 por ciento de las acciones estaba en manos de La Razón, adquiriendo también sobre ellas, Akaishi Investments S.L., la opción de compra, así como del diario Extra.  

  Akaishi Investments S.L. carecía de página web, ni tampoco tenía ejecutivos contratados, no ofrecía servicios y su dirección también lo era de varias entidades similares.  

  A inicios de 2013, el director de ATB, Jimmy Iturri Salmón, así como Marcelo Hurtado Sandoval, gerente general, fueron a Barcelona para cambiar los nombres de los accionistas de Akaishi Investments S.L., cuenta Peñaranda Undurraga en su libro, donde agrega que el 29 de octubre del año 2015 Iturri Salmón anunció que compraría La Razón por USD 4,5 millones. Subraya el periodista que Carlos Gill Ramírez niega ser propietario de ATB, aunque admite la propiedad de La Razón y Extra.

   Hace referencia a una investigación que adelantó con el senador Arturo Murillo Prijic, en la que establecieron la estructura accionaria de La Razón y de los socios de las empresas accionistas de Comunicaciones El País S.A., propietaria del periódico La Razón, las cuales conducen directamente a Carlos Gill Ramírez.

   Tal estructura fue construida a partir de las actas de las asambleas de accionistas de Comunicaciones El País S.A. en la que figuran una red de empresas, a saber, Inversiones Grupo de Prensa IGMC S.A., Inversiones en Radiodifusión S.A., Informaciones Extra S.A., Kimarcus S.R.L, en la que los nombres de Alejandro Antezana Salvatierra, Rafael Enrique Abreu Anselmi, Carlos Rodolfo Gill Márquez y Josefa María Gómez de Gill, son los denominadores comunes.

  Entretanto, las actas de asamblea de accionistas de la empresa Illimani de Comunicaciones S.A., dan cuenta de que esta es propietaria de la Cadena de Televisión ATB. Mientras tanto, Comunicaciones El País S.A. posee a Inversiones en Radiodifusión S.A. y esta es dueña de 25 por ciento del capital social de Akaishi Investments S.L. y de74,99 por ciento de Inversiones L.G. S.A. Marcelo Hurtado Sandoval posee 0,01 por ciento y figura como apoderado y representante de tanto de Akaishi como de Inversiones L.G., con lo que, aun teniendo una participación accionaria mínima, controla la sociedad y representa a socios corporativos.

   La investigación estableció que detrás de las empresas propietarias de ATB, estaba Akaishi Investments, S.L. con 99,98 por ciento por ciento del capital social, representada por Marcelo Hurtado Sandoval en calidad de persona natural como propietario de una acción y Walter Zuleta Buitrago también con una acción.

   Si bien las actas de accionistas de Illimani de Comunicación S.A. no muestran a Carlos Gill Ramírez, sí refieren la participación de Inversiones en Radiodifusión S.A. con 0,2238 por ciento del capital social de Comunicaciones El País S.A.

   Marcelo Hurtado Sandoval juega un papel central en las empresas involucradas, Inversiones en Radiodifusión S.A., Akaishi Investment, S.L. e Inversiones L.G. S.A.

  Sobre esta negociación, la periodista Lupe Cajías de la Vega, expresidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz, descalificó la operación en una columna de opinión publicada en Los Tiempos el 13 de octubre de 2017 que reproduce el blog Casos de Corrupción, en la que refiere que “Carlos Gill, esposo de una comunicadora, compró y hundió uno de los más sólidos periódicos paceños al ponerlo al servicio del oficialismo, a pesar del capital inyectado, a pesar de la publicidad estatal, a pesar de heredar un producto diverso y profesional. Lo hizo en silencio, escondido”[11].

Otros medios de Carlos Gill Ramírez

  Además de La Razón y Extra, en Bolivia, Carlos Gill Ramírez es propietario del canal español Vme Tv, la revista Hola de Venezuela y el diario digital venezolano ALnavío. La familia de su esposa es propietaria de El Nacional.

  Como también se informó anteriormente, Gill Ramírez forma parte del Grupo Prisa, propietario del diario El País de España, entre otros.

[1] Noticias Candela. “Con empresas fantasmas guisaron a Banorte”. 26 de octubre de 2012. https://www.noticiascandela.informe25.com/2012/10/banorte-habria-entregado-creditos.html

[2] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

[3] Página Siete. “Gill y Zapata, empresarios proMAS con negocios millonarios”. 7 de febrero de 2016. https://www.paginasiete.bo/opinion/andres-gomez-vela/2016/2/7/gill-zapata-empresarios-promas-negocios-millonarios-85955.html

[4] Hoy Bolivia. “¡Vendida!: Gravetal se queda en manos de capitales venezolanos”. 17 de junio de 2008. https://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=3060

[5] Correo del Sur. “Elevan la polémica sobre la propiedad de cinco empresas”. 16 de diciembre de 2019. https://correodelsur.com/politica/20191216_elevan-la-polemica-sobre-la-propiedad-de-cinco-empresas.html

[6] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. Sin fecha. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[7] Rimay Pampa. “¿Tráfico de influencias? Zapata y Gill, dos empresarios proMAS con negocios millonarios”. 6 de febrero de 2016. https://rimaypampa.blogspot.com/2016/02/trafico-de-influencias-gill-y-zapata.html

[8] Página Siete. “Carlos Gill, detrás de la compra de El Universal”. 20 de diciembre de 2014. https://www.paginasiete.bo/ideas/2014/12/21/carlos-gill-detras-compra-universal-41913.html

[9] eInforma. Akaishi Investments S.L. (Extinguida) https://www.einforma.com/informacion-empresa/akaishi-investments

[10] Axesor. Akaishi Investments S.L. Barcelona. https://www.axesor.es/Informes-Empresas/5487208/AKAISHI_INVESTMENTS_SL.html

[11] Los Tiempos. “Gill no es un Gil” en Casos de Corrupción. 13 de octubre de 2017. http://casosdecorruptos.blogspot.com/2017/10/adecuado-el-titulo-gill-no-es-ningun.html

Denuncian en Bolivia contrataciones irregulares del empresario venezolano ligado al chavismo, Carlos Gill Ramírez

   Piden que negociaciones con tres ministerios de la administración de Evo Morales encabezadas por Carlos Gill Ramírez, las cuales totalizan USD 1.113.373.835,06 sean sometidas a auditoría.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

    El senador y aspirante a la presidencia de Bolivia Boliviano por Unidad Democrática, Oscar Ortiz, denunció que la empresa Cotienne S.A. de Carlos Gill Ramírez fue objeto de millonarias adjudicaciones de contratos durante la administración de Evo Morales, negociaciones estas que se encontrarían bajo sospecha de haberse contratado irregularmente, razón por la cual solicitó al gobierno transitorio someter dichos proyectos a auditoría.

   Los proyectos que, a juicio de Ortiz habrían sido otorgados bajo la modalidad de contratación directa incumpliendo la normativa y a los cuales pide revisar fueron suscritos por los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el de Hidrocarburos y Defensa.

“Nos referimos a un contrato de adquisición de radares adjudicados a Thales Air System, por la suma de USD 227 millones; un contrato por la instalación 22 estaciones satelitales de regasificación, por costo de 137 millones de dólares; y un contrato de Mi teleférico, por Bs. 5.025.130.386,00 (…) El monto total de fiscalización es de USD 1.113.373.835,06”.

  El parlamentario boliviano refirió que estos contratos otorgados bajo el gobierno de Evo Morales tienen en común a la Empresa Cotienne S.A., propiedad de Carlos Gill Ramírez.

“En todas ellas [las contrataciones] participó la empresa Cotienne (…) una empresa constructora directamente relacionada al empresario venezolano muy vinculado al régimen de Evo Morales, Carlos Gill Ramírez. Lo curioso es que él declaró ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa en Paraguay donde invitó a muchos periodistas, que era propietario de Cotienne, aunque cuando investigamos en los papeles de esta empresa no figura como propietario, lo cual es casi una confesión de parte, que se administra con testaferros en Bolivia”, se lee en la reseña publica por el diario Los Tiempos[1].

  Página Siete agrega que Ortiz advirtió que en el caso del Teleférico “ni siquiera hubo un proceso de licitación, sino que la empresa Doppelmayr, de la cual Gil es representante, se adjudicó los contratos directamente”[2].

  Oscar Ortiz cree que es fundamental que las unidades de transparencia de los citados ministerios establezcan de qué manera se llevaron a cabo estas negociaciones, cómo se llevaban a cabo las licitaciones. “Si no había competencia en las ofertas [es necesario establecer] cómo definían cuánto se iba a pagar por estos contratos”.

  Ortiz cree que importante establecer la responsabilidad de las personas que permitieron estas negociaciones irregulares.

Modelo corrupto

  El parlamentario boliviano dijo que sus indagatorias como senador le han permitido determinar que el expresidente Morales desarrolló un modelo de protección, favorecimiento e, incluso, de corrupción que en varias oportunidades ha denunciado con pruebas y argumentos.

  Específicamente, Ortiz se refirió a la modalidad de favorecer las contrataciones a la hora de otorgar proyectos, lo cual evita la competencia e impide una sana comparación de precios, costos y plazos, al tiempo que favorece a grupos e individuos vinculados al poder.

  Destacó que en el nombre de Carlos Gill Ramírez siempre salía a la luz en sus investigaciones, por lo que decidió iniciar una averiguación sobre los negocios en los que ha participado este empresario en Bolivia. “El propósito no es ir en contra de una persona, sino develar el mecanismo gubernamental de favorecimiento, con fines ilícitos”.

  La pesquisa —subrayó Ortiz— dejó claro que este mecanismo, incluye un sistema de subcontrataciones, representaciones y tercerías que tiene como objetivo final, ocultar la verdadera identidad de los allegados y actuar con ventaja e impunidad. “La conclusión es que, en todas las inversiones y emprendimientos de Carlos Gill Ramírez en Bolivia, hay un evidente grado de preferencias otorgado por el gobierno del presidente Evo Morales”.

¿Quién es Carlos Gill Ramírez?

  En su página web[3], Carlos Enrique Gill Ramírez se define como un líder que ha ocupado altas posiciones en diversas organizaciones e instituciones financieras, industriales y comerciales en las que ha alcanzado éxito, haciendo especial énfasis en la reestructuración del Banco Unión, Mercedes-Benz Venezuela, C.A. Corimón, C.A., Banco Capital, C.A., Banco Canarias de Venezuela, C.A. y Bancentro Banco Comercial, C.A.

  Parte de esta información es corroborada por el portal Poderopedia[4], que indica que Carlos Gil Ramírez es un empresario venezolano-paraguayo, presidente del Grupo Corimón, una corporación venezolana que se dedica a la producción y comercialización de pinturas. Agrega que en su perfil en la red social Linkedin, Gill manifiesta que ha incursionado en los sectores automotriz, hotelero, industrial, seguros, salud y comercial. Agrega que Gill fue propietario de Banorte, el cual vendió alrededor de un año antes de que fuera intervenido.

  El portal dice igualmente que a Gill Ramírez se le vincula con el expresidente boliviano, Evo Morales, con cuya ayuda y la del gobierno venezolano, habría adquirido varias empresas en el país del altiplano, a saber, dos medios de comunicación y una compañía ferroviaria. Se cita una entrevista concedida al portal web El Deber, donde “aseguró que forma parte del proyecto del tren bioceánico que tiene como objetivo unir a tres países (Brasil, Bolivia y Perú) de América del Sur. ‘El bioceánico es un proyecto que debe realizar el Estado boliviano. Nosotros, como el consorcio privado que tiene la concesión, empujamos para que esto suceda’”[5].

  Las indagatorias de Oscar Ortiz sobre e Gill Ramírez, lo llevaron a asegurar que este es un empresario que debe su notoriedad a su relación con el expresidente Hugo Chávez y con el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

  Se remite a sus búsquedas hemerográficas en las cuales pudo conocer que Gill Ramírez forjó parte de su fortuna a la sombra de la crisis bancaria de la última década del siglo XX en la que compró y vendió varias instituciones financieras, como Nuevo Mundo, el Canarias y Banorte[6].

   Sobre esto se remite a la investigación del periodista César Batiz aparecida en abril de 2010 en el diario Últimas Noticias —en la actualidad borrada del historial del periódico— que reproduce Noticias Candela, en la que el comunicador dio a conocer cómo Banorte otorgó créditos a plazo a por lo menos cinco empresas fantasmas el 18 de agosto de 2009. La información agregaba que dicho banco fue objeto de medidas administrativas por parte de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), “órgano que también objetó el traspaso de acciones entre Carlos Gill Ramírez (Seguros Nuevo Mundo, Bancentro y hermano del dueño de Fondo Común Víctor Gill) y Zambrano, pues se desconocía el origen del capital utilizado para pagar $52 millones a mediados de 2008”[7].

  Oscar Ortiz recordó que Carlos Gill Ramírez llegó a Bolivia en 2008 de la mano de quien para entonces ejercía como embajador venezolano en esa nación, Julio Montes Prado, quien lo habría contactado con la estructura política boliviana, en especial, con el vicepresidente Álvaro García Linera. Estos datos los recoge el parlamentario del libro “Control remoto” del periodista Raúl Peñaranda.

  Añade que Montes Prado —quien ejerció como representante del gobierno de Hugo Chávez en Bolivia desde 2006 hasta 2009— siguió manteniendo su influencia en la administración de Evo Morales y todos los ámbitos de la vida boliviana a través de Gill Ramírez. Esto se comprueba con el hecho de que Montes en 2015 se convirtió en vicepresidente de la Empresa Ferroviaria Andina cuando esta ya había pasado de Carlos Gill[8].

Breve reseña sobre las empresas de Gill

  Gill Ramírez es propietario de Ferroviaria Oriental, cuyo paquete accionario comparte con el estado boliviano; también es dueño del 50 por ciento de Ferroviaria Andina; de Invergill Investments S.A., un grupo inversionista inscrito en Panamá el 2 de octubre de 2013, de acuerdo a información que brinda el portal Open Corporates que agrega que allí figura como presidente y director. A través de este grupo, Carlos Gill compró la franquicia de comida rápida Wendy’s en su capítulo venezolano[9].

  Información del portal ArmandoInfo reveló que Gill Ramírez compró el Diario La Razón (Bolivia) en 2010, el cual cambió desde entonces su línea editorial a favor de la administración de Evo Morales. La adquisición, según el periodista Raúl Peñaranda, la hizo a través de la empresa española Akaishi, algo que Gill niega.

  La adquisición del diario boliviano fue una operación que, según el periodista boliviano Raúl Peñaranda, se hizo a través de la empresa española Akaishi. Gill negó tener algo que ver con esta compañía. De acuerdo con el periodista, aquel diario cambió su línea editorial, ahora favorable al presidente Evo Morada, después de ser adquirido por Gill. Este, sin embargó, también negó tener algo que ver con el gobierno boliviano. Gill Ramírez también es dueño del Diario Extra[10].  

  Se le relaciona con Rafael Enrique Abreu Anselmi, hermano del finado director de Sistema de Orquesta Nacional de Venezuela, José Antonio Abreu, y del presidente del diario El Universal, Jesús Abreu Anselmi. Rafael Abreu participa también en la junta directiva de Ferroviaria Oriental.

  El portal Vook[11] informa que la Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. constituida en 1987 en Bolivia, con oficina central en La Paz, específicamente en la Calle 10, Avenida Costanera y Avenida Los Sauces, Nº 479 Zona Calacoto, La Paz. Teléfono: 2793058. Correo Electrónico: elenaortega@cotienne.com.

El representante legal de la firma es Mauricio Eloy Etienne Solares.

  El objeto de la compañía es la construcción; proyectos, estudios y diseños d e ingeniería y obras civiles; compra y venta de terrenos e inmuebles; alquileres de bienes inmuebles y muebles; maquinaria para la construcción y equipo pesado.

CITAS 

[1] Los Tiempos. “Ortiz pide auditoría a contratos de ministerios de Obras Públicas, Hidrocarburos y Defensa”. 10 de marzo de 2020. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200310/ortiz-pide-auditoria-contratos-ministerios-obras-publicas-hidrocarburos

[2] Página Siete. “Ortiz anuncia auditorías a tres ministerios por adjudicaciones de contratos en gestiones del MAS”. 10 de marzo de 2020. https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/10/ortiz-anuncia-auditorias-tres-ministerios-por-adjudicaciones-de-contratos-en-gestiones-del-mas-249169.html

[3] Carlos Gill Ramírez. https://carlos-gill-ramirez.com/2018/10/26/biografia-carlos-gill-ramirez/

[4] Poderopedia. Carlos Gill Ramírez. https://poderopediave.org/persona/carlos-gill-ramirez/

[5] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[6] KonZapata. “Así eran los millonarios y los millones antes de que aparecieran los bolichicos”. 11 de mayo de 2015. https://konzapata.com/2015/05/asi-eran-los-millonarios-y-los-millones-antes-de-que-aparecieran-los-bolichicos

[7] Noticias Candela. “Con empresas fantasmas guisaron a Banorte”. 26 de octubre de 2012. https://www.noticiascandela.informe25.com/2012/10/banorte-habria-entregado-creditos.html

[8] BBC. “El exembajador chavista que se convirtió en alto ejecutivo ferroviario en Bolivia”. 20 de octubre de 2015. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151012_embajador_venezolano_empresario_bolivia_bm

[9] Open Corporates. Invergill Investments S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/815347

[10] ArmandoInfo. “EL Citizen Gill compra medios por América Latina”. 13 de diciembre de 2014. https://armando.info/Reportajes/Details/124

[11] Vook. Ficha detallas de empresa: Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. https://www.vook.bo/index.php/tEmpresa/viewfront?id=371

Ali Sadr Hasheminejad, el iraní que trabajó en proyectos de Hugo Chávez, se declaró fanático Barack Obama porque distendió las sanciones contra Irán

  Sard Hasheminejad lucía impecable, vestía un traje azul oscuro, camisa de cuello blanco, y corbata azul. El acusado tiene un manejo de la escena profesional, se notaba que pasó mucho tiempo preparándose testificar. 

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  El iraní, acusado por Estados Unidos de lavar $115 millones de dólares, de fraude bancario y de haber violado las sanciones estadounidenses contra la República Islámica de Irán, testificó en su propio juicio por dos días, negando que haya cometido ilícito con el dinero que obtuvo del proyecto de construcción de viviendas pagado por el gobierno de Hugo Chávez en 2009 de un contrato de unos $ 500 millones aproximadamente.

  Sadr Hasheminejad busca convencer al jurado que es un hombre honesto, brillante y de familia. Desde el estrado, se ha declaró admirador y seguidor del expresidente Barack Obama "porque él trata a los iraníes como su familia, su amigo, nos hablaba a nosotros, al pueblo", dijo mientras quebraba su voz y miraba lleno de emoción a los miembros al panel de 10 mujeres y 5 hombres que tienen la responsabilidad de emitir un veredicto unánime del caso.

  El acusado sostuvo que su admiración por Obama partía de la decisión del ex mandatario estadounidense de distender las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. El gobierno de EE. UU. lo acusa de violar las sanciones al ocultar el origen iraní de sus empresas, del capital con el que operaba y de los ejecutivos que las dirigían. Sard Hasheminejad, quien es el dueño de Pilatus Bank [cerrado por las autoridades de Malta por delitos de lavado de dinero] que pensaba que las sanciones eran sólo para el régimen de Irán, sus entidades y las personas que tenían responsabilidad en la administración pública. 

Fui arrestado y torturado

  Interrogado por su defensor Brian Heberlig, Sadr Hasheminejad dijo que había sido arrestado y torturado en Irán por haber participado en una protesta contra el gobierno, mientras estudiaba en la Universidad de Teherán en 1999. Y que por ser amenazado tuvo que huir del país donde, por cierto, su padre Mohammad Sadr Hashemi Nejad es dueño de un emporio económico, un banco privado y muchas compañías que ejecutan contratos directos con el gobierno de la República Islámica de Irán, según la acusación federal.

 Sadr explicó que el proyecto de viviendas venezolano, construido por la compañía Iranian International Housing Co. IIHC, propiedad de su padre, había recibido pagos en euros a través de un banco estatal iraní; pero el dinero fue retenido por 6 meses. Para evitar que se produjera nuevamente la retención de los fondos, IIHC aceptó pagos en dólares americanos, que se pagaron a través del sistema bancario estadounidense, a una cuenta bancaria en Hyposwiss de Suiza y, finalmente, a la empresa familiar Stratus Turkey, con sede en Istanbul.

   Sadr Hasheminejad —cuyo padre también es dueño del banco privado EN Bank que tiene más de 350 sucursales en Irán y cuenta con más de 10,000 empleados—  dijo que quería irse de Irán a los Estados Unidos, un país que le encantaba, y el cual ya había visitado a la edad de 14 años. 

  "Mi madre y mis hermanas se mudaron a los Estados Unidos en 1998, pero  yo no pude venirme con ellas porque debía hacer el servicio militar. En Irán no entregan pasaportes aquellos que no cumplen con ese requisito", dijo Sard Hasheminejad. 

    Algunos medios iraníes y de Malta sostienen que Sadr Hasheminejad nunca sirvió al ejército de la República Islámica de Irán. 

     En su testimonio, Sadr aseguró que se mudó a Nueva Jersey en mayo de 2000, y luego a Washington DC. Estudió primero a Montgomery College, y luego, se transfirió a la Universidad de Cornell donde se graduó de ingeniero. Posteriormente, se dedicó al negocio de bienes raíces con su compañía Span, y construyó un centro comercial para alquilar. Después de venderlo, comenzó la firma de capital privado A&R Capital Partners, para especializarse en capital semilla para nuevas empresas y desde allí expandió sus negocios. 

  También admitió que había solicitado asilo en los Estados Unidos,  y si bien lo logró, la solicitud fue revocada en 2010, junto con su autorización de trabajo, cuando su abogado fue investigado por haber realizado fraude migratorio, incluyendo su propio caso.

  Cuando las circunstancias lo obligaron a salir del país, el acusado aseguró que "llamó a su padre y a su tío" porque necesitaba resolver de inmediato. Afirmó que le costó mucho irse de Estados Unidos porque aquí estaba su vida "Viví 9 años". 

   Sadr dijo que en esa época"necesitaba un Plan B" y fue entonces cuando evaluó obtener un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. 

   El programa de ciudadanía San Cristóbal y Nevis era "una opción de vía rápida". Pagó 250 mil dólares para ser ciudadano de la nación caribeña y por un pasaporte que le permitía hacer negocios sin restricciones.

   Comentó que en el pasaporte de San Cristóbal y Nieves dice que nació en Teherán, Irán no acepta que se renuncie a la ciudadanía. Se mudó a Dubai, y aplicó a la residencia de Turquía. Al poco tiempo fue a visitar a su padre a Irán porque fue diagnosticado de cáncer en noviembre de 2010 y aunque no podía estar seguro 100 % de viajar a Irán pero lo hizo por amor a su padre.

     Luego se mudó a Dubai, pasó por Suiza y Turquía. También comentó que había visitado Irán para ver a su padre que estaba recibiendo quimioterapia en 2010.

   Más tarde recibí una tarjeta verde de EE. UU. En noviembre de 2012, regresé a DC con mi esposa, que era ciudadana. Lamentablemente nos divorciamos ".

Proyecto Venezuela
  
  Sostuvo que regresó a Irán con la advertencia de no meterse más con el gobierno. Empezó a trabajar en el proyecto Venezuela, a través de la empresa de su padre IIHC "que nunca perteneció al gobierno".  

  Su padre se dedicó a reconstruir a Irán con Stratus Group, con esa empresa (y otras) hicieron, carreteras, puentes, residenciales y muchos otros proyectos. Su padre estaba orgulloso de los trabajos realizados en Turcmenistan, Bangladesh, Yemén y otros países. 

  Aseguró que Stratus Group recibió pagos en dólares por casi todos sus proyectos que construyó. 

  Aclaró que nunca trabajó en el banco de su padre EN Bank, "que es el primer banco privado de Irán, tiene 300 -350 sucursales en Irán, es como Wells Fargo", dijo. Este banco fue incluído en en 2012 en la lista de SDN de la OFAC.

  Sadr Hasheminejad sostuvo que su padre no apoyó a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC por sus siglas en inglés. Tampoco al régimen de Irán. 

Contrato promocionado por la televisión 

  Cuando Venezuela contrató a IIHC para hacer las 12 viviendas, hubo ceremonia oficial donde participó Hugo Chávez el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, que fue promocionada por la televisión. 

   Sadr Hasheminejad confesó que su padre estaba muy orgulloso de hacer el proyecto Venezuela y le pidió ayuda para que se encargara de las finanzas, los pagos, etc. Para ese momento, él estaba trabajando en Washington DC, pero decidió ayudar a su padre con la intención de poder sacarlo fuera de Irán.

  Sostuvo que cuando empezó con su padre, discutió con el banquero de Hyposwiss sobre las sanciones para ver cómo afectaban al proyecto  y el banquero le dijo que no afectaban siempre que las empresas no fueran de Irán. 
  
   Sobre este tema hubo una objeción de la fiscalía y la jueza Alison Nhatan dio instrucciones al jurado que la conversación del abogado defensor con el acusado no representa la verdad sino la opinión de ambos, por tanto no debe ser tomada como evidencia.

   Sard aseguró que viajó 12 y 15 veces a Venezuela cuando estaba trabajando en el proyecto, que significa un reto profesional para él. 

    Admitió que Iranian International Housing Co. era parte de  Stratus Group y que luego de evaluar decidieron cambiarle el nombre a la empresa para eliminar la palabra Iranian. El cambio llevó a la empresa a llamarse por las siglas IIHCO. Luego del cambio de nombre en el registro, cambiaron el nombre en el contrato con PDVSA -DUCOLSA.

Siguen las demandas en EE. UU.: OI European Group BV se une a Crystallex para cobrar su deuda millonaria con las acciones de CITGO

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   Otro acreedor de la República Bolivariana de Venezuela ha solicitado ante una corte de EE. UU. una orden para lograr cobrar un sentencia de dinero de un tribunal internacional por un monto de $ 382,076,793.05. La transnacional Oi European Group BV presentó ante el juez Leonard Stark, de la Corte de Delaware, una acción para formar parte del grupo de empresas (y de titulares de bonos PDVSA) que buscan obtener el pago de sus deudas por obligaciones incumplidas por el Estado venezolano con la venta de acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation, basándose en la tesis de Alter Ego que se aprobó en esa instancia judicial.

   El tribunal aprobó la moción interpuesta por los demandantes,  Oi European Group BV para que se considere de manera acelerada la petición. El juez ordenó,  además, que el demandado (Venezuela)  responda la acción del demandante para que se autorice la emisión de una orden de embargo —conocida como Fieri Facias—contra las acciones de la corporación de Delaware PDV Holding, Inc., propiedad nominal del alter ego de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA.

   El 24 de octubre de 2019, el gobierno de Donald Trump emitió una acción para proteger de los acreedores a CITGO. La decisión que se extiende por 90 días y se tomó antes que las múltiples empresas que buscan la ejecución de una orden de subasta de las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos, dada por el tribunal de Delaware. 

La moción de Oi European Group BV

  En la moción de Oi European Group BV se basa en la tesis impuesta por el tribunal de Delaware sobre el alter ego que favoreció a la minera canadiense Crystallex y que la misma no ha cambiado hasta ahora. En ese sentido, señala que Venezuela "no argumenta que exista ninguna diferencia material entre las circunstancias de los laudos del CIADI otorgados a OIEG y Crystallex". 

   Un concepto equitativo, la doctrina del "alter ego" permite a los tribunales ignorar la forma corporativa donde la justicia lo requiere, con el fin de crear un alivio basado en la sustancia. Se aplica incluso a los instrumentos soberanos extranjeros como PDVSA, lo que permite a los tribunales federales hacer caso omiso de "el estado jurídico normalmente separado de un instrumento del gobierno" donde "principios equitativos reconocidos internacionalmente" requieren ser presentados por el litigio". 

  Los demandantes sostiene que después de todos los hechos que dieron lugar a la responsabilidad del alter ego a favor de Crystallex, Venezuela dejó de abusar de la forma corporativa.

  Advierten que el fallo sobre el alter ego del tribunal de Delaware se basa en hechos que el juez consideró que existieron entre 2002 y 2018. "Durante ese tiempo, los activos de Crystallex - y los activos de OIEG - fueron expropiados y ambas empresas obtuvieron laudos arbitrales del CIADI". 

  Alegan que el abuso de Venezuela de la forma corporativa durante ese período perjudicó a estos acreedores y dio lugar a un derecho de acción contra los activos que, aunque nominalmente eran propiedad de PDVSA, se consideraron como base de ese historial como activos de Venezuela.

   La defensa de Venezuela "no sostiene que ninguno de esos hechos históricos haya cambiado". 

 Aclaran que OIEG no ha demandado ni a Juan Guaidó, ni a su predecesor, Nicolás Maduro, ni a su predecesor, Hugo Chávez. Su reclamo no es contra el gobierno de Venezuela, sino contra el soberano mismo, y el alter ego de ese soberano PDVSA. 

 "Las obligaciones de un estado extranjero no se ven afectadas por un cambio en el gobierno de ese estado", sostienen. Agregan que "Guaidó es simplemente un nuevo administrador de un viejo acusado. Su nombramiento no cambió la naturaleza del acusado soberano de Venezuela ni su relación con su alter ego. La forma ha cambiado, pero no la sustancia", advierten.

 Como un asunto formal, los Estados Unidos reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela en enero de 2019. Así también, como un asunto formal, han cambiado las personas que pueden ser reconocidas en los Estados Unidos como directores de subsidiarias domiciliadas en los EE. UU. 

   La doctrina del alter ego se refiere a los hechos, no a las formas, y es indiscutible que el soberano y su alter ego no han cambiado de hecho. "Guaidó no tiene control práctico sobre el soberano, PDVSA permanece totalmente controlado por ese soberano, y los nuevos miembros de la junta tampoco tienen poder para hacer cumplir sus decretos corporativos en Venezuela".

  "Venezuela concede lo mismo" dicen y hacen referencia a una declaración del embajador de Guaidó, Carlos Alfredo Vecchio donde señala  que Guaidó “no tiene acceso completo al personal y los documentos del gobierno y sus instrumentos. Por el contrario, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro se ha negado a renunciar al control de la operación de muchos órganos del gobierno de Venezuela, refiriéndose a la "medida en que los activos de PDVSA dentro de Venezuela permanecen bajo el dominio y el control ilegales de Maduro y sus aliados políticos".

  OIEG entiende que es probable que OFAC espere una posible transacción de venta antes de emitir una licencia y, en consecuencia, los procedimientos de subasta sugeridos por Crystallex condicionarían la transferencia de las acciones en el momento de la emisión de una licencia OFAC, tanto para los acreedores garantizados como para el cesionario. 

  "OIEG está de acuerdo con este enfoque. Se debe emitir una orden de embargo mientras tanto para establecer una prioridad menor en los activos", dice la demanda.

  Las consideraciones de la OFAC no fueron relevantes para el análisis de este Tribunal de si PDVSA es o no un alter ego de Venezuela o si los activos de PDVSA estaban sujetos o no a embargo por parte de Crystallex. 

  La "decisión principal" en Crystallex I y II "fue que PDVSA es el 'alter ego' de Venezuela bajo Bancec" y en base a ello, el Tribunal "concluyó que el control de Venezuela sobre PDVSA era suficiente para permitir que Crystallex se uniera a las acciones de PDVSA de PDVH en satisfacción de su juicio contra Venezuela". 

 Estas determinaciones fueron esenciales para el juicio previo, incluso si la ejecución real de cualquier archivo adjunto requerirá una licencia OFAC (u orientación). 

  Sostienen que Venezuela está colateralmente impedida de impugnar los antecedentes de la Corte determinación de que (i) PDVSA es el alter ego de Venezuela, y (ii) que las acciones de PDVSA de PDV Holding (CITGO) están sujetas a embargo por parte de un acreedor judicial de Venezuela.

 Asegura que el tribunal no debe diferir una decisión sobre la moción de OIEG hasta que los procedimientos de Crystallex estén "totalmente resueltos".

  Venezuela afirma que el Tribunal debería diferir la acción sobre la moción de OIEG hasta que el Tercer Circuito revise las peticiones de nueva audiencia o revisión en el banco.

  Un panel del Tercer Circuito afirmó por unanimidad las decisiones de este Tribunal en Crystallex I y II. Asimismo, el tribunal levantó su suspensión de los procedimientos de Crystallex del tribunal de distrito, autorizando así a este Tribunal a tomar medidas adicionales en ayuda de la ejecución, y no ha tomado ninguna acción posterior para limitar esa acción.  "Ahora que el Tercer Circuito ha levantado su suspensión de los procedimientos en el tribunal de distrito, este Tribunal puede y debe proceder con acciones de ejecución contra Venezuela", acotan.

  Aseguran que el hecho de que Venezuela haya buscado una revisión discrecional de Crystallex III no tiene ninguna consecuencia. 

Juicio del banquero que lavó millones de dólares de Venezuela a favor de Irán será en marzo de 2020

Por Maibort Petit

@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2 de marzo de 2020 el juicio con jurado en contra del banquero iraní,  Ali Sadr Hashemi Nejad, acusado por el gobierno estadounidense de lavado de dinero, fraude bancario y de haber ejecutado un plan financiero que violó las sanciones impuestas por los Estados Unidos a la República Islámica de Irán.

Luego de la audiencia curcio celebrada este lunes, en la cual el acusado renunció consciente y voluntariamente a su derecho a una representación libre de conflictos, la jueza Alison J. Nathan autorizó el inicio del juicio, que inicialmente estaba pautado para enero,  para el mes de marzo de 2020. Una de las razones por las cuales se produjo el cambio fue porque los abogados de Ali Sadr Hashemi Najed tendrán otros juicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York para las mismas fechas. El fiscal federal, Michael K. Krouse  no objetó la prórroga del proceso sino que, por el contrario, admitió que los meses extras le darán más tiempo a las partes para prepararse  mejor para el proceso.

Uno de los abogados del acusado es Brian M. Heberlig, defensor de la empresa china Huawei que tiene un caso abierto en Nueva York cuyo juicio podría ser en enero 2020. El otro representante legal, Reid Weingarten fue el defensor del fallecido Jeffrey Epstein cuyo proceso judicial concluyó tras su muerte. 

El juicio de Ali Sadr Hashemi Najed se retrasó porque el caso fue reasignado al juez Nathan debido a que el juez inicial, Andrew Carter se recusó a sí mismo argumentando que tenía conexiones personales con JP Morgan Chase, uno de los bancos víctimas de la trama de lavado acusada.  Uno de los defensores del banquero iraní, del bufete de Steptoe, también es defensor del JP Morgan Chase, lo cual debió haber sido un factor para su descalificación pero durante la audiencia de este lunes, Sard Hashemi Najed decidió seguir adelante con su actual representación.

El acusado

Ali Sadr Hashemi Nejad, de 39 años, nació en Irán, fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos presentados ante el tribunal, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, quien es ciudadano de Irán y de la isla caribeña de Saint Kitts, fue acusado de seis cargos de fraude bancario e intrigas para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

Específicamente, se alegó que Sadr había conspirado en un complot para canalizar $ 115 millones a través del sistema financiero estadounidense bajo un contrato de construcción de 7 mil casas para pobres en Venezuela. Sadr Hashemi Nejad se declaró no culpable.

El caso de Sadr Hashemi Nejad está siendo manejado por la unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil.

El acusado se graduó de ingeniero civil en la Ivy League, Universidad de Cornell. Tras ser arrestado, el gobierno estadounidense le confiscó propiedades en Maryland, Washington, DC, y la ciudad costera de élite de Malibú, en California, incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado. 

El acusado se mudó a Estados Unidos en el año 2000 cuando tenía 23 años para reunirse con su madre y hermana, y fue peticionario de asilo político en el 2003, de acuerdo a los documentos de la corte. En la petición de asilo, el acusado aseguró que su vida corría peligro si regresaba a Irán porque su familia tenía problemas con el régimen iraní de Mohammad Khatami. No obstante, existen registros que señalan que el presidente iraní de la época dijo que el padre de Sadr era uno de los exportadores ejemplares de Irán.

Sadr Hashemi Nejad tiene el estatus de residente permanente de los Estados Unidos y ha dicho que no tiene conexión con los negocios de su padre en Irán. 

Sadr se hizo residente legal de Estados Unidos en 2004 basado en su asilo, pero en 2010 su asilo fue revocado por el gobierno federal alegando que su proceso había sido fraudulento. El acusado logró obtener otra carta de residencia en el 2012. Los documentos señalan que el acusado viajó varias veces a Irán entre 2010 y 2015 y que dichas movilizaciones se habrían hecho de bajo perfil para evitar una supuesta persecución en su contra. 

Los fiscales señalan que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos, y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su trasfondo iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción  de viviendas y carreteras de Irán, con más de 60 filiales y,  más de 10,000 empleados. 

Vale destacar que Stratus Holding tiene una subsidiaria en que estuvo a cargo de un proyecto de vivienda del gobierno de Hugo Chávez que, según los fiscales estadounidenses, se utilizó para canalizar $ 115 millones a Irán.

Los fiscales neoyorquinos dicen que el acusado ocultó sus conexiones con Irán adquiriendo otras ciudadanías, y no revelando la información sobre su familia en Irán, para evitar poner en riesgo sus negocios debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen iraní. 

Los fiscales del caso presentaron a la corte una tarjeta de presentación del acusado donde éste aparece como vicepresidente de una subsidiaria de Stratus, Samane Stratus Investment Company, a partir de 2011. 

Sadr posee varias empresas, entre las cuales destaca Pilatus Capital Ltd registrada en  Saint Kitts y Nevis, donde adquirió la ciudadanía  por inversión y la cual ha usado para abrir sus corporaciones. También es dueño del hoy desprestigiado Banco Pilatus, creado bajo las leyes de Malta en diciembre de 2013.

Sanciones a Irán

Desde 1979, el Presidente de los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ("IEEPA"), ha encontrado repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y economía norteamericana y declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza. De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Las sanciones contra el régimen de Irán prohíben, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a los Estados Unidos o personas de los Estados Unidos destinadas al beneficio del Gobierno de Irán o individuos o entidades iraníes, dice un comunicado de la fiscalía estadounidense.

En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un acuerdo, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. En 2005, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo al celebrar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de 7 mil unidades de vivienda en Venezuela.

El Proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo. 

En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, el IIHC celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó al IIHC construir aproximadamente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000. Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del Proyecto. El acusado era miembro del comité y era responsable de administrar el Proyecto.