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viernes, 27 de septiembre de 2019

Conoce todo los detalle de la denuncia hecha por Colombia en la OEA sobre relaciones de “beneficio mutuo” entre la guerrilla y el régimen de Maduro

Un informe de la cancillería colombiana que si bien reconoce que las relaciones no son un hecho nuevo, alerta que en los últimos tres años los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela con la venia de Nicolás Maduro.


Por Maibort Petit 
@maibortpetit

Un informe de la Cancillería colombiana entregado a la Organización de Estados Americanos (OEA) revela los vínculos que los grupos armados ilegales de la nación neogranadina mantienen con el régimen venezolano, una relación que en el reporte se describe como de “beneficio mutuo”.
El reporte, clasificado como de uso exclusivo de la Cancillería, titulado “Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano”, alerta que la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, permitirían la continuidad de Nicolás Maduro en el poder.
La primera parte del reporte denominada “Vínculos del régimen venezolano con los grupos armados” de la que toma el nombre el informe, refiere en primer lugar, que se trata de un fenómeno criminal con más de dos décadas de vigencia, cuya relación ha sido denunciada continuamente por el gobierno colombiano para lo cual se sustenta en algunos hechos ocurridos entre los años 2002 y 2016.

Así, se indica que en 2002 se denunció la existencia de campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado de Zulia.

En 2005 se acusó la existencia de campamentos de FARC en los estados Bolívar y Apure, al tiempo de que se alertó la presencia de estos grupos en Amazonas.

Para 2006 Colombia denunció la existencia de refugios y centros de tránsito de droga tanto en el estado Bolívar como en Amazonas.

En 2007 investigaciones desarrolladas por Diario El País sobre “la inmunidad legal de facto” de Venezuela con los Grupos Armados Insurgentes (GAI) de Colombia.

En 2008 los computadores de ‘R. Reyes’ revelaron los vínculos de alias ‘R. Granda’ con autoridades venezolanas. Ese mismo año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a altos funcionarios venezolanos por brindar apoyo a las FARC.
Igualmente, el informe cita la denuncia que en 2010 formuló Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la presencia “consolidada, activa y creciente” de las FARC en territorio de Venezuela. Se habló de 1.500 hombres en armas.

En 2011, el Comandante General de las Fuerzas Militares colombianas denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

En 2012, un informe del gobierno de EE. UU. denunció la permanencia de las FARC y el ELN en Venezuela.

En 2015 se conoció un informe de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en el que se daba cuenta de la presencia de varios cabecillas de las FARC y el ELN en Venezuela, a saber, “Timochenko”, “Grannobles” y “Pablito”.

En 2016, el gobernador de Amazonas denunció la presencia de cerca de 4.000 hombres en armas de FARC y el ELN en esa entidad venezolana.
El reporte refiere que en los últimos tres años, es decir, de 2017 al presente 2019, los grupos armados ilegales han apuntado sus esfuerzos estratégicos a constituir un enclave criminal en Venezuela, con el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.

Citando al International Crisis Group (febrero, 2019), el informe refiere que “Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas dos décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos”.

Igualmente se hace mención a los señalado en marzo de 2019 por Insight Crime, en cuanto a que “El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas (…) El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad…”.

El segundo punto del informe se denomina “Caracterización de relacionamiento entre el régimen y los grupos armados” y asegura que la relación de la dictadura venezolana con estos grupos es de mutuo beneficio.

Precisa que tres factores determinan el tipo de vínculos, a saber, el considerarse como instrumento para garantizar la continuidad del régimen; por la obtención de réditos de economías criminales; y cuando se han establecido relaciones personales.

Se indica que con esta relación el régimen venezolano obtiene respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos, mientras que estos últimos logran protección, logística, entrenamiento y armamento.

¿Dónde está opera el ELN en Venezuela?

El frente de guerra del Ejército de Liberación Nacional que opera en la frontera, de acuerdo a lo que revela el informe, mantiene asentamientos permanentes en Venezuela.

Estos asentamientos serían el del Frente de Guerra Norte, con 10 campamentos en el estado Zulia y, particularmente, en la Serranía del Perijá.

El Frente de Guerra Oriental tiene 20 campamentos en los estados Apure, Bolívar y Amazonas.

El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 asentamientos en el estado Táchira.

Estos grupos del ELN en Venezuela se dedican, según el informe, a actividades propias de las economías criminales y al fortalecimiento armado.

Las actividades del ELN en territorio venezolano están dinamizadas por los vínculos de la organización ilegal con el régimen venezolano en tres niveles: 1) Estratégico, en el que intervienen altos funcionarios del régimen; 2) Operacional, con las fuerzas e instituciones de seguridad; 3) Táctico, en el que se relaciona con los colectivos y con las milicias.

Los vínculos estratégicos del ELN son —por el movimiento guerrillero— alias “Lenin”, quien forma parte del Frente de Guerra Oriental. Este hombre es el representante del ELN ante el régimen venezolano y su entorno.

Entretanto, la representación del régimen venezolano reposaría en quien ha sido denominado como el “protector del Táchira”, quien también lidera en Venezuela a los grupos colectivos. Freddy Bernal sería el enlace entre el régimen y el grupo armado.

Los vínculos operacionales del ELN con el régimen de Nicolás Maduro estarían dado por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), los miembros de REDI Occidental y Andes; los miembros de ZODI Zulia y Táchira; la Guardia Nacional Bolivariana; la Dirección General Conjunta de Inteligencia Militar (DGCIM); y la Fuerza Bolivariana de Liberación (FBL).

Entretanto, los vínculos tácticos del movimiento guerrillero colombiano con la administración de Maduro son los que permiten que el grupo armado tenga una mayor influencia territorial y armada en Venezuela.

El informe revela que el ELN coordina en la frontera sus actividades con los colectivos, algo que ha permitido que el grupo insurgente reorganice sus relaciones con actores armados legales e ilegales en esa zona.

Estas actividades de coordinación son las que ha permitido, por ejemplo, que el 23 de febrero entrara la ayuda humanitaria a Venezuela.

Igualmente, la ayuda financiera, especificándose como ejemplo de ello el patrocinio que el Frente Efraín Pabón (ELN) le brinda a un colectivo venezolano en frontera.

La coordinación también permite las economías criminales, al controlar y cobrar por transitar a través de los pasos ilegales.

El soporte logístico se transparenta, por ejemplo, en el hecho de que “Antonio García” se haya comprometido a entregar vehículos y radios a los irregulares venezolanos.

La evolución del ELN en Venezuela

De inmediato el reporte pasa a referirse a la manera cómo la guerrilla del ELN ha evolucionado en Venezuela de manera de pasar de tener una presencia esporádica a un proceso de asentamiento permanente.

Para lograrlo, el grupo armado ilegal colombiano, además de sus vínculos permanentes con el régimen chavista, implementó un proceso de “incrustación social” en los territorios venezolanos de la frontera, con apoyo de las autoridades locales.

Este proceso de “incrustación social” se ha visto facilitado al no hacer uso de la “colonización armada”, alineándose con los ritmos de la comunidad, buscando respaldo de grupos armados locales (colectivos), promoviendo procesos de organización comunitaria y facilitando la entrega de las cajas CLAP.

En ello le son favorables la continuidad del régimen venezolano, su relevancia en el desarrollo de negocios criminales y su rol como actor de seguridad para las autoridades regionales.

Colombia denuncia dos riesgos para su seguridad nacional:

En primer término, un ELN más posicionado en territorio venezolano, incluso al margen del apoyo de las autoridades de dicho país.

Y en segundo lugar, la conformación de un enclave criminal entre los dos Estados, que le permita al grupo armado eludir las acciones en su contra.

Grupos armados organizados-residuales en Venezuela

La cancillería colombiana advierte que los grupos residuales mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional, al tiempo que llevan a cabo actividades logísticas, económicas y de control social en Venezuela.

Del mismo modo refieren que los grupos armados entrenan a las milicias venezolanas y controlan algunos pasos fronterizos.

Sostiene el informe que de los 2.296 hombres levantados en armas en Colombia, en Venezuela se mantienen 231, lo que representa el 10 por ciento de la fuerza.

GAO-Residuales en Venezuela:

Esto grupo consolidan sus nexos con las autoridades venezolanas, bien locales, como regionales, a quienes facilitan actividades logísticas, económicas y de control social.

De este modo el reporte sostiene que el Frente 33 del ELN mantiene nexos con el ZODI Táchira, el cual imparte las directrices para percibirlos como aliados a la revolución, al tiempo facilita el control social y político en frontera.

Por su parte, el Frente Acacio Medina contribuye con el ZODI Amazonas, la cual facilita las tareas de seguridad para economías criminales.

El Frente 10 es aliado de los gobiernos regionales y locales en los llanos venezolanos y su contribución consiste en el entrenamiento armado a las milicias, así como la protección a la revolución.

Con el ZODI Apure coopera en el control del tránsito de bienes y personas mediante el otorgamiento de “salvo conductos”.

Con REDI Los Llanos la colaboración es en el área de control social y político.

La contribución del Sebin consiste en brindar protección a miembros de los GAO-Residuales y seguridad para las economías criminales.

En el proceso de coordinación entre los GAO-Residuales y las autoridades venezolanas, juegan un papel fundamental Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles” cuya contribución se fundamenta en el manejo de las finanzas y el control sobre los consejos comunales en frontera (Arauca-Apure).

Igualmente, Géner García Molina, alias “Jhon 40”, cuyo aporte e se en el manejo de las finanzas y el entrenamiento armado, así como los vínculos con mafias brasileras.

Márquez y Santrich en Venezuela

El reporte de la cancillería colombiana refiere que alias “Iván Márquez” y alias “Santrich”, así como los nuevos residuales, utilizan el territorio venezolano donde obtienen protección.

El informe indica que la declaración de “Iván Márquez”, “Santrich” y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista responde a las actividades que este grupo adelanta con la facciones del régimen venezolano.

Agrega que desde hace por lo menos un año, “Márquez” y alias “Granda” mantenían reuniones clandestinas en Venezuela.

La primera reunión de Iván Márquez tuvo ligar el 28 de agosto en la Isla La Orchila donde se discutió la presencia de “Romaña” y la relación con la DGCIM, así como los mecanismos para responder ante la JEP.

La segunda reunión de Márquez se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el estado Apure. Participaron “Grannobles”, Luis Tolosa (FBL) y “Pablito”.

Lo fundamental de esta cita fue discutir la propuesta de constituir un “Bloque político de la izquierda Latinoamérica”.

También se analizó el apoyo al movimiento de tropas y el entrenamiento a las milicias por parte del ELN y los GAO-residuales.

El protagonista de la reunión sostenida del 17 al 25 de octubre en el estado Guárico fue Rodrigo Granda.

El aspecto de interés de este encuentro fue la seguridad proporcionada por autoridades venezolanas a los grupos armados colombianos, los traslados e identificación en caso de no recibir beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la transferencia de bienes de las FARC.

En estos encuentros se denunció el supuesto incumplimiento del gobierno colombiano en las negociaciones, la recuperación de los bienes de las FARC en Venezuela y los encuentros con actores afines al proyecto de radicalización del régimen (Tareck El Aissami y Néstor Reverol).

Estos encuentros constituyeron a criterio de la cancillería colombiana, una contravención al Acuerdo de paz entre los grupos irregulares y el gobierno neogranadino.

Consideraciones finales

Finalmente el informe de la Cancillería colombiana presentado a la OEA sostiene que las relaciones entre el régimen venezolano y los grupos armados ilegales no es un hecho nuevo, estableciendo que la data de la misma tiene por lo menos hace dos décadas y le ha permitido a las partes fortalecerse.

Refiere que en la actualidad los favores prestados por el régimen venezolano a los grupos armados ilegales colombianos han permitido a la guerrilla pasar de permanecer en la retaguardia en Venezuela a tener un asentamiento permanente fundamentado en las economías criminales.

El régimen venezolano utiliza a estos grupos como un mecanismo de control social y de represión a la oposición, además de considerarlos como una especie de “escudo” en la frontera ante una eventual intervención extranjera.

Por último, se advierte que la relación de cooperación entre los grupos armados ilegales y el régimen venezolano es la mayor amenaza para la estabilidad democrática y seguridad de la región.

martes, 28 de febrero de 2017

Crónica del pueblo venezolano que fue secuestrado por el narcotráfico (PARTE 1)


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Por dos años le insistí a uno de los hombres que mejor conoce Casigua El Cubo para que me permitiera acompañarlo en su viaje. Suele venir a los Estados Unidos una vez al año, y  cada vez que nos vemos, me cuenta historias increíbles que ocurren en ese espacio geográfico ubicado entre Colombia y Venezuela. A mediados del 2016, le dije que estaba lista para viajar, pero se negó a la vez que me advirtió que la zona estaba demasiado peligrosa, y que no me garantizaba ni la entrada ni el retorno. 
Luego de una discusión, se nos ocurrió que mi visita se hiciera a través de un Ipad, y gracias a la tecnología satelital pude conversar con los pobladores de Casigua El Cubo en tiempo real, vía facetime. Con el dispositivo en sus manos, José me fue mostrando cada lugar del pueblo que lo vio nacer. Fueron tres días de trabajo. Grabamos 20 horas de vídeo para lograr obtener la información que presentaremos en esta crónica que pretende explicar, a través de las voces de los protagonistas, cómo Casigua El Cubo fue secuestrado por el narcotráfico y la guerrilla colombiana. 

La llegada

Una buena parte de las calles están llenas de arena. Un calor infernal recibe a los pobladores desde bien temprano en la mañana. Casigua tiene una extensión de unos 5.845 kilómetros cuadrados donde viven unos 23 mil habitantes. Es un pueblo pintoresco, donde las personas experimentan a diario una metamorfosis, que a diferencia de la de Franz Kafka, les ha trastocado el alma. 

Ubicado al sur del lago de Maracaibo, Casigua El Cubo es la capital del Municipio Jesús María Semprún, a orillas del río Tarra. Cuando se camina por sus polvorientas calles se puede apreciar las ridículas diferencias que conviven en aquel lugar terrenal que, a veces, pareciera ser el centro del olvido. El ayer —sin embargo— permanece plasmado en la memoria de su gente, que en su gran mayoría se resiste a la transfiguración que trajo la guerrilla colombiana y el narcotráfico a la zona.
El río Tarra no tiene aguas cristalinas, es arenoso y caliente.
A lo largo de los siglos XIX y XX, Casigua El Cubo era una zona rural, tierra de los Barí y los Yukpa, etnias indígenas que transmutan en estos días entre el caos y el ostracismo. Por su cercanía a Colombia, en el pueblo reina el conflicto desde hace varias décadas. Antes de la División Político-Territorial del Zulia del año 95, pertenecía al Municipio Catatumbo y se convirtió en un centro de negocios de segunda clase.
Tras el descubrimiento de petróleo en los Campos West Tarra y los Manueles se potenció la economía de la población y empezó la gran transmutación que, con los años, lo arrastró al actual escenario donde se confunde la realidad con la fantasía y, donde la pasmosa cotidianidad, impulsa sin desenfado a los narcotraficantes —criollos y foráneos— a acomodarse en enormes fortalezas, llenas de lujos y caprichos, que hacen que los menos afortunados aspiren a beneficiarse del reino del polvo blanco, de la goma del opio. Sí, muchos de los niños y jóvenes que deambulan por los caminos de tierra que se entremezclan con las calles recién asfaltadas del pueblo, sueñan con ser parte de esa empresa poderosa, cuyos protagonistas se viste con camisetas Hugo Boss y se esmeran en enviar al imperio lo mejor del producto semitransparente que conlleva al éxtasis a millones de personas.

El primero en atreverse hablar fue Ramón. Me adelantó que en aquella geografía delincuencial los testigos incómodos no eran bienvenidos. Me dijo que el pueblo es una zona prohibida donde se materializan las peores prácticas criminales. Ramón es el tío de mi guía. Sólo sabe que Estados Unidos es una especie de meca a donde los empresarios de la amapola se esmeran en enviar su mercancía. Tiene unos 60 años y mide aproximadamente 1,65 metros. Siempre ha vivido en Casigua y sus viajes se limitan a la frontera colombiana donde suele ir con frecuencia a buscar los productos que  escasean en las estanterías de las tiendas locales. Su pelo canoso y despeinado, lucía aceitoso y maltratado por el sol. Sus manos resecas y venosas mostraban los años de trabajo y la falta de cuidado.

Luego de recordarme unas cinco veces que los que hablan salen acostados, refiriendo con ello que en Casigua el miedo se impuso hace años. "Aquellos que se atreven a decir lo que ocurre se enfrentan a una condena capital de inmediato. Aquí no se salva nadie, mija. Hasta la alcaldesa, que es la jefa de los narcos, lleva plomo cada vez que no cumple con su cuota". Fue así como empezamos la inusual conversación que duró más de dos horas, bajo un árbol medio seco. José y Ramón se sentaron en unas banquetas y bebían unas cervezas marca Regional, que consiguieron en la choza de la esquina.

Ramón confesó que Casigua era un pueblo tranquilo en los años ‘70. "Había trabajo, paz y la gente tenía más confianza", acotó. Pero las cosas empezaron a cambiar para mal cuando el gobierno de Colombia se juntó con los gringos para luchar contra las drogas y la guerrilla empezó a pasar el río. Poco a poco, los camuflados comenzaron a verse caminar libremente por el pueblo. Al principio cuidándose de que no fueran advertidos pero, luego, fueron tomando notoriedad y, hoy en día, son los dueños del lugar, los mandamás que deciden hasta sobre la virginidad de las niñas y el cariño de las mujeres propias y extrañas.
Dijo Ramón que los guerrilleros pasaron a ser los dueños de la ciudad. Alardean con el dinero, son generosos, pagan buen salario y si se les garantiza fidelidad hasta te cuidan de los otros bandos. “Se han convertido en los líderes que mandan hasta a los militares venezolanos, que en su mayoría pasaron a ser sus empleados. Esos [la guardia nacional] —enfatiza— sí que han aprovechado el cambio, no ves a ninguno de los verdes sin un fajo de dólares en el bolsillo, buscando los mejores c... para pagar fortunas por ellos. Acá mismito hay un bar donde se juntan muchos de ellos, beben whisky del bueno, y se comen a las niñas y jovencitas, que en oportunidades sus propios padres venden para lograr, no sólo el sustento, sino la protección del jerarca”. 

Los muchachos de 14 y 15 años desfilan frente a los "jefes" tratando de llamar su atención. Hay muchos que aprendieron a manejar el miedo y, alebrestados, piden sin pudor pasar a formar parte de la mafia que les garantizará dinero fácil y emociones adulteradas. "Y es que, ¿quién va a querer trabajar aquí por un sueldo mínimo?. Eso ya no alcanza pa' nada. Aquí el asunto es que los reales no dan para comer y ya la juventud no quiere trabajar como antes. Prefieren dedicarse a traficar y a mulear. Unos se van allá en la montaña a trabajar en los laboratorios. Cuando aprenden a hacer la mercancía ya tienen trabajo y real en el bolsillo. Pero debes, a cambio, dejar tu alma como garante de tu silencio absoluto".

Hay otra gente —me asegura— que anda con miedo todo el tiempo. “Los ves con sus bolsos agarrados como si fueran un bebé, mirando a todos lados con nervios, incapaces de pronunciar una palabra si uno se les acerca a preguntarles algo... andan deambulando sin rumbo por las calles del barrio”. 

En los últimos tiempos, Casigua El Cubo se ha llenado de prostitutas que vienen de todos los estados a buscar dinero o “billetes”, como refiere Ramón. Las más osadas se saltan para el otro lado y hasta se quedan allá por varios días. “Usted ve esas muchachas bonitas, paseando por aquí y por allá buscando al mejor postor para vender sus favores. A los colombianos les encantan las venezolanas porque son bellas y baratas, además de cariñosas y desenfadadas”. 

¿Y qué pasa cuando la policía bolivariana o el ejército descubre a un narcotraficante poderoso o a sus empleados llevando drogas? —le pregunté.

— Ah, eso nunca pasa aquí. Porque los narcos le pagan a los militares para cuidar su mercancía y les pagan muy bien. Aquí la guerrilla y los narcotraficantes son socios de los políticos y se cuidan las espaldas todo el tiempo  —advirtió.

¿Y si hay alguno que reporta porque no está en la camada?

— El que ose hablar le puede ir bastante mal. Conocí a varios que hablaron y ya están enterrados —sentencia.

Se tomaba la tercera cerveza mientras seguía conversando. Ramón asegura que a pesar de haber nacido en Casigua ya no reconoce a su pueblo, ni a los vecinos. "Hasta hace pocos años aquí se podía vivir. Teníamos problemas pero se superaban. La gente confiaba y trabajaba para ganar su sustento de manera honesta. Los jóvenes iban a la escuela y querían echar pa‘lante. Pero ya no. Ahora sólo quieren ser narcos y trabajar para los cárteles".

Casigua El Cubo se encuentra a 10 kilómetros de la Troncal 6, una carretera que conecta a las otras poblaciones vecinas como Machiques. Tiene un aeropuerto, El Cubo, ubicado en el Batallón de Ejército “Celedonio Sánchez” y, según nos informó J. Pérez, hay también varias pistas clandestinas de donde a diario salen avionetas repletas de drogas rumbo a Centroamérica.

La economía

Casigua El Cubo tiene una economía tradicionalmente petrolera, maderera y pesquera, aunque también predomina la producción ganadera, agrícola, procesadora de lácteos y la planta aceitera. No obstante, la industria más próspera en esa población es la producción de cocaína y el transporte de la misma por vía terrestre, marina y aérea.

La guerra de las mafias

La alcaldesa del Municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Lucía Mavárez, es percibida por las personas con las que conversé como una aliada de las mafias que reinan en Casigua. Aunque no hay denuncias formales de su participación directa, ni prueba en los tribunales que evidencien que sea una aliada de la guerrilla o el narcotráfico, todas las personas que entrevisté dijeron que estaban seguros que la mujer tiene supuestos vínculos con las organizaciones criminales que operan en la zona. Enumeran una serie de eventos que han ocurrido y que han dejado muertos, heridos y desaparecidos. Asimismo, reseñan el flujo de dinero en efectivo que se mueve en la municipalidad y la ausencia de respuestas por parte de la funcionaria y su administración.

Nos enteramos que un sujeto que era de su entorno reportó a las autoridades antinarcóticos colombiana la supuesta relación que existe entre el narcotráfico y el poder político de la zona. Eso ocurrió en 2014 y desde esa fecha nadie más lo vió en el pueblo. Supimos también que su nombre de la alcaldesa aparece en dos informes de inteligencia del Catatumbo. La funcionaria nunca ha sido acusada formalmente de ningún cargo. 

Atentados y sicariato

Alberto C. aseguró que la burgomaestre ha sufrido varios atentados que la prensa ha disfrazado, pero que resultan ser el resultado de sus supuestas alianzas con los jefes de las rutas que defienden como fieras los caminos que sigue la droga para abandonar con éxito el territorio venezolano para llegar al norte.

El 21 de enero de 2015, Mavárez sufrió un atentado en su propia casa. Dicen los reportes que fue víctima de las mafias del contrabando. "Un grupo de hombres tiroteó la vivienda de la alcaldesa, ubicada en el sector Campo E’Lata en la entrada a Casigua El Cubo. De este incidente, tanto la funcionaria como su progenitora salieron ilesas y, a pesar de que funcionarios del SEBIN y CICPC realizaron las experticias correspondientes a la escena, no llegaron a ninguna conclusión". Dijeron que fueron los contrabandistas de gasolina y alimentos en la zona que actuaron en venganza por las acciones de Mavárez, "pero la verdad es que fue el jefe de la ruta que buscaba el pago de la mercancía", dice Pérez con una voz pausada y temerosa. "Nadie quiere denunciar porque tienen miedo", acota.

A pesar de esas reseñas de prensa y de los testigos que estuvieron en el lugar, Lucía Mavárez dijo al medio QuePasa que en ningún momento efectuaron un atentado en su contra. «En mi casa no hay balas, nadie hizo ningunos tiros, lo único que hicimos fue probar una pólvora», refirió.

He aquí el texto en cuestión: 

Mavárez puntualizó que el pasado martes por la noche ella, un grupo de funcionarios y escoltas probaron algunos fuegos pirotécnicos que estaban resguardados en cajas y aparentemente creían estaban mojados, en su residencia en Campo de Lata, en Casigua-El Cubo. Los mismos serían usados en el festival Río de Oro, donde habrá representantes de Venezuela, Colombia y otros países.

La detonación de los pirotécnicos, recalcó, desató un estruendo en toda la cuadra donde ella pernocta desde el pasado 5 de enero. «La comunidad comenzó a circular fue rumores y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se acercó ayer en la mañana a verificar si todo era cierto, pero gracias a Dios todo es falso», dijo.

«Seguiremos trabajando por la revolución, profundizando los distintos frentes de trabajo, articulando lo que debamos para seguir llevando atención a las comunidades», dijo Mavárez, quien no descartó sean factores de oposición los que haya expandido la información tergiversada.

No es la primera vez que la alcaldesa Lucía está en el ojo del huracán y es expuesta a través de los medios, entre ellos: supuestas vinculaciones del pasado, así como el accidente vehicular sufrido en una ambulancia cuando llevaba a un sujeto abaleado.

También fue asediada por contraer matrimonio en Mérida sin dejar de lado su más reciente lesión en la columna, que la mantuvo inmóvil por varias semanas; todas han sido situaciones dadas a conocer en las redes sociales, por cuanto la detonación de pólvora no sería la excepción.22 de enero, 2015.

Balas por doquier

Otro evento que fue objeto de habladurías en el pueblo fue el hecho de que el hijo de la alcaldesa de Semprún, Luis Alberto Villamizar Mavárez, baleó a su escolta,  Anthony Ardila Vera, y lo envió al hospital. El asunto quedó reseñado en la prensa local el 13 de marzo de 2013, como un hecho presuntamente pasional no aclarado por las autoridades policiales. El hijo de la alcaldesa tiene credenciales de la policía municipal.

La prensa reseñó que la burgomaestre de Jesús María Semprún se hizo cargo de todos los gastos que ha representado la reclusión en una clínica de Ardila y que nadie fue preso por el incidente. “Así es aquí, el poder se cubre la espalda y el silencio se paga a un alto precio”.

La alcaldesa denuncia a los paramilitares

Mavárez llegó al poder en 2008 y en 2009 dijo en la Asamblea Nacional que Municipio Jesús M. Semprum estaba tomado por paras. No obstante, nadie hizo nada y la denuncia no volvió a repetirse ni siquiera en la prensa. 

Una reseña de prensa dice lo siguiente: 

La alcaldesa del municipio Jesús María Semprum, Lucía del Carmen Mavárez, denunció ayer ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional la presencia de paramilitares colombianos en la zona, específicamente en Casigua, quienes en complicidad con funcionarios de la Policía Regional, operan una mafia de extorsión, sicariato y cobravacunas.

“Es un municipio que de alguna manera está muy tomado por los paramilitares y que desde ese humilde pueblo estamos resistiendo. Este tipo de grupos están operando en nuestro comercio cobrando vacunas, presionando a toda la colectividad para ellos cada día tomar más posesión de nuestro municipio”, argumentó la alcaldesa Mavárez ante los diputados.

La vicepresidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Iris Varela, calificó de “muy graves” las denuncias presentadas por la funcionaria, ya que existen videos, fotografías y documentos que certifican la presencia de paramilitares en el Sur del Lago de Maracaibo.

“La propia alcaldesa fue amenazada con una pistola en su casa y eso amerita que uno lo pase a los organismos de investigación de Estado y que se determinen responsabilidades de manera urgente”, dijo la diputada tachirense.

Varela acusó a la Policía Regional del Zulia “de servir como custodio de los paramilitares y el narcotráfico en ‘Jesús María Semprum”.

“Una de las cosas graves que ha dicho la alcaldesa, por ejemplo, es que todo el mundo en ese pueblo se conoce, se dan cuenta cómo va la Policía Regional prácticamente abriendo y detrás los paramilitares, los cobradores de vacunas y los jíbaros que venden la droga. Les llevan como un anillo de seguridad para que hagan de las suyas en el municipio y regresen sanos y salvos a territorio colombiano”, dijo Varela.

Ante esta situación Varela informó que ya conversó con el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, para que todos los organismos del Estado hagan presencia en el municipio que a su juicio debe tener mayor seguridad por delimitar con territorio colombiano. Ver reseña aquí.

De esas denuncia no se produjo ninguna investigación ni acción. Solo una acusación por los medios contra el exgobernador del Zulia, Pablo Pérez que no pasó a más.

Las cuotas de la guerrilla

Pedro P. es un hombre que suele no hablar con la gente. De hecho es reservado y muchos le temen por los misterios que parece tener guardados en lo más profundo de su ser. José, mi guía,  llegó a una casa del barrio Las Palmeras que de no ser porque la pude apreciar a través del facetime hubiese jurado que no existía. Era una mañana soleada y por la ventana hecha con latas de zinc se colaba una luz lánguida que convertía la escena en un ambiente tenebroso. 

Lo primero que dijo Pedro es que las paredes en el pueblo tienen oídos. Empezó narrando su experiencia personal con la guerrilla. "Ellos están acá desde hace mucho tiempo. No fue con los chavistas que llegaron. Lo que sí ocurrió bajo el gobierno de Chávez y de Maduro es que se ampliaron la rutas, se mejoraron los sistemas de protección y lograron acuerdos que antes no podían llegar a pensarse".

¿Cuáles acuerdos?, —pregunté.

— El jefe de la guerrilla llegó acuerdos con las autoridades civiles y militares venezolanas de acá del municipio. Hay una cuota especial que se le exige a la alcaldesa de Semprún que equivale que un 25 por ciento del personal de la alcaldía. Ellos cedieron y los enviados de la guerrilla trabajan en la municipalidad por órdenes del jefe. La alcaldesa tiene una ruta que domina y cuida. Ella con el comando militar le ofrecen protección.

Intentamos averiguar con gente de la alcaldía pero fue imposible contactar a alguien que pudiese confirmar o negar la versión, y a la vez, garantizar la seguridad del guía que hizo posible esta crónica.

Este pueblo se ha transformado tanto que ya la gente no se asombra de lo que ocurre. Pedro recuerda que hace unos meses atrás hubo un atentado y, a pesar que el hombre tenía 30 escoltas, hubo un muerto, pues el jefe colombiano quería matarlo por un problema con una ruta.

Bajo los acuerdos, los involucrados se respetan. Cuando alguien deja de hacerlo y pretende sacar a uno de los protegidos del juego, “lo terminan de inmediato” [lo asesinan].

Pedro hacer referencia a un caso que, según él, llamó la atención, cuando dos sujetos en una moto le dieron muerte a Antoni de la Consolación Ardila Vera, cuando se encontraba frente a su residencia  en la calle principal del sector Propatria, en el municipio Jesús María Semprún. “Varios del grupo que se encargan del narcotráfico en la zona saben que cuando estorban ya son cadáveres, y actúan como tales a pesar que siguen vivos” acotó.

Hay un hombre que vive con el alma en pena. J. Salas cambió su alma por una montaña de dólares. Es tal la agonía que tiene que no pasa un día en el mismo lugar para evitar que lo agarren. Su madre vive en las penumbras del miedo y acuchillada por el dolor de ser rehén de los narcos.

La organización

Los "jefes" colombianos tienen, a su vez, un jefe en Casigua El Cubo nombrado desde Colombia. Si este sujeto “se pierde con el dinero”, lo buscan a donde quiera que esté para matarlo. Durante el año 2016 mataron a tres jefes locales. Uno de ellos desapareció con el dinero de la venta que tenía que entregar a su comandante y los sicarios lo mataron junto a su esposa. Los victimarios exigían que les regresaran el efectivo del que se habían apoderado y al no obtener respuesta, sencillamente los mataron en presencia de sus vecinos, quienes debieron contener sus emociones de terror.

Casigua terminó por convertirse en tierra fértil para los cárteles. Es, además, un lugar privilegiado para las pistas clandestinas que han aumentado enormemente en la última década. Son muchos los reportes que señalan cómo se produjo el incremento del tráfico aéreo desde la frontera venezolana, donde el país aparece con una posición privilegiada para la producción y el transporte de la cocaína que es llevada a Centroamérica como zona de tránsito hasta su destino final en los Estados Unidos y Europa.

Alberto es otro habitante que aceptó hablar con nosotros. Por años ha estado al tanto de las tácticas que usan las organizaciones criminales para manejar su negocio. Este hombre de los 45 años asegura que la creatividad de los narcotraficantes no cesa a la hora de idear fórmulas que les permitan realizar el desplazamiento de la mercancía sin ser detectados. “Esa gente ha desarrollado distintas estrategias y grupos aliados en el pueblo. Muchas veces usan vehículos, camiones militares, ambulancias, carros oficiales y las avionetas que son las más efectivas. Allí llevan la droga en pequeñas cantidades, por lo general no excede los 100 kilogramos”.

Cuenta como uno de los jefes le explicó que embarcaban pequeñas cantidades y realizan numerosos viajes, puesto que de esa manera se pierde menos mercancía cuando es interceptada.

Alberto también se refirió al hecho de la proliferación de pistas clandestinas de donde salen avionetas casi todos los días. Los narcos aprovechan las carencias en la vigilancia de los radares que existen en la zona, así como la complicidad de las autoridades para realizar el mayor número de vuelos diarios. Por lo general no hay recursos logísticos y técnicos suficientes para detectar aviones pequeños y, casi siempre, carecen de capacidad para detener los vuelos ilícitos que suelen aterrizar en otras pistas improvisadas en las zonas de recibimiento en las selvas de Honduras y Guatemala.

Cuenta Alberto que los jefes contratan a los muchachos del pueblo para construir las pistas aéreas clandestinas, las cuales se hacen con mucha facilidad, tienen una anchura de entre 80 y 100 metros y una longitud que, en algunas ocasiones, alcanza hasta 1.500 metros o más. Desde esas pistas ocultas en el monte salen pequeñas avionetas que pueden transportar hasta 300 kilogramos de droga por viaje. Los jefes pagan al dueño de la tierra y a los trabajadores que las hacen, son económicas y “la inversión” la recuperan en el primer viaje.

La industria de la droga es la que más dinero produce en Casigua El Cubo. Definitivamente, el narcotráfico no sólo es una actividad ilegal y delictiva, también es una forma de vida. Muchas familias de esta zona trabajan en los laboratorios o como “mulas”, transportando cocaína como la única forma de subsistir. La población Barí también se ha sumado al negocio de la droga, aceptando llevar pequeñas porciones o trabajando para el jefe de turno. Cuando los niños y jóvenes se involucran lo hacen únicamente para ganar dinero para poder vivir.

Muchos habitantes creen que el dinero de la droga ayuda a muchas familias a sobrevivir y genera beneficios a la comunidad, aunque reconocen que la industria criminal viene acompañada por la violencia que deja a su paso muchas muertes y destrucción.

En Casigua El Cubo se sufre la presencia y acción de los cárteles y la guerrilla colombiana y, además, de las pandillas de jóvenes que por lo general son muchachos pobres que se engolosinan con el dinero fácil. Los miembros de las pandillas los conocen en la comunidad, saben quiénes son y de dónde vinieron. Los jefes locales, por el contrario, son un poco más reservados, tratan de mantener bajo perfil y prefieren la clandestinidad que el reconocimiento de los pobladores.

Alberto advierte que en los laboratorios que montaron los guerrilleros en la montaña se puede procesar hasta una tonelada de cocaína mensualmente. La aparición de estos laboratorios hace que el protagonismo de Venezuela en la industria del narcotráfico haya aumentado, puesto que antes el país era sólo un paso de la mercancía, pero en los últimos años se ha convertido en productor oculto de sustancias controladas.

Un informe del gobierno norteamericano sostiene que el 40 por ciento de la cocaína mundial, unas 140 toneladas, se trafican por esta ruta. Los medios de transporte son muy variados, desde correos humanos, envíos disimulados entre mercancía lícita, pasando por envíos postales tradicionales, droga camuflada en vehículos por la frontera e, incluso, submarinos que algunos narco poseen para el transporte del costoso producto. La rentabilidad del tráfico ilegal de cocaína explica que se inviertan tantos esfuerzos en mantenerlo, puesto que se trata de parte más productiva de la cadena. En esta etapa es donde se queda el 98,5 por ciento del dinero, mientras que el cultivo solo retiene el 1,5 por ciento.

Las autoridades de Estados Unidos estiman que la cocaína es sacada de Colombia por el Pacífico o por el llamado corredor del Caribe, es decir por el litoral norte de Colombia y Venezuela y es allí donde las poblaciones fronterizas participan en la industria. 

El efecto de este tráfico es dramático. En Casigua El Cubo, además de la lucha entre las bandas, los jefes de cárteles de la droga protagonizan su propia confrontación, la cual ha dejado muertos y ha sembrado el miedo que se ha instalado en la mente de los residentes  a quienes en solo unos años, el lugar donde nacieron se les ha hecho irreconocible. Nadie en el pueblo se imaginaba que la situación geográfica los iba a convertir en tierra apetecible de las mafias que deambulan a diario para buscar las vías más novedosas y expeditas para sacar esta mercancía del horror.


En el pueblo se rumora que la droga se va al norte, a donde hay muchas almas agobiadas esperando el polvo mágico que les permite abandonar su realidad por unos minutos. Son muchos los informes que aseguran que en Estados Unidos, el consumo de drogas se convirtió en un problema de salud pública de primer orden y es por eso que la nueva administración del presidente Donald Trump colocó el asunto como un tema prioritario de gestión. 

En 2009, un informe del Congreso de los Estados Unidos dijo que de 2004 a 2007, la cantidad de cocaína exportada de Colombia a través de Venezuela se había cuadruplicado, alcanzando el 17% del comercio mundial de cocaína en 2007. El contrabando de cocaína creció en Venezuela en la década de 2010, pasando de alrededor del 25% de la cocaína de América del Sur que venía del campo en 2010 y aproximadamente 33% en 2015. En el 2016 se estima que los número se hayan incrementado sustancialmente aunque hasta este momento no se conocen las cifras.

PD.

Esta es la primera parte de la crónica. Se usan nombres ficticios para proteger la vida los protagonistas que aceptaron a conversar sólo bajo la garantía que sus nombres fueran reservados y presentados anónimamente. Las grabaciones de sus voces sirven como pieza de investigación y su privacidad está garantizada por las normas de protección de la fuentes periodísticas.