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miércoles, 10 de junio de 2020

Juez pide a fiscales del caso de Ali Sadr que expliquen por qué están retirando los cargos contra el banquero convicto por violar las sanciones estadounidenses con Irán

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, aseguró que tiene "serias preocupaciones sobre la conducta de la gobierno", en relación a la decisión que tomaron los fiscales de tratar de retirar los cargos de violación de sanciones de Estados Unidos contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero contra un banquero Ali Sadr Hashemi Nejad, quien fue condenado por un jurado en marzo de 2020 y cuya sentencia estaba prevista para agosto.
  Nathan, ordenó a los fiscales que explicaran su decisión de solicitar el rechazo del caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, de 40 años, quien fue declarado culpable en un tribunal federal de Nueva York de ayudar a canalizar $ 115 millones provenientes de proyectos de construcción de Venezuela a Irán, a través del sistema financiero de los Estados Unidos, usando para ello varias firmas off shores creadas para tal fin en varios países.

  La decisión del Departamento de Justicia de desestimar el enjuiciamiento del Sadr, sorprendió a varias personas vinculadas al caso, ya que es inusual que se retiren los cargos a una persona que ha sido convicto por un jurado, y antes de la lectura de su condena.

   Los fiscales en el caso Sadr habían citado la probabilidad de un litigio continuo sobre la evidencia suprimida en su solicitud presentada  el viernes ante la juez Nathan.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó en un comunicado que debido a que abordar los problemas que se planteaban ante la solicitud de la defensa de apelar el caso, requería fondos, continuar con el caso "no sería en interés de la justicia". 

  La defensa de Sadr pidió al tribunal que apruebe un nuevo juicio y que presente una sentencia de absolución. 

  Los representantes de Sadr sostienen que  desestimar el caso y dejar en su lugar la condena de Sadr podría resultar en su deportación de los EE. UU.

    La juez del Distrito Sur de Nueva York planteó su preocupación ante la posibilidad que los fiscales del caso hayan fallado en el proceso de entregar a la defensa evidencia que podría considerarse exculpatoria, como lo exige la ley. 

   Nathan ordenó al gobierno que compilara una lista de todas las pruebas que pueden haber sido retenidas incorrectamente. También pidió los nombres de todos los fiscales que podrían haber estado involucrados con la retención de evidencia, así como sus supervisores.

martes, 17 de marzo de 2020

Demanda en Puerto Rico demuestra iliquidez del Banco Activo

   Ante la imposibilidad de responder a las solicitudes del cliente, Activo ofreció activos como compensación, lo cual tampoco cumplió.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una demanda por incumplimiento de contrato a una de sus filiales en Puerto Rico, revela la grave situación financiera que exhibe el Banco Activo, a tal estado que ha tenido que presentar ofertas de compensación de pago con algunos de los activos de sus accionistas.
El presidente del Banco Activo, José Antonio Oliveros Febres Cordero se encuentra bajo investigación con otros miembros de la entidad.
  La demanda en cuestión corresponde a la acción legal interpuesta por Cainvest Bank & Trust Ltd. en contra de Activo International Bank Inc., entidad que no ha podido responder a las solicitudes de transferencia de fondos que el demandante exige desde su cuenta por un monto que asciende a USD 3.052.018,26.

  Una nota del portal Anti Lavado de Dinero informó que, ante esta situación, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OFIC) ordenó que Activo International Bank presente un plan de restructuración de su deuda a objeto de recuperar la operatividad del banco “a la brevedad posible”. Los entes reguladores de la banca puertorriqueños dispusieron que, debido a los problemas del AIB, no pueden “aceptar ni realizar solicitud de pago alguna” a menos que la OFIC lo apruebe. Todos los demás servicios continúan operando normalmente. Alerta la reseña que el Banco Activo también presenta problemas operativos en República Dominicana, donde es objeto de un rescate financiero y que la entidad de origen venezolano aseguró que esto no afecta sus operaciones en Venezuela[1].

  Por su parte, Banco Activo aseguró a través de un comunicado que, a raíz de los dispuesto por el ente regulador de la banca en Puerto Rico, esa entidad ha cumplido con todas actividades dirigidas a establecer un plan de restructuración en los plazos establecidos. Alega que estas medidas le impiden al banco efectuar retiros de fondos.

  El propietario de la entidad bancaria, José Antonio Oliveros Febres-Cordero, es objeto de acusaciones y demandas por supuestas irregularidades como apropiación ilegal de fondos, violación a los derechos fiduciario, estafa, robo, apropiación indebida calificada y corrupción en República Dominicana, Puerto Rico y Curazao, según lo da a conocer el portal Por la Noticia, que agrega que estas averiguaciones se llevan a cabo en conjunto con el FBI.

  Entretanto en Venezuela, refiere la nota, cursan en su contra más de una decena de procedimientos civiles, acusaciones penales e investigaciones en fiscalía por apropiación indebida calificada, estafa, corrupción, daños y perjuicios, asociación para delinquir, entre otros cargos.

  A Oliveros Febres-Cordero se le vincula a Baldo Sansó, administrador autónomo de PDVSA y cuñado de Rafael Ramírez y también se le relaciona con Matthias Krull, declarado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. A los bancos de Oliveros se les señala de, supuestamente, ser escenario para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero y operaciones irregulares[2].

La demanda

  El 6 de febrero de 2020, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Cainvest Bank & Trust Ltd. presentó una demanda contra Activo International Bank Inc., la cual quedó identificada con el número 20-1070, por incumplimiento de contrato, al estimar la entidad demandante que el demandado no cumplió sus instrucciones de transferir depósitos que la primera mantenía en el segundo. Tal acción se sustenta en lo establecido en los artículos 1631 a 1645 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R. A. §§4511 a 4572.
  Cainvest solicitó al tribunal ordene al Banco Activo el cumplimiento de las obligaciones explícitas e implícitas, de conformidad con el contrato y que pague todos los daños e intereses consecuentes debido a su incumplimiento.

  Como alternativa, Cainvest plantea que el tribunal sentencie que Banco Activo pague USD 3.052.018,26 que corresponden a los impagos por los cuales se han realizado solicitudes de transferencia.

  Además, Cainvest Bank & Trust Ltd. exige ser resarcido por los daños que las acciones del Banco Activo —obradas de “mala fe” según su criterio— las cuales crearon una relación de dependencia de Cainvest de las representaciones de Activo. Estima el demandante daños por no menos de USD 400.000. Por daños y perjuicios, Cainvest pide no menos de USD 200.000.

  Del mismo modo, Cainvest solicitó el pago de costos y honorarios de abogados de acuerdo a lo que la Corte estime razonable.

  Sostienen que Banco Activo mantuvo, previo al litigio, una conducta imprudente al negarse a cumplir con su obligación obvia de atender las solicitudes de transferencia de fondos.

   El tribunal se declaró con jurisdicción para dirimir la controversia, de conformidad con 28 U.S.C. §1332 (a) (2), la cual involucra a un ciudadano de un estado extranjero y un ciudadano de Puerto Rico. El monto en disputa excede los USD 75.000.00, sin incluir intereses, costos y honorarios de abogados.

Las partes en disputa

  Cainvest Bank & Trust Ltd. es una institución bancaria constituida bajo las leyes de las Islas Caimán, la cual brinda servicios de banca institucional, habiendo brindado también, hasta hace poco, servicios de banca privada. Opera bajo supervisión de la Autoridad Monetaria Internacional de Caimán (CIMA).

  Es una institución que, según su página web[3], que es producto de la fusión de 3 bancos, a saber, Sul America International Bank (Cayman) Ltd., Intertrust Bank (Cayman) Ltd.y el Dartley Bank and Trust Ltd.

  El portal Bank Daily refiere que se trata de una institución que “brinda servicios bancarios a personas de alto patrimonio, administradores de activos externos y clientes de banca institucional en las Islas Caimán”[4].

 Entretanto, Activo International Bank Inc. es una entidad bancaria internacional (respecto a Puerto Rico), autorizada con el número EBI-59 por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), de conformidad con la Ley Nº 52 de agosto de 1989.

  El portal Open Corporates refiere que Activo International Bank Inc. está inscrita en Puerto Rico el 30 de septiembre de 2008, bajo el número 61-611, cuyo estatus actual es activo y que tiene su domicilio en 221 Ponce de León, Suite 1101, San Juan, PR 00918, Puerto Rico. El agente registrador es Francisco Vizcarrondo quien mantiene el mismo domicilio que la institución que representa[5].

  En la demanda se explica que Activo mantiene fondos en depósitos para sus clientes, incluidos otros bancos, como Cainvest.

Los hechos

  Cainvest Bank & Trust Ltd. contrató con  Activo International Bank Inc. en junio de 2015 la apertura de una cuenta en la que estimaba depositar alrededor de USD 4.000.000 mensuales y retiraría unos USD 3.000.000.

  El contrato suscrito establecía las circunstancias limitadas en las que el demandado podía retener el pago o la transferencia de fondos a solicitud.

  Para octubre de 2019, Cainvest tenía depósitos que sumaban un total de USD 4.45.819,20 y sostiene que Activo no había cumplido las solicitudes de transferencia.

  El 2 de octubre de 2019, Cainvest solicitó por correo electrónico la transferencia de USD 2.000.000 a su cuenta con Interactive Brokers LLC.  El 8 de octubre de 2019, Cainvest envió otro correo electrónico a AIB reiterando la solicitud de transferencia. A esto siguieron otros pedidos —8 de noviembre de 2029, 17 de diciembre de 2019, 27 de enero de 2020— que tampoco fueron atendidos, por lo que Cainvest expresó en la demanda que “Por información y creencias, nunca fue la intención de Activo cumplir con esta solicitud para remesas”.

  Ante estos hechos, el 17 de diciembre de 2019, un tercero interesado contactó a OCIF acusando “Fondos retenidos injustamente por el Licencee [sic] Activo Bank”. Refiere que tres días después de que OCIF fue notificado de la situación, Activo entregó los USD 300.000. Se indica que a otras solicitudes de transferencia Activo no ha respondido, reteniendo USD 3.052.018,26 a pesar que para el momento de la demanda la cuenta de Cainvest mostraba un saldo de USD 3.061.771,26.

 En noviembre de 2019, Activo propuso a Cainvest entregarle ciertos activos consistentes en hipotecas en cuatro propiedades inmobiliarias en Miami, como equivalentes en especie a los montos retenidos indebidamente. La propuesta la presentó Alejandro J. Valencia, presidente y CEO de Activo International Bank y José Antonio Oliveros Febres-Cordero, a quien se estima como accionista principal de Activo International Bank.

  Luego de un avalúo de los activos que llevó varios meses, cuando Cainvest solicitó los documentos de dichos bienes, Valencia informó que no los enviaría, como de hecho hasta el momento de la demanda no había ocurrido.

  A pesar del incumplimiento, Activo hizo cobros de intereses a Cainvest, la cual llevó a cabo otras diligencias sin respuesta, por lo que decidió presentar la demanda.







[1] Anti lavado de dinero. “Activo International Bank: Accionistas buscan acelerar su reactivación”. 21 de febrero de 2020. https://www.antilavadodedinero.com/activo-international-bank-accionistas-buscan-acelerar-su-reactivacion/





[2] Por la noticia. “Autoridades de EE.UU. investigan a banquero José Antonio Oliveros Febres-Cordero de Banco Activo”. 8 de octubre de 2019. https://porlanoticia.com/index.php/2019/10/08/autoridades-de-ee-uu-investigan-a-banquero-jose-antonio-oliveros-febres-cordero-de-banco-activo/

[3]  Cainvest Bank & Trust Ltd. https://cainvest.com/

[4] Bank Daily. https://m.banksdaily.com/info/cainvest-bank

[5] Open Corporates. Activo International Bank Inc. https://opencorporates.com/companies/pr/61-611

lunes, 16 de marzo de 2020

Criminales de cuello blanco: La inusual jornada del veredicto del juicio del banquero Ali Sadr Hasheminejad

   El juicio de Ali Sadr Hasheminejad, propietario del extinto Banco Pilatus, concluyó con un veredicto unánime que lo declaró culpable de evadir las sanciones económicas de EE. UU. enviando ilícitamente más de $115 millones a través del sistema financiero norteamericano. También es culpable de fraude bancario y de conspirar para lavar dinero.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  A lo largo del juicio que duró 11 días, Ali Sadr Hasheminajed se mostró sonriente, seguro de sí mismo y confiado de que había convencido al jurado de su historia, que incluyó algunas lágrimas y aseveraciones que lo presentaban como un gran admirador y seguidor del expresidente Barack Obama, un enemigo del régimen de los Ayatolas islámicos, un torturado 'física y mentalmente' por el gobierno del Mohammad Khatami y perseguido por el exmandatario Mahmoud Ahmadinejad. Pero todos esos cuentos no fueron creídos por el panel de jurados que se centró únicamente en las evidencias presentadas por la fiscalía y no en las incoherentes confesiones de Sadr y los rimbombantes argumentos de sus abogados: Reid Weingarten, Brian Hebeling y Bruce Bishop de Steptoe.  
   Sadr siempre estuvo impecable. Bien vestido, afeitado y peinado. Se mostraba risueño y muy cariñoso con sus abogados a quienes abrazaba constantemente. Estuvo acompañado por cinco mujeres a lo largo de las dos semanas del juicio que celebran con sonrisas y miradas cómplices cada logro que obtenían sus acuciosos y muy diligentes defensores. Su esposa se le veía altanera. Miraba con menosprecio a la prensa. Sus hermanas Pegah y Negarin estaban siempre atentas, dando soporte emocional al hermano que estaba bajo escrutinio federal. Su madre también estaba allí, algunas veces lloraba y otras sonreía. Sadr siempre las abrazaba.


    El acusado se mostraba dulce y amable frente al jurado. Pero su conducta cambiaba radicalmente con los fiscales a quienes miraba con desprecio y arrogancia. Cuando el fiscal Especial, Garrett Lynch le hizo el contra-interrogatorio, Sadr le respondió todas las preguntas con displicencia. Sadr es un hombre inteligente. Por un momento pensó que su estrategia había triunfado. Pero se equivocó. Las palabras de la jueza Nathan, cuando decía "culpable, culpable, culpable" le amargaron el rostro y le transformaron por completo su mirada. Su prepotencia desapareció. Quedó impávido, pálido. Sus afanosos abogados también cambiaron su expresión y de pronto se les vió aturdidos. La familia estaba compungida y triste. Los defensores alcanzaron a decir a la jueza Nathan que no querían que lo 'encarcelara' en el acto (como de hecho correspondía), le rogaron que le diera la oportunidad de pasar con su esposa e hijos los próximos cinco meses, 'en libertad', y que le mantuviera las condiciones otorgadas por el tribunal ( tras el pago la millonaria fianza de $38 millones) que le permitieron moverse desde Washington DC a Nueva York con mucha comodidad. Los fiscales Michael Krouse y Garrett Lynch objetaron la petición (sin éxito). Krouse recordó que Sadr es millonario, que es ciudadano de Irán,  que es un país con el que los Estados Unidos no tienen tratado de extradición y que el gobierno advertía que había un alto riesgo de fuga. La jueza no escuchó a la fiscalía sino que inmediatamente aprobó la petición de Sadr y lo dejó ir con su mujer, no sin antes advertirle que si rompía las condiciones tendría que pagar las graves consecuencias, que incluyen nuevas acusaciones del gobierno estadounidense. El gesto de desagrado de Krouse y Lynch fue evidente. Protestaron nuevamente, pero fueron silenciados por la jueza que ofrecía un trato extremadamente cordial al acusado, ahora convicto. 
***
  Una de las cosas que nos llamó la atención por la rareza del hecho fue cuando la jueza estaba leyendo el veredicto entregado por el presidente del jurado. De pronto paró. Justo cuando leyó el cargo número tres. Hizo una expresión difícil de calificar. Llamó a la defensa y a los fiscales a un lado del podium. No se pudo escuchar lo que decían pero era obvio que no fue del agrado de los fiscales federales.  Seguidamente continuó leyendo de manera casi automática. Nathan le preguntó a cada miembro del jurado que verificara su voto en el veredicto. Luego salió de la sala para confirmar el voto de las dos personas ausentes a través de una videollamada. Regresó, agradeció a los miembros del panel y los despidió. No es usual que los jurados deliberen o verifiquen los votos por videoconferencia. No. Esta vez hubo una excepción porque en la ciudad de Nueva York hay una emergencia sanitaria. La jueza informó que uno de los jurados debió salir antes de la corte y el otro porque está enfermo y se vio obligado a deliberar remotamente. Al final del proceso, ni los abogados de la defensa, ni Ali Sadr, ni sus familiares quisieron emitir una comentario a la prensa. Sólo advirtieron que apelarán el resultado del veredicto en los próximos días.

El fiscal de pronuncia


   Por su parte, el el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, anunció que Ali Sadr Hasheminejad fue condenado hoy después de un juicio con jurado de dos semanas.

  Berman dijo que el jurado comprendió como Sadr H. organizó un plan de varios años para canalizar más de $ 115 millones en pagos relacionados con un proyecto de construcción en Venezuela, a través del sistema financiero de los EE. UU., para beneficio de la empresa familiar iraní de Sadr, en violación de las sanciones de los EE. UU. contra Irán. 

  El fiscal sostuvo que "el Gobierno estableció en el juicio que estos pagos beneficiaron a las personas y entidades iraníes, incluida la Compañía de Vivienda Internacional de Irán y su propietario iraní, Mohammad Sadr Hasheminejad (padre de Sadr)". 

  Berman dijo: “El jurado descubrió que Ali Sadr Hasheminejad creó una red de compañías y cuentas bancarias para enmascarar los negocios iraníes en Venezuela y evadir las sanciones de Estados Unidos. Durante años, Sadr utilizó compañías de fachada en Suiza, Turquía y San Cristóbal y Nieves para ocultar el hecho de que $ 115 millones en pagos que eran realmente para su negocio familiar y parientes en Irán. La condena de Sadr muestra que las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán son reales, y los infractores serán expuestos y procesados".

  Según la acusación, la evidencia presentada durante el juicio,  los documentos judiciales y las declaraciones en audiencia pública el gobierno logró demostrar lo siguiente:

  A partir de 1979, el presidente de EE.UU., de conformidad con la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia ("IEEPA"), encontró repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior y la economía de los Estados Unidos y declaró una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza. De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Este régimen de sanciones prohíbe, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a los Estados Unidos o personas de los Estados Unidos destinadas al Gobierno de Irán o entidades y personas iraníes.

  En agosto de 2004, los gobiernos de Irán  y Venezuela (Hugo Chávez Frías) celebraron un acuerdo, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. Al año siguiente, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo mediante la celebración de un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistiría en la construcción de unidades de vivienda en Venezuela.
  El Proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo. 

   En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Compañía de Vivienda Internacional de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto en Venezuela. 

   Posteriormente, IIHC celebró un contrato con una subsidiaria de la compañía energética estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que solicitó a IIHC que construyera 7,000 unidades de vivienda en el estado Zulia a cambio de aproximadamente $475 millones. Stratus Group creó el Comité del Proyecto Venezuela en Teherán para supervisar la ejecución de dicho Proyecto. Ali Sadr fue miembro fundador del Comité y fue responsable de administrar las finanzas del Proyecto.
  En relación con su papel en el Proyecto, Sadr tomó medidas para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos y defraudar a los bancos estadounidenses al ocultar el papel de las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense. Por ejemplo, en 2010,  Sadr y un co-conspirador, usaron los pasaportes de San Cristóbal y Nieves y una dirección de los Emiratos Árabes Unidos para incorporar dos compañías de fachada fuera de Irán para recibir pagos en dólares estadounidenses relacionados con el Proyecto en nombre del IIHC. 
La primera entidad, Clarity Trade and Finance, se incorporó en Suiza, y la segunda, Stratus International Contracting, J.S.,  alias "Stratus Turkey", se registró en Turquía. Ambas empresas de fachada eran propiedad y estaban controladas por Ali Sadr y por los miembros de su familia en Irán, incluido su padre Mohammad Sadr.
  Posteriormente, Sadr y otros llevaron a cabo una serie de transacciones financieras internacionales utilizando a Clarity y  a Stratus Turkey en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultaba el nexo iraní a los pagos, en violación de las sanciones económicas de los EE. UU. Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, PDVSA, bajo la dirección de Sadr y otros conspiradores, realizó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de Stratus Turkey o Clarity, totalizando aproximadamente $ 115 millones.

  Durante ese tiempo, Sadr tomó varias medidas para ocultar a los beneficiarios iraníes de estos fondos, incluyendo: (1) cambiar el nombre de la Compañía de Vivienda Internacional de Irán a solo las iniciales, IIHC; (2) ordenar a los empleados que eliminen sitios web y artículos de Internet donde aparecía el nombre de Irán o Iranian; (3) mentir sobre los propietarios de las empresas de fachada cuando los bancos lo solicitan; y (4) alterar los comprobantes de pago y los contratos anteriores para engañar a los bancos sobre la fuente de los fondos. Sadr y otros conspiradores, también ordenaron específicamente que los pagos se enrutaran a través de bancos en los Estados Unidos a las cuentas bancarias de Stratus Turquía o Clarity en una institución financiera en Suiza (Hyposwiss Private Bank AG). 
  La mayoría de los fondos se transfirieron luego a otra entidad offshore ubicada en San Cristóbal y Nieves, que había sido incorporada por Ali Sadr y Mohammad Sadr en 2009. 
Mohammad Sadr Hasheminejad padre del banquero convicto por crímenes financieros y
violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

  Entre 2011 y 2013, las compañías principales de Sadr enviaron más de $ 8.6 millones directamente a los Estados Unidos. Algunos de esos fondos se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California en beneficio de la familia Sadr.

El convicto

  Ali Sadr, de 40 años, nació en Irán. Fue condenado en el juicio por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, un cargo de conspiración para violar la IEEPA, un cargo de fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de lavado de dinero. Sadr fue declarado no culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. 

   A continuación se muestra un cuadro que contiene los cargos y las sanciones máximas. La sentencia de Sadr será determinada por la jueza Alison Nathan.
   El fiscal Berman elogió los esfuerzos de investigación pendientes de la Oficina Federal de Investigación y agradeció a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York por sus contribuciones y asistencia con esta investigación y juicio.

  El procesamiento de este caso está a cargo de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. Los fiscales federales adjuntos Michael K. Krouse, Jane Kim, Stephanie Lake y el fiscal especial adjunto estadounidense Garrett Lynch, de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, están a cargo de la acusación.



martes, 10 de marzo de 2020

Juicio por lavado de dinero de Ali Sadr Hasheminejad: El Fondo Chino de Venezuela pagó a las empresas que violaron las sanciones de EE.UU. contra Irán

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    "El juicio contra Ali Sadr Hasheninejad pasa a otra etapa", dijo la jueza Alison Nathan al jurado que ha visto por seis días una voluminosa evidencia presentada por la fiscalía estadounidense. "El gobierno resta y le pasa el turno a la defensa", sostuvo la magistrada al final del día lunes, cuando le dió instrucciones al jurado ante de despedirlos, ordenando que no podían leer en los medios ni en las redes sociales nada sobre el caso para que puedan mantener su imparcialidad. 
  Ali Sadr Hasheminejad, un ciudadano iraní que adquirió la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves, es acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de lavado de dinero, fraude bancario e incumplimiento de las sanciones impuestas por EE. UU.  contra Irán al trasladar dinero a través del sistema financiero estadounidense proveniente de un proyecto de vivienda en Venezuela promovido por los regímenes de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Las medidas de los bancos para evitar la violación de las sanciones

   En la audiencia número 6 del juicio, un testigo que representa a un banco víctima, Citibank, dijo que si bien los bancos intermediarios no tienen la obligación de investigar a los clientes de los bancos correspondientes si deben hacerlo y alertar sobre cualquier irregularidad. Este comentario se produjo cuando la defensa insistía que el acusado no cometió delitos y los fiscales explicaban que el manejo hecho en múltiples transacciones por parte del Hyposwiss, que es la entidad donde Sadr Hasheminejad tenía las cuentas de las empresas offshore que usó para el esquema de lavado de dinero y violación de las sanciones acusado en este caso.

  Los fiscales mostraron un sistema que se origina en PDVSA, con una orden de pago para las empresas de Sadr contratadas para construir las casas en Venezuela, PDVSA enviaba la orden a su banco en Portugal, Espíritu Santo (BES), esta entidad enviaba el dinero a su banco intermediario en Nueva York (CitiBank o J. P. Morgan Chase) y este a su vez transfería los fondos al banco correspondiente que es Hyposwiss, en Suiza que era el banco donde Sadr y su padre abrieron las cuentas de las empresas sustitutas de la contratada originalmente por Venezuela, llamada Iranian International Housing Co. (IIHC). 

 La fiscalía y el testigo del Citibank sostuvieron que la responsabilidad de investigar las transacciones de Sadr y su familia es Hyposwiss porque los dos ciudadanos iraníes eran sus clientes, y no CitiBank o Chase. Sin embargo, debido a una serie de factores que se encontraron en varias transacciones hechas a través de los bancos estadounidenses, se levantaron las alarmas ante el inminente uso del sistema financiero para lavar dinero a favor de Irán. 

  Los fiscales explicaron que Sadr y su padre sabían perfectamente que estaban cometiendo un delito, y para evitar ser descubiertos crearon una estrategia que los llevó a comprar nacionalidades en San Cristóbal y Nieves para él, su padre y hermanas; registrar empresas en Suiza, Turquía, Hong Kong, Emiratos Árabes, entre otros, abrir cuentas bancarias en Suiza y Alemania, cambiar el nombre de la empresa contratada en PDVSA para eliminar la palabra Iranian (en su lugar pusieron Industrial) y bajar el website de Iranian International Housing Co. (IIHC) para borrar cualquier indicio "tóxico" que los involucraran con Irán. 

  Los fiscales dijeron que los pagos multimillonarios hechos por PDVSA a los Sadr, y que fueron procesados a través del sistema bancario estadounidense constituyen un delito federal, ya que viola las sanciones entre Estados Unidos e Irán y se convirtió no solamente en un fraude bancario sino en el esquema de lavado de dinero internacional.

  El testigo del Citibank explicó los bancos toman muy en serio el tema de las sanciones ya que el incumplimiento genera penalidades para las instituciones financieras. El experto sostuvo  que las sanciones contra Irán están dirigidas al gobierno, al país y las personas que lo integran.

  Cuando fue interrogado por el abogado de Sadr, Brian Herberlig, el testigo de Citibank dijo que no tenía conocimiento de que el banco enfrentara sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por las acciones de este caso. 

Compañía de Sadr pago por un apartamento en Caracas

  La fiscalía llamó a una mujer venezolana americana al estrado. Alessandra Conte dijo que en 2011 vendió su apartamento en Caracas, Venezuela por $ 170,000 a un hombre llamado César Gudiño. El comprador presentó problemas para pagar el precio total de la compra del inmueble y fue la empresa de Sadr Hasheminejad la entidad que pagó parte de la deuda.

  La mujer explicó que se había mudado a State Island, en la ciudad de Nueva York en el año 2000 y que vendió el inmueble porque sabía que no lo ocuparía más. Logró concretar la venta con Gudiño quien pagó una parte en dólares y otra en bolívares.

  El fiscal preguntó "¿quién arregló pagarle en dólares estadounidenses?", A lo que la mujer respondió "Stratus". 

  Stratus Construction es una empresa propiedad de la familia Hasheminejad y aparece involucrada en el esquema de lavado de dinero acusado por la fiscalía.

Defensa se queja por documentos relacionados con Stratus

  Entre las mociones que se discutieron este lunes estpa una carta de la fiscalía donde se explica que no se había proporcionado a la defensa de Sadr documentos relacionados con la compañía Stratus.

  En la comunicación dice: “Stratus fue fundada en 1978 en Teherán, Irán; Stratus International se especializa en proporcionar servicios de contratación para proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios; Stratus está trabajando actualmente en un proyecto de desarrollo de viviendas de la Unidad de Apartamentos 7000 "Nuevo Ojeda" en Venezuela ", señala el documento.

  En la carta presentada al juez, el abogado asistente dijo que, en 2011, el banco que procesaba el pago recibió una respuesta a su consulta "indicando, en suma y sustancia, que la dirección de Stratus está en Turquía, está registrada en Turquía, hace construcción en varios países, incluyendo a Venezuela ".

    Stratus luego se agregó al filtro de sanciones del gobierno de EE. UU. Para monitorear cualquier pago futuro.

  El documento dijo que las autoridades estaban tratando de confirmar si la Oficina de Control de Activos Extranjeros tomó alguna medida basada en la divulgación del banco, pero está dispuesta a "estipular que la OFAC no tomó medidas contra las entidades del Banco Stratus o el acusado".

  "El Gobierno lamenta su error y está trabajando para confirmar que no hay nada más relacionado con la investigación bancaria que tenga alguna relación con este caso", agrega la carta.

  Habían estado al tanto de la carta desde mediados de enero, y que, en ese momento, creían erróneamente que era parte del descubrimiento en el caso, decía la carta.

Las tablas que incomodan a la defensa

   La fiscalía presentó unas tablas con los pagos hechos por PDVSA a las empresas offshore de Sadr y su padre, incluyendo la tóxica IIHC que se iniciaron en 2010 hasta 2014. 

    Una de las comunicaciones presentadas estaba fechada el 30 de diciembre de 2010 en la cual Sadr le advierte a su empleado Bahram Karimi sobre los problemas que tenían con la cuenta del Chase en Nueva York. 
    
     En otro correo Sadr explica a su banco Hyposwiss que venía una transferencia por $ 29 millones de Venezuela el 11 febrero 2011. La orden correspondiente para ese pago, está hecha en un papel membretado con Iranian International Housing Co. (IIHC), firmada por José Luis Parada Sánchez, jefe de DUCOLSA y donde se usa la dirección de IIHC en Teherán [Apart. 101 N-18 Mina Boulevard Afnet St. Teherán].

  José Luis Parada explicó cómo se iba a cambiar la empresa iraní por una empresa turca Straturk International Contracting S.J. 

   Parada también advierte al banco usado por PDVSA para hacer los pagos a Sadr sobre el cambio de las cuentas bancarias y aclara que a partir de ese momento Straturk International Contracting S.J. era el beneficiario.


El Fondo Chino pagó a las empresas del acusado 

  Varias comunicaciones presentadas al jurado reflejan que los recursos usados para algunos pagos provenían del Fondo Chino para Venezuela. Una carta del 17 de marzo de 2011, dice que el Fondo Chino confirmó al banco la cantidad de dinero que se iba a pagar a las compañías de Sadr y su familia que era el desembolso #386 del Fondo -Código N-00579 por $ 29.442.967, 57.

   Se mostró un correo electrónico dirigido a DUCOLSA de María Acevedo del Banco Commerzbank A.G, fecha febrero 5 de 2011. Decía que el Banco del Tesoro iba a bloquear los fondos si no se suministraba información sobre Straturk. Ante esa advertencia se informó que la compañía fue registrada en Turquía y que el pago era por la construcción de 700 viviendas en Venezuela.
   
    Los fiscales presentaron cartas que mostraban la contradicción entre los beneficiarios de los pagos que iban desde Straturk International Contracting S.J., IIHC, Stratus Global Investment Ltd y otras empresas.

     Asimismo se presentó un cuadro que mostraba los ingresos que llegaron de las cuentas de PDVSA a la empresa de Sadr Clarity Trade (creada por el acusado en Suiza para esconder la vinculación con Irán). El cuadro explica que una parte de los fondos llegaban a Clarity y se enviaban a Stratus Global Investment y de allí se transferían a otras empresas creadas en Estados Unidos, como Sapene LLC, Fidelity National Title Company, Malibu Escrow  Corporation y Setom LLC. 

   De las mencionadas empresas, la hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr compró una tierras por medio de la empresa Malibu Escrow  Corporation por $ 919,960,00 en el lote 27314 Winding Way, Malibu CA 90265. 

    Por medio de Fidelity National Title Company  se creó Pistache LLC, ( propiedad en un 50% Sapene LLC). La hermana de Ali Sadr, Pegah Sadr aparece como dueña de Sapene LLC, que tiene una cuenta en el Banco Well Fargo, a través de la cual se adquirieron productoras de pistachos en California.  El nombre de Ali Sadr se agregó en la empresa Setom LLC cuya dueña original era Pegah Sadr H. El 19 de septiembre de 2011 la empresa era 50% de Pegah Sadr y 50 % Ali Sadr.







lunes, 9 de marzo de 2020

Juicio de Ali Sadr Hasheminejad: Un error de PDVSA en un pagó a la empresa del iraní alertó a las autoridades sobre la presunta violación de las sanciones de EE. UU. contra Irán

    En este juicio el poder del dinero se siente. Hay en escena media docena de los mejores abogados litigantes del país acompañados de paralegales, asistentes y expertos que evalúan cada palabra pronunciada por los testigos de la fiscalía para demolerlos en los contrainterrogatorios. La jueza, Alison Nathan es acuciosa, determinante y evita que haya atropellos entre las partes. El esquema de violación de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso a Irán, y los mecanismos de lavado de dinero de este caso no son muy diferentes a otros que han sido juzgados previamente y que he tenido oportunidad de cubrir. En este en particular la diferencia es el despliegue exuberante de recursos. En la audiencia del viernes 6 de marzo, se pudo apreciar al acusado sonriente, 'triunfador' cuando su defensor puso contra las cuerdas al testigo experto en sanciones del Citibank, uno de los bancos víctimas de esta trama, según la fiscalía. A continuación les cuento parte de la jornada del proceso que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
  Era la quinta audiencia del juicio. Los diligentes abogados de Ali Sadr Hasheminejad estaban organizados para empezar la jornada. Los fiscales federales dispusieron a dos testigos para el día que representaban a los dos bancos víctimas del esquema de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, cargos por los cuales es procesado el millonario empresario, cuyo padre es el dueño de un gran emporio de empresas de construcción e infraestructura, Stratus International Group Holding, que —según la fiscalía y los testigos— ha recibido contratos millonarios para la reconstrucción de la infraestructura de Irán, desde que concluyó a la guerra con Irak. 

  Ali Sadr Hasheminejad y su familia trabajaron para el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a través de la empresa Iranian International Housing Co., ejecutando un contrato para supuestamente construir 12 mil viviendas financiadas por PDVSA a través de Ducolsa. El proyecto formó parte de los acuerdos firmados por la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán acordados en 2006, en el cual se incluyó un convenio para el Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado en el municipio Lagunillas del estado Zulia. Hugo Chávez Frías y el presidente iraní para la época, Mahmoud Ahmadineyad, contrataron a la empresa de los Sadr, IIHC, para lo cual previeron un presupuesto de US.475,734,000,00. Por años todo el proceso se desarrolló 'sin inconvenientes' con la justicia, hasta que en 2013 y 2014, un error en unas órdenes de pago que PDVSA envió a sus bancos en Nueva York, JP Morgan Chase y Citibank, en las cuales colocaron el nombre de la empresa como beneficiaria [Iranian International Housing Company (IIHC)] .
La palabra "iranian" prendió las alarmas y las transacciones fueron bloqueadas y reportadas por los bancos a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC), a la unidad que se encarga de investigar las violaciones de las sanciones estadounidenses. 'Las palabras "Irán" o "iranian" son tóxicas', dijo la defensa y por ello, Ali Sadr registró empresas en otros países, compró la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves (junto a su padre y hermanas), y abrió cuentas en un banco suizo. Todas éstas acciones le permitirían obviar las alertas de las autoridades y escapar de las sanciones que por 40 años EE. UU. ha impuesto contra Irán, buscando que haya un cambio de conducta en el régimen encabezado por el líder Supremo, el ayatolá, Alí Jamenei. 
   Entre las cientos de comunicaciones que los fiscales mostraron al jurado a lo largo de la jornada —con el objetivo de demostrar, más allá de la duda razonable que Ali Sadr es culpable de los seis cargos que se le imputan— nos llamó la atención que en varios de los correos enviados en julio de 2010, se menciona en varias oportunidades— al millonario argentino Diego Marynberg —señalado de ser uno de los hombres que ayuda al régimen de Maduro a mover capitales por el mundo y las empresas Mercantil Valores Uruguay, Pinnacle Investment SA de Venezuela y Finanzas S.A. de Suiza.  

  Debido a los problemas que tenían con la empresa que aparecía originalmente en el contrato con los regímenes de Irán y Venezuela era Iranian International Housing Company (IIHC) —y la palabra Iranian es objeto de alarmas a las autoridades financieras Ali Sadr y su padre Mohammad Sadr Hasheminejad decidieron registrar dos firmas para sacudirse ese problema: Straturk International JS en Istambul, Turquía y Clarity Trade en Suiza. ¡Asunto arreglado¡

  Asimismo, los Sadr abrieron una cuenta en el banco helvético Hyposwiss Private Bank AG. para lo cual, padre e hijo usaron los pasaportes que compraron en la isla del Caribe, San Cristóbal y Nieves y una dirección de residencia en Dubai. Con esos 'elementos' desaparecían los problemas con las autoridades estadounidenses, y ponían fin a los miedos que había generado en el acusado y a su familia la posibilidad que fueran a ser enjuiciados por mover el dinero a través del sistema financiero norteamericano, rompiendo las reglas establecidas desde 1979 y reforzadas por varias órdenes ejecutivas hasta la actualidad.

Fiscales pueden concluir con la presentación de testigos

  Este lunes, 9 de marzo, se espera que la Fiscalía de los Estados Unidos concluya con la lista de testigos para probar el caso contra  Ali Sadr Hasheminejad.

 El domingo 8 de marzo, la fiscalía sometió a consideración de la corte varias mociones que buscan  excluir a dos testigos expertos que la defensa de Hasheminejad propuso para ser presentados al jurado el martes. La fiscalía sostiene que uno de los candidatos a testificar es Trita Parsi, ex presidente y fundador del National Iranian American Council, una organización sin fines de lucro "dedicada a fortalecer la voz de los estadounidenses iraníes y promover una mayor comprensión entre el pueblo estadounidense e iraní".

   Los fiscales sostiene que Parsi no cumple con los requerimientos de la ley para ser testigo y por tanto carece de legitimidad para discutir el concepto de "eliminación del riesgo". 

 Los documentos de la fiscalía señalan que Parsi "nunca ha trabajado para un banco o en cumplimiento bancario, ni había publicado ningún artículo ni llevado a cabo ningún estudio científico sobre cómo eliminar riesgos". 

 La defensa de Sadr Hasheminejad asegura que la supuesta experiencia de Parsi en "eliminar riesgos" viene de la experiencia que éste ha acumulado durante los años en los que ha participado en discusiones personales con iraníes-estadounidenses.

  Los fiscales aseguran que Parsi sólo puede referirse a un asunto técnico que requiere conocimiento basándose en sus anécdotas, lo cual obviamente le resta veracidad, y es contrario a lo que establecen las leyes para calificar a alguien de experto.

  Otro de los testigos de la defensa que fue rechazado por la fiscalía es el  abogado del bufete Crowell Moring, Robert Burns, ya que de acuerdo al gobierno Burn nunca ha trabajado en bancos, o en departamentos de cumplimiento bancario, y no cumple con los requisitos para calificar como experto en "reducción de riesgos" de acuerdo a las normas de la corte.

Evidencias que generan problemas

 En la audiencia de este lunes 9 de marzo se discutirán los problemas que han surgido con una evidencia presentada por la fiscalía, y que no formaba parte del material 3500 que los acusadores deben entregar a la defensa antes de juicio. Se trata de la pieza marcada como GX 411 que corresponde a una comunicación sobre una divulgación voluntaria que el Banco-1 realizó a OFAC después de liquidar un pago de una entidad afiliada con PDVSA en Venezuela a favor de Stratus International Contracting, que fue una de los entidades  usadas por Ali Sadr para  recibir los pagos en nombre del IIHC. El correo tiene fecha del 16 de junio de 2011 y en banco señala que había procesado el Pago el 4 de abril de 2011, pero que lo marcó como posible lavado de dinero después de las acciones ocurridas, el 20 de abril de 2011. 

El banco había alertado que luego se una investigación se supo que “Stratus se fundó en 1978 en Teherán, Irán; Stratus International se especializa en proporcionar servicios de contratación para proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios; Stratus está trabajando actualmente en un Proyecto de Desarrollo de Viviendas de la Unidad de Apartamentos 7000 "Nuevo Ojeda" en Venezuela". 

Asimismo, se reveló en la comunicación de la fiscalía que el 12 de mayo de 2011, el Banco-1 recibió una respuesta a su consulta al banco remitente, indicando, en suma y sustancia, que la dirección de Stratus se encuentra en Turquía, está registrada en Turquía, se encuentra en construcción, entre otros lugares, Venezuela, y el pago fue por la "construcción de un proyecto de 7000 unidades de apartamentos" en Venezuela. Bank-1 concluyó que "Aunque Stratus no figura como SDN, y el pago no indica ninguna participación directa de Irán o con Irán, debido a la información contradictoria entre el sitio web y la respuesta enviada por el banco en Caracas, considera apropiado compartir esta información con OFAC ya que Stratus puede ser una compañía iraní. 

La discusión sobre este tema, que es clave en el caso se dará durante la audiencia de hoy. 

Seguiremos informando.