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domingo, 22 de marzo de 2020

Denuncia el senador de Bolivia, Óscar Ortíz: Marcelo Hurtado Sandoval sería el operador de Carlos Gill en sus empresas

   Sin que se tenga información acerca del origen de su fortuna, este abogado se convirtió en la cara visible de las empresas de las que Gill sería el verdadero propietario. El empresario niega todas las acusaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El nombre de Marcelo Hurtado Sandoval sale a relucir siempre que se tratan de poner en claro los asuntos y negociaciones del empresario venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, bien porque se conecta a él directamente o por mampuesto. Y es que al primero se le señala de supuestamente ser testaferro del segundo, quien entre otras cosas es señalado de ser un empresario que respondería a los intereses y lineamientos políticos del exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera y de su hermano Raúl García Linera, ambos con amplio poder en la estructura del Movimiento al Socialismo (MAS).
   La salida del poder de Evo Morales ha permitido que afloren una serie de denuncias sobre hechos de corrupción que han dejado al descubierto los presuntos manejos irregulares que desde el alto gobierno de Bolivia se llevaban a cabo. Por ejemplo, se insiste en que una serie de empresas y empresarios reportaban directamente de su gestión a García Linera y a la cúpula masista. Y sería en dicho entramado, donde adquiere protagonismo la figura de Hurtado Sandoval. Las interrogantes en torno a esto se incrementaron luego de las denuncias formuladas por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, quien ha exigido auditorías en los ministerios que contrataron con las empresas de Gill Ramírez. El parlamentario ha puesto en duda que compañías como ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, sean realmente propiedad de quienes fungen como sus representantes, dejando en el aire la interrogante acerca del papel que Evo Morales y Álvaro García juegan realmente en dichas compañías. El expresidente boliviano lo negó tajantemente y exigió a Ortiz que presente pruebas de sus afirmaciones.

  "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso", publicó el exmandatario en su cuenta de la red social Twitter, según reseña el diario Los Tiempos[1].

   La respuesta de Ortiz a Morales fue: "Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?".

   ATB y Marcelo Hurtado respondieron a las acusaciones a través de un comunicado publicado en Facebook en la que aseguró no tener ninguna relación empresarial, ni de negocio alguno con Carlos Gil y sus operaciones e inversiones en Bolivia y “mucho menos he sido nunca representante legal del indicado Sr. Gil”. Del mismo modo negó relación empresarial, política o de amistas con Evo Morales ni Álvaro García Linera. Sostuvo que su única relación es con ATB en su calidad de socio y representante legal ejecutivo, “no he tenido ni tengo ninguna participación societaria, laboral ni de ninguna índole con las empresas Gravetal, La Razón y PAT”.

   Agregó que “El 40% de las acciones de la empresa Provida fueron adquiridas por mi persona legal y lícita de la empresa Credinform S.A.”[2].

   El 3 de enero de 2020, Hurtado Sandoval fue aprehendido en Santa Cruz por la policía, dando cumplimiento a una orden del fiscal Samuel Lima Carvajal, de la División Especializada de Persecución de Delitos de Corrupción, Aduaneros y Tributarios de La Paz, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros. Lo trasladaron a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)[3].

   Posteriormente, el 5 de enero de 2020, fue liberado por la inasistencia del fiscal Samuel Lima a la audiencia, pero por acción de la senadora Carmen Eva Gonzales, el presidente del directorio de ATB fue recapturado por la apropiación indebida de medios impresos y audiovisuales en el gobierno de Evo Morales. La parlamentaria pidió la inmediata detención de la jueza Milenka Gutiérrez, que le otorgó la libertad pura y simple a Hurtado, y del fiscal por incumplimiento de deberes. La senadora Gonzales advirtió llamó la atención sobre estos sucesos y advirtió que la justicia no podía seguir actuando bajo la misma lógica de protección a temas de corrupción con que encubrió el gobierno del MAS[4].

  Ni estos hechos, ni los alegatos de Hurtado detuvieron a Oscar Ortiz, quien el 9 de enero de 2020 denunció ante el Ministerio Público a  los ejecutivos de los canales ATB y PAT, Marcelo Hurtado y José Luis Valencia, respectivamente, a quienes acusó de presuntamente obtenido ganancias ilícitas, de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y creación de sociedades o asociaciones ficticias y, en tal sentido, pidió a la Fiscalía investigar la estrecha relación de estos Álvaro García Linera, todo esto en el contexto de un proceso abierto por contratos irregulares de medios de comunicación.

   Una nota de prensa emanada del Ministerio de Comunicación boliviano refirió que Ortiz denunció la identificación de "21 empresas relacionadas con el señor Marcelo Hurtado Sandoval en Fundempresa; de estas 19 son posteriores a la llegada de Evo Morales al gobierno y especialmente a partir de 2009 (…) Esas empresas que tienen que ver fundamentalmente con medios de comunicación, pero también con el área financiera de seguros y con otros rubros diversos como energía, madera, comercio exterior, incluso restauración".

  El legislador manifestó que “uno de los temas más escandalosos que involucra a Hurtado es el relacionado con la estructura societaria de la televisora ATB, ‘en la cual hay más de nueves empresas que constituyen una trama que busca ocultar quiénes son los verdaderos dueños de esta empresa; es peor que los Panamá Papers (…) Uno busca quien es dueño de una empresa y aparecen otras tres empresas; uno busca quienes son dueños de esas empresas y aparecen otras empresas; la única característica en común es que en todas figura como representante legal el señor Marcelo Hurtado Sandoval"[5].

Más datos de Hurtado Sandoval

   Además de las referencias que ya hemos señalado de Marcelo Hurtado Sandoval, este trabajaba en mancuerna con Luis Norberto Clavijo Castro, quien formó parte de la estructura gubernamental boliviana desde 2009 durante la gestión del entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

   Este hombre estuvo vinculado al operativo que tuvo lugar el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz y que fue directamente ordenado por Evo Morales, un sonado caso que derivó en una masacre en la que tres personas fueron asesinadas por integrantes del denominado grupo Rozsa, pero que fue presentado por el gobierno como una acción contra un grupo terrorista[6]. Los ejecutados fueron identificados como Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, de origen europeo. Fueron arrestados los también los europeos Elöd Tóásó y Mario Tadic. Esta operación habría servido para arremeter contra la oposición boliviana y procesar a sus dirigentes.

   A Luis Clavijo se le señala de formar parte de una trama que fue denunciada públicamente por el Ministerio de Gobierno de utilizar el nombre del ministro Carlos Romero para influenciar en la administración de justicia para obtener beneficios económicos. “Se ha venido denunciando que los ciudadanos Guillermo Eue Chávez y Luis Norberto Clavijo Castro estarían influenciando en administradores y operadores de justicia a nombre del señor Ministro con el objeto de obtener ventajas económicas indebidas”[7].

  Otro personaje tras el cual se escudarían Hurtado, es el periodista Jaime Iturri, cuya notoriedad le sirve de mampara.

  Hurtado Sandoval, quien contaría el aval y la confianza de los grupos venezolanos directamente relacionados al lavado de dinero extraído del erario público de Venezuela, ahora dirige sus esfuerzos a tratar de lavar su imagen acercándose principalmente a los dirigentes cívicos de Santa Cruz, como por ejemplo, a Luis Fernando Camacho, jefe del Comité Cívico Pro Santa Cruz, abogado de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y con una maestría en Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona. A Camacho, Hurtado le habría ofrecido participación en las empresas que controla a cambio de protección. Luis Nemtala, gerente general de ATB, le serviría de operador a Hurtado para conseguir este objetivo[8]. Igualmente, Sergio Salazar Machicado, abogado del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociado, quien funge como integrante del directorio de ATB[9].

   Bajo el control de Marcelo Hurtado Sandoval están las empresas ATB, PAT, La Razón y Seguros Provida S.A., las cuales supuestamente fueron obtenidas por métodos ilegales y poco ortodoxos, tales como la extorsión y la presión a través de todo el aparato público que habría confabulado por ordenes de los hermanos Linera, para que Hurtado-Gill pudieran hacerse de dichas empresas.

   Se conoce poco acerca de los orígenes y trayectoria empresarial de Marcelo Hurtado Sandoval. Tampoco se saben cuáles son los emprendimientos e iniciativas que pudieran justificar su enorme fortuna. Habiendo tenido ATB tenía un valor patrimonial de más de 49 millones de bolivianos al momento de su irregular venta, es necesario que se aclare la fuente de la riqueza de Hurtado.

   Formó parte del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados, encargado de diseñar la estrategia en Bolivia para el ingreso de grupos económicos venezolanos vinculados al régimen Chávez-Maduro. A través de este bufete, Hurtado Sandoval habría ingresado al “esquema” venezolano diseñado.

Caso ATB

  La Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB) es una cadena de televisión de Bolivia que es controlada por Marcelo Hurtado Sandoval, habiéndose convertido en parte de lo que en Bolivia han llegado a considerarse como medios paraestatales[10].

  Se trataría de una red de medios de comunicación cuya estructura externa se halla controlada por los hermanos Álvaro y Raúl García Linera, quienes supuestamente son quienes dictan la línea editorial, siendo presuntamente Hurtado Sandoval, el encargado de seguirla e instrumentarla en la televisora.

   Según los senadores Oscar Ortiz y Carmen Eva González, ATB fue vendida bajo presión y mediante métodos extorsivos por sus antiguos propietarios[11].

  El caso se abrió por denuncia de Gonzales, quien acusó a 18 personas de haber utilizado métodos extorsivos para hacerse de medios de comunicación, como los canales ATB y PAT, en concomitancia del Gobierno del MAS, refiere una nota del portal Erbol. “(…) el empresario Gill Rodríguez llegó a Bolivia con el respaldo de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para incursionar, entre otros proyectos, en medios de comunicación sin importar la rentabilidad, sino que estén al servicio del gobierno del MAS, a cambio de millonarias ganancias por publicidad estatal. Dice el memorial que Gill precipitó las negociaciones con ejecutivos del Grupo Prisa para tomar control de La Razón y El Extra, designando a su representante a Marcelo Hurtado. ‘ATB pasa por un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros’.  En agosto de 2008, la empresa fantasma Akaishi Investments S.L fue creada en España exclusivamente para la transferencia de La Razón y ATB, siendo su representante Marcelo Hurtado a quien acusan de ser ‘pieza clave del esquema extorsivo al Grupo Prisa, como también a un grupo de abogados que trabajaron en el Estudio Jurídico Salazar y Asociados’”, se lee en la reseña de prensa.

  La firma de abogados, por instrucciones de Gill Ramírez, constituyó en agosto de 2008 en España la empresa Akaishi, una compañía de fachada cuyo objetivo habría sido encubrir el ingreso de empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista a Bolivia. V arios integrantes del despacho de abogados luego integraron el directorio de la televisora.

Caso PAT

  La Red Periodistas Asociados Televisión (PAT) es un canal de televisión abierta boliviano lanzado al aire en 1997 por Carlos Mesa, quien lo vendió a Abdallah Daher. En la actualidad, la televisora también es controlada por Hurtado Sandoval y, por ende, Álvaro y Raúl García Linera.

  Tal como habría ocurrido con ATB, PAT igualmente fue comprado bajo presión, con el agravante de que, por dicha venta, sus propietarios no recibieron pago alguno.

  Así lo reveló el ex-gerente de PAT, Sergio Weise, quien refirió que en 2011 el presidente del directorio de la red ATB, Marcelo Hurtado, y Jaime Iturri, presionaron a Abdallah Daher para que entregara la televisora bajo términos que ellos redactaron.

   “En esa época, ya se había producido el caso Hotel las Américas, había autoridades expulsadas, no había Estado de Derecho, ese era la presión que tenía Abdallah Daher para firmar el contrato de venta y finalmente lo hizo a favor de Iturri y Hurtado (…) Daher no recibió ni un peso por la transferencia del canal a pesar de que se firmó un contrato en que se estableció cierta cantidad de dinero que no justificaría la inversión real que se hizo”, narró Weise.

  Según dijo, Marcelo Hurtado le propuso a Daher en principio comprar el canal PAT, pero el tono cambió luego a amenaza: “si quieres preservar tu empresa, tienes que vender PAT, tienes que entregar PAT” y agregó que el objetivo de Hurtado e Iturri era” usar PAT con fines políticos, porque Iturri llegaba al medio para reunirse con los periodistas y definir el contenido que debe y no debe difundirse”[12].

  Se conoció que Abdallah Daher se habría negado a negociar, pero la extorsión y la amenaza de encarcelar a su hijo Edmond, lo llevaron a ceder su empresa a cambio de nada.

  Sobre Daher se abalanzó el gobierno de Evo Morales mediante entidades públicas como a la UIF, Impuestos, Ministerio de Trabajo, Autoridad de Empresas (AEMP) para que entregara su negocio, la cual se llevó a cabo a través de la empresa Comercializadora Multimedia del Sur SRL, constituida por el Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados.

Caso Provida

   En las denuncias de Oscar Ortiz sobre la propiedad de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida la cual estaría enmascarada a través de testaferros, Marcelo Hurtado Sandoval, fue señalado de ser el representante legal de ese conglomerado, a lo cual este último lo negó, sí admitió que es uno de los socios de ATB y dueño del 40 por ciento de las acciones de la empresa de seguros Provida[13].

  Esta empresa aseguradora administra el 30 por ciento del Seguro Social Obligatorio de los bolivianos.

  Hurtado Sandoval llegó a Provida luego de la trasferencia de las acciones del grupo Credinform, a quienes habría extorsionado por el caso de pólizas emitidas para la construcción del Proyecto Misicuni, habiéndolos librado de ser enjuiciados a cambio de la entrega de las acciones.

  Con las acciones en la mano, Marcelo Hurtado emprendió una campaña de hostigamiento en contra de la empresa a través de los órganos del estado y cuando la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) le increpó una deficiencia patrimonial, el operador de Gill Ramírez llamó a los accionistas a realizar un aporte de capital.

  Entonces Marcelo Hurtado ofreció como aporte una serie de bienes inmuebles, lo cual estaba prohibido por la norma que rige la APS, la cual fue modificada a instancias de este, admitiéndose por vía de excepción los aportes de capital en especies de Hurtado por un valor de USD 5.000.000, aunque los avalúos ordenados por los ejecutivos de Seguros Provida establecieron que solamente valían USD 150.000.

   Cuando dichos ejecutivos de Provida rechazaron los aportes de capital de Hurtado Sandoval, este con la presencia de Luis Clavijo Castro y abogados del Estudio Jurídico Salazar, Salazar y Asociados, así como de Fernando Cortez, inició el asedio judicial contra los propietarios de la aseguradora. Cortez es un exfiscal de La Paz que fungía como abogado de la empresa China CAMC y también era abogado personal de la expareja del Evo Morales, Gabriela Zapata.

Tales presiones dieron su resultado y fueron transferidos a Hurtado Sandoval a valor “0” las acciones de Fernando Arce equivalentes a 60 por ciento de la empresa.

ATB-Argentina

   Marcelo Hurtado, Luis Nemtala y Jaime Iturri constituyeron en Argentina la empresa ATB-Argentina con una inversión que supera en mucho a la de Bolivia.

CITAS

[1] Los Tiempos. “Morales y una de las empresas privadas señaladas por Ortiz niegan acusaciones”. 15 de diciembre de 2019. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191215/morales-empresas-privadas-senaladas-ortiz-niegan-acusaciones

[2] Facebook. ATB Digital. Comunicado a la opinión pública. 14 de diciembre de 2019. https://www.facebook.com/ATBDigital/posts/3428793927162012

[3] La Razón. “La Policía detiene al presidente del directorio de la red ATB Marcelo Hurtado”. 3 de enero de 2020. http://www.la-razon.com/nacional/aprehenden-marcelo-hurtado-atb-bolivia_0_3287671248.html

[4] Brújula Digital. “Liberan a Marcelo Hurtado y de inmediato fue aprehendido otra vez”. 6 de enero de 2020. https://brujuladigital.net/politica/liberan-a-marcelo-hurtado-y-de-inmediato-fue-aprehendido-otra-vez

[5] Ministerio de Comunicación. “Oscar Ortiz presenta ante la Fiscalía denuncias penales contra ejecutivos de ATB y PAT”. 9 de enero de 2020. https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20200109/28541

[6] Página Siete. “Clavijo, quien usó el nombre de Romero, actuó en caso Rózsa”. 8 de marzo de 2019. https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/3/8/clavijo-quien-uso-el-nombre-de-romero-actuo-en-caso-rozsa-211347.html



[7] Eju. “Acusan a exfuncionarios de extorsionar a nombre del Ministro de Gobierno”. 25 de febrero de 2019. https://eju.tv/2019/02/acusan-a-exfuncionarios-de-extorsionar-a-nombre-del-ministro-de-gobierno/

[8] Página Siete. “Medios paraestatales bajo investigación”. 21 de enero de 2020. https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/1/21/medios-paraestatales-bajo-investigacion-244088.html

[9] Yumpu. Presentación de la senadora Carmen Eva González. El Mas y el asalto a los medios de comunicación en Bolivia. https://www.yumpu.com/es/document/read/62980863/presentacion-carmen-eva



[10] Página Siete. “Medios paraestatales bajo investigación”. 21 de enero de 2020. https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/1/21/medios-paraestatales-bajo-investigacion-244088.html

[11] Erbol. “Carlos Gill y otros 17 empresarios denunciados en Bolivia por apoderarse de medios mediante coacción y amenazas”. 30 de diciembre de 2019. https://erbol.com.bo/nacional/denuncian-que-18-personas-se-hicieron-de-cuatro-medios-mediante-%E2%80%98recursos-extorsivos%E2%80%99





[12] Urgente.bo. “Revelan que los empresarios Hurtado e Iturri no pagaron “ni un peso” por la adquisición de PAT”. 16 de enero de 2020. https://urgente.bo/noticia/revelan-que-los-empresarios-hurtado-e-iturri-no-pagaron-%E2%80%9Cni-un-peso%E2%80%9D-por-la-adquisici%C3%B3n-de

[13] Correo del Sur. “Elevan la polémica sobre la propiedad de cinco empresas”. 16 de diciembre de 2019. https://correodelsur.com/politica/20191216_elevan-la-polemica-sobre-la-propiedad-de-cinco-empresas.html

sábado, 21 de marzo de 2020

Las empresas de Carlos Gill Ramírez en Bolivia: Las irregulares negociaciones de Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. (III)

  La presencia de esta compañía del venezolano-paraguayo en negocios de diversa índole en la nación del altiplano, da cuenta del inmenso ascendente que este tenía en la administración de Evo Morales donde, a pesar de los incumplimientos y sobreprecios, entre otras irregularidades, se mantuvo como uno de los empresarios favoritos del expresidente boliviano a la hora de hacer negociaciones. El empresario ha negado todas las acusaciones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  Oscar Ortiz, senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, disparó las alarmas cuando denunció a las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, quien habría amasado una gigantesca fortuna a la sombra del chavismo y de los regímenes afines al denominado Socialismo del siglo XXI que impulsó el finado Hugo Chávez. Ante las sospechosas negociaciones de Gill con el estado boliviano, el parlamentario exige que los tres ministerios con los que las compañías señaladas han contratado, sometan a auditoría cada uno de estos contratos[1].
  En una entrevista Gill Ramírez admitió poseer siete empresas en territorio boliviano, según recoge la revista Economy 21, a saber, Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon)[2].

  En esta nota hacemos referencia a una de ellas: Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A., la cual habría sido instrumento para alcanzar millonarios contratos con el estado boliviano, los cuales han estado signados por una serie de irregularidades de las cuales damos cuenta en esta entrega.

La empresa

  El portal del Directorio de Negocios Vook[3] informa que el 18 de diciembre de 1987 fue constituida en Bolivia la Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A., cuya oficina central se encuentra en La Paz, específicamente en la Calle 10 Avenida Costanera y Los Sauces, Nº 479, Zona Calacoto.

  La firma se encarga de la construcción de edificios; proyectos, estudios y diseños de ingeniería y obras civiles; compra y venta de terrenos e inmuebles; alquileres de bienes muebles e inmuebles, maquinarias para la construcción y equipo pesado.

  El informe de fiscalización del senador Oscar Ortiz refiere que esta firma se transformó el 8 de marzo de 2000, cuando la Empresa Constructora Etienne S.R.L. – Cotienne Limitada pasó a ser una Sociedad Anónima.

  Desde esa fecha la compañía pasó a estar conformada por Mauricio Etienne Solares, con un 30 por ciento de participación accionaria; Susana Etienne Solares, con 26 por ciento; Juan Luis Perou Callau, con 22 por ciento; Jaqueline Etienne de Lujan, con 14 por ciento; Eduardo Lujan Melazzini, con 3 por ciento; y Marcelo Iturriaga Caballero, con 3 por ciento.

  Agrega el informe de Ortiz que la sociedad se inscribió en el Registro de Comercio de Fundempresa con el objeto de “construcción, estudios y diseños de ingeniería y obras civiles, compra y venta de terrenos e inmuebles y muebles, maquinaria para la construcción y equipo pesado para construcciones”.

  La empresa quedó inscrita bajo el Número de Identificación Tributaria 143338.

  Aunque la existencia de la empresa antecede a la llegada de Carlos Gill Ramírez a Bolivia, los vínculos de sus socios con la administración de Evo Morales Ayma son de dominio público, advierte Ortiz.

  Ya para el año 2013, los socios de la empresa eran Mauricio E. Etienne Solares, con una participación del 28,66 por ciento; H. Jaqueline Etienne Solares, con el 19,02 por ciento; Eduardo Lujan Melazzini, con un 2,32 por ciento; y Claverton Holding Inc., con el 50 por ciento de participación y representada por José Luis Muñoz Alcocer.  

  Sobre Claverton Holding Inc., el portal Open Corporates[4] dice que es una empresa inscrita en Panamá el 3 de enero de 2013, bajo el número 790890, la cual en la actualidad se mantiene vigente.

  El agente registrador de esta sociedad anónima es Icaza, González-Ruiz & Alemán.

  El directorio está conformado por Lariss E. Castañeda, como presidente y directora; Ilka María Ortega, como directora y tesorera; Ana María Burnes, como secretaria y directora; Aliator S.A. y Dubro Limited S.A., como suscriptores.

 La representación legal de la compañía está en manos del presidente y en ausencia de este, la puede ejercer el tesorero o el secretario, o cualquier persona que la junta directiva designe.

  En 2016, Claverton Holding Inc. figuró en la base de datos filtrada de los “Papeles de Panamá ” del año 2016[5].

  Para esa fecha, la sociedad estaba conformada así: Mauricio E. Etienne Solares, con un 49,26 por ciento de participación; Billie Echenique de Etienne, con un 0,74 por ciento; y José Luís Muñoz Alcocer, con una participación del 50 por ciento.

  El informe de Ortiz indica que Mauricio Etienne Solares, accionista principal al momento de la constitución de Claverton Holding Inc. también era propietario de Maderera Boliviana Etienne S.A. Mabet S.A., la cual comenzó a operar en 2005 y que durante el gobierno de Evo Morales fue favorecida con concesiones forestales por 224.500 hectáreas en la provincia Federico Román en el departamento de Pando.

  Mabet S.A.[6] tenía por objeto la “fabricación, procesamiento industrial, distribución, comercialización, representación, importación y/o exportación de productos de consumo masivo, como helados, postres, jugos, productos lácteos, derivados y similares, así como a la importación de maquinaria, materiales necesarios para ayudar a las tareas y actividades de la sociedad”, refiere el portal Emis[7], que también refiere que esta compañía ocupó el puesto 119 entre las de más ingresos en el Bolivia.

  Recuerda Oscar Ortiz que a Mauricio Etienne Solares ha estado en varias ocasiones señalado por sus vínculos con Evo Morales, remitiéndose a agosto de 2009, cuando el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga, apareció en el periódico Sol de Pando participando en reuniones con técnicos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) en instalaciones de Mabet S.A. sobre el territorio indígena Pacahuara en el departamento de Pando.

  La llegada de Gill Ramírez a Cotienne fue en 2016 y de ello él mismo dijo al portal El Deber: “El boliviano tiene muchas ganas de trabajar, es un país de esfuerzo. Nos asociamos con gente que tiene experiencia como la constructora Cotienne, que fue subcontratista para ejecutar el teleférico en La Paz. No contratamos con el Estado, somos uno de los subcontratistas del área de la construcción. De ahí nació la empresa y ya construimos 100 casas en Santa Cruz”[8].

Subcontrataciones y contrataciones directas

  Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. ha actuado como subcontratista en varios proyectos de obras civiles para Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A., la filial en Bolivia del Grupo Doppelmayr/Garaventa. Igualmente ha llevado a cabo obras para el sector petrolero y posee importantes contratos, adjudicados en forma directa, con la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”[9].

  En su informe, el senador Oscar Ortiz destaca que la red de teleféricos que se construye en La Paz y El Alto, se constituyó en obra emblemática bajo el gobierno de Evo Morales, por lo que fue declarada de interés del nivel central del Estado a través de la Ley N° 261 de 15 de Julio de 2012 que autorizó a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a contratar un crédito en moneda nacional por hasta 1.633.372.800 bolivianos con el Banco Central de Bolivia. Dicho instrumento legislativo autorizó la contratación directa bajo la modalidad “llave en mano” de una empresa especializada para la construcción y puesta en marcha de las tres primeras líneas del sistema.

  Entretanto, la Ley N° 455 del Presupuesto General del Estado del año 2014, destinó 797.744.486 bolivianos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para obras del teleférico.

  El financiamiento se amplió en 2015 mediante la Ley N° 614 del Presupuesto General del Estado de 13 de diciembre de 2014, cuando el crédito se incrementó con un importe adicional de hasta 3.087.000.000 bolivianos para la segunda fase de los teleféricos. La responsabilidad de la administración de los recursos recayó en la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”.

  Oscar Ortiz se remite a la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del año 2015 y subraya que el presupuesto para los teleféricos fue de 1.230.962.381,00 bolivianos, de los cuales se ejecutaron 1.139.689.462,19 bolivianos.

  Por su parte, la rendición de cuentas de 2016 estableció un presupuesto de 814.728.828 bolivianos para los teleféricos, pero no se menciona en el informa el monto ejecutado efectivamente. Al respecto, el senador advierte que por más solicitudes que se formularon al Ministerio de Obras Servicios y Vivienda para que presentara dicha ejecución presupuestaria, el despacho no la suministró alegando que la entrega de toda documentación relativa a temas de presupuesto debía ser autorizada por el ministro.

  Acota Ortiz que desde 2017 el presupuesto para obras del teleférico se asigna directamente a la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico, la cual en su informe de rendición de cuentas aseguró el presupuesto asignado a inversiones fue de 786.397.799 bolivianos, de los que se ejecutaron 716.717.309 bolivianos.

  En 2018, el presupuesto fue de 1.395.296.892 bolivianos y la ejecución fue 1.166.136.478 bolivianos.

  Oscar Ortiz refiere que, al sumar los presupuestos asignados al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de 2014, 2015 y 2016 y los de la Empresa estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico de 2017 y 2018 para las obras del teleférico suman 5.025.130.386 bolivianos. Advierte el parlamentario que, pese a que en 2013 se ejecutó la primera fase del proyecto, no existe información al respecto.
   Llama la atención Óscar Ortiz sobre el hecho de que ante la magnitud de los recursos que esta obra conlleva, se haya recurrido al mecanismo de contratación directa del Grupo Doppelmayr/Garaventa, cuyos intereses estuvieron representados por Carlos Gill Ramírez, quien ha aceptado ser participe de la Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. que ha actuado como subcontratista de la primera.

  En tal sentido, el senador Ortiz destaca el hecho de que tal condición de subcontratista exime a Cotienne S.A. fiscalización y control por parte de los órganos del estado boliviano. “Es por este motivo que no ha sido posible acceder a los detalles de las subcontrataciones realizadas entre Teleféricos Doppelmayr Bolivia S.A y Cotienne S.A., a pesar de que las mismas fueron solicitadas mediante Petición de Informe Escrito de fecha 29 de agosto de 2018”, advierte.

  Dos contratos menores sí fueron adjudicados por adjudicación directa a Cotienne S.A. en 2017 y 2018, los cuales totalizaron 13.510.746,47 boliviano.
   Para Oscar Ortiz es fundamental resaltar no se trata de la primera vez que empresas filiales Grupo Doppelamayr/Garaveta se ven involucradas en negocios irregulares con los gobiernos de la región, toda vez que Doppelmayr Seilbahnen GMBH, fue señalada en Venezuela por su participación en la construcción del Teleférico Mukumbari en el Municipio de Mérida.

  Al respecto, el portal RunRun.es se refirió a un informe de la Contraloría General de la República en el que se dijo que la empresa en cuestión exhibía contratos con sobreprecios, pagos duplicados, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de la construcción[10].

  Una nota de Página Siete publicada el 30 de mayo de 2019 refirió que, en México, la empresa Doppelmayr había sido rechazada para la ejecución de las obras, dadas las excesivas tarifas por kilómetro construido que pretendía cobrar. La información indica que “Mientras Dopplemayr ha propuesto para el Distrito Federal un precio de 19 millones por kilómetro edificado de teleférico, la italiana Leitner, que ha puesto en pie los sistemas de cable de Ankara, Cali o Ecatepec, sólo pidió 13 millones”[11].

Otros contratos de Cotienne

   Pero los del teleférico no son las únicas negociaciones con que el gobierno boliviano ha beneficiado a Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A., alerta el senador Oscar Ortiz, pues la compañía también ha suscrito, por vía de adjudicación directa, contratos para la instalación de 22 Estaciones Satelitales de Regasificación que forman parte del proyecto de la Planta de Separación de Líquidos en Río Grande, adjudicada a las empresas españolas Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y Ros Roca Indox Cryo Energy por un precio referencial de USD 137,07 millones, aunque su costo final fue de USD 189 millones.

  Con dicha planta se buscaba reducir el volumen del gas natural mediante licuefacción para posteriormente transportarlo en cisternas hasta las Estaciones Satelitales de Regasificación, donde se recupera el estado original del gas natural para posteriormente repartirlo a las redes de gas domiciliario.

   Evo Morales inauguró la planta en dos ocasiones, advierte Ortiz, la primera en septiembre de 2014 y la segunda en febrero de 2016, para luego, en junio de 2017, encontrarse paralizada por presentar desperfectos técnicos en diseño, según denuncia del parlamentario[12].

   En este sentido y como es evidente, al no funcionar óptimamente la Planta de Río Grande, las Estaciones Satelitales de Regasificación no reciben el suministro necesario para operar y distribuir gas a los municipios incluidos en el programa.

  El consorcio Cotienne-Arespa, encargado del montaje y puesta en marcha de 22 las Estaciones Satelitales de Regasificación incumplió los contratos al dejar varias obras inconclusas y con pagos a subcontratistas[13].

CITAS

[1] Oscar Ortíz. Informe de fiscalización. Carlos Gill Ramírez: El Empresario favorito del MAS. http://oscarortiz.com.bo/documentos/los-negocios-en-bolivia-del-empresario-gill-ramirez/gill-el-empresario-favorito-del-mas-1/

[2] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

[3] Vook. Empresa Constructora Etienne S.A. Cotienne S.A. https://www.vook.bo/index.php/tEmpresa/viewfront?id=371



[4] Open Corporates. Claverton Holding Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/790890

[5] Correo del Sur. “Panama Papers: Fiscalía conforma comisión investigadora que viajará a Panamá”. 10 de mayo de 2016. https://correodelsur.com/seguridad/20160510_panama-papers-fiscalia-conforma-comision-investigadora-que-viajara-a-panama.html

[6] Mabet S.A. http://mabet.com.bo/v2/



[7] Emis. Maderera Boliviana Etienne S.A. Mabet S.A. https://www.emis.com/php/company-profile/BO/Maderera_Boliviana_Etienne_SA_Mabet_SA_en_3521826.html

[8] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[9] Mi Teleférico. http://www.miteleferico.bo/



[10] RunRun.es. “Un guiso de altura: lo que hay detrás de la remodelación del teleférico”. 14 de septiembre de 2016. https://runrun.es/investigacion/279048/un-guiso-de-altura-lo-que-hay-detras-de-la-remodelacion-del-teleferico-de-merida/



[11] Página Siete. “País teleférico”. 30 de mayo de 2019. https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/5/30/pais-teleferico-219515.html

[12] El periódico. “Ortiz denuncia que planta de Río Grande está paralizada”. 13 de junio de 2017. https://www.elperiodico-digital.com/2017/06/13/ortiz-denuncia-que-planta-de-rio-grande-esta-paralizada/



[13] Bolpress. “Rio Grande-YPFB no opera adecuadamente, según experto”. 15 de julio de  2017. https://www.bolpress.com/2017/07/15/rio-grande-ypfb-no-opera-adecuadamente-segun-experto/

miércoles, 18 de marzo de 2020

El conglomerado de empresas de Carlos Gill Ramírez que desataron las acusaciones del senador boliviano Oscar Ortiez

   En esta entrega damos a conocer las empresas que el venezolano-paraguayo posee en Bolivia, las cuales le sirvieron para llevar a cabo una serie de negociaciones con el gobierno del expresidente Evo Morales, sobre las cuales hoy día está puesta la lupa, por las supuestas irregularidades que las envuelven.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La reciente denuncia formulada por el senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, encendió las alarmas y fijó la atención de la opinión pública sobre las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, un hombre que habría amasado una gran fortuna a la sombra del chavismo y sus relaciones con el poder afín al llamado Socialismo del siglo XXI impulsado por el finado Hugo Chávez.
  En Venezuela Carlos Gill Ramírez se habría enriquecido a la luz de la crisis bancaria de finales del siglo XX, hecho que retrató el periodista César Batiz en un reportaje publicado en 2010 en el diario Últimas Noticias —en la actualidad borrada del historial del periódico—, el cual fue el resultado de una investigación que transparentó las operaciones llevadas a cabo en Banorte, cuando otorgó créditos a plazo a por lo menos cinco empresas fantasmas el 18 de agosto de 2009. La nota refirió que dicho banco fue objeto de medidas administrativas por parte de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), “órgano que también objetó el traspaso de acciones entre Carlos Gill Ramírez (Seguros Nuevo Mundo, Bancentro y hermano del dueño de Fondo Común Víctor Gill) y Zambrano, pues se desconocía el origen del capital utilizado para pagar $52 millones a mediados de 2008”[1].

   Batiz agregó en su reseña que Gill Ramírez supuestamente recibió USD 52 millones José Zambrano Lucero como pago por el Banco Banorte, una cantidad que llamó la atención de la Superintendencia de Bancos, la cual objetó el traspaso de acciones pues se estableció con claridad el origen del capital pagado. Por su parte, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) indagó con el comprador acerca del origen de los fondos y pidió a los órganos de inteligencia investigar esta situación, un mandato que sin explicación alguna fue desobedecido. Banorte fue intervenido por el gobierno de Hugo Chávez, año y medio después de que Gill Ramírez vendiera la institución financiera.

  En la actualidad preside el Grupo Corimón y forma parte de los accionistas del diario El Nacional.

Las empresas de Gill en Bolivia

  A la sombra de sus relaciones con el expresidente boliviano Evo Morales, Carlos Gill Ramírez constituyó una serie de empresas en la nación del altiplano, las cuales —de acuerdo a los señalamientos del senador Oscar Ortiz— habrían sido utilizadas para entablar negociaciones irregulares.

  La revista Economy 21 refirió en una nota publicada el 3 de julio de 2018 que Carlos Gill Ramírez es propietario de siete empresas en Bolivia, a las que se suma un fondo de inversiones, las cuales significaron una inversión de USD 320 millones de dólares, proyectando el empresario —para la fecha de la publicación —inversiones por USD 350 millones para los próximos 4 años.

  Gill Ramírez hizo estas revelaciones a Economy en Paraguay en una de sus empresas en es país, donde precisó que el Grupo Carlos Gill Ramírez en Bolivia lo constituyen Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon). “En Bolivia hemos invertido unos $us 300 millones en nuestras empresas de logística y más de $us 20 millones en las demás”, aseguró[2].

  Entretanto, el portal Página Siete[3] presenta una cronología de sus adquisiciones en Bolivia desde su arribo en 2008, cuando fue introducido al gobierno de la mano del exembajador venezolano de entonces en el país, Julio Montes. Gill Ramírez compró las televisoras ATB, PAT y los diarios Extra y La Razón de La Paz, “y los vinculó editorialmente con el MAS (…) En junio de 2014, el empresario venezolano compró del grupo Genesse Wyoming de Estados Unidos el 50% de las acciones de la Ferroviaria Oriental, que presta servicios en Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y Argentina. 14 meses después, en septiembre de 2015, Gill compró del grupo chileno Luksic la mitad de las acciones de la Ferroviaria Andina de Bolivia, que opera en Oruro y Potosí y realiza la conexión con Chile. Ambas vías son fundamentales para el corredor bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico”.

Sobre Gravetal

  La publicación cita al periódico El Día, el cual informó que Gill también es dueño de Gravetal, la principal empresa de producción, logística y comercialización de aceite y otros derivados de soya de Bolivia. Según la nota, esta compra “tiene una curiosa historia que comenzó en el primer periodo de Morales” remitiéndose a una reseña del diario Los Tiempos del 22 de noviembre de 2009, donde se dice que el MAS planificó la compra de dicha empresa. De hecho, Juan Valdivia Almanza, exdiputado por el MAS, figura en el directorio de la compañía, detentando el 5 por ciento de las acciones.

  Página Siete agrega que Sebastián Rivero Guzmán, hermano de la diputada del MAS, Susana Rivero Guzmán, también aparece como tercer director titular de Gravetal. La publicación indica que el 10 de septiembre de 2015, Sebastián Rivero transfirió el 0,50 por ciento de las acciones —a saber, 1.506 acciones — a Katarina María Emilia Gumucio Stambuk, quien fue delegada presidencial en Cochabamba en el primer gobierno de Evo Morales.

  El portal Hoy Bolivia había dado esta información en una nota publicada el 17 de junio de 2008, cuando indicó que Gravetal había pasado a manos de capitales venezolanos al haber vendido Juan Manuel Osorno, socio mayoritario “su paquete accionario (77,5 por ciento) a Monómeros Colombo Venezolanos, un conglomerado industrial de propiedad de Petroquímica de Venezuela (Pequiven), a su vez filial de la millonaria Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). La empresa Monómeros es acusada en Colombia de llevar a cabo un trabajo ideológico a favor del chavismo[4].

¿Testaferrato?

  El senador Ortiz, quien ha acusado las supuestas operaciones irregulares de las empresas de Gill Ramírez con el estado boliviano en tiempos de la administración de Evo Morales, ya en diciembre de 2019 había dejado sobre el tapete sus sospechas acerca de quién es el verdadero propietario de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, se lee en una nota de Correo del Sur[5].

  Ante las insinuaciones de Ortiz salió al ruedo Evo Morales, quien negó mantener relación alguna con dichas empresas, respondiendo así al parlamentario, quien interrogó al exmandatario si sabía que los ejecutivos de estas compañías "reportaban" su gestión al exvicepresidente, Álvaro García Linera.

  La nota cita a Morales quien en su cuenta en la red social Twitter escribió: "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso".

  La respuesta de Ortiz a Morales fue que "‘obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos’. El senador dijo que en toda esta relación hay un hombre clave: el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill, el ‘favorito’ del MAS, cuyo representante legal sería Hurtado”.

  Se refería al presidente del directorio de ATB, Marcelo Hurtado Sandoval, quien también se sumó a la polémica y negó ser representante legal de Gill y de sus operaciones e inversiones en Bolivia, así como tener alguna relación con García Linera y Morales. También “niega ser dueño o representante legal de Gravetal, La Razón y PAT, pero admite que es uno de los socios de ATB y dueño del 40% de las acciones de la empresa de seguros Provida, aunque en ninguno de los dos casos aclara desde cuándo es dueño ni a cuánto compró el paquete accionario”, refirió la nota de Correo del Sur.

  Pero el propio Carlos Gill niega la propiedad de la empresa en una entrevista concedida al portal El Deber: “Es fácil investigar, me preguntan todavía si soy dueño de Gravetal, la vendió el presidente de Cainco, entonces deben preguntarle a él. Es fácil investigar, cotizamos en la Bolsa Boliviana de Valores, donde todo es transparente”[6].

Ubicación privilegiada

  Oscar Ortiz manifiesta que los supuestos intereses de Gill Ramírez en Gravetal estarían dados por la ubicación privilegiada de su complejo agroindustrial a orillas de Arroyo Concepción, en el municipio Puerto Quijarro de la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, donde se beneficia de las ventajas que ofrece la Hidrovía Paraguay-Paraná, sobre la cual tiene montada gran parte de su operación logística y gran cantidad de proyectos a futuro.

   Refiere que en ese mismo sitio opera también la Sociedad Administradora de Puertos Continental (SAPCON), la cual es igualmente una empresa de su propiedad dedicada a prestar servicios portuarios, de transporte, manipulación de carga, depósito y/o almacenamiento en instalaciones portuarias.

  Cuando se produjo la compra de Gravetal, en Bolivia se volcaron las miradas hacia esta operación, pues se trataba de una compañía de capital privado con gran influencia en el sector agroindustrial aceitero de Santa Cruz, asociada con otra empresa de capitales públicos vinculados al gobierno en tiempos de Hugo Chávez. “Entre el empresariado cruceño la susceptibilidad se despertó principalmente a partir del hecho de que, si Gravetal estaba a la venta, y es una empresa vital para mantener el equilibrio de precios en la agroindustria aceitera nacional, ¿por qué no se manifestaron los inversionistas bolivianos?”, expresó el senador.

   Se hace eco de las interrogantes en la nota de Hoy Bolivia se formulan acerca de los supuestos intereses políticos que a Monómeros Colombo Venezolanos tendría en Colombia y que apuntarían al ámbito ideológico.

  Subraya, además, la evidente relación existente entre Gravetal y funcionarios de la alta cúpula gubernamental de Evo Morales, transparentada en el hecho de que entre marzo de 2009 y julio de 2010, Sebastián Rivero Guzmán, hermano de la diputada del MAS y exministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero Guzmán, formó parte del directorio de la empresa y luego fue Gerente de Logística hasta el 17 de agosto de 2015, cuando renunció.

   Ortiz sostiene que, para el mes de junio del 2019, figuraban como accionistas de Gravetal, Inversoja S.A. con 298.262 acciones (99 por ciento del capital social), Katarina María Emilia Gumucio Stambuk (exdelegada presidencial de Evo Morales en Cochabamba) con 1.506 acciones (0,5 por ciento del capital social); y Juan Valdivia Almanza, exdiputado por el MAS, con 1.506 acciones (0,5 por ciento restante del capital).

  Juan Valdivia Almanza también figura como presidente del Directorio de Gravetal y Katarina María Emilia Gumucio Stambuk aparece como directora suplente.

Hombre de medios

  En julio de 2008 Carlos Gill Ramírez llegó a Bolivia luego de comprar el periódico La Razón, una decisión que adoptó, según él mismo informó, cuando sus socios del Grupo Prisa le hicieron el ofrecimiento.

  Otras versiones apuntan que, al llegar Gill a Bolivia, fue presentado al entonces vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, por el exembajador de Venezuela en Bolivia Julio Montes Prado[7].

   Por cierto, la compra de La Razón en Bolivia habría tenido eco en Venezuela donde, según una investigación de Armando.Info que cita Página Siete[8], Carlos Gill Ramírez estaría detrás de la compra masiva de El Universal y Últimas Noticias, cuya línea editorial cambió drásticamente a favor del chavismo después de pasar a las manos de sus nuevos propietarios, cuya identidad se ha mantenido blindada.

 “En una nota titulada ‘Citizen Gill’, haciendo eco de la afamada película de la década de los años 40 Citizen Kane, que retrata la vida de un empresario de la prensa, el periodista Alfredo Meza describe las operaciones de Gill. Meza recuerda que el flamante presidente de El Universal, nombrado después del traspaso de las acciones, es Jesús Abreu Anselmi, que es hermano gemelo del presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, Enrique Abreu Anselmi, nombrado en ese cargo por Gill. Según el portal web venezolano, Enrique representa, como presidente del directorio de Ferroviaria Oriental, los intereses de Gill, de acuerdo con datos oficiales que recolectó de la ASFI”.

  El trabajo periodístico explica que se constituyeron dos empresas, a saber Latam Media Holding, en Inglaterra, y Epalisticia, en España, respectivamente, como camuflaje de los verdaderos compradores bajo una figura que esconde la identidad de los dueños. Son sociedades creadas para llevar a cabo determinadas operaciones, en este caso, la compra de los citados medios de comunicación.

   La nota subraya que esta fue la modalidad adoptada para la compra de La Razón y Extra en Bolivia, que fueron adquiridos por la empresa Akaishi, “también abierta en España unos meses antes de la operación y también constituida con 3.500 euros de capital, el mínimo exigido por las normas españolas. Al igual que Epalisticia, Akaishi no tenía página web, no tenía ejecutivos contratados, no daba servicios y tenía como domicilio legal un edificio en el que operan varias entidades similares. Se sabe que, a principios de 2013, Jaime Iturri, director de ATB, y Marcelo Hurtado, gerente general, se trasladaron a Barcelona para cambiar los nombres de los accionistas de Akaishi”.

  La nota recoge las afirmaciones del periodista Raúl Peñaranda Undurraga, las cuales son producto de su investigación vertidas en su libro “Control remoto”, donde relata estos procesos de adquisición de medios de comunicación , tanto en Venezuela como en Bolivia, presuntamente por parte de Gill Ramírez.

  Peñaranda Undurraga narra que el empresario constituyó a su llegada a Bolivia la Fundación S.XXI, la cual se encargaría de la exportación de textiles bolivianos a Venezuela. Este negocio serviría para paliar los efectos de la pérdida que Bolivia experimentaba por la aplicación de la “Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga”, (ATPDEA por sus siglas en inglés), con Estados Unidos. Gill Ramírez iba a ser el nexo del gobierno boliviano con la empresa Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA), encargada de promocionar la venta de los textiles.

  El libro de Peñaranda narra que con el arribo de Carlos Gill a Bolivia se destrabaron las negociaciones del Grupo PRISA para la venta de La Razón, acordándose que el empresario venezolano tomara el control del citado diario y de Extra.

Akaishi: la empresa vehículo

  Como ya se dijo líneas arriba, la compra de La Razón se llevó a través de la empresa Akaishi, la cual se convirtió en el vehículo de la operación con el Grupo Prisa, de tal manera de poder mantener la identidad de Carlos Gill en resguardo.

  Indica el periodista que la operación de venta se materializó el 1º de octubre de 2008 con la intermediación de la vicepresidencia boliviana, aunque sólo se hizo pública hasta enero de 2009. Para abril de 2010 comenzó a decirse que Gill Ramírez había comprado el periódico en medio de un intercambio de acciones de una red de TV norteamericana que poseía. Eso sí, agrega que las presiones del gobierno boliviano para con el Grupo Prisa para que vendiera el diario, comenzaron desde antes de la llegada de Gill Ramírez al país, mediante inspecciones técnicas, visitas de los agentes de impuestos, entre otras.

  El Grupo Prisa informó el 20 de enero de 2009 a la Comisión Nacional de Valores de España, que había transferido el 25 por ciento de sus acciones de ATB a una empresa domiciliada en Barcelona, denominada Akaishi Investments S.L.

  De acuerdo con el portal eInforma[9], Akaishi Investments S.L. es una empresa ya extinguida, inscrita el 28 de agosto de 2008 en el Registro mercantil de Barcelona, cuyo domicilio era Plaza Catalunya, 20, Piso 9, municipio Barcelona, provincia Barcelona. Su Código de Identificación Tributaria (CIF) era B64938350.

  El objetivo social de la compañía era la “adquisición, tenencia, disfrute y administración, dirección y gestión de títulos valores y/o acciones representativas de los fondos propios de sociedades salvo instituciones de inversión colectiva, etc. (…) La clase CNAE a la que pertenece es 6420 - Actividades de las sociedades holding (…) La cifra aproximada del capital social de esta empresa es De 0 a 3.100 €. La cantidad de actos existentes en el BORME es de 12 y aparece dada de alta en la provincia Barcelona del Registro Mercantil”.

  El portal Axesor agrega que “Su último depósito de cuentas disponible es el de 2014 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/11/2016, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 222, Referencia 470478. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 14/11/2016, Tomo 40747, Folio 40, Sección 8, Hoja 373603, Inscripción 5. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Akashi Investments SL ha sido Nueva información de crédito, el 24/11/2016”[10].

  La Comisión Nacional de Valores de España informó que la venta fue por USD 4,1 millones de dólares. El restante 75 por ciento de las acciones estaba en manos de La Razón, adquiriendo también sobre ellas, Akaishi Investments S.L., la opción de compra, así como del diario Extra.  

  Akaishi Investments S.L. carecía de página web, ni tampoco tenía ejecutivos contratados, no ofrecía servicios y su dirección también lo era de varias entidades similares.  

  A inicios de 2013, el director de ATB, Jimmy Iturri Salmón, así como Marcelo Hurtado Sandoval, gerente general, fueron a Barcelona para cambiar los nombres de los accionistas de Akaishi Investments S.L., cuenta Peñaranda Undurraga en su libro, donde agrega que el 29 de octubre del año 2015 Iturri Salmón anunció que compraría La Razón por USD 4,5 millones. Subraya el periodista que Carlos Gill Ramírez niega ser propietario de ATB, aunque admite la propiedad de La Razón y Extra.

   Hace referencia a una investigación que adelantó con el senador Arturo Murillo Prijic, en la que establecieron la estructura accionaria de La Razón y de los socios de las empresas accionistas de Comunicaciones El País S.A., propietaria del periódico La Razón, las cuales conducen directamente a Carlos Gill Ramírez.
   Tal estructura fue construida a partir de las actas de las asambleas de accionistas de Comunicaciones El País S.A. en la que figuran una red de empresas, a saber, Inversiones Grupo de Prensa IGMC S.A., Inversiones en Radiodifusión S.A., Informaciones Extra S.A., Kimarcus S.R.L, en la que los nombres de Alejandro Antezana Salvatierra, Rafael Enrique Abreu Anselmi, Carlos Rodolfo Gill Márquez y Josefa María Gómez de Gill, son los denominadores comunes.

  Entretanto, las actas de asamblea de accionistas de la empresa Illimani de Comunicaciones S.A., dan cuenta de que esta es propietaria de la Cadena de Televisión ATB. Mientras tanto, Comunicaciones El País S.A. posee a Inversiones en Radiodifusión S.A. y esta es dueña de 25 por ciento del capital social de Akaishi Investments S.L. y de74,99 por ciento de Inversiones L.G. S.A. Marcelo Hurtado Sandoval posee 0,01 por ciento y figura como apoderado y representante de tanto de Akaishi como de Inversiones L.G., con lo que, aun teniendo una participación accionaria mínima, controla la sociedad y representa a socios corporativos.

   La investigación estableció que detrás de las empresas propietarias de ATB, estaba Akaishi Investments, S.L. con 99,98 por ciento por ciento del capital social, representada por Marcelo Hurtado Sandoval en calidad de persona natural como propietario de una acción y Walter Zuleta Buitrago también con una acción.
   Si bien las actas de accionistas de Illimani de Comunicación S.A. no muestran a Carlos Gill Ramírez, sí refieren la participación de Inversiones en Radiodifusión S.A. con 0,2238 por ciento del capital social de Comunicaciones El País S.A.

   Marcelo Hurtado Sandoval juega un papel central en las empresas involucradas, Inversiones en Radiodifusión S.A., Akaishi Investment, S.L. e Inversiones L.G. S.A.
  Sobre esta negociación, la periodista Lupe Cajías de la Vega, expresidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz, descalificó la operación en una columna de opinión publicada en Los Tiempos el 13 de octubre de 2017 que reproduce el blog Casos de Corrupción, en la que refiere que “Carlos Gill, esposo de una comunicadora, compró y hundió uno de los más sólidos periódicos paceños al ponerlo al servicio del oficialismo, a pesar del capital inyectado, a pesar de la publicidad estatal, a pesar de heredar un producto diverso y profesional. Lo hizo en silencio, escondido”[11].

Otros medios de Carlos Gill Ramírez

  Además de La Razón y Extra, en Bolivia, Carlos Gill Ramírez es propietario del canal español Vme Tv, la revista Hola de Venezuela y el diario digital venezolano ALnavío. La familia de su esposa es propietaria de El Nacional.

  Como también se informó anteriormente, Gill Ramírez forma parte del Grupo Prisa, propietario del diario El País de España, entre otros.


[1] Noticias Candela. “Con empresas fantasmas guisaron a Banorte”. 26 de octubre de 2012. https://www.noticiascandela.informe25.com/2012/10/banorte-habria-entregado-creditos.html

[2] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

[3] Página Siete. “Gill y Zapata, empresarios proMAS con negocios millonarios”. 7 de febrero de 2016. https://www.paginasiete.bo/opinion/andres-gomez-vela/2016/2/7/gill-zapata-empresarios-promas-negocios-millonarios-85955.html



[4] Hoy Bolivia. “¡Vendida!: Gravetal se queda en manos de capitales venezolanos”. 17 de junio de 2008. https://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=3060

[5] Correo del Sur. “Elevan la polémica sobre la propiedad de cinco empresas”. 16 de diciembre de 2019. https://correodelsur.com/politica/20191216_elevan-la-polemica-sobre-la-propiedad-de-cinco-empresas.html



[6] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. Sin fecha. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico



[7] Rimay Pampa. “¿Tráfico de influencias? Zapata y Gill, dos empresarios proMAS con negocios millonarios”. 6 de febrero de 2016. https://rimaypampa.blogspot.com/2016/02/trafico-de-influencias-gill-y-zapata.html

[8] Página Siete. “Carlos Gill, detrás de la compra de El Universal”. 20 de diciembre de 2014. https://www.paginasiete.bo/ideas/2014/12/21/carlos-gill-detras-compra-universal-41913.html



[9] eInforma. Akaishi Investments S.L. (Extinguida) https://www.einforma.com/informacion-empresa/akaishi-investments

[10] Axesor. Akaishi Investments S.L. Barcelona. https://www.axesor.es/Informes-Empresas/5487208/AKAISHI_INVESTMENTS_SL.html



[11] Los Tiempos. “Gill no es un Gil” en Casos de Corrupción. 13 de octubre de 2017. http://casosdecorruptos.blogspot.com/2017/10/adecuado-el-titulo-gill-no-es-ningun.html

martes, 17 de marzo de 2020

Piden auditar a Ministerios en Bolivia que otorgaron contratos a empresas de Carlos Gill Ramírez

   En esta segunda entrega continuamos dando cuenta de las empresas en Bolivia pertenecientes al venezolano-paraguayo y las cuales, según denuncia, habrían servido llevar a cabo una serie de negociaciones, supuestamente irregulares, con el gobierno del expresidente Evo Morales.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una denuncia del senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, dirigió todas las miradas y atención a las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, señalado de amasar una gran fortuna a la sombra del chavismo y de los regímenes afines al denominado Socialismo del siglo XXI que impulsó, en y desde Venezuela, el finado Hugo Chávez. El parlamentario instó a la Contraloría boliviana a instrumentar una serie de auditorías en los ministerios que contrataron con Gill Ramírez.
   Como apuntamos en la primera entrega, Carlos Gill Ramírez admitió poseer siete empresas en territorio boliviano, según recoge la revista Economy 21, a saber, Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon)[1].

Empresario privilegiado

  En su denuncia, Oscar Ortiz[2] refiere que el gobierno del expresidente Evo Morales favoreció a las empresas de Carlos Gill Ramírez por encima de otras compañías.
  En particular hace mención al proyecto del Tren Bioceánico, para el cual el estado ha debido convocar a diferentes firmas para que concursaran por los contratos para las obras que la ejecución de dicho proyecto conlleva.

  Contrario al deber ser —subraya Ortiz— el gobierno boliviano encabezado por Morales priorizó a una sola empresa y a un solo empresario, Carlos Gill Ramírez, con lo que privilegió la relación que con este mantenía en razón de sus afinidades políticas e ideológicas a la hora de adjudicar los contratos. Privaron, pues, los intereses particulares por encima de los colectivos, advirtió el parlamentario.

El tren bioceánico

  Refiere Ortiz que Gill Ramírez en muchas oportunidades se ha presentado él mismo como pionero del proyecto del Tren Bioceánico y sus declaraciones, coinciden con las inversiones que ha realizado en los últimos años, no sólo en Bolivia sino también en países vecinos como Brasil, Argentina y Paraguay en empresas ferroviarias que trabajan en acuerdos para unir ambos océanos.

  Según ha explicado el propio Gill Ramírez en una entrevista al portal El Deber, el Tren Bioceánico es un proyecto que consta de una de red de vías férreas que permitirán la unión de los puertos brasileños del Atlántico con los puertos peruanos sobre el Pacífico, de manera de crear “una especie de canal de Panamá para trenes” en Sudamérica (…) El bioceánico es un proyecto que debe realizar el Estado boliviano. Nosotros, como el consorcio privado que tiene la concesión, empujamos para que esto suceda”[3].

  El senador Ortiz destaca que Carlos Gill Ramírez ha adquirido la propiedad, participación o concesión de toda la red logística que une estos dos puntos donde ha realizado una serie de inversiones que, si bien preparan el camino para la conformación del corredor bioceánico, también han significado importantes ingresos para sus empresas.

  En Bolivia, Gill Ramírez adquirió las empresas ferroviarias Andina y Oriental, mientras que en Brasil es dueño de 20 por ciento de la empresa Rumo ALL, la cual se conoce formalmente como América Latina Logística (ALL), la cual se dedica a la logística de transporte, especialmente por vía férrea. La compañía posee cuatro concesiones ferroviarias que operan la Malla Oeste de Brasil. Hay que acotar que, en 2013, como lo informa la revista Fortuna, el gobierno argentino le retiró la concesión de trenes de carga a este grupo, debido a incumplimientos e irregularidades[4].

  El consorcio a cargo del proyecto del Tren Bioceánico lo conforman las empresas Rumo, Transfesa, Hub Intermodal de Tres Lagos, Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental. “Con esto completamos nuestro sueño de hacer el Corredor Bioceánico y ya hoy podemos decir que es una realidad”, dijo Gill cuando explicó su participación en la concesión de la Malla Oeste de Brasil, la cual va desde Corumbá hasta casi Santos. “Con esto completamos nuestro sueño de hacer el Corredor Bioceánico y ya hoy podemos decir que es una realidad”.

  Refiere el denunciante que Carlos Gill Ramírez informó en julio de 2018 que el Tren Bioceánico presentaba 85 por ciento de avance, habiendo transcurrido para entonces 10 años de los 20 programados para poner el proyecto en completo funcionamiento. Agrega que se anunciaron nuevas inversiones por una cantidad que oscila entre 80 y 100 millones de dólares, los cuales permitirían terminar el lado occidental, consistente en un puerto en Rosario, Argentina, obra que garantizaría que la carga boliviana tuviera acceso a un precio razonable. Sin embargo, acota que desde 1969 cuando el gobierno argentino concedió a Bolivia una zona franca en Puerto Rosario, ningún gobierno boliviano se preocupó por invertir en la construcción del terminal.

  Carlos Gill también tiene inversiones en la Hidrovía Paraguay-Paraná, donde su empresa Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon S.R.L.), opera la terminal de granos y aceites de Puerto Aguirre. Allí también hay un terminal petrolero que presta servicios de importaciones de diésel, exportaciones de gasolina, exportaciones de nafta, exportaciones de alcohol, así como también brinda aprovisionamiento de combustibles a remolcadores fluviales. Se trata, según narra Ortiz, de un negocio de gran rentabilidad, lo cual se recoge de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que recopila el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), los cuales indican que en 2018 Bolivia importó 1.213.547 toneladas de diésel por un valor de USD 897 millones, de los cuales el 21 por ciento (258.000 toneladas por un valor de USD 188.37 millones) ingresaron por vía fluvial.

  Se pregunta Oscar Ortiz, por qué razón las empresas ferroviarias Andina y Oriental —propiedad de Gill Ramírez— no han sido nacionalizadas, siendo las únicas en esta condición.

  Recuerda Ortiz la que calificó como respuesta evasiva de Gill Ramírez cuando fue consultado al respecto en 2018, cuando dejó claro que mantenía conversaciones con Evo Morales: “Voy a contestar eso como lo contesté a otras personas. ¿Usted tenía el deseo de que todo fuera nacionalizado? Si se está haciendo un buen trabajo y se permite el crecimiento del país, todo lo contrario. Yo se lo dije también al presidente: ‘estoy sujeto a que me nacionalicen’. Le dije que el día que quiera nacionalizar ferrocarriles llámeme y yo le digo cuánto invertí y me voy”. Con el exmandatario boliviano asegura que conversaba de logística. “Yo soy el pionero del tren bioceánico, es muy importante para Bolivia”[5].

  Este proyecto del Tren Bioceánico tiene eco en Brasil[6], Perú[7], Paraguay[8] y Uruguay[9].

  Ortiz reconoce el empeño y prioridad que Carlos Gill Ramírez le ha dado a este proyecto, pero igualmente advierte que el gobierno de Morales y el MAS llevó a cabo una serie de diligencias diplomáticas internacionales para que el tren oceánico obtuviera respaldo. Una actitud que a ojos del senador Ortiz, “Lamentablemente, no se ha visto con otras iniciativas privadas ni empresariales”.

Ferroviaria Oriental

   En su página web la Ferroviaria Oriental S.A. se define como una compañía que ofrece servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros, así como de logística integral y que “Administra una concesión de 1.244 Km de vía férrea, conectando el entorno que rodea Santa Cruz, al sur con Argentina y hacia el este con Brasil y los mercados mundiales, a través de barcazas que operan en la Hidrovía Paraguay-Paraná”[10].

   La sede principal de la empresa se encuentra en Santa Cruz, en la avenida Montes Final, S/N, Zona Terminal Bimodal. 

   El portal de la Bolsa Boliviana de Valores[11] informa que se trata de una sociedad constituida mediante Testimonio Nº 3134/95 el 23 de noviembre de 1995 como Empresa Ferroviaria Oriental SAM que, posteriormente, el 5 de julio de 1996, mediante Testimonio Nº 63/96 se convirtió en Empresa Ferroviaria Oriental S.A. El objeto de la sociedad se modificó mediante Testimonio Nº 792/2002, el 24 de junio de 2002 se modificó el objeto social e, igualmente, mediante Testimonio Nº 1063/2002 cambió la denominación a Ferroviaria Oriental S.A.

   El objeto principal de la firma es “realizar por cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, servicios de transporte, en general, y ferroviario en, particular, pudiendo intervenir en toda clase de sociedades legalmente constituidas en Bolivia o en el exterior, así como las actividades relacionadas a estos servicios e inversiones”.

   Indica que los accionistas de la empresa son: Trenes Continentales S.A., con el 50,0003 por ciento de las acciones; AFP Futuro de Bolivia S.A., con 25,9554 por ciento de las acciones; AFP Previsión BBVA S.A., con 24,9554 por ciento de las acciones; mientras que otros accionistas poseen el 0,0889 por ciento del paquete accionario.
   El directorio de la empresa está constituido por Carlos Enrique Gill Ramírez, presidente; Ignacio Andrés Echeverría Aranda, vicepresidente; Ignacio Bedoya Sáenz, secretario.

  Como directores figuran Rafael Enrique Abreu Anselmi, Kathya Vaca Diez Jiménez, José Antonio de Chazal Palomo, Wu Long Le.

   Los directores suplentes son Rodrigo Andrés Iturri Sandoval, Mauricio Sergio Rodrigo Arturo Costa Du Reis Flores, Dubraska Elena Inojosa Avellanada, Amelia Ibarra, César Eduardo Rodríguez Gómez, Mauricio Etienne Solares Solares.

  Carlos Butteler Bravo y Pablo Herrera Suárez son síndicos; mientras que Hugo Enrique Riskowsky Arraya y Mario Torrico Montaño, figuran como síndicos suplentes.
  Como informa el portal Poderopedia[12], en Venezuela Rafael Enrique Abreu Anselmi, fue relacionado en un caso de corrupción en el Banco Latino en 1993. Por ello, se le acusó de estafa continuada y agavillamiento.

  Carlos Gill Ramírez llegó a Ferroviaria Oriental S.A. en junio de 2014, cuando compró al Grupo Genesse & Wyoming Inc. de Estados Unidos el 50 por ciento de las acciones que esta poseía en la empresa que presta servicios en los departamentos de Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y Argentina. Figuró como director de la sociedad en las gestiones 2016, 2017 y 2018.

  El empresario venezolano-paraguayo asegura que recibió una empresa en muy mal estado que solamente movía un millón de toneladas de soya, mientras que en la actualidad la soya representa sólo el 23 por ciento de la carga que transportan. En la entrevista que citamos anteriormente dijo que “Cuando se dio la posibilidad de consolidar la sociedad en la ferroviaria vimos el Canal de Panamá en Sudamérica, que es la gran ventaja de Bolivia, vimos la hidrovía con salida a Rosario y ¿ qué más vimos? El granero del mundo”.

  Esas habrían sido las razones para invertir en la empresa que ahora transporta 2,2 millones de toneladas en 1.500 vagones y en la que ha invertido 250 millones de dólares.

Ferroviaria Andina

   La página de la Bolsa Boliviana de Valores informa que Empresa Ferroviaria Andina S.A.[13] tiene su oficina principal en La Paz, en la Calle Delgado (Calle 1 de Achumani), N° 156, (casi esq. Av. Tomasa Murillo). Los teléfonos de la compañía son (591-2)2184555 y 2184597. Correo electrónico  info@fca.com.bo.

   Según Testimonio 86/1996, Empresa Ferroviaria Andina S.A. tiene por objeto principal “realizar por cuenta propia y/o asociada con terceros, la explotación, operación, administración, comercialización, organización y prestación de servicio público de transporte ferroviario, comprendiendo principalmente el transporte de pasajeros y carga, la compra, venta , mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, vinculadas con la actividad de transporte, la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, asistencia técnica en materia de transporte, servicios intermodales y combinados, mediante las concesiones y licencias correspondientes, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades para la explotación de servicios relacionados con la red andina”.

  Los accionistas son Inversiones Bolivian Railways S.A., con 50,0038 por ciento de las acciones; AFP Futuro de Bolivia S.A. con 24,9644 por ciento de las acciones; AFP Previsión BBVA S.A., con 24,9644 por ciento de las acciones; otros con 0,0590 por ciento; Eduardo Mac Lean Abaroa con 0,0038 por ciento; Victor Ibañez Oblitas, con 0,0015 por ciento; Jorge Ardaya Calderón, con 0,0008 por ciento;  José Cáceres Choque, con 0,0008 por ciento; Rene Torrico Sempertegui, con  0,0005 por ciento; Augusto Oblitas Garcia, con 0,0005 por ciento; y Anna Monje Estrada con 0,0005 por ciento.

   El directorio de la empresa está conformado por Rafael Enrique Abreu Anselmi, Jorge Alberto Ortiz Saucedo, Mauricio Etienne Solares, Carlos Enrique Gill Ramírez, Gerardo Roberto Velasco Téllez, Jorge Mauricio Galindo Canedo, Leonor Montiel Parra, como directores titulares.

  Los directores suplentes son José Gabriel Espinoza Yañez, César Eduardo Rodriguez Gómez, Eduardo Bedoya Corujo, Carlos Jorge Gómez Nuñez.

  Raúl Villarpando Salamanca y Rodrigo Víctor Argote Pere, son síndicos; y Fernando Palacios es síndico suplente.
   Carlos Gill Ramírez compró la mitad de las acciones de la Empresa Ferroviaria Andina en septiembre de 2015, al Grupo chileno Luksic, el cual opera en Oruro y Potosí y se encarga de la conexión con Chile. Este Grupo, es también propietario de FCAB Ferrocarril de Antofagasta, línea férrea que une el puerto de Antofagasta con Oruro.

  Informó que compró tres locomotoras nuevas de tecnología suiza, las cuales comenzarían a llegar en febrero de 2019, de manera de poder responder a proyectos como la urea, el cemento y el hierro, en los cuales el estado boliviano mantiene empresas estratégicas y tiene grandes inversiones. Al respecto, una nota de La Razón especificó que las locomotoras tenían “la capacidad de transportar 3.200 toneladas, son de última generación suministradas por la compañía suiza Stadler para fortalecer el transporte de carga de Ferroviaria Andina y se invirtieron 15 millones de dólares para su adquisición”[14].

  El periodista peruano, Jaime Bayly, acusó a Carlos Gill de haber recibido USD 30 millones, de manera irregular, de parte del ex-escolta de Hugo Chávez, Adrián Velázquez, actualmente detenido en España. El comunicador, según recoge una nota de El Diario[15], sostiene que el “empresario chavista” buscó protección en República Dominicana para lavar dinero.

   Refiere la reseña que Gill Ramírez y otros “chavistas (Carlos Aguilera, Said Aurelio Cabrera y Maximiliano Camino) entregaron “generosos aportes al expresidente dominicano Leonel Fernández, en busca de protección para poder realizar tareas de lavado de dinero”.

  Jaime Bayly indicó que esta información proviene de fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y agregó que “Estos cuatro personajes, todos de origen venezolano, Aguilera, Cabrera, Gill Ramírez y Camino, avecindados en República Dominicana, con la protección del presidente Danilo Medina y del expresidente Fernández comparten su dinero quizás a cambio de protección. La inmunidad no sale gratis, si tú quieres que te sigan protegiendo, entonces tienes que ‘mojarte’”.

  Carlos Gill Ramínrez rechazó las acusaciones diciendo “Con relación a las declaraciones que en los últimos días el presentador de televisión Jaime Bayly realizó haciendo alusión a mi persona, relacionándome con asuntos ilícitos y corruptos, puedo decir con claridad que carecen de total asidero y que están muy lejos de la realidad’ (…) las aseveraciones de Bayly son irresponsables (y) no miden las consecuencias sobre las personas a las que afecta”.

 CITAS

[1] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

[2] Oscar Ortíz. Informe de fiscalización. Carlos Gill Ramírez: El Empresario favorito del MAS. http://oscarortiz.com.bo/documentos/los-negocios-en-bolivia-del-empresario-gill-ramirez/gill-el-empresario-favorito-del-mas-1/


[3] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. Sin fecha. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[4] Fortuna. “El Gobierno quitó la concesión de trenes de carga al grupo brasileño ALL”. 4 de junio de 2013. https://fortuna.perfil.com/2013-06-04-122877-a-la-megaempresa-brasilena-all-le-quitaron-las-concesiones-de-trenes/


[5] Bolivia Hoy. “Carlos Gill: Con el presidente Evo Morales hablo de logística. Yo soy el pionero del tren bioceánico”. 8 de julio de 2018. https://www.hoybolivia.com/movil/noticia.php?IdNoticia=269094

[6] Gobierno Plurinacional de Bolivia. Ministerio de comunicación. “Bolivia y Brasil firman memorándum de entendimiento para el Corredor Ferroviario Bioceánico.” 5 de diciembre de 2017. https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20171205/24511

[7] La Razón. “Bolivia y Perú sellan acuerdos de integración en cuatro ejes temáticos”.3 de septiembre de 2018. http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Peru-Evo-Morales-Vizcarra-acuerdos-presidentes_0_2995500451.html

[8] ABC Color. “Bolivia y Paraguay tratan proyecto tren bioceánico”. 8 de noviembre de 2018. https://www.abc.com.py/internacionales/bolivia-y-paraguay-tratan-proyecto-tren-bioceanico-1757753.html

[9] Página Siete. “Uruguay confirmó su participación en bioceánico.” 6 de abril de 2017. https://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/6/uruguay-confirmo-participacion-bioceanico-133277.html

[10] Ferroviaria Oriental. https://www.fo.com.bo/AcercaDeNosotros/LaEmpresa/default.aspx

[11] BBV. Ferroviaria Oriental S.A. https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/EFO_CAR.pdf

[12] Poderopedia. Ferroviaria Oriental. https://poderopediave.org/empresa/ferroviaria-oriental/

[13] BBV. Empresa Ferroviaria Andina S.A. https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/FCA_CAR.pdf


[14] La Razón. “Tres locomotoras nuevas de Ferroviaria Andina están en periodo de prueba”. 6 de enero de 2020. http://www.la-razon.com/economia/oruro-locomotoras-ferroviaria-andina-periodo-prueba_0_3289471053.html

[15] El Diario. “Periodista peruano acusa a Carlos Gill de corrupción”. https://www.eldiario.net/movil/index.php?n=45&a=2019&m=06&d=08

[16] Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583