Fiscalía pide a la Corte rechazar pedido de los medios de abrir los registros de contactos previos del gobierno con Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami

  El gobierno advierte que la información quedaría expuesta no sólo a los periodistas, sino también a enemigos de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   La Fiscal por el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, rechazar dos solicitudes presentadas por miembros de los medios de comunicación para abrir registros relacionados con el contacto previo de Víctor Mones Coro con el gobierno de los Estados Unidos.

   Mones Coro fue sentenciado el pasado 17 de marzo del año en curso a pagar 55 meses de prisión en razón de su conexión con un plan destinado a facilitar y proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a Samark José López Bello, exvicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo y su supuesto testaferro, respectivamente. Igualmente, fue condenado a pagar USD 250.000 en multas y se someterá a dos años de libertad supervisada como parte de la sentencia. La prestación de este servicio por parte de Mones Coro a El Aissami Maddah y López Bello, constituyen una violación a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de acuerdo a los establecido en la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros[1].

   El 26 de noviembre de 2019, Víctor Mones Coro se declaró culpable culpable de violar las sanciones de la Ley Kingpin contra el ministro y ex-vicepresidente venezolano[2].

   Durante distintas etapas del proceso judicial de Mones Coro, incluso luego de dictada la sentencia, las partes presentaron comunicaciones selladas o redactadas en las que se discutían detalles relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los Estados Unidos.

   Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, la defensa presentó un aviso en el expediente con respecto a dos presentaciones selladas presentadas anteriormente.

  En la misma fecha, por lo que la fiscalía presume un esfuerzo coordinado, Matthew Russell Lee de Inner City Press, a través de un correo electrónico solicitó la apertura de varios documentos sellados, entre ellos, los mismos documentos a los que se hace referencia el abogado defensor. Luego, el 2 de abril de 2021, la defensa se unió a la solicitud de Inner City Press.

   Entretanto, Brian Barrett de Associated Press, en una carta fechada el 5 de abril de 2021, le pidió a la Corte intervenir y abrir documentos relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los EE. UU., incluidos los que formaron parte de la transcripción de la sentencia.

La ley aplicable

   Refiere la solicitud de la fiscal Strauss que, si bien la Corte Suprema ha reconocido el derecho consuetudinario de acceso público a los documentos judiciales, esto aplica de acuerdo a dos factores, a saber, que (a) "la función del material en cuestión en el ejercicio del poder judicial del artículo III" y (b) "el valor resultante de dicha información para quienes supervisan los tribunales federales".

   Advierte que , luego de determinar el peso otorgado al presunto derecho de acceso, el derecho consuetudinario se equilibra con los intereses compensatorios que favorecen las restricciones de acceso. “El hecho de que un documento sea un expediente judicial no significa que no se pueda restringir el acceso al mismo”, de acuerdo a lo que dicta la jurisprudencia.

  Recordó que el Segundo Circuito ha reconocido que ciertas categorías de factores compensatorios deben equilibrarse con la presunción de acceso, lo cual incluye el peligro de afectar la eficiencia judicial o de aplicación de la ley y la necesidad de proteger los intereses de la privacidad.

   Respecto al presunto derecho de acceso que otorga la Primera Enmienda, la fiscalía del distrito Sur de Nueva York advierte que este puede ser superado por "hallazgos específicos y en el expediente de que el sellado es necesario para preservar valores más altos" y cuando el "orden de sellado se adapta estrictamente para lograr ese objetivo", tal como lo ha establecido la jurisprudencia.

Las razones de la Fiscalía

  La Fiscalía del distrito Sur de Nueva York considera que, por las razones ya articuladas por la Corte, y debido a los fuertes intereses gubernamentales que privan en contra de la apertura, las solicitudes deben ser denegadas.

  Refiere como lo han establecido otras decisiones judiciales, que “La transparencia a veces debe ceder a un interés más convincente” y “Es obvio e indiscutible que ningún interés gubernamental es más convincente que la seguridad de la nación”.

 Recuerda que los materiales sellados y redactados constituyen información altamente sensible que podría conducir a la divulgación no autorizada de información clasificada.

  Audrey Strauss advierte al juez Hellerstein que, si bien no existen dudas en este litigio de que las solicitudes de apertura de los medios de comunicación se presentan de buena fe y con un propósito válido, el acceso no se limitaría al personal de dichos medios.

“Los adversarios de nuestro país también tendrían acceso, y las divulgaciones podrían aumentar los riesgos que ya enfrenta el personal del gobierno de EE. UU. debido a que cada una de las consideraciones anteriores podría causar un perjuicio grave al gobierno”.

   Por ello, la fiscalía recordó a la Corte que ese despacho proporcionó a los abogados defensores cierta información sobre el entendimiento mutuo de que las referencias a esta información se eliminarían en todas las presentaciones posteriores y, en ese momento, la defensa no manifestó ninguna objeción al respecto.

   Finalizó su solicitud la fiscal Strauss subrayando que las órdenes de sellado de la Corte, hasta la fecha han sido plenamente justificadas —de hecho, necesarias— y por estas consideraciones y no deben ser perturbadas.

[1] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders

[2] Department of Justice. “Florida Man Pleads Guilty To Violating Kingpin Act Sanctions Against Venezuelan Minister And Former Vice President”. 26 de noviembre de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-pleads-guilty-violating-kingpin-act-sanctions-against-venezuelan-minister

Evasión de sanciones OFAC: Así van las exportaciones de PDVSA en lo que va de año 2021

Por Maibort Petit

   Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sigue usando mecanismos surecticios para mantener las exportaciones del crudo venezolano, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Unas de las empresas que se prestan para hacer los negocios es Tracor Trading Company LTD y  Supra Quimic Limited.

  El reporte interno de Petróleos de Venezuela C.A. (PDVSA) correspondiente a las actividades de carga ocurridas al 5 de enero de 2021, en el Terminal de Almacenaje y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA), demuestra cómo siguen las prácticas evasivas de las sanciones estadounidenses a la estatal venezolana, mediante la utilización de empresas fantasmas o desconocidas en el mundo petrolero.

   En el muelle este del TAECJAA, el buque Sara cargó 1.000 MB de crudo Merey para la empresa Tracor Trading Company LTD, el 4 de enero de 2021.

  Desde el muelle oeste se cargaron en el buque Sunny 700 MB de crudo Merey 16, destinados a la empresa Supra Quimic Limited. Esto ocurrió el 5 de enero de 2021.

  En el muelle SPM GFM II, se cargaron 31 de diciembre de 2020, 1.918 MB de crudo Merey 16 en el buque Mirame, para la empresa Tracor Trading Company LTD.

  Desde la Monoboya GFM II, del 18 al 20 de diciembre de 2020, en el buque Kazan se cargaron 1.000 MB de crudo Merey 16 para la empresa Supra Quimic Limited que serán descargado en el puerto de Quindao (China).

  También desde la Monoboya GFM II, del 18 al 20 de diciembre de 2020, se cargaron 1.000 MB de crudo Merey en el buque Alsatayir, para la empresa Supra Quimic Limited, que se descargarán en el puerto de Singapur.

  En la plataforma este, entre el 28 y el 30 de diciembre, en el buque Sara, se cargaron 1.000 MB de crudo Merey, para Tracor Trading LTD, que se descargarán en el puerto de Singapur.

  En la plataforma oeste, el buque Mirame, carga para Tracor Trading Company, 1.900 MB de crudo Merey, que se descargarán en el puerto de Singapur.

   Desde la plataforma oeste se cargaron entre el 5 y 7 de enero, 1.000 MB de crudo Merey en el buque Sunny para la Supra Quimic LTD.

Inventarios de crudo y diluente

  Al 5 de enero de 2021, se reportaron en existencia 3.496 MB de crudo diluido correspondientes a Petro San Félix (1.117,0 MBls), a Petrocedeño (1.766,0 MBls), Petromonagas (524,0 MBls), PetroPiar (525,0 MBls), Sinovensa (208,0 NBls).

 De crudo Merey 16 en inventario había 6.437,0 MBls, correspondientes Petrocedeño (1.766,0 MBls), Petromonagas (1.067,0 MBls), PetroPiar (1.021,0 MBls), TAEJAA (2.583,0 MBls).

  De crudo mejorado el inventario era de 410,0 MBls, correspondientes a PetroPiar.

  De NAFTA, el inventario era de 705,0 MBls, correspondientes a PetroCedeño (154,0 MBls), PetroMonagas (109,0 MBls), PetroPiar (42,0 MBls), Sinovensa (400,0 MBls).

  De diluente el inventario era de 1.175,0 MBls, correspondientes a PetroCedeño (963,0 MBls), PetroPiar (87,0 MBls), TAEJAA (125,0 MBls).

PDVSA incrementó sus exportaciones manipulando la información de los buques cargadores

   Reportes acerca de las relaciones comerciales de petróleo y gas de Venezuela, muestran cómo se llevaron a cabo las operaciones de evasión de las sanciones.

Por Maibort Petit

    Un informe que analiza las relaciones comerciales de crudo y gas de Venezuela refiere que, para finales del año 2019, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) experimentó un ligero incremento en sus exportaciones, específicamente en las correspondientes al último trimestre —unos 75 millones de barriles— en contraste con las disminuciones del tercer trimestre, equivalentes a aproximadamente 57,5 millones de barriles. Tal circunstancia obedeció al hecho de que los compradores de petróleo encontraron maneras de eludir las sanciones impuestas por los Estados Unidos el régimen y a la industria petrolera venezolana.

   En esta segunda entrega de nuestra serie dedicada a explicar la manera como el régimen de Nicolás Maduro y sus socios, han logrado en diferentes momentos, evadir las sanciones estadounidenses, damos a conocer uno de los informes relativos al mes de enero de 2020 en el que hace referencia al comportamiento de la industria petrolera venezolana a finales de 2019 e inicios del siguiente y actual 2020. El uso de empresas fantasmas que figuran como compradoras y la manipulación de la información de los cargueros petroleros, es parte de la estrategia utilizada.

  Las estratagemas implementadas permitían —al menos en el papel—mantener el comercio limpio. A su vez, los armadores pusieron en práctica estrategias para no ser detectados en territorio venezolano. Un servicio que prestan con un aumento de tres y hasta cuatro veces las tarifas regulares de alquiler cuando el destino es Venezuela.

  Se indica que ciertas transacciones que se han liberado desde Venezuela con diferentes cifras de cargadores, lo que se traduce en que algunos Bill Of Ladings sean emitidos a nombre de una empresa diferente y no de PDVSA, una acción que viola lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de Venezuela. Se cita el caso del buque “Ace”, del cual los registros refieren que en diciembre de 2019 fue cargado en Puerto Miranda (Ver adjunto). Advierte el reporte que se trata de un precedente que puede haber ocurrido en múltiples oportunidades. El Conocimiento de Embarque (Bill Of Ladings) fue emitido por la empresa SueloPetrol, registrada en Venezuela y Colombia, utilizando la figura de Shipper, vendiendo crudo a una empresa denominada Sonangol E. P. con puerto de destino en Togo, África Occidental.

   Agrega el informe que se tiene tienen datos de que algunas cargas asignadas a la empresa rusa Rosneft, a Petrochina y a otros compradores, se venden FOB (Free On Board) a terceros. Esto significa que la carga asignada no es necesariamente cargada al comprador asignado, sino por el tercero que compró el crudo al comprador asignado. Bajo ninguna circunstancia, el BL nunca debe ser emitido por ninguna otra empresa que no sea PDVSA.

  Así tenemos también el caso del buque Perfect de bandera liberiana, cuyo conocimiento de embarque (BL), fechado el 22 de enero de 2020, cargó en el puerto de Jose, estado Anzoátegui, 1.019.862 barriles de crudo Hamaca para la empresa Libre Abordo S.A. de C.V., lo cuales serían desembarcados en el puerto de Singapur.

PDVSA Petróleo S.A. certificó la cantidad del crudo embarcado.

  El informe especial de inspección de Aivepet C.A. emitió su certificación sobre el crudo Hamaca embarcado.

   En la misma fecha, igualmente para en el buque Perfect, fueron cargados 743.169 barriles de crudo Merey 16, también para la empresa Libre Abordo S.A. de C.V., que se descargarían en el puerto de Singapur.

Del mismo modo PDVSA Petróleo certificó la cantidad de petróleo embarcado.

Pago en Petro

   El informe en cuestión igualmente hace mención a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de establecer el Petro como medio de pago de las tarifas de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA).

   La medida se oficializó a través de su publicación en la gaceta Oficial el 14 de enero de 2020, bajo el decreto Nº 4.096, haciéndose efectiva a partir del 29 de enero.

    De esta manera los fondos recibidos en el INEA por servicios de Pilotaje, Cuotas de Anchorage, Remolque, Servicios de Lanzamiento y otros, obligatoriamente deben pagarse en Petros. El informe acota que tal medida “no beneficia a nadie más que fortalecer el régimen y sus estrategias financieras”.

  Finalmente, el reporte proyectó que a principios de 2020 un incremento en las operaciones con importantes compañías petroleras como ENI (Italia) y Reliance (India) regresando con volúmenes crecientes de compras de carga.

Iperoil Trade S.L.: Otra empresa usada por PDVSA para violar sanciones de EE. UU. y poder vender petróleo

 Caricom busca limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses.

Por Maibort Petit

    Del mismo modo que en ocasión anterior informamos que un certificado emitido por Comunidad del Caribe (Caricom), demostraba la manera cómo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) viola las sanciones impuestas por Estados Unidos a quienes establezcan negociaciones con ella, a través de la empresa trinitaria Heritage Petroleum Company, ahora nuevamente vemos cómo se recurre a ese esquema para seguir negociando el crudo venezolano, esta vez con una compañía de origen italiano y domiciliada en España, Iperoil Trades S.L..

  En esta ocasión Heritage Petroleum Company LTD funge como el exportador que consigna 1.200.038 barriles de crudo petrolero API 16 que el exportador Heritage declara que toda mercancía fue producida en Trinidad y Tobago.

El certificado está fechado el 11 de marzo de 2020.

   Iperoil se suma al diseño de triangulación de operaciones por medio del cual PDVSA enmascara sus ventas a través de la utilización de terceros.

  Vale la pena destacar que el país de origen se encuentra por definir (TBA por las siglas en inglés de To Be Announced), con lo que se corrobora la tesis de nuestros informantes quienes nos refieren que Iperoil Trades S.L. apenas tratará de hacer la colocación y no tiene para el momento de la certificación, definido el comprador.

  Caricom en Trinidad y Tobago se aventura a limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses.

  Iperoil trade S.L. se presenta en su página web como una empresa internacional con oficinas en todo el mundo que son gestionadas a través de sus oficinas en Vigo, España[1].

  En España se registró bajo el número CIF B27873629 y con domicilio en Plaza Compostela, 23, Piso 2, Vigo, 36201, Pontevedra, con el objeto social de ser intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales[2].

 Asimismo, presentamos un acuerdo de arrendamiento de almacenamiento suscrito entre Iperoil Trade S.L. y Pendlebury LLC, una empresa registrada en la Florida en 2018[3].

  Se trata de un acuerdo mediante el cual Pendlebury LLC arrienda a Iperoil Trade S.L. un tanque para el almacenamiento de 1.200.000 Barriles de Petróleo Crudo (Api 16) por un período de un mes. El acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2020, fecha que coincide con la de la certificación antes referida.

   Para el almacenamiento del crudo se requirieron dos tanques arrendados a una tasa de USD 0,80 por barril por mes.

   El pago por el período de alquiler es de USD 960.000 por 1.200.000 barriles de Crudo (Api16), los cuales serán cancelados 50 por ciento, USD 480.000, 48 horas después de la firma del contrato y la Factura Comercial. El restante 50 por ciento de saldo se pagaría dentro de los 10 días posteriores a que Storage Tanks reciba el producto designado por parte del arrendatario.

  Los tanques estaban ubicados en en el puerto de Pointe-a-Pierre, Trinidad, West Isles.

REFERENCIAS

[1] Iperoil Trade SL. www.iperoiltrade.es 

[2] El Economista. Iperoil Trade Sociedad Limitada. www.eleconomista.es

[3] Sunbiz. Pendlebury LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=PENDLEBURY%20L180002651150&aggregateId=flal-l18000265115-c28495e6-25fb-4b5b-a656-c29787e39b59&searchTerm=PENDLETON%20210%2C%20LLC&listNameOrder=PENDINGTRADING%20L150000474700

Aeropuertos regionales se valen de empresas fantasmas para evadir sanciones de EE. UU.

    Un red de compañías registradas en el estado de la Florida y Panamá sirve como mecanismo receptor de los pagos que los terminales aéreos reciben de las aerolíneas.

Por Maibort Petit

   Como un mecanismo para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el Aeropuerto Internacional La Chinita —que sirve a la ciudad de Maracaibo— se vale de una serie de empresas fantasmas registradas en el estado de la Florida, para que las aerolíneas que operan en esa terminal aérea depositen lo correspondiente a impuestos en las cuentas de dichas compañías.

  El fragmento de una carta de la empresa Aeroservices A7 C.A., suscrita por Jesús Guiar Hernández, se giran instrucciones sobre la manera en que se deben realizar los pagos por los servicios de la plataforma SkyFlot, de la cual la compañía se sirve para registrar las operaciones aeroportuarias.

  Aguiar Hernández requiere que el destinatario informe a Aeroservices A7 tan pronto haya efectuado el pago, “por cuanto, de conformidad con las obligaciones contraídas su representada, se procederá a enterar al Poder Ejecutivo del estado Zulia, respecto a las cantidades percibidas a su favor”.

   El pago, en este caso, debía hacer a la cuenta de 898092739203 de Aeroservices A7, en el Bank of America.

   Pero, además de la ya cita Aeroservices A7, otras empresas registradas en el estado de la Florida serían para este fin, tal es el caso de Glufco Investments Corp., ND Consulting Group LLC, Fernaco 2017, Aeroservices A& y SkyFlot.

  También TV Venezuela informó que tal mecanismo evasor es implementado por el Instituto Autónomo del Aeropuerto del Estado Falcón (IAEF), el cual instruyó a las aerolíneas que en él operan pagar los impuestos de salida al exterior en las cuentas de tres empresas de la Florida, a saber, Aeroservices A7, Clouds Services LLC y BCDA Aeronautical Solutions LLC.

   Un correo electrónico de la directora de administración y finanzas del IAEF, Jessenia Medina, informaba a partir de febrero de 2019, dicho organismo contaba con “nuevas coordenadas de pago en el Bank of America”, por lo cual a partir de entonces los pagos correspondientes de impuestos se llevarían a cabo a través de la cuenta 8981 0388 4856 de la referida entidad bancaria estadounidense a nombre de SkyFlot, número AB/Routing 63100277[1].

   La empresa Aeroservices A7 también habría sido utilizada, junto a Avior Airlines C.A., para que el régimen de Nicolás Maduro lleve a cabo operaciones, por ejemplo, de pago de derechos aeroportuarios por cientos de miles de dólares, a Bolivariana de Aeropuertos (BAER) S.A. Tales operaciones, según consta en documentos en poder de Venezuela Política publicados el 22 de junio de 2020, se llevan a cabo mediante la cuenta Nº 9146143659 en el Citibank N.A., donde la compañía de Jesús Aguiar recibe los pagos en nombre de BAER.

   Venezuela Política informó en aquel entonces “Aeroservices A7 junto a las empresas Clouds Services LLC y BCDA Aeronautical Solutions LLC, todas registradas en la División de Corporaciones del Estado de La Florida, han sido mencionadas como entes involucrados en operaciones que evaden las sanciones de la OFAC impuestas por la administración del presidente Donald Trump”[2].

Sobre Clufco

   De acuerdo a información suministrada por BeInCrypto, Glufco está asociada con Criptolago, una firma cuyo de la que existen pocos datos y cuyo Registro Único de Información Fiscal (RIF), es gubernamental. Tiene licencia de la el cual aparece en la licencia otorgada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) para comerciar con el Petro, la criptomoneda creada por el régimen de Nicolás Maduro.

  Refiere BeInCrypto que el desarrollador, Jesús Lara, dijo que el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, es el principal líder tras Criptolago. Recordó que en 2018 la SUNACRIP otorgó a la gobernación del Zulia licencia para minar BTC y PTR.

  Lara, citado por BeInCrypto, indicó que Glufco “es la empresa que se asoció con CRIPTOLAGO para la creación de una pasarela de pago con tarjetas de débito, dicha empresa ‘interesantemente’ se fundó en el mismo mes que CRIPTOLAGO y abrió una filial en Miami, si, el imperio”.

  Agrega Jesús Lara que Glufco fue fundada “en el mismo mes que el exchange Criptolago y estableció una alianza con este para proveer una pasarela de pago con tarjetas de débito”. BeInCrypto precisa que la sede de Glufco se registra en Miami, pero, según Lara, su dirección está ocupada por ND Consulting Group, la empresa agente que los registró.

  Se advierte además que los grupos de Telegram de Criptolago y de Glufco compartan los mismos administradores[3].

Las empresas

  En Venezuela, Aeroservices A7 C.A. tiene su domicilio fiscal, según refiere el portal Dato Capital, en la Avenida Don Julio Centeno, Residencias Paso Real, Núcleo 2, Torre 11, Apto. 11-42, San Diego, estado Carabobo. Su teléfono es 0241-9909880[4].

  Inter Credit Report informa que Aeroservices A7 es una empresa cuyo estatus actual es activo, registrada en el estado de la Florida, el 3 de abril de 2018, bajo el número G18000042980. La dirección principal de la compañía es 10540 NW 26th St Nº G108, Miami, FL 33172.

  La compañía tiene como agente registrador a la empresa Glufco Investments[5].

  Entretanto, Glufco Investments Corp. es una empresa que, según su página web, está conformada por “un equipo de especialistas en desarrollo tecnológico y soluciones financieras Blockchain. Desarrollamos una plataforma de rápida convertibilidad de tus Glufcos a las principales criptomonedas del mercado internacional. Te ofrecemos un sistema de pagos exclusivos. A través de tu Glufcard, tendrás acceso a una amplia red de puntos de venta en nuestros comercios afiliados”[6].

  El Departamento de Estado de la Florida a través de su portal Sunbiz informa que Glufco Investments Corp. es compañía registrada en esa entidad de los Estados Unidos el 26 de marzo de 2018, bajo el número P18000028716, número FEI/EIN 82-4989817, que en la actualidad se encuentra activa.

  Su dirección es el 10540 NW 26TH #G302, Miami, Fl 33172, la misma de Aeroservices A7, pero diferente suite.

   El agente registrador de Glufco es ND Consulting Group LLC, que reporta la misma dirección.

  En el directorio de Glufco Investments Corp. figura Jesús Antonio Aguiar Hernández como su presidente[7] [8].

  En Venezuela, Glufco está registrada como Glufco Investment C.A., de acuerdo al portal Computrabajo, se trata de una “Empresa de Capital 100% Venezolano, [que] nace como iniciativa de sus socios para brindar soporte en tiempo real, eficaz y de manera inmediata a los requerimientos de la Industria Venezolana (…) Nuestro Objetivo: Ser la primera empresa 100% Nacional en brindar Soluciones Financieras basadas en Tecnología Blockchain a nuestra Industria, aportando valor agregado a la economía de nuestro país”[9].

  A su vez, ND Consulting Group LLC es, según informa en su página web, “una firma de consultoría financiera y de desarrollo inmobiliario multidimensional que asiste a organizaciones privadas y sin fines de lucro en todos los asuntos relacionados con el desarrollo, financiamiento y operaciones de bienes raíces comerciales y multifamiliares”[10].

  Sunbiz informa que ND Consulting Group LLC es una empresa activa registrada en el estado de la Florida el 5 de febrero de 2016, bajo el número L16000025600, número FEI/EIN 81-1564421.

  Su dirección es el 10540 NW 26TH ST, Suite G302, Doral, FL 33172, la misma de Glufco, Aeroservices A7.

   El agente registrador es ND Consulting Group y el directorio está conformado por Carol Domínguez y Wilfredo Noguera, todos con la misma dirección de la empresa[11].

  De SkyFlot su página web dice que es una “empresa de administración de aeropuertos, que brinda soluciones en los procesos aeroportuarios, con una amplia gama de productos y servicios especializados. Se cuenta con el talento humano de gran experticia en el campo profesional aeroportuario, así como, con herramientas tecnológicas de punta que apoyan los sistemas administrativos y operacionales para el sector, con criterio de innovación en el uso de equipos y aplicaciones informáticas, que brindan a nuestros clientes la optimización y simplificación de procesos corporativos o institucionales complejos, garantizando mejores niveles de productividad”[12].

  Sunbiz refiere que SkyFlot Corp. es una empresa activa registrada el 12 de febrero de 2020, en el estado de la Florida bajo el número P20000014689.

  Su dirección es la misma reportada por las anteriores compañía, a saber, 10540 NW 26TH, Suite G302, Miami, FL 33172.

  El agente registrador es ND Consulting Group LLC, la cual está presidida por José Rafael Jiménez Hernández[13].

  En Panamá, SkyFlot S.A. está registrada bajo el número 155689743, desde el 3 de enero de 2020, SkyFlot S.A., cuyo estatus es vigente.

  Jesús Antonio Aguiar Hernández es director, presidente y tesorero; Crisandra María Romero González es directora y secretaria; Hermes Tello Vera y Concepción Corro de Tello son suscriptores. El agente registrador es C. Corro & Abogados[14].

  Inter Credir Report informa que Fernaco 2017 es una empresa activa registrada el 2 de agosto de 2018 en el estado de la Florida, bajo el número G18000042432.

  La dirección principal de Fernaco 2017 es 10540 NW 26TH ST # G108, Miami, FL, 33172. El agente registrado de la empresa es Glofco Investment Corp[15].

Aeroservices A& es, de acuerdo a lo que informa el portal Inter Credit Report, es una empresa activa, registrada el 2 de abril de 2018 en el estado de la Florida, bajo el número G18000042395.

Su dirección es 10540 NW 26TH # G108, Miami, FL, 33172[16].

Venezuela Política intentó comunicarse con las personas mencionadas en esta nota, pero hasta el cierre no logramos comentarios.

CITAS

[1] Facebook. TVV Noticias. 11 de marzo de 2019. https://www.facebook.com/432411953763395/posts/840460852958501/

[2] Venezuela Política. “Propietarios de Avior facilitaron a Bolivariana de Aeropuerto (BAER) operaciones que violan las sanciones de los EE. UU.”. 22 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/propietarios-de-avior-facilitaron.html

[3] BeInCrypto. “Petro: alertas y denuncias sobre las exchanges venezolanas oficiales”. 17 de abril de 2020. https://es.beincrypto.com/petro-preocupaciones-sobre-exchanges-venezolanas-oficiales/

[4] Dato Capital. Aeroservices A7 C.A. https://www.datocapital.com.ve/empresas/Aeroservices-A7-Ca.html

[5] Inter Credit Report.Aeroservices A7. https://florida.intercreditreport.com/company/aeroservices-a7-g18000042980

[6] Glufco. https://glufco.com/

[7] Sunbiz. Glufco Investments Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=GLUFCOINVESTMENTS%20P180000287160&aggregateId=domp-p18000028716-e14f09d2-8f9e-4b7b-8d3e-042a9e9eafbd&searchTerm=GLUE%20IQ%20LLC&listNameOrder=GLUFCOASTBEVERAGESERVICES%20L060000790100

[8] Sunbiz. Glufco Investments Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=AGUIARHERNANDEZJESUSANTONIO%20P180000287161&aggregateId=domp-p18000028716-e14f09d2-8f9e-4b7b-8d3e-042a9e9eafbd&searchTerm=Aguiar%20Hernandez%20%20%20%20Jesus%20Antonio&listNameOrder=AGUIARHERNANDEZJESUSANTONIO%20P180000287161

[9] Computrabajo. Glufco Investment C.A. https://www.ve.computrabajo.com/empresas/acerca-de-glufco-investment-ca-76A2886F4CD33F33

[10] ND Consulting Group. http://www.ndconsulting.com/

[11] Sunbiz. ND Consulting Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=NDCONSULTINGGROUP%20L160000256000&aggregateId=flal-l16000025600-29b4b86d-0088-49bf-8027-0e687c7932d9&searchTerm=ND%20Consulting%20Group%20LLC&listNameOrder=NDCONSULTINGGROUP%20L160000256000

[12] SkyFlot. https://www.skyflot.com/web/

[13] Sunbiz. SkyFlot Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=SKYFLOT%20P200000146890&aggregateId=domp-p20000014689-bfb53879-ddb4-4a5e-8a9a-676a50cee908&searchTerm=SKY%20FLOOR%2C%20CORP.&listNameOrder=SKYFLOOR%20P130000673200

[14] Open Corporates. Skyflot S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/155689743

[15] Inter Credit Report. Fernaco 2017. https://florida.intercreditreport.com/company/fernaco-2017-g18000042432

[16] Inter Credit Repot. Aeroservices A&. https://florida.intercreditreport.com/company/aeroservices-a-g18000042395

  

Régimen de Maduro negocia con Avior gigantesco Airbus 340-300 para crear puente aéreo con Irán

  La última información señala que el avión ya está de Conviasa. En el contrato la entrega de la nave aparece como "Adjudicación en pago o la dación en pago" que es la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente".​ Se refiere, por tanto, al acto por el cual el deudor realiza, a título de pago, una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de ésta.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

   El régimen de Nicolás Maduro está negociando con Avior Airlines un gigantesco Airbus 340-300. Un avión de este tipo permite hacer la ruta Caracas-Teherán, Rusia, Turquía u otro destino similar sin escalas, lo que evita el riesgo de captura.

    El régimen de Maduro necesita adquirir aeronaves que le permitan volar directo a los países aliados, evitando que se repita lo acontecido con Alex Saab, quien fue detenido en Cabo Verde, luego que el avión donde viajaba hiciera una parada técnica para reabastecerse de combustible "por no tener el rango suficiente para volar sin escalas". 

   Los representantes de Maduro están buscando comprar aeronaves de largo rango, pero son pocas las empresas que están dispuestas a vender aeronaves al gobierno de Venezuela o a sus aerolíneas estatales por temor a ser sancionados. 

La negociación

   "Nicolás Maduro requiere una aeronave de largo rango y gran capacidad de carga para reforzar el puente aéreo con el estado islámico de Irán, con quien mantienen un acuerdo de asistencia en todos los sectores y quien es el principal receptor del oro y el uranio venezolano", dijo una fuente conocedora de la negociación que declaró bajo condición de anonimato. 

   La fuente explicó que Avior Airlines C.A., a través de sus directores y accionistas, Jorge Añez, Jorge Luis Añez y su presidente Juan Bracamonte, está negociando con una entidad desconocida (presuntamente de Saab) designada por el Gobierno venezolano, la compra de un Avión Airbus 340-300 de la flota de Avior para ser operado por la aerolínea estatal Conviasa. 

   "El 340-300 de Avior, serial fabricación número 199, tiene un rango de 13,500 Km, puede ser configurado hasta 440 pasajeros y tiene capacidad de peso máximo de despegue de doscientas setenta y cinco (275) toneladas", acotó. 

    Fuentes internas del INAC y de Avior, confirmaron que, a la fecha, se han realizado varias reuniones del área financiera y técnica "donde Añez, desde su residencia en Miami, instruye a Jorge Alva, su vicepresidente de finanzas, para que reúna con autoridades del gobierno venezolano, todo coordinado por Juan Bracamonte".  

   

   "Conviasa aprobó la adquisición de la aeronave que será llevada a Irán donde se le realizará un servicio mayor de mantenimiento antes de incorporarla a la flota de la estatal", aseguró. 

     La fuente sostiene que Avior "pidió al gobierno que el avión fuera expropiado para no quedar en evidencia ante el mundo", pero los representantes del régimen "se negaron para evitar escándalo". En consecuencia, acordaron seguir con la venta y Avior puso dos condiciones: 

1) Que sean removido del avión cualquier imagen de Avior antes de salir de Venezuela. 

2) No recibirá el pago en divisas, para tratar de eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen. En su lugar, se acordó recibir el pago en especie, es decir, mediante créditos en combustible con PDVSA y créditos con otras entidades del gobierno a las que AVIOR hace  pagos  regularmente con ocasión a su operación. 

   La fuente afirma que "este plan de negocios fue estructurado por Bracamonte, quien mantiene relaciones con varios funcionarios de Caracas". 

  Agrega que "Los Añez y Bracamonte viven en el Sur de la Florida". de hecho, "la esposa actual de Jorge Añez, Rebeca García Teppa, se encuentra en Estados Unidos con una visa F1 de estudiante, y vive actualmente en el Doral. Juan Bracamonte, por su lado, está residenciado en Weston y posee más de tres propiedades en Florida".

Criminales de cuello blanco: La inusual jornada del veredicto del juicio del banquero Ali Sadr Hasheminejad

   El juicio de Ali Sadr Hasheminejad, propietario del extinto Banco Pilatus, concluyó con un veredicto unánime que lo declaró culpable de evadir las sanciones económicas de EE. UU. enviando ilícitamente más de $115 millones a través del sistema financiero norteamericano. También es culpable de fraude bancario y de conspirar para lavar dinero.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  A lo largo del juicio que duró 11 días, Ali Sadr Hasheminajed se mostró sonriente, seguro de sí mismo y confiado de que había convencido al jurado de su historia, que incluyó algunas lágrimas y aseveraciones que lo presentaban como un gran admirador y seguidor del expresidente Barack Obama, un enemigo del régimen de los Ayatolas islámicos, un torturado 'física y mentalmente' por el gobierno del Mohammad Khatami y perseguido por el exmandatario Mahmoud Ahmadinejad. Pero todos esos cuentos no fueron creídos por el panel de jurados que se centró —únicamente— en las evidencias presentadas por la fiscalía y no en las incoherentes confesiones de Sadr y los rimbombantes argumentos de sus abogados: Reid Weingarten, Brian Hebeling y Bruce Bishop de Steptoe.  

   Sadr siempre estuvo impecable. Bien vestido, afeitado y peinado. Se mostraba risueño y muy cariñoso con sus abogados a quienes abrazaba constantemente. Estuvo acompañado por cinco mujeres a lo largo de las dos semanas del juicio que celebran con sonrisas y miradas cómplices cada logro que obtenían sus acuciosos y muy diligentes defensores. Su esposa se le veía altanera. Miraba con menosprecio a la prensa. Sus hermanas Pegah y Negarin estaban siempre atentas, dando soporte emocional al hermano que estaba bajo escrutinio federal. Su madre también estaba allí, algunas veces lloraba y otras sonreía. Sadr siempre las abrazaba.

    El acusado se mostraba dulce y amable frente al jurado. Pero su conducta cambiaba radicalmente con los fiscales a quienes miraba con desprecio y arrogancia. Cuando el fiscal Especial, Garrett Lynch le hizo el contra-interrogatorio, Sadr le respondió todas las preguntas con displicencia. Sadr es un hombre inteligente. Por un momento pensó que su estrategia había triunfado. Pero se equivocó. Las palabras de la jueza Nathan, cuando decía "culpable, culpable, culpable" le amargaron el rostro y le transformaron por completo su mirada. Su prepotencia desapareció. Quedó impávido, pálido. Sus afanosos abogados también cambiaron su expresión y de pronto se les vió aturdidos. La familia estaba compungida y triste. Los defensores alcanzaron a decir a la jueza Nathan que no querían que lo 'encarcelara' en el acto (como de hecho correspondía), le rogaron que le diera la oportunidad de pasar con su esposa e hijos los próximos cinco meses, 'en libertad', y que le mantuviera las condiciones otorgadas por el tribunal ( tras el pago la millonaria fianza de $38 millones) que le permitieron moverse desde Washington DC a Nueva York con mucha comodidad. Los fiscales Michael Krouse y Garrett Lynch objetaron la petición (sin éxito). Krouse recordó que Sadr es millonario, que es ciudadano de Irán,  que es un país con el que los Estados Unidos no tienen tratado de extradición y que el gobierno advertía que había un alto riesgo de fuga. La jueza no escuchó a la fiscalía sino que inmediatamente aprobó la petición de Sadr y lo dejó ir con su mujer, no sin antes advertirle que si rompía las condiciones tendría que pagar las graves consecuencias, que incluyen nuevas acusaciones del gobierno estadounidense. El gesto de desagrado de Krouse y Lynch fue evidente. Protestaron nuevamente, pero fueron silenciados por la jueza que ofrecía un trato extremadamente cordial al acusado, ahora convicto. 

***

  Una de las cosas que nos llamó la atención —por la rareza del hecho— fue cuando la jueza estaba leyendo el veredicto entregado por el presidente del jurado. De pronto paró. Justo cuando leyó el cargo número tres. Hizo una expresión difícil de calificar. Llamó a la defensa y a los fiscales a un lado del podium. No se pudo escuchar lo que decían pero era obvio que no fue del agrado de los fiscales federales.  Seguidamente continuó leyendo de manera casi automática. Nathan le preguntó a cada miembro del jurado que verificara su voto en el veredicto. Luego salió de la sala para confirmar el voto de las dos personas ausentes a través de una videollamada. Regresó, agradeció a los miembros del panel y los despidió. No es usual que los jurados deliberen o verifiquen los votos por videoconferencia. No. Esta vez hubo una excepción porque en la ciudad de Nueva York hay una emergencia sanitaria. La jueza informó que uno de los jurados debió salir antes de la corte y el otro porque está enfermo y se vio obligado a deliberar remotamente. Al final del proceso, ni los abogados de la defensa, ni Ali Sadr, ni sus familiares quisieron emitir una comentario a la prensa. Sólo advirtieron que apelarán el resultado del veredicto en los próximos días.

El fiscal de pronuncia

   Por su parte, el el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, anunció que Ali Sadr Hasheminejad fue condenado hoy después de un juicio con jurado de dos semanas.

  Berman dijo que el jurado comprendió como Sadr H. organizó un plan de varios años para canalizar más de $ 115 millones en pagos relacionados con un proyecto de construcción en Venezuela, a través del sistema financiero de los EE. UU., para beneficio de la empresa familiar iraní de Sadr, en violación de las sanciones de los EE. UU. contra Irán. 

  El fiscal sostuvo que "el Gobierno estableció en el juicio que estos pagos beneficiaron a las personas y entidades iraníes, incluida la Compañía de Vivienda Internacional de Irán y su propietario iraní, Mohammad Sadr Hasheminejad (padre de Sadr)". 

  Berman dijo: “El jurado descubrió que Ali Sadr Hasheminejad creó una red de compañías y cuentas bancarias para enmascarar los negocios iraníes en Venezuela y evadir las sanciones de Estados Unidos. Durante años, Sadr utilizó compañías de fachada en Suiza, Turquía y San Cristóbal y Nieves para ocultar el hecho de que $ 115 millones en pagos que eran realmente para su negocio familiar y parientes en Irán. La condena de Sadr muestra que las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán son reales, y los infractores serán expuestos y procesados".

  Según la acusación, la evidencia presentada durante el juicio,  los documentos judiciales y las declaraciones en audiencia pública el gobierno logró demostrar lo siguiente:

  A partir de 1979, el presidente de EE.UU., de conformidad con la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia ("IEEPA"), encontró repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior y la economía de los Estados Unidos y declaró una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza. De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Este régimen de sanciones prohíbe, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a los Estados Unidos o personas de los Estados Unidos destinadas al Gobierno de Irán o entidades y personas iraníes.

  En agosto de 2004, los gobiernos de Irán  y Venezuela (Hugo Chávez Frías) celebraron un acuerdo, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. Al año siguiente, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo mediante la celebración de un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistiría en la construcción de unidades de vivienda en Venezuela.

  El Proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo. 

   En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Compañía de Vivienda Internacional de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto en Venezuela. 

   Posteriormente, IIHC celebró un contrato con una subsidiaria de la compañía energética estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que solicitó a IIHC que construyera 7,000 unidades de vivienda en el estado Zulia a cambio de aproximadamente $475 millones. Stratus Group creó el Comité del Proyecto Venezuela en Teherán para supervisar la ejecución de dicho Proyecto. Ali Sadr fue miembro fundador del Comité y fue responsable de administrar las finanzas del Proyecto.

  En relación con su papel en el Proyecto, Sadr tomó medidas para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos y defraudar a los bancos estadounidenses al ocultar el papel de las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense. Por ejemplo, en 2010,  Sadr y un co-conspirador, usaron los pasaportes de San Cristóbal y Nieves y una dirección de los Emiratos Árabes Unidos para incorporar dos compañías de fachada fuera de Irán para recibir pagos en dólares estadounidenses relacionados con el Proyecto en nombre del IIHC. 
La primera entidad, Clarity Trade and Finance, se incorporó en Suiza, y la segunda, Stratus International Contracting, J.S.,  alias "Stratus Turkey", se registró en Turquía. Ambas empresas de fachada eran propiedad y estaban controladas por Ali Sadr y por los miembros de su familia en Irán, incluido su padre Mohammad Sadr.

  Posteriormente, Sadr y otros llevaron a cabo una serie de transacciones financieras internacionales utilizando a Clarity y  a Stratus Turkey en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultaba el nexo iraní a los pagos, en violación de las sanciones económicas de los EE. UU. Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, PDVSA, bajo la dirección de Sadr y otros conspiradores, realizó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de Stratus Turkey o Clarity, totalizando aproximadamente $ 115 millones.

  Durante ese tiempo, Sadr tomó varias medidas para ocultar a los beneficiarios iraníes de estos fondos, incluyendo: (1) cambiar el nombre de la Compañía de Vivienda Internacional de Irán a solo las iniciales, IIHC; (2) ordenar a los empleados que eliminen sitios web y artículos de Internet donde aparecía el nombre de Irán o Iranian; (3) mentir sobre los propietarios de las empresas de fachada cuando los bancos lo solicitan; y (4) alterar los comprobantes de pago y los contratos anteriores para engañar a los bancos sobre la fuente de los fondos. Sadr y otros conspiradores, también ordenaron específicamente que los pagos se enrutaran a través de bancos en los Estados Unidos a las cuentas bancarias de Stratus Turquía o Clarity en una institución financiera en Suiza (Hyposwiss Private Bank AG). 
  La mayoría de los fondos se transfirieron luego a otra entidad offshore ubicada en San Cristóbal y Nieves, que había sido incorporada por Ali Sadr y Mohammad Sadr en 2009. 

Mohammad Sadr Hasheminejad padre del banquero convicto por crímenes financieros y
violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

  Entre 2011 y 2013, las compañías principales de Sadr enviaron más de $ 8.6 millones directamente a los Estados Unidos. Algunos de esos fondos se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California en beneficio de la familia Sadr.

El convicto

  Ali Sadr, de 40 años, nació en Irán. Fue condenado en el juicio por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, un cargo de conspiración para violar la IEEPA, un cargo de fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de lavado de dinero. Sadr fue declarado no culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. 

   A continuación se muestra un cuadro que contiene los cargos y las sanciones máximas. La sentencia de Sadr será determinada por la jueza Alison Nathan.

   El fiscal Berman elogió los esfuerzos de investigación pendientes de la Oficina Federal de Investigación y agradeció a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York por sus contribuciones y asistencia con esta investigación y juicio.

  El procesamiento de este caso está a cargo de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. Los fiscales federales adjuntos Michael K. Krouse, Jane Kim, Stephanie Lake y el fiscal especial adjunto estadounidense Garrett Lynch, de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, están a cargo de la acusación.

Juicio de Ali Sadr Hasheminejad: Un error de PDVSA en un pagó a la empresa del iraní alertó a las autoridades sobre la presunta violación de las sanciones de EE. UU. contra Irán

    En este juicio el poder del dinero se siente. Hay en escena media docena de los mejores abogados litigantes del país acompañados de paralegales, asistentes y expertos que evalúan cada palabra pronunciada por los testigos de la fiscalía para demolerlos en los contrainterrogatorios. La jueza, Alison Nathan es acuciosa, determinante y evita que haya atropellos entre las partes. El esquema de violación de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso a Irán, y los mecanismos de lavado de dinero de este caso no son muy diferentes a otros que han sido juzgados previamente y que he tenido oportunidad de cubrir. En este —en particular— la diferencia es el despliegue exuberante de recursos. En la audiencia del viernes 6 de marzo, se pudo apreciar al acusado sonriente, 'triunfador' cuando su defensor puso contra las cuerdas al testigo experto en sanciones del Citibank, uno de los bancos víctimas de esta trama, según la fiscalía. A continuación les cuento parte de la jornada del proceso que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  Era la quinta audiencia del juicio. Los diligentes abogados de Ali Sadr Hasheminejad estaban organizados para empezar la jornada. Los fiscales federales dispusieron a dos testigos para el día que representaban a los dos bancos víctimas del esquema de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, cargos por los cuales es procesado el millonario empresario, cuyo padre es el dueño de un gran emporio de empresas de construcción e infraestructura, Stratus International Group Holding, que —según la fiscalía y los testigos— ha recibido contratos millonarios para la reconstrucción de la infraestructura de Irán, desde que concluyó a la guerra con Irak. 

  Ali Sadr Hasheminejad y su familia trabajaron para el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a través de la empresa Iranian International Housing Co., ejecutando un contrato para supuestamente construir 12 mil viviendas financiadas por PDVSA a través de Ducolsa. El proyecto formó parte de los acuerdos firmados por la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán acordados en 2006, en el cual se incluyó un convenio para el Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado en el municipio Lagunillas del estado Zulia. Hugo Chávez Frías y el presidente iraní para la época, Mahmoud Ahmadineyad, contrataron a la empresa de los Sadr, IIHC, para lo cual previeron un presupuesto de US.475,734,000,00. Por años todo el proceso se desarrolló 'sin inconvenientes' con la justicia, hasta que en 2013 y 2014, un error en unas órdenes de pago que PDVSA envió a sus bancos en Nueva York, JP Morgan Chase y Citibank, en las cuales colocaron el nombre de la empresa como beneficiaria [Iranian International Housing Company (IIHC)] .
La palabra "iranian" prendió las alarmas y las transacciones fueron bloqueadas y reportadas por los bancos a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC), a la unidad que se encarga de investigar las violaciones de las sanciones estadounidenses. 'Las palabras "Irán" o "iranian" son tóxicas', dijo la defensa y por ello, Ali Sadr registró empresas en otros países, compró la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves (junto a su padre y hermanas), y abrió cuentas en un banco suizo. Todas éstas acciones le permitirían obviar las alertas de las autoridades y escapar de las sanciones que por 40 años EE. UU. ha impuesto contra Irán, buscando que haya un cambio de conducta en el régimen encabezado por el líder Supremo, el ayatolá, Alí Jamenei. 

   Entre las cientos de comunicaciones que los fiscales mostraron al jurado a lo largo de la jornada —con el objetivo de demostrar, más allá de la duda razonable que Ali Sadr es culpable de los seis cargos que se le imputan— nos llamó la atención que en varios de los correos enviados en julio de 2010, se menciona —en varias oportunidades— al millonario argentino Diego Marynberg —señalado de ser uno de los hombres que ayuda al régimen de Maduro a mover capitales por el mundo— y las empresas Mercantil Valores Uruguay, Pinnacle Investment SA de Venezuela y Finanzas S.A. de Suiza.  

  Debido a los problemas que tenían con la empresa que aparecía originalmente en el contrato con los regímenes de Irán y Venezuela era Iranian International Housing Company (IIHC) —y la palabra Iranian es objeto de alarmas a las autoridades financieras— Ali Sadr y su padre Mohammad Sadr Hasheminejad decidieron registrar dos firmas para sacudirse ese problema: Straturk International JS en Istambul, Turquía y Clarity Trade en Suiza. ¡Asunto arreglado¡

  Asimismo, los Sadr abrieron una cuenta en el banco helvético Hyposwiss Private Bank AG. para lo cual, padre e hijo usaron los pasaportes que compraron en la isla del Caribe, San Cristóbal y Nieves y una dirección de residencia en Dubai. Con esos 'elementos' desaparecían los problemas con las autoridades estadounidenses, y ponían fin a los miedos que había generado en el acusado y a su familia la posibilidad que fueran a ser enjuiciados por mover el dinero a través del sistema financiero norteamericano, rompiendo las reglas establecidas desde 1979 y reforzadas por varias órdenes ejecutivas hasta la actualidad.

Fiscales pueden concluir con la presentación de testigos

  Este lunes, 9 de marzo, se espera que la Fiscalía de los Estados Unidos concluya con la lista de testigos para probar el caso contra  Ali Sadr Hasheminejad.

 El domingo 8 de marzo, la fiscalía sometió a consideración de la corte varias mociones que buscan  excluir a dos testigos expertos que la defensa de Hasheminejad propuso para ser presentados al jurado el martes. La fiscalía sostiene que uno de los candidatos a testificar es Trita Parsi, ex presidente y fundador del National Iranian American Council, una organización sin fines de lucro "dedicada a fortalecer la voz de los estadounidenses iraníes y promover una mayor comprensión entre el pueblo estadounidense e iraní".

   Los fiscales sostiene que Parsi no cumple con los requerimientos de la ley para ser testigo y por tanto carece de legitimidad para discutir el concepto de "eliminación del riesgo". 

 Los documentos de la fiscalía señalan que Parsi "nunca ha trabajado para un banco o en cumplimiento bancario, ni había publicado ningún artículo ni llevado a cabo ningún estudio científico sobre cómo eliminar riesgos". 

 La defensa de Sadr Hasheminejad asegura que la supuesta experiencia de Parsi en "eliminar riesgos" viene de la experiencia que éste ha acumulado durante los años en los que ha participado en discusiones personales con iraníes-estadounidenses.

  Los fiscales aseguran que Parsi sólo puede referirse a un asunto técnico que requiere conocimiento basándose en sus anécdotas, lo cual obviamente le resta veracidad, y es contrario a lo que establecen las leyes para calificar a alguien de experto.

  Otro de los testigos de la defensa que fue rechazado por la fiscalía es el  abogado del bufete Crowell Moring, Robert Burns, ya que de acuerdo al gobierno Burn nunca ha trabajado en bancos, o en departamentos de cumplimiento bancario, y no cumple con los requisitos para calificar como experto en "reducción de riesgos" de acuerdo a las normas de la corte.

Evidencias que generan problemas

 En la audiencia de este lunes 9 de marzo se discutirán los problemas que han surgido con una evidencia presentada por la fiscalía, y que no formaba parte del material 3500 que los acusadores deben entregar a la defensa antes de juicio. Se trata de la pieza marcada como GX 411 que corresponde a una comunicación sobre una divulgación voluntaria que el Banco-1 realizó a OFAC después de liquidar un pago de una entidad afiliada con PDVSA en Venezuela a favor de Stratus International Contracting, que fue una de los entidades  usadas por Ali Sadr para  recibir los pagos en nombre del IIHC. El correo tiene fecha del 16 de junio de 2011 y en banco señala que había procesado el Pago el 4 de abril de 2011, pero que lo marcó como posible lavado de dinero después de las acciones ocurridas, el 20 de abril de 2011. 

El banco había alertado que luego se una investigación se supo que “Stratus se fundó en 1978 en Teherán, Irán; Stratus International se especializa en proporcionar servicios de contratación para proyectos de infraestructura tales como carreteras, ferrocarriles, presas, túneles, aeropuertos y edificios; Stratus está trabajando actualmente en un Proyecto de Desarrollo de Viviendas de la Unidad de Apartamentos 7000 "Nuevo Ojeda" en Venezuela". 

Asimismo, se reveló en la comunicación de la fiscalía que el 12 de mayo de 2011, el Banco-1 recibió una respuesta a su consulta al banco remitente, indicando, en suma y sustancia, que la dirección de Stratus se encuentra en Turquía, está registrada en Turquía, se encuentra en construcción, entre otros lugares, Venezuela, y el pago fue por la "construcción de un proyecto de 7000 unidades de apartamentos" en Venezuela. Bank-1 concluyó que "Aunque Stratus no figura como SDN, y el pago no indica ninguna participación directa de Irán o con Irán, debido a la información contradictoria entre el sitio web y la respuesta enviada por el banco en Caracas, considera apropiado compartir esta información con OFAC ya que Stratus puede ser una compañía iraní. 

La discusión sobre este tema, que es clave en el caso se dará durante la audiencia de hoy. 

Seguiremos informando.