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lunes, 31 de enero de 2022

Agentes del chavismo trabajan para desacreditar las causas criminales que se libran en los tribunales de EE. UU. contra narcotraficantes relacionados con el régimen venezolano

  El caso contra Clíver Alcalá Cordones, como el de otros acusados de narcotráfico, estaría siendo presentado como inconsistente y como producto de una campaña emprendida por el gobierno estadounidense contra funcionarios venezolanos.

Por Maibort Petit

   A través de diversos agentes, el régimen de Nicolás Maduro estaría obrando para hacer ver que el gobierno y la justicia de los Estados Unidos recurren al expediente de presentar a funcionarios de la administración venezolana como narcotraficantes, sin que para ello cuenten con las pruebas necesarias que sustenten sus acusaciones. Se trataría de personeros que resultan insospechados, pues, en apariencia, actuarían en favor de la causa opositora. Igualmente, estos actores pretenderían vender la tesis de que el chavismo y el madurismo son diferentes con el avieso objetivo de deslindar a algunos de estos funcionarios de las actividades criminales que la justicia de los EE. UU. ha venido dando a conocer en los últimos años.

 Tal aseveración proviene de fuentes judiciales, las cuales han advertido cómo, por ejemplo, en el caso de Clíver Alcalá Cordones —causa que se libra en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York— se ha desplegado todo un aparato propagandístico en procura de dar a conocer una serie de supuestas falencias de los expedientes levantados desde el Departamento de Justicia. Se trataría, alertan, de una estrategia y campaña por parte del chavismo, dirigida a desprestigiar el sistema judicial estadounidense y, por tanto, las causas contra los funcionarios venezolanos inmersos de diversas causas criminales que cursan el los tribunales de la nación norteamericana.

  Parte del método implementado, sería la sonoridad excesiva de aspectos de las distintas mociones presentadas en los tribunales por parte de la defensa de los actores involucrados en causas de narcotráfico y el silenciamiento de los alegatos y pruebas presentados por la fiscalía.

  A continuación, presentamos las últimas diligencias del caso de Alcalá Cordones.

El pedido de desestimación del caso

  El 28 de enero de 2022, César de Castro, Valerie Gotlib de la firma The Law Firm of César de Castro P.C., así como Adam S. Kaufmann, Cristián Francos, Tara J. Plochocki, Diane M. Camacho del despacho Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, abogados de Clíver Antonio Alcalá Cordones, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York un memorando de ley en apoyo a la moción de su representado para desestimar la acusación en su contra.

   Los abogados consideran que el tribunal debe desestimar la acusación contra el general Alcalá Cordones por inmunidad de funcionario extranjero y alerta de que en caso de denegarla para que la defensa se prepare adecuadamente y evite sorpresas en el juicio, se debe ordenar al gobierno que presente una lista detallada con los nombres de los co-conspiradores anónimos y los testigos.

  Asimismo, de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Penal 5(f), creen que la corte debe ordenar a la fiscalía  gobierno que presente todos los materiales relacionados con la planificación y los intentos de golpe de estado de su representado contra el régimen de Nicolás Maduro, así como identificar a todos los testigos que participaron en esta conspiración y han declarado que Clíver Alcalá Cordones no estuvo involucrado en la misma o han declarado que no tienen conocimiento de la participación de este cuando se les preguntó específicamente.

  El memorando de la defensa en su declaración preliminar advierte que el caso contra su cliente surge de una serie de las alegaciones “asombrosamente amplias, vagas y radicales” por parte de la fiscalía acerca de una conspiración narcoterrorista de gran alcance que involucra a funcionarios en los niveles más altos del gobierno venezolano, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al acusado, Cliver Antonio Alcalá Cordones, mayor general retirado del ejército venezolano.

  Refieren que la conspiración global de narcoterrorismo descrita por el gobierno dura más de dos décadas y no se ofrece ningún detalle sobre los actos realizados por Alcalá Cordones en apoyo de esta conspiración expansiva. “No hay alegaciones de pagos ilícitos o lavado de fondos, ninguna evidencia que demuestre la propiedad de activos o cuentas extraterritoriales, y ni siquiera una acusación de que dio una orden o realizó un acto realizado en relación con un cargamento de narcóticos”. Igualmente califican de asombroso que se acuse a un miembro uniformado de un ejército extranjero por poseer armas en su propio país como un acto criminal en los Estados Unidos.

  Al tiempo que rechaza rotundamente las acusaciones en su contra, Clíver Alcalá —a través de sus abogados— conmina al tribunal a desestimar la acusación, por cuanto los alegatos de la misma caen de lleno dentro de las protecciones que ofrece la doctrina de la inmunidad oficial extranjera. Refieren que dicha doctrina restringe la jurisdicción de los tribunales para conocer de casos en los que la conducta en cuestión haya sido llevada a cabo por funcionarios extranjeros en apoyo de la política soberana exterior. “En este caso, la conducta imputada al General Alcalá Cordones fue realizada en el ejercicio de sus funciones oficiales, por lo que se encuentra inmune a este proceso”.

  Se indica que el único acto detallado en la acusación atribuida a Alcalá Cordones es una reunión de 2008 con Hugo Carvajal —su oficial superior en rango y jefe de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela— y Diosdado Cabello pretendiendo con ello vincularlo a la supuesta conspiración criminal, cuando tal encuentro formaba parte de sus funciones oficiales.

  Agregan que “su supuesta posesión de armas y su supuesta provisión de armas a las FARC eran parte de sus deberes oficiales. Este no es un caso en el que se acusa a un traficante ilícito de armas (…) más bien, cualquier suministro de armas fue un acto oficial en cumplimiento de la política oficial del gobierno y no puede ser procesado aquí”. Por otra parte, los abogados sostienen que las decisiones de política soberana de Venezuela en sus tratos con las FARC no están sujetas a revisión de la Corte.

  Advierten que en las revisiones realizadas a los documentos, videos y grabaciones de la acusación y no se encuentra en ellos evidencia de la supuesta participación de Clíver Alcalá Cordones en la conspiración acusada.

Enemigo de Maduro

  El documento de la defensa hace referencia a que la fiscalía presentó una segunda acusación de reemplazo contra Clíver Alcalá Cordones el 5 de marzo de 2020 señalándolo de participar en una conspiración de narcotráfico de narcotráfico y delitos relacionados.

  Destacan que se jubiló de la carrera militar en la que “mantuvo firme e inquebrantable en su oposición al narcotráfico y otras formas de comercio ilícito, incluidas las operaciones de minería ilegal y el contrabando de gemas”; que sirvió al expresidente Hugo Chávez hasta su muerte en el cargo en marzo de 2013, momento en que Nicolás Maduro asumió la presidencia y en cuyo gobierno Alcalá Cordones no tenía ningún interés en participar.

  Sostienen los abogados que Clíver Alcalá Cordones ha sido un enemigo público y notorio de Maduro y sus aliados gubernamentales durante muchos años, convirtiéndose, después de jubilarse, “en un crítico abierto y vocal” de este, habiendo participado actividades para derrocarlo, debiendo huir a Colombia.

  Subrayan que, aunque Estados Unidos estaba al tanto de los continuos esfuerzos de Alcalá Cordones para expulsar a Maduro del poder, la acusación formal lo acusa de participar en una conspiración de narcoterrorismo con Maduro y varios miembros de alto rango de su régimen.

Derecho a inmunidad

  La defensa de Clíver Alcalá Cordones sostiene que su cliente, según la doctrina de inmunidad oficial extranjera, posee inmunidad y, por tanto, la acusación debe ser desestimada. Este mismo argumento lo usan otros acusados vinculados al régimen de Venezuela, como por ejemplo, Álex Saab Morán.

 Indican que en su condición de funcionario público en el momento que indican los hechos de la acusación y que a los oficiales militares se les suele considerar como agentes de un gobierno extranjero por lo que satisface el primer factor en el análisis de inmunidad.

  Por otra parte, recuerdan que Alcalá Cordones actuó en todo momento en su capacidad oficial en nombre del estado soberano de Venezuela, y tal conducta no puede constituir la base para un enjuiciamiento sin hacer cumplir efectivamente las leyes penales de los Estados Unidos contra un estado soberano extranjero. Este argumento, por cierto, también es usado por los abogados de Álex Saab, y se ha repetido en otros casos de delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Preparar la defensa

  Quieren los abogados de Clíver Alcalá que la fiscalía proporcione una lista de los nombres de los presuntos co-conspiradores no acusados para poder preparar su defensa.

  Es así que instan al tribunal a que ordene al gobierno a presentar un proyecto de ley de detalles “que incluya una lista de cómplices anónimos/no acusados, para esclarecer las escasas acusaciones contra el general Alcalá Cordones en la acusación”.

Identidad de los testigos

  También quieren los abogados de Alcalá Cordones que la corte obligue al gobierno a revelar las pruebas materiales favorables al acusado e identificar a los testigos que hayan declarado que el general no estuvo involucrado en la conspiración acusada.

Otras solicitudes

  No es la primera vez que los abogados de Clíver Alcalá Cordones piden al tribunal o a la fiscalía la información antes descrita. Este pedimento suele ser repetido en muchos casos, en los que la defensa quiere dictar pauta y hacer ver que la fiscalía no posee evidencias para probar, más allá de la duda razonable, al acusado. Se ha visto en juicio de alto nivel como el de Joaquín el Chapo Guzmán, como el de la misma Ghislaine Maxwell, convicta por delitos de tráfico sexual de menores.

  El 11 de noviembre de 2021, César de Castro, Adam Kaufmann, Cristian Francos y Valerie A. Gotlib, pidieron a la fiscalía “(1) detalles sobre los cargos alegados en la Acusación en relación con el General Alcalá Cordones; y (2) materiales favorables a la defensa conforme a Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y Norma Federal de Procedimiento Penal 5(f). La Acusación en este caso alega una conspiración de veintiún años que se remonta a 1999 y, a pesar de su extensión, proporciona poco o ningún detalle sobre los actos que presuntamente cometió el General Alcalá Cordones”.

  Subrayaron que “el voluminoso descubrimiento producido por el gobierno de conformidad con la Regla 16 ha brindado poca o ninguna ayuda para identificar la conducta específica en la que se alega que participó el General Alcalá. Solicitamos respetuosamente que el gobierno dirija la defensa al descubrimiento relevante ya producido y proporcione más detalles como se identificó anteriormente”.

  Del mismo modo destacan ante el juez que el fiscal Michael Lockard le había referido a la defensa en 2018, que no acusarían a Clíver Alcalá de ciertos delitos en razón de que las pruebas eran “equivocadas”.

 La defensa ha hecho circular un correo electrónico fechado en 2014, en el que Adam Kaufmann le refiere al fiscal Lockard que el testimonio de un testigo beneficiaría a su cliente.

  Pidieron los documentos que demostrarían "la inocencia" de su defendido entre ellos los que hicieran referencia a Elliott Abrams, Mike Pompeo, Will Barr, Marshall Billingslea, Mauricio Claver Carone, Michael Fitzpatrick, Lester Toledo, Jorge Betancourt y Juan José (“JJ”) Rendón.

  Asimismo, el 20 de enero de 2022, la defensa pidió al juez Alvin K. Hellerstein el aplazamiento de las mociones de Clíver Alcalá Cordones que vencían el 21 de enero de 2022 pues requerían más tiempo para finalizarlas en razón de que el gobierno había emitido una producción de descubrimiento adicional.



  El 28 de enero de 2022, los abogados defensores de Clíver Alcalá Cordones le remitieron al juez Alvin K. Hellerstein un resumen con las diligencias practicadas ante la corte.

  Así, le refirieron que pidieron desestimar la Acusación del General contra su cliente bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera; que se solicitara al gobierno proporcionar a la defensa una lista de detalles, incluidos los nombres de los presuntos co-conspiradores no acusados, para permitir preparar la defensa y evitar sorpresas en el juicio; que la fiscalía revelara la información en su poder sobre la participación de Alcalá Cordones en actividades contra Nicolás Maduro, así como las identidades de los testigos que hayan negado afirmativamente y los que no hayan indicado la participación de su cliente en la supuesta conspiración; y permitir que su representado presente otras mociones y reparaciones.

  En la misma fecha, 28 de enero de 2022, el fiscal Damian Williams le comunicó al juez Alvin K. Hellerstein, que la presentación anticipada de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada del Gobierno en este caso vencía originalmente el 1 de diciembre de 2021, pero ha sido aplazado por una solicitud de la misma fiscalía del 18 de noviembre de 2021, que la difirió hasta el 1 de febrero de 2022 y ahora, el Departamento de Justicia les ordenó buscar un nuevo aplazamiento hasta el 8 de febrero.

 Dado que el demandado no se opone, pidieron conjuntamente se les concediera dicho aplazamiento.



viernes, 17 de septiembre de 2021

Empantanado hasta el cuello, Hugo Carvajal amenaza con no hundirse solo

Por Maibort Petit  

  Quien fuera uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez está usando sus últimos recursos para evitar a toda costa ser entregado al gobierno de los Estados Unidos, donde diversos documentos, testimonios e informes, lo acusan, no solamente de participar en actividades de narcotráfico, sino también de haber brindado protección a muchos capos de la droga.

   Desde el día de su captura, tras pasar más de un año y medio fugitivo, el mayor general y exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, se hunde en un pantano. Cada vez se hace más complejo el caso, en la medida en que se amplía el plazo para que concrete su extradición a los Estados Unidos, donde es acusado de delitos de narcoterrorismo. En una acción de emergencia, la Audiencia Nacional de España suspendió cautelarmente su entrega a las autoridades norteamericanas prevista para el miércoles 15 de septiembre, alegando que el Ministerio del Interior debía resolver una petición de asilo que solicitó en 2019 y que luego se supo que había denegado en septiembre de ese mismo año.  Ahora ha concedido una audiencia para el lunes 20 de septiembre donde expondrá las relaciones de las FARC y el grupo terrorista ETA, según se anunció el pasado jueves.

   En su hundimiento, Carvajal ha amenazado con arrastrar a otros consigo. “Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países”, ha sentenciado.

    La amenaza, la habría formulado a personas de su entorno que lo dieron a conocer al portal Libertad Digital que informa lo que habría sido el remate de su advertencia: “Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado tiraré una cerilla desde mi avión para que arda".

   Carvajal Barrios quien habría manifestado el hartazgo que le provoca lo que ha vivido en los últimos días en España, tendría como intención demostrar "su inocencia" con base a pruebas que dice tener. Incluso, habría propuesto ser juzgado en España por los mismos delitos de que se le acusa en EE. UU.

     De acuerdo a las fuentes del citado portal, “El Pollo” Carvajal se dedicó durante el tiempo en que se mantuvo prófugo, a recabar información que afectaría al gobierno de Pedro Sánchez y otras administraciones socialistas del pasado[2].

   El general venezolano trata por todos los medios a su alcance, evitar ser trasladado a los EE. UU. donde documentos e investigaciones lo señalan como protector de narcotraficantes, tal como lo reseñaremos líneas más adelante.

    Sobre la solicitud de asilo, el ministerio del Interior habría informado al tribunal y a la prisión de Estremera en la que se encuentra recluido Carvajal Barrios, que el asilo fue denegado en 2019.

    Así lo recoge una nota de la agencia española EFE y que agrega que “El Pollo” Carvajal “solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso (…) Su petición se tramitó y se negó por parte de la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior al no cumplir los requisitos, una resolución que el 23 de septiembre de 2019 fue remitida a la cárcel de Estremera porque en esa prisión había ingresado Carvajal y porque el solicitante no había señalado ningún domicilio particular en España”.

   Una nota de El Mundo de España, sostiene que Hugo Carvajal le pidió a la justicia española impedir su extradición a los Estados Unidos, toda vez que, supuestamente, habría actuado como confidente de los servicios de inteligencia de la nación ibérica[4].

   También El Mundo, en otra nota, informó que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España citó a Carvajal a declarar el lunes 19 de septiembre con relación a “unas diligencias abiertas por terrorismo internacional”, esto a solicitud de la defensa del general venezolano

   Antes de darse a la fuga, la Audiencia Nacional había ofrecido a Carvajal actuar como testigo protegido “siempre y cuando aportara información relevante relacionada con los vínculos de ETA con Venezuela”. Esto no se concretó en aquel momento y ahora, luego de su detención, Carvajal decidió colaborar por voluntad propia. Igualmente ha ofrecido aportar información sobre las FARC[5].

Custodio de narcos

   Una investigación periodística llevada a cabo por Proyecto ITEMP — acrónimo de “Investigación de Temas Periodísticos”— denominada “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”[6], explica cómo “El Pollo” Carvajal, a la luz del poder que ostentaba, habría brindado protección y cooperación a narcotraficantes que, en territorio venezolano, encontraron un aliviadero para sus actividades criminales.

   “Pregúntele a Carvajal qué hacía Yesid Ríos en su casa y en su velero en Margarita, en la marina de la isla, ¿por qué lo protegía allá? ¡Demasiadas cosas están claras! Le brindó documentación, carros, escoltas, todo”, es una de las citas que la nota periodística hace del testimonio rendido por un narcotraficante colombiano que, para el momento del reportaje, rendía cuentas a la justicia estadunidense.

   Dicho capo de la droga habría disfrutado durante, por lo menos, seis años de la protección de Carvajal y ahora es testigo clave de la acusación contra exjefe de inteligencia venezolano. Se trata de Yesid Ríos Suárez, también conocido como “El Enano”, quien era un proveedor de drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaba entre Apure y Carabobo y de allí iba a supervisar los laboratorios de cocaína en el departamento colombiano de Arauca, desde donde la droga pasaba a Venezuela para, desde pistas aéreas clandestinas, ser enviada a sus destinos finales. Entre los jerarcas del grupo guerrillero —era miembro de su Estado Mayor— a los que Ríos Suárez le servía de agente, se encontraba Noé Suárez Rojas, alias “Germán Suárez Briceño” o “Grannobles”.

  “El Enano” sostiene pudo mantener su base de operaciones en Venezuela, gracias al respaldo que “el Pollo” Carvajal le brindaba con custodia directa, escoltas y documentación oficial venezolana.

   A los fiscales estadunidenses, “El Enano” entregó pruebas de sus afirmaciones, las cuales incluían “una lista de oficiales venezolanos a su servicio, honorarios pagados, además de información única del exjefe de inteligencia”. El récord entregado por el narcotraficante colombiano incluía “a seis oficiales, hoy con rango de generales, que hicieron parte del Gobierno de Hugo Chávez en cargos estratégicos de seguridad, y actualmente se desempeñan en otros puestos en la administración de Nicolás Maduro”, recoge la investigación de ITEMP que, además, refiere haber conversado con el abogado defensor de Yesid Ríos Suárez: “Lo que relató mi cliente, relacionado con los servicios que le brindó Carvajal, es totalmente cierto, y sirvió de mucho a los fiscales para armar otros casos”.

   Igualmente se refiere que estos datos de “El Enano” coinciden con las versiones aportadas por otro colaborador suyo que fue condenado por una corte de Nueva York. Este certificó que Hugo Carvajal, a cambio de comisiones en dólares, asistía a “El Enano” en tanto en Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe combatía a la guerrilla desde 2002. “Cuando en Venezuela nos informaron que iba la deportación a Colombia y después seguro a USA, llamé al general Carvajal a su celular. Me atendió y le pregunté ‘¿qué pasó?’, a ver si podía ayudarnos. Respondió que ya eso escapaba de sus manos y colgó”, manifestó el operario y así lo recoge el reportaje.

  ITEMP cita también el caso de Yon Pelayo Garzón Garzón, testigo con el que también la fiscalía ha ensamblado el caso contra “El Pollo” Carvajal. Se trata de un miliciano que se infiltró en las FARC en procura de información para la inteligencia colombiana. Este trabajó para El Enano” y cuenta que, en una ocasión, octubre de 2002, fue a una reunión que se celebró en frontera entre el estado Apure venezolano y el departamento de Arauca colombiano, donde se discutió la entrega de armas por parte de Hugo Carvajal y la custodia que este brindaría a los narcos. Garzón se convirtió en testigo protegido de la DEA.

   Lo curioso, según el reportaje, es que estos hechos que los periodistas conocieron en documentos suministrados por medio del abogado defensor de un caso de narcotráfico en Colombia en el que “El Pollo” Carvajal estaba involucrado figuran en el expediente 499-2002 de neogranadina “a la que Garzón sirvió como testigo en varios casos de droga, una muestra de que el Gobierno colombiano conocía el historial delincuencial del confidente de Chávez mucho antes de su ascenso como jefe de la inteligencia militar venezolana. Una revisión de los registros públicos judiciales en Colombia revela que en todos estos años la Fiscalía de ese país nunca abrió un caso criminal en contra de Carvajal, a pesar de lo que sabía”.

   El expresidente Álvaro Uribe les dijo a los periodistas de ITEMP que él le había informado a Hugo Chávez sobre los campamentos que las FARC tenían en Venezuela, pero este lo negó. Sobre Carvajal, manifestó no recordar que le advirtiera de su protección a narcoguerrilleros. Los comunicadores refieren que le enviaron un cuestionario a Hugo Carvajal una semana antes de que este se fugara en 2019, pero que este no contestó debido a dicha circunstancia.

   La actividad de protección y custodia de narcotraficantes y drogas le habría brindado grandes beneficios económicos a Hugo Carvajal, según recoge Proyecto ITEMP. En tal sentido citan el caso de un capo de la cocaína detenido en Venezuela y que después fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos, quien declaró para el reportaje y aseguró que pagaba al mayor general venezolano “miles de dólares al general, mensualmente, aunque dependía de la carga que se enviaba”.

“Uno de estos narcotraficantes relató a la DEA que le dispensaba pagos periódicos a Carvajal de 50.000 dólares, mientras el general custodiaba sus rutas, y habló de la ‘guardia pretoriana’ de oficiales de las fuerzas armadas y políticos del Gobierno de Venezuela que ejercían de intermediario en este negocio”.

  El reportaje también hace referencia a la relación de “El Pollo” Carvajal con otros narcotraficantes, como Luis Frank Tello Candelo, alias el “Negro Frank”, quien luego de ser extraditado a EE. UU., ha suministrado valiosa información a los fiscales de Nueva York y Miami sobre las supuestas actividades delictivas de Carvajal Barrios.

   Entre lo referido por Tello Candelo está un hecho ocurrido en febrero de 2006, cuando “Previo a una operación de gran valor que se iba a realizar en Venezuela, en febrero de 2006, el Cartel de Sinaloa envió al ‘Negro Frank’ un millón de dólares que iban, supuestamente, para cortejar a Carvajal”. De todos se advierte en la nota que “El emisario del Cartel de Sinaloa con el botín, sin embargo, nunca pudo constatar si el dinero realmente fue entregado o si era para Carvajal, indicó en la entrevista, porque para aquella cita a la que asistió con Tello Candelo en un restaurante al este de Caracas nunca se apersonó el general”.

El cabecilla del Cártel de los Soles

   ITEMP tuvo acceso a un informe de la DEA que refiere que Hugo Carvajal cooperó con el crimen organizado y las guerrillas prácticamente como una rama de su oficio, indicando que el general se reunía con miembros del gobierno de Hugo Chávez, “con o sin participación del mandatario”, se advierte y en dichos encuentros se planificaban operaciones de narcotráfico y apoyo a las FARC.

  El documento daría cuenta de los lugares de las citas, sus participantes y funciones, revelando que Chávez habría sido el verdadero cabecilla del llamado “Cartel de los Soles” y “hasta dónde sus más cercanos colaboradores, como Diosdado Cabello o Tareck El Aissami, fueron partícipes de una empresa criminal para retener el poder alrededor de esta organización”.

   El reporte de la DEA, de acuerdo a ITEMP, asevera que “aparte de Carvajal, algunos de los otros miembros del Cártel de los Soles que ejercieron en los niveles más altos del Gobierno de Venezuela fueron el expresidente Hugo Chávez, el exvicepresidente Tareck El Aissami y el exvicepresidente Diosdado Cabello”.

   Igualmente, hace mención a uno de los testigos contra el general quien sería un exjuez (Testigo 1), quien indicó que en 2005 asistió a una reunión en el palacio de gobierno en la que estaban presentes el presidente Chávez, Carvajal, el general Henry Rangel Silva (para la fecha jefe de la DISIP), Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. “Durante la reunión, Chávez instó al grupo a promover sus objetivos políticos, incluido combatir a Estados Unidos ‘inundando’ el país de cocaína. Chávez les ordenó a Carvajal, Cabello, Rangel Silva y otros coordinarse con las FARC, y asignó al Testigo 1, entre otros, evitar que las autoridades del orden público interfirieran con estas actividades. El Testigo 1 más tarde se enteró de que este grupo se reunía mensualmente y asistió aproximadamente a cuatro encuentros mensuales”.

  Estiman en ITEMP que el referido magistrado, según datos recabados, podría ser el exmagistrado del tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte.

Los señalamientos de Leamsy Salazar

  El informe de la DEA citado por Proyecto ITEMPt también menciona que teniente de la Armada venezolana Leamsy Salazar Villasaña, ex-escolta de Diosdado Cabello y de Hugo Chávez en la Casa Militar, ha aportado datos en el caso que Estados Unidos mantiene contra Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, Cabello y el Cartel de los Soles. Se lo identifica como Testigo 2.

   El informe de la DEA refiere que Salazar dijo que “a mediados de 2008 proporcionó la seguridad en una reunión organizada por Chávez en su rancho, a la que asistieron, entre otros, el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’ (…) Durante la reunión, el Testigo 2 ‘escuchó a Márquez describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y computadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela (PDVSA) ’ (…) El Testigo 2‘ oyó a Chávez hablando por teléfono de Carvajal. Durante la llamada, escuchó a Chávez referirse a Carvajal por su apodo, el ‘Pollo’ y ordenarle que suministrara armas a las FARC’”.

  También Salazar habría sido testigo de que como en tiempos en que ya se desempeñaba como escolta de Diosdado Cabello, vio cómo el El Pollo Carvajal coordinó el despacho de lo que parecía ser cocaína en unas lanchas rápidas en el Cabo San Román.

REFERENCIAS

[1] OK Diario. “La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a EEUU”. 14 de septiembre de 2021. https://okdiario.com/espana/audiencia-nacional-suspende-cautelarmente-extradicion-pollo-carvajal-eeuu-7788916

[2] Libertad Digital. “El 'Pollo' Carvajal amenaza con tirar de la manta y señala al Gobierno: ‘Si caigo, no caeré solo’”. 14 de septiembre de 2021. https://www.libertaddigital.com/espana/2021-09-14/pollo-hugo-carvajal-amenaza-tirar-manta-gobierno-6817716/

[3] EFE “Hugo ‘Pollo’ Carvajal saca las garras y pide declarar ante el juez español sobre ETA y las FARC”. 16 de septiembre de 2021.

[4] El Mundo. “'El Pollo' Carvajal esgrime que trabajó con "el CNI" para evitar su extradición a EEUU”. 15 de septiembre de 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/15/61422b00e4d4d89b3f8b4587.html

[5] El Mundo. “La Audiencia Nacional cita a 'El Pollo' Carvajal el lunes para declarar sobre terrorismo”. 16 septiembre 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/16/61436f06e4d4d86a6c8b45b4.html

[6] Proyecto ITEMP. “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”. 31 de diciembre de 2020. https://www.itempnews.org/2020/12/31/jefe-espias/

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Clíver Alcalá Cordones tendrá nueva audiencia del 27 de septiembre, el militar estudia declararse culpable de delitos de narcotráfico en Nueva York

 Por Maibort Petit

  Reciente información, dada a conocer por la defensa del mayor general, Clíver Alcalá Cordones indica que se estaría trabajando con los fiscales declararse culpable de algunos de los cargos de narcotráfico y terrorismo de los cuales lo acusa el gobierno de Estados Unidos.

   El expediente de Alcalá Cordones incluye a otros acusados, a saber: Hugo Armando Carvajal Barrios, Luciano Marín Arango, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Néstor Reverol y otros que según los fiscales estadounidenses forman parte del Cártel de los Soles y que trabajaron en una empresa criminal desde 1999 hasta 2019 para enviar cocaína a los Estados Unidos.

   En la última actualización del caso, aparecen documentos que relatan las diligencias que están haciendo los abogados de la defensa para llegar acuerdos con los fiscales para una declaración de culpabilidad del acusado de delitos de narcoterrorismo. En la audiencia, prevista para el 27 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se podría discutir el tema.

  De llegarse a declarar culpable y acordar colaborar con la justicia, Clíver Alcalá podría testificar en los casos contra Nicolás Maduro y otros de los acusados en la acusación federal que se dio a conocer en marzo de 2019 y que involucra a los cabecillas del régimen venezolano.

  El general Alcalá Cordones, cuyo hermano Carlos Alcalá Cordones es el embajador del régimen venezolano ante la República Islámica de Irán,  se retiró de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2013 y posteriormente se pronunció públicamente contra el régimen chavista. Posteriormente se escondió en Colombia y se declaró soldado del gobierno interino de Juan Guaidó. 

   Posteriormente, Alcalá Cordones se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, luego de constatar que habría unos supuestos planes de bandas criminales para entregarlo a cambio del pago de la recompensa de 10 millones de dólares que el gobierno estadounidense había fijado por su cabeza.

   En los documentos del expediente, el fiscal neoyorquino, Kyle Wirshba informó  al juez federal de distrito, Alvin Hellerstein, que el general y los fiscales habían entablado conversaciones sobre una posible disposición previa al juicio.

   La audiencia del caso del general venezolano, Clíver Antonio Alcalá Cordones estaba programada para el 23 de agosto de 2021 a las 10:30 a.m. pero se aplazó para  el 27 de septiembre de 2021. 

 

jueves, 1 de julio de 2021

El Superintendente de Bancos del régimen de Maduro, Antonio José Morales Rodríguez será ascendido a Coronel, categoría efectivo

Por Maibort Petit

     El Ministerio del Poder Popular para la Defensa del régimen de Nicolás Maduro presentó la lista de los oficiales que serán ascendidos el 5 de julio de 2021. En la lista de Tenientes Coroneles del Ejército, que pasarán al rango de Coronel en la categoría de Efectivo de Comando de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, se encuentra en primer lugar, Antonio José Morales Rodríguez, ex edecán del fallecido, Hugo Chávez Frías y, desde el 8 de junio de 2017, se desempeña como Superintendente de Bancos del régimen de Nicolás Maduro.  

  Morales  Rodríguez fue Director del despacho de la Presidencia en 2010 y también dirigió la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Sudeban.
    Los críticos de Morales Rodríguez advierten que funcionario del régimen "no ha estado en ninguna unidad del Ejército, y que su ascenso sólo corresponde a su servicio a la cúpula política y no a su papel en las Fuerzas Armadas".

Aquí está la lista:






viernes, 21 de mayo de 2021

La guerra asimétrica venezolana llegó a Colombia

   Desde Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro habría emprendido una estrategia de provocación al gobierno de Iván Duque, considerado un enemigo extranjero de la revolución bolivariana.

Por Maibort Petit

   Si bien existen razones de peso para que el pueblo colombiano eleve su voz de protesta en razón de la grave crisis socioeconómica que enfrenta y que se ha incrementado por la pandemia del Covid, tal descontento legítimo habría sido utilizado como caldo de cultivo por parte de los adversarios nacionales y extranjero de la administración neogranadina en su objetivo de debilitar la democracia y el estado de derecho en la región.
   Tales advertencias las expresa Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), quien en su último informe denominado “Asalto asimétrico a Colombia”, quien advierte que la clase media y pobre colombiana es utilizada como herramienta de guerra asimétrica emprendida desde Venezuela.

   El experto en temas de seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental, alerta de que se trata de una amenaza que Colombia no puede resolver sola, sino que requiere un esfuerzo más integral y de la participación de fuerzas democráticas en toda la región para entender que así como fue a Colombia, también va el resto de América Latina.

  Refiere Humire que las protestas comenzaron el 28 de abril ante el anuncio de la implementación de una reforma tributaria por parte del presidente Duque, pero a pesar de que el proyecto fue retirado cuatro días después, las protestas se intensificaron y resultaron en enfrentamientos violentos entre las fuerzas policiales colombianas, manifestantes civiles y otros.

  Al 13 de mayo, hubo 34 muertes, incluido al menos un policía, y más de 1.500 heridos, más de la mitad de los cuales fueron policías heridos por objetos contundentes (hoja, explosivo, arma de fuego, etc.), según la Cancillería de Colombia. Así como más de 600 detenciones por incendio premeditado, vandalismo, robo y destrucción de bancos, comercios, vehículos, cajeros automáticos, monumentos culturales e infraestructura pública en Colombia.

  El informe apunta que organizaciones y grupos de “derechos humanos han denunciado repetidos abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía colombiana contra manifestantes, incluido el uso de tanques con múltiples lanzadores de proyectiles no letales, concretamente en la ciudad de Cali”. Pero igualmente destaca las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien informó el 3 de mayo que al menos seis grupos criminales estaban detrás de los actos de vandalismo y violencia en, subvirtiendo las protestas que de otro modo serían pacíficas. El titular castrense hizo mención, entre otros, a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Escudos Azul y Negro del movimiento juvenil M-19. “Luego, el 8 de mayo, el ministro de Defensa Molano anunció que las autoridades colombianas detuvieron a un comandante de un frente urbano local del ELN, y días después a un disidente de las FARC, quienes presuntamente estaban provocando violencia en la ciudad de Cali mediante armas improvisadas y coordinando con grupos de jóvenes militantes y no identificados venezolanos”.

  Advierte Humire que ya en noviembre de 2019 septiembre de 2020, durante protestas similares, fueron identificados grupos de jóvenes militantes que subvertían dichas protestas y se dedicaban a escalar la violencia y el vandalismo.

  El informe recuerda que, en ese entonces, Diosdado Cabello advirtió que las protestas colombianas eran como una "brisa bolivariana" que fluye desde Venezuela y que nuevamente, el 7 de abril de 2021, antes de las protestas actuales, Cabello a amenazar veladamente a Colombia en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, cuando sostuvo que "vamos a hacer la guerra en su territorio" en respuesta a la posible agresión percibida contra el régimen venezolano.

La estrategia venezolana

  Categóricamente, Joseph Humire sentencia en su informe: “Esta guerra asimétrica ya llegó a Colombia”.

   Sostiene que el gobierno de Iván Duque ha debido lidiar desde agosto de 2018 cuando comenzó su mandato, con la provocación emprendida desde Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, pero advierte Colombia no es un objetivo reciente para la revolución bolivariana.

  Explica que abordar Colombia es un objetivo principal de la estrategia de seguridad nacional de Venezuela desde los albores de dicha revolución bolivariana y, en tal sentido, emprendió una estrategia que depende de la aplicación de una guerra asimétrica contra quienes considera sus adversarios extranjeros.

  Entonces, el reporte hace se remite a noviembre de 2004, cuando el finado presidente Hugo Chávez, a través de un documento denominado “El Nuevo Mapa Estratégico”, impartió órdenes a las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) a objeto de que desarrollaran una nueva doctrina de defensa para el conflicto contemporáneo. Poco tiempo después, en abril de 2005, durante el I Foro Militar de Cuarta Generación y Guerra Asimétrica en Caracas, Chávez dijo: “Hago un llamado a todos para que inicien un (...) esfuerzo por comprender las ideas, conceptos y doctrina de guerra asimétrica”.

   Joseph Humire requiere que, aunque en 2007 fracasó el intento de legitimar la transformación de las fuerzas armadas a través de un referéndum constitucional, en septiembre de 2008, lo hizo mediante un decreto ejecutivo que convirtió al ejército, de una estructura convencional sobre capacidades de dominio de defensa a una estructura asimétrica centrada en el control del territorio. “Las nuevas Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) de Venezuela estarían conformadas por cinco comandos regionales de combate, denominados ‘REDI’, integrados con milicias civiles y otros actores armados no estatales repartidos en veinticuatro zonas de defensa integrada, conocido como ‘ZODI’".

   Bajo este nuevo enfoque del ejército venezolano que entiende la protección de la soberanía estatal como expansión territorial, entre 2013 y 2015, Nicolás Maduro se dedicó a expandir esta estructura asimétrica de defensa integrada a ocho regiones (REDI), 28 zonas (ZODI) y 99 áreas (ADI), convirtiéndose en el nuevo “mapeador en jefe” de Venezuela.

  Refiere el informe que los militares se encuentran integrados con Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) en Colombia y en otros lugares.

jueves, 29 de abril de 2021

Abogado de El Nacional advierte que la sentencia del TSJ por más de USD 13 millones a favor de Diosdado Cabello es inadmisible e imposible de cumplir

   El magistrado ponente Yván Bastardo Flores estimó que el pedido de aclaratoria formulado por la casa editorial, solo buscaba modificar el fondo de la sentencia.

Por Maibort Petit

   Por decisión de la Sala de casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el régimen de Nicolás Maduro, "no hay nada que aclarar respecto a la sentencia emitida por esa máxima instancia judicial el 16 de abril de 2021", mediante la cual se condenó al diario El Nacional a pagar una indemnización por “daño moral” a Diosdado Cabello, equivalente a 237 mil petros, una cantidad que supera los USD 13 millones.
   La representación legal de C.A. Editora El Nacional en manos del abogado Juan Cancio Garantón Nicolai, había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia, aclaratorias de la sentencia emitida en su contra el pasado 16 de abril de del presenta año 2021, pero para la Sala de Casación Penal de la máxima instancia del Poder Judicial, no hay nada que aclarar y, por tanto, confirmó la decisión contra el periódico fundado por Miguel Otero Silva.

   El magistrado ponente de la referida sala del TSJ, Yván Darío Bastardo Flores, declaró “No ha lugar” las solicitudes de aclaratoria y ampliación formulada por el abogado Gargantón Nicolai, respecto al fallo número AVOC-081 de la Sala de Casación Penal.
   Consideró Bastardo Flores que, dada la naturaleza del fallo, “Ni hay condenatoria en costas” y, en tal sentido, remitió el expediente al Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, a los fines de la prosecución de la causa.

   La ponencia refiere que la doctrina y jurisprudencia de la Sala de Casación Penal establecen que “las decisiones que resuelven las solicitudes de ampliaciones, rectificaciones, salvaturas o aclaratorias del fallo, constituyen una potestad del juez, conferida por la ley, que lo faculta para acordar o no dichas solicitudes y, en consecuencia, su negativa no infringe precepto legal alguno”.

   Se remite a la jurisprudencia para aclarar que “(…) es facultativo de los jueces acordar o negar la aclaración o la ampliación pedidas. Si las conceden, puede apelarse contra la resolución dictada, por formar parte de la sentencia; en cambio sí las niega, la providencia denegatoria es inapelable”.

   Agrega que la Sala de Casación Civil en interpretación y aplicación de esta norma ha establecido de forma reiterada, “que la facultad de hacer aclaratorias, rectificaciones, salvaturas o ampliaciones está circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad, los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren en la sentencia, siempre que la solicitud se haga el día de la publicación del fallo o al primer día de despacho siguiente, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que después de dictada una sentencia, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya dictado”.

   Luego de citar diferente jurisprudencia relacionada, el magistrado ponente indica que, en el caso de El Nacional, la Sala de Casación Penal considera que la solicitud de aclaratoria y ampliación hecha “en base a lo previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este caso, por remisión de lo estatuido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deviene en NO HA LUGAR dado que es facultativo de los jueces acordar o negar la aclaratoria peticionada, pero en manera alguna se podrá transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, puesto que se observa, que el solicitante de autos lo que busca es cuestionar el fallo dictado, arguyendo que la decisión debía proferirse en una manera distinta, pretendiendo obtener la modificación o revocatoria de la decisión que estima le resulta lesiva o contraria a sus intereses, en contra de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”.

   Sostiene la sentencia que el pedido del abogado Gargantón Nicolai “deja ver claramente a esta Sala, que su planteamiento desborda o transgrede los postulados de las figuras jurídicas procesales ya señaladas en este fallo; y que lo único que se pretendió fue discutir nuevamente los fundamentos de la decisión ya dictada con anterioridad en este caso, en fecha 16 de abril de 2021, al no estar de acuerdo con la fundamentación de la misma, por haberle sido adversa a sus intereses, en la demanda por daño moral, propuesta por el ciudadano Diosdado Cabello Rondón”.

La solicitud de El Nacional

   El pedido de El Nacional se hizo conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, sobre la sentencia del 16 de abril de 2021 que declaró procedente la segunda fase del avocamiento solicitado por el apoderado judicial de Diosdado Cabello Rondón, Alejandro Castillo Soto.

   Dicha sentencia ordenó a la C.A. El Nacional pagar a Cabello Rondón la cantidad en bolívares equivalente a 237 mil Petros, calculados según su valor para la fecha en que se haga efectivo el pago.

  El abogado de El Nacional advirtió que las aclaratorias eran pertinentes, toda vez que “que se trata de cálculos numéricos y del uso constitucional de nuestro signo monetario El Bolívar”.

   Subrayó que la sentencia en contra del El Nacional no indicó el monto por el cual se condena a la casa editorial, “cantidad que en ninguna oportunidad se indica o se establece”, sino que la sala afirmó que “…a fin de proteger el valor del monto condenado como indemnización por el daño moral acaecido, toma como base de cálculo el valor de la criptomoneda venezolana Petro”.

  El Nacional se remitió a la jurisprudencia para advertir que casos como el de María Elena Matos contra el INIA, cuya sentencia se emitió el 31 de octubre de 2018 por la Sala Político Administrativa, se estableció una compensación moral de 266 Petros en razón de que la trabajadora sufrió discapacidad total, permanente. “Si comparamos los montos de ambas condenas por indemnización de daños morales observamos que no hay ninguna uniformidad o correlación entre las mismas por lo que estimo debe haber un error de cálculos numérico cuando se determina los 237.000 Petros en la sentencia sobre la cual solicito aclaratoria, por cuanto al comparar ambas, vemos que el daño moral sufrido por la trabajadora María Elena Matos es de mayor entidad al que se puede sufrir al ser víctima de difamación”.

  Igualmente, el abogado de El Nacional comparó la sentencia con la de otros casos como la emitida contra el portal informativo La Patilla, advirtiendo que la establecida en este caso “resulta a todas luces una cifra exorbitante, de imposible cumplimiento, no admisible a una indemnización por daño moral que tiene por finalidad una compensación y una satisfacción, mas no la destrucción y quiebra del demandado”.

  Pidió El Nacional al TSJ que se fijara un monto de indemnización debidamente motivado o, incluso, se exonerara del mismo a la casa editorial, por cuanto no se pudo probar la difamación “al haber sido establecido el hecho difamatorio por el juez civil sin que previamente lo hubiese dictaminado el juez penal como es lo procedente conforme a derecho es nuestro petitorio”.

 


viernes, 26 de marzo de 2021

Conozca las razones por las que la viuda de Fernando Albán acusa a Maduro y su empresa criminal del asesinato de su esposo

  ¿Qué alega Meudy Albán Osío para responsabilizar al dictador venezolano y socios, las FARC y el Cartel de los Soles de la muerte del concejal de Primero Justicia ocurrida bajo custodia del SEBIN?

Por Maibort Petit

   La viuda del concejal Fernando Albán, Meudy Albán Osío, demandó por daños y perjuicios a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La familia del dirigente de Primero Justicia responsabiliza al mandatario venezolano del asesinato de este cometido el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

   Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  En la demanda, los demandados recuerdan que Estados Unidos y el mundo han condenado al régimen de Nicolás Maduro por la tortura y asesinato de Fernando Albán y se cita, en primer lugar, a la portavoz de la Casa Blanca para la fecha de los hechos, Sarah Sanders, quien dijo: “Las autoridades venezolanas detuvieron a Albán el 5 de octubre, a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Murió tres días después mientras estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de Venezuela ".

  Asimismo, citan al portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, quien se hizo eco de los sentimientos de la Casa Blanca y afirmó que el asesinato de Fernando Albán "destaca un patrón continuo de abusos de derechos humanos en ese país, represión y uso excesivo de la fuerza".

  Del mismo modo hacen referencia a la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana y del secretario de la OEA, Luis Almagro,que responsabilizaron al régimen de Maduro de la muerte de Albán;  los representantes Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Díaz-Balart (FL-25) y Albio Sires (NJ-08), así como el senador Marco Rubio (FL), quienes exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de Fernando Albán y solicitaron sanciones contra los responsables.

El papel del cartel de los Soles

   Sostiene la demanda que un miembro del ejército venezolano, a través de sobornos, se involucró en el tráfico de drogas en la década de 1990, mientras que para 1992, Hugo Chávez formó integró el que para la fecha se denominaba "Cártel Bolivariano", nombre que cambió en 1993 a "Cártel de los Soles". Ya en la presidencia, Chávez hizo crecer el cártel, otorgando inmunidad a los funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a cambio de su lealtad. En 2005, expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de Venezuela y el país se convirtió en una ruta más atractiva para el tráfico de drogas. El Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las FARC para traficar cocaína, mientras las bases de la fuerza aérea venezolana comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban de Colombia.

  Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro se convirtió en uno de los líderes del Cártel en el que Néstor Reverol Torres y Vladimir Padrino López son figuras importantes. Entretanto, Tarek William Saab y Maikel José Moreno Pérez también apoyan las actividades del cartel.

Las FARC

  Igualmente, se hace mención en la demanda a las FARC como una organización armada y violenta con sede principalmente en Colombia, de la cual varios de sus integrantes, luego de que esta guerrilla depusiera sus armas, desde pues del acuerdo de paz de 2016, se instalaron en Venezuela con la anuencia y apoyo de Nicolás Maduro. Estos en alianza, procuran descarrilar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano mediante la violencia, asesinatos y toma de rehenes, terrorismo.

   Las FARC han sido y siguen siendo fuertemente antiamericanas, considerando a los estadunidenses como "objetivos militares". Para este grupo el narcotráfico en un medio de sustento, particularmente en la frontera con Venezuela.

   Desde el 8 de octubre de 1997 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera a las FARC como organización terrorista extranjera designada.

La empresa criminal de Maduro

  En la demanda de los Albán se indica que la Empresa Criminal Maduro es una asociación que incluye, entre otros, al propio Nicolás Maduro, su régimen, el Cartel de los Soles, las FARC y los individuos demandados (Saab, Moreno, Reverol).

  Sostiene que los miembros de la Empresa Criminal Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de delitos interrelacionados entre ellos (a) el tráfico de estupefacientes; (b) actos de terrorismo que incluyen pero de ninguna manera se limitan al narcoterrorismo; (c) violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, torturas y asesinatos; (d) delitos de corrupción pública; y (e) blanqueo de capitales.

   Cada una de estas actividades delictivas es intrínseca y necesaria para la funcionalidad de la empresa criminal en general, siendo un objetivo central de la empresa y la conspiración, retener el control autoritario sobre Venezuela. Al garantizar que Maduro controle ilegalmente el estado venezolano, la Empresa Criminal Maduro asegura que puede continuar cometiendo delitos rentables, como el tráfico de narcóticos y el saqueo del tesoro venezolano, con impunidad y sin interferencia de la aplicación de la ley legítima.

  Agrega que, a través de actos de terrorismo y abusos a los derechos humanos, la Empresa Criminal Maduro reprime la oposición a su narcotráfico, la corrupción pública y el control autoritario sobre Venezuela.

Las líneas clave de la Empresa Criminal Maduro

   El narcotráfico y el narcoterrorismo son parte fundamental de la Empresa Criminal Maduro, habiendo sus miembros —durante al menos 20 años hasta el día de hoy— actuado junto a las FARC en una vasta conspiración de narcoterrorismo y, a través de ella, ha inundado intencionalmente a Estados Unidos con cocaína, no solo para enriquecer al propio Maduro junto con los demás miembros de su organización, sino también para dañar a EE. UU.

   Cita que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló las acusaciones que imputan una miríada de delitos contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus co-conspiradores de las FARC, por narcotráfico y narcoterrorismo. Luego la demanda hace un recuento de todos los pronunciamientos formulados desde distintas instancias del gobierno estadunidense en los que se describe la conducta criminal de Maduro, su empresa criminal y de sus co-conspiradores en conjunto con el grupo terrorista colombiano. Se indica cómo estos aprovecharon su poder autoritario en Venezuela para apoyar la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico.

  Del mismo modo se hace referencia al hecho de que un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC se ha apoderado de la frontera entre Venezuela y Colombia con apoyo del régimen de Maduro para sus actividades narcoterroristas, permitiéndoles usar el país como un refugio seguro desde el cual pueden continuar conduciendo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada.

  Entre otros, la demanda cita el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, condenados a 18 años de prisión por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos y usar parte de las ganancias en la campaña electoral para la Primera Dama de Venezuela. Los condenados idearon un plan para trabajar con las FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos.

   Agrega la demanda que un rasgo definitorio de la Empresa Criminal Maduro es la relación simbiótica entre sus principales miembros y el Cartel de los Soles y las FARC, trabajando mano a mano para perpetrar una conspiración narcoterrorista masiva, continua y altamente rentable dirigida contra Estados Unidos.

  Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC y estas han asumido funciones estatales en regiones del país, teniendo un gran interés en apoyar al régimen de Maduro. La expansión a Venezuela ha permitido a las FARC llevar a cabo ataques en Colombia y resistir los golpes de las fuerzas de seguridad colombianas. Del mismo modo, refiere la demanda, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones militares de alta gama, como armas antitanques lanzadas desde el hombro. A cambio, las FARC capacitan a las milicias y colectivos que funcionan como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de los Soles.

Los DDHH y el papel del SEBIN

   La demanda suma a las líneas de acción de la Empresa Criminal Maduro, los abusos contra los derechos humanos del régimen, siendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los brazos ejecutores de estas prácticas. Esta fuerza policial política es conocida por el hostigamiento, arresto, tortura y asesinato de presos políticos en Venezuela.

   Precisa que el SEBIN tortura habitualmente a detenidos y presos en su sede, un edificio de oficinas de 16 pisos en la Plaza Venezuela de Caracas. Este edificio también incluye cinco pisos subterráneos, apodados "La Tumba" por los funcionarios venezolanos. Allí, los presos políticos se mantienen en condiciones inhumanas a temperaturas bajo cero y sin ventilación, saneamiento ni luz natural. Las celdas son de dos por tres metros, con una cama de cemento, cámaras de seguridad y puertas enrejadas, cada celda alineada una al lado de la otra para que no haya interacciones entre los presos. Estas condiciones han provocado que los presos enfermen gravemente, a pesar de lo cual se les niega el tratamiento médico. El SEBIN también detiene a presos políticos en un segundo edificio, conocido como El Helicoide. La demanda describe toda la actividad criminal del SEBIN.

Cleptocracia y corrupción

  La demanda además describe al régimen de Nicolás Maduro como una cleptocracia que ha saqueado sistemáticamente a Venezuela, según lo ha afirmado la Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.

  La Empresa Criminal Maduro blanqueó el producto de sus actividades delictivas a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de Florida, indica la demanda.

La Empresa Criminal Maduro contra Albán

  Ante las denuncias que Fernando Albán formuló contra el régimen criminal de Nicolás Maduro, incluso en la asamblea de la ONU, la familia comenzó a recibir amenazas de muerte que llevaron a que la esposa del concejal y sus hijos tuvieran que huir a los Estados Unidos donde pidieron y obtuvieron asilo en julio de 2018.

  Tales denuncias, sostienen los demandantes que a razón de la persecución que el régimen de Maduro emprendió contra Albán y la delegación de su partido político, Primero Justicia en Nueva York, decidió arremeter contra el dirigente, capturarlo y luego asesinarlo.

   Para ello, la Empresa Criminal Maduro secuestró, a través del SEBIN, a Fernando Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando regresó de Nueva York a Venezuela el 5 de octubre de 2018.

  La demanda describe todo lo que califica como un secuestro y cómo le fabricaron cargos para justificar su detención y cómo agentes del SEBIN lo trasladaron al Palacio de Justicia donde fue presentado a un tribunal que declinó competencia y lo remitió al Tribunal de Control de Terrorismo, una instancia judicial utilizada por el régimen de Maduro para atacar a los líderes de la oposición.

  Asegura la demanda que el régimen de Maduro torturó y asesinó a Fernando Albán.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN, luego de torturarlo y asesinarlo, arrojó el cadáver de Albán desde el décimo piso de su sede.

  El fiscal general, Tarek William Saab, anunció por teléfono durante una transmisión por la televisora estatal VTV, que Albán “se había suicidado”, una historia que no resistió el escrutinio por mucho tiempo porque los baños en desde los cuales se dijo que se había lanzado, no tienen ventanas.

  Más tarde, el ministro del Interior, Néstor Reverol, hizo una declaración diferente, según la cual, Albán se lanzó desde la sala de espera.

  La demanda describe todas las contradicciones en que el régimen incurrió al informar del caso.