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viernes, 17 de septiembre de 2021

Empantanado hasta el cuello, Hugo Carvajal amenaza con no hundirse solo

Por Maibort Petit  

  Quien fuera uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez está usando sus últimos recursos para evitar a toda costa ser entregado al gobierno de los Estados Unidos, donde diversos documentos, testimonios e informes, lo acusan, no solamente de participar en actividades de narcotráfico, sino también de haber brindado protección a muchos capos de la droga.

   Desde el día de su captura, tras pasar más de un año y medio fugitivo, el mayor general y exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, se hunde en un pantano. Cada vez se hace más complejo el caso, en la medida en que se amplía el plazo para que concrete su extradición a los Estados Unidos, donde es acusado de delitos de narcoterrorismo. En una acción de emergencia, la Audiencia Nacional de España suspendió cautelarmente su entrega a las autoridades norteamericanas prevista para el miércoles 15 de septiembre, alegando que el Ministerio del Interior debía resolver una petición de asilo que solicitó en 2019 y que luego se supo que había denegado en septiembre de ese mismo año.  Ahora ha concedido una audiencia para el lunes 20 de septiembre donde expondrá las relaciones de las FARC y el grupo terrorista ETA, según se anunció el pasado jueves.

   En su hundimiento, Carvajal ha amenazado con arrastrar a otros consigo. “Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países”, ha sentenciado.

    La amenaza, la habría formulado a personas de su entorno que lo dieron a conocer al portal Libertad Digital que informa lo que habría sido el remate de su advertencia: “Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado tiraré una cerilla desde mi avión para que arda".

   Carvajal Barrios quien habría manifestado el hartazgo que le provoca lo que ha vivido en los últimos días en España, tendría como intención demostrar "su inocencia" con base a pruebas que dice tener. Incluso, habría propuesto ser juzgado en España por los mismos delitos de que se le acusa en EE. UU.

     De acuerdo a las fuentes del citado portal, “El Pollo” Carvajal se dedicó durante el tiempo en que se mantuvo prófugo, a recabar información que afectaría al gobierno de Pedro Sánchez y otras administraciones socialistas del pasado[2].

   El general venezolano trata por todos los medios a su alcance, evitar ser trasladado a los EE. UU. donde documentos e investigaciones lo señalan como protector de narcotraficantes, tal como lo reseñaremos líneas más adelante.

    Sobre la solicitud de asilo, el ministerio del Interior habría informado al tribunal y a la prisión de Estremera en la que se encuentra recluido Carvajal Barrios, que el asilo fue denegado en 2019.

    Así lo recoge una nota de la agencia española EFE y que agrega que “El Pollo” Carvajal “solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso (…) Su petición se tramitó y se negó por parte de la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior al no cumplir los requisitos, una resolución que el 23 de septiembre de 2019 fue remitida a la cárcel de Estremera porque en esa prisión había ingresado Carvajal y porque el solicitante no había señalado ningún domicilio particular en España”.

   Una nota de El Mundo de España, sostiene que Hugo Carvajal le pidió a la justicia española impedir su extradición a los Estados Unidos, toda vez que, supuestamente, habría actuado como confidente de los servicios de inteligencia de la nación ibérica[4].

   También El Mundo, en otra nota, informó que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España citó a Carvajal a declarar el lunes 19 de septiembre con relación a “unas diligencias abiertas por terrorismo internacional”, esto a solicitud de la defensa del general venezolano

   Antes de darse a la fuga, la Audiencia Nacional había ofrecido a Carvajal actuar como testigo protegido “siempre y cuando aportara información relevante relacionada con los vínculos de ETA con Venezuela”. Esto no se concretó en aquel momento y ahora, luego de su detención, Carvajal decidió colaborar por voluntad propia. Igualmente ha ofrecido aportar información sobre las FARC[5].

Custodio de narcos

   Una investigación periodística llevada a cabo por Proyecto ITEMP — acrónimo de “Investigación de Temas Periodísticos”— denominada “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”[6], explica cómo “El Pollo” Carvajal, a la luz del poder que ostentaba, habría brindado protección y cooperación a narcotraficantes que, en territorio venezolano, encontraron un aliviadero para sus actividades criminales.

   “Pregúntele a Carvajal qué hacía Yesid Ríos en su casa y en su velero en Margarita, en la marina de la isla, ¿por qué lo protegía allá? ¡Demasiadas cosas están claras! Le brindó documentación, carros, escoltas, todo”, es una de las citas que la nota periodística hace del testimonio rendido por un narcotraficante colombiano que, para el momento del reportaje, rendía cuentas a la justicia estadunidense.

   Dicho capo de la droga habría disfrutado durante, por lo menos, seis años de la protección de Carvajal y ahora es testigo clave de la acusación contra exjefe de inteligencia venezolano. Se trata de Yesid Ríos Suárez, también conocido como “El Enano”, quien era un proveedor de drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaba entre Apure y Carabobo y de allí iba a supervisar los laboratorios de cocaína en el departamento colombiano de Arauca, desde donde la droga pasaba a Venezuela para, desde pistas aéreas clandestinas, ser enviada a sus destinos finales. Entre los jerarcas del grupo guerrillero —era miembro de su Estado Mayor— a los que Ríos Suárez le servía de agente, se encontraba Noé Suárez Rojas, alias “Germán Suárez Briceño” o “Grannobles”.

  “El Enano” sostiene pudo mantener su base de operaciones en Venezuela, gracias al respaldo que “el Pollo” Carvajal le brindaba con custodia directa, escoltas y documentación oficial venezolana.

   A los fiscales estadunidenses, “El Enano” entregó pruebas de sus afirmaciones, las cuales incluían “una lista de oficiales venezolanos a su servicio, honorarios pagados, además de información única del exjefe de inteligencia”. El récord entregado por el narcotraficante colombiano incluía “a seis oficiales, hoy con rango de generales, que hicieron parte del Gobierno de Hugo Chávez en cargos estratégicos de seguridad, y actualmente se desempeñan en otros puestos en la administración de Nicolás Maduro”, recoge la investigación de ITEMP que, además, refiere haber conversado con el abogado defensor de Yesid Ríos Suárez: “Lo que relató mi cliente, relacionado con los servicios que le brindó Carvajal, es totalmente cierto, y sirvió de mucho a los fiscales para armar otros casos”.

   Igualmente se refiere que estos datos de “El Enano” coinciden con las versiones aportadas por otro colaborador suyo que fue condenado por una corte de Nueva York. Este certificó que Hugo Carvajal, a cambio de comisiones en dólares, asistía a “El Enano” en tanto en Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe combatía a la guerrilla desde 2002. “Cuando en Venezuela nos informaron que iba la deportación a Colombia y después seguro a USA, llamé al general Carvajal a su celular. Me atendió y le pregunté ‘¿qué pasó?’, a ver si podía ayudarnos. Respondió que ya eso escapaba de sus manos y colgó”, manifestó el operario y así lo recoge el reportaje.

  ITEMP cita también el caso de Yon Pelayo Garzón Garzón, testigo con el que también la fiscalía ha ensamblado el caso contra “El Pollo” Carvajal. Se trata de un miliciano que se infiltró en las FARC en procura de información para la inteligencia colombiana. Este trabajó para El Enano” y cuenta que, en una ocasión, octubre de 2002, fue a una reunión que se celebró en frontera entre el estado Apure venezolano y el departamento de Arauca colombiano, donde se discutió la entrega de armas por parte de Hugo Carvajal y la custodia que este brindaría a los narcos. Garzón se convirtió en testigo protegido de la DEA.

   Lo curioso, según el reportaje, es que estos hechos que los periodistas conocieron en documentos suministrados por medio del abogado defensor de un caso de narcotráfico en Colombia en el que “El Pollo” Carvajal estaba involucrado figuran en el expediente 499-2002 de neogranadina “a la que Garzón sirvió como testigo en varios casos de droga, una muestra de que el Gobierno colombiano conocía el historial delincuencial del confidente de Chávez mucho antes de su ascenso como jefe de la inteligencia militar venezolana. Una revisión de los registros públicos judiciales en Colombia revela que en todos estos años la Fiscalía de ese país nunca abrió un caso criminal en contra de Carvajal, a pesar de lo que sabía”.

   El expresidente Álvaro Uribe les dijo a los periodistas de ITEMP que él le había informado a Hugo Chávez sobre los campamentos que las FARC tenían en Venezuela, pero este lo negó. Sobre Carvajal, manifestó no recordar que le advirtiera de su protección a narcoguerrilleros. Los comunicadores refieren que le enviaron un cuestionario a Hugo Carvajal una semana antes de que este se fugara en 2019, pero que este no contestó debido a dicha circunstancia.

   La actividad de protección y custodia de narcotraficantes y drogas le habría brindado grandes beneficios económicos a Hugo Carvajal, según recoge Proyecto ITEMP. En tal sentido citan el caso de un capo de la cocaína detenido en Venezuela y que después fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos, quien declaró para el reportaje y aseguró que pagaba al mayor general venezolano “miles de dólares al general, mensualmente, aunque dependía de la carga que se enviaba”.

“Uno de estos narcotraficantes relató a la DEA que le dispensaba pagos periódicos a Carvajal de 50.000 dólares, mientras el general custodiaba sus rutas, y habló de la ‘guardia pretoriana’ de oficiales de las fuerzas armadas y políticos del Gobierno de Venezuela que ejercían de intermediario en este negocio”.

  El reportaje también hace referencia a la relación de “El Pollo” Carvajal con otros narcotraficantes, como Luis Frank Tello Candelo, alias el “Negro Frank”, quien luego de ser extraditado a EE. UU., ha suministrado valiosa información a los fiscales de Nueva York y Miami sobre las supuestas actividades delictivas de Carvajal Barrios.

   Entre lo referido por Tello Candelo está un hecho ocurrido en febrero de 2006, cuando “Previo a una operación de gran valor que se iba a realizar en Venezuela, en febrero de 2006, el Cartel de Sinaloa envió al ‘Negro Frank’ un millón de dólares que iban, supuestamente, para cortejar a Carvajal”. De todos se advierte en la nota que “El emisario del Cartel de Sinaloa con el botín, sin embargo, nunca pudo constatar si el dinero realmente fue entregado o si era para Carvajal, indicó en la entrevista, porque para aquella cita a la que asistió con Tello Candelo en un restaurante al este de Caracas nunca se apersonó el general”.

El cabecilla del Cártel de los Soles

   ITEMP tuvo acceso a un informe de la DEA que refiere que Hugo Carvajal cooperó con el crimen organizado y las guerrillas prácticamente como una rama de su oficio, indicando que el general se reunía con miembros del gobierno de Hugo Chávez, “con o sin participación del mandatario”, se advierte y en dichos encuentros se planificaban operaciones de narcotráfico y apoyo a las FARC.

  El documento daría cuenta de los lugares de las citas, sus participantes y funciones, revelando que Chávez habría sido el verdadero cabecilla del llamado “Cartel de los Soles” y “hasta dónde sus más cercanos colaboradores, como Diosdado Cabello o Tareck El Aissami, fueron partícipes de una empresa criminal para retener el poder alrededor de esta organización”.

   El reporte de la DEA, de acuerdo a ITEMP, asevera que “aparte de Carvajal, algunos de los otros miembros del Cártel de los Soles que ejercieron en los niveles más altos del Gobierno de Venezuela fueron el expresidente Hugo Chávez, el exvicepresidente Tareck El Aissami y el exvicepresidente Diosdado Cabello”.

   Igualmente, hace mención a uno de los testigos contra el general quien sería un exjuez (Testigo 1), quien indicó que en 2005 asistió a una reunión en el palacio de gobierno en la que estaban presentes el presidente Chávez, Carvajal, el general Henry Rangel Silva (para la fecha jefe de la DISIP), Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. “Durante la reunión, Chávez instó al grupo a promover sus objetivos políticos, incluido combatir a Estados Unidos ‘inundando’ el país de cocaína. Chávez les ordenó a Carvajal, Cabello, Rangel Silva y otros coordinarse con las FARC, y asignó al Testigo 1, entre otros, evitar que las autoridades del orden público interfirieran con estas actividades. El Testigo 1 más tarde se enteró de que este grupo se reunía mensualmente y asistió aproximadamente a cuatro encuentros mensuales”.

  Estiman en ITEMP que el referido magistrado, según datos recabados, podría ser el exmagistrado del tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte.

Los señalamientos de Leamsy Salazar

  El informe de la DEA citado por Proyecto ITEMPt también menciona que teniente de la Armada venezolana Leamsy Salazar Villasaña, ex-escolta de Diosdado Cabello y de Hugo Chávez en la Casa Militar, ha aportado datos en el caso que Estados Unidos mantiene contra Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, Cabello y el Cartel de los Soles. Se lo identifica como Testigo 2.

   El informe de la DEA refiere que Salazar dijo que “a mediados de 2008 proporcionó la seguridad en una reunión organizada por Chávez en su rancho, a la que asistieron, entre otros, el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’ (…) Durante la reunión, el Testigo 2 ‘escuchó a Márquez describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y computadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela (PDVSA) ’ (…) El Testigo 2‘ oyó a Chávez hablando por teléfono de Carvajal. Durante la llamada, escuchó a Chávez referirse a Carvajal por su apodo, el ‘Pollo’ y ordenarle que suministrara armas a las FARC’”.

  También Salazar habría sido testigo de que como en tiempos en que ya se desempeñaba como escolta de Diosdado Cabello, vio cómo el El Pollo Carvajal coordinó el despacho de lo que parecía ser cocaína en unas lanchas rápidas en el Cabo San Román.

REFERENCIAS

[1] OK Diario. “La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a EEUU”. 14 de septiembre de 2021. https://okdiario.com/espana/audiencia-nacional-suspende-cautelarmente-extradicion-pollo-carvajal-eeuu-7788916

[2] Libertad Digital. “El 'Pollo' Carvajal amenaza con tirar de la manta y señala al Gobierno: ‘Si caigo, no caeré solo’”. 14 de septiembre de 2021. https://www.libertaddigital.com/espana/2021-09-14/pollo-hugo-carvajal-amenaza-tirar-manta-gobierno-6817716/

[3] EFE “Hugo ‘Pollo’ Carvajal saca las garras y pide declarar ante el juez español sobre ETA y las FARC”. 16 de septiembre de 2021.

[4] El Mundo. “'El Pollo' Carvajal esgrime que trabajó con "el CNI" para evitar su extradición a EEUU”. 15 de septiembre de 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/15/61422b00e4d4d89b3f8b4587.html

[5] El Mundo. “La Audiencia Nacional cita a 'El Pollo' Carvajal el lunes para declarar sobre terrorismo”. 16 septiembre 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/16/61436f06e4d4d86a6c8b45b4.html

[6] Proyecto ITEMP. “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”. 31 de diciembre de 2020. https://www.itempnews.org/2020/12/31/jefe-espias/

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Clíver Alcalá Cordones tendrá nueva audiencia del 27 de septiembre, el militar estudia declararse culpable de delitos de narcotráfico en Nueva York

 Por Maibort Petit

  Reciente información, dada a conocer por la defensa del mayor general, Clíver Alcalá Cordones indica que se estaría trabajando con los fiscales declararse culpable de algunos de los cargos de narcotráfico y terrorismo de los cuales lo acusa el gobierno de Estados Unidos.

   El expediente de Alcalá Cordones incluye a otros acusados, a saber: Hugo Armando Carvajal Barrios, Luciano Marín Arango, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Néstor Reverol y otros que según los fiscales estadounidenses forman parte del Cártel de los Soles y que trabajaron en una empresa criminal desde 1999 hasta 2019 para enviar cocaína a los Estados Unidos.

   En la última actualización del caso, aparecen documentos que relatan las diligencias que están haciendo los abogados de la defensa para llegar acuerdos con los fiscales para una declaración de culpabilidad del acusado de delitos de narcoterrorismo. En la audiencia, prevista para el 27 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se podría discutir el tema.

  De llegarse a declarar culpable y acordar colaborar con la justicia, Clíver Alcalá podría testificar en los casos contra Nicolás Maduro y otros de los acusados en la acusación federal que se dio a conocer en marzo de 2019 y que involucra a los cabecillas del régimen venezolano.

  El general Alcalá Cordones, cuyo hermano Carlos Alcalá Cordones es el embajador del régimen venezolano ante la República Islámica de Irán,  se retiró de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2013 y posteriormente se pronunció públicamente contra el régimen chavista. Posteriormente se escondió en Colombia y se declaró soldado del gobierno interino de Juan Guaidó. 

   Posteriormente, Alcalá Cordones se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, luego de constatar que habría unos supuestos planes de bandas criminales para entregarlo a cambio del pago de la recompensa de 10 millones de dólares que el gobierno estadounidense había fijado por su cabeza.

   En los documentos del expediente, el fiscal neoyorquino, Kyle Wirshba informó  al juez federal de distrito, Alvin Hellerstein, que el general y los fiscales habían entablado conversaciones sobre una posible disposición previa al juicio.

   La audiencia del caso del general venezolano, Clíver Antonio Alcalá Cordones estaba programada para el 23 de agosto de 2021 a las 10:30 a.m. pero se aplazó para  el 27 de septiembre de 2021. 

 

jueves, 1 de julio de 2021

El Superintendente de Bancos del régimen de Maduro, Antonio José Morales Rodríguez será ascendido a Coronel, categoría efectivo

Por Maibort Petit

     El Ministerio del Poder Popular para la Defensa del régimen de Nicolás Maduro presentó la lista de los oficiales que serán ascendidos el 5 de julio de 2021. En la lista de Tenientes Coroneles del Ejército, que pasarán al rango de Coronel en la categoría de Efectivo de Comando de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, se encuentra en primer lugar, Antonio José Morales Rodríguez, ex edecán del fallecido, Hugo Chávez Frías y, desde el 8 de junio de 2017, se desempeña como Superintendente de Bancos del régimen de Nicolás Maduro.  

  Morales  Rodríguez fue Director del despacho de la Presidencia en 2010 y también dirigió la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Sudeban.
    Los críticos de Morales Rodríguez advierten que funcionario del régimen "no ha estado en ninguna unidad del Ejército, y que su ascenso sólo corresponde a su servicio a la cúpula política y no a su papel en las Fuerzas Armadas".

Aquí está la lista:






viernes, 21 de mayo de 2021

La guerra asimétrica venezolana llegó a Colombia

   Desde Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro habría emprendido una estrategia de provocación al gobierno de Iván Duque, considerado un enemigo extranjero de la revolución bolivariana.

Por Maibort Petit

   Si bien existen razones de peso para que el pueblo colombiano eleve su voz de protesta en razón de la grave crisis socioeconómica que enfrenta y que se ha incrementado por la pandemia del Covid, tal descontento legítimo habría sido utilizado como caldo de cultivo por parte de los adversarios nacionales y extranjero de la administración neogranadina en su objetivo de debilitar la democracia y el estado de derecho en la región.
   Tales advertencias las expresa Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS), quien en su último informe denominado “Asalto asimétrico a Colombia”, quien advierte que la clase media y pobre colombiana es utilizada como herramienta de guerra asimétrica emprendida desde Venezuela.

   El experto en temas de seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental, alerta de que se trata de una amenaza que Colombia no puede resolver sola, sino que requiere un esfuerzo más integral y de la participación de fuerzas democráticas en toda la región para entender que así como fue a Colombia, también va el resto de América Latina.

  Refiere Humire que las protestas comenzaron el 28 de abril ante el anuncio de la implementación de una reforma tributaria por parte del presidente Duque, pero a pesar de que el proyecto fue retirado cuatro días después, las protestas se intensificaron y resultaron en enfrentamientos violentos entre las fuerzas policiales colombianas, manifestantes civiles y otros.

  Al 13 de mayo, hubo 34 muertes, incluido al menos un policía, y más de 1.500 heridos, más de la mitad de los cuales fueron policías heridos por objetos contundentes (hoja, explosivo, arma de fuego, etc.), según la Cancillería de Colombia. Así como más de 600 detenciones por incendio premeditado, vandalismo, robo y destrucción de bancos, comercios, vehículos, cajeros automáticos, monumentos culturales e infraestructura pública en Colombia.

  El informe apunta que organizaciones y grupos de “derechos humanos han denunciado repetidos abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía colombiana contra manifestantes, incluido el uso de tanques con múltiples lanzadores de proyectiles no letales, concretamente en la ciudad de Cali”. Pero igualmente destaca las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien informó el 3 de mayo que al menos seis grupos criminales estaban detrás de los actos de vandalismo y violencia en, subvirtiendo las protestas que de otro modo serían pacíficas. El titular castrense hizo mención, entre otros, a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Escudos Azul y Negro del movimiento juvenil M-19. “Luego, el 8 de mayo, el ministro de Defensa Molano anunció que las autoridades colombianas detuvieron a un comandante de un frente urbano local del ELN, y días después a un disidente de las FARC, quienes presuntamente estaban provocando violencia en la ciudad de Cali mediante armas improvisadas y coordinando con grupos de jóvenes militantes y no identificados venezolanos”.

  Advierte Humire que ya en noviembre de 2019 septiembre de 2020, durante protestas similares, fueron identificados grupos de jóvenes militantes que subvertían dichas protestas y se dedicaban a escalar la violencia y el vandalismo.

  El informe recuerda que, en ese entonces, Diosdado Cabello advirtió que las protestas colombianas eran como una "brisa bolivariana" que fluye desde Venezuela y que nuevamente, el 7 de abril de 2021, antes de las protestas actuales, Cabello a amenazar veladamente a Colombia en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, cuando sostuvo que "vamos a hacer la guerra en su territorio" en respuesta a la posible agresión percibida contra el régimen venezolano.

La estrategia venezolana

  Categóricamente, Joseph Humire sentencia en su informe: “Esta guerra asimétrica ya llegó a Colombia”.

   Sostiene que el gobierno de Iván Duque ha debido lidiar desde agosto de 2018 cuando comenzó su mandato, con la provocación emprendida desde Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, pero advierte Colombia no es un objetivo reciente para la revolución bolivariana.

  Explica que abordar Colombia es un objetivo principal de la estrategia de seguridad nacional de Venezuela desde los albores de dicha revolución bolivariana y, en tal sentido, emprendió una estrategia que depende de la aplicación de una guerra asimétrica contra quienes considera sus adversarios extranjeros.

  Entonces, el reporte hace se remite a noviembre de 2004, cuando el finado presidente Hugo Chávez, a través de un documento denominado “El Nuevo Mapa Estratégico”, impartió órdenes a las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) a objeto de que desarrollaran una nueva doctrina de defensa para el conflicto contemporáneo. Poco tiempo después, en abril de 2005, durante el I Foro Militar de Cuarta Generación y Guerra Asimétrica en Caracas, Chávez dijo: “Hago un llamado a todos para que inicien un (...) esfuerzo por comprender las ideas, conceptos y doctrina de guerra asimétrica”.

   Joseph Humire requiere que, aunque en 2007 fracasó el intento de legitimar la transformación de las fuerzas armadas a través de un referéndum constitucional, en septiembre de 2008, lo hizo mediante un decreto ejecutivo que convirtió al ejército, de una estructura convencional sobre capacidades de dominio de defensa a una estructura asimétrica centrada en el control del territorio. “Las nuevas Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB) de Venezuela estarían conformadas por cinco comandos regionales de combate, denominados ‘REDI’, integrados con milicias civiles y otros actores armados no estatales repartidos en veinticuatro zonas de defensa integrada, conocido como ‘ZODI’".

   Bajo este nuevo enfoque del ejército venezolano que entiende la protección de la soberanía estatal como expansión territorial, entre 2013 y 2015, Nicolás Maduro se dedicó a expandir esta estructura asimétrica de defensa integrada a ocho regiones (REDI), 28 zonas (ZODI) y 99 áreas (ADI), convirtiéndose en el nuevo “mapeador en jefe” de Venezuela.

  Refiere el informe que los militares se encuentran integrados con Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) en Colombia y en otros lugares.

jueves, 29 de abril de 2021

Abogado de El Nacional advierte que la sentencia del TSJ por más de USD 13 millones a favor de Diosdado Cabello es inadmisible e imposible de cumplir

   El magistrado ponente Yván Bastardo Flores estimó que el pedido de aclaratoria formulado por la casa editorial, solo buscaba modificar el fondo de la sentencia.

Por Maibort Petit

   Por decisión de la Sala de casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el régimen de Nicolás Maduro, "no hay nada que aclarar respecto a la sentencia emitida por esa máxima instancia judicial el 16 de abril de 2021", mediante la cual se condenó al diario El Nacional a pagar una indemnización por “daño moral” a Diosdado Cabello, equivalente a 237 mil petros, una cantidad que supera los USD 13 millones.
   La representación legal de C.A. Editora El Nacional en manos del abogado Juan Cancio Garantón Nicolai, había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia, aclaratorias de la sentencia emitida en su contra el pasado 16 de abril de del presenta año 2021, pero para la Sala de Casación Penal de la máxima instancia del Poder Judicial, no hay nada que aclarar y, por tanto, confirmó la decisión contra el periódico fundado por Miguel Otero Silva.

   El magistrado ponente de la referida sala del TSJ, Yván Darío Bastardo Flores, declaró “No ha lugar” las solicitudes de aclaratoria y ampliación formulada por el abogado Gargantón Nicolai, respecto al fallo número AVOC-081 de la Sala de Casación Penal.
   Consideró Bastardo Flores que, dada la naturaleza del fallo, “Ni hay condenatoria en costas” y, en tal sentido, remitió el expediente al Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, a los fines de la prosecución de la causa.

   La ponencia refiere que la doctrina y jurisprudencia de la Sala de Casación Penal establecen que “las decisiones que resuelven las solicitudes de ampliaciones, rectificaciones, salvaturas o aclaratorias del fallo, constituyen una potestad del juez, conferida por la ley, que lo faculta para acordar o no dichas solicitudes y, en consecuencia, su negativa no infringe precepto legal alguno”.

   Se remite a la jurisprudencia para aclarar que “(…) es facultativo de los jueces acordar o negar la aclaración o la ampliación pedidas. Si las conceden, puede apelarse contra la resolución dictada, por formar parte de la sentencia; en cambio sí las niega, la providencia denegatoria es inapelable”.

   Agrega que la Sala de Casación Civil en interpretación y aplicación de esta norma ha establecido de forma reiterada, “que la facultad de hacer aclaratorias, rectificaciones, salvaturas o ampliaciones está circunscrita a la posibilidad de exponer con mayor claridad, los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren en la sentencia, siempre que la solicitud se haga el día de la publicación del fallo o al primer día de despacho siguiente, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que después de dictada una sentencia, no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya dictado”.

   Luego de citar diferente jurisprudencia relacionada, el magistrado ponente indica que, en el caso de El Nacional, la Sala de Casación Penal considera que la solicitud de aclaratoria y ampliación hecha “en base a lo previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este caso, por remisión de lo estatuido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deviene en NO HA LUGAR dado que es facultativo de los jueces acordar o negar la aclaratoria peticionada, pero en manera alguna se podrá transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, puesto que se observa, que el solicitante de autos lo que busca es cuestionar el fallo dictado, arguyendo que la decisión debía proferirse en una manera distinta, pretendiendo obtener la modificación o revocatoria de la decisión que estima le resulta lesiva o contraria a sus intereses, en contra de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”.

   Sostiene la sentencia que el pedido del abogado Gargantón Nicolai “deja ver claramente a esta Sala, que su planteamiento desborda o transgrede los postulados de las figuras jurídicas procesales ya señaladas en este fallo; y que lo único que se pretendió fue discutir nuevamente los fundamentos de la decisión ya dictada con anterioridad en este caso, en fecha 16 de abril de 2021, al no estar de acuerdo con la fundamentación de la misma, por haberle sido adversa a sus intereses, en la demanda por daño moral, propuesta por el ciudadano Diosdado Cabello Rondón”.

La solicitud de El Nacional

   El pedido de El Nacional se hizo conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, sobre la sentencia del 16 de abril de 2021 que declaró procedente la segunda fase del avocamiento solicitado por el apoderado judicial de Diosdado Cabello Rondón, Alejandro Castillo Soto.

   Dicha sentencia ordenó a la C.A. El Nacional pagar a Cabello Rondón la cantidad en bolívares equivalente a 237 mil Petros, calculados según su valor para la fecha en que se haga efectivo el pago.

  El abogado de El Nacional advirtió que las aclaratorias eran pertinentes, toda vez que “que se trata de cálculos numéricos y del uso constitucional de nuestro signo monetario El Bolívar”.

   Subrayó que la sentencia en contra del El Nacional no indicó el monto por el cual se condena a la casa editorial, “cantidad que en ninguna oportunidad se indica o se establece”, sino que la sala afirmó que “…a fin de proteger el valor del monto condenado como indemnización por el daño moral acaecido, toma como base de cálculo el valor de la criptomoneda venezolana Petro”.

  El Nacional se remitió a la jurisprudencia para advertir que casos como el de María Elena Matos contra el INIA, cuya sentencia se emitió el 31 de octubre de 2018 por la Sala Político Administrativa, se estableció una compensación moral de 266 Petros en razón de que la trabajadora sufrió discapacidad total, permanente. “Si comparamos los montos de ambas condenas por indemnización de daños morales observamos que no hay ninguna uniformidad o correlación entre las mismas por lo que estimo debe haber un error de cálculos numérico cuando se determina los 237.000 Petros en la sentencia sobre la cual solicito aclaratoria, por cuanto al comparar ambas, vemos que el daño moral sufrido por la trabajadora María Elena Matos es de mayor entidad al que se puede sufrir al ser víctima de difamación”.

  Igualmente, el abogado de El Nacional comparó la sentencia con la de otros casos como la emitida contra el portal informativo La Patilla, advirtiendo que la establecida en este caso “resulta a todas luces una cifra exorbitante, de imposible cumplimiento, no admisible a una indemnización por daño moral que tiene por finalidad una compensación y una satisfacción, mas no la destrucción y quiebra del demandado”.

  Pidió El Nacional al TSJ que se fijara un monto de indemnización debidamente motivado o, incluso, se exonerara del mismo a la casa editorial, por cuanto no se pudo probar la difamación “al haber sido establecido el hecho difamatorio por el juez civil sin que previamente lo hubiese dictaminado el juez penal como es lo procedente conforme a derecho es nuestro petitorio”.

 


viernes, 26 de marzo de 2021

Conozca las razones por las que la viuda de Fernando Albán acusa a Maduro y su empresa criminal del asesinato de su esposo

  ¿Qué alega Meudy Albán Osío para responsabilizar al dictador venezolano y socios, las FARC y el Cartel de los Soles de la muerte del concejal de Primero Justicia ocurrida bajo custodia del SEBIN?

Por Maibort Petit

   La viuda del concejal Fernando Albán, Meudy Albán Osío, demandó por daños y perjuicios a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La familia del dirigente de Primero Justicia responsabiliza al mandatario venezolano del asesinato de este cometido el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

   Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  En la demanda, los demandados recuerdan que Estados Unidos y el mundo han condenado al régimen de Nicolás Maduro por la tortura y asesinato de Fernando Albán y se cita, en primer lugar, a la portavoz de la Casa Blanca para la fecha de los hechos, Sarah Sanders, quien dijo: “Las autoridades venezolanas detuvieron a Albán el 5 de octubre, a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Murió tres días después mientras estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de Venezuela ".

  Asimismo, citan al portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, quien se hizo eco de los sentimientos de la Casa Blanca y afirmó que el asesinato de Fernando Albán "destaca un patrón continuo de abusos de derechos humanos en ese país, represión y uso excesivo de la fuerza".

  Del mismo modo hacen referencia a la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana y del secretario de la OEA, Luis Almagro,que responsabilizaron al régimen de Maduro de la muerte de Albán;  los representantes Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Díaz-Balart (FL-25) y Albio Sires (NJ-08), así como el senador Marco Rubio (FL), quienes exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de Fernando Albán y solicitaron sanciones contra los responsables.

El papel del cartel de los Soles

   Sostiene la demanda que un miembro del ejército venezolano, a través de sobornos, se involucró en el tráfico de drogas en la década de 1990, mientras que para 1992, Hugo Chávez formó integró el que para la fecha se denominaba "Cártel Bolivariano", nombre que cambió en 1993 a "Cártel de los Soles". Ya en la presidencia, Chávez hizo crecer el cártel, otorgando inmunidad a los funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a cambio de su lealtad. En 2005, expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de Venezuela y el país se convirtió en una ruta más atractiva para el tráfico de drogas. El Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las FARC para traficar cocaína, mientras las bases de la fuerza aérea venezolana comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban de Colombia.

  Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro se convirtió en uno de los líderes del Cártel en el que Néstor Reverol Torres y Vladimir Padrino López son figuras importantes. Entretanto, Tarek William Saab y Maikel José Moreno Pérez también apoyan las actividades del cartel.

Las FARC

  Igualmente, se hace mención en la demanda a las FARC como una organización armada y violenta con sede principalmente en Colombia, de la cual varios de sus integrantes, luego de que esta guerrilla depusiera sus armas, desde pues del acuerdo de paz de 2016, se instalaron en Venezuela con la anuencia y apoyo de Nicolás Maduro. Estos en alianza, procuran descarrilar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano mediante la violencia, asesinatos y toma de rehenes, terrorismo.

   Las FARC han sido y siguen siendo fuertemente antiamericanas, considerando a los estadunidenses como "objetivos militares". Para este grupo el narcotráfico en un medio de sustento, particularmente en la frontera con Venezuela.

   Desde el 8 de octubre de 1997 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera a las FARC como organización terrorista extranjera designada.

La empresa criminal de Maduro

  En la demanda de los Albán se indica que la Empresa Criminal Maduro es una asociación que incluye, entre otros, al propio Nicolás Maduro, su régimen, el Cartel de los Soles, las FARC y los individuos demandados (Saab, Moreno, Reverol).

  Sostiene que los miembros de la Empresa Criminal Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de delitos interrelacionados entre ellos (a) el tráfico de estupefacientes; (b) actos de terrorismo que incluyen pero de ninguna manera se limitan al narcoterrorismo; (c) violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, torturas y asesinatos; (d) delitos de corrupción pública; y (e) blanqueo de capitales.

   Cada una de estas actividades delictivas es intrínseca y necesaria para la funcionalidad de la empresa criminal en general, siendo un objetivo central de la empresa y la conspiración, retener el control autoritario sobre Venezuela. Al garantizar que Maduro controle ilegalmente el estado venezolano, la Empresa Criminal Maduro asegura que puede continuar cometiendo delitos rentables, como el tráfico de narcóticos y el saqueo del tesoro venezolano, con impunidad y sin interferencia de la aplicación de la ley legítima.

  Agrega que, a través de actos de terrorismo y abusos a los derechos humanos, la Empresa Criminal Maduro reprime la oposición a su narcotráfico, la corrupción pública y el control autoritario sobre Venezuela.

Las líneas clave de la Empresa Criminal Maduro

   El narcotráfico y el narcoterrorismo son parte fundamental de la Empresa Criminal Maduro, habiendo sus miembros —durante al menos 20 años hasta el día de hoy— actuado junto a las FARC en una vasta conspiración de narcoterrorismo y, a través de ella, ha inundado intencionalmente a Estados Unidos con cocaína, no solo para enriquecer al propio Maduro junto con los demás miembros de su organización, sino también para dañar a EE. UU.

   Cita que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló las acusaciones que imputan una miríada de delitos contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus co-conspiradores de las FARC, por narcotráfico y narcoterrorismo. Luego la demanda hace un recuento de todos los pronunciamientos formulados desde distintas instancias del gobierno estadunidense en los que se describe la conducta criminal de Maduro, su empresa criminal y de sus co-conspiradores en conjunto con el grupo terrorista colombiano. Se indica cómo estos aprovecharon su poder autoritario en Venezuela para apoyar la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico.

  Del mismo modo se hace referencia al hecho de que un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC se ha apoderado de la frontera entre Venezuela y Colombia con apoyo del régimen de Maduro para sus actividades narcoterroristas, permitiéndoles usar el país como un refugio seguro desde el cual pueden continuar conduciendo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada.

  Entre otros, la demanda cita el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, condenados a 18 años de prisión por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos y usar parte de las ganancias en la campaña electoral para la Primera Dama de Venezuela. Los condenados idearon un plan para trabajar con las FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos.

   Agrega la demanda que un rasgo definitorio de la Empresa Criminal Maduro es la relación simbiótica entre sus principales miembros y el Cartel de los Soles y las FARC, trabajando mano a mano para perpetrar una conspiración narcoterrorista masiva, continua y altamente rentable dirigida contra Estados Unidos.

  Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC y estas han asumido funciones estatales en regiones del país, teniendo un gran interés en apoyar al régimen de Maduro. La expansión a Venezuela ha permitido a las FARC llevar a cabo ataques en Colombia y resistir los golpes de las fuerzas de seguridad colombianas. Del mismo modo, refiere la demanda, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones militares de alta gama, como armas antitanques lanzadas desde el hombro. A cambio, las FARC capacitan a las milicias y colectivos que funcionan como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de los Soles.

Los DDHH y el papel del SEBIN

   La demanda suma a las líneas de acción de la Empresa Criminal Maduro, los abusos contra los derechos humanos del régimen, siendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los brazos ejecutores de estas prácticas. Esta fuerza policial política es conocida por el hostigamiento, arresto, tortura y asesinato de presos políticos en Venezuela.

   Precisa que el SEBIN tortura habitualmente a detenidos y presos en su sede, un edificio de oficinas de 16 pisos en la Plaza Venezuela de Caracas. Este edificio también incluye cinco pisos subterráneos, apodados "La Tumba" por los funcionarios venezolanos. Allí, los presos políticos se mantienen en condiciones inhumanas a temperaturas bajo cero y sin ventilación, saneamiento ni luz natural. Las celdas son de dos por tres metros, con una cama de cemento, cámaras de seguridad y puertas enrejadas, cada celda alineada una al lado de la otra para que no haya interacciones entre los presos. Estas condiciones han provocado que los presos enfermen gravemente, a pesar de lo cual se les niega el tratamiento médico. El SEBIN también detiene a presos políticos en un segundo edificio, conocido como El Helicoide. La demanda describe toda la actividad criminal del SEBIN.

Cleptocracia y corrupción

  La demanda además describe al régimen de Nicolás Maduro como una cleptocracia que ha saqueado sistemáticamente a Venezuela, según lo ha afirmado la Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.

  La Empresa Criminal Maduro blanqueó el producto de sus actividades delictivas a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de Florida, indica la demanda.

La Empresa Criminal Maduro contra Albán

  Ante las denuncias que Fernando Albán formuló contra el régimen criminal de Nicolás Maduro, incluso en la asamblea de la ONU, la familia comenzó a recibir amenazas de muerte que llevaron a que la esposa del concejal y sus hijos tuvieran que huir a los Estados Unidos donde pidieron y obtuvieron asilo en julio de 2018.

  Tales denuncias, sostienen los demandantes que a razón de la persecución que el régimen de Maduro emprendió contra Albán y la delegación de su partido político, Primero Justicia en Nueva York, decidió arremeter contra el dirigente, capturarlo y luego asesinarlo.

   Para ello, la Empresa Criminal Maduro secuestró, a través del SEBIN, a Fernando Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando regresó de Nueva York a Venezuela el 5 de octubre de 2018.

  La demanda describe todo lo que califica como un secuestro y cómo le fabricaron cargos para justificar su detención y cómo agentes del SEBIN lo trasladaron al Palacio de Justicia donde fue presentado a un tribunal que declinó competencia y lo remitió al Tribunal de Control de Terrorismo, una instancia judicial utilizada por el régimen de Maduro para atacar a los líderes de la oposición.

  Asegura la demanda que el régimen de Maduro torturó y asesinó a Fernando Albán.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN, luego de torturarlo y asesinarlo, arrojó el cadáver de Albán desde el décimo piso de su sede.

  El fiscal general, Tarek William Saab, anunció por teléfono durante una transmisión por la televisora estatal VTV, que Albán “se había suicidado”, una historia que no resistió el escrutinio por mucho tiempo porque los baños en desde los cuales se dijo que se había lanzado, no tienen ventanas.

  Más tarde, el ministro del Interior, Néstor Reverol, hizo una declaración diferente, según la cual, Albán se lanzó desde la sala de espera.

  La demanda describe todas las contradicciones en que el régimen incurrió al informar del caso.


 

sábado, 31 de octubre de 2020

Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (II Parte)

  En esta segunda entrega seguimos dando a conocer aspectos relacionados con los empresarios de origen libanés señalados de haberse enriquecido irregularmente gracias a los favores del chavismo.

Por Maibort Petit

  De Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub no solamente se ha dicho que se hicieron millonarios gracias a las supuestas relaciones turbias con la dirigencia chavista, sino que también presuntamente han amparado el terrorismo, el narcotráfico y se han dedicado a la estafa.

   De hecho, en estas páginas damos a conocer una denuncia sobre el supuesto timo que los Khalil Majzoub le hicieron a otro empresario venezolano.

Las acusaciones de Chambra

   Los hermanos Khalil fueron acusados de fraude por otro empresario. Antonio Chambra, presidente de la cadena de tiendas Traki CCB Plus C.A., en 2013, a través de una carta los señaló de haberlo estafado.

  En la misiva, Chambra narró que el 13 mayo del 2013 los llamaron Khaled y Majed Khalil Majzoub para ofrecerle en venta un monto determinado de dólares en una estructura paralela al régimen de cambio de divisas preferenciales que tenía establecido el gobierno venezolano. Explicó que en razón de que no tenía acceso a dólares divisas preferenciales por no operar con productos de primera necesidad, “habitualmente hacemos este tipo de operaciones estructuradas para honrar nuestros compromisos con nuestros proveedores internacionales y mantener nuestras tiendas en óptimo abastecimiento para atender los requerimientos del pueblo venezolano, especialmente los de menores recursos. Razones por las cuales nos mostramos muy interesados en la operación ofrecida por el Sr. Carlos Khalil”.

   Refirió que los parámetros de la operación eran los habituales y conocidos en el mundo financiero, por lo que cerraron la compra de USD 10 millones a la tasa de cambio establecida en BsF.21 por dólar. Acordaron el 17 de mayo como la fecha de pago de los bolívares en las cuentas de los Khalil en Banplus y el 24 de mayo como la fecha de pago de los dólares en cuentas de los proveedores de Chambra en China directamente.

  El pago por parte de Khalil Majzoub no se produjo en la fecha prevista y alegaron “una demora puntual en la logística de PDVSA de donde ellos supuestamente recibirían los fondos, y nos pidieron una semana adicional inicialmente. Luego fueron extendiendo las fechas en días, luego semanas, y luego meses. Ante nuestra preocupación por la falta de pago y de la devaluación agresiva que sufría específicamente la tasa de cambio en el mercado paralelo, ellos siempre mantuvieron su compromiso absoluto de honrar nuestra operación alegando que ellos ya habían comprado las divisas, que estaban en su poder y que era cuestión de días estructurar el pago a cuenta de nuestros proveedores”.

  Indica que fue el 23 de octubre de 2013 cuando los Khalil hicieron dos pagos de un millón de dólares cada uno a dos de los proveedores de Chambra y prometieron hacer el resto de las cancelaciones en las semanas siguientes, lo cual nunca ocurrió. En noviembre del mismo año, “Carlos [Khaled] Khalil nos dijo que el no piensa honrar el pago restante de los US$8 Millones, diciéndonos que si queríamos nos pagaba el equivalente de esos Dólares en Bolívares al tipo de cambio insuficiente de Bs.28 cuando el tipo de cambio paralelo al que nosotros honramos nuestras deudas internacionales para esa fecha ya rondaba los Bs.70”.

  Chambra asegura que, incluso, recibió amenazas personales y económicas por parte de los hermanos Khalil que el propietario de Traki manifestó no estar dispuesto a aceptar. “Es por ello que no estamos dispuestos a dejarnos atropellar por alguien que en vez de apelar a su buena fe y a sus vastos recursos económicos (Documentos adjuntos en anexos diversos donde se demuestra su relación directa a más de 54 empresas y sus posiciones económicas y participación en diversos proyectos adjudicados por el estado) para hacer frente a sus obligaciones, decide apelar a las amenazas y a escudarse en su mal uso y abuso de sus supuestas relaciones, amistades e inclusive sociedades económicas con reconocidas figuras de la política nacional, que no harían más que horrorizarse y repudiar el uso vil, mezquino e injuriante de sus nombres y de su imagen personal y posición pública por parte el Sr. Khaled Khalil con la simple finalidad de extorsionar a comerciantes cuyo único error apostar a la prosperidad y al desarrollo económico de Venezuela de buena fe”[1].

Sobre Majed Khalil Majzoub

  Majed Khalil Majzoub nació el 23 de abril de 1970, es portador de la Cédula de Identidad número V-13.526.338 y está registrado en el la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[2].


De acuerdo al portal Poderopedia[3], se trata de empresario de origen libanés que tiene que ver con un conjunto de empresas que, a saber, son Hardwell Technologies, Pacific Rim Energy, Petroltect Fluidos de Venezuela, Editorial Exito XXI, Serfoca y KK Inversiones, todas registradas en Panamá. En Venezuela mantendría vínculos —según señalan versiones de prensa y surge del cruce de nombres entre las compañías— con Eveba, Sun Channel, Serviseguros y Seguros Universitas. También habría registrado seis firmas en España entre 2012 y 2014.

  Es el hermano menor del también empresario Khaled Khalil Majzoub, dueño de Prospisca, una empresa que es propiedad de la atunera Eveba.
   De los dos hermanos, Majed quien comenzó a amasar su fortuna en 1999, a la par de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, es el que ha tenido más encontronazos con las autoridades, tanto venezolanas como estadounidenses. De hecho, pese a sus relaciones con el chavismo, en febrero de 2010 fue detenido por unos pocos días en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en Boleíta, Caracas, un percance del cual logró salir bien librado por una decisión judicial que lo amparó ante la solicitud de la Fiscalía Militar. 

  La detención obedeció a un proceso por incumplimiento de un contrato de USD 5 millones suscrito con la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar para la compra de la plataforma informática de esa instancia como parte del Proyecto Millenium 2001. El contrato se había otorgado el 31 de diciembre de 2002 a su compañía Hardwell Computer Inc., la cual está registrada en Florida.

  Se había iniciado en 2009 una investigación contra Majed y su empresa por orden de la Fiscalía Militar inició el proceso penal en un tribunal militar. En aquel entonces, Hugo Carvajal se desempeñaba como director de la DIM. A pedido del Ministerio de la Defensa se inició también una demanda civil para el cobro de la fianza a la empresa Seguros Altamira, fiadora de Hardwell.

  Poderopedia refiere que del proceso penal no se tiene más información desde noviembre de 2010, cuando se conoció el levantamiento de la medida de presentación cada ocho días y prohibición de salida del país.

  Aunque ya la información ya no se refleja en El Nuevo Herald, Poderopedia refiere que una nota publicada en ese medio en 2004, bajo la firma del periodista Gerardo Reyes, el gobierno de los Estados Unidos decidió revocar la visa de Khaled Khalil Majzoub. La reseña indicó que “Una fuente cercana a la embajada de EEUU en Caracas, que pidió no ser identificada, dijo que el gobierno federal ha tenido bajo la mira los movimientos financieros y las exportaciones a Venezuela de una empresa en la Florida de la que son socios Majed y su hermano Khaled”.

  Agrega que el empresario le aseguró a Reyes que la embajada le informó que la negativa obedecía a razones de Estado. Majed Khalil Majzoub manifestó su malestar y aseguró que sus relaciones comerciales con EE. UU. eran óptimas y mantenía sus cuentas en ese país, pues no tenía nada que ocultar. Precisó que su empresa Hardwell representaba en Venezuela a Raytheon, “la multinacional de Massachusetts especializada en equipos de defensa y que tiene millonarios contratos con el gobierno de EEUU”.

Los negocios de Majed

  El portal Resistencia 58 revela que Pacific Rim Energy (Prenergy), es una empresa que está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) con el RIF J295000430. Su sede es en El Rosal, Caracas, y su capital de 34 millones de bolívares. Como propietario figura Khaled Khalil Majzoub.

  Agrega que Prenergy suscribió contratos para ejecutar obras del sistema eléctrico venezolano, entre las que cita las termoeléctricas Josefa Camejo (Falcón), Alberto Lovera (Anzoátegui) y Ezequiel Zamora (Guárico).

  Refiere la nota que el diputado a la Asamblea Nacional para la época, Juan José Molina, pidió en 2010, una investigación a Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas, así como sus supuestas vinculaciones a Khaled Khalil Majzoub. El parlamentario dijo que las empresas de Khalil Majzoub eran las “preferidas” del sector público siendo recurrentemente favorecidas con contratos de ejecución de proyectos y prestación de servicios, de los cuales muchos estarían avalados por Cabello. El entonces parlamentario agregó que todos los trabajos eléctricos encargados a la compañía del empresario presentaban retrasos superiores a un año. Molina dijo que se sospechaba que el libanés pudiera ser un “testaferro de Cabello”[4].

  Entretanto, Poderopedia refiere que, en estados Unidos, Majed khalil Majzoub tenía registradas las empresas Hardwell Technologies y Orinoco International Trading, las cuales están inactivas desde 2010.

  Hace mención también a los contratos que Pacific Rim Energy recibió para obras de construcción de plantas eléctricas en 2005 para construir, mencionando este portal la Josefa Camejo, en Paraguaná y la de Cabrutica en Anzoátegui. Esto ocurrió cuando Nervis Villalobos fungía como viceministro de Energía Eléctrica. Cinco años después sólo habían concluido una de las obras.

  Todos los contratos los hizo junto a la estadounidense Pro Energy, que es la empresa que en 2009 se alió con Derwick, para comprar equipos chatarra que vendieron como nuevos y con sobreprecio al estado venezolano. También debieron construir plantas eléctricas por un monto superior a los USD 2 mil millones.

   Igualmente, una información del Diario La Verdad refiere que Majed Khalil Majzoub supuestamente cobró una comisión de USD 8 millones a una empresa de Estados Unidos por el contrato de Termozulia IV[5].

  Una empresa relacionada con Majed, Serviseguros, obtuvo 2012 el contrato por el seguro de HCM de los trabajadores de Cadafe.

  En 2007 registró el Grupo Editorial Exxito 21. Luego se convirtió en productor televisivo y dueño de Sun Channel, canal dedicado a la difusión del turismo. En Madrid inscribió en 2012 una empresa con el mismo nombre. También en España, junto a Sun Channel registró seis dedicadas a diferentes actividades.

  En Venezuela además de Hardwell, Grupo Editorial Exxito 21 y Sun Channel, es propietario o directivo de: Petroltect Fluidos de Venezuela, Serfoca y KK Inversiones, inscrita en Panamá.

Sobre Khalil Majzoub Khaled

   El portal Dateas informa que Khalil Majzoub Khaled nació el 26 de agosto de 1965. Es titular de la Cédula de Identidad número V-6.290.182. está registrado en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[6].

   Es licenciado en Farmacia egresado de la Universidad de El Cairo, al tiempo que figura como un importante miembro de la comunidad islámica en Caracas. Dirige las comunicaciones de Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Mezquita de Caracas.

  Asimismo, Poderopedia informa que se trata de un empresario del sector alimentos, energía y tecnológico que está vinculado a más de 15 compañías registradas en Venezuela, Panamá y Barbados. Una de estas firmas es Productos Piscícolas Propisca de la cual es dueño del 100 por ciento de las acciones. Al mismo tiempo, Empaque Venezolano de Bacalao (Eveba), es propietaria de la mayoría de la acciones de Propisca, como también lo es de

  A su vez, la mayoría accionaria de esta firma pertenece a que también es de Proeba y de su planta en Chacopata, estado Sucre.

  Khalil Majzoub Khaled es directivo y dueño de Distribuidora Agromar, de Pacific Rim Energy, de Grupo Orbis y de Hardwell Technologies, empresas en la con su hermano menor, Majed Khalil, comparte propiedad.

 Argenta Zona Libre, Sigma International Services, Kimbra International Corporation y otras, son compañías que posee en Panamá, además de relacionársele con Hevensa. En Barbados inscribió a Pacific Rim Energy.

   Se le vincula con el dirigente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, un rumor en el que se insiste desde que se encuentra al frente de Eveba[7].

  Empresas de los Khalil Majzoub se encuentran entre las compañías con sede en Panamá sancionadas por el gobierno de Nicolás Maduro en 2018.

   Se trata de Casa Blanca, S.A. de Khaled Khalil Majzoub, dueño de la totalidad accionaria de Productos Piscícolas, C.A. (Propisca) con sede en Venezuela. La medida de Maduro fue una acción de reciprocidad para con el gobierno panameño, que a través de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, publicó una lista de 55 venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, entre quienes se encontraban el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello; la ex-presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab y varios ministros[8].

CITAS

[1] El Publique. “Majed Khalil, el mayor contratista de la corrupción en Venezuela”. 10 de marzo de 2020. https://www.elpublique.me/2020/03/majed-khalil-el-mayor-contratista-de-la.html

[2] Dateas. Khalil Majzoub Majed. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-majed-10064798

[3] Poderopedia. Majed Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/majed-khalil-majzoub/

[4] Resistencia58. “Pacific Rim Energy: la empresa favorita de Diosdado Cabello para realizar negocios en el sector eléctrico (+ vídeo)”. 13 de agosto de 2019. https://www.resistenciav58.com/pacific-rim-energy-la-empresa-favorita-de-diosdado-cabello-para-realizar-negocios-en-el-sector-electrico-video/

[5] La Verdad. “El guiso de Termozulia IV”. 30 de septiembre de 2014. http://www.laverdad.com/economia/61195-el-guiso-de-termozulia-iv.html

[6] Dateas. Khalil Majzoub Khaled. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-khaled-10063771

[7] Poderopedia. Khaled Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/khaled-khalil-majzoub/

[8] El Estímulo. “Ciudadanos de origen árabe representan varias empresas sancionadas por Maduro”. 6 de abril de 2018. https://elestimulo.com/elinteres/ciudadanos-de-origen-arabe-representan-varias-empresas-sancionadas-por-maduro/


  

lunes, 5 de octubre de 2020

Ley Antibloqueo faculta al jefe de Estado para actuar sin control

Se supeditan el resto de los poderes públicos al gobierno nacional.

Por Maibort Petit

   Lejos está de ser un compendio de retórica antimperialista y, por el contrario, la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos que se propone aprobar la Asamblea Nacional Constituyente, persigue dotar al presidente de la república de una serie de facultades que le permitirían hacerse de ingresos sin que para ello deba contar con el aval y control del resto de los poderes públicos.


   Este instrumento crea el contexto en el cual el mandatario puede tomar medidas económicas extraordinarias, tales como modificar la propiedad de las empresas mixtas o de las filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Lo peor, es que la ley crea un régimen transitorio en el que todas estas operaciones y negociaciones se podrán realizar en secreto y reserva, es decir, a espaldas del pueblo venezolano.

  Incluso, tal como ya ocurrió cuando se puso la mitad de CITGO como garantía de los bonos 2020, el ejecutivo nacional estará facultado para garantizar las operaciones o negociaciones que lleve a cabo, con aval de los activos de la república.

  La apertura al sector privado nacional o extranjero, le permitiría, por ejemplo, al presidente, entregar a estos el comercio de la gasolina.

  Es de hacer notar, que la ley elimina el control legislativo, siendo la medida de control, la referida al control posterior, la cual estará en manos de la Contraloría General de la república.

  Los primeros quince artículos de la ley contemplan aspectos relativos a las disposiciones generales de la Ley Antibloqueo, las cuales contemplan el objeto, ámbito de aplicación, finalidad, definiciones, los sujetos y bienes jurídicos objeto de protección de la ley, control, responsabilidades, entre otros.

El objeto de la ley

  El objeto de la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos se establece en el primer artículo del instrumento legislativo que indica que la misma dicta el “marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por  otro  Estado  o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de estos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos, que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano, implican atentados contra el Derecho Internacional y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad”.

  En pocas palabras, se libra al gobierno nacional de todo control legislativo al otorgarle absolutas potestades para decidir materias de fundamental importancia para el país.

 Calificada como Ley Constitucional, una figura que no está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el artículo 2 su ámbito de aplicación el cual. Abarcará a todas las ramas del Poder Público nacional, estadal y municipal.

Fines de la ley

  El instrumento legislativo estipula en su artículo 3 la finalidad de la ley, indicando en primer término, el garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales, cuyo impacto sobre la población constituye crímenes de lesa humanidad.

  Segundo, favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, en los términos previstos en la Constitución.

  Tercero, asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales, de conformidad con lo previsto en la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y otras normas internacionales sobre la materia vigentes y aprobadas por la República.

Sujetos y bienes jurídicos de protección

  Asimismo, el artículo 5 indica que la ley se orienta a proteger los derechos humanos del pueblo venezolano y sus garantías; los derechos, intereses y patrimonio de la República; los derechos de terceros, incluidos otros Estados, inversores y otras personas naturales o jurídicas que se relacionan con la República o con entidades donde esta tiene intereses patrimoniales; los principios y valores constitucionales y de Derecho Internacional Público.

Aspectos generales

  La ley se aplicará en conjunto con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional contempladas en las leyes de emergencia económica (artículo 6) y contextualiza la aplicación del artículo 152 de la Constitución que se refiere a las relaciones internacionales de la república, las cuales responden a los principios de soberanía y de los intereses del pueblo. En este sentido, el artículo 7 subraya que será el Poder Ejecutivo Nacional el órgano que “fijará en todo momento su posición inequívoca de repudio y condena a toda medida coercitiva unilateral y cualquier medida restrictiva o punitiva emitida como forma de coerción económica, política o social, que procure afectar los derechos de los pueblos libres y soberanos del mundo y retrasar o frustrar su desarrollo económico y social equitativo, constituyendo un grave atentado contra la paz y estabilidad internacional”.

  Es decir, limita todo pronunciamiento del resto de los poderes públicos, respecto a las sanciones.

  Es más, el artículo 10 supedita al resto de los poderes públicos al ejecutivo al establecer que estos “colaborarán activamente en la consecución de los fines de esta Ley Constitucional, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta su estrecha vinculación con la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Todos los órganos y entes de la Administración Pública deberán cooperar con las comisiones técnicas, debiendo suministrar la información y colaboración institucional que le sea requerida a los fines del cumplimiento de la presente Ley Constitucional”.

   No se contempla el control legislativo y se deposita únicamente en la Contraloría General de la República el control posterior de los actos dictados en aplicación de la ley (artículo 12). Se advierte de la responsabilidad individual derivada de los actos públicos (artículo 13), y se crea la figura del Observatorio Nacional sobre medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas (artículo 14).

 Medidas de equilibrio macroeconómico: Los grandes poderes del Ejecutivo

  Se indica que las medidas en el orden económico nacional derivadas de la ley atenderán a las particularidades del funcionamiento de la economía venezolana en el ámbito nacional e internacional, así como sus relaciones comerciales, financieras y con inversores extranjeros, bajo la influencia directa e indirecta de las sanciones (artículo 15).

  Los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la ley se registrarán separadamente del tesoro nacional y se destinarán a la satisfacción de las derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano.

   Los recursos se orientarán a desarrollar sistemas compensatorios del salario o del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras; financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos; recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad; impulsar la capacidad productiva nacional, sobretodo de las industrias estratégicas y la sustitución selectiva de importaciones; recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública (artículo 16).

  El presidente podrá autorizar la desaplicación de normas legales cuando lo considere necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que causen las sanciones a la actividad administrativa, o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización (artículo 17).

  Para lo anterior deberá presentarse un informe técnico previamente por parte de los ministerios competentes, bajo la coordinación de la Vicepresidencia Sectorial de Economía y expondrá, además, cómo las sanciones imposibilitan el accionar administrativo ordinario para el caso específico (artículo 18).

  El artículo 19 advierte que solamente el presidente podrá aplicar la desaplicación de normas en la implementación de las medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones y advierte que nunca podrán desaplicarse normas relativas al ejercicio de derechos humanos.

 Igualmente, se le otorga al poder ejecutivo nacional la potestad de crear e implementar mecanismos financieros a gran escala para restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales, beneficios acumulados y ahorros obtenidos por los trabajadores del país, vulnerados por las sanciones (artículo 20).

  El artículo 21 establece que el poder ejecutivo nacional podrá crear o autorizar nuevos mecanismos o fuentes de financiamiento en cualquiera de sus formas cuya vigencia estará sujeta a la vigencia de la ley. Esto con el objetivo de atender planes, programas y proyectos sociales.

Sobre el artículo 303 constitucional y la ley antibloqueo

  El artículo 303 de la Constitución establece que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., o el ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela S.A.”.

  En tal sentido, el artículo 22 de la Ley Antibloqueo establece que para revertir o impedir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes, por efecto de la aplicación de las sanciones se autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos necesarios para su protección, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución.

  El Poder Ejecutivo Nacional podrá organizar y reorganizar “los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado adecuados al objeto y fin del respectivo ente, mejorando su funcionamiento, relaciones comerciales, financieras o la inversión del Estado venezolano. La organización o reorganización debe garantizar primordialmente la salvaguarda del patrimonio de la República y sus entes” (artículo 23).

  También el presidente tendrá el poder absoluto para modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución (artículo 24).

  El artículo 25 da potestad para elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos y de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger los intereses de la República, incrementar el flujo de divisas hacia la economía, aumentar la rentabilidad de los activos, satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo.

  Para contrarrestar el impacto de las sanciones, el presidente diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios destinados a: 1) satisfacer los derechos fundamentales a la vida, la salud y la alimentación; 2) generar ingresos, conseguir divisas y la movilizar internacionalmente las mismas; 3) gestionar las entidades objeto de las sanciones; sustituir selectivamente las importaciones (artículo 26).

Búsqueda de inversiones privadas

  En el presidente se deposita también la responsabilidad de autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (artículo 27).

  La ley autoriza el presidente, en el artículo 28, para levantar restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional, esto con el objeto de proteger sectores estratégicos.

  El presidente podrá autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las sanciones, de manera de proteger las transacciones que involucren activos financieros de la República y sus entidades, incluidos los criptoactivos (artículo 29).

  Entretanto, el artículo 30 le encomienda al presidente crear e implementar programas que permitan y aseguren la inversión por parte de los profesionales, técnicos, científicos, académicos, empresarios y grupos u organizaciones de trabajadores del sector público y privado, en proyectos o alianzas en sectores estratégicos.

   El artículo 31 abre la puerta para que la República y sus entes puedan acordar con sus socios e inversionistas cláusulas de protección de su inversión para generar confianza y estabilidad.

  Las medidas a que se refiere esta ley requieren de la aprobación previa del Ministerio con competencia en materia de economía y finanzas. En algunos casos, se deberá consultar también Ministerio de planificación. El procurador deberá revisión y aprobación de los documentos de negocios (artículo 32).

El secretismo de la ley

  El capítulo III de la ley antibloqueo se refiere a las medidas de protección ante las sanciones.

  De este modo, el artículo 33 crea el Sistema de Asistencia y Protección Legal ante las sanciones, el cual persigue asistir, orientar y proteger, nacional o internacionalmente, a las víctimas de dichas sanciones, sean estas personas naturales o jurídica. D este sistema se encargará la Procuraduría General de la República y contará con los recursos para su funcionamiento, según la provisión que sea aprobada por el Ejecutivo Nacional.

  El artículo 34 crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto para proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas en el marco de la protección del Estado contra las sanciones.

  El acceso a los archivos y registros administrativos no deberá afectar la eficacia de las medidas para contrarrestar los efectos de las sanciones, ni el funcionamiento de los servicios públicos ni la satisfacción de las necesidades de la población por la interrupción de procesos administrativos destinados a ello.

  Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de la ley.

  Esta calificación se hará por acto debidamente motivado, por tiempo determinado y con el fin último de garantizar la efectividad de las medidas destinadas a contrarrestar los efectos adversos de las sanciones.

  La documentación confidencial será archivada en cuerpos separados y con mecanismos que aseguren su seguridad.


   El artículo 35 prohíbe el acceso a documentación confidenciales o reservados. No podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma.

  Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en capítulo segundo de la ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal, hasta 90 días posteriores al cese de sanciones que han propiciado la situación.