Mostrando entradas con la etiqueta diosdado cabello. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta diosdado cabello. Mostrar todas las entradas

sábado, 31 de octubre de 2020

Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (II Parte)

  En esta segunda entrega seguimos dando a conocer aspectos relacionados con los empresarios de origen libanés señalados de haberse enriquecido irregularmente gracias a los favores del chavismo.

Por Maibort Petit

  De Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub no solamente se ha dicho que se hicieron millonarios gracias a las supuestas relaciones turbias con la dirigencia chavista, sino que también presuntamente han amparado el terrorismo, el narcotráfico y se han dedicado a la estafa.

   De hecho, en estas páginas damos a conocer una denuncia sobre el supuesto timo que los Khalil Majzoub le hicieron a otro empresario venezolano.

Las acusaciones de Chambra

   Los hermanos Khalil fueron acusados de fraude por otro empresario. Antonio Chambra, presidente de la cadena de tiendas Traki CCB Plus C.A., en 2013, a través de una carta los señaló de haberlo estafado.

  En la misiva, Chambra narró que el 13 mayo del 2013 los llamaron Khaled y Majed Khalil Majzoub para ofrecerle en venta un monto determinado de dólares en una estructura paralela al régimen de cambio de divisas preferenciales que tenía establecido el gobierno venezolano. Explicó que en razón de que no tenía acceso a dólares divisas preferenciales por no operar con productos de primera necesidad, “habitualmente hacemos este tipo de operaciones estructuradas para honrar nuestros compromisos con nuestros proveedores internacionales y mantener nuestras tiendas en óptimo abastecimiento para atender los requerimientos del pueblo venezolano, especialmente los de menores recursos. Razones por las cuales nos mostramos muy interesados en la operación ofrecida por el Sr. Carlos Khalil”.

   Refirió que los parámetros de la operación eran los habituales y conocidos en el mundo financiero, por lo que cerraron la compra de USD 10 millones a la tasa de cambio establecida en BsF.21 por dólar. Acordaron el 17 de mayo como la fecha de pago de los bolívares en las cuentas de los Khalil en Banplus y el 24 de mayo como la fecha de pago de los dólares en cuentas de los proveedores de Chambra en China directamente.

  El pago por parte de Khalil Majzoub no se produjo en la fecha prevista y alegaron “una demora puntual en la logística de PDVSA de donde ellos supuestamente recibirían los fondos, y nos pidieron una semana adicional inicialmente. Luego fueron extendiendo las fechas en días, luego semanas, y luego meses. Ante nuestra preocupación por la falta de pago y de la devaluación agresiva que sufría específicamente la tasa de cambio en el mercado paralelo, ellos siempre mantuvieron su compromiso absoluto de honrar nuestra operación alegando que ellos ya habían comprado las divisas, que estaban en su poder y que era cuestión de días estructurar el pago a cuenta de nuestros proveedores”.

  Indica que fue el 23 de octubre de 2013 cuando los Khalil hicieron dos pagos de un millón de dólares cada uno a dos de los proveedores de Chambra y prometieron hacer el resto de las cancelaciones en las semanas siguientes, lo cual nunca ocurrió. En noviembre del mismo año, “Carlos [Khaled] Khalil nos dijo que el no piensa honrar el pago restante de los US$8 Millones, diciéndonos que si queríamos nos pagaba el equivalente de esos Dólares en Bolívares al tipo de cambio insuficiente de Bs.28 cuando el tipo de cambio paralelo al que nosotros honramos nuestras deudas internacionales para esa fecha ya rondaba los Bs.70”.

  Chambra asegura que, incluso, recibió amenazas personales y económicas por parte de los hermanos Khalil que el propietario de Traki manifestó no estar dispuesto a aceptar. “Es por ello que no estamos dispuestos a dejarnos atropellar por alguien que en vez de apelar a su buena fe y a sus vastos recursos económicos (Documentos adjuntos en anexos diversos donde se demuestra su relación directa a más de 54 empresas y sus posiciones económicas y participación en diversos proyectos adjudicados por el estado) para hacer frente a sus obligaciones, decide apelar a las amenazas y a escudarse en su mal uso y abuso de sus supuestas relaciones, amistades e inclusive sociedades económicas con reconocidas figuras de la política nacional, que no harían más que horrorizarse y repudiar el uso vil, mezquino e injuriante de sus nombres y de su imagen personal y posición pública por parte el Sr. Khaled Khalil con la simple finalidad de extorsionar a comerciantes cuyo único error apostar a la prosperidad y al desarrollo económico de Venezuela de buena fe”[1].

Sobre Majed Khalil Majzoub

  Majed Khalil Majzoub nació el 23 de abril de 1970, es portador de la Cédula de Identidad número V-13.526.338 y está registrado en el la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[2].


De acuerdo al portal Poderopedia[3], se trata de empresario de origen libanés que tiene que ver con un conjunto de empresas que, a saber, son Hardwell Technologies, Pacific Rim Energy, Petroltect Fluidos de Venezuela, Editorial Exito XXI, Serfoca y KK Inversiones, todas registradas en Panamá. En Venezuela mantendría vínculos —según señalan versiones de prensa y surge del cruce de nombres entre las compañías— con Eveba, Sun Channel, Serviseguros y Seguros Universitas. También habría registrado seis firmas en España entre 2012 y 2014.

  Es el hermano menor del también empresario Khaled Khalil Majzoub, dueño de Prospisca, una empresa que es propiedad de la atunera Eveba.
   De los dos hermanos, Majed quien comenzó a amasar su fortuna en 1999, a la par de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, es el que ha tenido más encontronazos con las autoridades, tanto venezolanas como estadounidenses. De hecho, pese a sus relaciones con el chavismo, en febrero de 2010 fue detenido por unos pocos días en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en Boleíta, Caracas, un percance del cual logró salir bien librado por una decisión judicial que lo amparó ante la solicitud de la Fiscalía Militar. 

  La detención obedeció a un proceso por incumplimiento de un contrato de USD 5 millones suscrito con la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar para la compra de la plataforma informática de esa instancia como parte del Proyecto Millenium 2001. El contrato se había otorgado el 31 de diciembre de 2002 a su compañía Hardwell Computer Inc., la cual está registrada en Florida.

  Se había iniciado en 2009 una investigación contra Majed y su empresa por orden de la Fiscalía Militar inició el proceso penal en un tribunal militar. En aquel entonces, Hugo Carvajal se desempeñaba como director de la DIM. A pedido del Ministerio de la Defensa se inició también una demanda civil para el cobro de la fianza a la empresa Seguros Altamira, fiadora de Hardwell.

  Poderopedia refiere que del proceso penal no se tiene más información desde noviembre de 2010, cuando se conoció el levantamiento de la medida de presentación cada ocho días y prohibición de salida del país.

  Aunque ya la información ya no se refleja en El Nuevo Herald, Poderopedia refiere que una nota publicada en ese medio en 2004, bajo la firma del periodista Gerardo Reyes, el gobierno de los Estados Unidos decidió revocar la visa de Khaled Khalil Majzoub. La reseña indicó que “Una fuente cercana a la embajada de EEUU en Caracas, que pidió no ser identificada, dijo que el gobierno federal ha tenido bajo la mira los movimientos financieros y las exportaciones a Venezuela de una empresa en la Florida de la que son socios Majed y su hermano Khaled”.

  Agrega que el empresario le aseguró a Reyes que la embajada le informó que la negativa obedecía a razones de Estado. Majed Khalil Majzoub manifestó su malestar y aseguró que sus relaciones comerciales con EE. UU. eran óptimas y mantenía sus cuentas en ese país, pues no tenía nada que ocultar. Precisó que su empresa Hardwell representaba en Venezuela a Raytheon, “la multinacional de Massachusetts especializada en equipos de defensa y que tiene millonarios contratos con el gobierno de EEUU”.

Los negocios de Majed

  El portal Resistencia 58 revela que Pacific Rim Energy (Prenergy), es una empresa que está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) con el RIF J295000430. Su sede es en El Rosal, Caracas, y su capital de 34 millones de bolívares. Como propietario figura Khaled Khalil Majzoub.

  Agrega que Prenergy suscribió contratos para ejecutar obras del sistema eléctrico venezolano, entre las que cita las termoeléctricas Josefa Camejo (Falcón), Alberto Lovera (Anzoátegui) y Ezequiel Zamora (Guárico).

  Refiere la nota que el diputado a la Asamblea Nacional para la época, Juan José Molina, pidió en 2010, una investigación a Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas, así como sus supuestas vinculaciones a Khaled Khalil Majzoub. El parlamentario dijo que las empresas de Khalil Majzoub eran las “preferidas” del sector público siendo recurrentemente favorecidas con contratos de ejecución de proyectos y prestación de servicios, de los cuales muchos estarían avalados por Cabello. El entonces parlamentario agregó que todos los trabajos eléctricos encargados a la compañía del empresario presentaban retrasos superiores a un año. Molina dijo que se sospechaba que el libanés pudiera ser un “testaferro de Cabello”[4].

  Entretanto, Poderopedia refiere que, en estados Unidos, Majed khalil Majzoub tenía registradas las empresas Hardwell Technologies y Orinoco International Trading, las cuales están inactivas desde 2010.

  Hace mención también a los contratos que Pacific Rim Energy recibió para obras de construcción de plantas eléctricas en 2005 para construir, mencionando este portal la Josefa Camejo, en Paraguaná y la de Cabrutica en Anzoátegui. Esto ocurrió cuando Nervis Villalobos fungía como viceministro de Energía Eléctrica. Cinco años después sólo habían concluido una de las obras.

  Todos los contratos los hizo junto a la estadounidense Pro Energy, que es la empresa que en 2009 se alió con Derwick, para comprar equipos chatarra que vendieron como nuevos y con sobreprecio al estado venezolano. También debieron construir plantas eléctricas por un monto superior a los USD 2 mil millones.

   Igualmente, una información del Diario La Verdad refiere que Majed Khalil Majzoub supuestamente cobró una comisión de USD 8 millones a una empresa de Estados Unidos por el contrato de Termozulia IV[5].

  Una empresa relacionada con Majed, Serviseguros, obtuvo 2012 el contrato por el seguro de HCM de los trabajadores de Cadafe.

  En 2007 registró el Grupo Editorial Exxito 21. Luego se convirtió en productor televisivo y dueño de Sun Channel, canal dedicado a la difusión del turismo. En Madrid inscribió en 2012 una empresa con el mismo nombre. También en España, junto a Sun Channel registró seis dedicadas a diferentes actividades.

  En Venezuela además de Hardwell, Grupo Editorial Exxito 21 y Sun Channel, es propietario o directivo de: Petroltect Fluidos de Venezuela, Serfoca y KK Inversiones, inscrita en Panamá.

Sobre Khalil Majzoub Khaled

   El portal Dateas informa que Khalil Majzoub Khaled nació el 26 de agosto de 1965. Es titular de la Cédula de Identidad número V-6.290.182. está registrado en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[6].

   Es licenciado en Farmacia egresado de la Universidad de El Cairo, al tiempo que figura como un importante miembro de la comunidad islámica en Caracas. Dirige las comunicaciones de Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Mezquita de Caracas.

  Asimismo, Poderopedia informa que se trata de un empresario del sector alimentos, energía y tecnológico que está vinculado a más de 15 compañías registradas en Venezuela, Panamá y Barbados. Una de estas firmas es Productos Piscícolas Propisca de la cual es dueño del 100 por ciento de las acciones. Al mismo tiempo, Empaque Venezolano de Bacalao (Eveba), es propietaria de la mayoría de la acciones de Propisca, como también lo es de

  A su vez, la mayoría accionaria de esta firma pertenece a que también es de Proeba y de su planta en Chacopata, estado Sucre.

  Khalil Majzoub Khaled es directivo y dueño de Distribuidora Agromar, de Pacific Rim Energy, de Grupo Orbis y de Hardwell Technologies, empresas en la con su hermano menor, Majed Khalil, comparte propiedad.

 Argenta Zona Libre, Sigma International Services, Kimbra International Corporation y otras, son compañías que posee en Panamá, además de relacionársele con Hevensa. En Barbados inscribió a Pacific Rim Energy.

   Se le vincula con el dirigente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, un rumor en el que se insiste desde que se encuentra al frente de Eveba[7].

  Empresas de los Khalil Majzoub se encuentran entre las compañías con sede en Panamá sancionadas por el gobierno de Nicolás Maduro en 2018.

   Se trata de Casa Blanca, S.A. de Khaled Khalil Majzoub, dueño de la totalidad accionaria de Productos Piscícolas, C.A. (Propisca) con sede en Venezuela. La medida de Maduro fue una acción de reciprocidad para con el gobierno panameño, que a través de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, publicó una lista de 55 venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, entre quienes se encontraban el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello; la ex-presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab y varios ministros[8].

CITAS

[1] El Publique. “Majed Khalil, el mayor contratista de la corrupción en Venezuela”. 10 de marzo de 2020. https://www.elpublique.me/2020/03/majed-khalil-el-mayor-contratista-de-la.html

[2] Dateas. Khalil Majzoub Majed. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-majed-10064798

[3] Poderopedia. Majed Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/majed-khalil-majzoub/

[4] Resistencia58. “Pacific Rim Energy: la empresa favorita de Diosdado Cabello para realizar negocios en el sector eléctrico (+ vídeo)”. 13 de agosto de 2019. https://www.resistenciav58.com/pacific-rim-energy-la-empresa-favorita-de-diosdado-cabello-para-realizar-negocios-en-el-sector-electrico-video/

[5] La Verdad. “El guiso de Termozulia IV”. 30 de septiembre de 2014. http://www.laverdad.com/economia/61195-el-guiso-de-termozulia-iv.html

[6] Dateas. Khalil Majzoub Khaled. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-khaled-10063771

[7] Poderopedia. Khaled Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/khaled-khalil-majzoub/

[8] El Estímulo. “Ciudadanos de origen árabe representan varias empresas sancionadas por Maduro”. 6 de abril de 2018. https://elestimulo.com/elinteres/ciudadanos-de-origen-arabe-representan-varias-empresas-sancionadas-por-maduro/


  

lunes, 5 de octubre de 2020

Ley Antibloqueo faculta al jefe de Estado para actuar sin control

Se supeditan el resto de los poderes públicos al gobierno nacional.

Por Maibort Petit

   Lejos está de ser un compendio de retórica antimperialista y, por el contrario, la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos que se propone aprobar la Asamblea Nacional Constituyente, persigue dotar al presidente de la república de una serie de facultades que le permitirían hacerse de ingresos sin que para ello deba contar con el aval y control del resto de los poderes públicos.


   Este instrumento crea el contexto en el cual el mandatario puede tomar medidas económicas extraordinarias, tales como modificar la propiedad de las empresas mixtas o de las filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Lo peor, es que la ley crea un régimen transitorio en el que todas estas operaciones y negociaciones se podrán realizar en secreto y reserva, es decir, a espaldas del pueblo venezolano.

  Incluso, tal como ya ocurrió cuando se puso la mitad de CITGO como garantía de los bonos 2020, el ejecutivo nacional estará facultado para garantizar las operaciones o negociaciones que lleve a cabo, con aval de los activos de la república.

  La apertura al sector privado nacional o extranjero, le permitiría, por ejemplo, al presidente, entregar a estos el comercio de la gasolina.

  Es de hacer notar, que la ley elimina el control legislativo, siendo la medida de control, la referida al control posterior, la cual estará en manos de la Contraloría General de la república.

  Los primeros quince artículos de la ley contemplan aspectos relativos a las disposiciones generales de la Ley Antibloqueo, las cuales contemplan el objeto, ámbito de aplicación, finalidad, definiciones, los sujetos y bienes jurídicos objeto de protección de la ley, control, responsabilidades, entre otros.

El objeto de la ley

  El objeto de la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos se establece en el primer artículo del instrumento legislativo que indica que la misma dicta el “marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por  otro  Estado  o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de estos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos, que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano, implican atentados contra el Derecho Internacional y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad”.

  En pocas palabras, se libra al gobierno nacional de todo control legislativo al otorgarle absolutas potestades para decidir materias de fundamental importancia para el país.

 Calificada como Ley Constitucional, una figura que no está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el artículo 2 su ámbito de aplicación el cual. Abarcará a todas las ramas del Poder Público nacional, estadal y municipal.

Fines de la ley

  El instrumento legislativo estipula en su artículo 3 la finalidad de la ley, indicando en primer término, el garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales, cuyo impacto sobre la población constituye crímenes de lesa humanidad.

  Segundo, favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, en los términos previstos en la Constitución.

  Tercero, asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales, de conformidad con lo previsto en la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y otras normas internacionales sobre la materia vigentes y aprobadas por la República.

Sujetos y bienes jurídicos de protección

  Asimismo, el artículo 5 indica que la ley se orienta a proteger los derechos humanos del pueblo venezolano y sus garantías; los derechos, intereses y patrimonio de la República; los derechos de terceros, incluidos otros Estados, inversores y otras personas naturales o jurídicas que se relacionan con la República o con entidades donde esta tiene intereses patrimoniales; los principios y valores constitucionales y de Derecho Internacional Público.

Aspectos generales

  La ley se aplicará en conjunto con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional contempladas en las leyes de emergencia económica (artículo 6) y contextualiza la aplicación del artículo 152 de la Constitución que se refiere a las relaciones internacionales de la república, las cuales responden a los principios de soberanía y de los intereses del pueblo. En este sentido, el artículo 7 subraya que será el Poder Ejecutivo Nacional el órgano que “fijará en todo momento su posición inequívoca de repudio y condena a toda medida coercitiva unilateral y cualquier medida restrictiva o punitiva emitida como forma de coerción económica, política o social, que procure afectar los derechos de los pueblos libres y soberanos del mundo y retrasar o frustrar su desarrollo económico y social equitativo, constituyendo un grave atentado contra la paz y estabilidad internacional”.

  Es decir, limita todo pronunciamiento del resto de los poderes públicos, respecto a las sanciones.

  Es más, el artículo 10 supedita al resto de los poderes públicos al ejecutivo al establecer que estos “colaborarán activamente en la consecución de los fines de esta Ley Constitucional, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta su estrecha vinculación con la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Todos los órganos y entes de la Administración Pública deberán cooperar con las comisiones técnicas, debiendo suministrar la información y colaboración institucional que le sea requerida a los fines del cumplimiento de la presente Ley Constitucional”.

   No se contempla el control legislativo y se deposita únicamente en la Contraloría General de la República el control posterior de los actos dictados en aplicación de la ley (artículo 12). Se advierte de la responsabilidad individual derivada de los actos públicos (artículo 13), y se crea la figura del Observatorio Nacional sobre medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas (artículo 14).

 Medidas de equilibrio macroeconómico: Los grandes poderes del Ejecutivo

  Se indica que las medidas en el orden económico nacional derivadas de la ley atenderán a las particularidades del funcionamiento de la economía venezolana en el ámbito nacional e internacional, así como sus relaciones comerciales, financieras y con inversores extranjeros, bajo la influencia directa e indirecta de las sanciones (artículo 15).

  Los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la ley se registrarán separadamente del tesoro nacional y se destinarán a la satisfacción de las derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano.

   Los recursos se orientarán a desarrollar sistemas compensatorios del salario o del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras; financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos; recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad; impulsar la capacidad productiva nacional, sobretodo de las industrias estratégicas y la sustitución selectiva de importaciones; recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública (artículo 16).

  El presidente podrá autorizar la desaplicación de normas legales cuando lo considere necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que causen las sanciones a la actividad administrativa, o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización (artículo 17).

  Para lo anterior deberá presentarse un informe técnico previamente por parte de los ministerios competentes, bajo la coordinación de la Vicepresidencia Sectorial de Economía y expondrá, además, cómo las sanciones imposibilitan el accionar administrativo ordinario para el caso específico (artículo 18).

  El artículo 19 advierte que solamente el presidente podrá aplicar la desaplicación de normas en la implementación de las medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones y advierte que nunca podrán desaplicarse normas relativas al ejercicio de derechos humanos.

 Igualmente, se le otorga al poder ejecutivo nacional la potestad de crear e implementar mecanismos financieros a gran escala para restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales, beneficios acumulados y ahorros obtenidos por los trabajadores del país, vulnerados por las sanciones (artículo 20).

  El artículo 21 establece que el poder ejecutivo nacional podrá crear o autorizar nuevos mecanismos o fuentes de financiamiento en cualquiera de sus formas cuya vigencia estará sujeta a la vigencia de la ley. Esto con el objetivo de atender planes, programas y proyectos sociales.

Sobre el artículo 303 constitucional y la ley antibloqueo

  El artículo 303 de la Constitución establece que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., o el ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela S.A.”.

  En tal sentido, el artículo 22 de la Ley Antibloqueo establece que para revertir o impedir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes, por efecto de la aplicación de las sanciones se autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos necesarios para su protección, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución.

  El Poder Ejecutivo Nacional podrá organizar y reorganizar “los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado adecuados al objeto y fin del respectivo ente, mejorando su funcionamiento, relaciones comerciales, financieras o la inversión del Estado venezolano. La organización o reorganización debe garantizar primordialmente la salvaguarda del patrimonio de la República y sus entes” (artículo 23).

  También el presidente tendrá el poder absoluto para modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución (artículo 24).

  El artículo 25 da potestad para elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos y de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger los intereses de la República, incrementar el flujo de divisas hacia la economía, aumentar la rentabilidad de los activos, satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo.

  Para contrarrestar el impacto de las sanciones, el presidente diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios destinados a: 1) satisfacer los derechos fundamentales a la vida, la salud y la alimentación; 2) generar ingresos, conseguir divisas y la movilizar internacionalmente las mismas; 3) gestionar las entidades objeto de las sanciones; sustituir selectivamente las importaciones (artículo 26).

Búsqueda de inversiones privadas

  En el presidente se deposita también la responsabilidad de autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (artículo 27).

  La ley autoriza el presidente, en el artículo 28, para levantar restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional, esto con el objeto de proteger sectores estratégicos.

  El presidente podrá autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las sanciones, de manera de proteger las transacciones que involucren activos financieros de la República y sus entidades, incluidos los criptoactivos (artículo 29).

  Entretanto, el artículo 30 le encomienda al presidente crear e implementar programas que permitan y aseguren la inversión por parte de los profesionales, técnicos, científicos, académicos, empresarios y grupos u organizaciones de trabajadores del sector público y privado, en proyectos o alianzas en sectores estratégicos.

   El artículo 31 abre la puerta para que la República y sus entes puedan acordar con sus socios e inversionistas cláusulas de protección de su inversión para generar confianza y estabilidad.

  Las medidas a que se refiere esta ley requieren de la aprobación previa del Ministerio con competencia en materia de economía y finanzas. En algunos casos, se deberá consultar también Ministerio de planificación. El procurador deberá revisión y aprobación de los documentos de negocios (artículo 32).

El secretismo de la ley

  El capítulo III de la ley antibloqueo se refiere a las medidas de protección ante las sanciones.

  De este modo, el artículo 33 crea el Sistema de Asistencia y Protección Legal ante las sanciones, el cual persigue asistir, orientar y proteger, nacional o internacionalmente, a las víctimas de dichas sanciones, sean estas personas naturales o jurídica. D este sistema se encargará la Procuraduría General de la República y contará con los recursos para su funcionamiento, según la provisión que sea aprobada por el Ejecutivo Nacional.

  El artículo 34 crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto para proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas en el marco de la protección del Estado contra las sanciones.

  El acceso a los archivos y registros administrativos no deberá afectar la eficacia de las medidas para contrarrestar los efectos de las sanciones, ni el funcionamiento de los servicios públicos ni la satisfacción de las necesidades de la población por la interrupción de procesos administrativos destinados a ello.

  Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de la ley.

  Esta calificación se hará por acto debidamente motivado, por tiempo determinado y con el fin último de garantizar la efectividad de las medidas destinadas a contrarrestar los efectos adversos de las sanciones.

  La documentación confidencial será archivada en cuerpos separados y con mecanismos que aseguren su seguridad.


   El artículo 35 prohíbe el acceso a documentación confidenciales o reservados. No podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma.

  Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en capítulo segundo de la ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal, hasta 90 días posteriores al cese de sanciones que han propiciado la situación.


 


 


 




 

sábado, 23 de mayo de 2020

Planta de Asfalto Francisco de Miranda: Un claro ejemplo de cómo el chavismo ha anulado a gobernantes opositores

  Un punto de cuenta remitido por el entonces presidente de PDVSA Servicios a Rafael Ramírez (presidente de PDVSA para la época), dejó sentado que para el chavismo es inadmisible que un gobernante de la oposición pueda mantener el control de activos, por lo que ideó un subterfugio legal para despojarlo del mismo.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

   Desde su llegada al poder, Hugo Chávez demostró su intolerancia hacia todo lo que se le enfrentara, contradijera o representara una amenaza a la hegemonía de su pensamiento, ideología. Toda acción distinta a la de sus postulados, simplemente había que eliminarla. Fue así cómo instituyó como política la anulación de los gobernadores, alcaldes o representantes legislativos contrarios al chavismo, a través de la creación de instancias paralelas que terminaban usurpando las gestiones de los dirigentes opositores electos por votación popular. Manipular la norma fue también un mecanismo para cumplir este cometido.

   Tal es el caso que presentamos a continuación, el cual ejemplifica el tipo de prácticas de sabotaje implementadas por el chavismo —y que se mantiene en la gestión de Nicolás Maduro— en contra de la dirigencia de oposición. Se trata de un punto de cuenta firmado por Jesús Figueroa, presidente de PDVSA Servicios para la fecha —2008 y 2009— el cual se envió a la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con el objetivo de arrebatar alguna de las atribuciones de Henrique Capriles como gobernador de Miranda por aquellos años. El la trama tuvo participación estelarísima Diosdado Cabello Rondón, quien para el momento ejercía como ministro de Infraestructura y venía de ser derrotado por Capriles en los comicios regionales. En 2008 se le había dado en comodato el activo a que aquí hacemos referencia, estando al frente de la referida gobernación, pero ahora despojado el oficialismo por la voluntad suprema del pueblo de esa instancia de gobierno, era necesario revertir la acción y dejar a su sucesor sin el control de este importante activo. Sin duda alguna, la venganza perfecta.

  Fue así como a través de un subterfugio legal, se buscó despojar a la gobernación de Miranda en manos de Capriles, de su potestad sobre la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda”, en virtud de que había sido entregada en comodato por 30 años a la Corporación de Servicios de la Gobernación del Estado Miranda cuando Cabello estaba a cargo de ese despacho de del Poder Ejecutivo regional.

   El punto de cuenta revela que para la dirigencia chavista resultaba inadmisible que un gobernador de la oposición pudiera manejar tales recursos y por ello, maquinaron y manipularon la norma para traspasar el activo al Ministerio de Infraestructura (MINFRA).

El punto de cuenta

  El 13 de febrero de 2009, desde la Gerencia de Asistencia a la Presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. se remitió al entonces presidente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa, el Punto de Cuenta firmado y aprobado por quien para la fecha fungía como ministro del poder popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.

  Copia del punto de cuenta, denominado “Situación actual de la Planta de Asfalto Generalísimo Francisco de Miranda, estado Miranda” también se envió a Armando Giraud, consultor jurídico, y a José Luis Parada, director ejecutivo de producción.

   En fecha previa, a saber, el 5 de febrero de 2009, Jesús Figueroa había enviado al ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el citado punto de cuenta distinguido con el código GPPG-PS-2009-4.

   Se exponía que el 1º de octubre de 2008 había sido entregada en comodato a PDVSA Servicios S.A. por parte de la Corporación de Servicios y Mantenimiento del estado Miranda S.A., la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda”.

  Se informa que desde diciembre de 2008 la milicia bolivariana se encargó de la seguridad de la planta. Igualmente, se indica que Jesús Figueroa y Marcos Reyes, gerente general de servicios técnicos se reunieron con el personal y se dio a conocer que el segundo se encargaría desde ese momento de la Planta de Asfalto Generalísimo Francisco de Miranda.

  También en diciembre se sincronizaron esfuerzos entre las gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, la de Contratación, Recursos Humanos y Finanzas, para llevar a cabo una “inspección minuciosa” de la planta con el objetivo de constatar que todos los equipos contemplados en el documento de comodato, se encontraran físicamente en el estacionamiento de la misma. Se propusieron recopilar información sobre los procesos de facturación, pago a proveedores y contratación, los cuales son responsabilidad de PDVSA Servicios

  Luego de exponer estos antecedentes, el punto de cuenta da a conocer la situación a la fecha de su presentación, refiriéndose que el 14 de enero de 2009 tuvo lugar una reunión con el director general de la Corporación de Servicios y la consultora jurídica de la Gobernación de Miranda, donde se informó que, sobre el comodato y el estado de planta, manifestando su desconocimiento sobre el mismo.

  El 16 de enero de 2009, la planta de asfalto fue asaltada por trabajadores de la Corporación de Servicios de la Gobernación de Miranda apoyados por policías de esa entidad y sacaron 6 camiones y un Payloader, los cuales fueron recuperados después. Se especifica que el gerente de operaciones de la Corporación se Servicios, Jesús Novoa, se opuso a la entrega, por lo que hubo que denunciar el hecho ante el CICPC.

  El 17 de enero de 2009, se indica que el gerente de cooperativo de PCP, Rafael Reiter, informó por vía telefónica que se debía entregar formalmente la planta al personal del MINFRA. Diez días después, el 27 de enero, fue cuando el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, designó a Néstor Palma para recibir la planta.

   Palma se comprometió poner la planta en producción para el 2 de febrero de 2020, pero manifestó que PDVSA Servicios debía encargarse de los gastos, tal como venía sucediendo hasta ese entonces. Palma fue advertido por Marcos Reyes de PDVSA Servicios de que, si el MINFRA asumía el control de la planta, también debía asumir los gastos. Palma dijo que debía tratarse el asunto a otro nivel pues no estaba en capacidad de decidir al respecto.

  Jesús Figueroa refiere que el 28 de enero de 2009, Palma se comprometió durante una reunión habida en el MINFRA a revisar un borrador del Acta de Entrega de la planta de Asfalto que se le entregó en ese encuentro.

  Posteriormente, el 3 de febrero de 2009, Palma le informó a Jesús Figueroa que el documento de entendimiento para operar la planta de asfalto no estaba listo y que sería el ministro Diosdado Cabello, quien firmaría el mismo, lo cual, a la fecha de la remisión del punto de cuenta, no había sucedido.

  En tal sentido, sustentados en la cláusula quinta del comodato entre PDVSA Servicios y la Corporación de Servicios y Mantenimiento del Estado Miranda que establece el compromiso del comodatario (PDVSA Servicios) a utilizar los bienes objeto del contrato preferentemente para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula tercera y agrega que “La cesión por parte del comodatario o cualquier otra filial de Petróleos de Venezuela S.A. a terceros, requerirá de la previa autorización del comodante (Gobernación de Miranda)”.

  Resultaba inadmisible para Jesús Figueroa que PDVSA Servicios tuviera que solicitar autorización a la Gobernación de Miranda que para ese momento se encontraba en manos de la oposición, para poder transferir la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda” al MINFRA.

  En el punto de cuenta se propuso, entonces, “negociar y suscribir un acuerdo de servicios con el MIFRA” para que este operara y produjera el asfalto, pero PDVSA Servicios S.A. siguiera manteniendo el control administrativo de la planta de asfalto.

Informe de actividades en la Planta de Asfalto

  Marcos Reyes, gerente general de servicios técnicos de PDVSA Servicios, elaboró el que denominó “Informe de actividades realizadas en la Planta de Asfalto ‘Generalísimo Francisco de Miranda’”, en el expuso la situación de la referida planta en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2008 y el 3 de febrero de 2009.

  El documento da cuenta de una serie de eventos ocurridos en distintas fechas, algunos referidos a procedimientos rutinarios, otros que tenían que ver con deudas con el personal de la planta, la delegación de la seguridad de las instalaciones en la milicia bolivariana, la designación de Marcos Reyes como responsable de la planta, inventarios y revisión de los procesos de facturación, pago de proveedores y contratación que eran responsabilidad de PDVSA Servicios.

  Ante el hecho de que el 13 de enero de 2009, Marcos Reyes recibió la vita del administrador del MINFRA, Héctor Paiva, y de la coordinadora de bienes y raíces, Margarita González, quienes informaron que en el estacionamiento de la planta estaban unos equipos pertenecientes a dicho ministerio, se les demostró con documentos que la Corporación de Servicios de la gobernación de Miranda había cedido en comodato por 30 años tales equipos a PDVSA Servicios. La explicación satisfizo a Paiva y a González.

  El 14 de enero de 2009, el director general de la Corporación de Servicios de la Gobernación de Miranda, Freddy Álvarez, y la consultora jurídica de la misma, se reunieron con Marco Reyes y se les informó la situación de la planta de asfalto para le fecha, así como del comodato por 30 años firmado el 1 de octubre de 2008 entre dicha Corporación mirandina y PDVSA Servicios. Los representantes de la gobernación de Miranda manifestaron desconocer la firma de dicho comodato y se acordó entregarles una copia del contrato el 19 de enero de 2009. Se indica en el informe que en la misma fecha (14-1-2009), Marcos Reyes acudió a la sede del MINFRA para informar al director general del organismo, acerca de la responsabilidad que había sido transferida a PDVSA Servicios, pero no fue atendido ni ese día ni otra antes de la redacción del informe.

  Se da cuenta de que el 16 de enero de 2009, la planta de asfalto fue asaltada por trabajadores de la Corporación de Servicios del Estado Miranda acompañados por policías de dicha entidad y lograron sacar 6 camiones y un Payloader, los cuales posteriormente fueron recuperados. Igualmente se informa que, durante el proceso de recuperación de los vehículos, se pudo comprobar que en el Campamento Ochoa había otros tres vehículos pertenecientes a la planta de asfalto que, hasta el momento de la redacción del informe no habían podido ser recuperados.

   Desde el 16 de enero de 2009 se asignó un puesto de seguridad de la Guardia Nacional en la planta de asfalto Generalísimo Francisco de Miranda.

  El 17 de enero de 2009, Marcos Reyes fue informado vía telefónica por Rafael Reiter, gerente de Cooperativo PCP, que debía entregar formalmente la planta de asfalto al personal del MINFRA, lo cual dio a conocer al presidente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa, quien manifestó desconocer tal decisión. Indica que Nelson Palma, director general de vialidad del Ministerio de Infraestructura le dijo que el ministro Diosdado Cabello había instruido que se debía poner en producción la planta para día de transmisión del programa Aló Presidente. Figueroa, posteriormente le refirió a Reyes que Ricardo Coronado le había ordenado hacer entrega de la planta al MINFRA.

  Se narra cómo se intentó poner la planta en producción, lo cual se hizo luego de varios intentos infructuosos el día 18 de enero de 2009. Sin embargo, el programa Aló Presidente fue suspendido. La planta fue apagada.

   Luego de narrar una serie de hechos operativos y de diligencias para hacer funcionar la planta de asfalto, el informe Marcos reyes llega a los hechos del 26 de enero de 2009, cuando refiere que el personal de PCP les negó el acceso a la planta de asfalto. Advierte que desde que se encontraba al frente de la planta, ningún funcionario del MINFRA se acercó a las instalaciones ni fue informado acerca de quién sería la persona a la que debía hacer entrega de la empresa. Esto se conoció finalmente el 27 de enero de 2009, cuando Néstor Palma, director general de vialidad del MINFRA, le informó a Reyes que él sería la persona designada por Cabello para recibir la planta. En una reunión sostenida en la sede del MINFRA se acordaron los términos de la entrega. Allí Palma dijo que según se le había informado, PDVSA Servicios asumiría los gastos generados por la planta, a lo que Marcos Reyes advirtió que estos debían correr por cuenta del MINFRA. Palma dijo que esto debía plantearse a otro nivel porque él carecía del nivel de autoridad para decidir al respecto.
   En lo relativo a la deuda con los trabajadores, el 28 de enero de 2009, se acordó que la empresa Pulsar, se encargaría de efectuar el pago del personal el día 30 de enero de 2009. En dicha fecha se pagaron los meses de diciembre 2008 y enero 2009, así como el Bono Vacacional. En una semana se pagaría los Cesta Tickets correspondientes a los mismos meses.

  Por otra parte, Marcos Reyes entregaría a Nelson Palma un borrador del Acta de Entrega de la Planta de Asfalto elaborado por la consultoría jurídica de PDVSA Servicios, a objeto de que lo revisara e hiciera las observaciones pertinentes, de manera de llegar a un acuerdo final satisfactorio para ambas partes.

  El 3 de febrero de 2009, Néstor Palma informó a Marcos Reyes que el documento de entendimiento para operar la planta de asfalto, aún no estaba listo y que, finalmente, sería Diosdado Cabello quien lo firmaría.

El Convenio

 El Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, representado por el ministro de ese despacho, Diosdado Cabello Rondón, y PDVSA Servicios S.A., representada por su presidente para la fecha, Jesús Figueroa, convinieron celebrar un Convenio de Cooperación Interinstitucional que tenía por objeto “establecer las condiciones generales de coordinación, gestión, supervisión así como la determinación de los lineamientos y parámetros que se deriven de la operatividad de la Planta de Asfalto y demás bienes conexos, ubicada en la Zona Industrial de Santa Lucía, sector Epifanía, Municipio Paz Castillo del Estado Bolivariano de Miranda, conjuntamente con una flota de unidades, maquinaria pesada y equipos para la producción, transporte y colocación de asfalto, destinados a la ejecución de obras  de  interés social  en  materia de vialidad, las  cuales incluyen Planes de Asfaltado y Planes de Bacheo, que permitirán atender la problemática de deterioro vial que sufren las principales arterias viales, avenidas y calles del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda. La Posesión de la Infraestructura Física y demás bienes muebles e inmuebles integrantes de la Planta de Asfalto, descritos detalladamente en inventario anexo marcado con la letra ‘A‘, y el cual forma parte del presente documento, corresponde actualmente a ‘PDVSA’, de conformidad con documento de Comodato, suscrito entre la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y la sociedad mercantil PDVSA SERVICIOS, S.A., en fecha 01 de octubre de 2008”.

  Destaca en la cláusula segunda del convenio, “La gestión, planificación, desarrollo, supervisión y ejecución de las actividades requeridas para la operatividad de la Planta de Asfalto objeto del presente Convenio, será efectuada de manera coordinada entre ‘El Ministerio’, a través de la Dirección General de Vialidad y ‘PDVSA’; y estará orientada a la búsqueda de la autosustentabilidad de la planta, así como al logro de los fines y objetivos propuestos en beneficio de la comunidad, permitiendo responder a las necesidades prioritarias de las mismas en materia vial, garantizándose  con la activación de la Planta de Asfalto la generación de empleos directos e indirectos permitiendo la reactivación económica de la región y el consecuente desarrollo social, incluyendo además la transferencia parcial a los Consejos Comunales de la zona el manejo, uso y destino de los productos elaborados en la Planta de Asfalto”.

  Entre otros aspectos relativos a la operatividad de la planta de asfalto, en la cláusula quinta quedó establecido que “las obligaciones laborales derivadas de la relación de trabajo con el personal señalado en el anexo B (obreros y empleados) de la planta de Asfalto estarán bajo la responsabilidad de ‘El Ministerio’. En caso de que ‘PDVSA’, requiera para cumplir las actividades del presente Convenio, de personal profesional o técnico, será responsable de los servicios prestados por ellos en su nombre, por lo que corre por su cuenta el pago de los gastos, honorarios profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier otra obligación de carácter legal o contractual que corresponda a los trabajadores de conformidad con los Contratos individuales de trabajo, Igualmente ‘El Ministerio’ podrá designar el personal profesional, técnico u obrero, que considere necesario para la operatividad de la Planta, asumiendo los gastos, honorarios profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier otra obligación de carácter legal o contractual que corresponda a los trabajadores de conformidad con los Contratos individuales de trabajo, derivados  de los servicios prestados por ellos en su nombre”.

  Bajo la responsabilidad del MINFRA quedó lo relativo a daños, pérdida o destrucción de las unidades, maquinaria pesada, equipos para la producción de asfalto y bienes o materiales de la planta de asfalto, sin importar cuándo o cómo ocurrió el daño, pérdida o destrucción (Cláusula séptima).

  MINFRA debía tomar todas las previsiones para la seguridad del personal que en cualquier momento se encuentre en los sitios de los trabajos, incluyendo a terceros. También el ministerio debía tomar todas las medidas y precauciones necesarias para la seguridad del personal en las instalaciones de la planta de asfalto, incluyendo el suministro de todo el equipo de protección personal necesario.

  Entretanto, la cláusula novena estipulaba que “Cualquier daño al medio físico ambiental que ‘El Ministerio’ ocasione con el trabajo ejecutado, será de su única y exclusiva responsabilidad; y en consecuencia quedará obligado a recuperar y/o restaurar, a satisfacción de los lineamientos o exigencias que establezca el Ministerio respectivo, el área afectada aplicando las medidas establecidas en la Legislación que rige la materia”.

  La cláusula décima tercera estableció que la seguridad y custodia de la Planta de Asfalto estaría a cargo de la reserva militar, en coordinación con los consejos comunales de la zona, quedando bajo la responsabilidad de ‘El Ministerio’ cualquier erogación derivada de la relación con las partes antes señaladas”.

domingo, 12 de abril de 2020

La acusación contra Nicolás Maduro: Detalles de la conspiración de narcoterrorismo (Parte II)

   En esta entrega se detalla cómo Maduro y sus cómplices, no solamente conspiraron para importar cocaína a los Estados Unidos, sino que sus operaciones narcotráfico estuvieron protegidas con armamento de guerra.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La acusación formulada por la fiscalía de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello Rondón, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Arango (a) “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) “Jesús Santrich”, establece que las actividades de narcotráfico de que se les acusa estuvieron acompañadas del porte de armas de guerra con el objetivo de apoyar y garantizar el éxito de sus propósitos de importar cocaína al territorio de los EE. UU.

Conspiración para importar cocaína a EE. UU.

  El Departamento de Justicia encontró elementos para acusar a Nicolás Maduro Moros, a Diosdado Cabello Rondón, a Hugo Carvajal Barrios (a) “El Pollo”, Clíver Alcalá Cordones, Luciano Arango (a) “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte (a) “Jesús Santrich”, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.

  Consideró la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que desde 1999 hasta 2020, los acusados en un delito iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito particular de los Estados Unidos, incluidos Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, intencional y conscientemente combinados, conspiraron y acordaron violar las disposiciones del Título 21, Código de los Estados Unidos, Capítulo 13, Subcapítulo II.

  La conspiración de los demandados y otros desconocidos, procuró importar una sustancia controlada —y efectivamente así lo hicieron— a los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 952 (a) y 960 (a) (1).

  Una parte y objetivo de la conspiración de los acusados y otros desconocidos, fue fabricar con la intención de distribuir una sustancia controlada. Existen motivos razonables para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los EE. UU. y a una distancia de 12 millas de la costa, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (a) y 960 (a) (3).

  Refiere la demanda que fue un objetivo de los acusados y otros desconocidos, ingresar a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, una sustancia controlada con la intención de distribuirla, violando así el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 959 (c) y 960 (a) (3).

   Sostiene la acusación que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, conspiraron para (i) importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los EE. UU. desde un lugar fuera de los mismo; (ii) fabricar y distribuir, con la intención, como se estima para ser importada ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los EE. UU. desde un lugar fuera de los mismos; y (iii) fabricar, distribuir 5 o más kilogramos y más mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de cocaína, a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b ) (1) (B).

Posesión de armas de guerra

  El tercer cargo en la demanda presentada por la fiscalía de EE. UU. es posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, considerando el Gran Jurado que existen elementos de convicción para creer que, entre 1999 y 2020, los acusados cometieron un delito de tráfico de drogas fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito de los Estados Unidos, entre ellos, Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, por el cual pueden ser procesados en un tribunal de los Estados Unidos, en virtud de que las sustancias controladas referidas en la primera y segunda demanda, estuvo acompañada del porte de armas de fuego, como ametralladoras, capaces de disparar automáticamente más de un disparo, sin recarga manual, mediante una sola función del gatillo, así como dispositivos destructivos, esto en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A), 924 (c) (1) (B) (ii), 3238 y 2.


Conspiración para poseer armas de guerra

   El cuarto cargo de la demanda contra de los acusados es el de Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

  Se cree que entre 1999 y 2020, los acusados cometieron un delito que se inició fuera de la jurisdicción de cualquier estado o distrito particular de los Estados Unidos, entre ellos Venezuela, Colombia, México, Irán, Siria, Líbano y otros lugares, para intencional y conscientemente violar el Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 924 (c).

  Refiere la demanda que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, y otros desconocidos, portaron armas de fuego, entre ellas ametralladoras, en apoyo a la comisión de los delitos de sustancias controladas referidos en las demandas 1 y 2, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 924 (c) (1) (A) (i) y 924 (c) (1) (B) (ii).

Otros aspectos de la demanda

  La demanda refiere que como resultado de la comisión de los delitos que se le imputan a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín (a) “Iván Márquez” y Seuxis Hernández (a) “Jesús Santrich”, perderán en los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21 , Código de los Estados Unidos, Secciones 853 y 970, todos y cada uno de los bienes que posean directa o indirectamente, como resultado de los delitos,  así como todos y cada uno de los bienes utilizados, o destinados a ser utilizados, de cualquier manera o parte, para cometer y facilitar la comisión de los delitos de que se les señala en las demandas uno y dos.


    Los acusados, como resultado de comisión de delitos de armas de fuego acusados en las demandas 3 y 4, perderán en los Estados Unidos, de conformidad con el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 924 (d), todas las armas de fuego y municiones involucradas y utilizadas en la comisión de los delitos acusados.

   Si alguno de los bienes confiscables descritos anteriormente, como resultado de cualquier acto u omisión de los acusados: a) no puede ubicarse en el ejercicio de la debida diligencia; b) ha sido transferido o vendido o depositado con una tercera persona; c) ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la Corte; d)  ha disminuido sustancialmente en valor; o f) se ha mezclado con otra propiedad que no puede subdividirse sin dificultad, es la intención de los Estados Unidos, de conformidad con el Título 21, Estados Unidos Código, Secciones 853 (p) y 970, y el Título 28, Código de los Estados Unidos, Sección 2461 ( c), buscar cualquier otra propiedad de los acusados hasta cubrir el valor de la propiedad decomisable anterior, todo esto de conformidad con el Título 21, Código de Estados Unidos, Secciones 853 y 970; y Título 28, Código de Estados Unidos, Sección 2461 (c).




domingo, 5 de abril de 2020

El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte IV)

    La institución castrense venezolana devino de fuerza de resguardo de la soberanía a organización criminal dedicada al narcotráfico, una entidad que es conocida como el Cartel de los Soles.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Un trabajo sostenido desde 1999 sirvió para que Nicolás Maduro y el resto de los integrantes del Cártel de los Soles corrompieran las instituciones legítimas de Venezuela en una clara práctica de abuso para con el pueblo venezolano. No escaparon de estas acciones el ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, a las cuales pusieron a su servicio con el objeto de facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
   Así lo refiere la acusación que el pasado 26 de marzo del cursante 2020, formularon contra Nicolás Maduro y catorce funcionarios y exfuncionarios de su gobierno por del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Se deja sentado que el denominado Cártel de los Soles actuó en procura, no solamente sólo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en sus habitantes.

Los cargos que se les imputa son:

i) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

ii) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

iii) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión;

y iv) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

   Refiere la acusación que Marín Arango y Hernández Solarte, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde aproximadamente 1999, cuando el grupo guerrillero pretendía negociar la paz con el gobierno colombiano, acordaron con los cabecillas del Cartel de los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección de dicho cartel.
   Luego de esto —continúa la acusación—  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras.

 Las estimaciones del Departamento de Estado respecto a la circulación que la cocaína tenía en Venezuela, por ejemplo, para el año 2004, fue de 250 o más toneladas anuales. Desde la costa venezolana saldrían los envíos marítimos utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y porta-contenedores.

  Entretanto, los envíos aéreos se hacían desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. El Departamento de Estado de EE. UU. cree que unos 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solamente en 2010. Era lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

   Como líder del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro Moros habría negociado envíos de múltiples toneladas de cocaína producida por las FARC y, supuestamente, ordenó que dicho cartel proporcionara armas de grado militar al grupo guerrillero. También habría coordinado asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Supuestamente, solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles[1].

¿Qué es el Cartel de los Soles?

   El “Cártel de los soles” fue un nombre que empezó a ser utilizado por primera vez en 1993, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén Dávila (jefe antidrogas) y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de drogas y delitos conexos. Cada uno portaba en sus hombros la insignia de un solo sol que caracteriza a los generales de brigada, dando lugar al nombre “Cártel del Sol”.

  Con los años, y las investigaciones que se realizaron, se determinó  que hubo una ampliación de la participación de generales de otros componentes de las Fuerzas Armadas, particularmente de generales de división de la Guardia Nacional en operaciones de narcotráfico y otras actividades delincuenciales, tras lo cual se empezó a definir como el Cártel de los Soles. En un principio, la participación de los militares en actividades de narcotráfico se limitaba a recibir coimas para prestar seguridad a los miembros de los cárteles colombianos y mexicanos, y a cuidar los cargamentos de drogas, evitando hacer decomisos en aquellas envíos que pagaban los sobornos, pero tras la llegada al poder de Hugo Chávez, se produjo una ampliación de las operaciones y de la participación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas venezolanas en el negocio del narcotráfico, creándose las conexiones directas con proveedores y en gran parte no movían ni almacenaban cocaína ellos mismos, con el apoyo de las FARC.

     En los años sucesivos, las vinculaciones de los militares venezolanos con los carteles se ampliaron, en esa misma medida el crimen organizado trasnacional fue penetrando la élite política y ganando espacios de poder y de gestión en el gobierno. 

Un testigo

    El 18 de agosto de 2015, en el diario ABC de España informó que el ex-integrante de la Casa Militar y exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, a saber, el capitán de corbeta, Leamsy Salazar, había desertado y huido de Venezuela después de una ruptura con el chavismo. Cuando ya estaba fuera del territorio venezolano, en Estados Unidos, acusó una serie de prácticas delictivas —especialmente narcotráfico—que, supuestamente, tienen lugar en el seno de la alta jerarquía militar y gubernamental.

   Salazar sostuvo fehacientemente que Diosdado Cabello estaba a la cabeza del Cartel de los Soles, organización constituida por oficiales de la Fuerza Armada venezolana de la cual el expresidente de la Asamblea Nacional y ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, sería líder.

  De acuerdo a su declaración, Leamsy Salazar, dijo haber visto “situaciones y conversaciones que incriminan” a Cabello, “En concreto, le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y ha aportado evidencias sobre lugares donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes de ese negocio ilícito, según las fuentes conocedoras de la investigación, llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de EE.UU.”, refirió el citado diario español que también da cuenta de la aseveración del ex-escolta que involucró igualmente a Tareck el Aissami, exgobernador de Aragua y ex-vicepresidente ejecutivo, así como a José David Cabello, superintendente del Seniat, quien estaría  a cargo de las finanzas del cártel.

  Salazar aseguró que PDVSA supuestamente es usada para lavar el dinero proveniente del narcotráfico y acusó que un hijo de Hugo Chávez y al hijo de quien fue embajador de Cuba en Caracas hasta 2009, Germán Sánchez Otero, de traficar estupefacientes[2].

FANB: De la permisividad a la participación directa

   Desde entonces comenzaron a hacerse públicos diversos informes e investigaciones que daban cuenta de las actividades de dicho cartel, como, por ejemplo, los presentados por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insigth Crime), donde se indica que en Latinoamérica las empresas criminales se dedican al narcotráfico con el objetivo de financiarse. En Venezuela se da la particularidad de que esta actividad delictiva se maneja desde el interior del propio gobierno de Nicolás Maduro, quien a través del tráfico de cocaína se afianza en el poder.

   Y es que, en esta nación, al parecer a los elementos corruptos del gobierno les pareció insuficiente la permisividad que se mantenía frente a otros actores del narcotráfico y, por tanto, decidieron asumir el protagonismo y participar directamente en el negocio.

   Fue en 1993 cuando comenzó a hablarse del Cartel de los Soles, luego de que “dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado”.

   Las investigaciones de InSight Crime contabilizan 123 archivos que reseñan la actividad criminal de altos oficiales, activos o retirados, en tráfico de cocaína que “por motivos legales” no se publican de manera completa, sino que se limita a dar a conocer “algunos datos de aquellos contra quienes creemos tener evidencia muy sólida”. Este centro de investigación sostiene que Maduro, en lugar de castigar a los incursos o acusados, los promueve de modo que, ante cualquier amenaza de caída del régimen, estos trabajen en su favor.

   Entre las figuras más prominentes del oficialismo marcados con el estigma del narcotráfico a que Insight Crime hace referencia, está, en primer lugar, Diosdado Cabello, de quien fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos le habrían referido bajo condición de anonimato que “este tipo está metido hasta el cuello en todo tipo de actividades ilegales en Venezuela y estamos armando un caso contra él. Pero sabe cómo protegerse y mantener distancia del trabajo sucio”.

   En sus inicios por los años ’90 la participación militar se limitaba a la permisividad, tropas de la Guardia Nacional mantenían alianzas con narcotraficantes permitiéndoles movilizar la mercancía a cambio de sobornos. Para ese entonces, no había conexión directa entre el sector castrense y los proveedores de la droga. Para el año, 2000 sectores del ejército y de la GN ya tenían un papel más activo, constituyéndose células que comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína. El Plan Colombia, alianza entre Estados Unidos y el gobierno neogranadino para el combate del narcotráfico, obligó a los guerrilleros de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) movieran sus operaciones a territorio venezolano. Igualmente, el proceso de paz en 2002 y el golpe de estado que defenestró del poder brevemente a Hugo Chávez, hicieron que este último estableciera un riguroso control en torno a él y entregó importantes posiciones de gobierno y administración al sector militar. En 2005, el mandatario expulsó a la DEA de Venezuela y puso fin a los proyectos antinarcóticos financiados por Estados Unidos. En 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Hugo Carvajal, a Henry Rangel Silva y a Ramón Rodríguez Chacín y posteriormente, en 2011, a Cliver Alcalá Cordones, a Freddy Bernal, a Ramón Isidro Madriz Moreno y a Amílcar Figueroa Salazar. El cartel fue consolidándose y en 2014 la OFAC nombró al exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios, quien posteriormente fue arrestado por fuerzas de seguridad en Aruba bajo requerimiento de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, fue dejado en libertad rápidamente después de la intervención del gobierno holandés. Los incidentes y escándalos siguieron hasta que Leamsy Salazar huyó e hizo las revelaciones de que hemos dado cuenta[3].

   Un reportaje  del The Wall Street Journal, publicado en mayo de 2015, aseguró que fiscales de los Estados Unidos investigaban a Diosdado Cabello por narcotráfico y por ser jefe del cartel de los Soles[4]. Precisó la publicación que Leasmy Salazar, entre otros, suministró pruebas de estos hechos, subrayando el importante papel de Cabello en el narcotráfico en Venezuela. El militar demandó al periódico estadounidense por difamación, pero un tribunal le negó tal demanda.

   El Centro de Investigación también hace mención a Tareck El Aissami, como el segundo hombre más importante del gobierno venezolano, quien supuestamente también participa del narcotráfico; menciona al Mayor General, Néstor Reverol, exministro de Relaciones Interiores y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, imputado por narcotráfico en Estados Unidos, quien “alertó a narcotraficantes de operativos contra ellos, obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcos arrestados y se aseguró de que se devolviera narcóticos incautados a los traficantes”. Cilia Flores, esposa de Maduro es citada al relacionarla con el caso de sus sobrinos condenados por tráfico de cocaína en Estados Unidos, así como por su hijo, Walter Jacob Gavidia, también señalado por sus actividades irregulares.

   Subraya Insight Crime que la relación del Cartel de los Soles con las FARC fue decisiva “en el desarrollo del narcotráfico en Venezuela”, pues a pesar de haberse desmovilizado el grupo guerrillero en 2017, mantiene un gran número de sus integrantes territorio de Venezuela desde donde siguen con actividades narcotráfico con miembros del referido cartel.

  Antes que Leasmy Salazar, otra persona había hablado del Cartel de los Soles, a saber, el narcotraficante venezolano, Walid Makled, quien tenía nexos con miembros del ejército, entre ellos, el exgeneral de la Guardia Nacional y exgobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles, el general Alexis Maniero, exjefe del 7° Comando Regional del Ejército en el estado de Sucre, quien lo dotó de credenciales oficiales. El narcotraficante aseguró que pagaba USD 50.000 semanales a Hugo Carvajal, y también mencionó entre sus colaboradores el general de la Guardia Nacional Bolivariana, Dalal Burgos, y al excapitán Ramón Rodríguez Chacín, exministro del interior y de justicia. Aunque Makled admitió que no mantuvo relación directa con Hugo Chávez, dijo que sí había hablado con parientes muy cercanos al mandatario[5].

Maduro es el líder del Cartel de los Soles

   Tal como se sostiene en la acusación, la fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo, refirió en una entrevista que Nicolás Maduro, es el líder del Cártel de los Soles, afirmación que hace sustentada en las evidencias que dieron pie a levantar los cargos contra este y 14 funcionarios y exfuncionarios de su administración.

  Precisó que, a Maduro, particularmente, se le imputa por narcotráfico y tráfico de armas. “Esos cargos tienen que ver con la conspiración que él tiene como líder del Cártel de los Soles y el acuerdo que él tiene con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) (…) Se alega que Maduro es el líder del Cártel de los Soles. Entonces, son las personas que trabajaban debajo de él que hacen las negociaciones con las FARC. Esas son las alegaciones”.

   Fajardo se remite a 2006 y 2013 cuando Maduro ejercía como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, tiempo en el que se consolidó su relación con el tráfico de drogas. “Toneladas de cocaína que salieron de Venezuela, en el 2006, fueron a México y fueron incautadas por las autoridades mexicanas y Venezuela tuvo que intervenir en esta situación”.

  En 2013, precisa la fiscal Fajardo, Nicolás Maduro debía estar en Estados Unidos para participar en una reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), participación que canceló a último momento porque, como había ocurrido en 2006, “esta vez Francia había incautado unas toneladas de droga del Cartel de los Soles”.

  Fajardo subraya que Maduro permitió que las FARC entraran y operaran en Venezuela y, además de brindarles espacio y dinero para traficar, también le suministraron armas y protección[6].

CITAS

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism


[2] ABC. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”. 18 de agosto de 2015. https://www.abc.es/internacional/20150127/abci-venezuela-cabello-eeuu-201501262129.html

[3] InSight Crime. “Cartel de los Soles”. https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/cartel-de-los-soles-perfil/  

[4] The Wall Street Journal. “Venezuelan Officials Suspected of Turning Country into Global Cocaine Hub”. 18 de mayo de 2018. https://www.wsj.com/articles/venezuelan-officials-suspected-of-turning-country-into-global-cocaine-hub-1431977784

[5] Insight Crime. “Narcotráfico en el régimen venezolano: El ‘Cartel de los Soles’”. 17 de mayo de 2018. https://es.insightcrime.org/investigaciones/narcotrafico-en-el-regimen-venezolano-el-cartel-de-los-soles/


[6] Voz de América. “La fiscal del Cartel de los Soles y las evidencias contra Maduro”. 3 de abril de 2020. https://www.voanoticias.com/a/fiscal-del-distrito-sur-de-florida-hay-mucha-mucha-corrupcion-que-viene-venezuela-/5355441.html