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viernes, 26 de marzo de 2021

Conozca las razones por las que la viuda de Fernando Albán acusa a Maduro y su empresa criminal del asesinato de su esposo

  ¿Qué alega Meudy Albán Osío para responsabilizar al dictador venezolano y socios, las FARC y el Cartel de los Soles de la muerte del concejal de Primero Justicia ocurrida bajo custodia del SEBIN?

Por Maibort Petit

   La viuda del concejal Fernando Albán, Meudy Albán Osío, demandó por daños y perjuicios a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. La familia del dirigente de Primero Justicia responsabiliza al mandatario venezolano del asesinato de este cometido el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

   Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  En la demanda, los demandados recuerdan que Estados Unidos y el mundo han condenado al régimen de Nicolás Maduro por la tortura y asesinato de Fernando Albán y se cita, en primer lugar, a la portavoz de la Casa Blanca para la fecha de los hechos, Sarah Sanders, quien dijo: “Las autoridades venezolanas detuvieron a Albán el 5 de octubre, a su regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Murió tres días después mientras estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de Venezuela ".

  Asimismo, citan al portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, quien se hizo eco de los sentimientos de la Casa Blanca y afirmó que el asesinato de Fernando Albán "destaca un patrón continuo de abusos de derechos humanos en ese país, represión y uso excesivo de la fuerza".

  Del mismo modo hacen referencia a la declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana y del secretario de la OEA, Luis Almagro,que responsabilizaron al régimen de Maduro de la muerte de Albán;  los representantes Carlos Curbelo (FL-26), Ileana Ros-Lehtinen (FL-27), Mario Díaz-Balart (FL-25) y Albio Sires (NJ-08), así como el senador Marco Rubio (FL), quienes exigieron una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de Fernando Albán y solicitaron sanciones contra los responsables.

El papel del cartel de los Soles

   Sostiene la demanda que un miembro del ejército venezolano, a través de sobornos, se involucró en el tráfico de drogas en la década de 1990, mientras que para 1992, Hugo Chávez formó integró el que para la fecha se denominaba "Cártel Bolivariano", nombre que cambió en 1993 a "Cártel de los Soles". Ya en la presidencia, Chávez hizo crecer el cártel, otorgando inmunidad a los funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a cambio de su lealtad. En 2005, expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de Venezuela y el país se convirtió en una ruta más atractiva para el tráfico de drogas. El Cártel de los Soles comenzó a coordinarse con las FARC para traficar cocaína, mientras las bases de la fuerza aérea venezolana comenzaron a albergar aviones cargados de cocaína que llegaban de Colombia.

  Cuando Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro se convirtió en uno de los líderes del Cártel en el que Néstor Reverol Torres y Vladimir Padrino López son figuras importantes. Entretanto, Tarek William Saab y Maikel José Moreno Pérez también apoyan las actividades del cartel.

Las FARC

  Igualmente, se hace mención en la demanda a las FARC como una organización armada y violenta con sede principalmente en Colombia, de la cual varios de sus integrantes, luego de que esta guerrilla depusiera sus armas, desde pues del acuerdo de paz de 2016, se instalaron en Venezuela con la anuencia y apoyo de Nicolás Maduro. Estos en alianza, procuran descarrilar el proceso de paz y desestabilizar todos los niveles del gobierno colombiano mediante la violencia, asesinatos y toma de rehenes, terrorismo.

   Las FARC han sido y siguen siendo fuertemente antiamericanas, considerando a los estadunidenses como "objetivos militares". Para este grupo el narcotráfico en un medio de sustento, particularmente en la frontera con Venezuela.

   Desde el 8 de octubre de 1997 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera a las FARC como organización terrorista extranjera designada.

La empresa criminal de Maduro

  En la demanda de los Albán se indica que la Empresa Criminal Maduro es una asociación que incluye, entre otros, al propio Nicolás Maduro, su régimen, el Cartel de los Soles, las FARC y los individuos demandados (Saab, Moreno, Reverol).

  Sostiene que los miembros de la Empresa Criminal Maduro han conspirado y acordado cometer una amplia variedad de delitos interrelacionados entre ellos (a) el tráfico de estupefacientes; (b) actos de terrorismo que incluyen pero de ninguna manera se limitan al narcoterrorismo; (c) violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, torturas y asesinatos; (d) delitos de corrupción pública; y (e) blanqueo de capitales.

   Cada una de estas actividades delictivas es intrínseca y necesaria para la funcionalidad de la empresa criminal en general, siendo un objetivo central de la empresa y la conspiración, retener el control autoritario sobre Venezuela. Al garantizar que Maduro controle ilegalmente el estado venezolano, la Empresa Criminal Maduro asegura que puede continuar cometiendo delitos rentables, como el tráfico de narcóticos y el saqueo del tesoro venezolano, con impunidad y sin interferencia de la aplicación de la ley legítima.

  Agrega que, a través de actos de terrorismo y abusos a los derechos humanos, la Empresa Criminal Maduro reprime la oposición a su narcotráfico, la corrupción pública y el control autoritario sobre Venezuela.

Las líneas clave de la Empresa Criminal Maduro

   El narcotráfico y el narcoterrorismo son parte fundamental de la Empresa Criminal Maduro, habiendo sus miembros —durante al menos 20 años hasta el día de hoy— actuado junto a las FARC en una vasta conspiración de narcoterrorismo y, a través de ella, ha inundado intencionalmente a Estados Unidos con cocaína, no solo para enriquecer al propio Maduro junto con los demás miembros de su organización, sino también para dañar a EE. UU.

   Cita que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia reveló las acusaciones que imputan una miríada de delitos contra Maduro, otros líderes venezolanos y sus co-conspiradores de las FARC, por narcotráfico y narcoterrorismo. Luego la demanda hace un recuento de todos los pronunciamientos formulados desde distintas instancias del gobierno estadunidense en los que se describe la conducta criminal de Maduro, su empresa criminal y de sus co-conspiradores en conjunto con el grupo terrorista colombiano. Se indica cómo estos aprovecharon su poder autoritario en Venezuela para apoyar la conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico.

  Del mismo modo se hace referencia al hecho de que un grupo disidente de unos 2.500 miembros de las FARC se ha apoderado de la frontera entre Venezuela y Colombia con apoyo del régimen de Maduro para sus actividades narcoterroristas, permitiéndoles usar el país como un refugio seguro desde el cual pueden continuar conduciendo su tráfico de cocaína y su insurgencia armada.

  Entre otros, la demanda cita el caso de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, condenados a 18 años de prisión por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos y usar parte de las ganancias en la campaña electoral para la Primera Dama de Venezuela. Los condenados idearon un plan para trabajar con las FARC para enviar literalmente toneladas de cocaína a Estados Unidos.

   Agrega la demanda que un rasgo definitorio de la Empresa Criminal Maduro es la relación simbiótica entre sus principales miembros y el Cartel de los Soles y las FARC, trabajando mano a mano para perpetrar una conspiración narcoterrorista masiva, continua y altamente rentable dirigida contra Estados Unidos.

  Venezuela también proporciona un refugio seguro para las FARC y estas han asumido funciones estatales en regiones del país, teniendo un gran interés en apoyar al régimen de Maduro. La expansión a Venezuela ha permitido a las FARC llevar a cabo ataques en Colombia y resistir los golpes de las fuerzas de seguridad colombianas. Del mismo modo, refiere la demanda, Maduro proporciona a las FARC armas y municiones militares de alta gama, como armas antitanques lanzadas desde el hombro. A cambio, las FARC capacitan a las milicias y colectivos que funcionan como una unidad de las fuerzas armadas del Cartel de los Soles.

Los DDHH y el papel del SEBIN

   La demanda suma a las líneas de acción de la Empresa Criminal Maduro, los abusos contra los derechos humanos del régimen, siendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los brazos ejecutores de estas prácticas. Esta fuerza policial política es conocida por el hostigamiento, arresto, tortura y asesinato de presos políticos en Venezuela.

   Precisa que el SEBIN tortura habitualmente a detenidos y presos en su sede, un edificio de oficinas de 16 pisos en la Plaza Venezuela de Caracas. Este edificio también incluye cinco pisos subterráneos, apodados "La Tumba" por los funcionarios venezolanos. Allí, los presos políticos se mantienen en condiciones inhumanas a temperaturas bajo cero y sin ventilación, saneamiento ni luz natural. Las celdas son de dos por tres metros, con una cama de cemento, cámaras de seguridad y puertas enrejadas, cada celda alineada una al lado de la otra para que no haya interacciones entre los presos. Estas condiciones han provocado que los presos enfermen gravemente, a pesar de lo cual se les niega el tratamiento médico. El SEBIN también detiene a presos políticos en un segundo edificio, conocido como El Helicoide. La demanda describe toda la actividad criminal del SEBIN.

Cleptocracia y corrupción

  La demanda además describe al régimen de Nicolás Maduro como una cleptocracia que ha saqueado sistemáticamente a Venezuela, según lo ha afirmado la Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan.

  La Empresa Criminal Maduro blanqueó el producto de sus actividades delictivas a través de los Estados Unidos, especialmente el sur de Florida, indica la demanda.

La Empresa Criminal Maduro contra Albán

  Ante las denuncias que Fernando Albán formuló contra el régimen criminal de Nicolás Maduro, incluso en la asamblea de la ONU, la familia comenzó a recibir amenazas de muerte que llevaron a que la esposa del concejal y sus hijos tuvieran que huir a los Estados Unidos donde pidieron y obtuvieron asilo en julio de 2018.

  Tales denuncias, sostienen los demandantes que a razón de la persecución que el régimen de Maduro emprendió contra Albán y la delegación de su partido político, Primero Justicia en Nueva York, decidió arremeter contra el dirigente, capturarlo y luego asesinarlo.

   Para ello, la Empresa Criminal Maduro secuestró, a través del SEBIN, a Fernando Albán en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando regresó de Nueva York a Venezuela el 5 de octubre de 2018.

  La demanda describe todo lo que califica como un secuestro y cómo le fabricaron cargos para justificar su detención y cómo agentes del SEBIN lo trasladaron al Palacio de Justicia donde fue presentado a un tribunal que declinó competencia y lo remitió al Tribunal de Control de Terrorismo, una instancia judicial utilizada por el régimen de Maduro para atacar a los líderes de la oposición.

  Asegura la demanda que el régimen de Maduro torturó y asesinó a Fernando Albán.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN, luego de torturarlo y asesinarlo, arrojó el cadáver de Albán desde el décimo piso de su sede.

  El fiscal general, Tarek William Saab, anunció por teléfono durante una transmisión por la televisora estatal VTV, que Albán “se había suicidado”, una historia que no resistió el escrutinio por mucho tiempo porque los baños en desde los cuales se dijo que se había lanzado, no tienen ventanas.

  Más tarde, el ministro del Interior, Néstor Reverol, hizo una declaración diferente, según la cual, Albán se lanzó desde la sala de espera.

  La demanda describe todas las contradicciones en que el régimen incurrió al informar del caso.


 

martes, 29 de diciembre de 2020

Sigue el pleito legal de David Rivera y PDV USA: Corte de NY carece de jurisdicción para procesar la demanda

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación alegando que, al 30 de octubre de 2020, rescindió la cesión que hizo, pero Interamerican le recuerda que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020.

Por Maibort Petit

  Interamerican Consulting INC., empresa propiedad del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para desestimar la demanda en su contra presentada por PDV USA INC., pues esta última cedió los derechos del contrato suscrito con ella a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y, por tanto, no es legítima la acusación y la corte deja de tener jurisdicción en el asunto.

   PDV USA reclama un supuesto incumplimiento de contrato y aspira recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

La moción

   El 18 de diciembre de 2020, Kathryn Lee Boyd, Shira Lauren Feldman y Alan Alvela, de la firma de abogados Hecht Partners LLP, representantes de la Interamerican Consulting INC., presentaron ante la Corte una moción para desestimar la demanda enmendada de la parte acusadora por considerar la falta de jurisdicción en la materia, porque no existe legitimación en virtud del artículo III, y este caso presenta una cuestión política injustificable.

  Los abogados de la empresa de David Rivera, le manifestaron al juez de la causa, John G. Köeltl, que su solicitud se sustenta en lo establecido en la Regla 12 (b) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La Demanda Enmendada fue presentada el 30 de octubre de 2020.

   Interamerican Consulting INC. respaldó su pedido al juez Köeltl con el Memorando de Ley fechado el 18 de diciembre de 2020, así como la Declaración de David Rivera, formulada en la misma fecha.

Los argumentos de la moción

  Interamerican Consulting Inc presentó ante la corte del juez Köeltl un memorando de ley en apoyo de su moción para desestimar la Demanda Enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).


   Sostienen los abogados de la demandada que PDV USA carece de legitimación bajo el citado artículo III porque, primero, dicha empresa cedió sus derechos a PDVSA hace más de dos años y ha actuado de acuerdo con esa asignación, por lo que ahora no puede reclamar una lesión de hecho.

  Explican que el presunto daño no se puede resarcir mediante la demanda y para poder obtener la compensación pecuniaria que reclama, la corte tendría que ordenar a Interamerican, registrada bajo las leyes del estado de Florida, dirigir dinero a una entidad que es propiedad total de una SDN y, en consecuencia, el demandante no puede alegar los requisitos constitucionales mínimos para la legitimación del Artículo III.

   Refieren que si el tribunal otorgara el alivio que busca el demandante, se vería obligado a cuestionar la determinación ya hecha por el Ejecutivo en forma de sanciones para prohibir los juicios monetarios para el beneficio directo o indirecto de PDVSA a través de PDV USA. Por ello estiman que el caso debe ser desestimado de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).

   Recuerdan que el mencionado artículo III limita la jurisdicción de los jueces federales a "casos" y "controversias" y para cumplir con lo allí establecido, un demandante debe establecer tres cosas: (1) un daño de hecho: una invasión de un interés legalmente protegido de manera concreta, particularizada y real o inminente, no conjeturas o hipotéticas; (2) una conexión causal entre la lesión y la conducta denunciada; y (3) la posibilidad de volver a la lesión mediante una decisión favorable. Esto, en la visión del demandado, no ocurre.

   Por otra parte, al haber cedido sus derechos de ejecución el 10 de mayo de 2017 a PDVSA, entonces el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción sobre la materia porque el PDV USA no es la parte adecuada en esta acción.

   En tal sentido, con la cesión de derechos, PDVSA se convirtió en la única parte con algún interés en el acuerdo o con derecho a entablar la demanda.

   Se indica en el memorando, que PDV USA ahora intenta dar marcha atrás y sostiene en la Demanda Modificada que no asignó sus derechos a PDVSA.

  Alega la demandante que al no haber firmado Interamerican la cesión, ésta no es válida, argumento que según la demandada no tiene fundamento, tal como respalda la jurisprudencia.

  Sostienen que los contratos en Nueva York se pueden ceder libremente sin en ellos no hay una especificación que lo prohíba, lo cual no ocurre con el contrato.

    Entretanto, PDV USA afirma que el consentimiento por escrito de la demandada fue una condición esencial del mismo.

   David Rivera y su empresa se remiten a un correo electrónico que Arnaldo Arcay, asesor legal de CITGO, envió al presidente de Interamerican, David Rivera, en nombre de PDV -USA y PDVSA.

   Allí Arcay adjunta la Cesión, ya ejecutada tanto por PDV USA como por PDVSA, e informa a Rivera que “la fecha de vigencia de la cesión es el 10 de mayo de 2017, que corresponde a la fecha en que las Partes acordaron la cesión en cuestión”.

   El 28 de diciembre de 2018, Alejandro Escarrá, también de CITGO, reiteró la vigencia de la Cesión, diciendo a Rivera: “Como usted sabe, el Contrato de Consultoría del 21 de marzo de 2017 fue cedido de PDV USA a PDVSA a partir del 10 de mayo de 2017. Desde ese momento en adelante, PDV USA no ha tenido derechos, obligaciones ni responsabilidades en virtud del Acuerdo ".

  Y el 18 de febrero de 2019, Judith Colbert, Asesora General de CITGO, volvió a hacer esta declaración y le dijo a Rivera que "PDV USA asignó [el Acuerdo] a PDVSA en mayo de 2017".

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación resultante alegando que, al 30 de octubre de 2020, ha rescindido la cesión que hizo. Debido a que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020 y dado que la "legitimación" debe darse al comienzo del litigio, ahora no es posible fijar una posición retroactiva.

   Entre otras consideraciones, Interamerican Consulting INC recuerda las sanciones impuestas por la OFAC a PDVSA, lo cual aplica también para las entidades de su propiedad, no procede el pago que el demandante reclama.

  Remitiéndose la jurisprudencia, subraya la demandada que “La doctrina [de la cuestión política] impide que los tribunales decidan controversias en las que existe un compromiso constitucional textualmente demostrable del tema con un departamento político coordinado; o una falta de estándares judicialmente detectables y manejables para resolverlo'” y al cumplirse todas las bases para que el caso se tenga por político, los reclamos son improcedentes.

La declaración de Rivera

   El 18 de diciembre de 2020, David Rivera, desde Miami, presentó declaración jurada ante la Corte del distrito Sur de la Florida, bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos.

   Luego de certificar que es el presidente de Interamerican Consulting, Inc. manifestó que el 31 de mayo de 2017, recibió un correo electrónico de Arnaldo Arcay, quien es asesor legal de Asuntos Internacionales de CITGO Petroleum Corporation, el cual iba acompañado de una traducción certificada al inglés del mismo.

   En dicha comunicación, Arcay informó a Rivera que por instrucciones de la Gerencia de CITGO y atendiendo a una conversación telefónica sostenida entre ambos un día previo, remitía el documento a ser suscrito entre PDV USA Inc. y Petróleos de Venezuela S.A., el cual permitía la cesión del Contrato de Servicios de Consultoría de fecha 21 de marzo de 2017 originalmente suscrito entre PDV USA e Interamerican Consulting.

   Arcay pidió a Rivera confirmar si estaba de acuerdo con los términos del contrato con el objeto de proceder a obtener la firma de los representantes de PDV USA y PDVSA.

   Igualmente, la declaración de Rivera da cuenta de otro correo electrónico que recibió el 5 de octubre de 2017, también de parte de Arnaldo Arcay, anteriormente identificado, con una traducción certificada al inglés del mismo.

   En esta nueva comunicación, Arcay le refería a David Rivera que por instrucciones de Edoardo Orsoni, (exfuncionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño), le remitía el documento de cesión entre PDV USA Inc. y PDVSA del contrato de servicios de consultoría originalmente suscrito entre la primera e Interamerican Consulting.

   Especificaba el correo que la fecha efectiva de la cesión era el 10 de mayo de 2017, momento cuando las partes acordaron la cesión en cuestión.

   Arcay quedaba a la espera de que Rivera le remitiera el documento debidamente suscrito para completar los trámites y archivos correspondientes.

   David Rivera también le indicó al tribunal en su declaración, que el 28 de diciembre de 2018 recibió un correo electrónico de Alejandro Escarrá, vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO, en el que este último informaba que habían completado la revisión de su solicitud.

   Le indicó Escarrá que el contrato de consultoría firmado el 21 de marzo de 2017 había sido cedido por PDV USA a PDVSA el 10 de mayo de 2017 y, desde ese momento, PDV USA carecía de derechos, obligaciones y responsabilidades en virtud del citado contrato.

  Agregaba el vicepresidente de asuntos legales de CITGO, que ninguna entidad de dicha empresa (CITGO) tenía ya alguna participación u obligación en virtud del acuerdo. Por ello le sugirió comunicarse con PDVSA para discutir sus preguntas relacionadas con el acuerdo de consultoría.

   Del mismo modo, David Rivera refirió a la corte que el 18 de febrero de 2019, recibió un correo electrónico de Judith Colbert, asesora general legal de CITGO, en el que hacía acuse de recibo de un correo electrónico remitido por Rivera el 4 de febrero de 2019.

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

   Colbert le reiteró lo afirmado por Escarrá, en el sentido de que CITGO no era parte del acuerdo de consultoría y que PDV USA había asignado dicho contrato a PDVSA en mayo de 2017.

   La asesora general legal de CITGO le manifestó a Rivera que su tesis de que Interamerican Consulting puede presentar una reclamación contra CITGO por el pago en virtud del contrato de consultoría carecía de sustento, incluso le advirtió que la empresa propiedad del ex-congresista estadounidense podría violar la ley federal si hiciera o aceptara algún pago relacionado con el contrato en cuestión. Tal advertencia la formuló la funcionaria de CITGO en razón a las sanciones impuestas el 28 de enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a Petróleos de Venezuela S.A. Agregó que no teniendo conocimiento de la alguna Licencia General que permitiera realizar el pago en estas circunstancias, el mismo era improcedente.

Artículo relacionado:¿Busca CITGO silenciar casos de corrupción para evitar conflictos mayores?

  Finalmente, Colbert le solicitó a Rivera comunicarse con el abogado externo de CITGO, Michael Gottlieb (mgottlieb@willkie.com) y evitara en adelante abstenerse de realizar más contactos con el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Por último, David Rivera declaró ante la corte que sus discusiones iniciales sobre el acuerdo de consultoría los llevó a cabo con representantes de CITGO. Precisó que fue por su iniciativa que su empresa estableció un acuerdo de consultoría con PDV USA Inc., el cual fue redactado y presentado a Interamerican Consulting Inc. por ejecutivos corporativos de CITGO, habiendo sido un abogado de esta última, quien utilizó una dirección de correo electrónico de la subsidiaria de la PDVSA.


jueves, 2 de enero de 2020

Conoce cómo el régimen de Maduro forma su "ejército de trolls" para controlar y manipular a la opinión pública

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

   Con reglas estratégicas agrupadas en el Proyecto de Formación de Trolls para crear un poderoso ejército que busca enfrentar la supuesta "guerra mediática", el régimen de Nicolás Maduro establece las líneas maestras para manejar, manipular y controlar a través de las redes sociales a la opinión pública nacional e internacional, y abortar o neutralizar, cualquier intento de difundir o generar una narrativa diferente a la impuesta por la revolución en las últimas dos décadas.
     El proyecto para la creación del Ejército de Trolls forma parte de las herramientas usadas por el régimen venezolano en el marco de la llamada guerra asimétrica para el control de la opinión pública.

Conformación del ejército digital y sus componentes
  
   Para la conformación del Ejército Digital -base de operaciones- tiene varios componentes que están conformados por personas que tendrán, (cada una) a su disposición 23 cuentas en las principales redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y Google. 
   Cada persona que forma parte de la Escuadra debe crear 5 cuentas de Instagram, 5 de Facebook, 10 cuentas de Twitter, 1 de Youtube, 1 de Google y una de WhatsApp que suman 23 cuentas. 10 personas constituyen un Pelotón que suman 230 cuentas en las principales redes. Así, 50 personas suman 1.150 cuentas que conforman el componente Compañía, 100 personas conforman 2300, Batallón y las Brigadas que están compuestas por 500 personas que agrupan 11.500 cuentas.

Escuadras
   A su vez las Escuadras tendrán las siguientes responsabilidades: Prensa, diseño, sistemas, incubadores, ataques (Flames), creadores de contenidos informativos, notas de prensa, artículos y publicaciones, contenidos audiovisuales, banners, Flyers, edición de fotos, videos, creadores de aplicaciones Web para computadoras y celulares, hackers y crackers, creadores de cuentas en redes sociales que le darán humanización y personalidad a cada una de ellas, y los incitadores y creadores de falsos positivos para confundir a las audiencias.

Así se conforman los equipos:
Estas son las instalaciones necesarias:
El proyecto incluye información sobre las cuentas verificadas:
        
   Para reforzar el ejército de Trolls plantean la creación de páginas web informativas, Compra de cuentas (Instagram, Twitter) con mas de 100k seguidores para convertirlas en influenciadores, Transmisión de eventos,tránsito, operativos, etc. Estarán dedicadas a cubrir noticias de diferentes ámbitos algunas con línea política pro gobierno y otras de oposición para poder llegar a este público.
  Estas son las cuentas que complementan el ejército de trolls del régimen de Nicolás Maduro. 



Destacan la importancia de los influenciadores.


miércoles, 30 de octubre de 2019

Joseph Humire: Para deshacerse de Maduro en Venezuela, Estados Unidos debe desafiar a sus facilitadores

Este artículo, escrito por Joseph M. Humire y Christina Armes, fue publicado originalmente en inglés en The Hill. Con la autorización de los autores lo publicamos en español en este blog.  Joseph M. Humire es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS) y miembro principal del Instituto Gatestone y del Foro del Medio Oriente. Es especialista en Seguridad Nacional y un experto en seguridad global, especializado en analizar amenazas trans-regionales en el hemisferio occidental. 

Para deshacerse de Maduro en Venezuela, Estados Unidos debe desafiar a sus facilitadores 

La semana pasada, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump se reunió con líderes del gobierno interino de Venezuela, junto con representantes del Grupo de Lima, un bloque de 14 naciones en América Latina que se enfrenta a la crisis en Venezuela. El consenso fue claro: Venezuela necesita un nuevo liderazgo, sin la batalla del presidente Nicolás Maduro.

En su declaración en la reunión, el presidente chileno, Sebastián Piñera, subrayó que Maduro no trabaja solo. “Tenemos que darnos cuenta ... de que hay aliados [internacionales] que ayudan a [Maduro en] Venezuela y estamos hablando de países como Cuba, China, Rusia, Irán y Turquía. Creo que toda la comunidad latinoamericana, y tal vez todo el mundo, debería [tener] muy claro que lo que están haciendo realmente está afectando los intereses de todos los países latinoamericanos ”.

El presidente Piñera tiene razón. Abordar a Venezuela de manera aislada es interpretar mal la crisis; El régimen de Maduro está respaldado por una red multipolar de actores externos estatales y no estatales decididos a mantener el régimen en el poder.

El reinado de Maduro no terminará hasta que esta red se deshaga.

El Centro para una Sociedad Libre Segura, conformado por un grupo de expertos en seguridad nacional con sede en Washington, ha acuñado el acrónimo "VRIC" para la alianza emergente de seguridad e inteligencia que no es natural, no convencional, pero cada vez más real. El VRIC recuerda el acrónimo BRIC, acuñado por el economista británico Jim O’Neill, que representaba las cuatro economías mundiales en ascenso. Sin embargo, el VRIC es más siniestro y describe las cuatro mayores amenazas para la seguridad global y su creciente dependencia mutua: Venezuela (y la Alianza Bolivariana más amplia), Rusia, Irán y China.

A pesar de las paralizantes sanciones, la presión internacional por el cambio de régimen y más de 4 millones de venezolanos que han huído de su país, Maduro aún conserva el poder con la ayuda de la alianza VRIC.

No hay mayor indicio de que el régimen de Maduro cuente con el apoyo internacional para sobrevivir [ en especial durante lo ocurrido en semana de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando los líderes del régimen se fueron al extranjero]. Ante el aumento de la presión, Maduro, que pasó por alto la Asamblea General y envió a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, viajó a Moscú. Maduro llevó a su gira, "el poder detrás del trono", Tareck El Aissami, ex vicepresidente de la República y actual Vicepresidente de Industrias y Producción Nacional, para discutir el compromiso internacional con el presidente ruso Vladimir Putin. El Aissami está actualmente acusado por el Departamento de Justicia, sancionado por el Departamento del Tesoro y en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.

Mientras Maduro estaba en Moscú, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, visitó Corea del Norte con una delegación que presentó un regalo a Kim Jong Un en nombre de Maduro. Venezuela abrió su primera embajada en Pyongyang en agosto de 2019.

Rara vez Maduro, Cabello, Rodríguez y El Aissami salen de Venezuela al mismo tiempo. Pero lo ocurrido en esa semana pasada demuestra que el régimen, en su estado debilitado, depende cada vez más de sus aliados internacionales para que lo rescaten. Es un patrón de comportamiento evidente durante todo el año.

Después del 23 de febrero, cuando Maduro bloqueó el paso de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a través de la frontera colombiano-venezolana, envió de inmediato a Rodríguez a Rusia para conversar con el canciller Sergei Lavrov. Poco después, Rusia, China y Turquía enviaron ayuda humanitaria a Venezuela.

Lo mismo sucedió en marzo. Cuando Venezuela experimentó una serie de apagones en todo el país, China ofreció su apoyo técnico para ayudar a poner fin al apagón y Rusia envió un contingente de "especialistas" militares de 100 personas.

Luego, después de la fallida Operación Libertad el 30 de abril, con el objetivo de remover a Maduro, el canciller venezolano Jorge Arreaza anunció que Rusia podría enviar más especialistas militares. Y así lo hicieron, en junio, cuando un avión lleno de técnicos militares rusos aterrizó en Caracas.

El equipo conformado por Rusia-China (con ayuda de Irán) ha demostrado ser efectivo para neutralizar los esfuerzos del presidente interino, Juan Guaidó, de poner fin a la usurpación de Maduro en Venezuela. 

Aunque menos visible en Venezuela, la República Islámica de Irán presta apoyo a Maduro a través de canales secundarios y fuertes relaciones diplomáticas y militares. Durante los tiempos tensos en Teherán, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif viajó a Caracas en julio para mostrar solidaridad con Maduro y asistir a la reunión del Movimiento de Países No Alineados. Esto ocurrió semanas después de que el principal funcionario de seguridad iraní, Ali Shamkhani, se reunió con su homólogo venezolano, el general Angiollilo Fernández, para discutir la cooperación en seguridad. Fernández ahora está a cargo de UNEFA, la academia militar de Venezuela.

Si bien las naciones VRIC respaldan abiertamente las negociaciones fallidas entre Maduro y su oposición, también alimentan el fracaso al dividir a la oposición a través de operaciones de información y medidas activas llevadas a cabo por la contrainteligencia cubana.

Está claro que trabajar con Maduro hacia una transición no es una opción. Pero simplemente apuntar a Maduro y su régimen dentro de Venezuela ha resultado inútil. Obligar a Maduro a sacar una "rampa de salida" de Venezuela significa contrarrestar a sus aliados externos que lo sostienen. Cualquier acción tomada contra Maduro debe tener en cuenta los actores estatales externos que proporcionan líneas de vida a su gobierno.

"Maduro es parte del problema y nunca será parte de la solución", insistió Piñera en la reunión al margen de la Asamblea General. De hecho, Maduro es parte del problema, pero la otra parte es su red internacional. Si el presidente Trump y la mayoría de los líderes latinoamericanos desean poner fin al gobierno de Maduro en Venezuela, deben desafiar su fuente de apoyo: una red estatal y no estatal de actores externos en América Latina.


jueves, 9 de mayo de 2019

CITGO compró equipos e insumos para emitir los 'Carnets' de la Patria, instrumentos de manipulación social del régimen de Nicolás Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Durante el primer semestre de 2017 el departamento de Procura de CITGO autorizó la compra con carácter de urgencia de más de 2.000 impresoras digitales de varias marcas y modelos por un costo de más de 2 millones de dólares. Los equipos comprados por la filial estadounidense de PDVSA se usan actualmente en Venezuela para elaborar los carnets de la Patria. 
La compra fue autorizada por el presidente de CITGO para ese entonces, el fallecido Nelson Martínez y el actual vicepresidente de Servicios Compartidos, Glenn Hilman. Ambos ejecutivos ejecutaron todas las órdenes emanadas de la directiva de PDVSA sin objetar la legalidad o transparencias de dichas operaciones.

El carnet de la patria es un documento de identidad que incluye un código QR único personalizado que cuenta con una billetera digital que se articula dentro de un sistema estatal de pago electrónico5​6​ y en la cual los portadores también pueden recibir distintos bonos monetarios por parte del Estado venezolano.

El uso de ese carnet ha sido calificado como un mecanismo de control de la población, una política de exclusión social así como un método de coacción para la compra de votos durante las elecciones regionales de Venezuela de 2017, las elecciones municipales de 2017 y las elecciones presidenciales de 2018.

El régimen de Maduro ha obligado a muchos venezolanos a sacarse un un carnet para comprar las bolsas de comida (CLAP), obtener gasolina subsidiada o cobrar el bono de dinero con los que pagan los votos a favor de Maduro, conseguir casas de la 'Gran Misión Vivienda'. 

Una fuente consultada y que por su seguridad pidió mantenerse bajo anonimato, señaló que "Gracias a la adquisición y entrega de las modernas impresoras digitales para elaborar el carnet de la patria, CITGO, Nelson Martínez y Glenn Hilman contribuyeron al fortalecimiento del régimen autoritario de Nicolás Maduro". 

La fuente sostiene que "Esta práctica es una muestra más de violaciones del velo corporativo que ponen a CITGO en situación de alto riesgo legal ante terceros. Tal como sucede con el caso Crystallex, CITGO se constituye en “alter ego” del gobierno venezolano al realizar compras para beneficiar políticamente al régimen venezolano, por decisiones complacientes de ejecutivos venezolanos y norteamericanos". 

"La Junta Directiva de CITGO, nombrada por el Presidente (e) Guaidó, debería investigar a fondo este caso y otros similares, establecer responsabilidades, tomar las acciones administrativas a que diere lugar y prevenir la recurrencia de esta mala práctica que puede causarle terribles consecuencias al Estado venezolano", acota la fuente.

viernes, 25 de enero de 2019

Filtran documentos sobre Operación Cívico-Militar Angostura 2019, fuente advierte que es ilegal que participen civiles

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En una serie de comunicaciones de carácter confidencial fechadas en enero de 2019, se ordena impartir instrucciones  del MTRR, francotiradores y empleo de sistema de defensa aérea (IGLAS, enmarcado en la Operación Civici-Militar Bicentenario de Angostura 2019 para la defensa integral al personal miliciano en coordinación con los comandantes de las fuerzas aéreas de defensa integral (ADI) en su jurisdicción. La orden tiene fecha del 20 de enero de 2019.

La fuente señala que la realización de ejercicios militares descritos en las comunicaciones deben hacerse exclusivamente con personal militar entrenado y que sería. ilegal la participación de ciudadanos civiles y milicias ya que por la falta de entrenamiento y manejo de armamento  podrían generar resultados catastróficos.

En la comunicación 0315, firmada por el Coronel Wilfredo Medrano, Jefe de la División de Operaciones y por el General de División, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Táchira, José Leonardo Noroño Torres, se instruye que deben enviar el reporte con reseñas fotográficas de cada una instrucción impartida. 

En la comunicación N-52-003-03040 dice que "PACOFI, se ordena girar instrucciones para impartir instrucciones de adiestramiento, entrenamiento y adoctrinamiento sobre métodos de resistencia revolucionaria, franco tirador sistema de de armas IGLAS-S potenciales ejes de entradas del enemigo, guerra popular de resistencia, puntos críticos, características del terreno, vías de comunicación, trabajo de equipo, y máxima cohesión en el combate orientado al presiona de la milicia bolivariana y unidades populares de defensa integral (UPDI) ubicadas en sus áreas de responsabilidad en el marco del ejercicio cívico militar bicentenario de Angostura 2019 para la defensa integral de la Nación a realizarse del 10 al 15 de febrero de 2019".

 En la comunicación anexa dice que se convoca a los militares profesionales que ocupan cargos oficiales de comunicación y social de logístico en todos los niveles de comando para asistir a una reunión  el 21 de enero en Fuerte Caribay, El Vigía, estado Mérida para una reunión de trabajo en relación a la Operaci´pon Cívico-Militar Bicentenario Angostura 2019 para la defensa integral de la patria.
En la última comunicación filtrada se ordena cumplir estrictamente con las instrucciones dada en las ordenes preparatorias N-1 y 2 de echa 15 y 17 de enero de 2019, avi como también lesiones de Comando efectuadas en la sede del Comando ZODI del Táchira y en. la Sede de IUT, donde deberán abocarse a entrenar a la milicia bolivariana en MTRR, Francotiradores y en los sistema de defensa aérea IGLAS, así como deberán pasar revista a las UPDI de su área de responsabilidad, según guía de verificación.


viernes, 8 de junio de 2018

Documento oficial evidencia tortura y trato cruel al capitán rebelde Juan Carlos Caguaripano

El militar está recluido en "La Tumba", una prisión ubicada cinco pisos bajo tierra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un acta firmada por el médico forense, Wilmer Prato, con fecha 15 de agosto de 2017, evidencia que el capitán (r) de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano Scott, fue torturado tras su captura por agentes de la Policía de Sucre, un municipio opositor, ubicado al oeste de la capital venezolana. El arresto de militar se produjo el 11 de agosto de 2017.

Caguaripano Scott protagonizó junto a otros militares, el asalto al Fuerte Paramacay, una acción en contra del régimen de Nicolás Maduro. Al momento de ser aprehendido se encontraba con Yefferson García Dos Ramos.

En el documento en nuestro poder, filtrado por una fuente ligada al mismo gobierno, se asegura que el día 13 de agosto de 2017, se le practicó al mencionado oficial una evaluación donde se apreciaba que el paciente tenía un sangrado a través de la orina.
El acta N-120 DET-12723-17, elaborada por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, órgano dependiente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y del viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal.

El examen médico forense determinó que Caguaripano Scott evidenciaba "múltiples contusiones excoriada en la región malar bilateral, tabique nasal, cuello, hombro, glúteo bilateral, gran hematoma en muslo bilateral, hematoma y deformidad en ambos pies, se evidencia además herida contuso cortante en región escrotal con signos de infección con secreción purulenta a través de la misma, múltiples contusiones excoriada en antebrazo y manos bilaterales".

El médico solicitó la evaluación urgente en el servicio de urología, ecosonograma testicular, Rx. de pie bilateral para concluir experticia.

El caso

El capitán venezolano tomó por asalto una unidad militar en la localidad de Naguanagua, estado de Carabobo. El ataque al fuerte de Paramacay, cuyo nombre clave fue Operación David, tuvo lugar en la madrugada del domingo 6 de agosto de 2017.

Caguaripano Scott, es un oficial separado de la Guardia Nacional (GNB), acusado por traición a la patria y rebelión en 2014, cuando el militar hizo público su desprecio hacia el régimen de Maduro y, a través de un video en sus redes, criticó la represión a las protestas opositoras de entonces en las cuales murieron 43 personas.

El militar se encuentra preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), situada en Plaza Venezuela (Caracas), mejor conocida como “La Tumba”. 

Según fuentes consultadas para esta nota las condiciones de encarcelamiento del ex oficial son inhumanas y se encuentra aislado y amenazado.

martes, 8 de agosto de 2017

¿La salida a la crisis venezolana pasa por una insurrección ciudadana?

Por Maibort Petit
@maibortpetit


En la medida en que pasan los días, la crisis política que vive Venezuela se agudiza y hasta la fecha las partes en conflicto no logran avizorar la solución para recuperar la institucionalidad democrática ni la gobernabilidad. Mientras el régimen avanza con la imposición de un modelo de dictadura al estilo cubano, la oposición convencional -reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- no consigue restablecer la confianza de una parte de la población que clama desde las calles por una salida rápida de Nicolás Maduro del poder y un cambio general del sistema que impera actualmente en en el país suramericano.
La MUD ha sentido en los últimas horas el rechazo de la gente que ha permanecido en protestas callejeras más de 125 días y que ha resultado en más de 155 asesinados por parte de las fuerzas militares y paramilitares del régimen. 

Algunos líderes opositores, luego de la instalación de la recién electa Asamblea Nacional Constituyente  y del llamado del CNE a elecciones regionales decidieron expresar públicamente su intención de participar en los comicios para elegir gobernadores y alcaldes, alegando que de no hacerlo podrían perder los espacios que por ahora mantienen. El colectivo, dividido entre los que siguen la MUD y aquellos que se auto denominan resistencia, pareciera no estar de acuerdo que la oposición acepte la invitación del régimen  para participar en un nuevo proceso electoral viciado y controlado por un Consejo Nacional Electoral que a todas luces está al servicio de la dictadura y, que ha sido capaz de usar los métodos más inusuales y fraudulentos para mantener a la actual casta política en el poder. 


La llamada Resistencia no cree en la transparencia de los procesos demócratas convencionales y crítica al liderazgo que a cuentagotas ha dejado saber sus intenciones de lanzar candidaturas para preservar migajas de poder.  Para nadie es un secreto el fraude electoral del 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue confirmado por la misma empresa que regula las máquinas electorales Smartmatic. 

Para muchos es absolutamente irresponsable que la Mesa de la Unidad trate de crear falsas esperanzas al pueblo con elecciones que de antemano se conocen que serán fraudulentas, motivado a los últimos eventos en el Consejo Nacional Electoral y la grosera manipulación del padrón de electores que prevé inclusive que miles de ciudadanos fallecidos participen en los comicios, cuyos votos son acreditados al partido oficialista. 


Una mayoría en la calle también ha mostrado su desacuerdo a el hecho que la MUD no haya dado el justo valor a la consulta popular realizada el 16 de julio de 2017, donde más de 7 millones y medio de venezolanos se pronunció contra el llamado a una Constituyente hecho por Maduro y que logró imponerse gracias a un gigantesco fraude electoral, probablemente el más grande de la historia del hemisferio occidental.


La Unidad, sin embargo, cree que puede inscribirse en las elecciones regionales, seguir los protocolos del CNE y a la vez mantener el apoyo a la resistencia en la calle. 


Por su parte, Maduro hizo caso omiso los resultados del plebiscito  y al llamado de más de 50 países que advirtieron que no reconocen las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 


Mientras el mundo entero desconoce al régimen de Maduro y condena su feroz represión, la gente en la calle que se declara en desobediencia civil no entiende que la oposición siga insistiendo en elecciones bajo un sistema electoral construido para legitimar a una dictadura acusada de violación reiterada de los derechos humanos de la disidencia, de una monumental corrupción, de tener vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional.

Para justificar ir a las elecciones en un ambiente de absoluta desconfianza, la MUD ha planteado participar bajo sus propias condiciones, con la presencia de testigos en cada mesa, observadores internacionales y las auditorías con cuaderno en mano. Obviamente, la sociedad  que ha permanecido en las calles y que ha aguantado la brutal represión de las fuerzas legítimas e ilegítimas del régimen consideran que el planteamiento de la oposición convencional es inocente o utópico, y que dichas condiciones no se darán bajo la actual dictadura de corte militar castrista.


Ante la negativa expresada por una parte de la sociedad a la participación de la oposición en las elecciones regionales la MUD ha informado que los principales partidos designaron a los dirigentes que se inscribirán sus candidatos en el Poder Electoral cuya credibilidad está en el piso. Las fuerzas políticas unidas en la MUD acordaron  pelear en el campo electoral  y mantener la campaña en la calle, en las protestas contra el gobierno.


Uno de los dirigentes políticos que ha sido más criticado por su anuncio de participar en los comicios regionales a celebrarse el 10 de diciembre de 2017 es el representante del partido Acción Democrática, Henry Ramos Allup. Para muchos es incomprensible que con tanto apoyo internacional y con un pueblo dispuesto a dar su vida por derrocar la dictadura existan líderes opositores que sigan legitimando al régimen en elecciones tuteladas por un órgano electoral corrompido como el CNE. 


La mayoría de los ciudadanos concuerdan que en Venezuela los votos no van hacer nada y ven como única salida la desobediencia civil y la resistencia. Uno de los expertos que coincide con este planteamiento es el exembajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria quien sostiene que la solución de la crisis en Venezuela no será electoral.

Arria ha declarado en varias oportunidades que cuando la oposición venezolana ganó la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, el régimen se neutralizó al parlamento. 

Paralelamente, la dictadura crear sin base legal una Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida de manera fraudulenta y donde quedó demostrado por la misma empresa Smartmatic que hubo manipulación electoral.


El exembajador considera que la salida a la crisis que vive Venezuela no puede ser convencional puesto que el poder reside en manos de un régimen ilegítimo, también descarta que la solución venga por un golpe de Estado.  

La única vía que ve este experto en política internacional es a través de la desobediencia civil prevista en la carta magna que Nicolás Maduro pretende cambiar con su constituyente. 

La insurrección ciudadana por etapas

Cuando el régimen de Maduro asomó la convocatoria de una Constituyente fuera de lo establecido en la constitución de 1999, la oposición convocó a un plebiscito para que fueran los venezolanos quienes se pronunciaran acerca de si querían o no una asamblea nacional constituyente, basándose en la disposición constitucional que establece que la decisión de cambiar la constitución reside la soberanía popular. A partir de ese momento, la MUD se declaró  en desobediencia civil, apelando a los artículos 333 y 350 de la Constitucional Nacional.

El 3 de julio el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, actuando como vocero de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, presentó a la consideración del país un documento denominado “¡Que sea el pueblo quien decida!” en el contexto del Gran Acuerdo Nacional al que se había llegado, tanto ese movimiento como representantes de diferentes sectores del país. Dicho documento planteaba la convocatoria a los venezolanos a “elegir el futuro del país y defender el mandato que surja de ese proceso activando una fase superior de lucha” sustentada en los artículos 5, 333 y 350 de la Constitución.

En concreto, se llamó a una consulta plebiscitaria realizada el 16 de julio a objeto de que la población venezolana se pronunciara ante la amenaza que representa la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente, Nicolás Maduro, para la Carta Magna y para la República “porque sabemos que ambas están seriamente amenazadas”. 

Para la MUD y el resto de los convocantes era fundamental que fuera el pueblo venezolano quien decidiera si rechazaba o reconocía la constituyente propuesta por Maduro, así como también el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional y también si convocaban y respaldaban la renovación de los poderes públicos, la conformación de un gobierno de unidad a través de la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la constitución.

“Nicolás Maduro, en complicidad con una mayoría del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, decidió cerrarnos todas las vías democráticas. Es una evidencia de que tienen el pleno conocimiento de que son incapaces de ganar una elección, ni siquiera con sus ya conocidos abusos del dinero público y el monopolio comunicacional. Así desconocieron la voluntad de más de 14 millones de venezolanos que escogieron a sus representantes a la Asamblea Nacional. Así secuestraron el derecho del Pueblo a celebrar un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Así burlaron el mandato constitucional de convocar a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. No conformes con eso, decidieron ir más allá, acosando y amenazando a los Poderes Públicos, como es el caso de la Fiscalía General de la República, por el simple hecho de defender la Constitución y alzar su voz en contra de unas violaciones a los Derechos Humanos que han sido tan evidentes que incluso han obligado a sus autoridades militares a reconocerlas como atrocidades” , expresa el documento.

Manifestaron en ese comunicado publicado a principios del mes de julio que Maduro comprendió que no contaba con los votos y que le la Constitución lo limita en sus pretensiones autoritarias y por eso decidió “hacerse una Carta Magna a la medida de su apetito”. Además advirtieron que si la dictadura llega a concretar este fraude los venezolanos estarán ante la disolución de la república.

En tal sentido, solicitaron a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el Artículo 71 de la Constitución Nacional, convocara a un Proceso Nacional de Decisión Soberana para que fuera el pueblo quien decidiera el rumbo que debía asumir el país, decidiera o no adherirse masivamente a la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, y a partir de ese resultado, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la Hora Cero nacional. Quienes suscribieron el documento, articulando una representación en verdad diversa y cohesionada, convocaron a todo el Pueblo de Venezuela a decidir cuál es la vía que debía seguir la Nación en esta encrucijada histórica. En virtud del Artículo 5 y los Artículos 333 y 350 de la Constitución, convocaron así el pasado 16 de julio elegir el futuro del país en ese Proceso Nacional de Decisión Soberana y a partir de ese momento, defender el mandato que surja de ese proceso, activando la fase superior de la lucha”. La consulta se dio, fueron más de 7 millones de personas que participaron en la convocatoria que le otorgó a la dirigencia opositora el mandato, no obstante, ni la Asamblea Nacional ni la MUD cumplieron con lo establecido en la petición firmada por millones en la consulta popular

El movimiento opositor refirió que la decisión que el pueblo venezolano adoptara ellos la harán respetar y, en tal sentido, estarían preparados para adoptar las acciones que se debían iniciar pues, estaban obligados a defender la Constitución. El comunicado rezaba: "Este proceso democrático de rebeldía en ascenso que iniciamos con esta solicitud a la Asamblea Nacional la emprendemos para que podamos construir entre todos el país que merecemos y aspiramos. Una Venezuela donde algo que hoy parece extraordinario, como el encuentro en reconciliación de distintos sectores para defenderla, sea el signo distintivo de su reconstrucción”. Todo quedó en palabras.

Los artículos constitucionales

A saber, los artículos a los que apeló la MUD y los sectores convocantes fueron:

Artículo 71. [Primer aparte] Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor de diez por ciento (10%) de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral.

Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia , la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Las preguntas del plebiscito

Los venezolanos que acudieron a participar en la consulta contestaron las siguientes preguntas:
— ¿Rechaza y desconoce la realización de una asamblea nacional constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?

— ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

— ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional?

¿Qué es un plebiscito?

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, el término plebiscito deriva del latín plebiscītum y ofrece tres acepciones del mismo, entendiendo la primera de ellas que es la resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos. La segunda la define como la consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. La tercera remite a la antigua Roma, y establece que era la ley que la plebe establecía a propuesta de su tribuno, separadamente de las clases superiores de la república, y que obligó al principio solo a los plebeyos, pero más tarde a todo el pueblo.
Se trata de una elección que surge a proposición de los representantes constitucionales en la que, por lo general, a través de un “sí” o un “no”, los votantes responden a un planteamiento formulado por un ente electoral.

El plebiscito es un mecanismo de democracia semi-directa que se utiliza sobre todo en los regímenes de la democracia representativa en los que los dirigentes elegidos por la sociedad consultan al pueblo para adoptar decisiones en materias de alta sensibilidad para la vida social.

Los plebiscitos pueden ser vinculantes o sólo consultivos, siendo que la respuesta de los primeros es obligante, mientras que la de los segundos sólo se tiene el resultado como método de evaluación para que los dirigentes adopten su decisión sobre el asunto en cuestión. 

Hay que advertir que el plebiscito guarda diferencias con el referéndum.

Así tenemos que plebiscito es utilizado por la dirigencia para someter a consideración de la población acciones o decisiones muy importantes para la vida en la ciudad, región o país antes de su ejecución. 

Entretanto, el referéndum permite al pueblo emitir su veredicto sobre materia ya establecida, por ejemplo, aprobar o rechazar la concepción, modificación o derogación de una ley o Constitución.

Así tenemos que el referéndum se usa para que el pueblo tenga la posibilidad de aprobar o rechazar una instrumentos legislativos, en tanto que el plebiscito ofrece la oportunidad a la opinión pública de pronunciarse sobre asuntos administrativos que lo afectan de manera directa.

Plebiscito para reinstitucionalizar el Estado

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, se mostró partidaria de la convocatoria a plebiscito formulada por la MUD pues estimó que ello permitiría cambiar el gobierno y reinstitucionalizar el Estado, algo que considera vital para resolver la crisis política, económica y social que afecta al país.

“Hemos recorrido toda la Constitución y no hemos logrado nada (…) Pero, finalmente, tenemos este último resquicio, para llamarlo de alguna manera. Y creo que después que se hayan recogido todas las firmas y que la inmensa mayoría de la población haya respondido afirmativamente, aquí tienen que cambiar las cabezas de los poderes públicos. Eso debería reconocerse porque el gobierno que nosotros tenemos ya perdió la legitimidad, hace tiempo” .

Mármol de León dijo que está absolutamente segura de que la mayoría de la población emitirá un pronunciamiento afirmativo por la consulta planteada que, entre otras cosas servirá para dejar firmemente establecido que en Venezuela la constituyente convocada por Nicolás Maduro sólo busca imponer el comunismo.

Del mismo modo, consideró que el plebiscito serviría para que la Asamblea Nacional rescate toda su autoridad y se lograría instalar en el país un Gobierno de transición, cosa que no ocurrió (subrayado nuestro).

Fundamento de la desobediencia civil

La desobediencia civil nace de la corriente de pensamiento que estima, al igual que Santo Tomás de Aquino, que sólo debe obedecerse la ley que es justa pues, sencillamente, la legislación que es injusta no debe considerarse como ley. La obediencia a la ley, en pocas palabras, depende de su justicia.

Quien primero formuló la noción de desobediencia civil fue el escritor estadounidense, Henry David Thoreau, a mediados del siglo 19, específicamente en 1849, una doctrina que influenció la conducta y pronunciamientos de figuras como León Tolstoi, Mahatma Gandhi y Martin Luther King. 
En su ensayo titulado “Desobediencia civil”, Thoreau esgrime que el poder sólo existe si alguien obedece y, en tal sentido, argumenta que de nada valen los recursos con que cuente si nadie está dispuesto a someterse.

Thoreau se muestra convencido de que la conciencia moral del ser humano se encuentra por encima de cualquier legislación o razón de Estado. Para él, si una sociedad está organizada y posee la convicción social suficiente, puede emprender y poner en marcha una desobediencia sistemática capaz de arrollar a cualquier régimen político. La legitimidad de estos se la otorgan quienes obedecen.

Es absolutamente legítima la rebelión ante la autoridad cuando deviene en tiranía o cuando se muestra ineficiente a tal extremo que resulta intolerable para la vida ciudadana. Tal reacción es independiente del número de votos que haya obtenido dicha autoridad, por lo que es completamente lícito que una minoría se decida a defender la verdad y la justicia para cambiar el curso de los acontecimientos que le afectan y dañan.

En la actualidad, una buena cantidad de legislaciones reconoce con restricciones el derecho ciudadano a la desobediencia frente a los regímenes y autoridades que vulneren los derechos fundamentales del hombre. 

Algunos conceptos de desobediencia civil

En este aparte haremos referencia a algunos conceptos  y, en este sentido citaremos en primer lugar a Hugo Adam Bedau, quien sostiene que se está en presencia de desobediencia civil sólo si se cometen actos ilegales, públicos, no violentos, conscientes, cometidos con el objetivo de hacer fracasar leyes, programas o decisiones gubernamentales. 
Por su parte, el filósofo estadounidense, John Rawls, sostiene que la desobediencia civil es “un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Actuando de este modo apelamos al sentido de justicia de la mayoría de la comunidad, y declaramos que, según nuestra opinión, los principios de la cooperación social entre personas libres e iguales, no están siendo respetados”. 

El fin de la desobediencia civil para él es producir un cambio en normas jurídicas o políticas de gobierno que se estiman como ilegítimas. A dicho cambio se arriba a través de la protesta que apela al sentido de justicia de la mayoría, es decir, a los valores que comparte la ciudadanía.

Otra definición de desobediencia civil la ofrece Paul F. Power, quien sostiene que la desobediencia civil “es una violación de las leyes de un sistema determinado, deliberada, pública y en forma articulada, que busca cambiar las leyes o políticas del régimen, no dañina a la integridad de la persona, que respeta los derechos de otros y que se lleva a cabo dentro de la jurisdicción del Estado para expandir y aplicar la ética democrática”. 

Para Power la desobediencia civil es un método especial de oposición, público, no violento, que procura un cambio político.

El deber de desobedecer

La derogada Constitución de 1961 prohibía en su artículo 66 la desobediencia de las leyes, por lo que de estar vigente una norma como esa en la actualidad, quienes promueven la desconocimiento de las actuaciones y actos legislativos promovidos por el gobierno, estarían en serios aprietos. La norma de la vieja carta magna tenía por objetivo el regular la libertad de expresión, algo que lo que se encarga el artículo 57 de la vigente Constitución de 1999 y al no contemplar prohibiciones respecto a la propaganda que invite a desobedecer las leyes, pues sencillamente “prohíbe la prohibición”.

He aquí el texto del referido artículo 66: “Todos tienen el derecho de expresar su pensamiento de viva voz o por escrito y de hacer uso para ella de cualquier medio de difusión, sin que pueda establecerse censura previa; pero quedan sujetas a pena, de conformidad con la ley, las expresiones que constituyan delito. No se permite el anonimato. Tampoco se permitir la propaganda de guerra, la que ofenda la moral pública ni la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las leyes, sin que por esto pueda coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales”.

Por tanto, en 1999 se constitucionalizó el derecho a la desobediencia civil al otorgarle al pueblo la posibilidad de rebelarse ante normas y actuaciones que sean inmorales, ilegítimas o injustas. 

Además, se puede decir que la desobediencia civil es una forma de participación ciudadana, pues le da la posibilidad al ciudadano de tomar posición ante los asuntos públicos que también promueve el artículo 62 de la vigente Carta Magna, por lo que no podrá tenerse como actividad delictiva o ilícita pues, más bien constituye prácticamente una obligación ciudadana el oponerse el combatir la injusticia de las leyes y las actuaciones de funcionarios públicos.

“Artículo 62: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

Así que incurren en un gran error quienes pretenden deslegitimar y sancionar la desobediencia civil, en virtud de que la desobediencia civil es una forma de libertad de expresión consagrada y garantizada constitucionalmente.

Más aún, la desobediencia civil es un imperativo constitucional, una orden al “pueblo de Venezuela (…)[quien] “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Como puede verse, no hay alternativa, pues el artículo 350 le da amparo al desconocimiento de las normas o autoridad que infrinjan lo establecido en la Constitución, por lo que queda descartada toda posibilidad de sanción cuando la desobediencia civil tiene lugar.

Diversos llamados a la desobediencia civil

Son muchos los sectores que se han pronunciado a favor de la desobediencia civil, lo cual desestima la tesis gubernamental de que se trata solamente de una posición política esgrimida únicamente por la MUD.

Uno de las voces más significativas en levantarse ha sido la de la iglesia católica, representada en la Conferencia Episcopal Venezolana, CEV, la cual el 31 de marzo del presente año formuló un llamado a la ciudadanía a adoptar la desobediencia civil y las manifestaciones pacíficas como estrategia frente al “autogolpe de Estado” que se ha venido gestando en Venezuela por parte del gobierno nacional. Un llamado que surgió luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera el 30 de marzo una sentencia que anuló a la Asamblea Nacional y se auto abrogara sus funciones legislativas.

“No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos y/o internacionales y las protestas” , expresó el episcopado venezolano.

Igualmente, la expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, manifestó que los artículos 333 y 350 de la Constitución obligan a la ciudadanía a restituir la vigencia de la Carta Magna en virtud de que los procedimientos de defensa de la carta fundacional de la república se encuentran secuestrados.

“La desobediencia civil es un mecanismo informal de participación y al mismo tiempo necesita de la participación para poder presentarse como legítima. La justificación jurídica de la desobediencia y el desconocimiento se inscribe precisamente en el contexto de la falta de legitimidad de los procedimientos de defensa de la Constitución. 
Cuando los procedimientos de defensa de la Constitución no funcionan, están secuestrados, fueron sustituidos por otros, la desobediencia civil es legítima”.

Del mismo modo, para la exmagistrada Sosa la iniciativa de una consulta popular hecha por la Asamblea Nacional tenía válida, pues es un mecanismo de desobediencia civil perfectamente legítimo y corresponde considerar, con toda seriedad, la elaboración de unas preguntas muy determinantes, muy claras, muy precisas, precisamente para que el cambio político se dé en el 2017 como todo venezolano quiere.  A pesar de la clara exposición sobre el tema, la sociedad venezolana no logró a través de sus líderes concretar el acto resultado de esa enorme manifestación de desobediencia civil que tuvo lugar el 16 de julio del presente año.

También por la desobediencia civil se han pronunciado los Colegios de Abogados de toda Venezuela, la Federación de Colegios de Abogados y el Instituto de Previsión Social del Abogado, instituciones que reaccionaron ante las 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia las cuales “transgreden de manera grave el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley”.

Advirtieron en una declaración que ante el haber estimado que el desacato a sus sentencias era causal de cesación del Poder Legislativo cuando por ley sólo corresponde la imposición de multas, así como por la sumisión del máximo órgano judicial del país ante el Poder Ejecutivo y, además las irregularidades procedimentales y extralimitaciones en que habría incurrido el TSJ que constituyen un golpe de Estado continuado, el gremio de los abogados instó “a los venezolanos, con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución, a la activación de los mecanismos previstos en la Constitución para su propia defensa, de desobediencia civil y pacífica de cualquier acto que menoscabe los valores democráticos vigentes en Venezuela”.

Otras voces que disienten de la posición y pretensiones del gobierno de Nicolás Maduro pero que aún no terminan de ubicarse en la acera de la oposición, han manifestado su disposición a sumarse a la iniciativa del plebiscito, siempre y cuando se hagan algunas reformulaciones.

Tal es el caso de Nicmer Evans, politólogo y director de la firma Visor 360, exintegrante de Marea Socialista, quien le planteó a la Mesa de la Unidad Democrática cambiar las preguntas del plebiscito para que quienes se identifican con el chavismo pero difieran de la propuesta constituyente de Maduro, se sumen a la iniciativa.

Y es que para Evans las preguntas del plebiscito estaban condicionadas.

“La consulta como concepto tiene absoluta legitimidad. Es necesario que se le consulte el pueblo venezolano. Ahora bien, hay dos problemas, uno de fondo y otro de forma: el primero es cómo se ha convocado, con la ausencia de ciertos sectores de la realidad del país y, segundo, falta técnica en la elaboración necesaria de las preguntas. Incluso, la primera pregunta está sesgada”.

En tal sentido, Nicmer Evans propuso que se formulara una sola pregunta en la que se le consultara a los venezolanos si deseaban participar o no en la asamblea nacional constituyente. 

Estimó que este cambio le permitiría a la oposición acercarse a los chavistas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro. “Hay una intencionalidad con lo que se refiere a las preguntas, la convocatoria termina lamentablemente con muchísimas dificultades para que algunos que venimos de los sectores críticos de la izquierda podamos participar”.  Al final, los chavistas críticos no se sumaron a la consulta popular.

Lo que dice el TSJ

La Sala Constitucional el 22 de enero de 2003 en ponencia de Iván Rincón Urdaneta sentenció (la número 24) de tal manera que le puso una camisa de fuerzas al artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al referir que la “resistencia democrática”, como la denomina, tiene que ver con “la no aceptación de cualquier régimen, legislación o autoridad que se derive del ejercicio del poder constituyente originario cuando el resultado de la labor de la Asamblea Constituyente contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. 

Es decir, el TSJ sostuvo que el ejercicio de la desobediencia civil se limita al lugar en el que el constitucionalista la ubicó dentro del texto fundamental, a saber, en el Capítulo III, denominado “De la Asamblea Nacional Constituyente”, perteneciente al Título IX atinente a la la Reforma Constitucional. En tal sentido, la Sala Constitucional señala que los constituyentes quisieron que la  norma no fuera interpretada como un derecho a la sublevación contra las instituciones políticas, sino que el propósito era limitar al Poder Constituyente Originario. 

Así, las limitaciones estarían dadas, primero, por la sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia que declaró con lugar la convocatoria  una Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999 con el objetivo de redactar una nueva Constitución y le otorgó carácter originario al poder constituyente, incondicionado e ilimitado con relación a los poderes del Estado.

Igualmente, a las bases comiciales que se fijaron para el referendo consultivo que en el aparte octavo establecía que “una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, como poder originario que recoge la soberanía popular, deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos”.

Otras limitaciones estarían referidas al respeto de los derechos fundamentales del hombre, al principio de la división de los poderes; a la idea de la democracia, a las condiciones existenciales del Estado, por nombrar algunas.

La sentencia Nº 24/2003 estableció que las mismas limitaciones desarrolladas para la Asamblea Nacional Constituyente aplican igualmente a la desobediencia civil consagrada en el artículo 350 de la Constitución.
Advierte la Sala Constitucional que “no puede y no debe interpretarse de otra forma la desobediencia o desconocimiento al cual alude el artículo 350 de la Constitución, ya que ello implicaría sustituir a conveniencia los medios para la obtención de la justicia reconocidos constitucionalmente, generando situaciones de anarquía que eventualmente pudieran resquebrajar el estado de derecho y el marco jurídico para la solución de conflictos fijados por el pueblo al aprobar la Constitución de 1999”.

Lo que no previó la Sala Constitucional fue que dicho argumento que pretendía limitar el ejercicio ciudadano de la desobediencia, sirve perfectamente para oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Nicolás Maduro en virtud de que contraría “(…) los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos”.

Lo fundamental de todo este debate era que el soberano, el pueblo venezolano, emitiera un veredicto y esa posibilidad se la otorgaba el plebiscito propuesto por la oposición. Una vez dado ese veredicto, los convocantes debieron haberlo ejercido. 

La realidad es otra. La consulta sólo sirvió para que el mundo observara el carácter democrático de la población venezolana y la capacidad que tiene el régimen  para desconocer la voluntad popular y su esfuerzo por imponerse y atornillarse en el poder a pesar de saberse sin respaldo popular.  

Los hechos posteriores demostraron la naturaleza de la dictadura madurista y su capacidad para violar las leyes y la constitución. El pueblo sin dirigente sigue en desobediencia civil y el régimen atascado en sus intenciones de mantenerse en el poder eternamente.