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miércoles, 12 de mayo de 2021

Red Tree reclama que un error administrativo del tribunal afecta su posibilidad de obtener resarcimiento en su demanda contra PDVSA

  La demandante estima injustificado que por un error no imputable a ella no pueda cobrar lo que PDVSA le adeuda con activos de la petrolera en EE. UU.

Por Maibort Petit

    Para Red Tree Investments LLC es injustificable que por un error no imputable a ella no pueda verse compensada en su reclamo por la deuda que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y PDVSA Petróleo S.A. mantienen con ella, mientras que otras causas que se ventilan en distintos tribunales de Estados Unidos avanzan en este sentido.



  La estatal petrolera venezolana fue demandada por USD 118,4 millones por el incumplimiento de pagos de préstamos que, originalmente, fueron otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016 a PDVSA.

  Red Tree Investments LLC compró los préstamos de GE Capital en enero de 2019, de acuerdo a documentos judiciales[1].

   PDVSA fue demandada el 22 de febrero de 2019 por incumplimiento de un contrato de préstamos y Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda y presentó dos demandas en el tribunal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019. La juez le dio el visto bueno a la demanda pese a las objeciones presentadas al respecto por PDVSA[2]

Red reclama compensación con CITGO y error de la Corte

  El 18 de marzo de 2021, Steven F. Molo, de la firma MoloLamken LLP que representa a Red Tree Investments LLC en la demanda que mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, remitió una comunicación vía electrónica a la juez del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison J. Nathan, para informar acerca del “desarrollo significativo sobre las mociones de los Demandados bajo la Regla 56 (d)”.

   Refirió en la comunicación que por información de la secretaría del tribunal se enteró que las mociones de los Demandados se marcaron incorrectamente en los registros internos de la corte como "rescindidas", la cual es una notación que no está disponible públicamente, por lo que pidió que se comunicaran con esa instancia judicial.

  El abogado dedujo que dicha notación incorrecta tal vez haya sido la razón por la cual las mociones de los Demandados no incluyeron en el informe más reciente de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE. UU. de mociones pendientes durante seis meses, a pesar de que dichas mociones han estado pendientes durante trece meses. Advirtió que la notación incorrecta de "rescindido" sigue a un error de procesamiento anterior en el que estos casos se habían marcado incorrectamente como "suspendidos".

  En segundo lugar, Steven F. Molo le advirtió a la juez Nathan que estos errores de procesamiento han perjudicado a Red Tree, por lo que los mismos se incrementan a la luz de los desarrollos en casos relacionados. En este sentido destacó que, durante el año pasado, otros acreedores de PDVSA y PDVSA Petróleo han procedido o recibido sentencias contra estos o la República. Subrayó que, como ha señalado Estados Unidos, el principal activo disponible para satisfacer esa deuda incumplida es el interés indirecto de PDVSA a través de su compañía controladora, PDVH, en CITGO. 

  Recordó que el Distrito de Delaware ordenó recientemente que “procederá a realizar la venta de las acciones de PDVSA en PDVH por un monto suficiente para satisfacer la sentencia que Venezuela debe” a otro acreedor y también denegó la solicitud de PDVSA de suspender ese proceso de venta en espera de una apelación.

  Red Tree reclama que el no ser igualmente compensado con la venta del principal activo de PDVSA en Estados Unidos por culpa de un error no imputable a ella, a la administración del tribunal y no a una decisión judicial.

  El abogado, como una medida para remediar el problema, le solicitó a la juez Nathan que el Tribunal corrija la designación errónea de las mociones de la Regla 56 (d) de los Demandados como “rescindidas” y resuelva esas mociones tan pronto como sea posible. “Además, solicitamos que el Tribunal establezca un calendario acelerado para completar la sesión informativa del juicio sumario. Estamos disponibles para una conferencia de estado en la primera conveniencia de la Corte para discutir estos asuntos si es necesario”.

Red Tree Investments reitera el reclamo

   El 6 de abril de 2021, Steven F. Molo, en representación de su cliente, Red Tree Investments LLC, se remitió una comunicación a la juez Alison J. Nathan a cargo de la causa que esta mantiene en contra de PDVSA y PDVSA Petróleo, para recordarle que el tribunal no se había pronunciado acerca las mociones que hizo referencia en su escrito del 18 de marzo de 2021.

  Refiere Molo que se comunicaron con el secretario del tribunal para comprender qué causó ese error y cómo se puede solucionar y este les informó que esas mociones fueron marcadas como "rescindidas" por orden de las cámaras el 29 de septiembre de 2020.

 Recordó que ese día, Red Tree informó al Tribunal que había discutido las mociones de los Demandados al realizar ciertas producciones de documentos y que estos respondieron en octubre de 2020 argumentando que las mociones no eran discutibles porque ellos supuestamente tenían derecho a un descubrimiento adicional de terceros. A esto, Red Tree se opuso en una carta informativa presentada en octubre de 2020.

  Indican que el secretario del Tribunal les informó que no puede eliminar la notación de "rescindido" sin instrucciones de las cámaras, y que se ha comunicado con estas para abordar este asunto. “Entonces, de acuerdo con el secretario, todo lo que se necesita es una simple comunicación de las cámaras a la oficina del secretario. Solicitamos respetuosamente que ocurra”.

   Red Tree considera que los imputados no deben gozar de lo que equivale a otra suspensión indefinida del caso contraria a la orden del Tribunal, simplemente por un error administrativo.

[1] Banca y Negocios. “Demandan a Pdvsa en Estados Unidos por $118,4 millones”. 26 de febrero de 2019. https://www.estrategiaynegocios.net/centroamericaymundo/1261569-330/pdvsa-demandada-en-eeuu-por-pr%C3%A9stamos-de-ge-capital


[2] El Planeta. “Juez de Nueva York permite a acreedor de PDVSA continuar demanda para cobrar deuda por $118 millones”. 24 de enero de 2020. http://elplaneta.com/news/2020/jan/24/juez-de-nueva-york-permite-acreedor-de-pdvsa-conti/


 

martes, 11 de mayo de 2021

PDVSA: Las sanciones de EE. UU. hicieron imposible pagar la deuda con Dresser-Rand Company

  Sostiene la demandada que en tres ocasiones intentó realizar los pagos y no le fue posible en razón de la política estadunidense y de los bancos que impidieron llevar a cabo las operaciones.

Por Maibort Petit

  De acuerdo a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), honrar la deuda que la estatal mantiene con Dresser-Rand Company, encontrándose en la propia letra del acuerdo de pagaré suscrito entre las partes, la justificación para estimar dicha cancelación resulta impracticable.

  El 29 de marzo de 2021, la demandada PDVSA, a través de Dennis H. Tracey III, de la firma Hogan Lovells (US) LLP, presentó al juez Stanton un escrito de juicio en el que sostiene, primero, que la estatal petrolera venezolana quedó liberada de su obligación de realizar los pagos del Pagaré, en virtud de su imposibilidad para hacerlo, pues la cancelación es impracticable; segundo, que la Corte debe excluir algunas partes del testimonio pericial de Stephanie Rice, la perito del demandante, pues el mismo es indebido según la Regla Federal de Prueba 702; y tercero, que el testimonio pericial de John Barker, propuesto bajo la Regla Federal de Prueba 702, sea admitido.

  De acuerdo a la visión de la demandada y así lo intentará demostrar en el juicio, está eximida del cumplimiento del pago y, por tanto debe aplicarse lo establecido en el “Acuerdo del Pagaré”, en el sentido de que el deber de una de las partes de cumplir con sus obligaciones contractuales será liberado y excusado si, después de celebrado el contrato, esto ocurriere y el cumplimiento de la parte se vuelve imposible u objetivamente impracticable sin que la la culpa sea imputable a ella.

  Bajo la ley de Nueva York, PDVSA se propone demostrar que ocurrió la destrucción del objeto del contrato o los medios de ejecución y que la imposibilidad generada por ello fue producida por un evento imprevisto que no pudo haber sido previsto o protegido en el contrato.

  Se refiere la demandada a las sanciones impuestas por el gobierno de los EE. UU. a la estatal petrolera venezolana y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano, así como las políticas de sanciones adoptadas por los bancos, incluido el único banco autorizado en el Acuerdo de Pagaré para recibir el pago, por lo que el cumplimiento se hace impracticable. Subraya que las sanciones en cuestión no se impusieron hasta casi nueve meses después de que las partes firmaron la Nota.

  Asegura el escrito que PDVSA tomó prácticamente todas las acciones a su alcance para cumplir con sus obligaciones de pago y refiere que intentó realizar el tercer pago de intereses adeudado a la cuenta Citibank designada por Dresser-Rand en por loe menos tres ocasiones, pero debido a las sanciones de los bancos, los pagos fueron rechazados y los fondos devueltos a PDVSA.

 Los intentos de pago por parte de PDVSA ocurrieron el 21 de noviembre de 2017 por USD 1.960.212,37 desde su cuenta con China CITIC a la cuenta Citibank de Dresser-Rand. El segundo intento fue el 31 de enero de 2018, esta vez a través de la cuenta de PDVSA con DMBL. DRESSER_0061898. El tercer intento tuvo lugar el 12 de febrero de 2018, PDVSA intentó realizar otro pago a la cuenta Citibank designada por Dresser-Rand a través de DMBL.

  Sostiene PDVSA no tuvo la culpa de la imposibilidad de realizar los pagos, sino que Dresser-Rand fue directamente responsable porque cuando se enteró en septiembre de 2017, antes de que venciera el tercer pago de intereses, de la nueva política del Citibank, no tomó las previsiones que debió tomar. Tal afirmación la formula la demandada en razón de que el 25 de septiembre de 2017, Citibank ofreció procesar manualmente futuros pagos entrantes/salientes desde/hacia PDVSA, si Dresser-Rand aceptaba los términos descritos en la “Certificación de cumplimiento de sanciones” que, entre otras obligaciones, requirió que esta proporcionara una lista de transacciones anticipadas con PDVSA y certificara que los pagos esperados cumplían con las sanciones pertinentes.

Testimonio inadmisible

  Por otra parte, PDVSA se opone a la declaración de Stephanie Rice como experto sobre las sanciones, que Dresser-Rand presentará en el juicio, por cuanto considera que estas son inadmisibles bajo FRE 702. Refiere que Rice testificara sobre declaraciones de oídas que supuestamente fueron hechas por funcionarios no identificados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por lo que se trata de un mero rumor no documentado y que no se puede confirmar.

  Recuerda PDVSA que la Regla 702 establece que una persona “calificada como experta por conocimiento, habilidad, experiencia, capacitación o educación” puede ofrecer testimonio de opinión si: (a) los conocimientos científicos, técnicos u otros conocimientos especializados del experto ayudarán al examinador de hechos a comprender la evidencia o determinar un hecho en cuestión; (b) el testimonio se basa en hechos o datos suficientes; (c) el testimonio es producto de principios y métodos fiables; y (d) el perito ha aplicado de manera confiable los principios y métodos a los hechos del caso.

  Por ello PDVSA solicita que el Tribunal excluya la evidencia de oídas ofrecida y cualquier opinión de Rice basada en dicha evidencia.

El testigo admisible de PDVSA

  Entretanto, PDVSA ofrecerá el testimonio experto de John Barker respecto a las sanciones y prevé que la demandante buscará excluirlo alegando motivos de parcialidad. Esto en virtud de que este es un abogado que ha sido consultado sobre temas de sanciones por PDVSA, la cual cliente del bufete de abogados en el que se desempeña el experto. “El hecho de que Barker haya brindado asesoría a PDVSA es, a lo sumo, un asunto que depende del peso de sus opiniones, no de su admisibilidad·.


 


 

 

domingo, 2 de mayo de 2021

Demanda por expropiación de once taladros petroleros podría exigir cobrarse con activos de PDVSA en EE. UU.

  Los últimos hechos ocurridos en tribunales de los Estados Unidos, hacen suponer que los reclamos por este viejo caso adquieran nuevamente vigor.

Por Maibort Petit

   Una demanda entablada presentada en 2011 por Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. en contra de Venezuela Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleos S.A. presentada ante el Tribunal del Distrito de Columbia, la cual reclama el resarcimiento por la expropiación de once plataformas de perforación en Venezuela, ordenada por el finado expresidente, Hugo Chávez[1], se erige como otro frente de los múltiples que en los últimos años se han levantado, para exigir el pago de acreencias con activos venezolanos en Estados Unidos.

   La tesis del alter ego de PDVSA respecto a la República Bolivariana de Venezuela, abrió compuertas para que un sinnúmero de agentes estimen que pueden ver satisfechas sus aspiraciones de pago de acreencias con el activo más valioso de Venezuela en el Extranjero: CITGO Petroleum Corporation.

  Sobre este caso, en 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió por unanimidad en favor del gobierno de Venezuela, a objeto de concederle otra oportunidad para que evitara dicha demanda. Apuntó el fallo que las cortes de menor instancia habían sido demasiado laxas al permitir que procediera la demanda presentada por la empresa H&P. Sin embargo, a pesar de que los países son por lo general inmunes a las demandas entabladas en Estados Unidos, un estatuto prevé una excepción cuando hay confiscación de propiedad privada[2].

  El fallo instó a Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. a presentar argumentos más sólidos sobre el principio de la confiscación de una propiedad infringiendo el derecho internacional.

  El caso fue devuelto a las cortes de instancias inferiores con el objetivo de que, de acuerdo a los principios establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos, se determine si los reclamos deben ser dejados sin efecto en su totalidad[3].

  El 15 de febrero de 2019, el Tribunal del Distrito de Columbia suspendió todos los procedimientos del caso y ordenó a Helmerich & Payne International Drilling Co., presentar un informe de estado cada 90 días hasta que se ordene lo contrario, lo cual ocurrió por primera vez el 15 de mayo de 2019, mientras que el segundo informe se presentó el 14 de agosto de 2019. En esta último se pedía que se mantenga la suspensión.

 Después de esto, la Corte ordenó que los informes posteriores se presentaran de manera conjunta, lo cual ocurrió el 12 de noviembre de 2019, el 10 de febrero de 2020, el 12 de mayo de 2020 y 10 de agosto de 2020.

  El informe conjunto del 9 de noviembre de 2020, refiere que la situación política en Venezuela continúa impidiendo que este litigio avance, las partes estimaron que la suspensión debe mantenerse, sujeta a la moción de cualquiera de las partes para disolverla por una buena causa demostrada.

  Igualmente, las partes decidieron continuar presentando informes de estado conjuntos cada 90 días hasta que se disuelva la suspensión.

La demanda

  El 23 de septiembre de 2011, Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A., demandaron ante el Tribunal del Distrito de Columbia a la República Bolivariana de Venezuela y a Petróleos de Venezuela S.A. y PDVSA Petróleo S.A., empresas estatales estas que considera como instrumentalidades del gobierno venezolano, por haber tomado a la fuerza once de sus plataformas de perforación petrolera en pleno funcionamiento y todo el equipo, la infraestructura y los bienes muebles e inmuebles asociados, sin una compensación justa, en violación del derecho internacional. Tal demanda la formularon bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976 ("FSIA"), 28 U.S.C. § l605 (a) (3) y bajo la excepción de las actividades comerciales a la inmunidad bajo la FSlA, 28 U.S.C. § 1605 (a) (2).

  En tal sentido, los demandantes reclaman la reparación por los incumplimientos flagrantes y continuos del contrato por parte de los demandados, los cuales se dedican a actividades comerciales en Venezuela y los Estados Unidos. Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A. pidieron a la corte otorgarles un fallo sobre todos los cargos, así como resarcimiento por daños y compensación, incluidos intereses, costos de honorarios de abogados y cualquier otra reparación que el tribunal considerara justos.

  Helmerich & Payne de Venezuela, C.A. (H & P-V) es una subsidiaria de propiedad total de Helmerich & Payne lnternational Drilling Co., que hasta 2010 prestó por más de 55 años servicios de perforación de petróleo y gas por contrato en Venezuela.

  Para la fecha de la demanda, H & P-V. había brindado servicios de perforación por contrato exclusivamente a entidades estatales venezolanas, entre ellas PDVSA y PDVSA Petróleo S.A., las cuales “por ley gozan de un monopolio sobre las reservas de petróleo de Venezuela”.

  Refiere la demanda que el 12 de junio de 2010, sin previo aviso, empleados de los demandados, soldados armados y uniformados de la Guardia Nacional de Venezuela, rodearon y bloquearon ilegalmente las instalaciones comerciales de las operaciones de perforación de H&P-V en Ciudad Ojeda. El 13 y 14 de junio de 2010, rodearon y bloquearon ilegalmente los locales comerciales de las operaciones de perforación de H&P-V en Anaco, sede de la empresa en Venezuela para ese entonces. Tal actuación de los empleados de PDVSA y la Guardia Nacional se hizo bajo la dirección de Hugo Chávez y/o su ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez con el propósito de apoderarse de los activos de H&P-V y evitar que los reubicara. 

  Se trató de una acción intimidatoria para que la demandante perdonara las deudas pendientes de PDVSA y continuara brindando servicios de perforación que se produjera el pago por trabajos que ya se habían completado en contratos anteriores. Se trataba, según de la demandante, de una incautación de los activos de H&P estaba fuera del alcance de cualquier autoridad legal venezolana.

  Dos semanas después, el 29 de junio de 2010, la demandada Venezuela, a través de la Asamblea Nacional  emitió un “Proyecto de Ley” declarando los activos de H&P-V como de “bien y beneficio público” y recomendó que el presidente Chávez emitiera un “Decreto de Expropiación”, lo cual ocurrió esa misma fecha mediante cuando mediante el "Decreto Presidencial No. 7532" se ordenó a PDVSA la "toma forzosa" de las plataformas de perforación petrolera de H&P-V y "toda la propiedad personal e inmobiliaria" de la misma.

  Sostenía la demanda que el acoso contra de Hermerich & Payne de Venezuela C.A. comenzó desde 2008, a pesar de que había cumplido plenamente con sus obligaciones en virtud de los contratos pertinentes, mientras que PDVSA y PDVSA Petróleo comenzaron sistemáticamente a incumplir con los contratos que mantenía con la demandada.

  Especificaba que, aunque PDVSA y PDVSA Petróleo estaban obligados contractualmente a pagar a tarifas claramente establecidas no lo hicieron a sabiendas de que los tribunales venezolanos no protegerían los derechos comerciales de H&P. Esta situación dio lugar a más de USD 32 millones en facturas impagas que los demandados no expresaron ninguna intención de cumplir.

  Desde su expropiación, las once plataformas de perforación y toda la infraestructura de apoyo están en poder de los demandados, los cuales las operan sin haber pagado por ellos.

   En razón de que H&P no puede recibir ni recibirá una compensación justa por sus negocios y propiedades incautados bajo la ley venezolana a través de los tribunales venezolanos, pues estos estaban controlados políticamente por el presidente Chávez. Citaba la demanda que, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el tribunal de apelaciones que tendría jurisdicción sobre el caso de H&P si fuera juzgado y apelado en Venezuela, había “fallado a favor del gobierno en 324 de los 325 casos presentados por ciudadanos privados contra el gobierno”. Además, el único caso resuelto por dicho tribunal a favor de un particular contra el gobierno, fue posteriormente anulado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que invocó un poder especial que nunca antes había sido utilizado en la historia judicial venezolana.

  Ante tales circunstancias, Helmerich & Payne International Driling Co. y Hermerich & Payne de Venezuela C.A., consideraron que el Tribunal del Distrito de Columbia tiene jurisdicción para llevar el caso de conformidad con 28 U.S, C. § 1330 y 28 U.S.C. § 1602 et seq., incluida la excepción de expropiación a la inmunidad bajo 28 U.S.C. § 1605 (a) (3) y la excepción de actividad comercial a la inmunidad bajo 28 U.S.C. Sección 1605 (a) (2), dado que 28 U.S.C. § 1391 (d) autoriza una acción contra un extranjero en cualquier distrito, mientras que 28 U.S.C. § 1391 (f) (4), autoriza acciones civiles contra un estado o entidad extranjera en el Distrito de Columbia.

  La demanda se explaya en los detalles de cada uno de los contratos suscritos entre los demandados y las demandantes por el alquiler de los taladros de perforación, los cuales, a partir de 2007 comenzaron a incumplirse por parte de PDVSA y PDVSA Petróleo. Indica que para agosto de 2008, el saldo de las cuentas por cobrar de H&P-V en virtud de los contratos en cuestión había alcanzado los USD 63 millones.

  Los demandados, subraya la demanda, reconocieron la deuda que mantenía con los demandantes en las múltiples reuniones que sostuvieron y aseguraron que la cancelarían, promesa que cumplieron y ya para enero de 2009, rondaba los USD 100 millones.

  Por tales razones, el 29 de enero de 2009, H&P lnc. anunció que "cesaría [] las operaciones en las plataformas a medida que expiraran sus contratos de perforación" y no renovaría los contratos de su subsidiaria con los demandados por ausencia de una "mejora en los cobros por cobrar". Tal medida la adoptó para evitar continuar realizando trabajos sin compensación.

  Con la devaluación de la moneda venezolana a principios de 2010 las cuentas por cobrar de H&P-V a PDVSA que estaban denominadas en Bolívar Fuerte, se redujo drásticamente.

  El último encuentro entre las partes se produjo el 24 de mayo de 2010 en la sede de ClTGO Petroleum Corporation, en Houston, Texas, sin que se resolvieran las diferencias. PDVSA no impugnó el monto adeudado a H & P-V pero rechazó el plan de pago propuesto por esta sin ofrecer un plan de pago propio.

  Refería la demanda que la expropiación de las plataformas por parte de Venezuela afectó directamente a la gestión y las actividades con sede en Estados Unidos en apoyo de H & P-V, por lo que H&P lnc. se vio obligado a aceptar y divulgar públicamente pérdidas materiales. También se afectó directamente a terceros proveedores de H & P-V en los EE. UU. que ya no tenían un rol de apoyo a sus operaciones venezolanas.

  Por su parte, los demandados de PDVSA mantienen actividad comercial significativa en los Estados Unidos definida por la FSlA como "un curso regular de conducta comercial o una transacción o acto en particular". 28 U. S. C. Sección 1605 (a) (3).

  Las demandante presentaron un primer cargo por violación del derecho internacional y un segundo cargo por incumplimiento de contrato con diez apartes.

REFERENCIAS

[1] América Economía. “Helmerich & Payne demanda a Venezuela y Pdvsa por expropiación de plataformas”. 26 de septiembre de 2011. https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/helmerich-payne-demanda-venezuela-y-pdvsa-por-expropiacion-de-plataformas


[2] Chicago Tribune. “EEUU da a Venezuela nueva oportunidad en caso de plataformas”. 1 de mayo de 2017. https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8835306-eeuu-da-a-venezuela-nueva-oportunidad-en-caso-de-plataformas-story.html


[3] Lexlatin. “Corte Suprema de EE. UU. falla a favor de Venezuela en caso Helmerich & Payne”. 8 de mayo de 2017.  https://lexlatin.com/noticias/corte-suprema-de-ee-uu-falla-favor-de-venezuela-en-caso-helmerich-payne