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martes, 4 de agosto de 2020

Conozca las recomendaciones de un especialista de la UCA para debilitar y terminar con el régimen autocrático de Daniel Ortega en Nicaragua

   Estados Unidos debe recalibrar su estrategia de sanciones sobre la nación centroamericana, promover la unidad opositora y las normas mínimas para elecciones libres, justas y supervisadas profesionalmente en noviembre de 2021.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

  El aislamiento que el accionar del régimen de Daniel Ortega ha provocado a partir de los acontecimientos y represión instrumentada desde 2018, debe ser aprovechada tanto por Estados Unidos como por la oposición política de la nación centroamericana, para poner en práctica una serie de acciones dirigidas a acabar con la autocracia que gobierna Nicaragua.
  El informe del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute), suscrito por el investigador de dicha institución y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg, formula un conjunto de recomendaciones en el corto, mediano y largo plazo, que en esta entrega damos a conocer.

Acciones en el corto plazo

  Ryan Berg advierte que es urgente aprovechar el vacío de liderazgo generado por Daniel Ortega y Rosario Murillo con su política represiva.

  En primer lugar, el especialista recomienda que los diplomáticos estadounidenses presionen a los grupos de oposición nicaragüenses para que dejen de lado sus diferencias y se unan en una fuerza política coherente para derrotar al régimen de Ortega-Murillo.

 Apunta que las encuestas de Gallup advierten del peligro significativo que la unión de la oposición representa para el futuro del régimen de Ortega-Murillo. Los datos refieren que el setenta por ciento de los nicaragüenses rechaza la posición y accionar del régimen con respecto al coronavirus y cree que el país se dirige en la dirección equivocada en general. Puntualizan que Ortega tiene la calificación de desaprobación más alta del país, seguida de Murillo con la segunda más alta.

  Del mismo modo, indica que solamente el 23 por ciento de los nicaragüenses votarían por el sandinismo "si las elecciones generales se celebraran hoy [19 de junio de 2020]". Pero advierte la encuesta, sorprendentemente, también señala que el régimen de Ortega-Murillo ganaría la reelección por poco si la oposición se mantiene sumida en la disidencia y que carece de un candidato consensuado.

 El informe llama a los diplomáticos estadounidenses a comprometerse a unificar a la oposición nicaragüense, la cual está altamente polarizada y dividida. Pero igualmente llama a la cautela a Estados Unidos en su avance en este proceso, puesto que forjar la unidad entre la oposición nicaragüense requiere la inclusión de partidos que son corruptos y que han coludido con Ortega en el pasado, tal es el caso del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). “También requiere un cuidadoso alcance a la considerable cantidad de sandinistas descontentos que rompieron filas con Ortega por su respuesta dura a las protestas de abril de 2018”.

  También llama a estar atentos a los intentos que la vieja guardia del COSEP de fomentar la división opositora.

“Las elecciones para el liderazgo del COSEP en septiembre determinarán la relación de trabajo entre el grupo y la oposición de Nicaragua”.

  Agrega que la disensión interna también podría desanimar a muchos nicaragüenses a votar, “dado que el 41 por ciento expresó su apoyo a ninguno de los partidos políticos de Nicaragua, harto de la falta de liderazgo y la impresión de que los partidos de la oposición están sumamente interesados”.

  Se advierte de la necesidad imperativa de que la oposición de Nicaragua decida sobre el vehículo político más adecuado para desafiar a Ortega en las elecciones de 2021, pues ni la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia ni la Unidad Nacional Azul y Blanca, los más grandes, son partidos políticos registrados oficialmente. Una estrategia del clan Ortega -Murillo será probablemente la conformación de los llamados "partidos zancudos", organizaciones destinados a proporcionar la apariencia de oposición mientras se socava el apoyo de los legítimos partidos opositores de Nicaragua.

Conformar un comité nacional de emergencia

  El informe de Ryan Berg recomienda llenar el vacío de liderazgo dejado por un Daniel Ortega "desaparecido" y que actúa con total negligencia frente al coronavirus, conformando un comité nacional de emergencia.

  Señala el reporte que los números indican que Ortega y Murillo atraviesan su momento político más vulnerable debido a la pandemia de COVID-19 y, por ello, se requiere la unidad dentro de la oposición para derrotar al régimen.

  El informe se dirige a la diplomacia estadounidense para que aliente la unidad opositora a inste a la formación de un Comité Nacional de Emergencia que permita una alianza entre la oposición y la sociedad civil, las asociaciones médicas y la Iglesia Católica, llenando así el vacío de liderazgo en Managua.

  Con la instrumentación de este comité, la “oposición podría superar cuatro desafíos principales: (1) ganarse la confianza del pueblo nicaragüense, (2) unir varias facciones dispares en una causa común, (3) erosionar cualquier último vestigio de la legitimidad de Ortega, y (4) mostrando que la respuesta de Nicaragua a la epidemia de coronavirus debería estar constituida por algo más que el caprichoso régimen de Ortega-Murillo y lo que sirve a su deseo de mantener el control político absoluto”.

  Estima positivo el informe, el esfuerzo de la oposición por conformar una coalición nacional que abarque los tres partidos opositores y las organizaciones paraguas que cuentan con la mayor cantidad de apoyo popular: Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL). “La unión actual entre UNAB y ACJD es un buen augurio para las elecciones de 2021. CxL debe estar convencido de unirse también”.

  El Comité Nacional de Emergencia podría minar a la pareja gobernante de cualquier legitimidad restante y alentar a la oposición a dejar de lado sus diferencias y trabajar por el bien común, pero las fracturas en la oposición durante las elecciones permitirían a Ortega eliminar el obstáculo del 35 por ciento en la primera ronda para ganar otro mandato sin una segunda vuelta.

“La plataforma del comité debería ser convincente y ofrecer más que una simple retórica anti-Ortega o llamados a volver a la democracia”.

  El Comité Nacional de Emergencia debería impulsar la política a seguir frente a la pandemia del coronavirus.

Acciones a mediano plazo

  El informe del Instituto Americano de la Empresa delineó acciones a tomar a mediano plazo, es decir, las que deberían comenzar en varios meses, las cuales tienen que ver con la orientación, la calibración, la focalización y la secuencia de la campaña de sanciones de EE. UU., las iniciativas de diplomacia regional, la actividad del Congreso de EE. UU. y el establecimiento de oficinas gubernamentales para encabezar estos esfuerzos.

  En este sentido, recomienda que Estados Unidos calibre sus sanciones en función de exigir normas para una elección libre y justa en Nicaragua, pues no es suficientes el nivel actual de presión para garantizar que Ortega conceda elecciones transparentes en 2021. “Además, hay un amplio apoyo en Nicaragua para más sanciones contra los funcionarios del régimen”.

  Berg cree que Estados Unidos debería aplicar más presión en forma de sanciones selectivas a personas clave para lograr alteraciones fundamentales en el entorno político interno de Nicaragua antes de las elecciones, como un nuevo liderazgo del Consejo Supremo Electoral, reiterar la esencialidad de los observadores electorales internacionales y nacionales, bajo los auspicios de la OEA, la UE, el Instituto Republicano Internacional o el Instituto Nacional Demócrata.

  Las sanciones también deben apuntar a garantizar que todos los nicaragüenses tengan derecho a votar, incluidos los más de 100 mil que se vieron obligados a huir. Se deben considerar candidatos tanto de Nicaragua como de la diáspora nicaragüense.

  Las primarias son el movimiento más estratégico para otorgar legitimidad a la oposición y disminuir la apatía política entre los nicaragüenses. Estados Unidos debe apuntar a garantizar la restauración de los derechos políticos básicos para todos los nicaragüenses, la liberación de todos los presos políticos, finalizar las detenciones arbitrarias y la disolución inmediata de los grupos paramilitares.

  Del mismo modo, el informe subraya que las sanciones deben tratar de garantizar un acceso equitativo al tiempo de los medios de comunicación para la oposición.

  Se alerta que estas reformas propuestas son consistentes con un memorando de entendimiento suscrito en 2017 —ya expirado—entre Ortega y la OEA bajo presión de los Estados Unidos y la Unión Europea, que lo llevó a reconocer la necesidad urgente de una reforma política y electoral.

  La OFAC debe sincronizar las sanciones con demandas de la oposición

  El informe refiere que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debe apuntar, sincronizar y secuenciar sus sanciones con las demandas del momento para la oposición nicaragüense en el terreno para poder lograr los objetivos planteados por Ryan Berg.

  Según el investigador, es menester proporcionar a los funcionarios del régimen de Ortega una rampa de salida, a medida que la OFAC aumenta la presión. “Estados Unidos debería considerar emitir ultimátum con un calendario definido vinculado a una serie de reformas que brinden a los funcionarios de Ortega consecuencias muy definidas por su inacción”.

  La OFAC debe poner al descubierto los abusos de los derechos humanos en Nicaragua y Estados Unidos debe responsabilizar a los miembros del poder judicial directamente bajo el control de Ortega, involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. “Estados Unidos también debe buscar designaciones contra alcaldes asesinos que son centrales para el control político del régimen a nivel local mediante la coordinación de las acciones de los grupos paramilitares (…) Estados Unidos debería sancionar a las figuras de alto nivel en el Ejército de Nicaragua, tanto en servicio retirado como activo”.

  Igualmente, el reporte recomienda a los EE. UU. a que su política de sanciones contra el ejército apunte a su fondo de inversión que es uno de los más rentables del país y mantiene amplias participaciones económicas en los Estados Unidos.

  Considera Berg que EE. UU. debe sancionar al propio Ortega bajo el ámbito de la Ley Global Magnitsky, pues este ha amnistiado a los agentes policiales violadores de derechos humanos. Las sanciones a Ortega podrían dividir aún más el matrimonio de conveniencia que gobierna el país.

Presionar una resolución en la OEA sobre elecciones en Nicaragua

  El informe de Ryan Berg cree que Estados Unidos debe movilizar a las naciones centroamericanas afectadas por la expulsión forzada de Ortega de más de 100 mil nicaragüenses, así como los países más involucrados en este tema para aprobar una resolución de la OEA.

  Una Sesión Extraordinaria bajo los auspicios del Artículo 20 representa una oportunidad para discutir una resolución hemisférica que debería establecer condiciones mínimas para una elección legítima en 2021, estableciendo un cronograma para las reformas electorales que va mucho más allá de lo acordado previamente por el régimen de Ortega.

  Las reformas deben iniciarse en 2020 para evitar cualquier reforma cosmética propuesta por el régimen de Ortega.

   La resolución debe centrarse en la deconstrucción de los restos del acuerdo político más sucio del país: el llamado El Pacto que son un conjunto de reglas electorales a la medida de los intereses de Daniel Ortega.

   Durante una reunión de cancilleres de izquierda y después de la renuncia del presidente boliviano Evo Morales por fraude electoral en octubre de 2019, Daniel Ortega enmarcó el uso de elecciones fraudulentas como una "herramienta revolucionaria" y advirtió que, si este instrumento falla, la lucha violenta está justificada para retener el poder.

   El informe establece que la resolución de la OEA debe prometer retener el reconocimiento del gobierno de Ortega en dos escenarios posibles: (1) en el caso de que Ortega posponga las elecciones y permanezca inconstitucionalmente en el poder y (2) en el caso de una elección robada en la que la OEA sospeche o descubre fraude significativo.

   El Congreso de los EE. UU. debe instar un aumento de las sanciones

  El informe del AIE requiere que el Congreso de los Estados Unidos debe aprobar resoluciones bipartidistas que llamen al Departamento del Tesoro a intensificar las sanciones y apoyar la creación de un enviado especial a Nicaragua en el Departamento de Estado.

  El Congreso también debe impulsar una resolución bipartidista sobre entidades específicas, individuos y puestos públicos que merecen un mayor escrutinio.

“Además, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, debería pronunciar un discurso importante sobre Nicaragua, indicando claramente las expectativas mínimas del gobierno de Estados Unidos para elecciones libres y justas en Nicaragua. Tal declaración aclararía cualquier ambigüedad que el régimen de Ortega pudiera tratar de explotar con reformas electorales cosméticas y llamaría la atención de la comunidad internacional sobre la importancia de las elecciones generales de Nicaragua el próximo año”.

Designar un representante especial para Nicaragua

  Seguidamente, el informe de Ryan Berg dice que el Departamento de Estado y el Congreso deben asignar dinero para nominar a un profesional experimentado en política exterior para que se desempeñe en un puesto recién creado: representante especial en Nicaragua.

  Este funcionario es necesario porque los del Departamento de Estado carecen del personal dedicado exclusivamente a Nicaragua.

Acciones a largo plazo

Se trata de las acciones a implementar a principios de 2021.

 En primer término, se recomienda trabajar con base al incumplimiento de Nicaragua de la Carta Democrática Interamericana.

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también publicó un informe y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos descubrió evidencia de asesinatos indiscriminados, arrestos por motivos políticos y la existencia de centros de tortura en Nicaragua.

  Alerta que si a mediados de 2021 no queda claro que las elecciones en Nicaragua deben ser libres y justas, se debería convocar una Sesión Especial extraordinaria de la OEA para debatir la posible expulsión de Nicaragua del organismo multilateral en virtud del Artículo 21 de la Carta Democrática.

Finalizar la participación de Nicaragua en CAFTA-DR

  El Instituto Americano de la Empresa refiere que una de las herramientas no sancionatorias de EE. UU. más fuertes y efectivas es el CAFTA-DR, del cual Nicaragua forma parte.

Con ella y con la Ley NICA, Estados Unidos puede reconsiderar y garantizar que sus acuerdos de libre comercio no sirvan como líneas de vida económicas para gobiernos cada vez más autoritarios.

El reciente crecimiento económico de Nicaragua se derivó en gran medida del CAFTA-DR y un acuerdo de asociación con la UE y, por tanto, Estados Unidos debe encontrar la base legal adecuada para amenazar la participación de Nicaragua en CAFTA-DR.

Es crucial mantener la participación constructiva del COSEP en el esfuerzo por derrotarlo en una elección libre y justa. Como se mencionó, COSEP rompió con Ortega después de los levantamientos de abril de 2018 y, desde entonces, ha prometido financiar candidatos de la oposición.

Derrotar a Daniel Ortega y a Rosario Murillo y sus compinches en Nicaragua requiere un esfuerzo considerable, delicadeza y organización, “especialmente en un país donde la presidencia se puede ganar en la primera ronda muy por debajo del apoyo de la mayoría”.

domingo, 2 de agosto de 2020

Conozca cómo ejerce el control Daniel Ortega sobre el pueblo nicaragüense

  El investigador Ryan C. Berg evalúa la política de dominio impuesta por el régimen autocrático del país centroamericano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La política represiva impuesta por el régimen de Daniel Ortega sobre el pueblo de Nicaragua, se complementa con una serie de controles que le permiten el dominio de la sociedad del país centroamericano. En dicho control confluyen una serie de factores e instituciones que le sirven de basamento para imponer su hegemonía. Así lo da a conocer el investigador en estudios de América Latina del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute) y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg, en su informe “Restaurando la democracia en Nicaragua: intensificando los esfuerzos contra el régimen de Ortega-Murillo”, del que ya hemos referencia en entrega anterior.
   En la actualidad, la capacidad de resistencia y organizada de la sociedad nicaragüense, asegura el catedrático, se encuentra detenida debido a la represión, por un lado, como a la pandemia del Covid-19.

   La situación reinante ha alcanzado tales niveles de violencia que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha descrito a Nicaragua como un "clima de terror generalizado", pues la fuerza letal infunde terror en la población, mientras el régimen de Ortega se involucra en una política de "disparar a matar".

   Advierte el investigador, que este dominio implacable de Ortega sobre la sociedad nicaragüense ha sido posible por décadas, gracias a las alianzas políticas que ha establecido, dirigidas a debilitar a sus oponentes, dándole esto la oportunidad de instaurar un régimen hegemónico.

   Con suma astucia, Ortega ha impuesto —de acuerdo a palabras de la Comisión de la OEA en Nicaragua— "un patrón de control ejecutivo de gran alcance de las instituciones estatales", de tal manera que poca parte de la institucionalidad nicaragüense ha logrado evitar verse comprometida.

“En el estado, la mayoría de las instituciones nicaragüenses han tenido que reconciliarse de alguna manera con Ortega, o lo han hecho voluntariamente y se han convertido en pilares centrales de control de su régimen. Los cuerpos legislativos y judiciales, la policía y el ejército, la Iglesia Católica, el sector privado, los medios de comunicación e incluso los partidos políticos de oposición son cómplices, en diversos grados, en el continuo control del poder político por parte de Ortega”, asegura el informe.

   Ryan Berg sostiene que el control del poder de Daniel Ortega se sustenta en una combinación de factores e instituciones: “política clientelista, fuerte gasto social para su base de apoyo, préstamos generosos de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una antigua alianza con el poderoso sector empresarial del país (COSEP) y, al igual que el apoyo anterior que recibió de la Unión Soviética en la década de 1980, prodiga el financiamiento de líderes ideológicos de ideas afines, como Hugo Chávez de Venezuela y su sucesor, Nicolás Maduro”.

Control político

  Aunque entregó el poder en 1990, Daniel Ortega antes de ello llevó a cabo una serie de maniobras que le permitieron seguir actuando tras bastidores y, a la sombra, logró acumular músculo económico y militar, asegurándose suficiente fuerza y financiamiento en su papel de opositor.

   Durante 16 años fuera de la presidencia, Ortega corrompió a tres administraciones diferentes, evitando que la democracia se implantara por completo en todas las instituciones. Se infiltró en e manera de penetrar áreas clave del gobierno y continuar dictando los términos de hacer negocios en Nicaragua. Estaba, como bien lo dijo él mismo, "gobernando desde abajo" al promover disturbios estudiantiles y sindicatos sandinistas para intimidar al gobierno, al sector privado y a sus enemigos políticos.

   Advierte el informe de Berg que, a pesar de esto, “Ortega nunca atrajo apoyo más allá de su base sandinista”, obteniendo la victoria en 2006, con solo el 38 por ciento de los votos, como resultado de un sombrío acuerdo conocido como "El Pacto", aprobado por la Asamblea Nacional en 2000. Estos acuerdos permitieron llevar de 45 a 35 por ciento el umbral para alcanzar la presidencia de la república en la primera vuelta de las elecciones, siempre que el margen de victoria fuera al menos del 5 por ciento. Desde 1990 cuando había perdido la primera magistratura, Ortega no había podido superar del 35 por ciento su base de apoyo.

   Al triunfo de Ortega en enero de 2007, se sumó el del FSLN en la Asamblea Nacional, lo cual le dio carta blanca para instaurar una serie de cambios, entre ellos una nueva constitución. El nuevo texto fundamental de Nicaragua le abrió la puerta a la reelección presidencial consecutiva.

  Solamente en enero de 2014, se contabilizaron 97 enmiendas constitucionales con amplias consecuencias para las finanzas públicas, la responsabilidad de Ortega y la organización de elecciones, refiere el informe.

   Ryan Berg refiere que el fraude electoral también le aseguró un aumento de fidelidades en el seno de la Asamblea Nacional, dada la mayoría obtenida por el FSLN. Una misión de observación electoral de la Unión Europea declaró que las elecciones de 2011 fueron "opacas y arbitrarias". Por su parte, Ortega ganó el 72,5 por ciento de los votos.

   El dominio de Ortega sobre el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua también es evidente, donde se toman decisiones a la medida del oficialismo de Ortega. También se prohíbe la observación electoral nacional e internacional y, de manera descarada, se eliminó o restringió la participación del partido de oposición.

  En las elecciones generales de 2016, “el Consejo Supremo Electoral obligó a 16 legisladores opositores a abandonar sus escaños en la Asamblea Nacional, negó a observadores electorales independientes, despojó al principal candidato opositor Eduardo Montealegre de su partido político y permitió que Murillo se postule para vicepresidente, consolidando una familia dinastía similar a la de la dictadura de Somoza”.

  Sólo la presión internacional, ha permitido que Ortega admita hacer "importantes reformas electorales" al tiempo que excluye a la oposición de cualquier negociación.

Control Judicial

  Sostiene el informe de Bryan Berg que Daniel Ortega ha llenado al poder judicial con sus acólitos, lo cual es crucial para su perpetuación en la presidencia de la república.

 Una Comisión de la OEA sobre Nicaragua cuestionó la imparcialidad y la independencia de las instituciones judiciales de Nicaragua lo que convierte a este país en un "estado cooptado que es incompatible con el estado de derecho".

  Este control judicial, en conjunto con el control ejercido sobre el poder legislativo, permitió a Ortega su reelección indefinida y otorgándole el poder gobernar por decreto. También permitió a Rosario Murillo postularse para la vicepresidencia pese a la prohibición constitucional de que familiares de un presidente en funciones que se postulen para cualquier cargo.

  Asimismo, durante las protestas de 2018, el poder judicial cubrió a Daniel Ortega mientras encarcelaba descaradamente a manifestantes y miembros de la oposición y los procesaba por cargos falsos. Un informe reveló que los fiscales fueron intimidados y obligados a firmar cargos por casos que no tenían permiso para leer o revisar.

Control policial y paramilitar

  El reporte también cuenta a la Policía Nacional entre las instituciones bajo dominio de Daniel Ortega y asegura que este cuerpo de seguridad ha sido fundamental para su continuación en el cargo, pues con ella se asegura el control interno, reprime a los grupos de oposición, detiene ilegalmente a los ciudadanos ilegalmente e intimida a los políticos de la oposición.

   En junio de 2014 la legislatura aprobó una ley que depositó la responsabilidad de la Policía Nacional al Ministerio de Gobierno y confirió el control directamente al presidente como "comandante supremo".

   Subraya el informe de Berg que existen pruebas sólidas de que la Policía Nacional “ayudó a los paramilitares merodeadores que reprimieron brutalmente a la oposición nicaragüense en las protestas de abril de 2018. Cuando el GIEI, un grupo de trabajo de la OEA, observó graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua que alcanzaron el nivel de ‘crímenes contra la humanidad’, se refirieron específicamente a los paramilitares que operaban ‘en forma paralela y coordinada con la Policía Nacional’".

  Investigaciones periodísticas han determinado que el armamento utilizado por los paramilitares era de origen militar, lo que llevó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a justificar eventualmente las sanciones designación para la Policía Nacional.

  Y agrega el informe de Berg: “El ex comisionado de policía Francisco Díaz admitió que los oficiales de policía, a instancias del propio presidente Ortega, construyeron una unidad paramilitar formal dentro de las fuerzas regulares cuyo comando central fue dirigido por el liderazgo del FSLN. Estas unidades fueron acusadas no solo de intimidar a los manifestantes sino también de infiltrarse en la oposición y pasar información personal del liderazgo a la dirección nacional de inteligencia”.

Control del Ejército nicaragüense

  La despolitización del ejercito implementada por Violeta Chamorro en la década de los 90 ha sido revocada por Ortega, quien desde su regreso en 2007 ha reimplantado la ideología sandinista en la fuerza militar.

   También Ortega “ha cooptado a altos oficiales con recompensas materiales y ha ampliado el papel y los recursos de los militares”.

   El jefe del ejército, general Julio César Avilés Castillo, quien ha permanecido en el cargo por más de una década, detuvo los esfuerzos para desmantelar los grupos paramilitares asociados con el ejército y ha negado reiteradamente la existencia de fuerzas paramilitares en Nicaragua.

Control del sector económico

  De acuerdo al informe, el control que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo se extiende también al sector económico, a través del COSEP, el grupo empresarial más grande y poderoso de Nicaragua.

  Con este gremio Ortega hizo las paces a su regreso al poder en 2007 y el empresariado pasó por alto el fraude electoral, la represión y la corrupción, mientras el mandatario “Promocionó una filosofía política moderada y una nueva "flexibilidad" en sus posiciones marxistas. Ortega ya no hizo alarde de involucrarse en diatribas anti-estadounidenses y profesó un apoyo al comercio, la empresa privada y los principios fundamentales del capitalismo, como los derechos de propiedad privada. En lugar de fulminar contra las élites empresariales de Nicaragua, el retorno y la consolidación del poder de Ortega se basó en cortejar activamente el apoyo de las élites empresariales y, en muchos casos, en cooptarlos”.

  El COSEP revisas las leyes antes de ser aprobadas por la Asamblea Nacional para garantizar un clima comercial favorable para las élites del país.

 Sin embargo, estas relaciones dieron un vuelco después, especialmente desde la llegada de Rosario Murillo a la vicepresidencia, pues esta ha impuesto nuevas reglas y controla absolutamente todos los procesos. “La alianza recibió su golpe fulminante cuando Ortega propuso reformas a la seguridad social sin consultar primero al COSEP, que ahora afirma respaldar a la oposición de Nicaragua”.

Alianzas ideológicas y mecenazgo venezolano

  El informe de Ryan Berg sentencia que el régimen de Ortega recibió, entre 2008 y 2016, cientos de millones de dólares de Venezuela, constituyéndose como uno de los asociados más confiables del país suramericano en América Central. Se cxalcula que la ayuda venezolana, en ocasiones, llegó a cerca del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual de Nicaragua.

“Entre 2008 y 2014, Venezuela transfirió entre $ 4 mil millones y $ 6 mil millones a Nicaragua, utilizando "pagos diferidos" en petróleo de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) para mover dinero a Albanisa, una subsidiaria propiedad de PDVSA bajo el control del FSLN. La generosidad de Venezuela es un pilar del régimen dictatorial de Ortega y reforzó su cleptocracia familiar, aunque el apoyo de Venezuela se está agotando debido al caos causado por su propio desmoronamiento político y económico”.

“Desafortunadamente, para los líderes empresariales y Ortega, cuando Venezuela comenzó a desmoronarse en 2015, su apoyo financiero pronto se agotó”.

Control de medios

  Finalmente, el informe hace referencia al control que el régimen de Ortega ejerce sobre sobre los medios de comunicación.

 Este control favoreció el silencio de la prensa frente a las irregularidades cometidas por Daniel Ortega y las instituciones bajo su egida.

  Freedom House ha señalado que el régimen de Ortega "participa en esfuerzos sistemáticos para obstruir y desacreditar a los críticos de los medios".

“Desde abril de 2018, el espacio para el periodismo crítico casi ha desaparecido. La pareja gobernante ha armado el término "noticias falsas" en su intento de silenciar a los medios impresos, completando su tan buscado dominio sobre los medios. La constitución de Nicaragua ahora limita las críticas a las figuras políticas a lo que es "constructivo" solamente”.

  Finaliza el informe alertando que Ortega, Murillo y el partido sandinista se han adaptado durante cuatro décadas de cambio en Nicaragua y han centralizado la autoridad alrededor de sí mismos y su partido político. “La pareja gobernante ha cultivado lazos verticales entre el pueblo nicaragüense y los líderes sandinistas y se presenta a sí mismos como padres benéficos de una nación, con sus caras sonrientes radiantes en las vallas publicitarias de todo el país. Mientras tanto, Ortega y Murillo consolidan el control político y acumulan riqueza y activos estratégicos en tierras, medios y energía”.




viernes, 31 de julio de 2020

Urge una decisiva estrategia de EE. UU. para enfrentar y vencer el régimen de Ortega en Nicaragua

  Corresponde a la administración estadounidense, promover la unidad de la oposición mediante la presión internacional a instar a la creación de una entidad que llene el vacío de liderazgo reinante en la actualidad en la nación centroamericana.

Por Maibort Petit 

   Es una necesidad imperiosa y urgente que Estados Unidos deje de lado su política con respecto al régimen autocrático de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y proceder a intensificar las sanciones hasta ahora impuestas, apuntando a individuos e industrias que le sirven de cimiento, al tiempo de diseñar y coordinar la presión externa con la oposición interna, de manera de desarrollar una estrategia efectiva que derive en reformas políticas y electorales de cara a las elecciones generales previstas para el año 2021. Así lo sostiene un informe del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute), suscrito por el investigador de dicha institución y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg.
   El citado informe, denominado “Restaurando la democracia en Nicaragua: intensificando los esfuerzos contra el régimen de Ortega-Murillo”, da cuenta de la urgente necesidad de que el gobierno estadounidense defina los objetivos alcanzables de forma clara, así como un plan de acciones coherente que prevea las posibles reacciones del régimen de Ortega. Esto constituiría una estrategia mucho más efectiva que derive el fin del actual gobierno nicaragüense, pues de lo contrario, solamente un evento imprevisto podría impulsar el fin del régimen.

   Berg advierte que la actual política de los EE. UU. con respecto a Daniel Ortega es improvisada y desordenada, por lo que es menester preparar una estrategia que permita aprovechar las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre de 2021, de manera de poder vencer al gobernante en un concurso libre y justo con la ayuda de misiones de observación internacionales sólidas y proactivas.

  Estima que Estados Unidos debe ejercer presión diplomática con miras a promover la unidad de la oposición nicaragüense y fomentar la creación de un Comité Nacional de Emergencia que tenga como cometido llenar el vacío de liderazgo que amenaza la salud pública y la supervivencia del país.

  En el plano diplomático, EE. UU., la Unión Europea y otros gobiernos latinoamericanos deben conformar una coalición internacional contra la represión de Ortega que, a través de una presión constante, propenda un cambio definitivo en el carácter del régimen que gobierna a Nicaragua.

  A la par —refiere el informe— la administración de Washington debe recalibrar su estrategia de sanciones para atacar los pilares de control de Daniel Ortega y apuntalar a la oposición nicaragüense a objeto de que avance en el terreno de procurar las normas mínimas para elecciones libres y justas, supervisadas profesionalmente.

  Ryan C. Berg propone un conjunto de recomendaciones que daremos a conocer en esta y otras entregas, las cuales apuntan a elevar la crisis de Nicaragua a su lugar legítimo en la política exterior de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental. Esto le brindaría al pueblo nicaragüense la mejor oportunidad de recuperar su libertad y democracia en los comicios de 2021.

El régimen Ortega-Murillo

  En primer lugar, el informe refiere que el guerrillero marxista, Daniel Ortega, se hizo del poder en Nicaragua en 1979 y, a partir de ese entonces, dirigió sus esfuerzos a consolidar una dictadura en lugar de la que derrocó, una tarea que llevó a cabo a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que, forzada forzado por una insurgencia respaldada por Estados Unidos, aceptó ir a elecciones en 1990, obteniendo la victoria la candidata a la unidad, Violeta Chamorro.

  En el ínterin de 16 años, mientras los gobiernos democráticos trabajaron para hacer crecer la economía de la nación centroamericana, Ortega se mantuvo "gobernando desde abajo", según él mismo lo manifestó, a través del control militar que su hermano ejerció. Este gobierno a la sombra buscó la unidad de su partido, la división de la oposición y al diseño del plan para retomar el poder. Esto ocurrió en 2007 y, desde entonces, le imprimió un carácter autocrático a su gestión que corrompe y coopta las débiles instituciones democráticas de Nicaragua.

La represión como política

  En este segundo periodo, Ortega trabajó en su consolidación autoritaria para lo cual cuenta con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, acompañado de la “cooptación del poder judicial, el dominio de los medios y un sector privado altamente cómplice que hace mucho tiempo abrazó un modus vivendi con su gobierno socialista, entre otros”.

   Hace referencia el reporte a que cuando el 18 de abril de 2018, la “sociedad civil nicaragüense se movilizó en respuesta a la sorpresiva propuesta del presidente Daniel Ortega de aumentar el impuesto sobre la nómina y reducir el sistema de seguridad social del país”, el gobierno “respondió con una feroz represión contra los ancianos nicaragüenses que protestaban por los recortes”. Desde entonces la brutalidad se incrementó hasta enfrentar el descontento y la protesta con “munición real que mató a multitudes de manifestantes. El régimen también tomó cientos de prisioneros políticos”.

  Rosario Murillo pasó de ser la primera dama a vicepresidente, conformando una dupla con Ortega que organizó una represión autoritaria contra manifestantes, movimientos de la sociedad civil, estudiantes y grupos de oposición.

  El régimen diseñado por Ortega y Murillo, según lo reporta el informe, se caracteriza por la represión, incrementada esta desde abril de 2018 a través de las “fuerzas de seguridad que han matado a cientos de personas, miles han resultado heridas o retenidas como presas políticas, y más de 100.000 nicaragüenses han huido a países vecinos o Estados Unidos”.

  Después de los descritos hechos de abril de 2018, Ortega y Murillo procedieron a implementar un régimen terrorista e instrumentaron una narrativa propagandística que tradujo el descontento popular como un golpe suave y convertía las quejas políticas en reclamos ilegítimos derivados de la presión estadounidense sobre Nicaragua. “El régimen de Ortega llegó a ver a la sociedad civil como el semillero de un movimiento de oposición empeñado en su derrocamiento. Igualmente, lanzaron lo que denominaron como la "tercera fase" de la revolución sandinista, caracterizada por “la total negación de cualquier crisis y basado en la participación de los pocos fieles y corruptos que quedan y la despiadada eliminación de los enemigos y traidores”.

  El informe de Ryan C. Berg destaca que mientras el Ortega se consolidaba políticamente, vació a la oposición política, constituyéndose la sociedad civil y los medios de comunicación independientes como la única oposición que rechaza la toma hostil de las instituciones políticas de Nicaragua por parte del gobierno. Tal cometido lo cumple Daniel Ortega a través del FSLN, cuya bandera roja y negra se ha convertido en sinónimo de la implacable represión política contra los nicaragüenses.

   La Asamblea Nacional de Nicaragua le confirió a Daniel Ortega el control sobre la Policía Nacional dirigida por el suegro de su hijo, pero también cuenta, de acuerdo a lo que revela el informe, con unos 3 mil paramilitares, de los cuales algunos forman parte del FSLN, además de el Ejército Nacional de 12.000 miembros.

   Todo este contingente sigue las directrices impartidas por Rosario Murillo de "darles todo lo que tenemos" a la oposición y a todo aquel contradiga los lineamientos del régimen. Han llegado al extremo de quemar vivos a los manifestantes, incluidos niños pequeños.

   El control de la información pasa por medidas como la de bloquear a través de las aduanas, la importación de papel de periódico; cortar las señales de al menos cinco canales de televisión por cable que cubrían las protestas.

   El sometimiento de la población ha sido la única manera de bajar la represión, pero la policía se mantiene atenta para golpear a cualquier nicaragüense que se atreva a desafiar al régimen de Ortega, “incluidos aquellos que denuncian violaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los miembros de la Policía Nacional incluso sitiaron a madres de presos políticos involucrados en una huelga de hambre en una iglesia católica, demostrando que realmente no hay santuario en Nicaragua”.

  En Nicaragua cada se dificulta más, refiere el informe, de documentar los abusos por parte de las organizaciones de la sociedad civil y los medios a menudo, al tiempo de que se han abierto casos penales contra manifestantes y críticos del régimen, bajo el cargo de "incitar al terrorismo".

  De los gases lacrimógenos se pasó al uso de balas de goma y de éstas a los proyectiles reales, sentencia el reporte que agrega que muchos fiscales se han sumado a la trama de represiva de Ortega, fabricando casos contra manifestantes.

  El informe de Ryan Berg hace mención al papel de las potencias extranjeras en la represión interna nicaragüense, poniendo como ejemplo el caso de tropas rusas que Vladimir Putin envió y se integraron a un "centro de entrenamiento policial" en la capital y a un complejo satélite secreto fuera de Managua. También se han utilizado armas rusas para cometer abusos contra los derechos humanos.  Igualmente, el Instituto Nacional de Turismo de Nicaragua informó que 5 mil "turistas" cubanos llegaron al país durante la primera mitad de 2019.

  Agrega que “Con la ayuda de un vuelo comercial entre La Habana, Managua y Caracas, varios cientos de asesores de la Dirección de Inteligencia de Cuba han descendido a Managua y ahora operan abiertamente con el Ejército Nacional de Nicaragua, monitorean a las unidades policiales en busca de deserciones y entrenan a funcionarios de prisiones en tácticas de interrogatorio. Mientras que la relación de Cuba con Nicaragua nunca floreció en la dependencia económica caracterizada por su relación con Venezuela, la misión de Cuba en Nicaragua es neutralizar a la oposición y difundir sus aterradoras tácticas de represión sistemática”.

   A esto se suma que más de 100 mil nicaragüenses han huido desde abril de 2018 — algunas estimaciones colocan el número más cerca de 140 mil—, calculándose que 4 mil personas abandonan el país por mes.

El régimen y el Covid-19

  El gobierno de Daniel Ortega ha desestimado la pandemia del Covid-19, lo cual podría incrementar, aún más, los movimientos migratorios masivos.

“Los efectos indirectos en los sectores social y de salud ya son visibles en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Muchos nicaragüenses son conscientes de que Costa Rica tiene uno de los sistemas de atención médica más sólidos de América, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registra aproximadamente 200 refugiados nicaragüenses por día en Costa Rica”.

  Asegura el reporte que el manejo irresponsable de esta situación ha puesto en juego innumerables vidas por la respuesta imprudente y criminal a la pandemia de coronavirus.

   El informe cita un artículo reciente en The Lancet que caracterizó la respuesta de Nicaragua como "quizás el más errático de todos los países del mundo hasta la fecha".

  Berg advierte que el silencio del es “calculado y criminal” pues, incluso, ha bloqueado iniciativas que buscan informar y programas cuyo objetivo es detener la transmisión de COVID-19, algo que ha llevado a cabo a través del Ministerio de Salud de Nicaragua.

lunes, 8 de abril de 2019

Esta es la difícil situación que padecen los refugiados políticos nicaragüenses en Costa Rica

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Pese a la disposición de la nación receptora, una serie de circunstancias dificultan la regularización de los solicitantes de asilo provenientes del país gobernado por Daniel Ortega, por lo que se impone una solución concertada entre los países de la región, en particular, y la comunidad internacional, en general, para hacer frente a la problemática.


Un documento elaborado por la plataforma digital de información y análisis Panóptico Nicaragüense denominado "Refugiados Políticos nicaragüenses en Costa Rica: problemas y propuesta de acción'', da cuenta de la problemática que enfrentan decenas de miles de perseguidos de Nicaragua refugiados en el territorio de Costa Rica, quienes han huido en razón de las persistentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se vive en Nicaragua.

La investigación desarrollada in situ permitió constatar la realidad que padecen desde su arribo a Costa Rica pese a la buena voluntad manifestada por el gobierno de esa nación, en primer lugar por el hecho de que el estatus de refugiado se ha otorgado a muy pocas de estas personas, lo cual les impide disfrutar de los derechos inherentes a dicha condición de refugiados y, por ende, hacer frente a la precaria condición migratoria que presentan, asociada con apremios humanitarios fundamentales, tales como comida, techo y salud, así como la necesidad de regularizar la situación laboral.

El equipo que desarrolló la investigación plantea una serie de posibles soluciones que requieren del apoyo de la comunidad internacional, del gobierno de Costa Rica, de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de refugiados nicaragüenses.

La problemática de los refugiados

El informe refiere que de acuerdo a datos de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense, la crisis en Nicaragua surgida desde el mes de abril de 2018, dio pie a que 42 mil 400 nicaragüenses solicitaran refugio en la nación vecina a comienzos de febrero del 2019.

Se indica que a 23 mil 100 de estas personas se les concedió carnet de solicitante de refugio —quedan pendientes por atender un poco más de 19 mil— de los cuales 4 mil 990 recibieron permisos de trabajo. Es de hacer notar que el referido carnet solamente regulariza de manera temporal la permanencia en territorio costarricense mediante el estatus de solicitante de refugio, pero no concede ningún derecho adicional.

Se espera que para el próximo mes de mayo se inicie la fase de resolución de esta situación y se decida en consecuencia el otorgamiento, o no, de la condición de refugiados a los solicitantes, lo cual ya supone el surgimiento de nuevos problemas.

Se advierte que al desconocerse con precisión la magnitud de los nicaragüenses que se vieron forzados a huir de Nicaragua a consecuencia de la represión, la salida e ingreso de las personas se produjo de manera irregular, a lo que se agrega el hecho de que no todos presentaron solicitud de refugio. Esto ocurrió —según los investigadores— por la falta de información y de recursos, por el temor a proporcionar datos personales por motivos de seguridad, al desaliento ante lo prolongado de los plazos o por considerar que el estatus de solicitante de refugio representa más bien una pérdida de tiempo y de recursos de los que carecen y que no resuelve los problemas más apremiantes que padecen.

El reporte hace referencia al procedimiento implementado por la Dirección General de Migración de Costa Rica para solicitar el estatus de refugiado, siendo que, en primer término, el interesado presenta una solicitud directa o por vía telefónica —la llamada tiene un costo de 4 dólares, como mínimo— y se le programa una cita de preadmisibilidad para varios meses después. Al asistir a la entrevista reciben el carnet de solicitante de refugio y se les asigna otra cita para la sesión de elegibilidad.

Luego de tres meses de la primera entrevista el interesado puede presentarse para solicitar un permiso de trabajo, lo que supone que entre el ingreso a Costa Rica, la presentación de la solicitud y la recepción de un permiso laboral, transcurren más de tres meses.

Tal situación —advierte el informe— ocasiona otro problema de carácter humanitario, toda vez que el solicitante de refugio y su familia se mantienen en una situación que les impide la obtención de un empleo que les permita cubrir los gastos de vivienda, alimentación, salud mediante en in ingreso regular. Se acota que esta situación se hace menos patente gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales costarricenses, por el apoyo de familiares y amigos, la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la solidaridad de nicaragüenses residentes en Estados Unidos. Pero esta ayuda no es suficiente, ni adecuada, ni ordenada, ni sostenible, ni digna, alertan los investigadores al tiempo que agregan que, además, ya está en proceso de agotamiento.
Acceder a un empleo —es el criterio con mayor consenso— podría mitigar parte del problema humanitario de los solicitantes de refugio, aunque se tiene claro que el ser portadores de un permiso de trabajo, no asegura la obtención de dicho empleo. Pero es un principio de solución.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advierte de esta situación de los refugiados por la “…la dificultad de gozar efectivamente de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y al trabajo”.

A todo esto se agrega lo denunciado con relación al irrespeto al principio de no devolución, pues hay personas que han sido rechazadas y devueltas a territorio nicaragüense a través de la frontera, sin analizar las necesidades de protección internacional o situaciones de vulnerabilidad. Especial atención merece el caso de los niños y adolescentes por su condición de vulnerabilidad.

Otro asunto al que hace mención el informe, es la necesidad de atender con premura el acceso a la educación en condiciones materiales, pedagógicas y psicológicas apropiadas, esto en razón de que traumas, deserción escolar, bajo rendimiento y otras secuelas, demandan un enfoque particularizado.

Resalta el reporte que las circunstancias irregulares y los apuros de migrantes “históricos” se sobreponen y traslapan con la problemática específica de los perseguidos políticos, haciendo aún más compleja la situación.

Acotan que las expectativas de las negociaciones en Nicaragua no permiten vislumbrar en el corto plazo condiciones para un retorno seguro de los perseguidos pues, al contrario, “la crisis socioeconómica augura mayores flujos. De ahí que deba adoptarse una perspectiva de largo plazo”.

Causas de la problemática

Entre las causas de la situación reinantes, el informe indica, en primer lugar, la permanencia en Nicaragua de un régimen señalado por organizaciones internacionales de violar sistemática, masiva y gravemente los derechos humanos de la población.

En tal sentido, advierten que mientras no se produzcan soluciones creíbles y duraderas, el problema persistirá y puede tender a agravarse con el deterioro progresivo de la situación económica y social del país.

En segundo lugar, se refiere que el territorio costarricense es habitual destino de migrantes nicaragüenses por razones económicas, al tiempo que es territorio de tránsito de migrantes de otras nacionalidades que se desplazan con rumbo norte. Costa Rica, subrayan, no estaba preparada institucionalmente, ni cuantitativa ni cualitativamente, para atender una oleada de perseguidos políticos de semejante magnitud.

Y es que las dependencias de migración costarricenses no contaban con los recursos humanos y materiales necesarios para atender con agilidad la avalancha de solicitudes a que han tenido que hacer frente.

De hecho, la Dirección General de Migración reveló que “…en 2016 solicitaban refugio 1.696 personas del Triángulo Norte de Centroamérica (38% del total) y 1.423 de Venezuela (32%) …dada la precariedad de recursos ante el incremento de las solicitudes este procedimiento puede ser prolongado”, siendo que esta descripción corresponde a dos años antes de la avalancha de perseguidos políticos.

Por otra parte, los perseguidos tienen una composición muy distinta a los flujos de migrantes nicaragüenses que habitualmente recibe Costa Rica —trabajadores de menor calificación— mientras que ahora arriban estudiantes, pequeños empresarios, campesinos, madres y padres de familia con hijos menores, asalariados, trabajadores de la economía informal, artesanos, profesionales de distintas áreas. Se trataba de personas que no tenían una intención inicial de emigrar, sino que debieron huir en condiciones precarias en extremo, abandonando abruptamente sus ocupaciones y dejando familias en desamparo.

Los albergues existentes en Costa Rica están habilitados para migrantes de paso y no para perseguidos políticos, por lo que con las oleadas de refugiados se han quedado vacíos.

“La falta de reconocimiento de esta calidad distinta es una de las causas: Se trata de un problema de naturaleza política, con consecuencias migratorias, y no un hecho migratorio. Admitir la naturaleza política del problema y la definición de perseguidos políticos es, sin duda, el punto de partida para abordar el problema en su real dimensión. Y las soluciones”.

Se deja sentado que el gobierno de Costa Rica instituyó una política de puertas abiertas a los perseguidos y adoptado medidas constructivas, pero restricciones fiscales y un entorno político y social complejo —incluidos algunos brotes de xenofobia— se convierten en realidades que obstaculizan poner el tema en la agenda nacional o internacional.

En tercer término, el informe enumera entre las causas del problema la dispersión territorial de los perseguidos políticos, la fragmentación en grupos territoriales, gremiales y políticos, y la desconexión entre los mismos, lo cual dificulta una interlocución que facilite abordar la situación de manera integrada.

Como cuarta causa, el informe hace referencia a la comunidad internacional, la cual, presumiblemente, carece de información suficiente. En este sentido, manifiestan que los pronunciamientos sobre Nicaragua formulados por la Unión Europa, la OEA y los Estados Unidos, salvo alguna referencia de orden político, obvian mencionar la problemática real que padecen los perseguidos políticos refugiados en Costa Rica. “De lo contrario no se explica cómo, habiendo niñas y niños en condición precaria, UNICEF está ausente”.

También la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encuentra ausente aun cuando existen necesidades de sanitarias. “Hay necesidades de adiestramiento y de mecanismos para abrir oportunidades de empleo, y OIT está ausente. Hay un grueso número de mujeres, y UNIFEM está ausente. La acción del PNUD no es notoria. En fin, el Programa Mundial de Alimentos, la Unión Europea, USAID y donantes bilaterales están ausentes”.

Las propuestas de solución

El informe de Panóptico Nicaragüense plantea una serie de pautas que podrían significar una posible solución al problema.

La primera de las propuestas es reconocer que se trata de un problema de naturaleza política, con manifestaciones migratorias, humanitarias y de derechos humanos que no se está resolviendo.

Luego agregan que tal reconocimiento no corresponde únicamente al gobierno de Costa Rica, pues el asunto va más allá del estado y de la sociedad costarricense. “Se trata de una problemática que requiere compromiso y acción de la comunidad internacional”.

En tal sentido, se hacen eco del llamado de la CIDH en octubre de 2018 a los estados de la región y a la comunidad internacional a objeto de que se implemente una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de estas personas, “a efectos de que el Estado costarricense cuente con los recursos necesarios para responder adecuada y efectivamente ante esta situación humanitaria de emergencia”.

Acogen la recomendación N° 7 de la CIDH de implementar una estrategia coordinada de alcance regional e internacional “basada en la responsabilidad compartida y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos para dar respuesta a la rápida y masiva situación de personas que se están viendo forzadas a migrar de Nicaragua, para lo que se requiere fortalecer la asistencia técnica y financiera al Estado costarricense. Asimismo, es necesario fortalecer a las comunidades que acogen a las personas migrantes y sus familiares”.

La comunidad internacional coordinadamente con las autoridades de Costa Rica y la comunidad nicaragüense de refugiados, pueden actuar en materia de asistencia humanitaria; asegurar atención adecuada a la población más vulnerable, en particular los niños y adolescentes, con énfasis en salud y educación; oportunidades de continuar los estudios y otorgar subvenciones a estudiantes de nivel técnico y profesional; instaurar un programa de apoyo a la generación de autoempleo o emprendimientos; generar competencias laborales mediante el adiestramiento en actividades de menor complejidad tales como zapatería, panadería, alimentos, etc.; apoyo a iniciativas público-privadas que contribuyan a colocaciones laborales; promoción de modalidades de asociación; campañas de información y comunicación vía tradicional y digital.

Asimismo, subrayan la “existencia de un mercado nostálgico compuesto por centenares de miles de residentes nicaragüenses [lo cual] ofrece la posibilidad de generar oportunidades de empleo sin afectar a la fuerza de trabajo costarricense. Instituciones multilaterales como el [Banco Interamericano de Desarrollo] BID podrían emprender un estudio para cuantificar y caracterizar las potencialidades de este mercado nostálgico, que podría dar lugar a inversiones, actividad económica y empleo”.

Recomiendan al gobierno de Costa Rica acortar los plazos y procedimientos para la atención a los solicitantes de refugio; flexibilizar los criterios para el otorgamiento de estatus de refugiado; considerar la adopción de la definición ampliada del estatus de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena; establecer alternativas migratorias.

En materia de derechos económicos, sociales y culturales el informe recomienda asegurar que las autoridades policiales en frontera preserven el principio de no devolución; considerar la pronta vigencia de una normativa que permita otorgar el permiso laboral en paralelo al reconocimiento del estatus de solicitante de refugio; considerar la pronta vigencia de modalidades de protección complementaria; garantizar el acceso a la educación, seguridad social y salud de los perseguidos políticos desde el momento en que presentan su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado.

En materia laboral, el reporte llama a revisar y flexibilizar la lista taxativa de ocupaciones a las que se pueden dedicar los solicitantes de refugio; promover iniciativas público-privadas para la generación de oportunidades de empleo; promover iniciativas de emprendimiento y autoempleo; impulsar iniciativas de formación y capacitación profesional; promover una estrategia para aprovechar las potencialidades del mercado nostálgico.

Finalmente, el informe de Panóptico Nicaragüense recuerda que es necesario solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos humanos atender su disposición a continuar trabajando “en la elaboración de un informe sobre la situación de personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir de su país, Nicaragua, sobre la base de la información recibida en su visita de trabajo a Costa Rica, así como de sus mecanismos de monitoreo y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)”.