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viernes, 8 de noviembre de 2019

Doble rasero: La acomodaticia política del Foro de Sao Paulo frente Latinoamérica y el Caribe

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un particular análisis se llevó a cabo durante el XXV Encuentro del Foro de São Paulo que tuvo lugar en  Caracas entre el 25 y el 28 de julio del presente año 2019, donde se evaluó el panorama político, social y económico de cada nación Latinoamericana y del Caribe —así como de algunos países europeos y del Medio Oriente—, donde situaciones y circunstancias similares se abordaron de diferente manera atendiendo a la tendencia ideológica del gobierno del país evaluado.

De este modo, donde la izquierda es oposición los asistentes al FSP denunciaron la existencia de presos políticos, mientras que en aquellos donde gobierna la “derecha” —como denominan a las administraciones que no son de su mismo signo— no se emitió pronunciamiento alguno, a pesar de las múltiples y reiteradas denuncias sobre esta materia. Igualmente, las protestas y revueltas se constituyen en demandas populares en las naciones gobernadas por los segundos, mientras que en los primeros son simplemente movimientos desestabilizadores e intentos de golpe de estado. También se pide el pronunciamiento de las Naciones Unidas respecto a algunas circunstancias y países, pero se condena los informes de algunas instancia del organismos, en otros, tal es el caso del  Alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela.

Es decir, se evidenció un doble rasero a la hora de emitir el análisis que quedó de manifiesto en las resoluciones adoptadas.

En la cita en la que bajo el lema “Por la Paz, la Soberanía y la Prosperidad de los Pueblos: ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!”, los asistentes llevaron a cabo reuniones de grupos de afrodescendientes, jóvenes, mujeres,  parlamentarios, pueblos originarios, así como de las secretarías regionales andino amazónica, cono sur y mesoamérica y el caribe.

Entre las actividades desarrolladas estuvieron distintas reuniones con los “partidos políticos amigos” de Asia, África y Oriente Medio, así como encuentros temáticos sobre asuntos como la economía mundial, debates de intelectuales, artistas y movimientos sociales; un taller de comunicación.

También se realizó el II Diálogo con las plataformas, articulaciones y redes del movimiento social y popular; el Seminario sobre las experiencias y perspectivas de los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe; y las plenarias del XXV Encuentro.

La memoria del encuentro[1] recoge una serie de resoluciones adoptadas con relación a países y diversas situaciones que a continuación presentamos.

Manos fuera de Venezuela

El Foro de Sao Paulo rechazó categóricamente el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, realizado por la Alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, “por su falta de rigor metodológico que no refleja en lo absoluto la realidad venezolana, con un enfoque sesgado y parcializado a favor de la extrema derecha opositora y por no tomar en cuenta las denuncias realizadas por un sector de las víctimas de la violencia”.

Sostienen que dicho informe obvió los supuestos esfuerzos realizados por el gobierno venezolano para garantizar los derechos humanos del pueblo y por ignorar también el informe de Alfred de Zayas, Relator independiente del Consejo de DDHH de la ONU, quien recomendó llevar al gobierno de los EE. UU. a la Corte Penal Internacional por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra Venezuela a través de medidas coercitivas unilaterales.

El FSP acordó dedicar una jornada de solidaridad con Venezuela el próximo 12 de octubre del 2019 en los países de América y el Caribe e, igualmente, realizar actos, mítines, conferencias de prensa, asambleas o cualquier tipo de manifestación en apoyo al pueblo venezolano con la consigna: “Manos fuera de Venezuela”.

Sobre Argentina

En virtud de la proximidad que tenían las elecciones en Argentina para la fecha del encuentro, el Foro de Sao Paulo refirió la importancia de estos comicios que definirían el signo político del gobierno de la nación. En tal sentido, se pronunciaron en contra de la “continuidad de una gestión que ha retomado el camino de la profundización de políticas neoliberales y de carácter neocolonial y antidemocráticas, desde que accedió al gobierno Mauricio Macri”.

Según el FSP, tales políticas sumieron al pueblo argentino en una “profunda depresión económica, con muy altos niveles de exclusión, pobreza y desocupación, siendo el principal motor de la desintegración regional”.

Agregan que la unidad latinoamericana es el único camino para lograr la autonomía política y económica, así como el desarrollo sustentable con justicia social.

El FSP condenó la existencia de presos políticos y la persecución judicial a la cual, supuestamente,  el gobierno de Macri sometió a los miembros del anterior gobierno, así como a otros dirigentes políticos y sociales. Igualmente manifestaron su preocupación por la modificación del sistema de escrutinios en medios del proceso electoral que, desde su punto de vista, genera incertidumbre y afecta la legitimidad del árbitro electoral.

“Condenamos también, la política del gobierno de Mauricio Macri respecto de la situación colonial de las Islas Malvinas, de falta de reclamo y decidida entrega de la soberanía, agravada sustantivamente a partir del Acuerdo de 2016 entre las cancillerías británicas y argentina, relevando la condición de gobierno pro-imperialista”.

Por último, el Foro de Sao Paulo estima que los acuerdos con el FMI afectan al pueblo argentino al condicionar el desarrollo de la economía a la industria. Condenaron la desaparición de programas sociales instaurados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

A la par que se manifestaron contra el gobierno de Mauricio Macri, manifestaron su abierto respaldo a las candidaturas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Caso boliviano

Seguidamente se hace mención a Bolivia y a los 13 años del “proceso de cambio” que generó una restructuración social, económica, político-institucional y geopolítica; al supuesto saqueo de las riquezas bolivianas por más 500 años de colonización, capitalismo-colonial que se recrudecieron en los 20 años de aplicación del Consenso de Washington “por parte de los gobiernos neoliberales”; a la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 1º de mayo de 2006, la cual  permitió un modelo de generación de excedentes y redistribución de la riqueza que mejoraron “ostensiblemente las condiciones de vida de todos los bolivianos y bolivianas”; a que desde 2006 se consolidó y expandió el modelo económico social productivo que en la actualidad comienza “a dar sus primeras cosechas: reducción de la extrema pobreza, erradicación del analfabetismo, reducción del desempleo, disminución de las desigualdades sociales, protección de los sectores más vulnerables de la población como la niñez, las mujeres y las personas de la tercera edad, así como las transferencias económicas a los sectores más vulnerables mediante una serie de bonos que permiten saldar la deuda social”.

En tal sentido se resolvió que en virtud de que las elecciones del 20 de octubre definirían el signo político del gobierno en Bolivia para el siglo XXI, y en tal sentido el XXV Foro de Sao Paulo acordó “Respaldar la candidatura del hermano Evo Morales Ayma a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; por ser unos de los representantes más fidedignos de la Patria Grande, de unidad de los pueblos y naciones indígena originario campesinas de América Latina y el Caribe; y por ende del pueblo boliviano en su conjunto”.

Apoyo a Lula Da Silva

Se expresó el apoyo al fundador del Foro de Sao Paulo, el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, catalogado por esa instancia como un preso político.

Sostienen que Lula da Silva paga prisión injustamente, ilegalmente y sin base en pruebas y se insiste en que es un “Perseguido por la justicia brasileña con una acción encabezada por el entonces juez de primera instancia, Sérgio Moro, que fue premiado con el Ministerio de Justicia de Jair Bolsonaro, principal beneficiado con su prisión”.

El FSP estima que el exmandatario es inocente y su condena por el supuesto delito de corrupción no fue comprobado, sino que es el resultado de una maniobra para judicializar la política e impedirle ganar nuevamente presidencia de Brasil y que de esa manera retorne “el Estado de Derecho y el Orden Democrático quebrantado en el país desde el Golpe de Estado en 2016”.

Aseveran que el objetivo de esta situación es implementar un proyecto autoritario y antipopular que reste derechos a los trabajadores y refuerce los privilegios de las elites.

El Foro de Sao Paulo resolvió seguir manifestando plena solidaridad con Lula da Silva, pues su defensa “está intrínsecamente vinculada a la defensa de la democracia en Brasil, América Latina y el Caribe”.

Exigen la inmediata libertad de Luiz Inácio Lula da Silva y promueven su candidatura al Premio Nobel de la Paz. “Proponemos a todos los países que están organizados en este Foro de Sao Paulo promover la constitución de comités por la libertad de Lula”. Igualmente se promueven una serie de acciones para exigir la libertad del líder brasileño.

Solidaridad con Chile

El caso siguiente fue el de Chile, con cuyo pueblo el FSP manifestó su solidaridad dado que “enfrenta una agresiva agenda del gobierno encabezado por Sebastián Piñera, la cual busca garantizar en breve plazo mayores utilidades para el gran empresariado, todo esto a costa de retroceder en derechos sociales y laborales tanto históricos como recientemente conquistados”.

Denunciaron un supuesto hostigamiento y violación a los Derechos Humanos del pueblo Mapuche, al que se persiste en criminalizar, así como represión a la juventud y al movimiento estudiantil, y las políticas discriminatorias y racistas contra migrantes. Según el FSP todas estas actitudes son expresión del carácter de su actual gobierno.

Igualmente, acusan a Sebastián Piñera de mantener una ofensiva en conjunto con Estados Unidos y otros “gobiernos de derecha” para que se abandone el compromiso firmado por Chile como país garante del acuerdo de paz en Colombia, “guardando silencio ante el masivo y selectivo asesinato de excombatientes y dirigentes y dirigentas sociales en dicho país, también ha encabezado peligrosas provocaciones injerencistas como el fracasado intento organizado desde Cúcuta para violar la soberanía territorial de Venezuela”.

Acordaron promover en la cumbre APEC y la reunión de la COP25 en Chile, la necesidad de la paz y de modelos de desarrollo sustentables con el medioambiente, soberanos y de superación del neoliberalismo.

“Finamente, y pronto a cumplirse 50 años del triunfo de Salvador Allende junto a la Unidad Popular en Chile, respaldamos las iniciativas que permitan destacar su ejemplo unitario, creativo y transformador como aporte a la actual lucha por la soberanía, justicia social y respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos”.

Genocidio en Colombia

El FSP alerta que, según ellos, existe una escalada de persecución, violencia y asesinatos de excombatientes, líderes sociales, populares y de las organizaciones gremiales, intelectuales, docentes, defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza, defensores de LGBTI, indígenas, afrodescendientes, líderes de la oposición en Colombia y, en tal sentido, expresa su más enérgico repudio y reitera su condena a estos episodios.

Aseguran que la mayoría de las víctimas de las acciones anteriormente denunciadas, son dirigentes “que luchan por la sustitución de cultivos ilícitos; quienes resisten y se oponen a los proyectos minero energéticos de las corporaciones multinacionales extractivistas; quienes luchan por la restitución de tierras aprobadas en el Acuerdo de Paz; miembros de los pueblos originarios defensores de sus derechos ancestrales y de los Bienes Comunes; así como de opositores políticos”.

Acusan al gobierno de Iván Duque de entorpecer la implementación del acuerdo final surgido del proceso de paz, en lugar de consagrarse a su cumplimiento. Sostienen que funcionarios públicos de alto nivel y algunos medios de comunicación minimizan y justifican las “violaciones y crímenes con aseveraciones tales como ‘cobro de cuentas’, ‘líos de faldas’, o falsas sospechas, lo cual coadyuva encubrir la responsabilidad y la omisión de la acción del Estado para proteger la vida de lideresas y líderes sociales amenazados”.

Por lo antes expuesto el Foro de Sao Paulo instó al gobierno a cumplir el mandato constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia, especialmente de los líderes de procesos sociales y ambientales.

Asimismo denuncian el incumplimiento del “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia”; piden renovar el mandato de la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas y que el gobierno colombiano mantenga y respete las instancias nacionales e internacionales de seguimiento al cumplimiento y verificación de los acuerdos; exigen el cese inmediato del hostigamiento, actividades de inteligencia, amenazas y ataques contra las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, por parte del Estado y sus organismos de seguridad; igualmente solicitan el cumplimiento de las garantías de seguridad para el ejercicio político, el desmonte del paramilitarismo y convocar al pacto nacional para sacar las armas de la política.

Solidarios con Cuba

Respecto a Cuba, el Foro de Sao Paulo refieren que el “imperialismo estadounidense” mediante la aplicación de la “obsoleta política monroista y macartista”, incrementa la guerra económica y subversiva contra la isla con el objetivo de derrotar a la revolución.

Catalogan el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado al gobierno cubano de criminal e ilegal en procura de “la asfixia económica, la penuria del pueblo cubano y daña a terceros con su carácter extraterritorial”. Al mismo tiempo lo denuncian como el principal obstáculo al desarrollo económico y social del país, constituyéndose en una flagrante y masiva violación de los Derechos Humanos de los cubanos y de las normas y los principios del derecho internacional.

Refieren que Estados Unidos ahora trata de imponer el Título III de la Ley Helms Burton que desconoce el derecho de todo Estado a nacionalizar sus recursos,” con el absurdo reclamo en tribunales estadounidenses de tierras que antes estaban en manos de latifundistas, malversadores, torturadores y asesinos”.

Los delegados al XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo se sumaron a la “Campaña Manos Fuera de Cuba” y llamaron a un movilización de los partidos de izquierda, movimientos sociales y populares, de solidaridad, personalidades, parlamentos, gobiernos, organizaciones obreras, campesinas, de jóvenes, estudiantes y mujeres, así como a los graduados en Cuba, intelectuales y medios de comunicación para que se incorporen a acciones públicas de alto impacto mediático con carácter permanente e intensivo para “condenar la actual escalada agresiva del imperialismo yanqui contra el pueblo cubano”.

Ofensiva reaccionaria en Ecuador

El Foro de Sao Paulo denuncia que en Ecuador opera una ofensiva reaccionaria implementada —según aseguran— mediante la utilización de las instituciones jurídicas, proscribiendo así a sectores progresistas.

“Este mecanismo novedoso dedicado a perseguir a los líderes de izquierda en el Ecuador, vino a remplazar a los golpes de estado militares, digitados desde el norte y a los métodos bélicos de intervencionismo. Es peligroso, ya que disfrazado con un ropaje jurídico e institucionalista, simula ser la restauración de la República y el combate a la corrupción, ambos discursos recurrentes de las derechas. Mientras las dictaduras atentaban contra la vida y la integridad física, éste nuevo mecanismo sofisticado atenta contra la honra, la dignidad y la libertad de los líderes del progresismo por lo que resolvemos”.

Ante este panorama que dibuja el FSP, condenan la persecución a través de todas las formas que utiliza el gobierno en contra de los dirigentes; repudian la utilización del lawfare, la persecución judicial y la judicialización de la política como mecanismos dirigidos por las fuerzas conservadas en contra de los dirigentes progresistas y de izquierda en Ecuador; reafirman la importancia de la integración regional para denunciar y enfrentar esta ofensiva neoliberal, encubierta con legalismos e institucionalidad; se solidarizan con las organizaciones y sectores afectados por la implementación de políticas antipopulares resultado del acuerdo con el FMI que vulnera derechos;  condenan la entrega de Julian Assange, la persecución al activista de Ola Bini, permitir la presencia militar en territorio ecuatoriano vulnerando normativas nacionales e internacionales vigentes; exigen que el gobierno del Ecuador y los organismos de defensa de los derechos humanos establezcan acciones que garanticen la integridad de Jorge Glas ante la crisis penitenciaria que está atravesando el país; se solidarizan con Rafael Correa, con Jorge Glas, con Ricardo Patiño, y con todos los líderes víctimas de la persecución judicial dirigida por las oligarquías conservadoras.

Situación en El Salvador

El Foro de Sao Paulo respaldó el FMLN y las luchas del pueblo salvadoreño en defensa de las conquistas sociales que supuestamente están siendo desmanteladas por la “política neoliberal” del nuevo gobierno.

Reconocen la unidad revolucionaria y convicción democrática del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la lucha que ha iniciado y permanecen atentos a las actividades del actual gobierno de El Salvador que buscan desmantelar los programas sociales y destruir el sistema de derechos y de justicia social alcanzado por los gobiernos FMLN.

Rechazan la política exterior de El Salvador “alineada al imperio, y la militarización de su territorio en detrimento de la soberanía y el respeto a la autodeterminación del pueblo”; asimismo se solidarizan con el FMLN, cuyos dirigentes son víctimas actualmente de persecución política por parte de la derecha local al servicio de los Estados Unidos, parar deslegitimarles utilizando inclusive la manipulación de la vía judicial.

Guatemala

El Foro de Sao Paulo rechaza el gobierno derechista de Jimmy Morales que “responde a los intereses de la oligarquía y del imperialismo norteamericano” y manifiesta su preocupación ante el drama de la migración permanente de connacionales y de hermanos centroamericanos.

Denuncian que el acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos viola flagrantemente la soberanía nacional, los derechos de los pueblos y de los migrantes y pone al estado guatemalteco a disposición de la política intervencionista del gobierno de EE. UU. en la región.

El FSP llama “a las fuerzas progresistas, democráticas y revolucionarias guatemaltecas” a la unidad en torno a la defensa de la soberanía nacional y de los legítimos derechos de los pueblos pues este acuerdo agudizará las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado, la trata de personas, la vulnerabilidad especialmente de los derechos de la niñez y las mujeres y el incremento de la pobreza y pobreza extrema.

Honduras

El Foro de Sao Paulo sostiene que el pueblo de Honduras “tiene contra la pared al criminal régimen de Juan Orlando Hernández, testaferro de los intereses militares y extractivistas de los Estados Unidos”.

El FSP saluda la lucha social por la defensa de la salud y la educación que mantiene un paro nacional en contra de las intenciones privatizadoras del Fondo Monetario Internacional.

Sostienen que el pueblo de Honduras ha ganado dos veces las elecciones generales, pero “los Estados Unidos han apoyado la imposición del actual régimen poniendo a su disposición su aparataje mediático mundial, sus recursos económicos y militares concentrados en su Base Militar de Ocupación en territorio hondureño, así como a su ministerio de colonias la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no sólo ha callado ante los delitos electorales, sino que también sirve para limpiarle la cara a un gobierno con descarados casos de corrupción y vinculación con el narcotráfico”.

Apoyo a la revolución sandinista

Felicitan al pueblo nicaragüense, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al gobierno por la celebración del 40 aniversario del triunfo de la revolución sandinista y respaldan los esfuerzos de Daniel Ortega por la consolidación de la paz y la continuidad de las transformaciones sociales.

Condenan el intervencionismo del imperialismo norteamericano puesto de manifiesto con el supuesto un intento de golpe y en la agresión económica a través de las sanciones.

Gobierno neofascista en Paraguay

El FSP denuncia la subordinación del gobierno “neofascista” de Abdo Benítez, conjuntamente con el de Mauricio Macri y Bolsonaro al imperialismo, profundizado con el alineamiento incondicional a la iniciativa de EE. UU. que engloba a Argentina, Brasil y Paraguay en la llamada Triple frontera posterior a la reunión de cancilleres con Mike Pompeo en Buenos Aires.

Según el FSP esto constituye “un grupo antiterrorista conjunto, bajo control directo norteamericano con el objetivo de supuestamente de combatir y neutralizar operaciones terroristas en la región”, lo cual se traduce en un germen de un verdadero Plan Cóndor Subregional.

Perú

El Foro de Sao Paulo respalda al pueblo del Valle del Zambo (Provincia de Islay, en Arequipa, Perú) en su enfrentamiento a la agresión policial del gobierno de Martín Vizcarra en procura de preservar sus tierras, sus cultivos, el agua y su territorio ante la explotación minera irresponsable.

Independencia de Puerto Rico

El Foro de Sao Paulo rechaza el argumento del  gobierno de los Estados Unidos que expresa que la soberanía de Puerto Rico reside exclusivamente en su Congreso.

Sostienen que la presencia de EE. UU. en la isla constituye un peligro para la soberanía y seguridad de todos los países del hemisferio por su situación geoestratégica y área utilizable para invadir países de la región.

Por tanto, el FSP resolvió reiterar su apoyo y solidaridad al ejercicio de la autodeterminación y el  derecho a la independencia de la nación puertorriqueña, al tiempo que respalda las gestiones para elevar el caso de Puerto Rico ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con la celeridad que amerita.

Manifiestan si solidaridad con las protestas que desembocaron en la renuncia del “administrador colonial, Ricardo Rosselló, y muchos de sus funcionarios más cercanos” manifestadas en medio de una profunda crisis económica e institucional que le imprime singular pertenencia a la lucha más que centenaria del pueblo puertorriqueño por su autodeterminación e independencia.

Rumbo al cuarto gobierno izquierdista en Uruguay

Para el Foro de Sao Pauli resulta fundamental que en Uruguay gane la fórmula de Daniel Martínez y Graciela Villar para dar continuidad al gobierno de izquierda y progresista.

Aseguran que en 15 años de gobierno del Frente Amplio se fortaleció la agenda de los derechos en la nación suramericana. “Se democratizo el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se amplió en estos años la asistencia sanitaria, permitiendo la incorporación de la totalidad de la población. Se ha invertido cifras récord en educación, multiplicando las matriculas de la educación media y universitaria. A través de políticas sociales se ha logrado contemplar las principales carencias de las personas más vulnerables”.

Libertades en Cataluña y el estado español

Los partidos políticos participantes en el XXV Encuentro del Foro de São Paulo resolvieron reconocer y apoyar los procesos de radicalidad democrática, el derecho de autodeterminación de los pueblos y, por su mismo carácter internacionalista, todos los procesos de emancipación nacional y social que se expresan de manera pacífica y democrática.

Este apoyo surge a propósito del “proceso de radicalidad democrática que ha iniciado el pueblo de Cataluña con el objetivo de ejercer su derecho a la autodeterminación y decidir su futuro político, profundizar en el sistema democrático y la justicia social”.

Denuncian la represión y la vulneración de derechos civiles ejercida por parte del estado español que conlleva la existencia de presos políticos, exiliados y la judicialización de la política.

Instan al estado español a garantizar la libertad, los derechos civiles, políticos y sociales, y a reconocer el derecho a la autodeterminación también como instrumento para la prevención de conflictos y que se establezca un marco de diálogo democrático entre las instituciones españolas y catalanas.

País Vasco

El FSP instó al gobierno español en manos de Pedro Sánchez “a acabar con el sufrimiento”  de los familiares de los presos políticos en el País Vasco, reagrupándolos y liberando a los que padecen enfermedades incurables y a los mayores de 65 años, “como primeras medidas de una agenda que permita la excarcelación temprana de todos los presos, para así poder superar todas las consecuencias del conflicto”.

Palestina

El Foro de Sao Paulo reafirma su solidaridad con el pueblo palestino, rechaza la ocupación ilegal israelí y denuncia que las acciones del Estado de Israel trastocan cualquier proceso de paz.

Se pronuncian porque Palestina obtenga el reconocimiento como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.

Sobre República Saharaui

El Foro de Sao Paulo declaró su apoyo irrestricto a la lucha del pueblo saharaui por su libertad, soberanía e independencia nacional, bajo la dirección de su representante legítimo, el Frente Polisario y del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática.

Siria libre

Del mismo modo, se condenó la que estiman es una agresión sistemática a la República Árabe Siria por parte del gobierno de los EE. UU. y la OTAN.

El FSP denuncia la intención de Israel de anexarse las Alturas del Golán en violación al derecho internacional vigente.



[1] Foro de Sao Paulo. “Memoria del XXV Encuentro del Foro de São Paulo – 25 al 28 de julio de 2019 – Caracas, Venezuela”. 27 de agosto de 2019.  https://forodesaopaulo.org/memoria-del-xxv-encuentro-del-foro-de-sao-paulo-25-al-28-de-julio-de-2019-caracas-venezuela/

viernes, 20 de septiembre de 2019

Hugo Carvajal , "el ave" que se le escapó dos veces a la justicia de los Estados Unidos

Por tratarse de delitos militares y por sustentarse en razones políticas, España negó extradición del Pollo Carvajal a EE. UU. El gobierno norteamericano solicitó a España que apele la decisión de no extraditar al acusado de ser un narcotraficante. La defensa dice que está dispuesta a llegar hasta el Comité Europeo de Derechos Humanos. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La decisión de la Audiencia Nacional advierte que por más repudiables que resulten los hechos señalados a Hugo Carvajal, actuó bajo las órdenes o directrices la Presidencia de la República, en específico de Hugo Chávez Frías. El fallo se basó en los argumentos de la defensa y el rechazo al planteamiento hecho por la fiscalía española que alegaba que el país que estaba solicitando en extradición al acusado contaba con una de las democracias más modernas del mundo. Los alegatos de la fiscalía y los elementos enviados por el gobierno norteamericano no ejercieron ninguna influencia en el panel de jueces que se apegaron a lo expuesto por el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y por sus abogados.  
Por su condición de militar supeditado a las órdenes y directrices de la Presidencia de la República y a que su actuación se enmarcó como parte de la estrategia que el gobierno venezolano desplegó dentro de sus funciones militares y de contrainteligencia exceptuados por la legislación española, la Audiencia Nacional negó la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos al Reino de España, con relación a la persona de Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, al no haberse cubierto las exigencias que permiten la aplicación del Tratado de Extradición entre ambos países.

Igualmente, el máximo órgano de justicia español adujo para justificar su decisión, que la solicitud estadounidense estaba sustentada en razones de tipo político.

El pasado 17 de septiembre del corriente año 2019, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara Marcos, Ángeles Barreiro Avellaneda y Clara E. Bayarri García, emitieron el fallo sobre la solicitud de extradición 0000021/2019, Rollo de Sala 20/2019 correspondiente al proceso de extradición contra el venezolano Hugo Carvajal a quien las instancias de EE. UU. reclamaban.

La ponencia con relación a quien se encontraba detenido desde 12 de abril de 2019 y cuya libertad condicional fue acordada por auto del 16 septiembre de 2019, estuvo a cargo de Alfonso Guevara Marcos.

Este conjunto de magistrados acordó “Denegar la extradición a los Estados Unidos de América del nacional venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, para su enjuiciamiento por los hechos-delitos comprendidos en la Acusación de Reemplazo del tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, de 15 de abril de 2019, en el Caso S1 11 Cr. 250 (AKH), y subsiguiente Orden de Aprehensión de igual fecha del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”.
En tal sentido, la decisión dejó sin efecto las medidas cautelares que hasta la fecha se habían adoptado respecto al reclamado y se comunicó al Ministerio de Justicia, específicamente a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, a objeto de dejar constancia de lo acordado por la Audiencia Nacional y se diera a conocer el fallo a las autoridades de Estados Unidos y a la Interpol.

Exposición de antecedentes

Refiere la ponencia Guevara Marcos, en primer término, la providencia del Juzgado Central de Instrucción N° 6 de fecha 12 de abril de 2109, la cual permitió dar inicio al procedimiento de extradición número 21/2019, la cual el mismo día se comunicó a la Interpol la detención en Madrid de Adolfo José Mouriño Olsen, quien resultó ser Hugo Armando Carvajal Barrios cuando se le practicó un cotejo decadactilar, sobre quien recaía orden de aprehensión  CRIM 205 de 3 de agosto de 2011, emitida por el juez del Distrito Sur de Nueva York, por delito de tráfico de drogas.

Dado que Carvajal Barrios no consistió la extradición simplificada y no renunció al principio de especialidad, se acordó su prisión provisional e incondicional.

En segundo lugar, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, remitió el 26 de abril de 2019 al Juzgado Central un conjunto de notas verbales habidas entre la Embajada de Estados Unidos y el despacho de gobierno, con el fin de que comenzaran a computarse los 45 días conforme al tratado bilateral y se participara sobre la solicitud formal de EE. UU. de extradición de Hugo Carvajal, alias “El Pollo”.

El 17 de junio de 2019, el Ministerio de Justicia le comunicó al Juzgado Central que por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de junio de 2019, se autorizó continuar el procedimiento por vía jurisdiccional, para lo cual se adjuntaron los documentos recibidos de Estados Unidos a través de su Embajada.

Tales documentos fueron la Nota Verbal de la Embajada de EE. UU. en España N° 360 de fecha 9 de mayo de 2019; la Declaración Jurada en apoyo de la Extradición; las Pruebas A (Copia de la Acusación formal), B (Copia de la Orden de Aprehensión), C (Folios 325 y siguientes relativos al Código de Estados Unidos) y D (Folios 335 y siguientes, relativos a la Declaración Jurada del agente especial de la DEA encargado de la investigación).

Carvajal no permite su extradición

Luego el magistrado de la Audiencia Nacional española hace una larga exposición sobre los términos de la acusación emitida por el Gran Jurado de los Estados Unidos contra Hugo Carvajal Barrios, detallando cada cargo y los sustentos jurídicos de los mismos, según la visión y legislación estadounidense.

Dichos cargos, a saber son, Conspiración de narcoterrorismo, Conspiración para importar cocaína, Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, Conspiración con otros para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Entonces, se procede a referir la negativa manifiesta de Hugo Carvajal de no consentir su extradición y su no renuncia al principio de especialidad. El juzgado dispuso elevar las actuaciones a la Sección tercera de la Sala de lo penal.

Para el día 12 de septiembre de 2019, durante la vista extradicional con presencia del Ministro Fiscal, Hugo Carvajal, reconoció su identidad y se opuso a ser entregado a los Estados Unidos por considerar que la demanda tiene una finalidad espuria pues las autoridades requirentes pretenden obtener información sobre Nicolás Maduro, dada su condición de exdirector de Inteligencia Militar en Venezuela. Refirió que sus contactos con miembros de las FARC lo fueron por orden de Hugo Chávez y el beneplácito de las autoridades colombianas en orden al proceso de paz. No renunció al principio de especialidad.

El Ministerio Fiscal solicitó que se accediera a la demanda de extradición al cumplirse los preceptos del tratado bilateral España-EE. UU. y de la Ley de Extradición Pasiva. La defensa solicitó denegar la extradición.

Fundamentos jurídicos

La ponencia pasa a explicar los fundamentos jurídicos de su decisión y refiere, en primer término, que la extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos está amparada por la Constitución española, por el Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y EE. UU. y el Tratado Suplementario de Extradición y por la Ley de Extradición Pasiva.

Se advierte en segundo lugar que no hay cuestionamiento en cuanto a la identidad del reclamado pese a que en principio portaba un pasaporte con otro nombre, el cual, según declaró, le fue otorgado conforme a la legislación venezolana.

Se hace referencia a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos a través de su embajada para procesar judicialmente a Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo” en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de asociación ilícita dolosa para involucrarse en el narcoterrorismo; asociación ilícita para importar una sustancia controlada dentro de EE. UU. y dentro del territorio de aduanas de los EE. UU. desde un lugar fuera del país, manufacturar y distribuir una sustancia controlada con intención y a sabiendas de que esa sustancia venía importada ilegalmente a los EE. UU.; uso o posesión de armas de fuego para cometer o posesión de armas durante y en relación con los delitos de sustancias controladas y colaborar e instigar en los mismos y participación en asociación ilícita para usar o poseer armas de fuego durante y en relación con los delitos de sustancias controladas y colaborar e instigar en los mismos.

Se establece que tal solicitud cumple formalmente y sin perjuicio con los requisitos legales, así como con las formalidades acostumbradas en este tipo de diligencias.

En cuarto lugar, se menciona que la defensa cuestionó la competencia del órgano judicial que emite la orden de aprehensión que determinó la detención de Carvajal, así como la que sustenta la reclamación extradicional, al considerar que en su caso los hechos objeto de la solicitud habrían acaecido fuera del territorio de EE. UU. y la aplicación de los establecido en el Código de los Estados Unidos llevaría a entender como competentes a los tribunales del Distrito de Columbia y no a los del Distrito Sur de Nueva York. El magistrado ponente desestimó los alegatos por carecer de sustento.

En quinto lugar, para negar la demanda cursada por Estados Unidos para extraditar a Hugo Carvajal, la Audiencia Nacional estimó que aun cuando la presentación del caso por parte de los Estados Unidos se sustenta en su legislación para formular los cargos en contra del reclamado y para hacer la solicitud sobre la base de que los delitos imputados son considerados como tales por ambos países, el magistrado considera que no se aprecia en relación con el reclamado Hugo Carvajal Barrios.

“Tales preceptos llevan indudablemente a concluir que la doble incriminación debe referirse a los ‘hechos’ que provisionalmente y de manera justificada —sistema anglosajón que inspira el tratado entre el Reino de España y los Estados Unidos de América— se atribuyen a la persona cuya entrega extradicional se demanda. No basta una relación de hechos que, aun siendo subsumibles en determinados tipos delictivos, no describan la conducta concreta e individualizada que se atribuye al reclamado y que integre el delito o delitos objeto de solicitud extradicional”.

Se indica en el reclamo de los EE. UU., fuera de la afirmación de que Hugo Carvajal y otros miembros del Cártel de los Soles entre los que se cita a Hugo Chávez, a Tareck El Aissami y a Diosdado Cabello, usando la cocaína como arma contra los EE. UU. además de obtener el enriquecimiento propio, trabajan con terroristas y otros narcotraficantes de América del Sur para despachar miles de kilos de cocaína desde Venezuela para su importación a estados Unidos con protección armada del referido Cartel de los Soles y las FARC, no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo llevara a cabo el el reclamado a quien se identifica como subdirector y director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela (DIM) en diversas fechas bajo los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como Cónsul y diputado, hay una descripción huérfana de determinación tanto local como temporalmente en relación con el reclamado.
En sexto lugar, el magistrado ponente estimó para negar la solicitud de extradición de Carvajal Barrios, que además de existir una “falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado”, la  solicitud debe negarse por aplicación del artículo V.A4 “cuando el delito sea estrictamente militar” y del artículo 4.2° de la LEP “Cuando se trate de delitos militares tipificados por la legislación española y sin perjuicio de lo establecido al respecto en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por España”.

Luego de hacer varias referencias a lo establecido en las leyes españolas aplicables para determinar que se estaba en presencia de delitos militares cometidos por un militar, el magistrado determinó que “la conducta que las autoridades de Estados Unidos imputan a Hugo Carvajal Barrios se refieren ‘indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar’ del que fue subdirector y director, dentro de la estrategia dirigida desde la Presidencia de la República para, en coordinación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), atacar intereses de los EE. UU., mediante el transporte hacia los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína, proveyendo de armas a las FARC como pago de la sustancia o facilitando a los guerrilleros protección armamentística. 
Así, en el resumen de la investigación que hace el agente de la DEA (Prueba D de la solicitud extradicional) se refiere a Carvajal como, director de la agencia militar de Venezuela (División de Inteligencia Militar “DIM”), como uno de los altos funcionarios de Venezuela, miembro del denominado Cartel de los Soles, al que pertenecían el presidente Chávez y los vicepresidentes Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, que trabajaban con los cabecillas de las FARC coordinando actividades de tráfico de drogas en Venezuela y Colombia, como ‘arma contra los Estados Unidos’ según se reseña en el punto 2 del Cargo Uno de la acusación formal de reemplazo”.

La ponencia advierte que por más repudiables que resulten los hechos señalados a Hugo Carvajal, no existen dudas de que las mismos los llevó a cabo bajo las órdenes u directrices la Presidencia de la República, en específico de Hugo Chávez frías, tal como lo declara el propio agente de la DEA.

Agrega que aun cuando se entienda que el reclamo de Carvajal Barrios por parte de Estados Unidos se sustente en unos hechos concretos y precisos constitutivos de delito, “lo que según hemos dicho no ocurre”, la conducta del reclamado debe calificarse como “delito militar”, lo que es causa obligatoria de denegación de la extradición a tenor de los establecido en las leyes. “La actuación del responsable de la inteligencia militar venezolana debe calificarse como militar en cuanto estrategia del gobierno que Hugo Armando Carvajal Barrios desplegaría dentro de sus funciones militares y de contra inteligencia”.

Del mismo modo, el magistrado Alfonso Guevara Marcos argumenta que las razones del reclamo tienen una motivación política, al demandarse la entrega del reclamado por su condición de exdirector de la DIM de Chávez y Maduro, “dentro de la estrategia estadounidense respecto a Venezuela”,  lo cual es “Causa de denegación por ‘razones políticas’ que el instrumento atribuye a la decisión del gobierno de la parte requerida”.

Estados Unidos contraataca

Una vez conocida la decisión a favor de Carvajal, representantes de la  diplomacia estadounidense solicitaron a las autoridades españolas apelar, así como también pidieron colaborar para facilitar la extradición del reclamado, acusado por delitos de narcotráfico y asociación con grupos criminales, terroristas.

Carrie Filipetti, vicesecretaria para Venezuela y Cuba del Departamento de Estado, recordó que a Carvajal se le acusa de traficar con cinco toneladas de cocaína y la manera en que los Estados Unidos trata con narcotraficantes es extremadamente clara. 

Dijo: "Creemos que deben ser llevados ante la justicia para rendir cuentas, independientemente de otros delitos que hayan podido cometer. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que podamos tener ese apoyo España para asegurarnos de que el acusado venga aquí y pueda responder a las acusaciones en su contra".

Advirtió que se estaban haciendo todas las diligencias para que la fiscalía española continúe sus gestiones frente a la Audiencia Nacional y los órganos de justicia superiores para que se procesa a la extradición del acusado.