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viernes, 12 de febrero de 2021

Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol

   Los activos de la petrolera venezolana en el extranjero se han convertido en blanco de acciones legales destinadas a cobrar acreencias.

Por Maibort Petit

  Activos de Petróleos de Venezuela S.A.  por USD 9.444.116,76 y de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98, en manos de Vitol Inc, pero que permanecen bloqueados en razón de las sanciones impuestas contra esta última por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están en la mira de una de las víctimas de las FARC, el ELN y Cartel del Norte del Valle de Colombia, para cobrar la indemnización por daños y perjuicios que le concediera un tribunal de la Florida.
  La aspiración del demandante, Antonio Caballero, es hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista promulgada por el expresidente Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por la administración estadounidense sustentados en leyes antidroga, en el Tribunal Distrito Sur de Texas-División de Houston.
   Antonio Caballero se encuentra asilado en los Estados Unidos desde hace varios años, luego de que su padre, Carlos Caballero —líder del Partido Liberal, cinco veces senador y ex-embajador de Colombia en la ONU— fue secuestrado en febrero de 1999 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Cártel del Norte del Valle de Colombia exigiendo USD 6 millones. Pero en lugar de liberarlo después del pago, los secuestradores lo asesinaron de un disparo en la nuca.

  Tras el asesinato de su progenitor, Antonio Caballero debió huir de Colombia y abandonar sus propiedades y negocios, por lo que se ha dedicado a bregar ante diferentes instancias para llevar a los responsables del asesinato ante la justicia, donde ha reclamado por las torturas de que fuera objeto su padre en manos de los rebeldes colombianos.

  En 2014 un tribunal de primera instancia de Florida le otorgó a Antonio Caballero daños y perjuicios de parte de los guerrilleros y narcotraficantes responsables del secuestro de su padre, a quienes había demandado en 2012.

  Para poder cobrar la indemnización, los abogados de Caballero se encuentran rastreando dinero y bienes de los guerrilleros y narcotraficantes que hayan pasado por los Estados Unidos. Es así cómo ha logrado cobrar una parte de la sentencia[1].

  El 20 de mayo de 2020, el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenció a favor de Antonio Caballero en la demanda que mantenía contra las FARC y determinó que tenía derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC), otorgándole USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.

  Luego de esto, el 28 de septiembre de 2020, Caballero registró la referida sentencia en el expediente de la Corte del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, en la causa que en dicha instancia judicial mantiene contra las FARC y otros (Caso Nº 20-09-11744).

  Desde entonces, Caballero ha iniciado varios casos complementarios en procura de obtener la indemnización por daños y perjuicios que aún no ha sido satisfecha en su totalidad. El saldo pendiente se estima en USD 41.734.153,93.

  Ahora, por considerar que la empresa Vitol Inc. es, de acuerdo con las sanciones administradas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, posee ciertos activos bloqueados de Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por USD 9.444.116,76, estas dos empresas son agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.

  En tal sentido, Antonio Caballero aspira para embargar los referidos activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la Sentencia Definitiva a su favor.

  Caballero alega que Rosneft y PDVSA son agentes de las FARC y sobre esa base obtuvo un auto de embargo contra Vitol como parte en la Acción del Tribunal del Estado para embargar los activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la sentencia Definitiva, de acuerdo a la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002 (TRIA). 

  Sostiene el demandante que “en cualquier acción en la que un nacional de los Estados Unidos haya obtenido una sentencia contra una parte terrorista de conformidad con esta sección, el término ‘activo bloqueado’ incluirá cualquier activo de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte) incautado o congelado por los Estados Unidos en virtud de la sección 805 (b) de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (21 USC 1904 (b))”.

  Destaca que, “los activos bloqueados de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte terrorista) estarán sujetos a ejecución o embargo en ayuda de la ejecución a fin de satisfacer dicha sentencia en la medida de cualquier daño compensatorio por el cual dicha parte terrorista haya sido declarada responsable”.

   Le corresponde ahora al demandante, demostrar ante el tribunal que, efectivamente, PDVSA y Rosneft son agentes o instrumentalidades de un Deudor de Sentencia bajo TRIA.

   En su favor, Caballero sostiene que los activos están bloqueados de conformidad con las sanciones de la OFAC, refiere que Vitol está sujeta a varias prohibiciones con respecto a transacciones o transferencias que involucren activos bloqueados, como se establece en el Reglamento de Sanciones de Venezuela de la OFAC.

  Como lo exige la ley, Vitol fue informada el 22 de diciembre de 2020 de la acción de Antonio Caballero.

  Se estima que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, es competente para llevar este caso, pues la misma comprende el condado de Montgomery donde Caballero presentó la Acción de la Corte Estatal. En consecuencia, la deportación al Distrito Sur de Texas es adecuada de conformidad con 28 U.S.C. § 1441 (a).

  Vitol se reserva expresamente todas las defensas, mociones y/u objeciones que puedan tener en cuanto al servicio, jurisdicción o cualquier otra defensa u objeción que puedan presentar a esta acción.











[1] CNN en Español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/


lunes, 8 de febrero de 2021

Acusado de abusar sexualmente de menores encuentra apoyo en el chavismo para escapar de la justicia

  Entre sus defensores figura la exministra del deporte, Alejandra Benítez, de quien el acusado fue entrenador personal.

Por Maibort Petit

  A nuestra mesa de redacción llega la denuncia contra Luis Junior Salazar, entrenador de esgrima quien, supuestamente, habría incurrido en el delito de abuso y acoso sexual de cinco menores de edad integrantes de la Selección Nacional de Esgrima Femenino Cadete-Juvenil, sin que las autoridades hayan actuado en consecuencia, habiendo el presunto victimario, por el contrario, encontrado protección en personeros políticos y autoridades deportivas.

  Se refiere que los supuestos actos de abuso cometidos por Salazar, habrían ocurrido entre los años 2019 y 2020 sin que se hayan iniciado las averiguaciones correspondientes.

  Los padres de las menores presuntamente abusadas acusan que, de manera insólita, fueron las víctimas las que padecieron —además del abuso y acoso sexual— las represalias por haber denunciado estos hechos, al ser retiradas de la Selección Nacional por parte de las autoridades deportivas.

  Agregan que la exministra del deporte, Alejandra Benítez —de quien el denunciado fue entrenador durante mucho tiempo— forma parte de los protectores de Luis Salazar, como también la propia Federación de Esgrima.

  La consecuencia de dicho amparo es que, pese a las denuncias, Salazar nunca haya sido detenido, se mantenga como entrenador postulado a la Selección Nacional Femenina y de menores, al igual que la del estado Yaracuy.

  Se indica que cuatro de las víctimas abandonaron y, la que se mantiene, lo hace con la Selección de Colombia.

Uno de los casos

  En una de las denuncias formulada ante la Fiscalía Sexagésima Sexta Nacional Penal el 6 de diciembre de 2019, la víctima refiere que comenzó a entrenar en el deporte de esgrima a los once años de edad en Yaracuy y cuando ya contaba con 14 años, comenzó a recibir mensajes de Luis Albert Junior Salazar Rojas a través de la red social Facebook. Estos primeros mensajes versaban sobre la actividad deportiva y las aptitudes de la menor. Después, comenzó a hablarle de trasladarse a Caracas y, de hecho, logró convencer a su madre para que lo permitiera.

  En Caracas, la menor entrenaba con la selección de jóvenes y adultas en turnos completos hasta que cumplió 15 años de edad, momento en el cual, comenzó a ser presionada, primero con obsequios, entre ellos unos zapatos de esgrima sobre los cuales el entrenador le habría dicho: “Ten presente que este regalo que te estoy haciendo es muy difícil que te lo haga otra persona”. Y agrega: “…luego de ello las conversaciones comenzaron a ser más intensas, porque me sacaba muchas cosas que me daba, motivado a mis dificultades económicas porque carecía de recursos para poder trasladarme al centro donde entrenaba, además de que muchas veces mis padres no contaban con los recursos para poder inscribirme en las competencias y este ciudadano siempre cubría mis gastos”.

  Al cumplir la víctima 16 años, las conversaciones de Salazar se dirigieron al terreno sexual al enviarle fotografías de sus “partes íntimas y también me solicitaba que le enviara fotos donde le exhibiera mi cuerpo”. Lo próximo fue una invitación a ir a un hotel donde se concretó el acto sexual. Desde entonces, el entrenador se hizo más intenso en sus mensajes y comunicación.

  La denunciante cuenta que el 9 de julio de 2016. Luego de días de sentir malestares, acudió con su novio a una consulta médica en la que le dijeron que estaba embarazada, pero debía practicarse un aborto porque el feto estaba muerto. Por miedo, la joven no acudió al hospital y a los dos días debió ser ingresada para practicarle el procedimiento, después de los cual debió permanecer un mes hospitalizada.

  Salazar se enteró y le recriminó: “Si tú estabas conmigo yo no permitiría que nada de eso te pasara, pero a ti solo te gustan los niños, no los viejos como yo”.

  Al cumplir los 17 años, la denunciante refiere que comenzó a tener conciencia de los hechos y decidió poner fin a la relación que mantenía con su entrenador y dedicarse únicamente a la esgrima. La respuesta de Salazar fue contundente: sin relación tampoco habría carrera deportiva.

   Pero el fin de la relación, según la denunciante, se produjo al regreso de una competencia en Colombia donde, igualmente fue manipulada por Salazar para tener sexo. “Al llegar a Venezuela yo decidí terminar con eso y me fui alejando de él, no le respondía mensajes, ni nada, solo me enfoqué a que actuara como mi entrenador”.

  En el interrogatorio que en la Fiscalía le formularon a la denunciante, esta dijo que en Colombia se había enterado de que Luis Salazar había sido denunciado por abusar sexualmente de una niña.

  Ante el fiscal del ministerio público, la joven dijo haber sido coaccionada bajo una relación de superioridad por Luis Salazar para obligarla a mantener relaciones sexuales. Mientras que otra parte de la entrevista, se le preguntó si Salazar grabó sus encuentros sexuales, a lo que la denunciante respondió afirmativamente: “Sí, cuando manteníamos relaciones sexuales me grababa y después me enteré que esos videos se los enseñaba a otros entrenadores y les decía que si me daban cosas yo accedería a estar sexualmente con ellos como si eso era una forma de pago”.



viernes, 13 de noviembre de 2020

Defensa de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, asegura que la fuente del caso "está desacreditada"

 Por Maibort Petit

   Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami Maddah, Samark López Bello, entre otros, se quejó ante un juez de Nueva York porque los fiscales federales del caso entregaron tardíamente a su defensa las evidencias contenidas en el descubrimiento, y con una serie de información clasificada difícil de descifrar y que complican su revisión antes de que se produzca su sentencia en enero 2020.

   La defensa de Mones Coro dijo al juez que el acusado, quien se declaró culpable al principio, pero que en el mes de octubre de 2020 retiró su pliego de culpabilidad, "continúa aceptando la responsabilidad y tiene la intención de volver a declararse culpable pero en base a la eliminación de una serie de argumentos".

   La sentencia de Mones Coro está prevista para enero de 2020. 

   La Defensa solicitó la preparación de un PSR acelerado; y pidió a juez que impida al gobierno basarse en cualquier información contenida en la Decimosexta Producción de pruebas al momento de dictar sentencia.

   La abogada de Mones Coro se quejó de lo tardío en la entrega de las evidencias, que los documentos estaban mezclados con una data clasificada del DHS, que no correspondía al caso.

   La fiscal Amanda Houle informó al tribunal que una parte de las informaciones contenían información sellada que correspondía a otras investigaciones del gobierno. 

   La defensa de Mones Coro pidió sanciones a los fiscales el 11 de noviembre, argumentando que el 25 de octubre la Fiscalía Federal entregó un disco duro que contenía, erróneamente, "material confidencial sobre otra investigación que el DHS había copiado por error en el disco". Tendremos más sobre esto.

    La abogada de Mones Coro dijo que el caso de su cliente representa otro “capítulo lamentable” de las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, "gravemente perjudiciales y que desperdician recursos por parte del gobierno en este distrito", por lo que pidió tomar medidas correctivas.

   Desde junio 2020, la fiscalía ha complementado el descubrimiento del caso de Mones Coro 16 veces, "produciendo círculos concéntricos cada vez mayores de información sobre una Fuente Confidencial ahora desacreditada". 

    La abogada de Mones Coro, recordó que se ha pospuesto su sentencia seis veces, durante los últimos seis meses, para esperar estos suplementos del gobierno y revisarlos. 

    La Defensa se quejó ante el tribunal que los fiscales entregaron evidencias de más de 5.7 terabytes de datos comprimidos incautados del lugar de trabajo de la Fuente Confidencial con quien el gobierno ha estado trabajando desde principios de 2017 (Alejandro J. Marín). 

   Según la defensa, el gobierno no cumplió con la fecha límite de descubrimiento final del 23 de octubre de 2020. "En cambio, el gobierno entregó, dos días después de la fecha límite, un disco duro que contienen "imágenes" de computadora sin procesar, cuyo contenido no se pudo revisar al recibirlo". 

    Asegura la defensa que para tratar de cumplir con la fecha límite, el gobierno cambió y comprometió su práctica de producción anterior y le otorgó a Mones el tiempo y el trabajo considerables necesarios para que la producción se pudiera revisar.

    El disco duro fue entregado al abogado el 25 de octubre de 2020 y contenía material confidencial sobre otras investigaciones que el Departamento de Seguridad Nacional había copiado por error en el disco.

    En ese sentido, advirtieron que Mones Coro no se le debería retrasar aún más su sentencia o tomarse el tiempo para revisar los nuevos materiales producidos. 

   Agrega que "es difícil ver cómo el gobierno podría reclamar la necesidad de confiar en información que solo consideró conveniente recopilar, de su propia Fuente, más de un año después de acusar a Mones". 

   Mones se declaró culpable en noviembre de 2019 de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos al negociar viajes aéreos privados de pasajeros para sus coacusados ​​Tareck Zaidan El Aissami Maddah y Samark José López Bello, después de que la OFAC designara a esas personas como Traficantes de Estupefacientes Especialmente Designados.

jueves, 22 de octubre de 2020

El gobierno de Trinidad evitó divulgar detalles del contrato suscrito con Venezuela para construcción de gasoducto

  El gobierno no supo argumentar su negativa para divulgar la información sobre la negociación hecha con la administración de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

  El juez de la Corte Superior de Justicia trinitaria, Ricky N. Rahim, ordenó a la oficina del Primer Ministro de Trinidad y Tobago dar acceso a la información relacionada con el contrato suscrito entre ese gobierno y el régimen de Venezuela para la construcción de un gasoducto entre los dos países.
    El demandante, el activista social y político de Trinidad y Tobago, Devant Maharaj, quien exigió al máximo tribunal de la nación antillana, revisar de la decisión del gobierno de negarse a divulgar los detalles de la negociación que, según algunas versiones tendría un costo de mil millones de dólares trinitarios.

La demanda

   El 30 de septiembre de 2020, el demandante pidió a la Corte Superior de Justicia la revisión judicial de la decisión del Gobierno de la República de Trinidad y Tobago de negarse a divulgar la información solicitada de conformidad con la sección 13 de la Ley de Libertad de Información, Capítulo 22: 02 (FOIA), los cuales, sostiene, están exentos de divulgación en virtud del artículo 26 (a) de dicha Ley. Tal argumentación del acusado es considerada por el demandante, como ilegal, irracional, injusta, equivalente a una violación de las disposiciones de la FOIA.
    El demandado recibió el 20 de diciembre de 2018 una solicitud del demandante, de información con respeto a lo difundido por la prensa y otros medios, acerca de que el gobierno de la República de Trinidad y Tobago y el gobierno de Venezuela había propuesto y acordado la construcción de un gasoducto entre ambos países.

   Las versiones de prensa sugerían que la Compañía Nacional de Gas [NGC] y Shell estaban involucradas en una empresa conjunta para la construcción de un gasoducto de dieciocho kilómetros desde la plataforma Hibiscus en el extremo noroeste de Trinidad hasta Dragon Field, propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con la intención de transferir el gas desde la segunda hasta la primera. Desde Hibiscus, entonces, el gas se distribuiría a los clientes de Point Lisas Industrial Estate y NGC. Este proyecto se conoció en los medios de comunicación como el acuerdo del Dragón. No se dijo cuál sería el precio que el gobierno de Trinidad pagaría por el gas, pero trascendió extraoficialmente que el costo de la construcción del gasoducto era de mil millones de dólares de Trinidad y Tobago.

  El demandante cita en su demanda un artículo publicado el 29 de agosto de 2018 en Caribbean News Now, en el que se planteaba que el acuerdo de Dragon buscaba eludir las sanciones estadounidenses evitando el sistema bancario de EE. UU.

Lo demandado

  Dada la desinformación existente respecto a esta negociación, el demandante procedió con la demanda, preocupado por la decisión tomada por el gobierno de Trinidad gastar una gran cantidad de dinero de los fondos de la nación sin que se haya realizado una consulta pública; además, por el impacto ambiental del proyecto; y por haber negociado con el liderazgo autocrático del presidente Nicolás Maduro en un momento en que Venezuela se encuentra en medio de un desastre de derechos humanos.

  El demandante expresa igualmente su preocupación, dado que el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impide expresamente la celebración de un contrato con otro gobierno sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Manifiesta que “la situación en Venezuela parece, desde el exterior, ser volátil tanto desde el punto de vista humanitario como político”.

  Específicamente, el demandante reclamó al demandado: 1) copias de todos los acuerdos, memorandos de entendimiento y/o contratos suscritos entre PDVSA y el gobierno de Trinidad y Tobago y/o el Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGC) en lo que se refiere al gasoducto en cuestión; 2) la política, práctica y procedimiento del gobierno trinitario y/o NGC para certificar o evaluar el acuerdo de gas propuesto como económicamente viable; 3) la política, práctica y procedimiento del gobierno trinitario y/o NGC para certificar y/o evaluar el acuerdo de gas propuesto como ambientalmente seguro; 4) la política, práctica y procedimiento del gobierno de Trinidad y/o NGC para certificar y/o evaluar el acuerdo de gas propuesto como legalmente exigible; 5) los nombres y cargos de las personas que realizarán estos ejercicios de certificación/evaluación económica, ambiental y legal y cuáles son sus competencias; 6) copias de todos los informes, opiniones o hallazgos de estos ejercicios de evaluación/certificación; 7) si el gobierno trinitario y/o NGC han obtenido asesoramiento legal sobre el potencial de impacto de las sanciones internacionales en Trinidad y Tobago como resultado del acuerdo de gas con Venezuela.

  También se exigen: 8) copias de cualquier documento relativo al costo de construcción del oleoducto y quién será responsable de pagarlo; 9) detalles del proceso de licitación y negociación; 10) costo por unidad de gas que Trinidad y Tobago está obligada a pagar; 11) copias de dibujos, planos o mapas de la tubería propuesta y la logística de la construcción de la tubería; 12) actas de todas las reuniones en NGC para el acuerdo del gasoducto propuesto.

  Dado que el demandante no recibió la información requerida al gobierno trinitario, escribió una carta de protocolo de acción previa al demandado, quien solicitó más tiempo a través de sus abogados. Finalmente, mediante carta del 20 de marzo de 2019, el acusado respondió que el Memorando de Entendimiento y la información relacionada están exentos de divulgación de conformidad con la sección 26 (a) de la FOIA.

Las consideraciones

  Para llegar a su decisión, el juez Ricky Rahim, analizó los establecido en la Ley de Libertad de Información (FOIA), precisando, en primer término, que la misma pone a disposición del público información sobre el funcionamiento de las autoridades públicas y, en particular, garantiza que las autorizaciones, políticas, normas y prácticas que afecten al público en sus relaciones con las autoridades públicas estén fácilmente disponibles para las personas afectadas por las estas; y a la creación de un derecho general de acceso a la información en forma documental en posesión de las autoridades públicas, limitado únicamente por las excepciones y exenciones necesarias para la protección de los intereses públicos esenciales y los asuntos privados y comerciales de las personas respecto de las cuales se recopila información y en poder de las autoridades públicas.

  Se indica que cualquier discreción conferida por la ley se ejercerá en la medida de lo posible para facilitar y promover, con prontitud y en la menor medida posible, costo razonable, la divulgación de información.

  Luego de una serie de especificidades con relación al instrumento legislativo en lo atinente al acceso a la información y la discrecionalidad que los funcionarios puedan tener al respecto, así como las razones por las cuales algunos documentos pudieran estar exentos de hacerse públicos.

   Se establece que un documento es exento si la divulgación bajo la FOIA contraria al interés público, bien porque perjudicaría las relaciones entre el Trinidad y Tobago y cualquier otro Estado. Sin embargo se advierte que se dará acceso a un documento exento cuando exista evidencia razonable de que existe abuso de autoridad o negligencia en el desempeño de funciones oficiales; o injusticia hacia un individuo; o peligro para la salud o la seguridad de una persona o del público; o el uso no autorizado de fondos públicos, ha ocurrido o es probable que haya ocurrido o en las circunstancias que dan acceso al documento está justificado en el interés público, teniendo en cuenta tanto cualquier beneficio como cualquier daño que pueda derivarse de hacerlo.

Argumentos de la decisión judicial

  La decisión del juez Rahim pasa a responder las interrogantes planteadas por el demandante y, primeramente, niega que exista una decisión de acceso válida que se pueda mantener y advierte que no se proporcionó ningún razonamiento ni pruebas para respaldar la exención planteada.

  Igualmente negó que sea obligatorio considerar la sección 35 de la FOIA cuando se plantea una exención, pues esto hace que la decisión sea defectuosa. Advierte que una decisión será ilegal, nula y sin efecto si se levanta una exención y no está sujeta a las disposiciones de anulación de la sección 35.

   La decisión también niega al acusado introducir nuevas exenciones en las pruebas de su declaración jurada, puesto que ello contraviene el principio de que deben fundamentarse las decisiones que permitan al demandante conocer plenamente la decisión que se debe impugnar. “Introducir nuevas razones o pruebas ex post facto es fundamentalmente injusto para el ciudadano que impugna una decisión de las ‘autoridades’ públicas”.

  La decisión indica que el tribunal tiene la capacidad de realizar la consideración de la sección 35 por sí mismo o remitirla al acusado para que realice correctamente su toma de decisiones, en congruencia con las conclusiones asumidas por la corte.

  Cree el tribunal que el acusado no condescendió a los detalles que hubieran llevado al ejercicio de su discreción. 

  El tribunal advierte que no se permitirá que la autoridad pública invoque por primera vez nuevas razones en sus pruebas o alegatos, ya que hacerlo sería manifiestamente injusto para el demandante. 
  En razón de que al declarar el gobierno de Trinidad que los documentos solicitados por el demandante estaban exentos según lo dispuesto en la FOIA, entonces debieron cubrirse todos los extremos que dicta dicho instrumento en el sentido de explicar las razones de la negativa a través de una serie de pasos y requisitos que no se cumplieron.

   El gobierno de Trinidad argumentó para su negativa que la entrega de la documentación requerida por el demandante viola la clausula de confidencialidad del contrato suscrito con Venezuela. Sostiene que la divulgación sentaría un mal precedente, pues disminuiría la confianza tanto de Venezuela como de otros gobiernos en el gobierno de Trinidad. La consecuencia adicional sería un daño a la reputación de Trinidad y Tobago en asuntos de confianza y específicamente su capacidad para hacer negocios con Venezuela y otros Estados. Agrega que el incumplimiento de la cláusula de no divulgación puede poner en peligro todo el acuerdo, lo que resultaría en la ruptura de las negociaciones y la pérdida del trato.

  Dado que estas son las únicas razones proporcionadas para justificar la decisión de que los documentos están exentos en virtud del artículo 26 (a) de la FIOA. Cree el tribunal que esta información, debió establecerse en la carta de 20 de marzo de 2019, por parte del gobierno de Trinidad.

  En opinión del tribunal, las razones proporcionadas por el acusado carecen de consideración de los beneficios del acceso a los documentos por parte del público al considerar si el acceso es de interés público. Solamente se emitieron consideraciones sobre el daño que puede surgir de la divulgación. Dice que el tribunal que el artículo 35 obliga a la autoridad pública a sopesar los beneficios de la divulgación frente al daño que puede causar la divulgación, lo que no ha ocurrido en las explicaciones ofrecidas por el demandado.

  El acusado no ha presentado ante el tribunal los beneficios que se consideraron y sopesaron en el momento en que se tomó la decisión de denegar la documentación requerida por el demandante, sino que pretendió hacerlo a modo de respuesta después de que se tomó la decisión. En opinión del tribunal, este modus operandi deroga el deber del tomador de decisiones de considerar y sopesar los beneficios y el daño en el momento de tomar la decisión en contraposición a un ejercicio ilusorio de equilibrio como una ocurrencia tardía algún tiempo después, para justificar la negativa de acceso, un evento que muy probablemente ha ocurrido en este caso.

  En opinión del tribunal, por lo tanto, no existen pruebas de la consideración y ponderación de los beneficios frente al daño en el momento en que se tomó la decisión y el tribunal así lo determina.

   El tribunal evitó pronunciarse sobre los problemas sociopolíticos y el historial de derechos humanos de Venezuela por no tener pruebas sustanciales ante sí y por considerar que lo dicho sobre el asunto en el proceso judicial es meramente anecdótico.

  Debido a que el demandado no consideró los asuntos relevantes del caso, el tribunal concluyó que la decisión de considerar el documento requerido por el demandante como exento, es una decisión inválida. Sin embargo, para no usurpar la función de quien toma la decisión de este caso, se pronuncia por la que estima es la mejor manera de ejercer la discreción, y el elige remitirla al gobierno de Trinidad y Tobago para que emita una nueva decisión.

Sobre los costos

  Estima la corte, con respecto a las reparaciones del proceso, que el demandado debe pagar los costos de la parte ganadora, ya que el reclamante ha tenido éxito en la reparación original reclamada.

La decisión judicial

  El juez, Ricky N. Rahim, dictaminó, primero, que es ilegal, irracional e irrazonable la declaración del gobierno de Trinidad y Tobago de fecha 20 de marzo de 2019, respecto a la solicitud que le formulara el demandante el 18 de diciembre de 2018, sobre la documentación reclamada está exenta bajo la Ley de Libertad de Información, bajo el artículo 26 (a) del Capítulo 22:02, infringiéndose. Estima que se infringen las secciones 26 (a) y 35 de la Ley de Libertad de Información.

   En segundo lugar, el tribunal concedió una orden de certiorari, por lo que la decisión de acceso pasa al Tribunal Superior de Justicia y se anula.

    En tercer lugar, dispuso el tribunal el envío de la solicitud de acceso al acusado de conformidad con la sección 21 de la Ley de Revisión Judicial, capítulo 7:08 y se le insta a reconsiderar la solicitud de acceso, la cual debe incluir un ejercicio de equilibrio respecto a si las circunstancias que dan acceso al documento están justificadas en el interés público —considerando tanto los beneficios como los daños— y proporcionar la decisión y los motivos completos por escrito al reclamante dentro de los treinta días siguientes a la fecha de esta orden.

   Finalmente, el tribunal ordenó que el gobierno de Trinidad y Tobago pague al demandante los costos de la reclamación.


jueves, 24 de septiembre de 2020

Darwin Padrón Acosta: El contratista condenado por corrupción en EE. UU. que recortó su sentencia tras comprometerse a colaborar con la justicia

  Fue condenado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de USD 9.052.397,73.

Por Maibort Petit

 El contratista de Petróleos de Venezuela S.A., Darwin Enrique Padrón Acosta, quien el 17 de octubre de 2016, se declaró culpable de cometer el delito de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al haber pagado sobornos a dos funcionarios de PDVSA a cambio de recibir contratos millonarios de la estatal, recibió sólo 18 meses de cárcel luego de aceptar colaborar con la justicia de los Estados Unidos.



Los cargos en su contra

  En la causa que se siguió en su contra en la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, a Darwin Enrique Padrón Acosta —un residente legal permanente de los EE. UU. con asiento en Florida— controlaba una serie de sociedades, entre ellas varias empresas estadounidenses, que utilizó para asegurar contratos con PDVSA.

  Procesado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Padrón Acosta actuó en sociedad con José Luis Ramos Castillo, residente del Distrito Sur de Texas, exempleado de PDVSA y su subsidiaria Bariven, quien se encargaba de seleccionar empresas para que participarían en las licitaciones convocadas por la petrolera y con quien se identifica en la demanda como “Funcionario F”, quien gestionaba las compras y adquisiciones de la estatal.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó a Darwin Padrón del delito de Conspiración, indicando que entre 2009 y 2014, actuó con la intención y a sabiendas de que se encontraba cometiendo delitos contra los Estados Unidos a través de sus empresas que, según la FCPA, actuaba como una empresa doméstica y un funcionario de la misma que la utilizaba para pagar a un funcionario extranjero, sabiendo que la totalidad o una parte de dicho dinero, buscaba influir en las decisiones de este último, para ayudar a las empresas del demandado a obtener los contratos de PDVSA.

  Padrón Acosta en conjunto con sus co-conspiradores pagaron sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA, entre ellos Ramos Castillo y el “Oficial F” con la intención de obtener lucrativos contratos de PDVSA a través de medios corruptos y fraudulentos. Mediante la realización de transacciones financieras, se buscaba enmascarar el pago de los sobornos.

  La acusación refiere que mientras se encontraban en el Distrito Sur de Texas, Darwin Padrón Acosta pagó los sobornos valiéndose de cables interestatales y extranjeros en procura de influir en las decisiones de ciertos funcionarios de PDVSA y sus empresas resultaran beneficiadas.

Los hechos

 Las investigaciones de la fiscalía presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Texas, señalan que Darwin Padrón Acosta firmó un cheque el 1º de febrero de 2012 por USD 117.000, de una cuenta bancaria a nombre de una empresa de su propiedad, cuyo beneficiario fue un familiar del Oficial F, quien trabajó en la adjudicación de contratos de PDVSA a empresas del demandado.

 El 22 de mayo de 2012, Padrón Acosta transfirió UDD 682.000 de una cuenta de una empresa de su propiedad a una cuenta de una empresa que José Luis Ramos Castillo poseía en sociedad con un pariente.

 Para el 15 de junio de 2012, Darwin Padrón ordenó transferir USD 320.000 de una cuenta de una de sus empresas, a una cuenta a nombre de una empresa que Ramos poseía con un pariente.

  Padrón transfirió el 20 de agosto de 2012, la cantidad de USD 50.000 de una cuenta bancaria de sus empresas, a una cuenta de un familiar del Oficial F.

  Otra transferencia se hizo el 28 de agosto de 2013, por orden de Padrón, desde una cuenta bancaria a nombre de un pariente, en beneficio de Ramos Castillo. Se trata de USD 394.250,74 producto de las ganancias de sobornos que se destinaron a comprar bienes inmuebles en el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo

 El 17 de octubre de 2016, Darwin Enrique Padrón Acosta, representado por la abogada, Marisel Descalzo, llegó a un acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson; el subjefe, John Pearson; el Fiscal Auxiliar, Robert S. Johnson; el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Andrew Weissmann.

  Padrón Acosta aceptó declararse culpable del cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-2 (FCPA), y de cometer lavado de dinero, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371.

  Se estableció que la pena máxima legal por cada violación de la ley era el encarcelamiento por no más de cinco años y una multa de no más de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta.

 Además, el acusado podía recibir un período de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años por cada violación. Si violaba las condiciones podía ser encarcelado por todo el período de libertad supervisada, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de liberación supervisada antes de tal violación.

 Por otra parte, el acusado admitió que comprendía que su declaración de culpabilidad podía afectar su estatus migratorio, podría ser expulsado de los Estados Unidos, negársele la ciudadanía y la admisión a EE. UU. en el futuro.

Cooperación

 Darwin Padrón Acosta aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos y no oponerse a la confiscación de activos.

Por “cooperar plenamente", Padrón entendió que debía proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, tanto estatal como federalmente.

Se comprometió a testificar ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando así lo solicite Estados Unidos, así como renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

Asimismo, proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos ante el Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil); proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de investigación e investigación.

La confiscación

  El acuerdo contempló de al menos USD 9.052.397,73 en su contra y a favor de los Estados Unidos.

 Padrón Acosta renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un proceso de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

 También renunció al derecho de impugnar el decomiso de la propiedad de cualquier manera, incluso mediante apelación directa o en un procedimiento colateral.

La sentencia

 El 19 de noviembre de 2019, Darwin Enrique Padrón Acosta, fue sentenciado a cumplir una pena de 18 meses de prisión

Asimismo, cumpliría 3 años de libertad supervisada.




 

miércoles, 23 de septiembre de 2020

Un tribunal de México descongela las cuentas de Libre Abordo, empresa que hizo negocios con el régimen de Maduro y Álex Saab

Venezuela Política

  Un tribunal mexicano descongeló las cuentas bancarias de la empresa  Libre Abordo, sancionada por el Departamento del tesoro de los Estados Unidos por comercializar petróleo con PDVSA a pesar de las sanciones de la OFAC, informó la unidad mexicana contra el lavado de dinero.



  En un comunicado oficial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de un juez local de descongelar las cuentas bancarias de Libre Abordo y advirtió que había presentado una apelación.

  Libre Abordo es una empresa relacionada Schlager Business Group, que ayudaron al régimen venezolano Nicolás Maduro a fines del año 2019 al firmar un acuerdo para intercambiar su crudo y combustible a cambio de camiones de maíz y agua mexicanos.

  Las compañías dijeron que el acuerdo de petróleo por alimentos no violó las sanciones de Estados Unidos impuestas a PDVSA en enero de 2019. Sin embargo, el Tesoro de Estados Unidos incluyó a ambas compañías en la lista negra en junio, acusándolas de ayudar al gobierno de Maduro a evadir las sanciones.

  La UIF, que forma parte de la Secretaría de Hacienda de México, informó al día siguiente que había congelado las cuentas bancarias de ambas empresas.

 "La UIF demostró ante el tribunal que las cuentas fueron bloqueadas debido a una solicitud de asistencia, cooperación y colaboración internacional hecha por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos", dijo la agencia, agregando que la sentencia del juez contravino Compromisos internacionales de México.

  En junio, Libre Abordo aseguró que pediría a los abogados que evaluaran una decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo sancionó por comercializar millones de barriles de crudo y combustible venezolanos.

  Libre Abordo informó que las sanciones de Estados Unidos están vinculando erróneamente a la empresa con entidades no relacionadas bajo sanciones. Libre Abordo dijo en mayo que se declaraba en bancarrota después de lo que dijo eran pérdidas de 90 millones de dólares en medio de lo que calificó de presión "excesiva" de Estados Unidos. Se suspendió el comercio con Venezuela, dijo la empresa.

  El 18 de junio de 2020, el Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que impuso sanciones a tres individuos, ocho entidades extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones estadounidenses a Venezuela, con las que Washington busca presionar al presidente de Nicolás Maduro.

  En la lista negra se encuentran la empresa mexicana Libre Abordo y Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.

  Al mexicano Joaquín Leal Jiménez también se le acusa de negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

Vía https://en.mercopress.com/

lunes, 7 de septiembre de 2020

Los beneficios obtenidos por Mathias Krull, el banquero que informó a EE. UU. sobre la trama criminal que involucra a Maduro, Raúl Gorrín y los bolichicos

 Por Maibort Petit

  Su disposición a suministrar información a la fiscalía y a otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, ha redundado en las condiciones bajo las cumple su pena. De hecho, puede asistir a retiros espirituales en su iglesia.

  Haberse declarado culpable y dispuesto a colaborar con la justicia de los Estados Unidos para aclarar, tanto su caso, como otras causas en curso de investigación, concedió a Mathias Krull —sentenciado a cumplir 10 años de prisión por el delito de conspiración para lavar USD 1.200 millones provenientes de negociaciones irregulares en Petróleos de Venezuela S.A.— hacerse acreedor de una serie de beneficios que hoy  le permiten cumplir su pena en arresto domiciliario y con movilidad restringida, así como el pago de una multa de un monto considerablemente bajo en comparación a la magnitud del desfalco del cual formó parte.

  Krull puede moverse llevar a su hijo a la escuela y a otras actividades extracurriculares, ir al médico y hasta asistir a retiros espirituales en en una iglesia.

  Ante la Corte del Distrito Sur de Florida se ventiló el caso en el que los Estados Unidos acusan a Mathias Krull, de participar en una conspiración para cometer lavado de dinero.

  Krull, un ciudadano alemán y residente panameño fue arrestado en Miami el 24 de julio de 2018: Igualmente fue detenido en esa ocasión el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. Ambos, integrarían el grupo conformado por Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Eduardo Ortega, Hugo Andre Ramalho Gois y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, que diseñaron y estructuraron una sofisticada trama de corrupción que permitió lavar USD 1.200 millones provenientes de negociaciones irregulares con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Un delito que la justicia estadounidense se propuso probar más allá de toda duda razonable, como lo exponen los documentos del caso.

El esquema de corrupción

  La trama de corrupción se estructuró a la sombra del sistema de control de cambios que durante años ha regido en Venezuela, cuyas distorsiones permiten el fraude. Siendo PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas del país, es en torno a ella que se estructuran los esquemas corruptos de malversación de divisas.

  Fue así que Krull y los otros, conspiraron para lavar y realizar transacciones monetarias con las ganancias del esquema de cambio de moneda corrupto con la petrolera, lo cual ocurrió entre diciembre de 2014 y  julio de 2018, cuando los involucrados llevaron a cabo un conjunto de transacciones monetarias para lavar cientos de millones de millones de que eran el producto de una actividad delictiva. Se trataba de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), operaciones en las que se cumplían los preceptos delictivos definidos en el Código de los Estados Unidos.

  Del mismo modo, la acusación establece que Krull y otros, viajaron y utilizaron instalaciones de comercio interestatal y extranjero para administrar y promover tanto sus actividades de lavado de dinero como las violaciones de la Ley de Secreto Bancario.

  El propósito de la conspiración en este caso fue lavar USD 1.2 mil millones de fondos malversados ​​de PDVSA por funcionarios venezolanos, entre ellos el "Funcionario venezolano 1" (vicepresidente de PDVSA) que era un "funcionario extranjero", según se define ese término en el FCPA, y quién autorizó la malversación a cambio de sobornos.

 Las investigaciones permitieron determinar que los fondos  malversados a través del esquema de cambio del dinero proveniente de PDVSA, se hizo en beneficio de la empresa Eaton Global, todo disfrazando la operación irregular como un acuerdo de "financiamiento".

  Entre los documentos recabados en la averiguación, tres permitieron evidenciar las operaciones fraudulentas, en primer lugar, un contrato de préstamo, de fecha 17 de diciembre de 2014, entre PDVSA y Rantor Capital C.A., una empresa fantasma venezolana, en la que esta última prestó 7,2 mil millones de bolívares a la estatal petrolera. Dicho contrato de préstamo fue ejecutado por el “Funcionario Venezolano 1”.

  El segundo documento fue un contrato de cesión,fechado el 23 de diciembre de 2014, entre Rantor y Eaton Global, donde la primera cedió sus derechos como acreedor de PDVSA a la segunda y en el que se contemplaba que la estatal cancelaría la deuda en un término de 180 días mediante el pago de USD 600 millones.

  El tercer documento fue una carta de notificación de cesión, con fecha del 23 de diciembre de 2014, en la que Eaton Global informaba a PDVSA de la cesión y sugería a la petrolera reembolsar el préstamo de 7.200 millones de bolívares en el equivalente en euros de USD 600 millones.

  La empresa Eaton Global estaba controlada por miembros de la conspiración y recibió cerca de 511 millones de euros de PDVSA luego de prestar a PDVSA alrededor de 7.200 millones de bolívares (por valor de unos 35 millones de euros) por no más de unos meses.

  Tanto el Oficial Venezolano 1 como los otros funcionarios que facilitaron la negociación irregular, recibieron sobornos provenientes de los ingresos fraudulentos. Dichos sobornos violaron, tanto la ley venezolana, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. porque uno o más miembros de la conspiración participaron en actos de corrupción dentro del territorio de los Estados Unidos. En todos los momentos relevantes:

  Con el producto de las operaciones irregulares que se pagaron a Eaton Global se violó el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7).

  Los integrantes de la trama acordaron dividir los ingresos netos del esquema de malversación de divisas de PDVSA entregando 227 millones de euros a “Boli” (Francisco Convit Guruceaga y “Conspirator 2”); 227 millones de euros fueron para "Conspirador 7".

  Luego, acordaron distribuir las ganancias entregando al “Boli” unos 78 millones de euros a través de una fuente confidencial (CS), quien recibió instrucciones de entregar los fondos a Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Ortega, “Conspiradores 1 y 3” y Oficial Venezolano 1 ”.

  Asimismo, “Conspirador 7” envió aproximadamente 159 millones de euros a “Los Chamos”, quienes resultaron ser los hijastros del “Oficial Venezolano 2”, quien era un “funcionario extranjero” como se define ese término en la FCPA y que a saber están los hijos de Cilia Flores.

El papel de Krull

  En esta trama de corrupción, el papel de Mathias Krull fue el de banquero y facilitador de lavado de dinero para “Conspirator 7” y otros.

  Krull trabajo en un banco suizo hasta mayo de 2018. Allí fue Director Gerente y Vicepresidente, correspondiéndole la responsabilidad de atraer clientes de banca privada al banco, principalmente de Venezuela.

  Entre los clientes de Krull desde hacía varios años,  estaban Francisco Convit Guruceaga y Conspiradores 2, 7 y 9.

  En 2016, Conspirador 7, contactó a Krull para darle a conocer la operación de lavado de las ganancias del plan de malversación de divisas de PDVSA que planeaban.

  Conspirador 7 informó a Krull sobre USD 600 millones generados a partir de contratos de divisas que era necesario movilizar y depositar. Krull preguntó el origen de los fondos y el Conspirador 7 le entregó  una copia de un apéndice al contrato de préstamo original de PDVSA y Rantor, que duplicó la línea de crédito inicial de 7.2 a 14 mil millones de bolívares. La enmienda fue de fecha 25 de mayo de 2015 e incorporó específicamente el contrato de préstamo inicial de PDVSA.

  Después, Conspirador 7 convocó a Krull a su oficina en Venezuela con respecto a un tramo de dinero por valor de unos USD 200 millones y declaró que necesitaba una solución urgente para mover estos fondos. En ese encuentro, Conspirador 7 le presentó a Krull a Mario Enrique Bonilla Valera (anteriormente conocido como “Conspirador 8”) y al “Conspirador 10”, a quienes el primero representaba.

  Igualmente, Conspirador 7 le informó a Krull que "Mario" representaba a “Los Chamos” (los hijastros de Nicolás Maduro), quienes lo habían ayudado a resolver problemas con el Oficial venezolano 2 (Maduro), al intervenir con su madre. Mario Enrique Bonilla Vallera y Conspirator 10 serían los titulares de cuentas falsas de “Los Chamos” para cualquier solución que Krull proporcionara.

  Krull acordó ayudar y unirse a la conspiración para lavar los fondos.

  Después de esto, Krull se reunió con Mario Enrique Bonilla Valera y el Conspirador 10 en varias ocasiones con el objetivo de ayudarlos a recibir los fondos de PDVSA como testaferros de los “Chamos”, incluso como parte de un plan propuesto para utilizar una estructura de lavado de dinero con Global Securities Advisors y Gustavo Hernandez Frieri en Miami, Florida, que incluía depósitos a realizar en la Institución Financiera de EE. UU. 1.

  Krull y Conspirator 7 tuvieron otros encuentros, entre ellos en Fisher Island en el Distrito Sur de Florida. Conspirator 7 llamó al Conspirador 11 para preguntarle sobre ellos documentos que debían entregárseles a Krull para mover los fondos para “Los Chamos”.

 Mathias Krull estaba al tanto de otras gestiones de Conspirador 7 cuando anteriormente había ayudado, en el contexto de otro esquema de corrupción, a un funcionario venezolano de alto nivel. También estaba consciente de que, en esta ocasión, también estaba participando en una conspiración ilegal de lavado de dinero y que los fondos que estaba tratando de ocultar eran el producto de la actividad delictiva y el soborno en particular.

La fianza y prisión domiciliaria

  El 5 de septiembre de 2018, Cecilia M. Altonaga, juez del Distrito Sur de Florida, aprobó una moción para modificar las condiciones de la fianza establecida a Mathias Krull, cuyo caso identificado con el número 18-20682, se dirime en dicho tribunal.

 De este modo, se requirió una fianza de garantía personal de USD 5.000.000, la cual firmó la esposa del demandado, Tatiana Seara Krull.

  La fianza quedó asegurada con un inmueble ubicado en 1300 Brickell Bay Drive, # 3903, en Miami, Florida 33131, la cual no podrá ser vendida, hipotecada o gravada sin autorización judicial. Igualmente, la juez estipuló que la fianza estará además asegurada por un depósito de USD 2.500.000 en una cuenta fiduciaria a nombre de las Oficinas Legales de Oscar S. Rodríguez.

  La juez Altonaga otorgó a Mathias Krull prisión domiciliaria y determinó que debería permanecer confinado en su  hogar con monitoreo electrónico, cuyos costos correrán por cuenta del demandado. Se le permite llevar a sus hijos a la escuela y actividades extraescolares; acudir a la Iglesia; a reuniones de abogados; a comparecencias en la corte y a citas médicas. Todas estas actividades serán informadas, por adelantado, a su supervisor de libertad condicional.

  La fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshan, expresó la satisfacción de la fiscalía por el Fallo de Sanciones Penales Monetarias (multa) fijada el 29 de octubre de 2018 contra Matthias Krull por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Krul se declara culpable

  El 22 de agosto de 2018, Mathias Krull aceptó declararse culpable del cargo de conspiración para cometer lavado múltiple.

  Esto en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a).

La juez dicta sentencia

  El 29 de octubre de 2018, la juez Cecilia Altonaga, condenó a Mathias Krull a prisión por participar en un plan internacional de lavado de dinero de miles de millones de dólares, fondos estos provenientes de desfalcos a la compañía petrolera estatal venezolana, PDVSA.

  Krull, exdirector gerente y vicepresidente de un banco suizo, fue sentenciado a 10 años de prisión (120 meses), luego de haberse declarado culpable.

  El Tribunal recomendó designar a Krull para FCI Miami.

  Arresto domiciliario y colaboración con el gobierno

  La defensa de Mathias Krull solicitó un plazo para la entrega de su cliente de 90 días adicionales, con lo cual su presentación se produciría el 29 de julio de 2019.

  Tras haber llegado a un acuerdo con la fiscalía y declararse culpable y luego ser sentenciado, Krull continuó ayudando a la fiscalía en sus investigaciones, tanto las referidas a su caso como de otros.

 En tal sentido Krull obtuvo el beneficio de arresto domiciliario.

La multa

  El día 26 de octubre de 2018, la jueza Altonaga concedió a Mathias Krull una moción y ordenó una multa de USD 600.000.

 Igualmente, determinó que de conformidad con la Regla 32.2 (c) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, no se requería ningún procedimiento auxiliar ya que el decomiso solicitado consistía únicamente en un fallo monetario.

   La jueza declaró que de conformidad con la Regla 32.2 (b) (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, la orden era definitiva y formará parte de la sentencia.


Liberación de inmueble

  El Tribunal del Distrito Sur de la Florida informó que la sentencia de decomiso de dinero de USD 600.000 impuesta Matthias Krull se cumplió plenamente y, por tanto, Estados Unidos liberó cualquier interés que pudiera tener en un inmueble ubicado en 1300 Brickell Bay Drive, Unidad 3903, Miami, Florida.

  El tribunal había impuesto a Krull el 26 de octubre de 2018, una multa de USD 600.000 que el demandado acordó satisfacer en un plazo de entregando  como activo sustituto, la citada propiedad.

  En vista de que el 30 de noviembre de 2018, a 32 días de su sentencia, el demandado entregó cheques por un total de USD 500.000 en satisfacción parcial de su sentencia de decomiso de dinero.

  Estados Unidos acordó aceptar dicho pago dos días después de la fecha límite de 30 días y otorgó hasta el 15 de enero de 2019 el plazo para satisfacer el saldo de USD 100.000 de la sentencia de decomiso de dinero, lo cual ocurrió en la fecha prevista.

  Dado que Mathias Krull cumplió con la multa en su totalidad, Estados Unidos liberó la propiedad.

Moción para modificar condiciones de la fianza

  El 7 de febrero de 2019, Mathias Krull, a través de su abogado, Óscar S. Rodríguez, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida donde se sigue su causa identificada con el número 18-20682, una moción sin oposición para la modificación de las condiciones de su fianza.

  Krull se declaró culpable ante dicha Corte el 22 de agosto de 2018 y fue sentenciado el 29 de octubre de 2018, habiéndole permitido el acuerdo al que llegó con la fiscalía,  permanecer en libertad bajo fianza con una fecha de entrega futura. Las condiciones de liberación contemplan que permanezca en confinamiento domiciliario con vigilancia electrónica en el horario comprendido entre las 7:30 p.m. y las 7:30 a.m.

  Se indicaba que Krull mantenía contacto permanente con su supervisor de libertad condicional y había cumplido diligentemente con todas las condiciones de liberación.

  Krull solicitó la modificación de sus condiciones de confinamiento domiciliario para poder asistir a un retiro religioso desde el 17 de mayo de 2019 a las 6:00 p.m. hasta el 19 de mayo de 2019 a las 16:00, el cual se llevaría a cabo en la Iglesia Madre de Cristo, ubicada en 14141 SW 26th Street, Miami, FL 33176. El pedido obedeció a que los participantes del retiro debían permanecer en las instalaciones en todo momento y no se les permitía regresar si se iban.

  Ni la fiscalíA ni el oficial supervisor de libertad condicional Krull manifestaron objeciones.

Modificación del confinamiento

  El 21 de febrero de 2020, la jueza Cecilia Altonaga, otorgó una moción para modificar las condiciones de confinamiento domiciliario de Matthias Krull y se le permitió salir de su residencia durante el horario de toque de queda de 7:30 p.m. a 7:30 a.m. para llevar a su hijo hacia y desde las actividades extracurriculares programadas. Krull no necesitaría permiso de la corte para tales actividades, pero primero debía obtener la aprobación por escrito de su supervisor de libertad condicional para estar fuera de su residencia durante las horas de toque de quedan especificadas.



martes, 4 de agosto de 2020

Maduro asciende a Néstor Reverol a "General en Jefe en categoría de Efectivo de Comando"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Por medio de una Resolución del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, firmada el 4 de agosto de 2020,  Nicolás Maduro Moros ascedió al actual Ministro de Interior y Justicia del régimen, Néstor Reverol al grado de General en Jefe en la categoría de Efectivo de Comando.
 Néstor Reverol  fue declarado figitivo de la justicia norteamericana. En agosto de 2016, Reverol fue acusado por delitos de narcotráfico  por el gobierno de los Estados Unidos, y se le señala de ser miembro del cártel de los Soles.

Ascendido   

  A través de la Resolución Número 036952, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Nicolás Maduro ascendió a General en Jefe en la categoría Efectivo de Comando a Néstor Luis Reverol Torres, C.I. N-7.844.507.  Hasta la fecha, Reverol tenía el grado de Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Fugitivo de la justicia de EE. UU.

  El 25 de agosto de 2016, el gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

  Las gestiones hechas por el equipo de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, incluye la información de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008 y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y criminales.

  Lynch envió una comunicación a los jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos.

  Lynch trabaj[o este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.

  Congelación de bienes 

La acusación también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.

  En este caso, asegura la documentación, las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.

  En el expediente se señala que el ex comandante general de la GNB y director de la Oficina Nacional Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela”.

  La acusación del Gran Jurado de Nueva York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.