Los magistrados calificaron de maniobra dilatoria del proceso extradicional, la pretensión de Hugo Carvajal de colaborar con la justicia española.
Por Maibort Petit
Los magistrados Alfonso Guevara Marcos, Carolina Rius Alarcó y Carlos Fraile Coloma de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España se plantaron firmes en su decisión y declararon No Ha Lugar la suspensión de la extradición de Hugo Armando Carvajal Barrios a los Estados Unidos, propuesta del juez del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de esa instancia judicial, Manuel García-Castellón.
Este miércoles, luego de que la Sala de lo Penal acordara hacer entrega en extradición a Carvajal Barrios a las autoridades estadunidenses, el magistrado García-Castejón planteó la suspensión del proceso a objeto de que el extraditado cumpliera con una declaración que tiene pendiente en su tribunal el próximo 27 de octubre, respecto a las supuesta financiación irregular del partido izquierdista español Podemos, sobre el cual el exjefe de inteligencia venezolano había entregado la documentación que permitió la reapertura del caso[1].
Tajantemente, los magistrados Guevara Rius y Fraile, respondieron a García-Castejón diciendo “no. Ha lugar ni a suspender, ni a posponer la materialización de la entrega extradicional a las autoridades de Estados Unidos de América del Norte del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios, ni a participar a dicho Juzgado particular alguno en relación a la fase de ejecución de la entrega que es exclusiva de esta Sección como única autoridad judicial competente”. Además, advierten los magistrados a García-Castejón que la posición de testigo de Carvajal Barrios en un procedimiento incoado en el año 2016, se refiere a hechos anteriores al momento en que Carvajal Barrios fue detenido el 12 de abril de 2019 y nace de una solicitud ante el Juzgado Central de 5 de octubre de 2021, sin que se solicitare tal declaración estando a disposición de dicha Central de Instrucción en méritos del presente procedimiento extradicional. Recuerdan que tampoco se hizo el pedido durante el largo periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2019 y el 9 de septiembre de 2021.
Destacan que la pretensión de Hugo Carvajal de colaborar con la justicia española es una maniobra dilatoria del proceso extradicional que ya logró dilatar al no comparecer voluntariamente una vez se dictó el auto de prisión en su contra el 8 de noviembre de 2019, habiéndose requerido su búsqueda, captura y detención policial el 9 de septiembre de 2021.
La Sala de lo Penal también subraya que la posición de testigo no es causa de suspensión, a la luz de lo que establecen los distintos acuerdos y tratados entre Estados Unidos y España.
Los magistrados asomaron la posibilidad de que la declaración testifical de Carvajal Barrios ante el tribunal del magistrado Manuel García-Castellón, se produzca a través de los mecanismos de cooperación jurídica en materia penal suscritos por el Reino de España y los Estados Unidos de América.
Se ordenó la participación de esta decisión a al juzgado de García-Castejón, a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional del ministerio de Justicia y al Comisario jefe de la Oficina de Cooperación Policial Internacional, “habiendo saber a este último que única y exclusivamente atenderá a las órdenes que le remita esta Sección Tercera de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional, como única autoridad competente para resolver sobre la presente causa extradicional”.
REFERENCIA
[1] Venezuela Política. “Extradición del Pollo Carvajal ordenada por la Audiencia Nacional española podría retrasarse por advertencia del juez que lleva el caso de Podemos”. 20 de octubre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/10/extradicion-del-pollo-carvajal-ordenada.htmlimage.png
Las declaraciones de “El Pollo” Carvajal ante la Audiencia Nacional de España solamente estarían dirigidas a evitar su extradición a Estados Unidos donde son muchas las explicaciones que debe dar sobre lavado de dinero, narcotráfico y otras operaciones irregulares cometidas a la sombra del chavismo.
Por Maibort Petit
Venezuela Política logró confirmar que Eulogio Del Pino, quien fuera presidente de Petróleos de Venezuela S.A. entre 2014 y 2017, así como ministro de Petróleo (2015-2017), no firmó —junto al comisario general de la empresa, Silvestre Molero— contrato alguno con el exjuez español, Baltasar Garzón, y su despacho de abogados Ilocad, para encargarse en la nación ibérica de una querella que PDVSA ventila en la Audiencia Nacional y cuyo precio habría sido de 8,8 millones de euros. Tal información corroboraría lo sostenido por el bufete de Garzón, que ha asegurado que el documento que Hugo Carvajal Barrios presentó al juez Manuel García Castellón como prueba de tal negociación, es totalmente falso y así lo demostrará.
Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo”, se encuentra en proceso de extradición de España a los Estados Unidos y en su afán de evitar tal hecho, se ha ofrecido para suministrar información y pruebas al tribunal con la pretendida intención de convertirse en testigo necesario de la justicia española que ofrezca datos sobre los contratos que el gobierno del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero habría suscrito mantenido con el gobierno venezolano, así como también sobre los tratos del chavismo con el partido Podemos.
Para que se diera el entendimiento entre Garzón y el régimen venezolano, habría sido determinante la recomendación que hiciera el despacho de abogados estadounidense Squire Patton Boggs, el mismo que en un principio se encargó de la defensa de los denominados narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro.
El supuesto contrato
“Para adelantar una acción legal, tanto civil como penal, el despacho de abogados Squire Patton Boggs, con quien PDVSA mantiene relaciones comerciales y específicamente el Dr. Alfredo Anzola, ha identificado en España el despacho Ilocad SL, ubicado en la ciudad de Madrid y perteneciente al prestigioso abogado Baltasar Garzón, con el cual el gobierno bolivariano de Venezuela y/o colaboradores cercanos a este han mantenido y mantienen relaciones contractuales, todas ellas con resultados positivos a la fecha”, refiere el portal Primer Informe[1].
El documento que el exjefe de inteligencia del chavismo entregó al juez de la Audiencia Nacional plantea el trabajo de “coordinación” que el despacho Ilocad debía establecer con la Fiscalía General del Estado de España, instancia que en la cual en actualidad es titular Dolores Delgado, pareja de Garzón. Esta cláusula del contrato tendría un precio de 1,9 millones de euros.
La revisión del caso plantea en sí mismo un problema, toda vez que la Fiscalía suele intervenir, pero la relación de la titular con una de las partes involucradas generaría un conflicto de intereses.
OK Diario presenta una copia del supuesto contrato fechado el 15 de noviembre de 2016, en el que Silvestre Molero le refiere a Eulogio Del Pino que el “Comité de Auditoría de PDVSA, en su reunión Nº 07-2016 celebrada el pasado 29/07/2016, aprobó el Plan de Actividades de Auditoría Interna 2016/2017, sobre los casos de fraude en los procesos de procura de la corporación. Como asunto relevante en este caso, se encuentra el detectado en los EE. UU. A tal efecto, en diciembre de 2015, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, presentó acusación en contra de representantes de empresas proveedoras de PDVSA, por violaciones de leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero, en relación con contratos de procura internacional celebrados con la filial Bariven S.A. durante el periodo 2009-2014”.
OK Diario refiere que aun cuando el bufete de abogados de Garzón niega tener vínculos con PDVSA, sí admite haber sido contratado para encargarse del caso en el que se investiga el saqueo a la petrolera venezolana “por la firma americana Squire Patton Boggs”, toda vez que se trata de una firma que ha defendido los intereses de PDVSA y su filial Bariven a nivel mundial[2].
El asunto es que tal documento, supuestamente firmado por Eulogio Del Pino y Silvestre Molero, sería forjado de acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política, una posición que corroborada por el diario español ABC. En primer término, el periódico subraya que el documento entregado por “El Pollo” Carvajal a la justicia española, nada tiene que ver con los contratos suscritos entre España y Venezuela durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que el exespía del chavismo había prometido revelar las presuntas irregularidades cometidas en la gestión como canciller de Miguel Ángel Moratinos, como la venta de ocho fragatas en las que el gobierno chavista habría pagado comisiones, así como la adjudicación de un contrato por USD 2.000 millones a la empresa Duro Felguera para la construcción de una central térmica. Igualmente, sobre las supuestas irregularidades cometidas por el exembajador español en Venezuela, Raúl Modoro, en negociaciones con PDVSA. También aportaría datos sobre supuestas asesorías que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos habría prestado a PDVSA, cuando no eran más que el financiamiento que, supuestamente, el régimen venezolano brindaba a la organización política socialista española[3].
Algunos términos del contrato
Agrega la nota de OK Diario que fragmentos del supuesto contrato firmado entre PDVSA y el despacho de Baltasar Garzón, los cuales serían: “Comparecer ante juzgados, Audiencias, Autoridades, Magistratura, Fiscalía, Agencias Tributarias tanto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Provincias para instar, seguir y terminar toda clase de expedientes y juicios civiles, criminales, administrativos y de Hacienda. Entablar, contestar y dar seguimiento a demandas, litigios, acusaciones y defensas. Dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones e interponer apelaciones a que hubiere lugar. Validar, invalidar y cuestionar testigos y pruebas. Interponer y seguir recursos judiciales”.
El precio del supuesto contrato de 8.835.000 euros estaría desglosado en 1.650.000 euros en “asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios a otorgarse por las autoridades competentes de la República Bolivariana de Venezuela”. 2.105.000 euros en “preparación y presentación del documento de demanda o litigio ante las autoridades competentes de España”. 1.980.000 euros para la “coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas”.
Esta última cláusula supone un gran problema en razón del vínculo sentimental entre Baltasar Garzón y la hoy titular de la Fiscalía General del estado, Dolores Delgado.
La auditoría
Nuestras fuentes sostienen que Del Pino ordenó la auditoría forense contratada para, luego, poder demandar a las empresas corruptas que habían desfalcado a PDVSA, entre ellas las pertenecientes a Alejandro Betancourt.
Una información que coincide en parte con lo expuesto en una nota de Armando.info publicada recientemente que narra los supuestos manejos irregulares de tres contratistas del estado venezolano, a saber, Juan Francisco Clérico, Fedele Clérico Bertola y Valentín Bagarella Gleim. La información refiere que tres empresas de este último, Sade, SDV y Sadeven —Juan Francisco Clérico figura como director sin participación accionaria— llevaron a cabo trabajos de ingeniería civil en Venezuela. De las tres, SDV Energía e Infraestructura fue objeto de suspensión por parte de PDVSA en 2017. La orden provino de Eulogio Del Pino.
“A lo largo de los años, la fortuna de Bagarella ha crecido al igual que los negocios con el Estado venezolano, incluyendo los que tuvo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). En 2017, SDV Energía e Infraestructura fue suspendida por el expresidente de la estatal petrolera, Eulogio Del Pino, para cualquier contrato de servicios por un supuesto desfalco en la Faja del Orinoco. La irregularidad cometida por 10 contratistas y gerentes de Pdvsa entre 2010 y 2016, que involucró 200 millones de dólares, fue investigada por el Ministerio Público y hasta 2018 solo una había sido exculpada”, refiere Armando.info[4].
Las fuentes de Venezuela Política agregaron que, evidentemente, Hugo Carvajal trata, a toda costa de evitar ser trasladado a los Estados Unidos donde se tiene conocimiento de sus relaciones con Roberto Rincón pues, no hay que olvidar que cuando estuvo a punto de ser extraditado desde Aruba en 2014, arribó a la isla caribeña en un avión propiedad de Roberto Rincón[5]. Son muchas las explicaciones que “El Pollo” Carvajal le debe a la justicia estadounidense sobre las operaciones de lavado de dinero del magnate y sus vinculaciones corruptas con PDVSA y el régimen venezolano[6], advirtió la fuente.
La acusación del Gran Jurado describe cómo estafó a Petropiar, PetroMirada y a CASA.
Por Maibort Petit
En el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el Gran Jurado acusó a Naman Wakil de siete cargos relacionados con actividades de lavado de dinero de fondos supuestamente provenientes de sobornos a funcionarios venezolanos con el objetivo de obtener contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de la empresa de alimentos Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).
Específicamente, los cargos contra Wakil, son Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Blanqueo internacional de instrumentos monetarios; y Participar en transacciones con propiedad derivada del delito.
Los protagonistas y partes involucradas en la trama
La acusación señala, en primer término, que Naman Wakil es un ciudadano de Siria con residencia legal en los Estados Unidos que mantenía cuentas bancarias personales y de inversión en bancos de los E. UU., las Islas Caimán y Suiza.
Luego se señala a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA) era la empresa estatal venezolana de alimentos que servía de "instrumentalidad" del gobierno venezolano, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Entretanto, el funcionario venezolano 1 es un alto fue un alto cargo de CASA desde 2010 hasta 2011, quien de acuerdo a la FCPA cumple con la definición allí estipulada de "funcionario extranjero". De igual manera ocurre con el funcionario venezolano 2 quien laboró en CASA desde 2011 hasta 2014.
Las empresas de Wakil que recibían fondos de CASA, se las denomina en la acusación como las "Wakil Food Companies", algunas de las cuales tenían cuentas bancarias en Suiza y en las Islas Caimán.
Por su parte, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), es la estatal petrolera venezolana que controla las subsidiarias Petropiar S.A. y Petromiranda S.A., las cuales servían de "instrumentalidades" del gobierno venezolano, mientras los funcionarios y empleados de estas eran "funcionarios extranjeros", tal como se utilizan esos términos en la FCPA.
Como el Funcionario Venezolano 3 se identifica a un alto cargo de Petromiranda que entre 2014 y 2017 fungió como “funcionario extranjero”, según ese término emitido en la FCPA. El funcionario venezolano 4 era un alto cargo de Petropiar entre 2015 y 2017 que también fungía como un "funcionario extranjero", según la FCPA.
A las empresas de Naman Wakil que recibieron fondos de Petropiar y Petromiranda, se las denomina en la acusación como Wakil Oil Company 1 y 2, las cuales tenían cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Como co-conspiradores, la acusación señala en primer lugar a quien identifica con el número 1, quien es un venezolano que cumple el perfil de "persona" que establece en la FCPA. Con el número 2 se señala a un venezolano, pariente del Oficial venezolano 2. Con el número 3 y 4 se señala a dos venezolanos con las funciones de la “persona” de la FCPA. Finalmente, como el co-conspirador 5 figura un venezolano residente de los Estados Unidos que, de acuerdo a los términos de la FCPA, era una "preocupación nacional".
Los sobornos a funcionarios de CASA
Sobre el cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de que se acusa a Wakil, se refiere que este actuó intencionalmente para cometer el delito.
Se indica que Naman Wakil se había constituido en la una preocupación doméstica al valerse de correos, los medios e instrumentos del comercio interestatal para sobornar a funcionarios extranjeros y a personas, con el propósito de obtener contratos y ventajas para sus empresas. Igualmente, Wakil utilizó correos, medios e instrumentos del comercio interestatal para sobornar a un funcionario extranjero, para ayudar a los co-conspiradores 1, 2, 3, 4, y otros para obtener y retener contratos para sus compañías y otros. Todo esto con el propósito de enriquecerse ilegalmente.
Explica la acusación que Naman Wakil y sus socios llevaron a cabo sus actividades en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, desde donde ofrecieron pagar sobornos, directa e indirectamente, a funcionarios extranjeros en Venezuela, a saber, los funcionarios venezolanos 1, 2, 3 y 4 para asegurarse la adjudicación de contratos y proporcionar ventajas comerciales a Wakil y sus empresas.
Wakil y sus socios se valieron las “Wakil Food Companies”, así como de cuentas bancarias en las Islas Caimán, Suiza, Panamá y otros lugares para promover el esquema de soborno ilegal y ocultar su naturaleza y propósito.
Se señala que, en 2010, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 1 en sus oficinas en Caracas, Venezuela y acordó realizarle pagos corruptos para obtener y retener para sus empresas con CASA.
Desde enero de 2010 hasta junio de 2011, Naman Wakil recibió aproximadamente USD 30 millones a través de transferencias bancarias de CASA a una cuenta bancaria ubicada en las Islas Caimán a nombre de la “Wakil Food Company 1”.
En agosto y septiembre de 2010, Wakil transfirió USD 750.000 en pagos de sobornos de la cuenta bancaria de Wakil Food Company 1 en las Islas Caimán a una cuenta bancaria en el sur de Florida en beneficio del funcionario venezolano 1. Los pagos se ocultaron con facturas falsas al banco en las Islas Caimán que indicaban servicios logísticos y trámites aduaneros.
En diciembre de 2011 o 2012, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 2 en Caracas y acordó hacerle pagos corruptos para obtener y retener contratos y ventajas comerciales, con CASA. Wakil acordó pagar los sobornos a un familiar del Oficial Venezolano 2.
En 2012, Wakil instó al co-conspirador 1 a abrir cuentas bancarias en Suiza para el beneficio del co-conspirador 2 y del Funcionario venezolano 2.
Desde 2012 hasta 2015, Naman Wakil recibió aproximadamente USD 225 millones a través de transferencias bancarias de CASA a cuentas bancarias de Wakil Food Companies en Suiza.
Desde 2012 hasta alrededor de 2014, Wakil transfirió USD 11 millones en pagos de sobornos de las cuentas de Wakil Food Companies en Suiza a una cuenta bancaria en Suiza controlada por el c-oconspirador 2 en beneficio de Funcionario Venezolano 2. Estos pagos se ocultaron con facturas falsas al banco en Suiza que indicaban falsamente servicios logísticos y trámites aduaneros.
La acusación refiere en relación con los contratos de CASA obtenidos de forma corrupta, que Naman Wakil transfirió por lo menos USD 50 millones a su cuenta personal en Suiza. De estos fondos transfirió al menos USD 20 millones a cuentas personales a su nombre en Miami, los cuales utilizó para comprar, entre otras cosas, diez departamentos en el sur de Florida, un avión de USD 3,5 millones y un yate de USD 1,5 millones.
Los sobornos a funcionarios de PDVSA
Igualmente, sobre el mismo cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la acusación establece que en 2014, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 3 y co-conspirador 5 en sus oficinas en Miami, y acordó el pago de sobornos al Funcionario venezolano 3 con el fin de obtener y retener contratos y ventajas comerciales para sus empresas petroleras con Petromiranda.
Agrega que, en 2014, el Funcionario Venezolano 3 envió un correo electrónico a co-conspirador 3 solicitando el pago de USD 100.000 a una cuenta de una empresa fantasma en Panamá. Cocospirador 3 transmitió el pedido a Wakil y este ordenó el pago.
En 2015, Naman Wakil recibió USD 7,7 millones en una cuenta bancaria de Wakil Oil Company 1 en los Estados Unidos en relación con un contrato de Petromiranda.
En 2015, Wakil transfirió USD 250.000 de la cuenta bancaria de Wakil Oil Company 1 a una cuenta corporativa en los Estados Unidos en beneficio del Funcionario venezolano 3.
Ese mismo año, Naman Wakil hizo que se enviara un correo electrónico al Funcionario venezolano 4 para obtener contratos para Wakil Oil Company 2 con Petropiar. Luego ordenó al co-conspirador 1 que abriera una cuenta bancaria a nombre de una empresa fantasma en beneficio del Oficial Venezolano 4 en Panamá.
En 2015, el co-conspirador 3 recibió documentos por correo electrónico de un familiar cercano del Funcionario venezolano 4, incluido el pasaporte, para abrir una cuenta bancaria para una empresa fantasma en Panamá.
En 2015, Wakil hizo que el funcionario venezolano 4 aprobara un contrato de USD 11,2 millones para que Petropiar comprara tuberías. Wakil compró dichas tuberías en China por USD 1,3 millones, es decir una operación que tuvo un sobreprecio de nueve veces el costo de las tuberías. Para ocultar y disfrazar a los beneficiarios del contrato de Petropiar, Wakil hizo que los pagos de la subsidiaria de PDVSA r se hicieran a una cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami.
De enero de 2016 a julio de 2016, Naman Wakil hizo que Petropiar transfiriera aproximadamente USD 11,2 millones a la cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami en relación con la compra de tuberías de Petropiar. Los pagos se ocultaron provocando múltiples transferencias electrónicas de la cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami a una cuenta controlada por el co-conspirador 1 en Panamá. Después de esto, Wakil y sus socios provocaron transferencias electrónicas adicionales de la cuenta del co-conspirador 1 en Panamá a cuentas de Wakil Oil Company 2 en los Estados Unidos.
En 2017 Wakil se reunió con el Funcionario 4 venezolano y el co-conspirador 5 en sus oficinas en Miami para discutir el soborno al Funcionario venezolano 4 relacionado con el contrato de tuberías de Petropiar y la orden de compra. Wakil transfirió la propiedad de un condominio por valor aproximado de USD 300.000 en Miami, a una entidad corporativa controlada por un pariente cercano del Funcionario venezolano 4.
Un apartamento a cambio de un contrato
Sobre el segundo cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la acusación indica que Naman Wakil,a través de correos y medios e instrumentos del comercio interestatal usados de manera corrupta, promovió los sobornos y entrega de cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero y a una persona, para obtener y retener negocios para él y sus empresas.
Se especifica, que Wakil hizo que se enviara un correo electrónico en relación con la transferencia de propiedad de un condominio en Miami, Florida por un valor aproximado de USD 300.000 el 1 de septiembre de 2017, en beneficio del Oficial Venezolano 4.
El tercer cargo
Sobre el cargo 3 de Conspiración para cometer lavado de dinero, la acusación refiere que Naman Wakil hizo transferir un instrumento monetario y fondos desde fuera de los Estados Unidos hacia el interior del país, para promover la realización de una actividad ilegal específica.
Se trataba de transacciones financieras que afectan el comercio interestatal y extranjero, pues involucran el producto de una actividad ilegal, disfrazando la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal.
El propósito de la conspiración era que el acusado y sus co-conspiradores se enriquecieran ilegalmente sobornando a funcionarios venezolanos para obtener y retener contratos y otras ventajas comerciales, incluida la obtención del pago de contratos multimillonarios con entidades e instrumentalidades controladas por el venezolano.
Blanqueo internacional
Por el cargo de Blanqueo internacional de instrumentos monetarios, la acusación señala que Naman Wakil, transfirió un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos y a un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal.
Se transfirieron USD 800.000 de una cuenta bancaria en Miami, Florida a una cuenta bancaria en Panamá, controlada por el co-conspirador 1.
Los demás cargos
Los cargos del 5 al 7 por Participar en transacciones con propiedad derivada del delito, indican que Naman Waki provocó la participación en una transacción monetaria que afectara el comercio interestatal, por un valor superior a USD 10.000, habiendo sido dicha propiedad derivada de una actividad ilegal específica, y sabiendo que la propiedad involucrada en las transacciones financieras representaba el producto de alguna forma de actividad ilegal.
Estas actividades se describen así:
Propiedades de Wakil sujetas a decomiso
La acusación señala una serie de propiedades de Naman Wakil sujetas a decomiso de encontrarse culpable que, a saber, son:
a) una sentencia de decomiso de dinero por un monto mínimo de USD 50 millones;
b) inmueble ubicado en 3535 Hiawatha Avenue, Unit 602, Miami, Florida 331334;
c) inmueble ubicado en 68 SE 6 Street, Unit 2511, Miami, Florida 33131;
d) inmueble ubicado en 68 SE 6 Street, Unit 2911, Miami, Florida 33131;
e)propiedad inmueble ubicada en 4500 North Miami Avenue, Miami, Florida 33127;
f) inmueble ubicado en 4510N North Miami Avenue, Miami, Florida 33127;
q) el contenido de la cuenta de Synovus Bank número 05312001015335423 a nombre de Wakilisimo LLC;
r) el contenido de la cuenta de Synovus Bank número 07081901013876345 a nombre de Naman Wakil; s) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank) número de cuenta 0700017114 a nombre de Naman Wakil y Souheil A. “Tony” Azar; t) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank) número de cuenta 700015258 a nombre de Wakil Properties LLC; u) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank número de cuenta 700015266 a nombre de Wakilisimo LLC.
El sujeto pagó una fianza de 1.5 millones de dólares. Permanecerá en libertad hasta que sea sentenciado en septiembre de 2021.
Por Maibort Petit
El ex abogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que ayudó a las autoridades estadounidenses a profundizar en un caso de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares impulsado por la corrupción del gobierno venezolano, se declaró culpable este miércoles, casi un año después de su arresto y entrega en la corte federal de Miami.
Carmelo Urdaneta Aquí, el ex-asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela, y quien cruzó la frontera colombo-venezolana para llegar a Miami, es el cuarto imputado en declararse culpable en el masivo caso de corrupción y lavado de dinero. Hay cinco acusados que siguen prófugos y algunos de ellos protegidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Urdaneta Aquí, fue acusado de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos con otros funcionarios de PDVSA pagados de contratistas petroleros a cambio de contratos entregados de manera fraudulenta.
Urdaneta Aquí fue liberado con una fianza de 1,5 millones de dólares desde su rendición.
El sujeto enfrenta hasta 10 años de prisión, pero podría reducir sustancialmente su sentencia en septiembre debido a su colaboración con las autoridades. La jueza de distrito Kathleen Williams es la única autoridad que tomará la decisión de definir los años que el ex-funcionario corrupto de PDVSA pasará en una cárcel estadounidense.
Como parte de su declaración de culpabilidad por un solo cargo de conspiración de lavado de dinero, los fiscales federales confiscaron un condominio de $ 5.3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, así como dos departamentos en Miami Beach y todos los activos en una cuenta bancaria que Urdaneta tenía en un banco suizo.
Los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden informaron en un memorando que el gobierno de Estados Unidos, decidió confiscar más de $ 49 millones a Urdaneta, fondos que se atribuyen a su actividad delictiva de aceptar sobornos a cambio de acceso a lucrativos contratos del gobierno venezolano como préstamos comerciales y comercio de divisas.
Urdaneta Aquí es un abogado de 47 años que ocupó varios cargos en el Ministerio de Petróleo de Venezuela de 1997 a 2015. En la demanda en su contra, aparece señalado como un actor del gobierno central en el caso de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones presentado en Miami. Asimismo, se le señala de haber participado en otro programa de préstamos y divisas a principios de su carrera, según una declaración fáctica presentada con su acuerdo de culpabilidad.
El caso
El esquema de corrupción y de lavado de dinero denunciado contrado Urdaneta Aquí, comenzó a fines de 2014 con un préstamo ficticio a PDVSA, que fue reembolsado a través de un programa de cambio de divisas del gobierno, desviando 600 millones de dólares de las arcas de la petrolera estatal, según la demanda de los fiscales.
Los acusados utilizaron a un asociado para lavar parte de los fondos de PDVSA en Estados Unidos. Para 2015, el complot se había duplicado a $ 1.2 mil millones malversados de la compañía petrolera nacional venezolana.
El presunto líder de esta trama es el venezolano Francisco Convit Guruceaga, un miembro del clan conocido en Venezuela como los bolichicos que se enriquecieron con contratos fraudulentos del Estado venezolano a cambio del pago de millonarias coimas.
Francisco Convit Guruceaga fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar con Urdaneta Aquí, otros funcionarios de PDVSA y empresarios corruptos con acceso a los más altos niveles de gobierno.
Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han decidido congelar cientos de millones de dólares en activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a los nueve acusados nombrados en la acusación de lavado de dinero de Miami y el caso relacionado. .
El primero en declararse culpable en este caso fue el banquero Matthias Krüll, quien asumió la responsabilidad de haber conspirado para lavar parte del dinero de PDVSA escondido en cuentas bancarias europeas.
Krüll fue condenado a pagar $ 600,000 para satisfacer una sentencia de decomiso y tres años y medio de cárcel.
En mayo de 2021, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, también fue sentenciado a dos años y cuatro meses tras admitir haber aceptado más de $ 12 millones en sobornos que había recibido en secreto. transferidos a instituciones financieras estadounidenses y otros.
Ortega, quien fue el máximo funcionario financiero de PDVSA de 2014 a 2016, admitió haber conspirado con el jefe de la red de lavado de dinero, Francisco Convit Guruceaga.
Ortega también dijo que trabajó con el corredor de inversiones Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, con sede en Miami. Hernández se declaró culpable de aceptar $ 12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en los Estados Unidos para que las transacciones parezcan legítimas, dijeron los fiscales. Hernández fue condenado a casi cuatro años.
Ortega y Hernández enfrentan cada uno órdenes de confiscación de $ 12 millones, pero los registros judiciales indican que el exfuncionario de PDVSA solo se quedó con $ 3 millones de esa cantidad y Hernández se quedó con el resto. Los fiscales apuntan a la residencia de Hernández en Nueva York y una casa en Miami como activos de reemplazo para su orden de decomiso.
En este caso también aparece vinculado, Raúl Gorrín, un hombre corrupto, el dueño del canal Globovisión y de otras empresas que fueron adquiridas con dinero de la industria criminal. Gorrín es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos.
Recientemente reseñamos que en fecha 22 de junio del corriente año 2021, el juez para el Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, rechazó dos mociones que había interpuesto la empresa propiedad del excongresista David, Interamerican Consulting, la cual procuraba que la Corte desestimara la demanda en su contra y, además, se derogara un documento contentivo de las alegaciones del caso[1].
PDV USA Inc. está demandando a Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de contrato, indemnización, enriquecimiento injusto y desagravio declarativo derivados de un acuerdo de consultoría entre las partes.
La intención de Interamerican de que se desestimara la causa en su contra la sustentó en el alegato de la falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1) y por no presentar una reclamación de conformidad con la Regla federal de Procedimiento Civil 12 (b) (6), lo cual a modo de ver de la empresa de David Rivera, traslada a huelga partes de la queja enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f).
En esta entrega explicamos las razones que llevaron al magistrado a adoptar tal decisión.
Corte da por ciertos los términos de la demanda
Se establece que para decidir una moción para desestimar por falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla 12 (b) (1), los tribunales de distrito pueden considerar evidencia fuera de los alegatos, tal como lo señala la jurisprudencia.
Refiere el juez Köeltl que al decidir una moción para desestimar de conformidad con la Regla 12 (b) (6), las alegaciones en la queja se aceptan como verdaderas y todas las inferencias razonables deben hacerse a favor del demandante. Corresponde a la Corte en una moción de desestimación “no sopesar las pruebas que podrían presentarse en un juicio, sino simplemente determinar si la denuncia en sí es legalmente suficiente”.
Sin embargo, se advierte que si bien la Corte debe interpretar las alegaciones fácticas de la manera más favorable para el demandante, cuando se presenta una moción de desestimación de conformidad con la Regla 12 (b) (6), el tribunal puede considerar documentos a los que se hace referencia en la demanda en los que este se basó iniciar la causa y que están en posesión del demandante, de su conocimiento o que pueda tomarse conocimiento judicial de ellos.
Lo que argumenta Interamerican
De acuerdo a contra Interamerican Consulting Inc., el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción en la materia, porque, en primer lugar, PDV USA asignó el Acuerdo de Consultoría a PDVSA y, por lo tanto, no tiene legitimación del Artículo III para demandar; en segundo término, porque a su modo de ver, PDV USA no tiene legitimación del Artículo III porque su daño no es reparable debido a sanciones contra Venezuela; y en tercer lugar, porque el caso presenta una cuestión política injustificable.
Con relación al argumento de la falta de legitimación para demandar en razón de que el Contrato de Consultoría se asignó a PDVSA y la cesión es catalogada por PDV USA como una novación y, por lo tanto, requería del consentimiento de Interamerican y esta nunca lo dio y la novación argumentada nunca se finalizó, el magistrado considera que carece de fundamento.
Estima el juez que el hecho de que Interamerican no ejecutara el Acuerdo de Cesión no impidió que PDV USA cediera sus derechos bajo el Acuerdo de Consultoría a PDVSA. No obstante, cuando el Acuerdo de cesión se "interpreta de manera que dé pleno significado y efecto a todas sus disposiciones", como debe hacer el tribunal al elaborar un contrato, queda claro que no se trató de un mero intento de ceder los derechos de PDV USA, sino más bien un intento fallido de novación del Contrato de Consultoría.
El magistrado se remite a lo que el acuerdo de cesión estableció en su preámbulo expresamente que se trataba de una novación, sino que también tenía la intención de liberar a PDV USA de todas las obligaciones, algo que una mera cesión de derechos no podría haber logrado bajo la ley de Nueva York y requiere una novación del contrato y debido a que una novación hubiera requerido el consentimiento de Interamerican y esto no ocurrió, significa que nunca entró en vigencia. Por lo tanto, rescindir el Acuerdo de cesión fue innecesario porque sencillamente nunca entró en vigor.
En consecuencia, el argumento de Interamerican de que la cesión del contrato por PDV USA a PDV USA priva a la primera de legitimación para demandar, carece de fundamento.
Las sanciones no restan legitimidad a la corte ni a PDV USA.
Respecto al argumento de Interamerican sobre la carencia de jurisdicción de la Corte en razón de que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela le impiden reparar el presunto daño y, por tanto, privan a PDV USA de la legitimación del Artículo III, el juez estimó que no es válido.
Refiere que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) faculta al presidente de EE. UU. para “regular (…) anular, prevenir o prohibir cualquier adquisición (…) uso, transferencia (…) o negociar o ejercer cualquier derecho, poder o privilegio con respecto a, o transacciones que involucren, cualquier propiedad en la que cualquier país extranjero (...) tenga algún interés” y, en virtud de que, en 2015, el presidente Barack Obama declaró una emergencia nacional bajo la IEEPA cuando la situación política en Venezuela se intensificó. Luego, el 5 de agosto de 2019, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva N ° 13.884, que establece que “toda propiedad e interés en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentren en Estados Unidos (…) están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o negociado de otro modo”.
En tal sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió una serie de regulaciones que aplican los términos de esas órdenes a los litigios contra el gobierno venezolano que a juicio de Interamerican prohíben cualquier juicio en este caso. Sin embargo,la agencia ha explicado que “normalmente no se requiere una licencia específica de la OFAC para iniciar o continuar procedimientos legales en los EE. UU. contra una persona designada o bloqueada de conformidad con el programa de sanciones de la OFAC para Venezuela, o para un tribunal de EE. UU. o su personal, para conocer un caso así”.
Se advierte que los tribunales que interpretan estos reglamentos han sostenido que, si bien un tribunal “tiene prohibido incautar, embargar, gravar o congelar dichos activos para ejecutar una sentencia (...) una parte no tiene prohibido litigar para obtener una sentencia (...) debido a una determinación judicial de los derechos de las partes y las obligaciones derivadas de un contrato no causan, por sí mismas, ninguna transferencia de propiedad”. Por tanto, las regulaciones de bloqueo extranjeras prohíben sólo aquellos procedimientos judiciales que efectúen una transferencia de propiedad extranjera o interés de propiedad.
La decisión desestimó los argumentos de Interamerican y estableció que la guía de la OFAC y los casos que interpretan las sanciones venezolanas y las regulaciones de bloqueo similares, respaldan la proposición de que la mera audiencia de un caso relacionado con sujetos o propiedad venezolanos no entra en conflicto con las sanciones porque no da lugar a una “transferencia o alteración o afectación de la propiedad o interés en propiedad bloqueado”.
El juez considera que este razonamiento es válido independientemente de si la demanda es presentada por una entidad bloqueada o una entidad no bloqueada.
En consecuencia, el magistrado determinó que las sanciones contra Venezuela no privan a PDV USA de legitimación, así como tampoco a la Corte de competencia en la materia.
Argumentos infundados
Respecto a lo argumentado por Interamerican de que la denuncia de PDV USA no presenta un reclamo, el juez John G. Köeltl determinó que todo lo esgrimido por la empresa de David Rivera carece de fundamento.
De acuerdo a lo estimado por el tribunal, el demandante alega hechos suficientes para presentar un reclamo por incumplimiento de contrato: la existencia de un contrato entre las partes, que el demandante cumplió con el contrato al realizar tres pagos por un total de USD 15 millones y dejó de hacer los pagos cuando se hizo evidente que el demandado no estaba cumpliendo con el contrato, que el demandante alega que la demandada no cumplió con los requisitos del contrato, constituyendo así un incumplimiento y, como resultado, que sufrió daños por USD 15 millones.
“En consecuencia, el demandante declaró suficientemente una reclamación por incumplimiento de contrato”, advierte el juez.
Sobre la condición precedente
Del mismo modo, la corte estima que carece de fundamento el argumento de Interamerican de que PDV USA no alegó el cumplimiento de una condición precedente y tampoco ha demostrado que hubiera condiciones precedentes en el contrato que no se cumplieron.
Según el criterio de Interamerican, ciertas disposiciones del Contrato de Consultoría eran condiciones precedentes, a saber, que el demandante debía especificar que "los servicios (...) que el cliente consideró necesarios y apropiados" y debió proporcionar al demandado el contenido de un "plan estratégico" a ejecutar.
Pero el juez estimó que el Contrato de Consultoría enumeró varias disposiciones que describen en detalle los servicios que el demandado debía realizar y un cronograma de ejecución corto, por lo que era menos plausible que la frase "servicios (...) que el Cliente considere necesarios y apropiados" fuera una condición precedente que se necesitaba para ocurrir antes de que se realizaran los servicios.
En consecuencia, el reclamo por incumplimiento de contrato no puede ser desestimado con base en el supuesto incumplimiento por parte del demandante de una condición precedente.
La indemnización
El tribunal también rechazó la moción para desestimar la reclamación de indemnización. Y explicó que el argumento de Interamerican de que no existe una acción de terceros contra la cual indemnizar, no es conviencente. Tampoco el alegato de que es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas.
El magistrado recordó que en el Contrato de Consultoría se incluye una compensación por parte de Interamerican a PDV USA por todos los costos que resulten directa o indirectamente del incumplimiento del contrato.
Debido a que la disposición de indemnización en este caso cubre expresamente los incumplimientos del contrato mismo por parte de Interamerican, claramente no se limitó a acciones de terceros, sostiene el juez.
Además, la reclamación de indemnización no es una duplicación completa de una reclamación por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas, porque como señala la jurisprudencia, “Cuando un reclamante tiene derecho a una categoría particular de daños en una reclamación, pero no en la otra, las reclamaciones no son duplicadas”.
Se rechaza moción de enriquecimiento injusto
Para el magistrado, el enriquecimiento injusto que Interamerican esperaba desestimar, por supuestamente no alegarse con suficiente especificidad y porque es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato, no aplica porque los tribunales han permitido a los demandantes perseguir reclamos tanto por enriquecimiento injusto como por incumplimiento de contrato, de acuerdo a la jurisprudencia.
En este caso, Interamerican argumenta que PDV USA renunció a cualquier reclamo por incumplimiento de contrato y afirma que no ha cumplido con las condiciones precedentes y que, como resultado, el reclamo por incumplimiento de contrato de PDV USA debe fallar. Al hacerlo, Interamerican ha puesto en disputa la exigibilidad del contrato. En consecuencia, PDV USA puede mantener apropiadamente su reclamo de enriquecimiento injusto como alternativa.
El reclamo de reparación declarativa
La Corte rechaza la moción para desestimar el reclamo de reparación declarativa sustentado en el argumento de que no está suficientemente alegada y porque la rescisión no es apropiada.
El juez recordó que la Ley de sentencia declaratoria dispone que los tribunales de distrito "pueden declarar los derechos y otras relaciones jurídicas de cualquier parte interesada que solicite dicha declaración, independientemente de que se solicite o no más reparación".
En este caso, el demandante busca una declaración de que no le debe dinero al demandado porque el demandado violó el acuerdo. Esto es distinto del remedio buscado en la demanda por incumplimiento de contrato, a saber, la recuperación de los USD 15 millones que el demandante ya pagó al demandado. En consecuencia, la reparación declaratoria tendría un propósito útil y aclararía aún más las cuestiones legales entre las partes.
Eliminación de alegaciones
Por último, la decisión judicial niega el pedido de eliminar ciertas alegaciones en la demanda enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f). Interamerican estimaba que las declaraciones que hizo David Rivera a la prensa no tienen relevancia para el reclamo por incumplimiento de contrato más que para sugerir alguna irregularidad vaga.
Creyó el magistrado que la declaración proporciona una base para creer que los fondos fueron utilizados de una manera que sería inconsistente con los términos explícitos del contrato. Además, no hay nada injustamente perjudicial sobre las acusaciones, porque se basan en informes públicos a los que puede acceder fácilmente cualquier persona con acceso a Internet.
La cónyuge es una co-garantía de González Testino luego de que se le otorgara la libertad bajo fianza.
Por Maibort Petit
Nuevamente la esposa José M. González Testino [del procesado por corrupción con CITGO y PDVSA], María Alejandra Díaz, podrá viajar, luego de que la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, concediera una moción para liberar temporalmente los pasaportes de la mujer y autorizara la movilización.
Lo que sí quedará sin revelar es el destino del viaje ni los detalles del mismo, a solicitud del propio González Testino quien, argumentando razones de seguridad, pidió que se mantuvieran bajo sello tales datos.
González Testino se declaró culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero relacionados con contratos de CITGO y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), los cuales habrían sido obtenidos de manera fraudulenta mediante el pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal venezolana.
María Alejandra Díaz es portadora de dos pasaportes, uno estadounidense y otro venezolano, los cuales se mantienen en custodia de la secretaría del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston.
Luego de la declaratoria de culpabilidad de José M. González Testino el 29 de mayo de 2019, el tribunal le concedió la libertad bajo fianza el 23 de julio de 2019, para la cual se fijaron una serie de condiciones por parte de la corte. Una de estas co-garantías es su esposa, María Alejandra Díaz, quien debió entregar sus pasaportes a la secretaría del tribunal bajo la condición adicional de que "no viajarán fuera de los Estados Unidos sin el permiso de los Estados Unidos, Servicios previos al juicio, libertad condicional y el gobierno".
La moción
El 3 de junio de 2021, Edward R. Shohat, abogado de la firma Jones Walker LLP que representa a José M. González Testino, introdujo ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, una Moción sin solicitando autorización para presentar bajo sello de emergencia sin oposición, la liberación temporal de los pasaportes de María Alejandra Díaz y un permiso para realizar el viaje.
El abogado argumentó para sustentar la solicitud de su cliente que el tribunal había concedido previamente una moción de autorización para presentar bajo sello una moción solicitando el viaje de María Alejandra Díaz.
Igualmente explicó que la moción y orden propuesta contenía información acerca del destino del viaje, razones personales de la visita y a quién visitaría.
Se citan estas páginas de Venezuela Política[1], para referir que un permiso previo concedió las mociones de la Sra. María Alejandra Díaz para viajar a Madrid y Londres.
En razón de que a González-Testino le preocupa que la seguridad de su familia se vea comprometida si se revela al público el viaje de su esposa, solicitó sellar la moción como una forma que asegure dicha seguridad.
Permiso de viaje
En la misma fecha de su presentación, 3 de junio de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Gray H. Miller, concedió una moción presentada ante esa instancia judicial por José M. González Testino, la cual lo autoriza a recibir temporalmente los pasaportes de María Alejandra Díaz, así como permitirle viajar.
El magistrado a la secretaría del tribunal, sellar la referida moción de emergencia sin oposición del acusado José Manuel González-Testino.
[1] Venezuela Política. “Juez estadounidense aprueba liberar los pasaportes de la esposa de José Manuel González Testino para viajar a Madrid y Londres”. 6 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/search/label/Mar%C3%ADa%20Alejandra%20D%C3%ADaz
Será el próximo lunes 8 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia que habrá de decidir si Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares será entregado a las autoridades de los Estados Unidos donde se le acusa de lavado de dinero.
Por Maibort Petit
Aun cuando el pasado viernes 5 de marzose esperaba que elTribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala revisara la causa de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, acusado junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, de delitos de lavado de dinero, habrá que seguir esperando por tal decisión.
Los hijos del ex mandatario de Panamá son solicitados por la Corte del Distrito Este de Nueva York para que respondan ante esa instancia judicial de los delitos de que le acusa la fiscalía de dicha jurisdicción, razón por la cual requieren a las autoridades de Guatemala donde ambos se encuentran detenidos, que sea extraditados para que se enfrenten a la justicia de los Estados Unidos.
Sin embargo, la audiencia se suspendió a solicitud de la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, la cual alegó necesitar más tiempo para revisar el expediente. Ahora será el próximo lunes 8 de marzo, cuando la audiencia tenga lugar.
El abogado de Martinelli Linares sostiene que el tribunal no es competente para dirimir el caso de su cliente, pues que se estaría violando, según él, la presunta inmunidad diplomática del hijo del exmandatario panameño. Alega Luis Enrique Martinelli Linares, al igual que su hermano, es diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pero el organismo regional informó ninguno de los dos ha sido juramentado, ni ha tomado posesión del cargo, pese a que resultaron electos en las elecciones generales panameñas, de mayo de 2019[1].
El caso
Ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, especialista en derecho penal relacionado con las violaciones de los estatutos de fraude financiero y corrupción, incluidos delitos relacionados con fraude electrónico, fraude postal, fraude de valores, ley de prácticas corruptas en el extranjero, blanqueo de capitales y conspiración para cometer esos delitos, presentó declaración jurada con relación al caso que en esa instancia judicial se sigue en contra de Luis Enrique Martinelli Linares.
Refirió la fiscal Nestor que se encuentra familiarizada con las pruebas presentadas por la fiscalía en el contra de Martinelli Linares, en el caso que surgió de una investigación a la empresa brasileña Odebrecht S.A, empresa la cual opera en al menos 27 países en las áreas de ingeniería, construcción, infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos y bienes raíces. La investigación reveló la existencia de un esquema de soborno masivo y lavado de dinero por parte de Odebrecht y otros, entre quienes se encontraba Luis Enrique Martinelli Linares, para pagar sobornos a funcionarios y servidores públicos en varios países y lavar el producto del esquema de soborno.
Los cargos
Al igual que su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares fue demandado el 27 de junio de 2020, luego de que se estableciera que había una causa probable para creer que había cometido el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957. Un juez del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la demanda y emitió una orden de arresto en su contra. Posteriormente, el 20 de julio de 2020, se presentó una Demanda Enmendada acusándolo de conspiración para cometer lavado de dinero (ya referido); lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.
A la fecha, la orden de aprehensión se mantiene vigente y ejecutable para que Martinelli Linares—igual su hermano—sea juzgado por los referidos delitos.
La fiscal Julia Nestor explica que, durante el proceso judicial, la fiscalía deberá demostrar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos en cualquiera de las modalidades previstas y sancionadas en la legislación de los Estados Unidos, así como también a lo establecido en el Código Penal de Panamá. Se tendrá que determinar que el imputado, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.
Acota Nestor que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.
Agrega que Martinelli Linares enfrenta también dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), por lo que a la fiscalía le tocará demostrar que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada, en todo o en parte, para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.
Martinelli Linares está acusado igualmente de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 y, por lo cual, el gobierno debe demostrar que participó o intentó realizar una transacción monetaria a sabiendas; que sabía que dicha transacción involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, en efecto, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en los Estados Unidos. La pena máxima de prisión por este delito es de 10 años.
Julia Nestor manifiesta en su declaración jurada que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos y otras pruebas.
Advierte que ni Luis Enrique Martinelli Linares, ni su coacusado, Ricardo Alberto Martinelli Linares, han sido juzgados ni condenados por los delitos imputados en la Demanda Modificada, ni se le ha ordenado que cumpla condena alguna en relación con este caso.
Los hechos
En su declaración jurada a la Corte del Distrito Este de Nueva York, julia Nestor narra los hechos que llevaron a demandar a los Martinelli Linares.
Precisó que la policía identificó evidencia de que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, se involucró en un esquema de soborno masivo en el que los co-conspiradores acordaron con otros, pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios y obtener beneficios. Entre estos funcionarios había servidores públicos en Panamá.
Explica que Odebrecht ocultó la naturaleza, origen, propiedad y control de los ingresos del esquema de soborno al canalizarlos a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.
La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno en Panamá desde aproximadamente 2009 hasta aproximadamente 2014, a saber, un pariente cercano suyo.
Asimismo, junto a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, participó en el esquema de soborno de Odebrecht, actuando como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que la empresa brasileña ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, los hermanos Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitieron recibir y disfrazar los sobornos.
Julia Nestor informa que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales eran utilizadas para recibir y, además, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo y ordenó que se hicieran en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá.
Específicamente, los hermanos Martinelli Linares establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de las empresas fantasmas para ocultar y gastar las ganancias del soborno.
