Claudia Díaz Guillén propone una fianza de $1 millón ante un tribunal de Florida, aspira lograr de inmediato su libertad

   En el tribunal se discutirá si la mujer acusada por delitos de corrupción y cobro de sobornos permanecerá en arresto domiciliario, con un monitor y junto a su familia. El juez tiene la última palabra.

Por Maibort Petit 

  La defensa de la ex-enfermera de Hugo Chávez y ex-tesorera nacional, Claudia Díaz Guillén planteó ante la Corte Federal de West Palm Beach, en la Florida que la acusada merece que se ordene su libertad en la espera del juicio en las condiciones razones porque la mujer no representa un riesgo de fuga.

  En la moción para oponerse a la oposición del gobierno de que el tribunal acepte una fianza a favor de Guillén Díaz, la defensa pone como ejemplo a los ex-contratistas de CITGO y PDVSA, Roberto Rincón y Abraham Shiera, acusados de liderar un esquema que pagó, al menos, mil millones de dólares en sobornos, y que han disfrutado de libertad a lo largo de todo el proceso que se inició con su arresto en diciembre de 2015.

   Por orden del juez William Matthewman la audiencia de fianza de Díaz Guillén será para el 31 de mayo. Estaba fijada para el 17 de mayo de 2022.

  En la comparecencia inicial de Díaz Guillén, el gobierno anunció que estaba solicitando la prisión preventiva únicamente porque el gobierno cree que la acusada está en riesgo de fuga de conformidad con 18 U.S.C. Sección 3142(f)(2)(a). 

  Los fiscales enfatizaron que la falta de contactos de Díaz Guillén en el sur de la Florida, su decisión de “luchar contra la extradición” y el dinero supuestamente involucrado en la supuesta conspiración eran razones suficientes para que el tribunal le niegue la fianza. No obstante, la defensa considera que la ex-enfermera de Hugo Chávez no presenta ningún riesgo de fuga.

  Según la defensa, Díaz Guillén es ciudadana española, y vive a la vista del gobierno de los Estados Unidos en Madrid desde 2016. "La Sra. Díaz Guillén es madre de dos niños de 3 y 13 años, esposa, mujer de fe y persona responsable". 

  En la moción se señala que Díaz Guillén tiene vínculos con la comunidad del Sur de la Florida "con al menos un familiar y varios amigos" en el estado. 

   Argumentan que la acusada "no tiene antecedentes penales en ninguna parte del mundo y los cargos que se le imputan son todos de naturaleza no violenta y no hay alegaciones de daño económico a ningún individuo específico". 

  En segundo lugar, "ni la Sra. Díaz ni su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa (ambos están en la lista de la OFAC) poseen suficientes activos dentro o fuera de los Estados Unidos para huir de los Estados Unidos y no pueden (y no quieren) regresar a Venezuela", sostiene la defensa. 

  Aclara que "fugarse equivaldría a poner en peligro sus propias vidas dado que, como se describe en este documento, fueron expulsados ​​​​forzosamente de Venezuela por la policía secreta en 2013". 

  En tercer lugar, la conducta de Díaz Guillén al comparecer ante los tribunales españoles en su anterior proceso de extradición, con estrictas restricciones de fianza durante varios años demuestra más que ampliamente que no representa ningún riesgo de fuga. 

  En cuarto lugar, hay numerosos tribunales de distrito, incluido este Distrito, que han permitido la liberación previa al juicio de acusados ​​de manera similar con mayor acceso a fondos y que presentan riesgos de fuga mucho más graves que los de Díaz-Guillén en el presente caso. 

 Finalmente, la defensa dice que incluso si esta "Honorable Corte concluyera, en general, que Díaz Guillén presenta un riesgo de fuga, dicha determinación es insuficiente para detenerla de pleno derecho cuando, como aquí, existe una combinación razonable de condiciones que puede asegurar su aparición en procedimientos futuros en este caso, incluyendo:

• $1,000,000.00 Fianza Personal firmada por Díaz Guillén y co-firmado por su suegra y amiga de la familia;

• Ejecución de la renuncia a la extradición;

• Confinamiento domiciliario con seguimiento electrónico.

   La abogada de Díaz Guillén dijo que su cliente está dispuesta a aceptar cualquier otra condición que el Tribunal crea necesaria. Como tal, la liberación previa al juicio está garantizada en este caso.

    En la moción se señala que la suegra de Díaz Guillén "está en España ayudando a cuidar a sus hijos pequeños, pero accedió a actuar como codeudora y traer a los niños al sur de la Florida si Díaz Guillén es liberada". 

   La suegra de Díaz Guillén ha firmado documentos de fianza de forma remota.

   El nombre de la suegra ha sido retenido de esta presentación pública debido al escrutinio de este caso por parte de la prensa. 

  El abogado estará preparado para revelar el nombre en la audiencia de detención.

    Según los abogados. la suegra de Díaz Guillén vive en Key Biscayne y está preparada para traer a los hijos de la acusada de España, para que puedan reunirse con su madre. "Díaz Guillén también tiene una amiga en el área del sur de la Florida que está preparada para actuar como codeudora del bono y darle la bienvenida a su hogar".

  Agrega que "No hay país al que pueda huir la señora Díaz Guillén"

  Sostiene que "el gobierno no ha articulado ni puede articular ningún país al cual la señora Díaz-Guillén podría huir. Esto se debe a que no existe ningún país al que hipotéticamente pueda huir la acusada. Para entender esto, es importante resaltar cómo la señora Díaz llegó por primera vez a España, país desde el cual fue extraditada".

  "Díaz Guillén vivía en Madrid, España, con sus dos hijos (de 3 y 13 años) y su esposo cuando fue extraditada a los Estados Unidos. La señora Díaz-Guillén se convirtió en ciudadana española no por elección y sólo después de que ella y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueran expulsados ​​de Venezuela". 

  En la moción se destaca que Díaz Guillén trabajó bajo la presidencia de Hugo Chávez como directora de la Oficina del Tesoro Nacional y su esposo trabajaban en el palacio presidencial en el Departamento de Seguridad. Sin embargo, en 2013, una vez que el presidente Nicolás Maduro asumió el control de la presidencia de Venezuela, la señora Díaz Guillén y su familia fueron expulsados ​​de Venezuela. 

 En efecto, la policía secreta venezolana le dijo al Sr. Velázquez Figueroa que tenía una semana para salir de Venezuela.

  En consecuencia, las circunstancias anteriores muestran que no existe riesgo de que  Díaz Guillén huya a Venezuela y se arriesgue a una mayor persecución política y ponga en peligro su propia vida. 

  Asimismo, la defensa sostiene que pone a prueba la credulidad creer que Díaz Guillén huiría arbitrariamente a algún país al azar lejos de su familia cuando, como se explica más adelante, la acusada carece de los recursos financieros para hacerlo y permanece en la lista de la OFAC. 

  Advierten que en cambio, "como madre y esposa, de hecho es mucho mas probable que sí la Sra. Díaz-Guillén huyera, huyera a España para estar con su familia, una familia que está dispuesta a venir aquí. Pero España ya ha demostrado su compromiso de extraditar a la Sra. Díaz-Guillén de conformidad con sus obligaciones en virtud del Tratado y seguramente lo haría de nuevo si buscara puerto seguro allí. Por lo tanto, la premisa de que la Sra. Díaz Guillén podría huir a España para regresar con su familia que está dispuesta a trasladarse y apoyarla aquí desafía la lógica y el sentido común".

 Sin dinero para huir

  La defensa de Díaz Guillén sostiene que no tiene dinero para huir, primero, porque en Venezuela, el gobierno luego (sin el debido proceso ni ningún procedimiento judicial) confiscó los bienes de la señora Díaz Guillén (viviendas, cuentas bancarias, vehículos).

  En segundo lugar, desde ese momento, todos los bienes de la Sra. Díaz Guillén fuera de Venezuela fueron confiscados, congelados y/o son inaccesibles. Esto se debe en gran parte a que, a principios de 2018, la Sra. Díaz Guillén y su esposo fueron incluidos en la lista de sanciones de la OFAC como ciudadanos específicamente designados . 

  Además, debido a que Díaz Guillén ocupó un cargo como funcionaria pública en Venezuela entre 2011 y 2013, los departamentos de riesgo y cumplimiento de los bancos de todo el mundo la identifican a ella (y a su esposo) como Persona Políticamente Expuesta (“PEP”), lo que hace que prácticamente imposible para la acusada o su esposo abrir una cuenta bancaria en cualquier parte del mundo.

  Finalmente, dado que el gobierno de los Estados Unidos ha estado investigando este caso durante al menos 8 años, seguramente tienen suficiente información relacionada con la situación financiera de la Sra. Díaz Guillén y saben que ella está en la indigencia financiera y depende de la caridad de sus amigos y familiares.

  La defensa asegura que Díaz Guillén está comprometida con cada una de las condiciones de fianza ordenadas por dos tribunales españoles diferentes durante su proceso de extradición en España respalda la liberación previa al juicio.

  Agregan: "Contrariamente a las afirmaciones del gobierno de que es probable que la Sra. Díaz Guillén huya porque impugnó las solicitudes de extradición venezolanas y estadounidenses, la conducta de Díaz Guillén al impugnar esas dos solicitudes de extradición separadas en España (una de las cuales ganó) demuestra que la libertad previa al juicio está justificada". 

  Además, "la Sra. Díaz Guillén tenía derecho a impugnar la extradición y su impugnación de la solicitud estadounidense se basó en una creencia bien fundada de que el estatuto de limitaciones prohibía a los Estados Unidos presentar una acusación de reemplazo (SSI) en su contra casi 8 años después el último hecho alegado en el SSI (mayo de 2013). También se basó en su meritorio argumento de que la Sra. Díaz Guillén pretende plantear que el gobierno de Estados Unidos carece de jurisdicción sobre la Sra. Díaz Guillén. 

  Finalmente, asegura, "se basó en un precedente español bien establecido que prohíbe la extradición mientras esté pendiente una investigación en el Estado requerido (es decir, España). 

Estos son los delitos por los que EE. UU. acusa al exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino

   La demanda contra el político chavista responde a esquema de sobornos a funcionarios corruptos del régimen de Nicolás Maduro a cambio de contratos millonarios de PDVSA.

Por Maibort Petit

  El exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar, junto a contratista y dos ex-funcionario de Venezuela,  para obtener contratos y otras ventajas comerciales con las filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno y realizar transacciones en el sistema financiero norteamericano.

  La acusación federal del EE. UU. contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino señala que el exalcalde, y sus socios  "promovieron un esquema corrupto que les permitió ocultar y disfrazar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del dinero producto de su delito".

   La querella contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino indica que los delitos se realizaron gracias a contratos de PDVSA y sus subsidiarias, las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco: Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A. 

   El documento está firmado por el Fiscal General del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González y el fiscal asistente, Michael N. Berger. En el mismo se afirma que Marín Sanguino cometió los delitos cuando era un servidor público en la Alcaldía del Municipio Guanta, donde se ubica la Faja Petrolífera del Orinoco.

  Según la demanda, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino usó una compañía (1) en el estado de la  Florida para operar cuentas bancarias en instituciones ubicadas en Miami y así  cometer los delitos que se le acusan. 

"Los co-conspiradores (1) y (2) fueron contratistas que obtuvieron contratos con los Subsidios de PDVSA y mantuvieron pagos en efectivo para sus empresas en el Distrito Sur de Florida", dice la acusación.

  Asimismo, señala que "los funcionarios públicos venezolanos (1) y (2) fueron altos agentes en los Subsidios de PDVSA y trabajaban para el Estado.

  Según la demanda, a partir de 2013 [o alrededor de 2013], y continuando hasta 2018, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, el demandado, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino cometió delitos a sabiendas y voluntariamente, es decir, "con la intención de promover el objeto de la conspiración, combinar, conspirar, confederar y estar de acuerdo con otros que conocen y conocen el Estados Unidos, incluyendo pero no limitado a dos co-conspiraciones (1) y (2) y dos funcionarios venezolanos (1) y (2) para cometer crímenes contra la ley de Estados Unidos".

  Refiere que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios, "conspiraron para realizar transacciones financieras, que involucraban el producto de una actividad ilícita específica, con la intención de promover un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucró un soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 ,Código de los Estados Unidos, Sección 1956(c)(7)(B)(iv), violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a)(1)(A)(i)".

  En esencia, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino está acusado de haber hecho y diseñado una transacción financiera que buscaba disimular que era un soborno de un funcionario público, y la apropiación indebida, el robo y malversación de fondos públicos para el beneficio de un funcionario público.

   El documento federal dice que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino [y sus co-conspiradores], transportó, transmitió y transfirió  un instrumento monetario y fondos desde Estados Unidos hacia el exterior, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas especificadas en la ley.

   El propósito de la conspiración ejecutada por Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus co-conspiradores era obtener contratos y otras ventajas comerciales con las Filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno.

 Igualmente, "Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios buscaban realizar transacciones financieras que promovieron el esquema corrupto y que ocultaron y disfrazaron la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control del producto de su delito en un delito", acota la querella. 

  Dicha conspiración se realizó mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares de los Estados Unidos.

  En la acción judicial de 11 páginas, se destaca que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino acordó con otros, incluidos los co-conspiradores 1 y 2, pagar sobornos en beneficio de los funcionarios venezolanos 1 y 2, para conseguir los contratos de PDVSA y sus filiales en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

   Marín Sanguino utilizó su posición en el gobierno de Venezuela para influir en los funcionarios de PDVSA para que éstos otorgaran contratos a las empresas de los co-conspirador.

Como resultado de la indebida influencia del exalcalde sobre los funcionarios en las filiales de PDVSA se logró crear y ejecutar un esquema de sobornos que involucra a dos funcionarios públicos venezolanos.

  Las compañías del co-conspiradores (1) recibieron decenas de millones de dólares de contratos de las subsidiarias de PDVSA en cuentas del Sur de la Florida.

  Para promover el esquema de soborno ilegal, el co-conspirador 1 transfirió cablegráficamente los ingresos obtenidos de estos contratos con las Subsidiarias de PDVSA a las cuentas controladas y mantenidas por Marín Sanguino en los Estados Unidos, así como a las cuentas bancarias para el beneficio de los funcionarios de Venezuela (1) y (2).

   En total,  Marín Sanguino y sus socios acordaron ocultar los sobornos pagados, por los co-conspiradores 1 y 2. "Ordenaron que se hicieran en nueve pagos dentro y fuera de los Estados Unidos para que se entregaran a los beneficiarios".

  En enero 5 de 2015, Marín causó que el co-conspirador 2 transfiriera $100.000 de su cuenta bancaria en Panamá a la cuenta bancaria de la compañía de Marín en Miami, Florida.

  El 20 de diciembre de 2016, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfiriera $250.000 desde su cuenta bancaria a la cuenta en Miami, a la cuenta de la cuenta controlada por el exalcalde de Guanta en Miami, Florida.

  En diciembre de 2016, Marín y el co-conspirador 1 enviaron aproximadamente $1,209,956. de la cuenta del co-conspirador 1 en Miami a una cuenta de banco en Panamá que beneficiaba a los dos funcionarios gubernamentales de Venezuela.

  El 2 de enero de 2018, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfirieron aproximadamente $15.000 de su cuenta de banco en Miami a la cuenta de la empresa  de Marín en Miami, Florida.

  La acusación federal contra Marín Sanguino tiene fecha del 21 de abril de 2022.

  El 25 de abril de 2022, el abogado Michael Brian Nadler (ex-fiscal Federal de la Florida que persiguió la corrupción chavista cuando trabajaba como abogado del gobierno de EE.UU.) representó a Marín en este caso. Hubo una audiencia de 3 minutos  ante el juez, Chris M. McAliley, donde se produjo la comparecencia inicial de Marín Sanguino.

 En esa misma audiencia, se presentó una fianza bajo un Bono de Garantía Personal (STIP) de $100.000 que le permitió salir en libertad y permanecer fuera de la cárcel durante el procedimiento.

  El acusado dio su consentimiento para comparecer a través de video conferencia y se fijó una nueva audiencia para el 16 de mayo a las 10 AM. ante el juez de turno de la Miami. 

Orden del juez: Libertad bajo fianza

 De conformidad con la Ley de Protección del Debido Proceso, el Tribunal confirmó la obligación de los Estados Unidos de revelar al acusado todas las pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que favorecen al acusado o ponen en duda el caso de los Estados Unidos, según lo exige la Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   En una comunicación, el magistrado ordenó a los fiscales de los Estados Unidos  revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una sentencia potencial. 

   En la orden de McAliley, se asegura que el demandado tiene derecho a esta información de los fiscales sin una solicitud. "La falta de divulgación de pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias, que incluyen, entre otras, la exclusión de pruebas, instrucciones adversas del jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del Tribunal".   

  La fianza por $100,000.00 a nombre de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue aprobada por el juez  McAliley, el 27 de abril de 2022, en la cual se fijaron las condiciones de liberación. 

Rafael Correa casi quintuplicó la deuda pública y convirtió a Petroecuador en caja chica de su gobierno: Informe parlamentario (II)

 La deuda pasó de USD 13.426 millones en 2007 a USD 43.542 millones en 2017.

Por Maibort Petit

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”, determinó que durante la administración de Rafael Correa que se extendió de 2007 a 2017 —contrario a lo prometido por el mandatario— el endeudamiento aumentó exponencialmente y la industria petrolera terminó convertida en fuente de liquidez del gobierno.

   A pesar de que en abril de 2007 Correa —había iniciado su mandato el 15 de enero del citado año 2007— anunció la ruptura con los organismos multilaterales una vez fueran saldadas las deudas que el país tenía con esas instituciones y de que en 2008 denunciara que un tramo de dicho endeudamiento era ilegal e ilegítimo, al final de su mandato en 2017 la deuda pública del Ecuador casi se había quintuplicado.

  Al asumir el poder Correa en la nación suramericana, la deuda totalizaba USD 13.426 millones (USD 10.171,90 de deuda externa y USD 3.277,60 de deuda interna), ubicándose la misma en junio de 2017 al cierre de su gestión en USD 43.542 millones (USD 28.552,10 de deuda externa y USD 14.990,10 de deuda interna), es decir, había un incremento de USD 29.951 millones que su sucesor en el cargo, Lenin Moreno Garcés elevó a USD 63.070 millones (USD 45.387,93 de deuda externa y USD 17.682,47 de deuda interna) en solo 4 años de administración.

  Había cambiado Rafael Correa de acreedores al sustituir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial por la República Popular China, declarada como la nueva aliada de Ecuador en materia de desarrollo en virtud de que la nación oriental supuestamente brindaría el apoyo necesario para el desarrollo de proyectos en sectores estratégicos.

   Rafael Correa reorientó la política de comercialización internacional de hidrocarburos del Ecuador hacia el establecimiento de acuerdos de gobierno a gobierno con China, Venezuela y Uruguay bajo la figura de alianza estratégica, en razón de que, según acusó, la comercialización de petróleo tal y como se venía realizando hasta entonces solamente había beneficiado a las mafias intermediarias.

  Pero estas “alianzas estratégicas” con empresas estatales significó que Ecuador se endeudara entre 2009 y 2016 con China en USD 18.170.000.000 millones, a los que hay que sumar intereses y costos financieros.

 Contratos de preventa de crudo suscritos, entre 2009 y 2016, con Petrochina, PTT y Unipec:

  Además de esto, Ecuador recibió USD 300 millones por un contrato de venta anticipada de fuel Oil Nº 6 con la compañía Oman Trading International.

Petroecuador convertida en caja chica del gobierno

 El gobierno de Correa emitió un Decreto Ejecutivo para la celebración de los convenios de Alianzas Estratégicas, el cual se expidió con el objetivo de “promover la realización de Convenios de alianza estratégica y acuerdos generales de cooperación bilateral a través de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR), para aprovechar recíprocamente fortalezas y experiencias de otras empresas estatales especializadas en la industria petrolera”.

  El reglamento establecía que los contratos derivados de las Alianzas Estratégicas se firmarían directamente con la aprobación previa del Consejo de Administración de Petroecuador, el cual se reunió por última vez el 1 de abril de 2010, cuando fue disuelto con la emisión del Decreto Ejecutivo 315 del 6 de abril de 2010, suscrito por Rafael Correa. Esto significó que Petroecuador y Petroamazonas se transformaban en empresas públicas, con personería jurídica, patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.

  Establecía el decreto que Petroecuador tenía como objeto principal de Petroecuador “la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera con excepción de las fases de exploración y explotación, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos”.

  Sin embargo, la Comisión parlamentaria denuncia en su informe que, “contrario a lo que se estableció en el mandato, sobre utilizar sus recursos naturales para su propio beneficio, Petroecuador se dedicó a gestionar líneas de créditos para otorgar liquidez al gobierno central”.

  La Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político se remite en su informe a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la cual establece en su artículo 34 que “las empresas públicas tienen amplia capacidad para invertir sus recursos económicos y excedentes en la ejecución de proyectos a desarrollarse en las mismas empresas, subsidiarias, filiales, agencias o unidades de negocio en los términos que apruebe el Directorio”. Igualmente, el artículo 39 señala que “en cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la participación de la empresa pública, observarán los principios y normas previstos en el artículo 315 de la Constitución de la República, es decir, se destinarán a la inversión y reinversión en las mismas empresas, sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado para que sean utilizados en los fines que la Función Ejecutiva considere pertinente”.

  Cita el informe DNA3-0001-2017 de la Contraloría General del Estado del 10 de junio de 2017, donde se determinó que “de los USD 5.000 millones obtenidos por las tres Líneas de Créditos suscritas con el Banco de Desarrollo de China (y de las que Petroecuador fue partícipe, porque fue la empresa que garantizó y pagó los préstamos), el 72% de los recursos fueron de libre disponibilidad para el Gobierno, el otro 28% se destinó para financiar proyectos específicos. En el caso de los recursos recibidos por la Línea de Crédito I, obtenidos por Petroecuador, nada llegó a sus cuentas. La Contraloría General del Estado señala que el 48,90% (USD 538, 7 millones) se destinó a gasto corriente, el 33,03% (USD 363,8) a gasto de inversión, 8,37% (USD 92,1 millones) a gasto de capital, 9,50% (USD 104,6 millones) para aplicación del financiamiento y 0,2% a otros gastos (USD 2,2 millones)”.

  En tal sentido, la comisión parlamentaria denuncia que la las alianzas estratégicas solamente sirvieron como vehículo para evitar el mecanismo de la licitación el cual garantiza, mediante procesos competitivos, las mejores condiciones para el país. Apuntaron que las empresas asiáticas, así como la venezolana PDVSA y la uruguaya ANCAP, terminaron tan sólo ejerciendo un papel de prestanombres toda vez que fueron utilizadas para facilitar que terceros, a saber, intermediarios, adquirieran el petróleo a precios preferenciales, algo a lo que jamás habrían tenido acceso en las condiciones de concurso público internacional.

  El informe de la comisión acusa tal situación como una trama de corrupción que se inició con contratos simulados, decretos ejecutivos, reuniones reservadas de directorios y otros actos que buscaban “facilitar” el proceso que “permitió la corrupción público-privada, en la que intervenían figuras como Enrique Cadena, Antonio Peréz, Jaime Baquerizo, Nilsen Arias Sandoval, entre otras. Sin duda, se trata del andamiaje más sofisticado de corrupción orquestada que se recuerde en Ecuador”.

Entrega del negocio petrolero a China

  Deja sentado el informe que a cambio de la deuda china de USD 18.170.000.000, se entregaron los recursos naturales del Ecuador a largo plazo, a través de 13 contratos comerciales suscritos con Petrochina International Company Limited, Unipec Asia Co. Ltd. y PTT International Trading Pte. Ltd., que se tradujeron en la entrega de 1.325 millones de barriles de petróleo crudo hasta el año 2024, como garantía e instrumento de pago de la deuda. Señalaban los parlamentarios que a febrero de 2022 se habían entregado 1.174 millones de barriles de crudo, quedando pendiente la entrega de 151 millones de barriles de cuatro contratos vigentes, lo que representa un 12 por ciento del total del volumen contractual.

  Refieren los parlamentarios que el saldo de deuda pendiente con la banca asiática a febrero 2022 se ubica en USD 2.000.000.000, mientras la garantía petrolera, representa un volumen de 151 millones de barriles de crudo que al precio actual de USD 90, equivale a USD 14.000.000.000.

  De este modo, la comisión de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional del Ecuador, estableció que ese país entregó a China y a la red de intermediarios, un negocio que representa 5 o 6 veces más que la deuda comprometida.

Tribunal niega la inmunidad alegada por Cliver Alcalá Cordones para no enfrentar los cargos de narcoterrorismo en su contra

  Igualmente, el juez negó el pedido de que se obligue a la fiscalía a proporcionar detalles acerca de los co-conspiradores y testigos que intervendrán en el juicio.

Por Maibort Petit

  La pretensión de Cliver Alcalá Cordones de que se reconozca la inmunidad de que supuestamente estaba investido cuando cometió de los delitos de narcoterrorismo que se le imputan ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, se fue al traste en virtud de que el juez de la causa negó la moción que sus abogados presentaron ante la corte.

  El 17 de marzo de 2022, Alvin K. Hellerstein, juez del referido tribunal, negó una moción para desestimar la acusación en su contra bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera presentada por Cliver Antonio Alcalá Cordones.

  Los cargos por los cuales el 5 de marzo de 2020 un gran jurado acusó a Alcalá Cordones, son (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, en violación de U.S.C. § 960a; (2) participar en una conspiración de importación de cocaína, en violación de 21 U.S.C. § 963; (3) posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, 18 U.S.C. §§ 924(c)(1)(A), 924(c)(1)(B)(ii), 2; y (4) conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924(o).

  En su decisión, el juez Hellerstein recuerda que el 22 de julio de 2020, emitió una orden de protección sobre la producción de material de descubrimiento no clasificado y hasta la fecha, el Gobierno ha realizado siete producciones de material de descubrimiento no clasificado, por un total de más de 105 gigabytes de datos. Hace un recuento de dichas producciones que tuvieron lugar el 30 de junio de 2020, el 4 de septiembre de 2020, el 24 de noviembre de 2020, así como materiales adicionales que solamente están a la vista de los abogados.

  Se refiere que Clíver Alcalá Cordones busca desestimar la acusación basándose en la inmunidad soberana extranjera; y en caso de que la moción fuese denegada, pide un proyecto de ley de detalles y una orden que instruya al Gobierno a producir evidencia material favorable a él.

Sobre la inmunidad

  Sobre la moción para desestimar la acusación, argumentando que tiene derecho a la inmunidad procesal bajo el derecho consuetudinario, el magistrado indica que este sostiene que cuando participó en la conducta acusada, actuó en su capacidad oficial como oficial militar uniformado de Venezuela y en la promoción de la política exterior soberana de Venezuela. Según el razonamiento de Alcalá Cordones, tiene derecho a la inmunidad oficial extranjera basada en la conducta, pero el juez Hellerstein asegura que el acusado no es inmune al enjuiciamiento.

   El juez explica que le correspondió decidir si Clíver Alcalá Cordones tenía la inmunidad alegada en razón de que, ni el Departamento de Estado la concedió cuando el acusado la afirmó, en cuyo caso el tribunal entonces debía renunciar a su jurisdicción; ni Venezuela procuró la inmunidad para el acusado; que son los procedimientos que establece el derecho consuetudinario.

  Habiendo alegado el acusado que tiene inmunidad basada en la conducta, el juez se remitió al contexto de los enjuiciamientos penales en los que el Segundo Circuito ha sostenido que un instrumento de un soberano extranjero no es inmune al enjuiciamiento bajo el derecho consuetudinario, razonando que "[en el derecho consuetudinario, las determinaciones de inmunidad soberana eran prerrogativa del Poder Ejecutivo; por lo tanto, la decisión de presentar cargos penales necesariamente habría manifestado la opinión del Poder Ejecutivo de que no existía inmunidad soberana".

   Clíver Alcalá Cordones argumenta que estaba actuando en nombre de su soberano y en apoyo de la política exterior de Venezuela, pero la fiscalía presentó cargos contra el acusado y sus cómplices, manifestando así su opinión de que no tiene derecho a inmunidad. En tal sentido, si un instrumento de un soberano no tiene derecho a inmunidad, un agente que actúe en nombre de ese soberano tampoco puede tener derecho a inmunidad, de acuerdo a la jurisprudencia. 

  Refiere el juez en tal sentido que, aunque no está obligado a ceder ante las opiniones del Poder Ejecutivo sobre si puede ejercer jurisdicción, si lo está a aplicar lo establecido por la Corte de Apelaciones de su circuito judicial: "En ausencia de reconocimiento de la inmunidad reclamada por la rama política del gobierno, los tribunales pueden decidir por sí mismos si existen todos los requisitos de inmunidad". Por ello, Hellerstein rechazó el reclamo de inmunidad del acusado.

  Debido a que el acusado solamente se limita a argumentar que no se le puede exigir que responda por esa conducta en este Tribunal, sin alegar enjuiciamiento selectivo, el juez estimó que es una base insuficiente para impugnar o revisar de otro modo la decisión del Gobierno de presentar cargos.

   Además, consideró el magistrado que no existiendo el riesgo de que su tribunal se abstuviese de ejercer su jurisdicción para evitar interferir en la política exterior o asuntos diplomáticos, concluyó que Cliver Alcalá Cordones “no tiene derecho a la inmunidad oficial extranjera según el precedente del Circuito, y que este hallazgo concuerda tanto con los principios tradicionales de separación de poderes como con los fundamentos de la doctrina de inmunidad oficial extranjera”.

 Hellerstein estima que la lectura que el acusado hace de la jurisprudencia que aplica en el caso, es incorrecta.

 Igualmente, el juez dice que el acusado da mucha importancia al hecho de que sus actos fueron realizados en virtud de su posición militar de alto rango. Consideró el magistrado que el acusado no puede iniciar un reclamo de inmunidad basado en la conducta, porque la inmunidad basada en la conducta se centra en los actos, no en el estado y, por lo tanto, la cuestión es si los supuestos "actos" son posiblemente atribuibles al Estado. Se remite a lo señalado el Segundo Circuito de que "los actos que violan flagrantemente las leyes propias de un estado extranjero no pueden, al mismo tiempo, constituir actos oficiales con derecho a deferencia".

  Precisa que Alcalá Cordones está acusado de hechos que violan tanto las leyes de Estados Unidos como las de Venezuela.

 En consecuencia, Alvin Hellerstein decidió que Cliver Alcalá Cordones “no tiene derecho a la inmunidad oficial extranjera porque el Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de que no se aplique ninguna inmunidad; el ejercicio de la jurisdicción no interferirá con la política exterior; y, el Acusado no participó en ‘actos oficiales’. En consecuencia, se niega la moción de desestimación”.

Sobre la Ley de detalles

  Como alternativa a si la decisión del tribunal era la de negar la moción de desestimación de cargos por inmunidad, la Corte debía producir una orden que obligue al gobierno a presentar una lista de detalles, , incluidos los nombres de los co-conspiradores no acusados y los testigos del juicio, para que pueda prepararse adecuadamente para el juicio y evitar sorpresas.

  A este pedido, el juez Hellerstein indica que no se justifica ninguna lista de detalles.

  La decisión refiere que según la jurisprudencia "Un proyecto de ley de detalles debe ser requerido sólo cuando los cargos de la acusación son tan generales que no advierten al acusado de los actos específicos de los que se le acusa".

  Asimismo, cita que "No es suficiente que la información sea útil para el acusado; si el acusado ha recibido notificación adecuada de los cargos en su contra, el gobierno no está obligado a revelar detalles adicionales sobre su caso. El tribunal debe ser consciente del hecho que un proyecto de ley de detalles limita la evidencia del gobierno en el juicio a los detalles proporcionados".

  Y remata con: "Por lo tanto, la prueba adecuada para decidir si se debe exigir al Gobierno un proyecto de ley de detalles es si el proyecto de ley de detalles es necesario para la defensa, no si ayudaría al acusado en su preparación".

  Sostiene el magistrado que no se justifica una declaración de detalles en este caso porque el acusado ha sido informado adecuadamente de la naturaleza y los cargos en su contra a través del documento de acusación, el descubrimiento y los documentos judiciales.

  Subrayó que detalles sobre cómo y cuándo se formó la conspiración, o cuándo lo ingresó cada participante, no es necesario que se revele antes del juicio, al tiempo que recordó que en el contexto de los enjuiciamientos por narcotráfico "los tribunales se han negado consistentemente a otorgar una declaración de detalles solicitando los siguientes tipos de información: (1) cuándo se formó la conspiración; (2) cuándo el acusado se unió a la conspiración; y (3) cómo alega el Gobierno que el acusado realizó actos en apoyo de la conspiración".

 Determinó Hellerstein que aunque las revelaciones del descubrimiento no brindan todo lo que el acusado podría desear, es decir, los nombres de todos los co-conspiradores acusados y no acusados, se le han proporcionado suficientes detalles para llevar a cabo una investigación dirigida de manera significativa de los hechos y circunstancias relevantes para responder a los cargos.

Sobre el material Brady

  Finalmente, el juez Alvin Hellerstein se remite al pedido de Cliver Alcalá Cordones de que se requiera al gobierno divulgar la información en su poder sobre la supuesta "participación del demandado en actividades contra Maduro, así como las identidades de los testigos que no han indicado la participación del demandado en la supuesta conspiración".

  En tal sentido, el magistrado estableció que no se justifica ninguna orden que obligue a un descubrimiento adicional.

 Recordó que ya se produjo una orden informando al gobierno de sus obligaciones bajo Brady y las posibles consecuencias de violar sus obligaciones.

  Se remitió a la afirmación del gobierno en la que sostuvo que no ha identificado ninguna declaración de testigo en su poder, en la que un testigo afirmara afirmativamente que el acusado no estuvo involucrado en ninguna de las conspiraciones acusadas.

  Por ello, en razón de que el juez estimó que el gobierno parece estar cumpliendo con sus obligaciones bajo la Regla 16, Brady y Giglio y se ha comprometido a proporcionar al acusado material de la Ley Jencks, incluidas declaraciones de testigos que no testifiquen, al menos 30 días antes del juicio, negó la moción.

La permanencia de Maduro en el poder impide que PDVSA sea tenida como víctima de la corrupción y pueda pedir la restitución de lo robado

   La actitud delincuencial manifestada por los más altos funcionarios de PDVSA, así como los más bajos, evidencia ante las autoridades judiciales de EE. UU., el carácter cómplice de la conducta de quienes han sido procesados en las cortes por corrupción.

Por Maibort Petit

   El daño patrimonial que la corrupción ha causado a Petróleos de Venezuela S.A., al parecer, resulta incuantificable, tanto como imposible resultaría cualquier intento por tratar de que los miles de millones de dólares esquilmados a la petrolera estatal venezolana le sean restituidos, por lo menos ante la justicia de los Estados Unidos donde decenas de casos de este tipo se ventilan en las cortes. Así será, al menos, en tanto el régimen de Nicolás Maduro tenga vigencia. ¿La razón? El precedente que sienta el hecho de que el Departamento de Justicia de EE. UU. estimó que PDVSA no es víctima sino cómplice en la trama de corrupción y lavado de dinero que protagonizaron Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera. También decisiones en cortes federales servirían de sustento a esta negativa.

  No ser tenida como víctima impide —mientras el chavismo continúe en el poder en Venezuela— que la que otrora fue la principal industria del país y una de las más grandes e importantes del mundo, sea beneficiaria de los fondos incautados por las autoridades de los EE. UU. tal como lo establece el Estatus de Víctima y Restitución.

  Tanto el régimen de Nicolás Maduro, como el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó han intentado reclamar la restitución de los capitales confiscados a exfuncionarios y contratistas corruptos procesados en las cortes de los EE. UU. Tal es el caso del reclamo de condición víctima solicitado por ambas administraciones ante el juez Gray Miller de la Corte del Distrito Sur de Texas en 2016, cuando procuraban hacerse de los fondos y bien es incautados a Roberto Rincón y Abraham Shiera.

   En los dos casos, bien la solicitud formulada ante la Corte de Texas como la presentada ante el tribunal de la Florida, fueron denegadas y con ello también cualquier otra aspiración de rescatar lo robado a la petrolera.

La posición de la fiscalía

  Fue la, para entonces, fiscal para el Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshán, a través del ex- fiscal auxiliar, Michael B. Nadler, quien mediante una respuesta de su despacho a una moción de PDVSA que reclamaba el estatus de víctima y la restitución ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, solicitó denegar tal condición en razón de que el gobierno consideraba que la estatal petrolera, como organismo estatal, no calificaba como víctima según la CVRA.

   Además, la fiscalía acusó la complicidad de PDVSA en los esquemas de soborno y lavado de dinero lo cual le impedía ser tratada como una víctima bajo la Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas (MVRA) y la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen (CVRA).

  Igualmente, estimaba la fiscalía, según su interpretación, que PDVSA no tenía derecho a la restitución en virtud de la MVRA por ningún presunto daño que resultara de una conducta que no fue imputada o por presuntos daños no causados directa y próximamente por la conducta delictiva del demandado Abraham Edgardo Ortega.

  Bajo estos alegatos, el gobierno de los EE. UU. sostuvo ante el tribunal que no había necesidad de suministrar más información ni de mostrar pruebas, por lo que la solicitud alternativa de PDVSA para una audiencia de restitución también debía ser denegada.

  PDVSA, solicitó alternativamente en esa ocasión una “audiencia de restitución”, basada esta en la presunción, errónea a decir de la fiscalía, de que ya se había determinado que la corporación venezolana era una víctima con derecho a restitución. Al respecto el gobierno sostuvo que no era necesario presentar más pruebas para determinar que PDVSA no tenía los derechos de las víctimas porque participó en la conducta corrupta generalizada y porque no puede demostrar un vínculo causal directo y próximo entre la conducta de Ortega y cualquier perjuicio supuestamente sufrido por la empresa.

  Acota el gobierno que las operaciones de PDVSA durante el periodo en que ocurrieron los hechos, ha estado controlada por el Ministerio de Petróleo y la Junta Directiva, designada por el expresidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías y el expresidente Nicolás Maduro.

  Para le fecha en que se presentó la respuesta de la fiscalía, las autoridades de los Estados Unidos habían investigado y enjuiciado a varias personas por soborno y lavado de dinero que involucra a PDVSA y sus subsidiarias de propiedad absoluta. Hasta ese momento, se habían anunciado cargos contra 15 contratistas de la estatal petrolera venezolana que pagaron sobornos, 11 funcionarios de dicha empresa que recibieron sobornos y 5 intermediarios. También, 12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, 8 funcionarios que los recibieron y un intermediario, se habían declarado culpables en relación con las investigaciones en curso de Estados Unidos sobre corrupción en la corporación petrolera de Venezuela.

  Sobre Abraham Edgardo Ortega, la fiscalía informó que este acusado en el caso en cuestión, había sido Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, quien se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero, en la que admitió haber recibido y lavado USD 12 millones en relación con dos esquemas de corrupción separados que ocurrieron en 2012 y entre 2014 y 2015, respectivamente.

PDVSA sin derechos

  Aseguraba el gobierno en su escrito, que PDVSA no tenía derecho a los derechos de una víctima en virtud de la CVRA, en razón de que la definición de víctima de dicho instrumento legislativo no incluye a una instrumentalidad estatal de un gobierno extranjero.

  Recordó que la CVRA define una "víctima" de un delito como "una persona directa e inmediatamente perjudicada como resultado de la comisión de un delito federal".

 En tal sentido, el gobierno apuntó que la jurisprudencia ha establecido que el Congreso de los EE. UU. no incluyó entidades gubernamentales, como ciudades, estados, los Estados Unidos o naciones extranjeras en su definición de “persona”.

  Asimismo, el gobierno consideró que cualquier afirmación de que PDVSA debe ser vista simplemente como una corporación y no como una agencia del gobierno venezolano no es convincente a la luz de sus propias declaraciones hechas en el litigio, las conclusiones de hecho de otro tribunal sobre el estado legal de PDVSA y la Corte Suprema análoga. Por tanto, el estatus como agencia de un gobierno extranjero impide que PDVSA buscar el estatus de víctima bajo la CVRA y no tiene derecho a los derechos garantizados a las víctimas de delitos de conformidad con ese estatuto.

  Al ser PDVSA cómplice de la conducta ilegal, no tiene a los derechos de víctima, alegó el gobierno.

  Recuerda la fiscalía que los tribunales han negado tres intentos por parte de una entidad estatal de afirmar que fue defraudada por sus empleados y aquellas personas que pagaron sobornos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y enjuiciamientos por lavado de dinero, sosteniendo cada vez que el estado no calificó para la condición de víctima y restitución por su complicidad en los delitos.

  En tal sentido, se apunta que otros países, además de EE. UU., han abierto investigaciones y enjuiciamientos por conducta corrupta en PDVSA. También otros empleados de PDVSA han estado implicados en esquemas de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos, entre ellos Abraham Edgardo Ortega y César Rincón, exgerente general de la filial de compras de PDVSA, quienes admitieron su participación en los esquemas.

   El gobierno subrayó que la actividad delictiva en PDVSA ha ocurrido desde los niveles más altos de la gerencia hacia abajo y, como tal, la empresa fue cómplice y no podía ser considerada una víctima.

  Finalmente, al no poder comprobar PDVSA que directamente perjudicada por el delito de condena del demandado, que sufrió alguna pérdida pecuniaria o que existe una conexión causal entre la conducta del demandado y la pérdida alegado, su reclamo de reparación bajo la MVRA debía ser denegado.

El fraude del Sistema Sucre: Operadores de Álex Saab extrajeron más de USD 70 millones de bancos ecuatorianos y los enviaron a paraísos fiscales (Conclusiones II)

  El barranquillero habría hecho imponer sus influencias políticas para librarse de la justicia en el Ecuador.

Por Maibort Petit

Caricatura cortesía del artista Fernando Pinilla

    El Fondo Global de Constructores, la empresa de Álex Saab y Álvaro Pulido Vargas que sirvió para instrumentar el mecanismo de defraudación que operó a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, de acuerdo a las conclusiones de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador, tuvo que vérselas con la justicia ecuatoriana, pero el poder político se impuso y logró salir ilesa del proceso. Prosiguieron, entonces, la estafa y los operadores financieros del empresario colombiano lograron sacar mediante un entramado de empresas, al menos USD. 70 millones de dólares de los bancos ecuatorianos para enviarlos a cuentas en paraísos fiscales.

   La fiscalía formuló cargos por el delito de lavado de activos llevada a cabo el 22 de noviembre de 2013, vinculándose en los hechos a Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nassar Tayupe y Luis Sánchez Yánez.

  Se trató del proceso penal número 09286-2015-02285, que se siguió en contra de Foglocons, la cual tenía en cuentas bancarias de Ecuador (Banco del Austro y Banco Amazonas) y la jueza de la causa como medida cautelar ordenó la retención de fondos por la cantidad de USD 56.300.000 depositados en los referidos bancos.  Pesar de esto, en la audiencia preparatoria de juicio, el 28 de julio de 2014, la jueza Madeline Pinargote, declaró la nulidad del caso.  La Fiscalía apeló, pero fue negada por la Corte Provincial de Guayas.

  Después, en junio de 2015, se celebró una nueva audiencia de formulación de cargos, pero en enero de 2016, la jueza María Lorena Jaramillo Hidalgo, emitió el sobreseimiento definitivo de los procesados y ordenó el desbloqueo de las cuentas y la devolución del dinero.

  Para la comisión parlamentaria resultó inaudito y asombroso que se haya vinculado al proceso penal a Álvaro Pulido Vargas, quien falleció en el año 2005 en Miami, Estados Unidos. Cabe destacar que Pulido Vargas es en realidad Germán Rubio Salas, jefe del Cartel de Bogotá, condenado en ausencia en 1997 por la corte de Milán a 15 años de prisión por tráfico de drogas. Estuvo en prisión en 2000 acusado de transportar a Europa 2 toneladas de cocaína y 17 kg de heroína. Se suicidó judicialmente y asumió el nombre de otro muerto, Álvaro Enrique Pulido Vargas, también colombiano, fallecido en 2005, como ya dijimos en Fort Lauderdale. Con su nueva identidad conoció a Saab.

En Estados Unidos

  Entretanto, la Fiscalía de la Florida asegura que, desde el mes de marzo de 2012 hasta finales del año 2014, Saab y Pulido han realizado transferencias por más de USD 350 millones desde Venezuela a bancos corresponsales en Estados Unidos. Los beneficiarios han sido varios ecuatorianos.

   Entre los beneficiarios dentro del Ecuador y en los Estados Unidos, la comisión parlamentaria destaca Miguel Ángel Loor Centeno, abogado asociado a empresas escogidas por Víctor Silva Sosa, representante de Foglocons para que recibieran transferencias millonarias de los depósitos que habían sido devueltos por orden judicial en Ecuador.

  A Prymera Asesores S.A. (Panamá) en la que Miguel Ángel Loor Centeno figura como director, Víctor Silva ordenó se le entregara USD 24 millones. Loor también recibió USD 2.580.000 el 29 de agosto de 2016, igual por instrucciones de Víctor Silva.

  También fueron beneficiarios de los dineros que fueron retenidos y posteriormente liberados, Whangarei Asset Corp, Víctor Silva Sosa, Jorge Zabala Egas, Luis Esteban de Guzmán Ollague, Joel Espinoza, Víctor León, Oscar Farez, Gabriel Bonilla, Eduardo Yépez, Andrea Alonzo, Carlos Pesantez, Edwin Porro, Jorge Saltos, Néstor Molina, M&M Loor Investments LLC.

    Refiere el informe que dos años después, el 6 de marzo de 2018, dos años después de haber sido devuelto el dinero a los presuntos representantes de Foglocons, sospechosamente, apareció un nuevo pedido suscrito por el abogado ecuatoriano, Cesar Villavicencio Solórzano, dirigido a Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador en el que, tras exponer el fallo de la jueza Jaramillo, solicitó nuevamente la devolución de USD 47.536.403,93.

  César Villavicencio explicó a la Comisión que el pedido lo hizo por solicitud de Víctor Alfaro, abogado personal de Álex Saab Morán y, además, representante de la empresa española FGDC, una de las dueñas de Foglocons Ecuador. Luis Eduardo Sánchez Yánez informó que las acciones legales para la Foglocons en Ecuador las dirigió Víctor Alfaro Márquez desde Venezuela.

Piedad Córdoba y Álex Saab

   Determinó la comisión a través de su presidente, que la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, estaría vinculada con Álex Saab, así como que sus visitas al Palacio Presidencial de Carondelet durante el mandato de Rafael Correa eran frecuentes.

  Refiere que tal hecho lo confirma el periodista colombiano Gerardo Reyes en su libro “Álex Saab: La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”. Allí se narra que Córdoba habría gestionado en la Secretaría de Finanzas de Venezuela, así como también en Cadivi para obtener beneficios económicos para Álex Saab Morán y otros personajes.

El mecanismo de extracción

   El informe de la comisión de Fiscalización y Control Político obtuvo información acerca de cómo los operadores financieros lograron sacar, al menos USD. 70 millones de dólares de los bancos ecuatorianos para enviarlos a cuentas fuera del país.

    Foglocons, desde sus cuentas en bancos locales, transfirió a la cuenta de la empresa Clever Financial Investment Services (CFIS), Casa de Valores de Panamá,  USD 23.000.166,47; a Blue Numbers Securities Inc. Punta Pacífica, de Panamá USD 20.000.000; a Fondo Global de Construcción SAC, de Perú, USD 11.000.000; a la filial de CFIS en Ecuador, USD 9.692.538,94; a Window World USD 6.723.937,39; a “Sin Beneficiario” USD 4.557.613,55; a Inconeg S.A. USD 4.285.710;  incluso, a Miguel Centeno (relacionado con Muxidercorp S.A y tío de Miguel Ángel Loor) le transfirió USD 736.002, entre otros beneficiarios.

Los destinatarios del dinero de Álex Saab

   Asimismo, un viaje que realizaron el 5 de marzo de 2013 a la ciudad de Cuenca Carlos Felipe Pérez Castro, Guillermo Alfredo Montefusco Lange, Carlos Francisco León Ponte, Luis Sánchez Yánez, Luis Gusti Lugo, Luis Gusti López, Álvaro Pulido Vargas y José Sánchez Borja a bordo de un Gulfstream GLF4 con matrícula N1459A procedente de Bogotá, permitió a la comisión parlamentaria conocer quienes eran los destinatarios del dinero de Álex Saab.

   Se trataba del directorio de Fondo Global de Construcciones y un selecto grupo de empresarios financieros que tenían como objetivo manejar el dinero de Saab y ponerlo a buen recaudo en países como Suiza, Panamá, Islas Vírgenes.

  Determinó la comisión que el empresario venezolano, Carlos León Ponte Soto-Roso, y su pareja, Micaela Lehrer Alarcón, manejaron alrededor de USD 46,1 millones de dólares de Álex Saab.

   Se presume que León Ponte es un presunto operador de Saab y directivo de varias empresas de Panamá, tales como Clever Financial Investment Services CFIS S.A. Casa de Valores, inscrita en Panamá en noviembre de 2006. Un año después de esto, León Ponte tomó el control total de Foglocons y recibió USD 23 millones.

   La explicación que se le dio a esto fue que el monto transferido estaba destinado a la apertura de una cuenta de inversión en esa casa de valores, desde la cual se pagaba a proveedores y negociaciones en el exterior de Fondo Global Ecuador. En mayo de 2013, Ponte León aseguró estar autorizado por Foglocons para transferir millones de dólares, desde Ecuador a Panamá. Entre ambas empresas se habría firmado un contrato de administración de inversiones y asesoría que, supuestamente, se ejecutó a través de la cuenta de inversiones, abierta el 10 de enero de 2013.

  Se dijo que existía un contrato para prestarles USD 36 millones a Fondo Global Perú.

    El mecanismo para mover el dinero incluía otras empresas, entre ellas CFIS S.A. Ecuador, filial de la casa de valores panameña, constituida en octubre de 2016 por María Alarcón Bastidas y Daniel Lehrer Cociovitch, padres de Micaela Lehrer Alarcón. Esta empresa recibió USD 9,6 millones de Foglocons. Carlos León Ponte también era representante legal en Ecuador CFIS.

  Micaela Lehrer y su padre Daniel, además son accionistas de Inmobiliaria Comercial y de Negocios, Inconeg S.A. compañía que también recibió USD 4,2 millones de las cuentas de Fondo Global y USD 8.446.360,80 de la empresa Pifogardens, investigada por lavado de activos en el Sistema Sucre, ambas vinculadas a exportaciones ficticias. Entre estas y otras transferencias, Inconeg, recibió USD 13,5 millones que fueron enviados posteriormente a Andorra, las Antillas Holandesas, Suiza, Hong Kong, Panamá, Estados Unidos, Venezuela y a otras empresas.

  Pifogardens, empresa dedicada a la “exportación de flores y otras especies vegetales, al cultivo, cría, producción, explotación, comercialización, intermediación, importación y exportación de productos agropecuarios, forestales, agrícolas, florícolas”, figuró exportando carbonato de calcio con sobreprecio. Quien realizaba el pago de estos valores desde Venezuela era la empresa Inversiones Delsati C.A. Los últimos accionistas de Pifogardens fueron Marco Haro Haro y Byron Padilla. Este último sentenciado a 9 años de prisión y al pago de una multa de USD 44 millones por el delito de lavado de activos cometido a través de las exportaciones fraudulentas a Venezuela.

   Contra Micaela Lehrer pesa una orden de detención preventiva desde 2014, indiciada por los delitos de lavado de activos relacionados con las exportaciones ficticias.

   Lehrer, ecuatoriana de padre argentino, figura como intermediaria de Colonsworth Estates Corporation, una firma creada en enero de 2013 en las Islas Vírgenes, según los Papeles de Panamá.

  Está establecido que Micaela Leherer Alarcón aportó en dinero y especie a la campaña electoral de Rafael Correa con Jorge Glas en 2013.