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lunes, 12 de septiembre de 2022

No es remota la posibilidad de que testigos de Álex Saab comparezcan por video ante Tribunal del Distrito Sur de Florida

   El testimonio podría rendirse en la embajada de un “país amigo” que, en el caso de Venezuela y los EE. UU., sería Suiza.

Por Maibort Petit

  Recientemente la fiscalía del Distrito Sur de Florida pidió al juez Roberto N. Scola, que no permita, como lo pretende la defensa, la comparecencia por video de testigos que el empresario colombiano acusado de lavado de dinero, Álex Saab, quiere presentar para demostrar su supuesta condición de diplomático del régimen venezolano en manos de Nicolás Maduro. Tal condición le permitiría escabullirse de la justicia estadounidense que lo acusa de usar su sistema financiero para blanquear fondos provenientes de la corrupción en el programa de alimentación Clap y la construcción de viviendas de interés popular. Pero a pesar de que el gobierno sostiene que el acusado ha hecho mínimos esfuerzos para la comparecencia personal de dichos testigos, fuentes especializadas consultadas por Venezuela Política, consideran posible la intención de quien es tenido como testaferro del dictador venezolano.

   Los abogados de Saab Morán insisten en la condición de diplomático de su representado, lo cual lo haría acreedor de inmunidad y, por tanto, exento de ser juzgado. Por ello vienen bregando desde el inicio de la odisea en que se ha convertido este caso, en demostrar que, al momento de su aprehensión en Cabo Verde, se encontraba en estas funciones, cuando su vuelo con objetivos humanitarios a Irán, se detuvo en el país africano a cargar combustible.

  Aunque hasta el momento, los abogados de Álex Saab no han identificado a los dos testigos que quiere hacer comparecer a su favor, fuentes de Venezuela Política aseguran que uno de ellos sería Jorge Arreaza, quien para la fecha en que se produjo la detención de Saab, se desempeñaba como canciller del régimen venezolano.

  Como alegato para justificar que la declaración de los testigos se produzca por video, los abogados de Saab exponen que ambos carecen de visa estadounidense y tendrían acudir a una entrevista en la Embajada de EE. UU. en Colombia para obtenerla, toda vez que las relaciones diplomáticas entre el país del norte y el régimen de Maduro se encuentran suspendidas.

  Lo cierto es que el caso de Álex Saab Morán ha devenido en una suerte de marchas y contramarchas en las que, no pocos, estiman que privan las razones de tipo político. Una de estas fuentes, consultadas por Venezuela Política, cree, por ejemplo, que luego de las elecciones de medio mandato en EE. UU. podría producirse el intercambio de detenidos entre el gobierno de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro. En esta negociación la ficha principal a negociar por la dictadura venezolana sería Álex Saab, a quien estarían dispuestos a intercambiar por algunos de los estadounidenses presos en Venezuela.

Estacio: es posible la testificación por video

  Omar Estacio, abogado especialista en materia penal, conversó con Venezuela Política y, en primer término, manifestó que el pedido de la fiscalía al tribunal a objeto de que se evite la comparecencia de los testigos de Álex Saab por teleconferencia, está apegado a la “sana tradición judicial”.

  Refiere el especialista que el acto de declaración de un testigo es ceremonial, una actividad revestida de gran simbología que es preciso preservar pues tiene que ver con la correcta aplicación de la justicia. Estacio insiste en que la comparecencia de testigos es de alta significación judicial y subraya que la tendencia a realizar estas actividades judiciales por video obedece grandemente a las limitaciones impuestas por la pandemia del Covid-19.

  Advierte, eso sí, que en Estados Unidos es posible llevar a cabo estos procedimientos en circunstancias excepcionales. Explicó que el testimonio de testigos fuera del territorio de los EE. UU. puede darse a través de las cartas rogatorias o exhortos.

Las salvaguardas necesarias

  Sin embargo, Estacio aclara que en estos casos el testimonio debe rendirse en un tribunal de la localidad donde se encuentre la persona citada como testigo y allí juramentarse ante un juez. Es decir, la declaración debe ofrecerse con ciertas salvaguardas que les garanticen a los operadores de justicia que ese testigo no es objeto de presiones para emitir su testimonio.

 Entre estas salvaguardas está que la comparecencia se rinda en un tribunal o ante un fiscal del país con el que se mantengan acuerdos de mutua cooperación en el ámbito penal.

  Estacio se remite a la jurisprudencia en esta materia y se refiere a un caso ocurrido en los EE. UU. el 17 de agosto de 2017 que cerró esta posibilidad dado que el testigo iba a declarar en Irán, un país que no ofrece ninguna garantía de transparencia en materia de justicia. En el caso de Venezuela la fiscalía del Distrito Sur de Florida apunta que se trata de un país que tiene tratado de extradición aplicable a sus nacionales, por lo que, de producirse el delito de perjurio por parte del testigo, no habría manera de presentarlo ante la justicia de EE. UU. para castigarlo por su falso testimonio.

  La experiencia, por ejemplo, ha llevado a otro tipo de soluciones, como la ocurrida en un caso ocurrido en China, donde se condicionó por parte de la justicia de EE. UU. que la declaración se produjera en el consulado estadounidense de la ciudad donde tuvo lugar la comparecencia.

País amigo

  Aplicar esta última situación a Venezuela, lleva en primer término al inconveniente de que el sistema judicial está altamente cuestionado, a lo que se agrega el hecho de que, en la actualidad, por la ruptura de las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, el consulado y la embajada en Caracas se encuentran cerrados.

 Sin embargo, esto podría subsanarse con la aplicación de una práctica del Derecho Internacional que lleva a la designación de un tercer país, un “país amigo”.

 En el caso de Venezuela y EE. UU. es Suiza el “país amigo” que representa los intereses de Estados Unidos y que, de prosperar este asunto, permitiría que se produjera la declaración de los testigos con las salvaguardas debidas.

 Sin embargo, Omar Estacio subraya que la fiscalía alertó que, en el caso de Álex Saab, sus abogados no han promovido ninguna alternativa de este tipo.

Sobre la inmunidad diplomática

 De cualquier manera, Omar Estacio recuerda que la inmunidad diplomática no depende del estado requirente, sino del estado huésped. Sólo por el uso y las costumbres, pues no existe una norma que lo establece, los jefes de estado y los cancilleres tienen prevista la inmunidad, automática. Cualquier otro funcionario que ejerza como diplomático, debe recibir el beneplácito del país receptor. De lo contrario, sencillamente adolece de inmunidad en dicho país.


Interamerican pide al Tribunal obligar a PDV USA a responder cuestionario sobre el contrato con la empresa de David Rivera

  La empresa demandada no está conforme con las respuestas ofrecidas e insiste ante la Corte en su pedido.

Por Maibort Petit

   El 29 de junio de 2022, Jason W. Johnson, abogado de Byrd Campbell P.A., en representación de Interamerican Consulting Inc., remitió al juez Robert E. Lehrburger, titular de la causa en el Tribunal  del Distrito Sur de Nueva York, una carta-moción para solicitar una conferencia previa a la moción para resolver una disputa de descubrimiento entre las partes. Explicó que la demandante PDV USA se ha negado a proporcionar respuestas adecuadas a varios de los Interrogatorios que les han formulado, y presenta documentos relevantes relacionados con la contratación de PDV USA de firmas de relaciones gubernamentales de terceros.


  El abogado Johnson acusó que PDV USA se ha negado a responder preguntas básicas sobre su supuesta insatisfacción con el desempeño de Interamerican en virtud del contrato, la participación del Departamento de Justicia en la presentación de esta demanda y la contratación de firmas consultoras externas que Interamerican recomendó como parte de sus servicios —para separar a PDV USA de su filial extranjera y mejorar su posición en los Estados Unidos. También le refirió al juez que PDV USA se ha negado a presentar documentos relacionados con la contratación de firmas consultoras externas, a pesar de sus afirmaciones anteriores de que realizaría búsquedas de estos documentos.

  Le subraya al magistrado que PDV USA nunca identifica ninguna comunicación con respecto a su supuesta insatisfacción con el desempeño de Interamerican o, incluso, si existe tal comunicación. Por ello, se debe obligar a PDV USA a identificar cualquier documento o comunicación que revele su supuesta insatisfacción con el presunto incumplimiento de Interamerican.

  Del mismo modo se le refiere al juez que en la pregunta N° 11 que requiere la identificación de la persona o personas del Departamento de Justicia con la que se habría reunido, tal como lo refiere en la presentación del DOJ.

  Se indica que "PDV USA declara que ninguna persona dentro de ninguna entidad de PDV consultó, se reunió, discutió o se comunicó de alguna manera con el DOJ". Interamerican le refiere al juez que definió originalmente el término “entidades de PDV” como “PDV USA, Junta Ad Hoc de PDVSA, PDV Holding, Inc. y cualquier otra subsidiaria o afiliada de PDV en el mundo”. Sin embargo, PDV USA modificó y limitó el término “entidades de PDV” en sus Respuestas y Objeciones para referirse únicamente a “PDV USA, los miembros del Consejo Ad Hoc de PDVSA y PDV Holding, Inc.”, omitiendo a PDVSA de su definición.

 Por tanto, Interamerican cree que debería obligarse a PDV USA a responder esta pregunta según la definición de Interamerican del término "entidades de PDV".

  Se la plantea al juez que PDV USA no puede alegar simultáneamente que Interamerican “no prestó ninguno de los servicios para los que fue contratada” y quejarse de que recopilar información relacionada con los servicios de Interamerican es “indebidamente oneroso”. PDV USA tampoco puede afirmar que el término “empresas de relaciones gubernamentales con terceros” es vago, ya que la pregunta 13 brinda ejemplos de empresas a las que se refiere.

Interamerican acusa inconsistencias de PDV USA

  El 6 de junio de 2022, Andrés Domingo es, del despacho Byrd Cambell que defiende los derechos de la demandada Interamerican Consulting Inc., remitió una comunicación a Brady M. Sullivan, abogado de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP que representa a la demandante PDV USA Inc., para exponer las deficiencias en las producciones y respuestas al Segundo Conjunto de Interrogatorios.

 Interamerican pidió a PDV USA, a través del abogado, responder antes del 10 de junio de 2022, pues de lo contrario, asumirían “que las partes están en un callejón sin salida y actuaremos para obligar a los problemas planteados en esta carta”.

 En primer término se cita la pregunta N° 4 en la que se insta a la identificación de comunicaciones internas “sobre cualquier insatisfacción con el desempeño de Interamerican en virtud del Contrato”.

 Le refiere Interamerican a PDV USA que, en sus respuestas y objeciones, nunca identifica ninguna comunicación con respecto a su supuesta insatisfacción con el desempeño de Interamerican, o incluso si existe tal comunicación.  Subrayó que PDV USA sostiene que “no era el beneficiario previsto del Contrato” y, por lo tanto, “las comunicaciones (…) no habrían ocurrido ‘dentro’ de PDV USA”.

 Una declaración que es contraria a las alegaciones en la Demanda modificada de que (1) “Pío González, un empleado de PDVSA, fue identificado en el Acuerdo como el ‘representante autorizado’ de PDV USA (…) y se le enviaron los dos informes de avance que produjo Interamerican;” (2) “Interamerican no proporcionó los servicios y entregables establecidos en el Acuerdo”; (3) "Interamerican no realizó ningún servicio 'a entera satisfacción de PDV USA'"; y (4) "PDV USA no estaba y no está satisfecho con ningún servicio que pretenda prestar a PDV USA en virtud del Acuerdo".

 Para Interamerican es inexplicable que documentos y comunicaciones internas sobre la supuesta “insatisfacción” de PDV USA no existan dentro de la empresa que fue instruida para celebrar el Acuerdo y a su vez expresó su insatisfacción con el resultado, como lo demuestra el inicio de este litigio. 

  Advierte que en las respuestas de PDV USA a la solicitud de admisión de Interamerican, dice que “nunca expresó ninguna insatisfacción con el desempeño de Interamerican a Interamerican entre el 21 de marzo de 2017 y el 21 de junio de 2017”.

 Acusando inconsistencia, Interamerican refiere que, al referir que nunca expresó su descontento entre el 21 de marzo de 2017 y el 21 de junio de 2017 y luego afirmar que cualquier comunicación sobre su supuesto descontento no habría ocurrido dentro de PDV USA durante ese mismo período, PDV USA estaría admitiendo que Guillermo Blanco, presidente de PDV USA quien firmó el contrato en nombre de la empresa y José Pereira, el tesorero de que aprobó las facturas nunca se quejaron de la supuesta falta de desempeño de Interamerican entre las fechas citadas. “Si esa es su posición, ¿quién expresó su descontento con el desempeño de Interamerican en PDV USA? Por favor, aclare su posición”, remata.

 En cuanto a la pregunta N° 11 que apunta a la identificación de “la persona o personas dentro del Departamento de Justicia de los EE. UU. con quien alguien dentro de las entidades de PDV consultó.

  Se indica que PDV USA respondió y objetó bajo una interpretación restringida que esta pregunta al afirmar que "PDV USA declara que ninguna persona dentro de ninguna entidad de PDV consultó, se reunió, discutió o se comunicó de alguna manera con el DOJ". Se advierte que la Presentación del DOJ parece haber sido preparada por la Junta Ad Hoc de PDV y, por tanto, PDV USA presumiblemente tendría conocimiento contrario a su afirmación de que ninguna persona consultó con el DOJ.

   Alerta que dado que PDV USA creó unilateralmente en sus respuestas y objeciones el término “entidades de PDV”, esto haría que la respuesta de la demandante sea fuera insuficiente. Se explica que PDV USA definió el término “entidades de PDV” para referirse a PDV USA, los miembros de la Junta Ad Hoc de PDVSA y PDV Holding, Inc., pero omitió a PDVSA de su definición.

Apunta que de ninguna manera la solicitud de Interamerican en esta pregunta sea irrelevante, pues PDV USA ha inyectado la relevancia de las comunicaciones con el DOJ en esta demanda. Refiere que pese a que PDV USA trata de enmarcar el caso como una simple disputa contractual, la Demanda modificada está plagada de acusaciones de que el acuerdo en sí mismo es una "farsa" y han sugerido o acusado abiertamente a Interamerican de apropiación indebida de los fondos, lo cual es un propósito criminal o nefasto. Además de la afirmación de que la demanda se presentó después de consultar con el Departamento de Justicia. Ante esta situación, Interamerican pide a PDV USA, aclarar su posición.

 Respecto a la pregunta N° 13 que procura la identificación de “documentos, comunicaciones, reuniones, o todas y cada una de las comunicaciones, en las que se contraten firmas de relaciones gubernamentales de terceros (…) se discutió” y “personal de PDV USA o cualquiera de las entidades de PDV que estuvieron involucradas en estas comunicaciones” que también es calificada por la demandante como irrelevante, contradice lo planteado en la demanda.

  Explica Interamerican que PDV USA alegó que la demandada “(…) no proporcionó al CLIENTE consultoría estratégica (…);” “(…) no desarrolló ni trabajó con el CLIENTE para organizar e implementar una estrategia multifacética (…);” y "(…) no identificó oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave (…)”. En tal sentido, Interamerican recuerda que varias de las firmas de relaciones gubernamentales de terceros identificadas en el Interrogatorio fueron contratadas en relación con los servicios de Interamerican y alertó que PDV USA no puede alegar simultáneamente que Interamerican “no prestó ninguno de los servicios para los que fue contratada” y quejarse de que recopilar información relacionada con los servicios de Interamerican es “indebidamente oneroso”. Igualmente se aclara que PDV USA tampoco puede afirmar que el término “empresas de relaciones gubernamentales con terceros” es vago y ambiguo cuando la pregunta N°13 proporciona ejemplos de las empresas a las que se refiere.

  Debido a que los cuatro cargos de PDV USA contra Interamerican se basan en la afirmación de que los servicios eran “inexistentes”, cualquier documentación que responda a esta solicitud no solo es relevante, sino necesaria en la defensa de esta acción.

  Finalmente, Interamerican Consulting, en razón de que no está claro si PDV USA ha retenido documentos, instó que, así como ellos se encontraban produciendo todos los documentos que coinciden con los 34 términos de búsqueda propuestos, la demandada esperaba que, del mismo modo, la demandante, actúe de igual manera y presente todos los documentos retenidos por falta de respuesta.

  Llamó a PDV USA a responder a las deficiencias planteadas antes del 10 de junio de 2022 o, de lo contrario, asumirían que las partes están en un callejón sin salida y procederán a obligar.

viernes, 26 de agosto de 2022

Samark López Bello logra un respiro al conseguir que un tribunal de apelaciones revierta [temporalmente] la medida que permitía que víctimas de las FARC le pusieran la mano a su fortuna [confiscada por EE. UU.]

   Tanto Tareck El Aissami como Samark López se encuentran en la lista de los más buscados de ICE señalados por tráfico internacional de narcóticos y lavado de dinero.

Por Maibort Petit

    Samark López Bello, contratista del Estado venezolano, y acusado por los fiscales federales de Estados Unidos de ser el testaferro del actual Ministro de petróleo, Tareck El Aissami (también designado en la lista OFAC por narcotráfico y blanqueo de capitales), acaba de lograr que una corte de apelaciones estadounidense, devolviera  a un juez de primer circuito del Sur de la Florida el dictamen que autorizaba a las víctimas de la FARC a cobrar un premio con los bienes incautados al demandado. Ahora, se debe esperar a que un jurado dictamine si López es o no, agente del grupo terrorista colombiano.

  El fallo de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unido es considerado un logro para Samark López Bello. La defensa busca  detener las acciones contra López Bello, incluyendo una demanda contr a los funcionarios de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro por haberlo incluido en la lista Clinton y sancionarlo, tras lo cual se limita su capacidad de operar en el sistema financiero norteamericano y de otros países.

  La Corte de Apelaciones determinó que la decisión de un juez de primer circuito del estado de la Florida, de declarar a Samark López como agente de la FARC, debe ser ratificada por un veredicto de un jurado que lo designe como tal. En ese sentido, las consideradas víctimas de la FARC tendrán que esperar que se realice el proceso que conlleve a use veredicto unánime, cuyo proceso tomará mucho tiempo. 

   Esta decisión del tribunal de apelaciones responde a la demanda contra Samark López  por parte de Stansell, Gonsalves, Howes y Janes, son hijos sobrevivientes de Thomas Janis, víctima secuestrada por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes obtuvieron en 2010 una sentencia en rebeldía por $ 318 millones contra la referida agrupación rebelde colombiana en virtud de la Ley Antiterrorista, 28 USC § 2333 y, desde entonces, procuran cobrar el fallo mediante la incautación de “los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumento [de las FARC]” de conformidad con el § 201 de la Ley de Seguros contra Riesgos de Terrorismo de 2002 (TRIA).

   De acuerdo a este instrumento legislativo, los acreedores judiciales pueden satisfacer una sentencia de la Ley Antiterrorista si (1) el activo es designado como "bloqueado" por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro; y (2) los acreedores del fallo establecen que las propiedades bloqueadas son propiedad de la organización terrorista contra la que recibieron un fallo, o son propiedad de agencias o instrumentos de esa organización terrorista.

  El 13 de febrero de 2019, Stansell, Gonsalves, Howes y Janes presentaron una moción ex parte acelerada ante el Tribunal de Distrito para hacer cumplir la sentencia en rebeldía obtenida contra las FARC en 2010, en procura de hacerla cumplir a través de las propiedades de Samark López Bello.  

   En dicha oportunidad, el Tribunal de Distrito determinó que los hoy demandantes-apelados establecieron (1) que “han obtenido una sentencia de la Ley Antiterrorista contra un partido terrorista (las FARC) que se basa en un acto de terrorismo internacional”, (2) que los activos “sobre los cuales (…) pretenden ejecutar” son “'activos bloqueados' tal como se define ese término en TRIA y ATA, 18 USC §2333(e)”, (3) que “el monto total de las ejecuciones no excede el monto pendiente de la Sentencia ATA [Ley Antiterrorista] de los Demandantes”, y que (4) que según “la Ley Kingpin las partes bloqueadas y los propietarios de los activos bloqueados en cuestión identificados en el Cuadro OFAC son cada uno una agencia o instrumento de las FARC”. En razón de ello, el Tribunal de Distrito concedió la moción y ordenó a los Alguaciles de EE. UU. que ejecutaran, gravaran y vendieran los activos bloqueados, que incluían tres parcelas de bienes inmuebles, dos embarcaciones (yates), un avión y cuatro automóviles. Se programó una venta de la propiedad inmueble para el 16 de abril de 2019. López Bello recibió notificación de esta orden el 25 de febrero de 2019.

  El 15 de marzo de 2019, Samark López Bello presentó una moción para enmendar la orden de embargo y ejecución del Tribunal de Distrito y solicitó la suspensión de los procedimientos, así como la oportunidad de impugnar la determinación de que él y sus entidades afiliadas eran agencias o instrumentos de las FARC antes de que ocurriera cualquier venta. El pedido fue rechazado por Tribunal bajo el argumento de que López Bello tenía entre el 25 de febrero (fecha en que recibió la orden judicial de embargo y ejecución) y el 16 de abril (fecha en que estaba programada la venta) para impugnar. Por tanto, la afirmación de que "no había tenido ninguna oportunidad de impugnar las acusaciones" no fue convincente. La defensa apeló.

  El panel del jueces de la corte de Apelaciones, decidió discutir el caso, y luego de escuchar los argumentos orales de las partes, acordó enviar nuevamente al juez Scola para que la decisión tomada a favor de las víctimas de las FARC sea objeto de un juicio y pueda ser ratificada por un jurado, garantizando así el pedido de López de debido proceso.

¿Por qué agente de la Farc?

   De acuerdo al Departamento del Tesoro, Samark López logró amasar una fortuna gracias a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, y en particular su relación con Tareck El Aissami. En la designación se señala que ambos están relacionados con grupos terroristas y cárteles de la droga. La designación de la OFAC es de carácter administrativo.

  Por otro lado, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York cursa actualmente  una causa criminal que señala que López y El Aissami violaron las sanciones impuestas por Estados Unidos en el marco de la designación de ambos en la lista OFAC. En ese caso ya han sido sentenciadas 3 personas, incluyendo una fuente de la fiscalía que habría mentido a los fiscales durante su proceso de colaboración.

Caso criminal contra Tareck El Aissami en Nueva York permanece sin actividad luego de la sentencia del piloto, Alejandro Javier Marín

  Hasta ahora, EE. UU, ha confiscado a Samark López varios bienes inmuebles, yates de lujo, cuentas bancarias donde destaca una de $269 millones en Citibank, aviones y otros instrumentos de valores en el mercado financiero.

  Según la defensa de Samark López, los fiscales no han presentado evidencia sobre las vinculaciones de López con las FARC. El juez de primer circuito declaró al contratista vinculado al régimen venezolano como "un agente" de la FARC.  

Samark López Bello insiste ante el tribunal de Nueva York en que se le otorgue un juicio sumario Sostiene que se violó el debido proceso con su designación por parte de la OFAC.

  El dictamen de la corte de apelaciones indica que el caso debe ser considerado nuevamente por el tribunal de Miami a la vez que determinó que los fondos confiscados a Samark López se mantengan bajo custodia de las autoridades estadounidenses hasta que no se produzca un veredicto de un jurado que condene que López es ciertamente un agente de la FARC.

  De lograrse ese veredicto, entonces las víctimas de las FARC podrán cobrar el premio de los fondos confiscados a López Bello.

Conozca los términos de la apelación de quienes reclaman en activos de Samark López Bello el pago de una sentencia a su favor

Otras acciones 

    Samark López Bello introdujo una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2021, que lo designó como un narcotraficante por la Ley Kingpin, argumentando que es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo junto al actual ministro de petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami. 

   La querella fue presentada el martes por los abogados de López Bello ante la corte federal del Distrito de Columbia. 

  En los documentos oficiales, el demandante señala que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y los demás acusados, ​​han ejercido ilegalmente sus autoridades en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros al sancionar a Samark López Bello, bloquear y confiscar sus propiedades en los Estados Unidos y devastar sus operaciones comerciales y su reputación internacional. 

  Sostiene que al emprender esa acción, "los Demandados han difundido información errónea y rumores sin fundamento para hacer alegatos perjudiciales sobre López Bello que, además de ser falsos, combinan criterios de designación separados". 

   La demanda dice que los acusados ​​"han hecho esto sin avisar con imparcialidad a López Bello sobre cómo y si los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de supuestos "hallazgos" que siguen ocultos para él".

    En la demanda se destaca que "el 13 de febrero de 2017, la OFAC designó a López Bello en virtud de la Ley Kingpin para brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos y actuar en nombre o en representación de un narcótico especialmente designado traficante (SDNT) o persona designada en virtud de la Ley Kingpin. Este SDNT fue identificado por la OFAC como Tareck Zaidan El Aissami, quien era, al momento de la designación, el Vicepresidente del Gobierno de Venezuela".

   Los abogados sostienen que "las acusaciones de la OFAC y las pruebas que las respaldan son falsas, si no totalmente inventadas. López Bello es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los Demandados". 

    López Bello niega que haya proporcionado asistencia material, apoyo financiero ni bienes o servicios de apoyo de las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de El Aissami ni de ningún otro individuo.

   Asimismo, asegura que no actúa en representación de El Aissami. "A la fecha de hoy, López Bello no tiene conocimiento de que El Aissami esté involucrado en el tráfico de drogas y ciertamente es incapaz de brindar apoyo a actividades de las que no tenía conocimiento o en las que no estaba involucrado".

    La demanda dice que "los acusados ​​están actuando más allá del alcance de sus autoridades legales y en contradicción directa con el debido proceso constitucional. La razón es clara: el registro de respaldo de la OFAC no puede posiblemente, y mucho menos razonablemente, contener evidencia que demuestre que López Bello estaba brindando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, ni actuando para o en nombre de, un SDNT". 

   Asegura que El Aissami fue designado simultáneamente y como parte de la misma acción de designación dirigida a López Bello. "De hecho, la designación de El Aissami bajo la Ley Kingpin se anunció en el mismo comunicado de prensa que anunció la designación de López Bello, y tanto El Aissami como López Bello fueron propuestos para su designación en un memorando probatorio común". 

   Agrega que "El Aissami solo se convirtió en SDNT y persona designada en virtud de la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, es decir, la misma fecha en la que López Bello fue designado para brindar apoyo material a las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes y para actuar en nombre o representación de El Aissami".

  Argumenta que los Demandados designaron a López Bello "basándose en una creencia errónea de que brindó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional de, o actúa para o en nombre de, una persona que no era un SDNT durante el tiempo en el que supuestamente ocurrieron esas actividades". 

   "Al designar a López Bello de esta manera, los Demandados han actuado más allá de las autoridades estatutarias delegadas en ellos y de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. § 706. Por lo tanto, la designación de López Bello por parte de los acusados ​​en virtud de la Ley Kingpin es ilegal y debe anularse".

   Afirma que las consecuencias de las acciones ilegales de los demandados han sido inconmensurables y van más allá de las que tradicionalmente han sufrido otras partes designadas por los entes del gobierno de los Estados Unidos, entre las cuales mencionan las siguientes:

1) López Bello y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueados de conformidad con la Ley Kingpin, 

2) Se han bloqueado los bienes inmuebles y otros activos de López Bello con sede en Estados Unidos. 

3) Las personas extranjeras corren el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en transacciones con López Bello o sus empresas, cuyo efecto ha sido socavar la capacidad de López Bello para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos. 

4) López Bello ha sido injustamente investigado y acusado penalmente por delitos de que intentó hacer que personas estadounidenses comerciaran con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.

5) Finalmente, y lo que es más dañino, terceros han utilizado las acusaciones falsas de la OFAC para ejecutar contra los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos con los que López Bello no tiene relación o conexión. Esto tuvo el efecto de transformar la acción de bloqueo de la OFAC en un mecanismo para la incautación y decomiso de los activos estadounidenses de López Bello. 

   Advierten que al momento de la presentación de la demanda, a Samark López Bello se le ha confiscado activos por valor de aproximadamente $ 160 millones como resultado de una acción ilegal de la OFAC que lo ha difamado indebidamente y atacado ilegalmente y se negó a cualquier forma significativa de debido proceso para impugnar su designación. 

    En la demanda, López Bello se autodenomina "destacado empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, el comercio de materias primas y equipos y la logística para la industria del petróleo y el gas. Como su CEO y presidente, López Bello desarrolló Profit Corporation, C.A. que se convirtió en líder del mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, procura y construcción. 

   Igualmente sostiene que "López Bello dirige Yakima Trading Corporation, que brindó servicios profesionales para la industria venezolana de petróleo y gas, incluido el comercio de materiales ferrosos y en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar tripulaciones para la industria petrolera". 

   En los documentos, López Bello dice que creó "Postar, una empresa de logística que obtenía materiales de construcción y los enviaba a Venezuela en kits de vivienda que brindaban fácil acceso a una vivienda digna para las personas que vivían en la pobreza".

   En la demanda asegura que López Bello se dedica al trabajo humanitario dentro de Venezuela. "Por ejemplo, fundó The Profit Foundation, que brinda apoyo financiero regular para beneficiar a niños en riesgo, ayudó a financiar la construcción de una escuela y apoyó centros de salud rurales para mejorar la atención a los pacientes". 

    La demanda argumenta que la OFAC no cuenta con evidencias sólidas para acusarlo sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está‘ vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares ”.

   "En ninguna parte de las partes no redactadas del expediente administrativo la OFAC evalúa la credibilidad del artículo de julio de 2013 del Reportero24 ni la base de la confianza de la agencia en sus alegatos concluyentes sobre López Bello", advierte.

   Acota que "las partes no redactadas del expediente administrativo no evidencian la corroboración de la OFAC de las alegaciones del artículo de Reportero 24 de julio de 2013 sobre López Bello".

López pide un juicio sumario

  En febrero de 2022, López Bello pidió ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia la necesidad de que se le procese en juicio sumario, toda vez que como lo ha establecido en la contrademanda que ejerce contra funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estos sobrepasaron sus funciones al aplicar una designación derivativa en su contra de la aplicada a Tareck El Aissami, que quien las autoridades sostienen, es testaferro.

   Denuncia que la acción de la OFAC alteró irreparablemente su vida en los Estados Unidos, donde sus casa, bienes e intereses comerciales se han visto afectados, como producto de la acción arbitraria de los demandados.

    El 6 de febrero de 2022, Erich C. Ferrari, En representación de Samark López Bello, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorándum de respuesta en apoyo de la contrapropuesta de sentencia sumaria.

miércoles, 24 de agosto de 2022

Julio Herrera Velutini: Un banquero con un largo historial de manejos confusos en el mundo financiero

 La demanda en su contra en la Corte de Puerto Rico, puso nuevamente sobre el tapete las irregularidades que habrían caracterizado su desempeño en la banca a lo largo de los años. En esta entrega referimos parte de ese historial.

Por Maibort Petit 

   Cuando el 3 de agosto del presente 2022, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico se acusó a Julio Martín Herrera Velutini de seis cargos por parte de un Gran Jurado, salió a relucir toda una trama de corrupción económica, financiera y política en la isla caribeña que funge como estado Libre Asociado de los EE. UU. Específicamente, se le imputó de la comisión de los delitos de conspiración, sobornos, fraude electrónico y artificios para impedir el derecho a servicios honestos.

  De acuerdo a la acusación, Herrera Velutini habría conspirado con la exgobernadora de Puerto Rico entre 2019 y 2021, Wanda Vázquez Garced; el ex administrador de Vivienda Pública y asesor político de Vázquez Garced, John Blakeman; la expresidenta y directora ejecutiva del Bancrédito en Puerto Rico, Francés M. Díaz; y con Mark T. Rossini, ex agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) desde 1991 hasta 2008, quien luego de su retiro era estableció un servicio de consultoría profesional que tenía entre sus clientes al acusado. Juntos, accionaron para que la entonces gobernadora Vázquez Garced removiera de su cargo a quien, para entonces, ocupaba la dirección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), George Joyner, quien procuraba aplicar medidas correctivas en la entidad financiera de Herrera.

   De acuerdo a la acusación, Herrera Velutini pretendía controlar la OCIF para así mantener ocultas la millonaria cartera constituida por fondos irregulares provenientes de miembros y relacionados del régimen venezolano, entre quienes habría algunos que están siendo investigados por el Departamento de Justicia de EE. UU. en razón de sus supuestas actividades corruptas. El plan de Herrera era pagar USD 300 mil a los consultores políticos de la campaña de Vázquez Garced. Esta última obligó al funcionario a renunciar para proceder a designar en el cargo a quien Herrera Velutini escogiera. El exagente del FBI, Mark T. Rossini, serviría de vehículo para realizar los pagos de los sobornos[1] [2].

   El candidato de Herrera Velutini, finalmente designado, para dirigir la OCIF fue Víctor Rodríguez Bonilla, pero Wanda Vázquez no resultó reelecta, imponiéndose como nuevo gobernador de la isla, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia. Julio Herrera Velutini no tenía entre sus planes desistir de controlar la OCIF y había procedido a hacer donativos a la campaña de Pierlusini. Las cosas no salieron según su planificación y el nuevo gobernador destituyó al elegido de Herrera en la OCIF. De allí en adelante, continuaron una serie de acontecimientos y hechos irregulares que recoge la acusación contra Herrera.

  No sería la primera vez que un miembro de la encumbrada familia caraqueña se ve envuelto un escándalo judicial, toda vez que la madre de Julio Herrera Velutini, Gilda Kolster de Martínez, fue condenada el 29 de mayo de 2001 a pagar 30 años de prisión por su papel como instigadora o autora intelectual en el delito de homicidio calificado de su esposo Casto Martínez Garrido[3].

  Tampoco, se trata de la única acción legal que enfrenta Julio Herrera Velutini —quien desde hace algunos años reside en el Reino Unido— pues la justicia chavista también lo solicita al señalarlo de manejos irregulares en la venta del Banco Real, entidad de su propiedad que vendió en 2009 en medio de una crisis financiera de la cual habría sido uno de sus instigadores principales.

  Se trató de una venta que desató una debacle en todo el sistema financiero venezolano, aunque en principio el régimen chavista se hiciera de la vista gorda. Luego de la venta, Julio Herrera renunció junto a otros integrantes de su familia a la directiva de Banco Real. Fue cuando Pedro Torres Ciliberto nombró a Arné Chacón, a la sazón hermano del ex ministro Jesse Chacón, como presidente de la junta directiva de la entidad financiera.

 Entonces, ya en territorio puertorriqueño, Julio Herrera Velutini constituye Bancrédito, institución que años más tarde, en 2019, culpó al Ansbacher de Bahamas de retención indebida de USD 10.087 millones de sus fondos. La controversia que había ido a dar a los tribunales, tuvo un arreglo extrajudicial que se tradujo en una transferencia, por parte de Bancrédito, de los USD 10.087 millones en favor de sus acusadores.

¿Quién es Julio Herrera Velutini?

 Miembro de una familia de banqueros —fundadores del Banco Caracas y el Banco de Venezuela—, Julio Martín Herrera Velutini, nació en Caracas el 15 de diciembre de 1971.

 Formado en The American School of London de Gran Bretaña; en La Scuola Americana di Locarno en Suiza; y en la Universidad Central de Venezuela, Herrera Velutini.

  Julio Martín Herrera Velutini se mantuvo en Venezuela hasta que se produjo la venta del Banco Real a Pedro Torres Ciliberto, como ya apuntamos y, aunque ya no reside en Venezuela, se lo ubica en ella entre el grupo de las 10 personas más ricas del país, al ostentar una fortuna de entre 1,2 y 1,8 mil millones de dólares[4].

 En Puerto Rico funda el Banco Internacional Bancrédito y la Fundación Bancrédito en Estados Unidos.

 Cuando Arné Chacón fue detenido en diciembre del 2009 tras producirse la intervención del Banco Real, Julio Herrera Velutini es implicado en el caso y, desde entonces, no regresa a Venezuela.

 Es de hacer notar que Julio Martín Herrera Velutini adoptó esta manera de nombrarse, luego del incidente criminal en el que estuvo involucrada su madre y que referimos líneas arriba. Antes del suceso se le conocía como Julio Martín Herrera Kolster un descendiente —aunque no sanguíneo— de José Herrera Uslar y Clementina Velutini, pues cuando el primero se desempeñó como diplomático en Europa en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, decidieron adoptar una niña en Suiza. Dado que la menor al llegar a Caracas extrañaba a sus hermanos, los Herrera Velutini volvieron al viejo continente a buscarlos y también adoptarlos. Uno de estos niños fue Julio Herrera Velutini, quien se casó con Hilda Kolster, integrante de la sociedad caraqueña con quien tuvo tres hijos, entre ellos el hoy acusado en Puerto Rico, Julio Martín Herrera Kolster, quien cambió su segundo apellido para desvincularse de su progenitora y el sangriento hecho. Al menos así se creía.

  Sin embargo, hay quienes piensan que el objetivo del cambió de apellido fue otro de efectos más prácticos que morales. Una nota informativa de Reporte de la Economía refiere que, en 2006, cuando se divorció de su esposa, aún figuraba con el apellido de su madre, condenada, como ya señalamos, en 2001. Hay quienes sospechan que el cambio de apellido no fue más que una manera de despistar la atención de él, en razón de la crisis bancaria de 2009 que significó la intervención estatal de sus bancos en Venezuela, el Banco Real y el Banreal Holding [5].

En Londres

 También en la capital de Inglaterra, Julio Herrera Velutini intentó ganar favores del sector político y procedió a hacer donativos al Partido Conservador británico y al ex primer ministro, Boris Johnson. Unos USD 600 mil que se tramitaron a través de Britannia Financial Group.

 Investigaciones periodísticas refieren que Julio Herrera Velutini constituyó la referida empresa en 2016 como bajo el nombre Helvetica Financial, para dos años después cambiar a la denominación actual.

 También se refiere que en los registros de la compañía se le presenta como ciudadano italiano[6].

Su perfil social

 En su página web, Julio Herrera Velutini, refiere que es un “Distinguido Ejecutivo Bancario”.

  También se describe como “un experimentado ejecutivo internacional de banca e inversiones que ha fundado bancos en Puerto Rico, Europa y Venezuela, es un banquero de quinta generación cuya familia fundó el Banco Caracas en 1880. Dirigieron la empresa durante más de 100 años”.

  Cuenta que inició su carrera como operador en la Bolsa de Valores de Caracas entretanto estudiaba en la Universidad Central de Venezuela para luego incorporarse, en 1990, a Multinvest Casa de Bolsa, donde se desempeñó como director senior de 1992 a 1998.

  Luego de la venta de Banco Caracas, Julio M. Herrera Velutini fue designado presidente del holding Inversiones Transbanca, la cual “invirtió en varias empresas de servicios financieros, así como en las filiales venezolanas de importantes empresas automotrices como Kia Motors y BMW. Casi al mismo tiempo, fue elegido presidente del directorio de Bolívar Banco Universal y se convirtió en la persona más joven en dirigir un banco en el país sudamericano”.

 Informa que fundó Financiera Venezolana, C.A. y ocupó cargos ejecutivos en Transportation Transbanca CA Bank Securities, BBO Financial Services y Central Cash Corporation, fue presidente y director ejecutivo de Banco Real en Venezuela. En 2008 fundó Bancrédito International Bank & Trust en Puerto Rico; el grupo de empresas Britannia, que incluye Britannia Wealth Management y Britannia Global Payments; creó Interocean Capital Funds, Banvelca & Company LTD, Clementina Velutini Clevelca Trust y Diario de las Américas[7].

  En dicha página, Julio Herrera Velutini hace una “Declaración de inocencia”, en la que niega la información dada a conocer por el periódico “El Nuevo Día”, los días 13 y 14 de mayo, donde se decía que existía “una orden de aprehensión del gobierno venezolano, desde 2010, por supuestas irregularidades en transacciones bancarias”, así como que tampoco es verdad que “estafara al gobierno con venta perdida”.

  Allí también negó “haya ‘financiado ilegalmente los gastos de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en las elecciones de 2020’. En ningún momento, ni el señor Herrera Velutini ni sus empresas contribuyeron económicamente a la campaña de la señora Vázquez Garced. La empresa estadounidense Bancrédito Holding Corporation, como persona jurídica, sí contribuyó legalmente a los Comités de Acción Política de los candidatos a gobernador Pedro Pierluisi y Charlie Delgado”[8].

 En la red social Twitter se identifica con el usuario JulioHerreraVelutini. @JulioHVelutini, presidente del directorio de Bancrédito, ubicado en San Juan, Puerto Rico. En dicha cuenta cita a la prensa internacional con información general y sin hacer referencia a las acusaciones en su contra[9].

 En la red social LinkedIn —en la que tiene muy pocas entradas— Julio Herrera Velutini se presenta como presidente del directorio de Bancrédito desde enero de 2009. Refiere que es egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), pero no da cuenta en qué carrera; indica que domina el inglés, el italiano y el español[10].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Estos son los lujosos aviones del banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, acusado de delitos financieros y pago de sobornos a funcionarios públicos por EE. UU.”. 13 de agosto de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/08/estos-son-los-lujosos-aviones-del.html


[2] Primer Informe. “La complicada historia del banquero fugitivo Julio Herrera Velutini”. 10 de agosto de 2022. https://primerinforme.com/paises/la-complicada-historia-del-banquero-fugitivo-julio-herrera-velutini/


[3] TSJ. Histórico. Decisiones., Magistrado Ponente: Dr. Julio Elías Mayaudón. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/Mayo/0382-290501-991246(000663).htm


[4] Pulzo. “Los millonarios venezolanos con mayores fortunas”. 22 de noviembre de 2020. https://www.pulzo.com/amp-stories/mundo/personas-mas-ricas-venezuela-PS491908


[5] Reporte de la Economía. “Los negocios en Venezuela de Julio Herrera Velutini con el también banquero Pedro Torres Ciliberto que terminaron convirtiendo a ambos en prófugos”. 25 de mayo de 2022. http://reportedelaeconomia.com/internacionales/el-espinoso-pasado-y-presente-del-banquero-julio-herrera-velutini/


[6] El Nuevo Día. “Herrera Velutini aportó miles de dólares al partido de Boris Johnson, según Financial Times”. 6 de agosto de 2022. https://www.elnuevodia.com/negocios/banca-finanzas/notas/herrera-velutini-aporto-miles-de-dolares-al-partido-de-boris-johnson-segun-financial-times/


[7] Julio Herrera Velutini. https://juliomherrravelutini.net/


[8] Julio Herrera Velutini. Declaración de inocencia. https://juliomherrravelutini.net/dwdwwc16-may-2022/


[9] Twitter. JulioHerreraVelutini. @JulioHVelutini. https://twitter.com/juliohvelutini?lang=es


[10] LinkedIn. Julio M. Herrera Velutini. https://pr.linkedin.com/in/julio-m-herrera-velutini-6111b753

lunes, 15 de agosto de 2022

Eastern National Bank: El banco mayamero que supuestamente salvó a Nicolás Maduro

  A través de empresas interpuestas controladas por agentes del régimen venezolano, este interviene en el sistema financiero estadounidense violando las sanciones de la OFAC.

Por Maibort Petit

  Entretanto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pensaba que el Nicolás Maduro se encontraba lejos del sistema financiero  de ese país por el efecto que en dicho gobierno causaban las sanciones por ellos impuestas, la dictadura se mantenía a flote gracias al auxilio que una institución del propio sistema estadounidense supuestamente le brindaba: el Eastern National Bank, una pequeña entidad de Miami que habría actuado presuntamente como una especie de banco “mecenas” del régimen venezolano.

  Tal situación se conoció a través de una nota de El Nuevo Herald, mientras que Venezuela Política obtuvo un documento judicial de la demanda interpuesta por los accionistas minoritarios del Eastern National Bank N.A. ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida al que acudieron el uno por ciento de los propietarios del citado banco para demandar a Gabina Rodríguez, Louis Ferreira, César Gómez Valero, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías, integrantes de la junta directiva del banco.

  En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el caso está en manos de la juez Beth Bloom; los abogados de los demandantes son Diego Pérez Ara y Derek Eduardo León de la firma León Cosgrove LLC; la defensa del Eastern National Bank está a cargo de Sydney Brooke Alexander y Jose Angel Casal del despacho Holland & Knight.

  El pasado 14 de junio de 2022, el juez Edwin G. Torres recomendó al tribunal negar al Eastern National Bank una moción interpuesta por sus abogados para desestimar la demanda. Se les otorgó a las partes un plazo de 14 días para entregar para presentar un informe y recomendaciones, así como sus objeciones a la recomendación del magistrado ante el juez del Distrito. Este fue el documento judicial al que Venezuela Política tuvo acceso.

 La demanda se refiere que el Eastern National Bank, N.A. “es una asociación bancaria nacional autorizada para hacer negocios en el Estado de Florida. Sus oficinas principales se encuentran en el condado de Miami-Dade, Florida”, entretanto Mercorp, N.V.[1] “es una empresa organizada bajo las leyes de Curazao. Mercorp posee más del 99% de las acciones del Banco”.

 La demanda indica que Corpofin C.A. “es una sociedad constituida bajo las leyes de Venezuela. Corpofin es el único propietario de Mercorp. Además, desde la década de 1990, Corpofin ha sido controlada por el gobierno venezolano en virtud de la colocación de Corpofin en una administración judicial relacionada con una deuda de Corpofin con una agencia del gobierno venezolano”.

  Corpofin es una sociedad mercantil que se encuentra intervenida por el estado venezolano, lo cual confirmamos a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 22 de febrero de 2006 en la cual se lee que dicha entidad “fue intervenida mediante Resolución Nº 115/94 de fecha 15 de septiembre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.547 de esa misma fecha por la recurrida por cuanto “(…) existieron en su oportunidad similitud entre los directores de esta empresa y algunos miembros que conformaban la Junta Directiva de BANCOR (similitud que había cesado antes de la Intervención de Corpofin (…) y porque además esta empresa adeudaba para esa época, sin garantía un estimado de nueve mil setecientos millones de bolívares, en pagarés que para el momento de su intervención no estaban vencidos”. Por lo tanto está bajo el control del gobierno venezolano[2]. Otra sentencia judicial indica que Corpofin C.A. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 16 de noviembre de 1981, bajo el N° 10, Tomo A-13[3].

 Los accionistas minoritarios del Eastern National Bank, a saber Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker, accionaron judicialmente el 23 de enero de 2021 —caso 1:2021cv22311— contra miembros de la junta directiva del banco, entre ellos Gabina Rodríguez, quien presidió la institución entre los años 2015 y 2021.

Los demandados

  La recomendación del juez Torres refiere que en la demanda los accionantes  advierten que Gabina Rodríguez “es una agente del gobierno venezolano. En 2009, Gabina fue nombrada por el gobierno venezolano como síndico de Corpofin. Su control sobre Corpofin designado por el gobierno le otorga control total sobre Mercorp, lo que a su vez la convierte en la accionista mayoritaria del Banco. De 2015 a 2021, Gabina también se desempeñó como Presidenta de la junta directiva del Banco. Es residente de Caracas, Venezuela”.

  Por su parte, se indica que César Gómez Valero “se desempeñó como miembro de la junta directiva del Banco de 2015 a 2021. También es residente de Caracas, Venezuela. Y, sobre la base de una revisión del expediente, él es el único demandado que aún no ha sido notificado de un proceso en esta demanda”.

 De Keith Parker, se informa que “se ha desempeñado en la junta directiva del Banco desde 2005. Es residente del condado de Miami-Dade, Florida”.

  Agregan que Gustavo Macías “es miembro de la junta directiva del Banco desde 2016. Es residente del condado de Miami-Dade”.

  Asimismo, indican que Louis Ferreira “es el actual presidente y director ejecutivo del Banco, cargo que ocupa desde 2020. Ferreira también ha sido miembro de la junta directiva del Banco desde 2019. Es residente del condado de Broward, Florida”.

  Se informa también que Carlos Rodríguez “fue el presidente y director ejecutivo del Banco de 2018 a 2020. Carlos también ha sido miembro de la junta directiva del Banco desde 2016. Es residente del condado de Miami-Dade, Florida”.

  Se explica que Edward Holden es miembro de la junta directiva del Banco desde 2021 y es el único integrante de la misma que no se nombra como Demandado. Se lo describe como el único director "independiente".

Los demandantes

  Bancor Group Inc. es una empresa organizada bajo las leyes del Estado de Florida que tiene entre sus directivos a Juan Santaella y Juan B. Santaella. Bancor es propietario de 63 acciones del Banco.

  Stitching Particulier Fonds Franeker es una empresa registrada en Curazao que cuenta entre sus principales a Juan Santaella y Juan B. Santaella. Franeker posee 22 acciones del Banco.

Relación con el Banco de Venezuela

  El documento explica que en 2017, después de todos los bancos de los Estados Unidos cerraron su relación de corresponsalía con el estatal Banco de Venezuela, el Eastern National Bank abrió y operó una cuenta para la entidad venezolana. Se especifica que esto ocurrió durante el mandato de Gabina Rodríguez como síndico de Corpofin, cuando también se desempeñó como Vicepresidenta Ejecutiva del Departamento Legal de Banco de Venezuela de 2011 a 2012.

  Refiere el documento que antes de abrir la cuenta, el Eastern National Bank solicitó una opinión consultiva de uno de sus reguladores, la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC), con respecto a la apertura de dicha cuenta. La OCC respondió que y advirtió sobre los riesgos involucrados y le recordó al eastern su obligación de asegurarse de estar preparado para administrar una cuenta de “alto riesgo” sin violar las leyes aplicables. Sin embargo, el Eastern National Bank no cumplió con sus obligaciones con respecto a algunas transacciones relacionadas con la cuenta d el Banco de Venezuela lo que llevó a  la OCC a iniciar una investigación sobre las prácticas del Eastern National Bank en 2018.

Los problemas financieros del Eastern

   En la recomendación del magistrado Torres se indica que en octubre de 2018, la OCC, con el consentimiento de la junta directiva del Eastern National Bank, alertó sobre las múltiples deficiencias en las prácticas del Banco, entre ellas, el incumplimiento adecuado de las obligaciones contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario con respecto a la cuenta del Banco de Venezuela.

  En esta Orden de Consentimiento de 2018, la OCC impuso numerosas obligaciones al Eastern National Bank, las cuales estaban destinadas  a remediar las deficiencias identificadas en sus prácticas bancarias. Para ese momento, la junta directiva del Eastern la integraban Gabina, Gómez, Macías, Parker y Rodríguez. Ferreira se incorporó en octubre de 2019. En marzo de 2020 fue reemplazada Gabina Rodríguez como presidente y director General del Banco. Sin embargo, este cambio en la directiva no se tradujo en la toma de las acciones apropiadas para remediar las deficiencias identificadas en 2018, 2019 o 2020. Entonces, la OCC, con el consentimiento de la junta directiva del Eastern National Bank, emitió una segunda orden en noviembre de 2020.

  Los accionistas minoritarios —Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker— sostienen que durante ese tiempo solicitaron en repetidas ocasiones reunirse con la junta directiva para abordar los problemas de cumplimiento del Banco, pero estos pedidos fueron denegados. Se explica que no se celebraron asambleas de accionistas en 2018, 2019 y 2020, a pesar de que estas eran requeridas por el Acta Constitutiva y los Estatutos del Banco.

  La recomendación del juez Torres tomó en cuenta que el Eastern National Bank no cumplió con la Orden de Consentimiento de 2018 como lo advirtió la Orden de Consentimiento de 2020, la cual también descubrió que existían nuevas prácticas bancarias “inseguras” y “poco sólidas” y que el banco se encontraba en una “condición problemática”.

  Producto de la mala práctica, el Eastern National Bank tuvo pérdidas de aproximadamente USD 20.000.000.00 entre 2018 y 2020, por lo que se le impusieron una serie de nuevas obligaciones , entre ellas, sumar al menos dos "directores externos independientes" al directorio, mantener ciertos índices de capital y presentar un "Plan Estratégico y de Capital por escrito aceptable para el Banco" a la OCC.

  Se indica que luego de la emisión de la Orden de Consentimiento de 2020, los accionistas minoritarios continuaron solicitando reunirse con la junta directiva del Eastern National Bank para ayudar a abordar los problemas del Banco pero, una vez más, las solicitudes fueron denegadas.  

  Se informa  que luego de que la junta directiva del Eastern National Bank rechazara un pedido de inspección de ciertos registros corporativos, Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker presentaron una demanda en el Distrito Sur de Florida para obligar a la junta a cumplir con sus propias reglas. 

  La demanda terminó en una estipulación conjunta de despido sin perjuicio. “Sin embargo, desde la emisión de la Orden de Consentimiento de 2020 hasta el presente, la junta directiva del Banco supuestamente no tomó medidas razonables para cumplir con los mandatos de la OCC, lo que a su vez aumentó la probabilidad de que el Banco esté sujeto a sanciones graves, financieras y de otro tipo, resultantes de una acción de ejecución reglamentaria. 

  De hecho, ha pasado más de un año desde la emisión de la Orden de Consentimiento de 2020 y el Banco aún no ha agregado dos directores independientes a su directorio. Esto es a pesar de la remoción forzosa de Gabina Rodríguez y Gómez de la junta, que resultó de la revocación de las exenciones de residencia por parte de la OCC en marzo de 2021”.

El esquema de compensación en acciones del Eastern

 A raíz de las acciones de la OCC, la junta directiva del Eastern National Bank implementó una política para aumentar su compensación. Específicamente, en 2018, se estableció un plan de incentivos de capital para prever la emisión de unidades de acciones restringidas para ellos y otros.

  Se buscaba atraer y retener a directores y empleados calificados, pero para la aplicación del plan la junta requería el voto de los accionistas para la ratificación dado que dicho plan diluiría el valor de los accionistas. Sin embargo, Gabina Rodríguez, César Gómez Valero, Gustavo Macías, Keith Parker y Carlos Rodríguez, nunca tuvieron una votación de accionistas.

  En razón de que Gabina Rodríguez poseía efectivamente más del 99 por ciento de las acciones del Eastern National Bank, se estableció el Plan RSU sin el aporte de los accionistas minoritarios.

  Fue así que entre diciembre de 2018 y julio de 2019, el Plan RSU hizo que cerca del 16 por ciento de las acciones del Eastern National Bank se emitieran a favor de Gabina Rodríguez, Gómez, Macías, Parker y Carlos Rodríguez. Ferreira, quien se incorporó al Banco en octubre de 2019, también se beneficiará del Plan RSU.

  Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker acusaron que el Plan RSU es un acuerdo quid pro quo entre Gabina Rodríguez y la junta directiva del Banco. Es decir, el capital distribuido por el Plan RSU compensa a la junta directiva del Eastern, permitiendo a Gabina Rodríguez —y por lo tanto el gobierno venezolano— para seguir ejerciendo el control absoluto sobre el Banco.

Evitando las sanciones de la OFAC

  El Eastern National Bank, en razón de las sanciones de la OFAC al gobierno de Venezuela, procuró licencias para realizar ciertas transacciones con entidades e individuos venezolanos que de otro modo estarían prohibidas por mandato presidencial.

 Bancor Group Inc. y Stitching Particulier Fonds Franeker aseguran que para obtener estas licencias de la OFAC, el Eastern National Bank hizo ciertas declaraciones falsas a la agencia del departamento del Tesoro respecto a la relación de Gabina Rodríguez con el gobierno venezolano. Específicamente, informaron a la OFAC que Gabina Rodríguez toma todas las decisiones con respecto a Corpofin (y por lo tanto a Mercorp) independientemente del gobierno venezolano, lo cual no es cierto.

REFERENCIAS

[1] Open Corporates. Mercorp N.V. https://opencorporates.com/companies/cw/35953

[2] TSJ. Jueza Ponente: Ana Cecilia Zulueta Rodríguez. Expediente Nº AP42-N-2005-000781. http://jca.tsj.gob.ve/decisiones/2006/febrero/1478-22-AP42-N-2005-000781-2006-298.html

[3] Vlex. Sentencia nº 00852 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Julio de 2008. https://vlexvenezuela.com/vid/superintendencia-apela-motivo-inmuebles-283320359 

Otra vez se posterga la lectura de sentencia de José Manuel González Testino por la comisión de delitos de corrupción en CITGO y PDVSA

  Ya suman cinco las prórrogas del establecimiento de la pena a cumplir por el ex-contratista de PDVSA y CITGO.

Por Maibort Petit

  Una vez más, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, aplaza el dictado de sentencia en contra de José Manuel González Testino, ex-contratista de Petróleos de Venezuela S.A., quien se declaró culpable el 28 de mayo de 2019[1], de la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero de fondos irregulares pagados a funcionarios de PDVSA para asegurar y mantener contratos millonarios de energía y logística con la estatal venezolana y su filial en EE. UU., CITGO Petroleum Corp. A pesar del tiempo transcurrido, no ha sido posible que se le establezca la pena a cumplir. Esta vez se fijó para el el12 de octubre de 2022. Con este nuevo retraso, ya suman cinco las prórrogas del dictado de sentencia.

  Los abogados de González Testino, también han logrado hábilmente obtener de la Corte algunas concesiones, como el sellado de los documentos que informan de los permisos otorgados a su esposa para viajar fuera del territorio estadounidense en varias oportunidades, alegando motivos de seguridad.

  Específicamente, González Testino, fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar los Estados Unidos[2], se declaró culpable en la citada fecha —28 de mayo de 2019— por un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo por violar la ley FCPA y un cargo por no haber reportado sus cuentas bancarias extranjeras.

 Se esperaba que la sentencia la leyera el juez de la causa, Gray H. Miller, el pasado 10 de agosto del presente año 2022, sentenciara a quien controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que, a través de mecanismos corruptos, entre 2012 y 2018, obtuvieron contratos para proporcionar bienes y servicios a PDVSA, a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana[3].

  Antes de esta prórroga, la sentencia se dictaría el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 a. m, fecha fijada luego de que la decisión no se produjera el 19 de febrero de 2020[4]. La primera de las lecturas de la sentencia tantas veces prorrogadas, estuvo fijada inicialmente para el 28 de agosto de 2019.

  Respecto al sellado de los documentos informativos tanto de la ciudad de residencia de José Manuel González Testino, como de los movimientos migratorios de su esposa, María Alejandra Díaz, la defensa maniobró para que el juez Miller concediera el sello en marzo de 2022. Los abogados del acusado alegaron que su representado estaba preocupado por su seguridad en razón de que Venezuela Política había dado a conocer liberar los pasaportes de la exesposa de González Testino, María Alejandra Díaz, para viajar a Madrid y a Londres.

  Ya con anterioridad, el tribunal había concedido otras mociones para sellar las entradas del expediente que contenían información privada, por ejemplo, DE 68, DE 86 y DE 107 con el mismo propósito[5].

  En junio de 2021, José Manuel González Testino, también logró que su esposa fuera beneficiada por la Corte con la concesión de una moción para liberar temporalmente sus pasaportes para viajar fuera de EE. UU. es de hacer notar que, María Alejandra Díaz, esposa del acusado, es titular de dos pasaportes, uno venezolano y otro estadounidense, los cuales se mantienen bajo custodia de la secretaría del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston[6].

Nueva orden de aplazamiento de sentencia

  El 18 de julio de 2022, Gray H. Miller, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, a cargo de la causa que se libra en dicha instancia judicial entre los Estados Unidos de América como acusador y José Manuel González Testino, como demandado, concedió la moción de aplazamiento de la sentencia presentada por la fiscalía.

  En tal sentido, el juez Miller ordenó aplazar el dictado de sentencia de González Testino hasta el 12 de octubre de 2022 a las 11:00 a. m.

 Explica la decisión que, igualmente, los plazos asociados a esta acción, estableciéndose la fecha del vencimiento para la preparación del Informe Preliminar para el 7 de septiembre de 2022; mientras las objeciones para el 21 de septiembre de 2022; y el Informe Preliminar final vencerá ahora el 5 de octubre de 2022.

Orden de sellado

  El juez, Gray Miller, concedió la moción sin oposición para presentar bajo sello para la liberación temporal de los pasaportes de María Alejandra Díaz y para permitirle viajar.

  Miller ordenó al secretario de la Corte sellar la petición sellada sin oposición del acusado José Manuel González-Testino para la liberación temporal de los pasaportes de María Alejandra Díaz y que le permitiera viajar.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “José Manuel González Testino se declaró culpable por delitos de corrupción relacionados con PDVSA y CITGO”. 29 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/jose-gonzalez-testino-se-declaro-por.html

[2] Venezuela Política. “(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA”. 1 de agosto de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/08/ee-uu-arresta-jose-manuel-gonzalez.html

[3] Venezuela Política. “Tribunal aplaza nuevamente la sentencia del contratista corrupto de CITGO-PDVSA, José Manuel González Testino”. 7 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/tribunal-aplaza-nuevamente-la-sentencia.html

[4] Venezuela Política. “Tribunal prorroga el dictado de la sentencia de González Testino hasta febrero de 2022”. 12 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/tribunal-prorroga-el-dictado-de-la.html

[5] Venezuela Política. “Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién ‘por temor’ a su seguridad”. 2 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/03/corrupcion-citgo-pdvsa-el-procesado.html

[6] Venezuela Política. “Corte concede permiso de viaje a esposa de José González Testino y ordena sellar información sobre su destino”. 30 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/corte-concede-permiso-de-viaje-esposa.html