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martes, 13 de julio de 2021

¿Qué es lo que busca Samark López Bello en su demanda contra el gobierno de lo EE. UU. ?

   Quien es señalado de ser supuesto testaferro de Tareck El Aissami, cataloga de ilegal su designación por parte de la OFAC bajo la Ley de Kingpin.

Por Maibort Petit

   El 29 de junio de 2021, Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates P.C., presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, actuando en representación de Samark José López Bello, una demanda en contra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el director de dicho despacho, por haber ejercido ilegalmente su autoridad bajo la Ley de Designación de Kingpin de narcóticos extranjeros, al sancionar al demandante y bloquear y aprovechar sus propiedades en EE. UU., y devastando sus operaciones comerciales y su reputación internacional.

   Sostiene López Bello que los demandados difundieron información errónea y el rumor no demostrado para hacer denuncias dañinas de su persona sustentadas en falsos criterios de designación. Agrega que esto se hizo sin dar aviso a López Bello sobre cómo los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de importantes "hallazgos" que no se le han dado a conocer.

  Considera López Bello que las acusaciones de la OFAC y sus evidencias son sólo falsas, sino también fabricadas por completo, pues es un “hombre de negocios internacional” cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales de los acusados. Niega haber proporcionado asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de Tareck El Aissami ni a ninguna otra persona, como asegura la OFAC. Dice no actuar por o en nombre de este último al tiempo de que advierte que, hasta esta fecha, no es consciente de que El Aissami tenga una participación en el tráfico de drogas.

Abuso de autoridad

   En la demanda se enfatiza que los acusados actúan más allá de los que les permite su autoridad legal, contradiciendo el debido proceso constitucional. En tal sentido, refiere que al haber sido catalogado Tareck El Aissami como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de manera simultánea como él como quien lo asiste material y financieramente, lo cual a su manera de ver es ilógico al no haber sido advertido antes de ello. Por tanto, el registro de apoyo de OFAC no es razonable ni puede estar sustentado en pruebas que demuestren que López Bello estaba proporcionando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos El Aissami.
Foto cortesía de Noticiero Univisión 
  Sobre esto, la demanda estima que esta designación simultánea, hace suponer que la designación del demandante se hace sobre la base de denuncias de conducta que preceden la designación de El Aissami como un SDNT. Por tanto, la OFAC se habría basado en una creencia errónea de que Samark López proporcionó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional para o en nombre de una persona que no era un SDNT durante el tiempo en que se produjeron aquellas actividades supuestamente. Denuncia que, entonces, se violó de manera arbitraria y caprichosa la Ley de Procedimiento Administrativo.

Consecuencias inconmensurables

  Al hablar de las consecuencias de las acciones ilegales de los acusados, el demandante asegura que estas son inconmensurables y sobrepasan lo que sufren usualmente quienes son objeto de estas designaciones.

  Esta afirmación obedece, en primer lugar, a que Samark López y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueadas de conformidad con la Ley de Kingpin.

  En segundo lugar, por el bloqueo de sus las propiedades y otros activos reales basadas en los Estados Unidos.

  En tercer lugar, por sanciones a que están sujetas las personas extranjeras por involucrarse en transacciones con López Bello o sus compañías, lo que ha socavado su capacidad para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos.

   En cuarto lugar, por la injusta investigación de índole penal de que ha sido objeto, al ser acusado por supuestamente inducir a personas estadounidenses comercien con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.
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   Por último, siendo lo que el demandante considera como más dañino, el hecho de que terceros se valgan de las falsas acusaciones de la OFAC para ejecutar los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos, con los que López Bello no tiene relación o conexión. Sostiene que la acción de bloqueo de la OFAC se ha convertido en un mecanismo para la incautación y decomiso de sus activos en EE. UU.

  Refiere Samark López que, para la fecha de la demanda, el decomiso ilegal de sus propiedades se ubicaba en uno USD 160 millones.

Samark López Bello según Samark López Bello

  En la demanda, Samark José López Bello se presenta a sí mismo —además de ciudadano venezolano e italiano— como un “prominente empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, la negociación de productos básicos y equipos, y logística para la industria del petróleo y el gas”.
  Refiere que es CEO y presidente de Profit Corporation C.A., a la que señala como “empresa líder en el mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, adquisiciones y construcción”

  Del mismo modo, informa que dirige Yakima Trading Corporation, la cual ofrece servicio para la industria de petróleo y gas venezolanos, “incluida la negociación de materiales ferrosos, así como en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar equipos para la industria petrolera”.

  Otra empresa de la que da cuenta López Bello como parte de sus haberes, es Postar, compañía de logística que se encargaba de conseguir materiales de construcción para enviarlos Venezuela en kits de viviendas de fácil acceso para personas de bajos recursos.

  También se presenta como una persona dedicada a actividades humanitarias en Venezuela a través de “The Profit Foundation” (Fundación Empresas Profit), con la cual brinda apoyo financiero regular a niños en situación de riesgo. Esta fundación habría financiado la construcción de una escuela y centros de atención de salud rural.

Las propiedades de López Bello en EE. UU.

   La demanda hace referencia a las propiedades de Samark López Bello en Estados Unidos afectadas con la medida bloqueo a consecuencia de su designación como SDN por parte de la OFAC. Igualmente cita a las entidades extranjeras propiedad del demandante.

   Entre las propiedades de López Bello, según la OFAC, se encuentran Alfa One, C.A.; Grupo Sahect, C.A.; MFAA Holdings Limited, Profit Corporation C.A., Servicios Tecnológicos Industriales C.A., SMT Tecnología C.A. y Yakima Trading Corporation.

  Hace mención la demanda a que, atendiendo a una solicitud de registro administrativo formulada por López Bello, sobre la designación y bloqueo de sus propiedades de conformidad con la Ley de Kingpin, la OFAC, mediando una carta remitida el 12 de abril de 2017, en la que hacía alusión al bloqueo de 325 Leucadendra Drive en Coral Gables, Florida, identificado con el ID PITK-9310. El registro administrativo no clasificado incluyó el memorándum que evidencia que la propiedad pertenecía al demandante y, además, se proponía el bloqueo de cinco compañías en EE.UU. también controladas por López Bello.

   Asimismo, se refiere que el 22 de mayo de 2017, la OFAC remitió el registro administrativo relacionado con la designación de López Bello y sus empresas, entre las cuales se hacía referencia a ciertas empresas, su avión y otros bienes raíces y activos en los Estados Unidos, identificado como caso ID FNK-6137.

 Indica la demanda respecto a este punto, que este registro administrativo incluyó el memorando de evidencias que llevó al organismo gubernamental a establecer que Samark López Bello cumple con los criterios de designación bajo la Ley de Kingpin. Según OFAC, "la información presentada [en el Memorándum] proporciona motivos para creer que [López Bello] es una persona extranjera que está asistiendo materialmente, o brinda apoyo financiero o tecnológico para o, o proporciona bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami, y está actuando por o en nombre de El Aissami".

   Se hace un recuento de las propiedades de López Bello según la OFAC que, primero, refiere cuáles son las entidades extranjeras que cumplen lo estipulado bajo 21 U.S.C. § 1904 (b) (3) para tal designación y que, a saber, son Profit Corporation C.A., registrada en Venezuela; Yakima Trading Corporation, registrada en Panamá; Grupo Sahect C.A.(Venezuela); ALFA ONE C.A. (Venezuela); SMT Tecnología C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Yakima Oil Trading LLP (Reino Unido).

  Respecto a las compañías basadas en los Estados Unidos y otras propiedades que la OFAC sostiene están en control del demandante, está 1425 Brickell Ave 63-F LLC, registrada en la Florida; 1425 Brickell Ave 63-F LLC (Florida); 1425 Brickell Avenue Unit 46b (Florida); 1425 Brickell Avenue 64E LLC (Florida); Agusta Grand I LLC (Delaware); 200G PSA Holdings LLC (Delaware); todas ajustadas a la designación de conformidad con [21 USC § 1904 (b)].

   La OFAC también determinó que tiene "razones para creer que un Gulfstream 200 con el número de registro de aeronaves FAA N200vr es una aeronave propiedad o controlada por 200 g de Holdings LLC" y que esta aeronave se identificará en la lista de SDN de OFAC de conformidad con 21 U.S.C. § 1904 (b).

Sin sustento legal

   Se advierte que la OFAC no ofrece suficientes bases de ley que sustenten sus afirmaciones, las cuales terminan básicamente basadas, no en evidencias, sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está “vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares”.

  Subrayan que la OFAC no evalúa la credibilidad del artículo de Reportero-24 ni la base para que la agencia diera por ciertas las afirmaciones de este. Tampoco se evidencia que la OFAC haya corroborado la veracidad de esta información ni de que López Bello es el testaferro de Tareck El Aissami.

   Sostiene la demanda que, en ninguna parte del memorando, la OFAC establece su evidencia acerca de cómo Samark López Bello asiste materialmente o brinda apoyo financiero o tecnológico o proporciona bienes o servicios en apoyo del tráfico internacional de narcóticos de Tareck El Aissami.

Resúmenes no clasificados

   La demanda hace referencia a una serie de resúmenes no clasificados en los cuales se hacen afirmaciones respecto a Samark López Bello, indicando que el primero de estos documentos declara al demandante como testaferro de Tareck El Aissami, lo cual “Además de ser falso, este resumen no identifica ninguna conducta sancionable ni cómo esta caracterización de López Bello se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami”.

   El segundo resumen no clasificado de OFAC establece, en parte, que López Bello "está a cargo de las ganancias de los medicamentos para el lavado de [PDVSA] y organizar las rutas de cocaína aérea y marítimo para transportar cocaína a Oriente Medio y Asia". Sobre esto, la demanda sostiene que es falso y no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami.

  Se remite la demanda al segundo resumen no clasificado donde se alega que López Bello "fue utilizado por El Aissami” para comprar y manipular noticias en Venezuela, especialmente aquellas críticas del régimen de Chávez, lo cual se habría hecho con fondos gubernamentales para influir en la opinión pública venezolana. Se indica que el resumen no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami y tampoco informa cómo López Bello actúa por o en nombre de un SDNT, puesto que para ese momento no había sido designado como tal.

  Entretanto, el tercer resumen no clasificado de OFAC establece que López Bello es el" representante de Negocios", "gerente financiero" y "lavador de dinero” de Tareck El Aissami, lo cual cataloga de falso y de no señalar quién identificó a López Bello como tal, ni cómo se evaluaron estas afirmaciones n la veracidad de las mismas.

  Respecto al cuarto resumen no clasificado de OFAC alega la demanda que la afirmación de que López Bello "maneja asuntos financieros para El Aissami" y "gestiona los bonos venezolanos, como parte privada, y lleva a cabo acuerdos no específicos que generan beneficios significativos", son absolutamente falsas y no explican cómo se apoyaron las actividades internacionales de narcóticos internacionales de El Aissami.

   Se alerta en la demanda que la fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York en su acusación del 8 de marzo de 2019 contra Samark López Bello, lo señala de cargos penales por violaciones de la Ley de Kingpin, pero, en ningún momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos penales contra López Bello por tráfico de narcóticos o lavado de dinero.

   Además de hacer un recuento de las propiedades y cuentas bancarias bloqueadas, Samark López Bello hace referencia a los daños económicos y morales que las acciones de la OFAC en su contra, le han ocasionado.

El reclamo de López Bello

  La demanda de Samark López Bello contra la OFAC del departamento de Estado y el director de esta entidad, Bradley Smith, comprende siete cargos que sostienen que su designación bajo la Ley de Kingpin constituye una acción arbitraria y caprichosa en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo; que la designación excede la jurisdicción estatutaria, limitaciones o autoridades en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo; que los acusados no lo notificaron de manera justa cuando lo designaron bajo la Ley de Kingpin en violación de la cláusula de debido proceso de la quinta enmienda; que la designación bajo la Ley de Kingpin y la imposición de sanciones sobre él y sus propiedades viola su derecho de la Cuarta Enmienda a estar libres de convulsiones irrazonables; que la designación según la ley de Kingpin es contraria al derecho constitucional; que la designación y el incumplimiento del aviso violan su quinto derecho de enmienda al debido proceso; y porque el incumplimiento de la notificación de las razones de la designación de López Bello bajo la Ley de Kingpin, viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

  López Bello pide al Tribunal para el Distrito de Columbia que se ordene a los demandados a rescindir su designación y la de sus empresas bajo la Ley de Kingpin; declarar ilegal su designación como SDNT; declarar ilegal la designación de sus empresas; que los demandados divulguen la evidencia que los llevó a su designación bajo la Ley de Kingpin; un premio de los costos y honorarios de abogados bajo la Ley de Justicia Igual Acceso a la Justicia; y cualquier otra disposición aplicable de la ley y beneficio que se considere apropiado.

jueves, 22 de abril de 2021

Extraña "empresa" off shore panameña demandó a PDVSA en Nueva York por más de $333 millones por incumplimiento de pagos de capital e intereses de Bonos

  Desde 2017, la empresa registrada en Panamá dejó de percibir el pago de las obligaciones por parte de la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

   Ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la empresa Syracuse Mountains Corporation demandó a Petróleos de Venezuela S.A. y a República Bolivariana de Venezuela por el incumplimiento de contrato al no cumplir con los pagos de capital e intereses derivados de la tenencia de bonos emitidos por PDVSA y de los que la demandante es beneficiario final.



  Lo curioso de la demanda es que la demandante reclama pagos vencidos y no cancelados desde 2017, a pesar de ser una compañía registrada en Panamá sólo a finales de 2020.

  Syracuse Mountains Corporation, de acuerdo a información del portal Open Corporates, es una firma registrada en panamá el 18 de noviembre de 2020, bajo el número 155699100.

  Los verdaderos dueños de la empresa no son públicos, la misma está registrada por una agente legal Rosas y Rosas, mientras que en la presidencia y dirección se encuentra Ana Julia de Velarde; Ilka de López es director y tesorero; son suscriptores Juan Carlos Rosas y Rosa Mari Molino; entretanto Viviana Raquel de Gracia es directora y secretaria[1].

   En esta entrega, damos a conocer los detalles de la demanda interpuesta contra PDVSA, la cual reclama ante la corte de Manhattan se dicte sentencia a su favor y en contra de la petrolera, otorgándole daños y perjuicios en una cantidad a ser probada, pero que en ningún caso sea menor que los pagos de interés y capital requeridos contractualmente.

  Del mismo modo, Syracuse exige el pago de los honorarios y costos en que ha incurrido en el proceso judicial, tales como la cancelación de abogados; intereses previos y posteriores al juicio; y cualquier otra reparación adicional que el Tribunal considere justa y equitativa.

Los hechos y la jurisdicción del tribunal

   PDVSA emitió las Obligaciones Negociables de conformidad con una serie de contratos de emisión que emitió el 12 de abril de 2007, el 17 de febrero de 2011, el 17 de noviembre de 2011, 17 de mayo de 2012 y 15 de noviembre de 2013.

   En los Acuerdos de emisión y los memorandos de oferta de los Bonos, PDVSA se comprometió incondicionalmente a realizar pagos de capital e intereses programados periódicamente a los tenedores de los referidos Bonos, pero la estatal petrolera venezolana no ha cumplido con estos pagos y ha incumplido con sus obligaciones en virtud del Contrato y las Obligaciones Negociables.

  Ante tales circunstancias y en procura de su alivio, Syracuse Mountains Corporation busca el pago del capital e intereses devengados y no pagados de los Bonos en su poder, según lo dispuesto en los contratos, en virtud de los Bonos y de la ley de Nueva York.

   Los demandantes acuden ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el cual estiman, tiene jurisdicción para conocer la causa bajo 28 U.S.C. § 1330 porque se trata de una acción civil sin perjuicio contra una sociedad anónima de capital extranjero de propiedad directa de la República, que es un Estado extranjero.

  Refieren que PDVSA renunció explícita e incondicionalmente a la inmunidad soberana en virtud de la Sección 10.10 (a) y (c) de los Fideicomisos con respecto a las acciones que surjan de o se basen en los Fórmulas en sí mismas, por parte de los tenedores de los Bonos emitidos en virtud de los mismos y, por lo tanto, no tiene derecho a inmunidad bajo 28 USC § 1605-07 o bajo cualquier otro acuerdo internacional aplicable.

  Agregan que la corte neoyorquina tiene jurisdicción personal porque PDVSA consintió en la Sección 10.10 (a) de los contratos, someterse a la jurisdicción de dicho tribunal con respecto a las acciones de los tenedores de los Bonos emitidos.

Los incumplimientos de pago

  La demanda, luego de definir cada uno de los contratos suscritos, expone que PDVSA no realizó pagos de intereses sobre los pagarés, de los cuales Syracuse es un beneficiario efectivo.

  A saber, los papeles en manos de Syracuse son, en primer lugar, una Notas identificadas 2021 Notes, con una tasa del 9,00 por ciento de interés, con vencimiento el 17 de noviembre de 2021 y que experimentaron incumplimiento de pagos de intereses en mayo y noviembre de 2017, por USD 2.000.000.

  Las 2022 Notes, con vencimiento al 17 de febrero de 2022, con tasa de 12,75 por ciento, con pago vencido de intereses en febrero y agosto de 2017, por USD 214.150.000.

  Las 2026 Notes, con tasa del 6,00 por ciento, con intereses vencidos en mayo y noviembre de 2015, por USD 20.000.000.

  Las Notes 2027, con fecha de vencimiento el 12 de abril de 2027, por USD 28.000.000.

  Las Notes 2035, con tasa de interés de 9,75 por ciento, con vencimiento el 17 de mayo de 2035, con pagos caídos de intereses en mayo y noviembre de 2017, por USD 69.150.000.

   PDVSA dejó de cumplir con el pago de intereses a partir de finales de 2017.

  Específicamente, la petrolera incumplió el pago de 9:00% 2021 Notas que debía cancelar el 17 de noviembre de 2017, el 17 de mayo de 2018, el 17 de noviembre de 2018, el 17 de mayo de 2019, el 17 de noviembre de 2019, el 17 de mayo de 2020 y 17 de noviembre de 2020.

   Las 12,75% 2022 Notas, debían cancelarse y no ocurrió así el 17 de febrero de 2018, el 17 de agosto de 2018, el 17 de febrero de 2019, el 17 de agosto de 2019, el 17 de febrero y 17 de agosto de 2020, el 17 de febrero de 2021.

   Las 6.00% 2026 Notas, debían cancelarse el 15 de noviembre de 2017, el 15 de mayo de 2018, el 15 de noviembre de 2018, el 15 de mayo de 2019, el 15 de noviembre de 2019, el 15 de mayo de 2020 y el 15 de noviembre de 2020.

   Las 5.375% 2027 Notas, había que cancelarlas el 12 de abril de 2018, el 12 de octubre de 2018, el 12 de abril de 2019, el 12 de octubre de 2019, el 12 de abril de 2020 y el 12 de octubre de 2020.

   Las 9,75% 2035 Notas, tenían fecha de cancelación de intereses el 17 de noviembre de 2017, el 17 de mayo de 2018, el 17 de noviembre de 2018, el 17 de mayo de 2019, el 17 de noviembre de 2019, el 17 de mayo de 2020 y el 17 de noviembre de 2020.

Los cargos

  Syracuse presentó cinco cargos por incumplimiento de Contrato contra PDVSA ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  El primero de estos cargos sobre las notas al 9% de 2021, vigentes desde noviembre de 2011, con intereses adeudados a partir del 17 de noviembre de 2017.

  El segundo sobre las Obligaciones Negociables al 12,75% de 2022, vigentes desde febrero de 2011, por incumplimiento de pagos de intereses a partir del 17 de febrero de 2018.

  El tercer cargo, por incumplimiento sobre las Notas al 6% de 2026, vigentes desde 2013, con pagos caídos a partir del 15 de noviembre de 2017.

 El cuarto cargo, por Incumplimiento de Contrato sobre las Obligaciones Negociables al 5.375% de 2027, vigentes desde 2007, con vencimientos no cumplidos a partir del 12 de abril de 2018.

  El quinto cargo es por las notas al 9,75% de 2035, vigentes desde 2012, que presentan incumplimiento de pagos de intereses a partir del 17 de noviembre de 2017.

[1] OpenCorporates. Syracuse Mountains Corporation. https://opencorporates.com/companies/pa/155699100

lunes, 22 de marzo de 2021

Las relaciones con el poder y la policía garantizaron el éxito de los negocios de narcotráfico de Geovanny Fuentes Ramírez

  Su ascendente con altos funcionarios gubernamentales y policiales se convirtió en el atractivo de sus operaciones de narcotráfico.

Por Maibort Petit

   Uno de los aportes más significativos del testimonio que Devis Leonel Rivera Maradiaga rindió ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, fue que el éxito y la prosperidad del negocio de narcotráfico de este último se debía a sus conexiones con la policía, el poder militar y político en Honduras, lo cual incluía presidentes, alcaldes, representantes del Congreso, generales militares y jefes de policía.

  Rivera Maradiaga, exlíder del cártel de “Los Cachiros” quien mantuvo una sociedad con Fuentes Rivera que se extendió entre 2011 y 2013, dijo en el tribunal que la ascendencia que este último tenía en la policía era tal que, con una llamada a sus contactos, lograba que se retiraran los puestos de control a lo largo de la carretera por donde él planeaba transportar sus cargamentos de droga.

   Narró que él se reunió con Melvin Sanders, alias “Metro” en el taller mecánico "Torres Servicio", ubicado en San Pedro Sula, para discutir los contactos de Geovanny Fuentes Rivera con la policía hondureña. Rivera Maradiaga había conocido de las relaciones del hoy acusado con la Policía Nacional de San Pedro Sula, los cuales “trabajaban”, tanto para Fuentes Ramírez, como para un narcotraficante conocido como "Paico".

  Rivera Maradiaga precisó que entre los nombres de metro le refirió como contactos de Fuentes Ramírez en la policía, estaban el coronel Motiño; el Comisionado Martínez, quien fue un alto oficial de la Policía Nacional de Honduras; el oficial Nuila; el oficial Roja. Todos estos policías trabajarían con Rivera Maradiaga, Metro y Geovanny Fuentes Ramírez, escoltando los envíos de cocaína, resolviendo cualquier inconveniente, o haciendo cualquier otra cosa que fuera necesaria para garantizar el éxito de las operaciones.Los contactos policiales utilizados por los narcotraficantes estaban ubicados en todas partes de Honduras.

  Apuntó Rivera Maradiaga que, durante uno de los envíos de drogas, uno de sus trabajadores fue arrestado en la carretera mientras estaba fuertemente armado en el traslado de un cargamento. De inmediato, Fuentes Ramírez llamó al Comisionado de Policía Martínez para pedirle que llamara al oficial responsable del arresto y ordenara la liberación, pero este no respondió. Entonces, Fuentes llamó al actual alcalde de Choloma y precandidato al Congreso por el Partido Liberal, Leopoldo Crivelli, conocido como “Polo” Crivelli, para pedirle la liberación del hombre y este fue puesto en libertad y le devolvieron su arma.

  Refirió Rivera Maradiaga que Leopoldo Crivelli también informaba a Geovanny Fuentes Rivera sobre las fechas en que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de Tegucigalpa o San Pedro Sula, planificaba realizar operaciones en Choloma. Esta información le permitía a Fuentes sacar cualquier arma de su casa para no tener problemas si la allanaban.

El laboratorio de drogas

  Geovanny Fuentes Rivera le pidió a Devis Rivera Maradiaga que invirtiera entre USD 300.000 y USD 500.000 para ayudar a traer la base de cocaína de Colombia al laboratorio de drogas. Rivera Maradiaga respondió que lo pensaría, pero dejó sentado que no estaba interesado porque era un riesgo adicional llevar la base de cocaína al país, pues podía ser incautada. Para él no tenía sentido la inversión, pues solamente importaba cocaína terminada.

  Durante esa reunión sobre la inversión del laboratorio de drogas, Rivera Maradiaga compró dos autos a Fuentes Ramírez para "ayudarlo". Se trataba de dos vehículos valorados en USD 20.000 cada uno, pero por los cuales pagó USD 70.000 en billetes de 20.

   Pero esa no fue la única conversación sostenida en torno a establecer una sociedad en el laboratorio de drogas, pues Geovanny Fuentes Rivera, “Metro” y Devis Rivera Maradiaga sostuvieron otras reuniones para discutir el asunto.

  Las citas tenían lugar en un taller mecánico llamado “Torres Servicio”, lugar donde se acondicionaban los vehículos utilizados para transportar drogas.

Policía investiga el laboratorio

   Durante su declaración ante el Tribunal del distrito Sur de Nueva York, Devis Rivera Maradiaga dijo que, en fecha no especificada, “Metro” concertó otra reunión con él para discutir sobre el laboratorio de drogas ubicado en los cerros del departamento de Cortés.

  Fuentes Ramírez le manifestó a Rivera Maradiaga su preocupación por el hecho de que la policía de San Pedro Sula estuviera investigando el laboratorio, el cual operaba en una propiedad de un comerciante local llamado Fuad Jarufe.

  A través del hijo del alcalde de Choloma, “Polito Crivelli”, Fuentes Ramírez se había enterado de la investigación. Supo que José Miguel Handal Pérez (a) “Chepe” Handal, le dijo a Crivelli del asunto a objeto de que procediera a manejar a la policía para evitarlo. Advertía Handal que cualquier investigación establecería la relación del laboratorio con Geovanny Fuentes Ramírez.

  Por ello, Fuentes le pidió a Rivera que a través de sus contactos averiguara sobre la posible investigación del laboratorio. Rivera Maradiaga contactó a Carlos Valladares, de la policía de investigaciones, quien se encargaría de la averiguación.    

Los envíos de droga

  El testimonio de Devis Rivera Maradiaga también versó sobre los envíos de droga que, según dijo, se recibieron cargamentos en varias partes del país, los cuales arribaron a los departamentos de Cortés, Gracias a Dios, Yoro, áreas en Santa Rosa de Copán, incluyendo El Espíritu, Copán; San Esteban, Olancho; entre otros.

 Durante el testimonio se habló en especificó de tres envíos de droga en los que Fuentes Ramírez estuvo involucrado.

  En primer término, dijo que, en 2011, él se comunicó con Geovanny Fuentes Ramírez a través de “Metro” para informarle que la cocaína procedía de Venezuela y para que escoltara la carga. Se trataba del primer trabajo de Fuentes y Rivera juntos.

  Refirió que el avión transportaba entre 425 y 530 kilos de cocaína que fueron desembarcados en el Valle de Sico y luego llevados a una finca en la vereda El Tigre, ambas localidades del departamento de Colón. Luego la carga se llevó a El Espíritu, Copán.

  Todos los hombres iban armados, Fuentes Rivera con AR-15, Glock verde con selector; Metro con lanzagranadas y pistola dorada; Rivera Maradiaga con AR15 y 93R. El resto del equipo también estaba armado. Acotó que Geovanny también llevaba un pequeño lanzagranadas conocido como "El Moñito" o "El Mono" para ayudar a proteger las drogas.

  Narró que “Metro” llevó un carro con compartimentos secretos que estaban llenos de armas para brindar seguridad al cargamento de drogas. La cocaína se contaba en la finca y se colocaba en compartimentos secretos dentro del NPR (tipo de camión que suele tener aproximadamente 12 pies de largo). Geovanny Fuentes Ramírez tenía tres o cuatro vehículos adicionales por seguridad y dijo que viajaría detrás del camión. La previsión era que, si se encontraba con un puesto de control policial, llamaría a sus contactos, específicamente al comisionado de policía Martínez para que la policía retirara el puesto de control.

  Rivera Maradiaga dijo al tribunal que el cargamento fue entregado a los hermanos Luis y Arnulfo Valle Valle, en El Espíritu (Copán) en su finca. Rivera Maradiaga pagó a Metro y a Fuentes Ramírez entre USD 60.000 y  USD 70.000 en persona para este envío.

  Seguidamente, a instancia de los fiscales, Devis Rivera Maradiaga hizo referencia a otro envío de cocaína, el cual tuvo lugar 3 o 4 meses después del segundo envío. Dijo que se comunicó con Fuentes Ramírez a través de “Metro” pidiéndole que se trasladara a Tocoa a recibir otro envío.

  El avión de la droga transportaba entre 500 y 700 kilos de cocaína y llegó a San Esteban, Olancho, a una pista de aterrizaje clandestina controlada por Fredy Nájera (un exrepresentante del Congreso que se declaró culpable en Estados Unidos con quien Riviera traficaba).

  Se trataba de una cocaína que a Rivera le había vendido Rafael Sierra, uno de los líderes del cartel de Rentería, la cual vendieron luego a los hermanos Valle Valle y entregada en El Espíritu, Copán.

  A su arribo a destino, la cocaína fue llevada a un rancho en Zamoro, Colón donde se encontraban Geovanny Fuentes Ramírez, “Metro”, el camionero y el colombiano de Rentería (“Yuca”).

 Por este cargamento, Rivera Maradiaga pagó Geovanny Fuentes Ramírez en efectivo y en persona.

 El tercer envío a que se hizo referencia en el juicio durante el testimonio de Rivera Maradiaga, el cual ocurrió en 2012, el cual se hizo en otro avión cargado de cocaína procedente de Colombia, el cual quería que Fuentes Ramírez lo recibiera.

  El avión llevaba entre 425 y 500 kilos de cocaína y aterrizó en una pista clandestina junto al río en Baracoa, en el departamento de Cortés, en una zona conocida como “Tapón de los Ojos”, la cual estaba bajo el control de Geovanny Fuentes Ramírez. La droga la recibió “Jack”, un narcotraficante guatemalteco que luego la iba a vender a mexicanos que, a su vez, la venderían en Estados Unidos.

   El avión aterrizó en la franja y Fuentes Ramírez transportó la carga en camión a los hermanos Valle en El Espíritu, Copán, quienes luego se lo entregaron a “Jack”, quien pagó a Rivera Maradiaga el 10 por ciento de la cocaína. Rivera usó después la cocaína para pagar Fuentes y a Metro.





viernes, 6 de noviembre de 2020

Nervis Villalobos Cárdenas: ex-funcionario chavista vinculado a varios casos de corrupción

   La justicia de varios países lo reclama para procesarlo por los delitos presuntamente cometidos.

Por Maibort Petit

   El nombre de Nervis Villalobos Cárdenas ha adquirido notable resonancia a la hora de hablar de la corrupción imperante en Venezuela, toda vez que figura en una serie de casos que han significado la pérdida de miles de millones de dólares del erario público.

   Natural de Maracaibo y casado con Milagros Coromoto Torres. Ingeniero eléctrico egresado de la Universidad del Zulia, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, se desempeñó como viceministro de energía eléctrica durante la presidencia del finado expresidente, Hugo Chávez Frías. A este viceministerio llegó de la mano de Rafael Ramírez. De hecho, en varias oportunidades, fue nombrado encargado del Ministerio de Energía y Minas, cuando Ramírez se ausentaba.

   También fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque. Antes de esta posición trabajo en Enelven donde ocupó cargos gerenciales.

  En la cartera eléctrica, Villalobos Cárdenas se encargó de planes de incremento de la generación eléctrica, a través de proyectos que luego fueron denunciados como focos de corrupción.

  El portal Poderopedia[1] refiere que desde el inicio de su gestión en la administración pública comenzaron a surgir denuncias sobre las irregularidades supuestamente por él cometidas. La Consultoría Jurídica de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), advirtió en 2003 que una serie de evidencias señalaban la comisión de irregularidades en la ejecución de 8 mil millones de bolívares por parte del Ministerio de Energía y Minas correspondientes a un contrato para una campaña de concientización del ahorro energético destinada a varios canales de televisión. Precisaron los abogados de Fundelec que Villalobos Cárdenas, que para entonces era director general de Energía del ministerio, suscribió los contratos con las televisoras aún cuando carecía de facultades para ello. Por este mismo caso fue objeto de investigación por parte de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

Denunciado por Tascón

  Para el año 2007, el fallecido diputado oficialista, Luis Tascón, lo denunció de ser responsable de contratar empresas incursas en malversación de fondos en la construcción de la central eléctrica Fabricio Ojeda, mejor conocida como La Vueltosa, ubicada en el estado Mérida. El parlamentario acusó una presunta estafa de USD 60 millones en aquel proyecto y dijo que Villalobos, incluso contravino las observaciones formuladas por el personal técnico.

  Desde el año 2009 tiene a su cargo la dirección de la empresa Ingeniería Gestión Proyectos Energía, C. A. de la cual es propietario del 50 por ciento de las acciones. Su esposa es dueña del restado 50 por ciento. Se trata de una compañía que ofrece servicios de ingeniería eléctrica y figura en el Registro Nacional de Contratistas con dos contratos de asesoría para la compañía Logistic Logs Cargo, C.A., que a su vez presta servicios de transporte y almacenaje para la Electricidad de Caracas.

  Además de viceministro de energía eléctrica, Nervis Villalobo ocupó en paralelo la presidencia de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe) y anunció desde 2005 una inversión millonaria de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en obras eléctricas para enfrentar la crisis eléctrica.

Socio de los bolichicos

  Fue señalado por el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, como el responsable de ofertar sobornos de parte de la empresa Derwick Associates ante el exministro Rafael Ramírez.

  Villalobos lo negó y aseguró que sólo se dedicaba a la consultoría. Un reportaje de Últimas Noticias publicado en diciembre de 2012, refiere que Nervis Villalobos era usuario frecuente del mismo avión con siglas de EE. UU. empleado por los directivos de Derwick.

  El diario zuliano La Verdad publicó en octubre de 2014 una nota en la que se hacía referencia a otros hechos de corrupción en la construcción la planta de generación Termozulia IV, ubicada en el Complejo Termozulia, en el municipio La Cañada de Urdaneta de esa entidad. El trabajo periodístico mostraba un documento de la empresa contratista estadounidense Energy Parts Solutions, el cual indicaba que por lo menos USD 9,3 millones de los USD 66 millones destinados por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para la compra de dos turbinas, fueron desviados para el pago de “comisiones”.

Con la plata en Andorra

   El diario español El Mundo publicó en marzo de 2015, una nota en la que a Nervis Villalobos se le incluía entre un grupo de altos jerarcas del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y el Banco Privado de Andorra. Dichos ahorros en dólares supuestamente era dinero proveniente de las comisiones obtenidas en negociaciones irregulares con la empresa española Duro Felguera, la cual en 2009 obtuvo el contrato para construir la central eléctrica El Sitio en los Valles del Tuy, Miranda, por más de USD 2.000 millones.

   Y es que Villalobos Cárdenas figura junto a Diego Salazar y Omar Farías Luces, en la rogatoria internacional que la jueza de instrucción de delitos económicos, Canólic Mingorance Cairat, de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra remitió a la Fiscalía General de la de Venezuela en 2012.

  El documento muestra los movimientos de cuentas que Villalobos, Salazar y Farías Luces, realizaron en la BPA a través de un conjunto de empresas de fachada, lo cual les permitió lavar el dinero proveniente de comisiones cobradas a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA[2].

La empresa en España

  El portal KonZapata reveló en 2015 que Nervis Villalobos y su esposa, Milagros Coromoto Torres, son propietarios de una empresa registrada en Madrid de nombre Kingsway Europe SI, la cual tiene un capital de 1.5 millones de euros. Agrega la reseña que el 13 de octubre de 2014 se hizo una actualización del registro y el capital se elevó a 3 millones de euros.

  Por su parte, el portal El Confidencial recogió en una nota en septiembre de 2016 las declaraciones de Nervis Villalobos en las que negó las irregularidades acusadas en el cobro que recibió en Banco Madrid.

El caso KCT

  Nervis Villalobos igualmente se vio involucrado en el caso de los empresarios cubano-americanos Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, quienes fueron encontrados culpables por un jurado de Nueva York por ayudar a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano, así como a varios contratistas que recibieron que negociaron irregularmente con PDVSA y Corpoelec para atender la emergencia eléctrica.

  Durante el juicio se conoció que los Díaz usaron su empresa Miami Equipment & Export para transferir más de USD 100 millones a varias empresas venezolanas, que de este modo triangulaban pagos de sobornos a funcionarios y ex funcionarios chavistas con cuentas bancarias en paraísos fiscales. Entre estos los funcionarios se encontraba Nervis Villalobos Cárdenas, así como Fidel Ramírez Carreño (hermano de Rafael Ramírez), Enrique Rafael Cid Montes (asesor del exministro de Energía y Minas, Jesse Chacón), Mario Vega Pérez (Ingeniero empleado de Cadafe), José Luis Léon, Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe), José V. Rangel Mendoza y Ali Enrique Matute Tovar (Corpoelec y Cadafe).

  En este proceso se supo que Nervis G. Villalobos Cárdenas recibió millones por asesorías que llevó a cabo, pues los expertos del FinCEn mostraron un balance que señalaba que el exviceministro de Energía Eléctrica recibió de la empresa de los acusados más de USD 17 millones a través de la empresa Kingsway LDA. Los fiscales mostraron falsas facturas firmadas por Villalobos Cárdenas donde se reflejaba que había hecho asesorías en varios proyectos de ingeniería, entre ellos destacaba uno en la planta termoeléctrica Bajo Grande, ubicada en el estado Zulia[3].

Acusado en EE. UU.

  Atendiendo a una orden de arresto emitida en su contra en Estados Unidos, Nervis Villalobos fue detenido el 26 de octubre de 2017 en España. Los cargos imputados son por su presunta participación en un plan de sobornos relacionado con PDVSA.

  Además de Villalobos, la Guardia Civil española detuvo a Luis Carlos de León y César Rincón Godoy, pues el Departamento de Justicia los acusa de diseñar un esquema de corrupción en PDVSA en Houston que significó, supuestamente, la malversación de fondos destinados a atender la emergencia eléctrica en Venezuela.

   En la acusación aprobada por un Gran jurado con contra de Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Bariven, así como contra dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela, se conoció el esquema de corrupción que incluyó el pago de más de USD mil millones en coimas que condujo a la cárcel a más de 20 personas, entre ellos Roberto Rincón y Abraham Shiera.

   En los alegatos generales de la acusación se refiere que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al pagar sobornos a oficiales de PDVSA, a través de Bariven en su sede en Houston.

  Entre 2011 y 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. También brindaron "los servicios" de gestoría para lograr que la petrolera les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó la estatal en el período en el que se desarrolló la conspiración[4].

Ante la justicia

   Un juzgado de Andorra lo procesó el 13 de septiembre de 2018, por su presunta vinculación en la legitimación de capitales en establecimiento bancario y por su supuesta pertenencia a una red de corrupción que entre 2007 y 2012, cobró sobornos de empresas a cambio de la adjudicación de contratos de PDVSA. Nervis Villalobos habría movilizado 124 millones de euros a través de una decena de depósitos en Andorra.

  La Audiencia Provincial de Madrid admitió el 14 de septiembre de 2018, el recurso que la defensa de Villalobos —detenido en octubre de 2017 y en libertad desde el 11 de octubre de 2018— interpuso contra su detención dictada por un juez en mayo de 2018. La orden de arresto del magistrado obedeció a una investigación por un delito de lavado de dinero que supondría una transferencia de casi USD 7 millones que Villalobos hizo entre octubre de 2011 y junio de 2012 a la sucursal en Lisboa del Banco Madrid. La Audiencia consideró que “en el presente momento no se ve con suficiente claridad” que la transacción “pueda desembocar en una condena penal”.

   Un trabajo de investigación de El País dio a conocer que la empresa energética vasca Elecnor, supuestamente pagó USD 11,5 millones a Villalobos. Esto habría ocurrido entre 2010 y 2012 para supuestos asesoramientos. Sin embargo, los documentos en poder del diario español indican que Nervis Villalobos otorgó dos contratos a Elecnor, en donde esta se comprometía a pagar un 5 por ciento de comisión a dos empresas del exministro chavista por el proyecto de la planta termoeléctrica Juan Manuel Valdez en Güiria, estado Sucre.

  Y aunque Elecnor  niega la contratación de Villalobos, en uno de los papeles en poder de los tribunales de Andorra al que El País tuvo acceso revela que el entonces director del área internacional de la empresa vasca, Germán Junquera, afirmó que “Nervis Villalobos colabora, asesora y gestiona proyectos para Elecnor S. A. y empresas de su grupo, en el mercado eléctrico en Latinoamérica”. Elecnor se comprometía a pagar un 5 por ciento de comisión a dos sociedades instrumentales de Villalobos por la adjudicación del proyecto de la planta de ciclo combinado Juan Manuel Valdez en Güiria, en el Estado de Sucre[5].

  El 17 de octubre de 2018, Nervis Villalobos fue objeto de una nueva detención por orden del juzgado 41 de Madrid, la cual fue dictada ante el hallazgo de nuevos indicios de que hubiera incurrido en el lavado de USD de 7 millones transferidos al Banco de Madrid.

   Un mes después, en noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente la solicitud de extradición de Villalobos Cárdenas para procesarlo judicialmente por la presunta comisión delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.

   Posteriormente, a principios de 2019, España autorizó la extradición a Estados Unidos por seis meses.

  El País reveló también en mayo que Nervis Villalobos mediante un entramado empresarial internacional con vínculos en España, supuestamente lavó 53,4 millones de euros de fondos provenientes de la corrupción en Venezuela, de acuerdo a lo que arrojó la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía Nacional. Villalobos habría contratado al experto portugués en blanqueo, Hugo Ramalho Gois, para legalizar su botín.

    En abril de 2020, Nervis Villalobos, en una entrevista con el diario El Mundo que reprodujo Tal Cual, negó las acusaciones que Estados Unidos ha formulado en su contra las cuales lo señalan de presuntamente estar vinculado a actividades de narcoterrorismo y al habérsele incluido entre un grupo de personas encabezado por Nicolás Maduro y por los cuales se ha ofrecido una recompensa a quien contribuya a su captura.

  Villalobos dijo que no ha estado “ni estará” investigado por el referido delito, esto a pasar de que la DEA lo haya incluido en el esquema del supuesto narcotráfico y recordó que los hechos por los que se le investiga tienen que ver con corrupción. Precisó que su participación en el caso obedece a “haber tenido firma autorizada en una cuenta bancaria suiza que nunca usó ni para disponer de fondos ni para cualquier otro instrumento financiero”.

   Dijo que no guarda relación con el gobierno desde su salida de la administración pública en 2006. “Ese año dejé el Gobierno y no he sido funcionario ni he participado en actividades ilícitas o incompatibles”.

  La nota hace referencia al patrimonio de Nervis Villalobos el cual está compuesto por un “centenar de inmuebles en Marbella, más de 40 plazas de garaje o un chalé en La Moraleja, según el departamento Anticorrupción”[6].

CITAS

[1] Poderopedia. Nervis Villalobos. https://poderopediave.org/persona/nervis-villalobos/

[2] Venezuela Política. “Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas”. 8 de mayo de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/05/asi-pasaron-miles-de-millones-de-pdvsa.html

[3] Venezuela Política. “Jurado declaró culpable a dos empresarios que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios chavistas en Miami”. 16 de noviembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/11/jurado-declaro-culpable-dos-empresarios.html

[4] Venezuela Política. “Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.”. 20 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/javier-alvarado-ochoa-acusado-de-lavado.html

[5] El País. “Una firma española pagó 11 millones a un exviceministro de Chávez tras recibir una obra en Venezuela”. 21 de septiembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/09/20/actualidad/1537457102_535453.html

[6] Tal Cual. “Nervis Villalobos dice que no ha estado ni estará investigado por narcotráfico”. 8 de abril de 2020. https://talcualdigital.com/nervis-villalobos-aseguro-que-no-ha-estado-ni-estara-investigado-por-narcotrafico/


 


 

sábado, 31 de octubre de 2020

Hermanos Khalil Majzoub: ¿Empresarios surgidos a la sombra del chavismo? (II Parte)

  En esta segunda entrega seguimos dando a conocer aspectos relacionados con los empresarios de origen libanés señalados de haberse enriquecido irregularmente gracias a los favores del chavismo.

Por Maibort Petit

  De Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub no solamente se ha dicho que se hicieron millonarios gracias a las supuestas relaciones turbias con la dirigencia chavista, sino que también presuntamente han amparado el terrorismo, el narcotráfico y se han dedicado a la estafa.

   De hecho, en estas páginas damos a conocer una denuncia sobre el supuesto timo que los Khalil Majzoub le hicieron a otro empresario venezolano.

Las acusaciones de Chambra

   Los hermanos Khalil fueron acusados de fraude por otro empresario. Antonio Chambra, presidente de la cadena de tiendas Traki CCB Plus C.A., en 2013, a través de una carta los señaló de haberlo estafado.

  En la misiva, Chambra narró que el 13 mayo del 2013 los llamaron Khaled y Majed Khalil Majzoub para ofrecerle en venta un monto determinado de dólares en una estructura paralela al régimen de cambio de divisas preferenciales que tenía establecido el gobierno venezolano. Explicó que en razón de que no tenía acceso a dólares divisas preferenciales por no operar con productos de primera necesidad, “habitualmente hacemos este tipo de operaciones estructuradas para honrar nuestros compromisos con nuestros proveedores internacionales y mantener nuestras tiendas en óptimo abastecimiento para atender los requerimientos del pueblo venezolano, especialmente los de menores recursos. Razones por las cuales nos mostramos muy interesados en la operación ofrecida por el Sr. Carlos Khalil”.

   Refirió que los parámetros de la operación eran los habituales y conocidos en el mundo financiero, por lo que cerraron la compra de USD 10 millones a la tasa de cambio establecida en BsF.21 por dólar. Acordaron el 17 de mayo como la fecha de pago de los bolívares en las cuentas de los Khalil en Banplus y el 24 de mayo como la fecha de pago de los dólares en cuentas de los proveedores de Chambra en China directamente.

  El pago por parte de Khalil Majzoub no se produjo en la fecha prevista y alegaron “una demora puntual en la logística de PDVSA de donde ellos supuestamente recibirían los fondos, y nos pidieron una semana adicional inicialmente. Luego fueron extendiendo las fechas en días, luego semanas, y luego meses. Ante nuestra preocupación por la falta de pago y de la devaluación agresiva que sufría específicamente la tasa de cambio en el mercado paralelo, ellos siempre mantuvieron su compromiso absoluto de honrar nuestra operación alegando que ellos ya habían comprado las divisas, que estaban en su poder y que era cuestión de días estructurar el pago a cuenta de nuestros proveedores”.

  Indica que fue el 23 de octubre de 2013 cuando los Khalil hicieron dos pagos de un millón de dólares cada uno a dos de los proveedores de Chambra y prometieron hacer el resto de las cancelaciones en las semanas siguientes, lo cual nunca ocurrió. En noviembre del mismo año, “Carlos [Khaled] Khalil nos dijo que el no piensa honrar el pago restante de los US$8 Millones, diciéndonos que si queríamos nos pagaba el equivalente de esos Dólares en Bolívares al tipo de cambio insuficiente de Bs.28 cuando el tipo de cambio paralelo al que nosotros honramos nuestras deudas internacionales para esa fecha ya rondaba los Bs.70”.

  Chambra asegura que, incluso, recibió amenazas personales y económicas por parte de los hermanos Khalil que el propietario de Traki manifestó no estar dispuesto a aceptar. “Es por ello que no estamos dispuestos a dejarnos atropellar por alguien que en vez de apelar a su buena fe y a sus vastos recursos económicos (Documentos adjuntos en anexos diversos donde se demuestra su relación directa a más de 54 empresas y sus posiciones económicas y participación en diversos proyectos adjudicados por el estado) para hacer frente a sus obligaciones, decide apelar a las amenazas y a escudarse en su mal uso y abuso de sus supuestas relaciones, amistades e inclusive sociedades económicas con reconocidas figuras de la política nacional, que no harían más que horrorizarse y repudiar el uso vil, mezquino e injuriante de sus nombres y de su imagen personal y posición pública por parte el Sr. Khaled Khalil con la simple finalidad de extorsionar a comerciantes cuyo único error apostar a la prosperidad y al desarrollo económico de Venezuela de buena fe”[1].

Sobre Majed Khalil Majzoub

  Majed Khalil Majzoub nació el 23 de abril de 1970, es portador de la Cédula de Identidad número V-13.526.338 y está registrado en el la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[2].


De acuerdo al portal Poderopedia[3], se trata de empresario de origen libanés que tiene que ver con un conjunto de empresas que, a saber, son Hardwell Technologies, Pacific Rim Energy, Petroltect Fluidos de Venezuela, Editorial Exito XXI, Serfoca y KK Inversiones, todas registradas en Panamá. En Venezuela mantendría vínculos —según señalan versiones de prensa y surge del cruce de nombres entre las compañías— con Eveba, Sun Channel, Serviseguros y Seguros Universitas. También habría registrado seis firmas en España entre 2012 y 2014.

  Es el hermano menor del también empresario Khaled Khalil Majzoub, dueño de Prospisca, una empresa que es propiedad de la atunera Eveba.
   De los dos hermanos, Majed quien comenzó a amasar su fortuna en 1999, a la par de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, es el que ha tenido más encontronazos con las autoridades, tanto venezolanas como estadounidenses. De hecho, pese a sus relaciones con el chavismo, en febrero de 2010 fue detenido por unos pocos días en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en Boleíta, Caracas, un percance del cual logró salir bien librado por una decisión judicial que lo amparó ante la solicitud de la Fiscalía Militar. 

  La detención obedeció a un proceso por incumplimiento de un contrato de USD 5 millones suscrito con la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar para la compra de la plataforma informática de esa instancia como parte del Proyecto Millenium 2001. El contrato se había otorgado el 31 de diciembre de 2002 a su compañía Hardwell Computer Inc., la cual está registrada en Florida.

  Se había iniciado en 2009 una investigación contra Majed y su empresa por orden de la Fiscalía Militar inició el proceso penal en un tribunal militar. En aquel entonces, Hugo Carvajal se desempeñaba como director de la DIM. A pedido del Ministerio de la Defensa se inició también una demanda civil para el cobro de la fianza a la empresa Seguros Altamira, fiadora de Hardwell.

  Poderopedia refiere que del proceso penal no se tiene más información desde noviembre de 2010, cuando se conoció el levantamiento de la medida de presentación cada ocho días y prohibición de salida del país.

  Aunque ya la información ya no se refleja en El Nuevo Herald, Poderopedia refiere que una nota publicada en ese medio en 2004, bajo la firma del periodista Gerardo Reyes, el gobierno de los Estados Unidos decidió revocar la visa de Khaled Khalil Majzoub. La reseña indicó que “Una fuente cercana a la embajada de EEUU en Caracas, que pidió no ser identificada, dijo que el gobierno federal ha tenido bajo la mira los movimientos financieros y las exportaciones a Venezuela de una empresa en la Florida de la que son socios Majed y su hermano Khaled”.

  Agrega que el empresario le aseguró a Reyes que la embajada le informó que la negativa obedecía a razones de Estado. Majed Khalil Majzoub manifestó su malestar y aseguró que sus relaciones comerciales con EE. UU. eran óptimas y mantenía sus cuentas en ese país, pues no tenía nada que ocultar. Precisó que su empresa Hardwell representaba en Venezuela a Raytheon, “la multinacional de Massachusetts especializada en equipos de defensa y que tiene millonarios contratos con el gobierno de EEUU”.

Los negocios de Majed

  El portal Resistencia 58 revela que Pacific Rim Energy (Prenergy), es una empresa que está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) con el RIF J295000430. Su sede es en El Rosal, Caracas, y su capital de 34 millones de bolívares. Como propietario figura Khaled Khalil Majzoub.

  Agrega que Prenergy suscribió contratos para ejecutar obras del sistema eléctrico venezolano, entre las que cita las termoeléctricas Josefa Camejo (Falcón), Alberto Lovera (Anzoátegui) y Ezequiel Zamora (Guárico).

  Refiere la nota que el diputado a la Asamblea Nacional para la época, Juan José Molina, pidió en 2010, una investigación a Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas, así como sus supuestas vinculaciones a Khaled Khalil Majzoub. El parlamentario dijo que las empresas de Khalil Majzoub eran las “preferidas” del sector público siendo recurrentemente favorecidas con contratos de ejecución de proyectos y prestación de servicios, de los cuales muchos estarían avalados por Cabello. El entonces parlamentario agregó que todos los trabajos eléctricos encargados a la compañía del empresario presentaban retrasos superiores a un año. Molina dijo que se sospechaba que el libanés pudiera ser un “testaferro de Cabello”[4].

  Entretanto, Poderopedia refiere que, en estados Unidos, Majed khalil Majzoub tenía registradas las empresas Hardwell Technologies y Orinoco International Trading, las cuales están inactivas desde 2010.

  Hace mención también a los contratos que Pacific Rim Energy recibió para obras de construcción de plantas eléctricas en 2005 para construir, mencionando este portal la Josefa Camejo, en Paraguaná y la de Cabrutica en Anzoátegui. Esto ocurrió cuando Nervis Villalobos fungía como viceministro de Energía Eléctrica. Cinco años después sólo habían concluido una de las obras.

  Todos los contratos los hizo junto a la estadounidense Pro Energy, que es la empresa que en 2009 se alió con Derwick, para comprar equipos chatarra que vendieron como nuevos y con sobreprecio al estado venezolano. También debieron construir plantas eléctricas por un monto superior a los USD 2 mil millones.

   Igualmente, una información del Diario La Verdad refiere que Majed Khalil Majzoub supuestamente cobró una comisión de USD 8 millones a una empresa de Estados Unidos por el contrato de Termozulia IV[5].

  Una empresa relacionada con Majed, Serviseguros, obtuvo 2012 el contrato por el seguro de HCM de los trabajadores de Cadafe.

  En 2007 registró el Grupo Editorial Exxito 21. Luego se convirtió en productor televisivo y dueño de Sun Channel, canal dedicado a la difusión del turismo. En Madrid inscribió en 2012 una empresa con el mismo nombre. También en España, junto a Sun Channel registró seis dedicadas a diferentes actividades.

  En Venezuela además de Hardwell, Grupo Editorial Exxito 21 y Sun Channel, es propietario o directivo de: Petroltect Fluidos de Venezuela, Serfoca y KK Inversiones, inscrita en Panamá.

Sobre Khalil Majzoub Khaled

   El portal Dateas informa que Khalil Majzoub Khaled nació el 26 de agosto de 1965. Es titular de la Cédula de Identidad número V-6.290.182. está registrado en la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda[6].

   Es licenciado en Farmacia egresado de la Universidad de El Cairo, al tiempo que figura como un importante miembro de la comunidad islámica en Caracas. Dirige las comunicaciones de Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Mezquita de Caracas.

  Asimismo, Poderopedia informa que se trata de un empresario del sector alimentos, energía y tecnológico que está vinculado a más de 15 compañías registradas en Venezuela, Panamá y Barbados. Una de estas firmas es Productos Piscícolas Propisca de la cual es dueño del 100 por ciento de las acciones. Al mismo tiempo, Empaque Venezolano de Bacalao (Eveba), es propietaria de la mayoría de la acciones de Propisca, como también lo es de

  A su vez, la mayoría accionaria de esta firma pertenece a que también es de Proeba y de su planta en Chacopata, estado Sucre.

  Khalil Majzoub Khaled es directivo y dueño de Distribuidora Agromar, de Pacific Rim Energy, de Grupo Orbis y de Hardwell Technologies, empresas en la con su hermano menor, Majed Khalil, comparte propiedad.

 Argenta Zona Libre, Sigma International Services, Kimbra International Corporation y otras, son compañías que posee en Panamá, además de relacionársele con Hevensa. En Barbados inscribió a Pacific Rim Energy.

   Se le vincula con el dirigente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, un rumor en el que se insiste desde que se encuentra al frente de Eveba[7].

  Empresas de los Khalil Majzoub se encuentran entre las compañías con sede en Panamá sancionadas por el gobierno de Nicolás Maduro en 2018.

   Se trata de Casa Blanca, S.A. de Khaled Khalil Majzoub, dueño de la totalidad accionaria de Productos Piscícolas, C.A. (Propisca) con sede en Venezuela. La medida de Maduro fue una acción de reciprocidad para con el gobierno panameño, que a través de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, publicó una lista de 55 venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, entre quienes se encontraban el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello; la ex-presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab y varios ministros[8].

CITAS

[1] El Publique. “Majed Khalil, el mayor contratista de la corrupción en Venezuela”. 10 de marzo de 2020. https://www.elpublique.me/2020/03/majed-khalil-el-mayor-contratista-de-la.html

[2] Dateas. Khalil Majzoub Majed. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-majed-10064798

[3] Poderopedia. Majed Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/majed-khalil-majzoub/

[4] Resistencia58. “Pacific Rim Energy: la empresa favorita de Diosdado Cabello para realizar negocios en el sector eléctrico (+ vídeo)”. 13 de agosto de 2019. https://www.resistenciav58.com/pacific-rim-energy-la-empresa-favorita-de-diosdado-cabello-para-realizar-negocios-en-el-sector-electrico-video/

[5] La Verdad. “El guiso de Termozulia IV”. 30 de septiembre de 2014. http://www.laverdad.com/economia/61195-el-guiso-de-termozulia-iv.html

[6] Dateas. Khalil Majzoub Khaled. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/khalil-majzoub-khaled-10063771

[7] Poderopedia. Khaled Khalil Majzoub. https://poderopediave.org/persona/khaled-khalil-majzoub/

[8] El Estímulo. “Ciudadanos de origen árabe representan varias empresas sancionadas por Maduro”. 6 de abril de 2018. https://elestimulo.com/elinteres/ciudadanos-de-origen-arabe-representan-varias-empresas-sancionadas-por-maduro/


  

lunes, 28 de septiembre de 2020

Nuevos elementos obligan a posponer sentencia de Víctor Mones Coro, acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Tareck El Aissami

 Por Maibort Petit

  Los abogados de Víctor Mones Coro pidieron al juez Alvin K. Hellerstein que cambiara la fecha de las sentencia prevista para el 30 de septiembre de 2020, para el 13 de octubre alegando que de esa manera la Fiscalía tendría más tiempo para incluir en el expediente "el reciente descubrimiento relacionado con una fuente confidencial en este caso", que se trataría del piloto, Alejandro Javier Marín, arrestado el 19 de septiembre de 2020 bajo los cargos de mentir a los agentes federales en relación a unos USD 140 mil de una operación encubierta.

  Los fiscales de este caso, Amanda Houle y Samuel Adelsberg no pusieron objeciones a la petición de la defensa. El juez Hellerstein fijó la nueva fecha para el 21 de octubre de 2020.

   Inicialmente, la sentencia había sido fijada para el 31 de agosto de 2020 y luego fue cambiada para el 30 de septiembre de 2020, y ahora nuevamente para el mes de octubre.

   Víctor Mones Coro, es un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

La acusación

  Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

 Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

  Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.