Mostrando entradas con la etiqueta crimen organizado Venezuela. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta crimen organizado Venezuela. Mostrar todas las entradas

miércoles, 17 de febrero de 2021

Los papeles secretos de Andorra: La poderosa maquinaria de Pdvsa (Parte I)

Por Maibort Petit

   Un documento emanado del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra que se está en nuestro poder, revela como Diego Salazar y otros altos personeros del oficialismo —entre ellos Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Omar Farías Luces— estaban siendo investigados por blanqueo de capitales valiéndose para ello del establecimiento de un sistema que obligaba a empresas al pago de jugosas comisiones para verse beneficiadas con contratos de PDVSA y sus filiales. De este modo, a través de cuentas de los señalados y de sociedades panameñas por ellos controladas ingresaron a la BPA más de dos mil millones de euros.
   AnuncioAmante del vino Pomerol Petrus de 1990 cuyo precio es 5.560 euros la botella, decidió adquirir en diciembre de 2012, 694 unidades del néctar y otras selectas bebidas como Dom Perignon que lo harían extender un pago a favor de Lavinia, en el bulevar de la Madelaine de París, por 493.573 euros. Otras menudencias, como compras en joyerías por tres millones de euros, dos millones en obras de arte, más de medio por alquiler de helicópteros, caviar, jamón, delicatesen, formar su propia orquesta y grabar un disco dada su afición por cantar aunque posea pocos atributos para hacerlo. Comprar por 3,4 millones de euros un centenar de relojes Rolex y Cartier. Pasión y gusto por la buena vida, los placeres y las excentricidades que terminaron delatándolo: una propina de 99 mil euros obsequiada al “concierge” —empleado hotelero encargado de complacer a los clientes— del hotel Crillón en París y que habría llevado a éste a declararla a sus jefes y a estos, a su vez, a referir el hecho a los entes fiscales, encendió las alarmas y dirigió las miradas escrutadoras de las autoridades financieras galas hacia Diego Salazar Carreño.


   Las averiguaciones llevaron a que la Banca Privada de Andorra, BPA, por orden judicial, congelara el 5 de diciembre de 2012, una de las cuentas que Diego Salazar mantenía en esa entidad. Estados Unidos a través de acciones del FBI, fiscales de Miami y Nueva York, había iniciado la investigación y logró rastrear los fondos irregulares de Salazar desde cuentas de empresas de maletín de Belice y Panamá.

   En Venezuela, el 1° de diciembre de 2017, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, había sido detenido por su presunta vinculación al conocido caso de blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra. Quien pasara de ser un modesto vendedor de seguros a un multimillonario egocéntrico fue imputado por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

  Saab también anunció que las investigaciones que adelanta su despacho guardan relación con la utilización de la BPA para lavar más de 4 mil 200 millones de euros. “Hemos decidido abrir una investigación penal (…) al ciudadano Rafael Ramírez (…) porque en uno de los documentos que hemos encontrado el ciudadano Diego Salazar lo señala directamente, lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compraventa de petróleo”, señaló el fiscal, al tiempo que agregó que igualmente por el mismo caso solicitaron la extradición de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica quien “aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal”.

   Hasta ese momento Salazar se habría creído inmune a la justicia —aunque la actuación del fiscal Saab muchas veces parezca más una venganza o la manifestación de una lucha poderes a lo interno del chavismo— creyendo que su parentesco con el exzar petrolero podría mantenerlo a salvo, lejos del alcance de las autoridades no solamente venezolanas, sino también de las internacionales. Pero la caída en desgracia de Rafael Ramírez también lo arrastró a él.


   Desde su arresto en Caracas se encuentra detenido bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según precisó Saab, quien informó que el familiar de Rafael Ramírez es el primer aprehendido de una trama que las investigaciones señalan que podría resultar en la detención de otras personas que integraban esta red de corrupción. En los primeros señalamientos, la fiscalía indicó que los “reportes de movimientos y apertura de cuentas bancarias, traspasos”, así como otros documentos encontrados por el Ministerio Público vinculaban a Salazar Carreño con el blanqueo de capitales a través de una trama de la que fue artífice y que manejó fondos milmillonarios entre los años 2011 y 2012. Los estimados de la fiscalía venezolana ubican en mil 347 millones 339 mil 972 euros el dinero manejado bajo este esquema de corrupción.

   Extra fronteras venezolanas, las investigaciones han determinado que los pagos efectuados por Diego Salazar tenían por detrás un enrevesado mecanismo por el cual se accionaban 37 cuentas bancarias que se manejaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). A su vez, los depósitos en estas cuentas involucraban a sociedades creadas en Panamá. Las averiguaciones emprendidas por la juez de Andorra, Canòlic Mingorance, tratan de rastrear si la red de Salazar se valió de este conjunto de cuentas para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que habrían sido beneficiadas con millonarios contratos de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Según da cuenta El País, después de estas maniobras financieras el dinero era enviado desde el Principado a paraísos fiscales, tales como Suiza o Belice, un objetivo que se lograba valiéndose “de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas”.

 La nota agrega que el periódico español tuvo acceso a las cuentas corrientes de los protagonistas de la trama de corrupción, así como a los detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. Añade que ante el banco andorrano se justificaban los millonarios ingresos de los integrantes de la red —Diego Salazar, los exviceministros de Energía venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado y directivos de PDVSA— bajo la denominación de honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Así se argumentó ante el órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. De acuerdo a las investigaciones, estos supuestos trabajos de asesoría nunca tuvieron lugar. La jueza Mingorance intuye que los involucrados cobraron comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento a empresas extranjeras, especialmente chinas, que luego fueron beneficiadas con contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales. Las averiguaciones del tribunal establecen que los manejos de la red conectan con un acuerdo suscrito entre Venezuela y China que estipula que el primero de los países recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares de parte del segundo a cambio de petróleo.

Sobre Javier Alvarado —expresidente de la Electricidad de Caracas y Bariven— se conoció que las autoridades venezolanas procedieron al allanamiento de su vivienda ubicada en la urbanización La Lagunita, recoge una nota del portal 7 Clicks que reseña una información dada a conocer por el periodista de investigación Casto Ocando. Esto se contradice con la decisión de la jueza 37 en funciones de Control, Luisa Renee Garrido, quien a petición de la Fiscalía dejó sin efecto las órdenes internacionales de aprehensión contra Nervis Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

  El portal agrega que tanto Javier Alvarado, como Nervis Villalobos Cardenas colaboran ahora con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el esclarecimiento de esta trama de corrupción. Indica la reseña que Alvarado salió de España rumbo EE. UU., llevando una amplia información sobre Bariven. Estos detalles no fueron confirmados por ninguna de las fuentes que esta comunicadora tiene en diversas agencias federales.

  Por otra parte, es preciso recordar que Nervis Villalobos y Javier Alvarado también son investigados por el caso de haber recibido presuntos sobornos de Duro Felguera en Venezuela a cambio de contratos.

  Duro Felguera es un grupo empresarial internacional con sede en el Principado de Asturias, (España), que se especializa en la ejecución de proyectos llave en mano para los sectores energético e industrial.

  La Fiscalía Anticorrupción de España ha señalado a Javier Alvarado cuando estuvo al frente de la Electricidad de Caracas en 2009, de haber recibido sobornos de Duro Felguera, empresa que se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros, reseña el portal Expansión.

  En diciembre de 2017 Duro Felguera fue notificada por el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre la admisión a trámite de “la querella formulada contra la compañía por la Fiscalía Especial por los delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales en el caso de supuestos pagos de comisiones ilegales de más de 88 millones de euros a expolíticos y funcionarios venezolanos para la consecución de la obra de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro”, informó el sitio web La Nueva España.

 Tratamos de establecer comunicación con Javier Alvarado Ochoa y con sus supuestos abogados pero hasta el cierre de esta nota no logramos respuesta a nuestra solicitud.
Su debilidad por la ostentación lo delató

La debilidad por lo excéntrico y el derroche, han terminado como indicios que han permitido a las autoridades seguirle la pista, tal como lo señala una nota de El País en la que se refiere que el ostentoso pago de 3,4 millones de euros en joyería, se habría gestionado a través de una sociedad panameña controlada por Salazar.

Igualmente, mediante otra empresa panameña, a saber Josland Investments, Salazar Carreño pagó en 2011 una factura de compra de dos relojes de oro amarillo marca Rolex, por 90.500 euros, un adquisición en la que figura el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, arrestado en Madrid en octubre de 2017 por un caso distinto también investigado en Andorra.

Para Salazar Carreño el lujo y exhibir su fortuna era un asunto vital y así lo demuestra su manía de hospedar a sus relacionados en los mejores hoteles, tal es el caso Javier R. e Irma T., cuyo alojamiento en el Ritz de París corrió por su cuenta pese a que la cuenta alcanzó los 575.000 euros por varias estadías en un periodo de diez años que incluían cargos de 34.216 euros por el alquiler de limusinas y de 6.223 por unos tragos en el bar del establecimiento, el Hemingway.

En 2011 también cubrió la estadía de dos venezolanas en el Four Seasons de París. En esa ocasión la factura sumó 150.000 euros por varias temporadas.

El portal RunRun.es refiere que cuatro altos gerentes de la Banca Privada Andorra aceptaron grandes comisiones para blanquear 2 mil millones de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos entre los que se encontraban los de Salazar. Se trataba de una jugada para “ocultar la procedencia del dinero venezolano a todos los órganos de control”.

Conversaciones de Salazar Carreño habían sido grabadas por la Guardia Civil española y ello permitió en una operación que recibió el nombre de “Clotilde” y que pinchó a Andre Petrov por una serie de acciones irregulares que involucraban a la BPA, que las conversaciones con los venezolanos salieran a flote. Allí Diego Salazar habría admitido poseer una cuenta con 1.000 millones y en “otra, hablan de sobornar a la fiscalía andorrana, acaban de pagarle 80.000 dólares a un jefe de la policía venezolana que ha osado investigarles. Casualmente la petrolera estatal PDVSA, en la que trabaja Salazar y al frente de la cual está su primo el ministro del petróleo, acabará generando una deuda de 90.000 millones. Los investigadores sospechan que es la banca andorrana quien se encarga del desvío de fondos y el blanqueo igual que lo hace con la mafia rusa. El comandante de la Unidad de Información nos los explica con una comparación. Los rusos hablan de 100 millones de euros, los venezolanos de miles de millones de dólares”. Se lee en la reseña del citado portal.

El fiscal dijo que se pensaba que el grupo delictivo de Salazar pudo haber venido funcionando desde el año 2006, estimándose que el monto de los capitales legitimados superará los 4.200 millones de dólares. Añadió que los detenidos estaban vinculados con una compañía conformada por al menos 40 personas, algunos de los cuales son exfuncionarios de PDVSA.

Agregó que esta organización “utilizó aproximadamente 40 empresas fantasmas y unas pocas reales para manejar y blanquear fondos derivados de hechos de corrupción y, a la vez, ocultar la identidad de los beneficiarios”.

Tarek William Saab dijo que estos hechos de corrupción contaron con la complicidad de la Banca Privada de Andorra, la cual ayudó a la conformación de empresas y aceptó efectuar transacciones sin respaldos.

Al frente de todas estas irregularidades, estaba supuestamente, a decir de Saab, Diego Salazar Carreño.

Se conoció que también arrestado José Enrique Luongo, quien junto a Salazar, representaba a la empresa Antigua Omega INC.
El documento del Tribunal Supremo de Justicia de Andorra

En nuestro poder se encuentra un documento oficial de los tiempos en que se inició la averiguación referida líneas arriba y que mundialmente se conoce como el “Caso de Andorra”.


El citado oficio del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra, clasificado con el número 4103434/2012, hace mención a las diligencias previas que arrojaron los primeros señalamientos a conjunto de personas involucrados en hechos de corrupción, entre los cuales se encuentran Diego José Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano Bonet, Luis Pablo Laplana Moraes, José Luis Zabala y Omar Farías Luces.

El documento en nuestras manos es una rogatoria que hacen las autoridades del Principado de Andorra a las autoridades de Francia solicitando información sobre los antes señalados, así como otras personas e instituciones que se sirvieron para instrumentar la trama de legitimación de capitales a través de la BPA.

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra acusó a estas personas de haber cometido presuntamente los delitos de blanqueo masivo de capitales y valores tipificado en el artículo 409 y 410 del Código Penal de ese país. Asimismo, se aclara que Diego José Salazar Carreño es primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, quien para la época de la comisión del delito era el Ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA.

Entretanto, de Nervis Villalobos se dice que fue viceministro de Energía, que Javier Alvarado Ochoa fungió como presidente de la empresa estatal Electricidad de Caracas y Omar Farías Luces era el propietario de una de las empresas del sector seguro más importantes de Venezuela, a saber, Seguros Constitución.

Se indica que Salazar Carreño, Villalobos Cárdenas, Alvarado Ochoa, Farías Luces están acusados de aprovecharse de su influencia en los círculos de poder y de, con la ayuda del resto de las personas imputadas, organizar un sistema de comisiones o sobornos relacionados a los contratos públicos de la petrolera venezolana PDVSA, que establecía que las empresas que accedían a las licitaciones estaban obligadas a contratar con ese entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones. Por este “servicio”, lo imputados cobraban millones de euros por concepto de gastos de asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones. Quedó establecido que los pagos de sobornos eran un requisito imprescindible para conseguir el acceso al mercado público de PDVSA y sus filiales.

Cita el documento que gran parte de los pagos se hacían a través de cuentas de los acusados y de sociedad panameñas controladas por ellos en la entidad bancaria Banca Privada de Andorra, determinándose que por las mismas circularon más de dos mil millones de euros (€2.000.000.000).

En la rogatoria se hace referencia a que la investigación se inició con sustento en una información recibida por la Unidad de Inteligencia de Andorra (UIFAND), del Servicio Lucha contra el Lavado de Dinero del Ministerio de Finanzas francés, TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), relacionada a la averiguación de la sociedad panameña Highlands Assets Corp., desde cuya cuenta en la Banca Privada de Andorra se efectuó una transferencia por USD 99.980,00 a Francia, cuyo beneficiario era un empleado de una cadena hotelera gala, un pago que representaba una gratificación o regalo por los servicios prestados por dicho empleado. La sociedad Highlands Assets Corp. que está bajo investigación, es propiedad de Diego Salazar Carreño, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Se conoció que la averiguación había determinado que los implicados y, principalmente, Diego Salazar Carreño y su hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, donde gastaban millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo. También habrían efectuado transferencias a bancos ubicados en esa ciudad, como el banco Monte Paschi Banque S.A de París.

La citada nota de El País indica que a pesar de que la Banca Privada de Andorra tuvo recelos, terminó abriendo las cuentas bajo sospecha, obviando las advertencias de su unidad de fiscalización interna que alertó la condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), por haber ocupado un cargo público y a quienes debe someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

Hay que apuntar que las autoridades de Andorra intervinieron el BPA en marzo de 2015 luego de que Estados Unidos denunciara que este banco fue empleado por bandas criminales para la legitimación de capitales, una acusación que los dueños de la entidad financiera niegan.
Los involucrados en la trama de corrupción

En enrevesado mecanismo de corrupción fue configurándose por Diego Salazar Carreño, uno de sus principales protagonistas, y en torno a él, fueron apareciendo otros personeros que le dieron cuerpo a la trama.


El 17 de julio de 2015 se dicta auto de detención, aún vigente, y se acuerda el embargo y bloqueo de todos los bienes de los que dispongan las siguientes personas:

1. Luis Mariano Rodríguez Cabello, nacido el 06-12-1965 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, número 036731648.
2. Estibaliz Basoa de Rodríguez, nacida el 09-03-1973 en Bilbao, España, nacionalidad venezolana, pasaporte número D0665766.
3. Diego José Salazar Carreño, nacido 23-02-1968 en Caracas, Venezuela, nacionalidad venezolana, pasaporte número 9423332.
4. Rosycela Díaz Gil, nacida el 04-09-1972 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 10806551
5. Omar Jesús Farías Luces, nacido el 15-08-1962 en Güiria, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte 005880296
6. José Luis Zabala, nacido el 12-06-1973 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 009633799
7. José Enrique Luongo Rotundo, nacido el 24-01-1954 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, documento de identidad número V-4083540

8. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, nacido el 11-06-1967 en Maracaibo, Venezuela, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número V-7830467

Así como también de las siguientes empresas: Memoser Compañía de Seguros S.A.; Westshore International Limited; Baychester Investment S.A.; Baluja International Limited; Lutmill International S.A.; Fundación Terramar Hall; Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros C.A.; ISB Sociedad de Corretaje de Seguros I Reaseguros C.A.; Lomond Overseas S.A.; Mills Advisores S.A.; Trismas Foundation; Monterrey Management Limited; Tristaina Trading S.A.; Josland Investment S.A.; Megana International LTD; Highland Assets Corp.; High Rise Proyects S.A.; Central Berfort S.A.; Fundation Caixa Bella; Wordwide Traders Line S.A.; Red Boutique Fundation; Calabrias Overseas S.A.; ISB Sociedad CS, S.A.; Antigua Omega INC.
El pedido a Francia

El documento del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra en su primer considerando señala que dado el estado de las cosas, se hace necesario solicitar la cooperación de las autoridades judiciales francesas para determinar si parte de los beneficios objeto de la medida acordada por el Principado se encuentran en su territorio y, en caso de ser afirmativo, piden que se proceda al bloqueo de los mismos.

En el considerando dos se señala que la información a la que se hace referencia en el considerando uno, al tratarse de procedimientos judiciales extranjeros solo pueden ser obtenidos mediante una comisión rogatoria y en vista del artículo 2 de la Ley de Cooperación Internacional y la Lucha Contra el Blanqueo de Capital y Valores Producto de la Delincuencia Internacional y Contra el Terrorismo que establece que tal rogatoria precisa de una exposición que informe suficientemente de los hechos y el objeto del procedimiento, así como de una exposición del motivo de la demanda, se procede en consecuencia.

Agrega que considerando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto de la sentencia 572-2011 del 2 de abril 2012, establece que las comisiones rogatorias tienen el acuerdo auto motivado cuando puede resultar afectado el derecho a la intimidad, deben respetarse las garantías para la protección de lo establecido en el código de procedimiento penal.

Igualmente, considerando que los hechos investigados son sumamente graves y podrían constituir delitos establecidos en el artículo (409.1) sobre blanqueo de dinero o valores, y ante la necesidad de identificar el destino de los bienes afectados por la medida cautelar a fin de poder continuar con la presente medida de instrucción, se procederá oportunamente a enviar comisión rogatoria a la autoridad judicial competente de Francia, no pudiendo obtener dicha información de manera oficial por otro medio.
Decisiones

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra decidió transmitir la comisión rogatoria a las autoridades competentes francesas para que se proceda a investigar el patrimonio de los implicados y verificar las personas físicas y jurídicas afectadas por el bloqueo decretado el 15 de julio de 2015, a los fines de garantizar la respectiva efectividad de la medida.

La corte determinó que los vinculados se aprovecharon de sus influencias políticas para organizar un esquema de corrupción para apoderarse de contratos públicos de la empresa PDVSA. Asimismo, refiere que los implicados establecieron una trama que obligada a pagar comisiones para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los aplicables por concepto de asesoramiento en contrapartida por sus gestiones. Además, se determinó que el pago era imprescindible para entrar al mercado público de PDVSA y sus filiales.

El Tribunal también estableció que gran parte de los sobornos fueron pagados a través de sociedades panameñas controladas por los implicados en cuentas del Banca Privada de Andorra por las cuales transitaron más de 2.000.000.000 de euros.

Refiere el tribunal que el 30 de noviembre de 2012 se inició una causa penal y se dictó el primer bloqueo, un hecho que ocurrió antes de que la entidad bancaria tramitara una transferencia de Diego Salazar Carreño por 40 millones de euros a Francia, vía Suiza para la adquisición de una unidad inmobiliaria en París, hace suponer que el imputado tenía ingresos económicos en dicha ciudad.

En consecuencia, el Tribunal dictaminó el 17 de julio de 2015 llevar a cabo un bloqueo y embargo de las cuentas cuyos beneficiarios estaban relacionados con esta trama de corrupción.
La intervención de Villepin

Ante la acción de bloqueo por parte de las autoridades francés de 200 millones de dólares de la cuenta en la BPA, Diego Salazar Carreño procedió a contratar como su abogado al exprimer ministro francés (2005-2007), Dominique de Villepin, quien se convirtió en el artífice de las acciones que llevó que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizara a BPA la devolución de fondos multimillonarios por falta de pruebas a exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros miembros de la denominada boliburguesía venezolana, refiere el portal Cuentas Claras Digital.

En esas mismas páginas se hace referencia a las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, investigado por lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Allí se indica que durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin le dijo a Luis Laplana de parte de Diego Salazar que estaba trabajando lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente.

En una ocasión Villepin le comentó a Laplana la estrategia de la defensa que haría de Salazar: “Ahora bien… y aquí viene la pequeña trampa… que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar… de ocultar el origen del dinero”.

Puntualiza Cuentas Claras que a juzgar por los resultados de la defensa “la estrategia de relacionar el tema con evasión de impuestos y alejarlo de la averiguación del origen de fondos, fue exitosa. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales en descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, así como en la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados. En una de las grabaciones, Laplana y Dominique de Villepin comentan jocosamente que ‘Diego de lo único que se ocupa es de disfrutar de la vida y de lo hermoso que es París’. Al parecer, ‘el primo’ también sabe cómo escoger a sus abogados y, sobre todo, le sobra con qué pagarles”.

Otra nota del sitio web Secretos Revelados refiere que Villalobos y Alvarado intentaron detener las averiguaciones en su contra a través de la compra de jueces y policías en Europa. Se cita allí que Diego Salazar manejó la posibilidad de sobornar a investigadores europeos, pero desistieron de ello al entender que la justicia y jueces europeos no se manejaban con el mismo desparpajo que los venezolanos.

Agrega la información que el hombre de confianza de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, “confesó los planes de la red para comprar voluntades al exdirectivo de BPA, Pablo Laplana. Y puso como ejemplo un soborno a policías que Salazar ejecutó en Venezuela. La conversación se desarrolló el 5 de diciembre de 2012”.
¿Quién es Diego Salazar?

Sobre Diego Salazar Carreño el portal Poderopedia informa que es hijo del exguerrillero, exconstituyente y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR), Diego Antonio Salazar Luongo y primo por la línea materna de Rafael Ramírez.

Agrega que de acuerdo a la periodista Olga Wornat, del diario La Nación de Argentina, “Salazar Carreño pasó de vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela, todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela, S.A.

El portal refiere que se le conoce como el “Rojo de Oro” y lo describe como un hombre a quien le encanta la fiesta, el derroche y los lujos, que vacaciona en Dubái, a donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y custodios. Posee mansiones en Estados Unidos y Europa, mientras que en Caracas adquirió un lujoso piso en la urbanización Campo Alegre que, al resultarle insuficiente, lo llevó a decir comprar el edificio entero.

Se da cuenta de que dada su afición al canto decidió formar su propia orquesta de salsa conformada por cien músicos a quienes paga salarios en dólares y con los que ensaya tres veces por semana en el Hotel Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda.

Durante años se le ha adjudicado al exguerrillero Douglas Bravo la autoría de un artículo aparecido el 9 de diciembre de 2011 en el portal “ABC de la semana” titulado “A quien pueda interesar” en donde se hace referencia a la vida y andares de Diego Salazar Carreño, a quien califica de “boliburgués” que —además de lo ya señalado sobre él en estas líneas— es propietario de varias oficinas en la Torre Edicampo, también en Campo Alegre, “donde funciona su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado ‘Inversiones y Asesorías Inverdt S.A.’ y la Fundación Diego Salazar, este último un artificio sin fines de lucro para darle algo de shampoo social a las actividades de este filántropo de la revolución y quizás para evadir algunas de las obligaciones fiscales con el generoso Estado socialista y revolucionario”.

Refiere que a los ensayos de su orquesta llega “con su sequito de espalderos dirigidos por su jefe de seguridad, el Comisario General (antigua PTJ) Leonardo Díaz Paruta. El mismísimo primo menor, socio y compinche de Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA, a cumplir con su sueño de ser cantante, con orquesta propia, pero sin cualidades especiales en el gañote. Son bien conocidas las presentaciones artísticas del magnate bolivariano Diego Salazar Carreño, rociadas por varios frascos de bebidas espirituosas de exquisita selección en la que se alternan en la sección de vinos: el Château Lafite Rothschild, el Petrus Pomerol, el Romanée-Conti, el Château Margaux. En la sección de champagne Perrier Jouet o el Dom Pierre Pérignon y para los paladares criollos wiskiceros el Johnnie Walker Blue Label y Buchanans Red Seal. Eso sin olvidar los elaborados menús realizados por su cheff privado, dignos de tirar cohetes. Entre los caprichos de mi ahijado boliburgués no solo se destaca su especial hábito de vacacionar con su familia, amigotes más allegados y parte de su séquito de espalderos y asistentes a la paradisiaca locación saudita de Dubái, sin dejar de pasar la compra hace ya unos años, de una acción en el Caracas Country Club. Este hecho tuvo alguna resonancia en las altas esferas de la oligarquía ortodoxa capitalina, ya que por no tener pedigrí encopetado, se corrió el rumor de que la directiva del club le iba a cerrar el paso a su incorporación, echándole la tradicional ‘bola negra’. La maniobra fue inteligentemente contrarrestada, con el oportuno lobby de algunos amigotes de ocasión (Bobby Pocaterra, Tite Oteyza Scull y Fernando Sozaya Iturbe, quien para ese entonces era presidente de la junta directiva) y del desinteresado obsequio a cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva, de un Rolex Day Date de oro amarillo. Los mencionados obsequios ablandaron de manera casi mágica los orgullos clasistas y respingados de una Junta Directiva que rechazan visceralmente, las guayaberas rojas”.

De este escrito Douglas Bravo se desdijo en una entrevista que le hiciera Alicia Hernández para la página KonZapata.com, en la que aseguró que “ese no soy yo” y advierte que ha ido a protestar al respecto y no ha obtenido respuesta. “Yo he criticado al gobierno, he hecho análisis profundos, hemos sido inflexibles. Pero nunca he usado el lenguaje despreciativo, insultante, que usa este gobierno. Hago análisis. De modo que ese @douglasarrecho no soy yo. Y lo que hizo ese fulano fue, ante las denuncias que hicimos, copiarse muchas cosas mías”. Agregó que no ha tenido contactos con Salazar Carreño, pues su relación era con el padre de este y que solamente lo llamó por teléfono para comentarle el artículo en cuestión y advertirle que no era el autor del mismo. “…me dijo que ellos sabían que ese no era yo, porque ellos sí sabían que yo atacaba duro al gobierno, con estilo… Soy más duro que esas ridiculeces”.
¿Las verdaderas razones?

Lo cierto es que resulta altamente curioso que todas estas acusaciones salgan a la luz sólo hasta ahora, pese a que durante años se llamó la atención sobre las irregularidades cometidas por Rafael Ramírez y su primo.

Más aun, el propio Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto las investigaciones que sobre el exzar petrolero adelantó la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre la malversación de 11 mil millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA, a través de manejos irregulares entre 2004 y 2014.

Al respecto, en el portal TururuTururu.com de la periodista Berenice Gómez se afirma que la actuación del fiscal Tarek William Saab se encuentra muy alejada de la intención de impartir justicia, toda vez que Diego Salazar operaba dentro y fuera de Venezuela con total impunidad sin que las instancias judiciales trataran de poner fin a esta situación. “Diego Salazar siguió operando con toda libertad en Venezuela y en el exterior… hasta que fue víctima, no de la justicia… para nada. Ha sido víctima de la pelea por las caletas de dinero que Hugo Chávez le encomendó a Ramírez, un fondo para sus hijos de USD 3 mil millones, y que Ramírez no quiere entregarle a Cilia y Maduro… entonces, el régimen desempolvó la investigación, las rogatorias y denuncias de Andorra sobre un cuarteto de primos, donde la cabeza de Rafael Ramírez, el dojo, dojito…”.

Igualmente, en la Asamblea Nacional fueron bloqueadas todas las iniciativas de investigación tan pronto la información salió a la luz a través de la prensa española. El diputado Julio Montoya del opositor partido Primero Justicia encabezó las averiguaciones pero su colega oficialista Pedro Carreño, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría articuló todos los mecanismos para impedir que se investigara a Carlos Aguilera Borjas, exdirector de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip) con una estrecha amistad con el parlamentario chavista.

miércoles, 23 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (II)

En esta entrega hacemos referencia a los estados Delta Amacuro, Barinas y Zulia.

Por Maibort Petit

   En Venezuela, el crimen organizado y la corrupción se posicionaron y actúan, al parecer, con total impunidad debido a que cuentan con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. Hemos venido mostrando cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente en Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   El informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela, al que hemos venido haciendo referencia en entregas anteriores se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.


CHILE: UNA VISIÓN SOBRE EL OTRORA PAÍS MODELO DE AMÉRICA LATINA

En Delta Amacuro

   La escasa población de esta entidad no es óbice para que exhiba la séptima tasa de asesinatos de Venezuela, a saber, 60 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al Observatorio de la Violencia en su informe del año 2019. Para que esta estadística sea posible es determinante la violenta acción de los grupos delictivos organizados que se apoderaron de vastos sectores del territorio del estado Delta Amacuro.

 En Delta Amacuro opera una poderosa banda de delincuencia organizada, de llamada “El Evander” o “Frente de Liberación Deltana”, cuyo accionar se ha extendido a otros estados y fuera de Venezuela. Aunque su líder, Evander Miguel Barradas, murió en 2019 en un enfrentamiento con el ejército y el CICPC, sus lugartenientes y otros integrantes de la agrupación criminal continúan activos.

   La inacción de las autoridades ha sido fundamental para que los miembros de esta banda actúen a sus anchas, fuentes consultadas para el informe señalaron que hubo diferencias entre los delincuentes y representantes del poder regional. Por esta razón, los cuerpos de seguridad decidieron actuar después que fue amenazada de muerte la gobernadora (PSUV), Lizeta Hernández, por parte de la banda de “El Evander”.

   Tras la muerte de Evander Miguel Barrada, las riendas de la banda pasaron a manos de alias “El Culón”, pero este fue detenido en mayo de 2019 en Trinidad y Tobago junto a otros cómplices.

  La banda de “El Evander” se dedica a cometer extorsiones, robos a fincas o a embarcaciones, asesinatos, secuestros, tráfico de oro y de combustible y narcotráfico, entre otros delitos. Sus actividades se extienden al estado Monagas. También cobran “vacunas” a los productores agropecuarios y a los comerciantes de las zonas que controlan; extorsionan a los encargados o dueños de las embarcaciones que navegan por las vías fluviales de Delta Amacuro. Datos obtenidos para redactar el informe revelan que las embarcaciones que salen desde el puerto Volcán (municipio Tucupita) hasta San José de Amacuro, población fronteriza con Guyana, pasan por al menos cinco alcabalas fluviales, en las que deben pagar a funcionarios corruptos de la FANB y a bandas de delincuencia organizada que controlan la región, USD 5 por cada bidón o recipiente de gasolina contrabandeado a lo interno y llevado al vecino país.

   La cercanía de las costas de Delta Amacuro con Trinidad y Tobago hace a esta región propicia para el contrabando de bienes, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros delitos.

   El informe cita a la periodista Sebastiana Barráez, especialista en temas de frontera y crimen organizado, quien señala que miembros de “El Evander” mantienen una alianza delictiva con grupos paramilitares, como Los Rastrojos para el traslado de cocaína desde la frontera colombo-venezolana en el Táchira, hasta Delta Amacuro y de allí hasta Trinidad y Tobago.

   Del mismo modo, el reporte manifiesta la preocupación existente dada la incorporación de indígenas Waraos a las actividades delictivas de contrabando de gasolina y narcotráfico, principalmente con rumbo a Guyana, impulsados por el hambre la y la pobreza que padecen.

  En Delta Amacuro también opera el denominado “Sindicato de Barrancas”, una organización criminal del estado Monagas que usa el río Orinoco, que conecta a las dos regiones, para cometer sus delitos. Cobran USD 300 a quienes quieren trasladarse ilegalmente a Trinidad y Tobago y para llevar a cabo esta actividad cuentan con la complicidad de funcionarios corruptos que cobran para dejar salir a las embarcaciones. Apunta el informe que en la isla caribeña pagan USD 1.00 por cada mujer joven que le entregan las organizaciones criminales de Delta Amacuro. Luego de esta transacción inicial, los delincuentes reciben cuotas mensuales.

   Otra actividad ilegal es la de las mafias que se dedican a la captura de especies animales, principalmente aves, que venden y trasladan a Trinidad y Tobago y, en menor medida, a Guyana.

En Barinas

   Sostiene el informe que en el estado Barinas, colindante con Táchira y Apure que son fronterizos con Colombia, que 83 por ciento de las fuentes consultadas consideró que el crimen organizado se ha incrementado en los últimos dos años en esta entidad.

   En Barinas operan con fuerte presencia las “Fuerzas Bolivarianas de Liberación”, conocidos como los “Boliches”, también denominados “Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional” (FPLN), guerrilla nacida en Venezuela en 1992 en Venezuela, la cual se fortaleció durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se dedican a la extorsión o cobro de vacunas a productores agropecuarios, al secuestro y a otras actividades ilícitas. Todo bajo el presunto amparo del poder político en el estado.

   Se refiere que este grupo guerrillero tiene una especie de ala política, denominada “Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora”.

   Del mismo modo, el informe apunta que existiría una alianza política entre el FBL y el partido oficialista PSUV.

   La alcaldesa del municipio Zamora, Maigualida Santana, conocida también como “La Doña”, supuestamente tiene una estrecha relación con el FBL, siendo, presuntamente esta funcionaria, la encargada de controlar el combustible, la distribución de alimentos, cemento, agua y otros bienes de origen oficial en la región. Igualmente se refiere que Santana sería quien encabeza las amenazas contra propietarios de fincas en la localidad.

   Agrega el informe que, según fuentes consultadas, el FBL tiene control sobre buena parte de las estaciones de servicios en Barinas, por lo que tienen fácil acceso a la gasolina para su reventa y contrabando. También suelen colocar alcabalas improvisadas en las distintas vías para atacar a los conductores.

   Señala el informe que alias “Jesús Santrich”, líder de las FARC, tiene estadía en una unidad de producción ubicada en el Cantón, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas, lugar donde habría grabado el video donde anunció su regreso a las armas en 2019.

    También si indica en el reporte que, aunque el ELN y las FARC no tienen una presencia permanente en Barinas, si tienen incursiones o envían emisarios para extorsionar a los comerciantes, industriales y productores agropecuarios.

   La producción agrícola en Barinas es fuertemente afectada por la acción criminal. El robo y hurto de ganado, es una constante en este estado. Los productores agropecuarios denunciaron la impunidad existente, pues los organismos de seguridad muestran poco interés en el asunto.

   Se denuncia que muchas las fincas que son invadidas por individuos pertenecientes a supuestos grupos campesinos que en realidad son personas ligadas al poder político de la región. Fuentes indicaron que estas violaciones a la propiedad privada en ocasiones se ejecutan por retaliación política. “Algunos productores del estado Barinas han hecho referencia a la actuación de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, como Luis Soteldo, Luis Mendoza y Mariela León. En enero de 2020, la madre del diputado barinés, Julio César Reyes, denunció a estas personas porque tomaron su finca, sin que mediara ningún procedimiento legal”.

  El informe de Transparencia Venezuela precisa que las invasiones de tierras en Barinas por parte de grupos irregulares abarcan 23,22 por ciento del territorio para uso agrícola de este estado.

En el Zulia

   Esta entidad occidental es, según lo afirmado en el informe de Transparencia Venezuela, la entrada y salida de materia prima y droga procesada.

    La zona norte, punto estratégico en la frontera entre Venezuela y Colombia, se ha convertido en una zona de disputa por parte de bandas criminales y grupos irregulares. 80 por ciento de los consultados para la redacción del reporte, considera que el crimen organizado se ha incrementado en su frontera, en los últimos cinco años. El gobernador Omar Prieto ha sido objeto de denuncias por excesos policiales y un discurso violento.

    El contrabando de combustible es el delito más recurrente, al que se suma el tráfico de mercancías, materiales estratégicos, armas, acompañados de abuso de autoridad, tráfico de influencias y corrupción propia. “El tráfico de drogas es uno de los delitos que más aqueja a la población en esta región, como lo muestra el gran número de denuncias, casos descubiertos por las policías y las constantes informaciones sobre pistas clandestinas localizadas en La Guajira, utilizadas para el aterrizaje de avionetas de los carteles. En el camino a La Guajira la venta ilegal de gasolina y diésel en grandes cantidades se registra a la vista de todos”.

   La guerrilla con mayor presencia en el Zulia es el ELN, pero también operan paramilitares colombianos y carteles del narcotráfico. Hay también mafias que se disputan territorios, tal es el caso de “Mushana” o Tío de clanes wayúu y “Los Gavilanes”, cuyo capitán es de apellido Fernández, que opera en la vía entre Paraguaipoa, Guarero y Paraguachón.

   Una tercera mafia que actuaría con el aval de autoridades regionales, es la llamada “la Zona” que opera en la Guajira, supuestamente dirigida por Douglas Chacón, hermano del exalcalde de la Guajira, Hébert Chacón.

   Douglas Chacón habría violado un pacto tácito o código de conducta entre los grupos que allí operaban, dirigido a no victimizar a personas de la etnia wayúu. Desde mayo de 2018, según datos recogidos para el informe, 70 jóvenes wayúu fueron asesinados. “Este nuevo patrón de comportamiento ha crispado a los habitantes nativos de la Guajira, quienes históricamente han convivido con paramilitares, guerrillas, grupos parapoliciales sin ver amenazadas su vida y sus propiedades”.

    Subraya el informe que, aunque la presencia de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana, la llegada de Hugo agravó esta realidad. Un factor determinante fue haber retirado a la DEA.

    Datos recogidos para la redacción del informe señalan que en el Zulia operan las FARC y Ejército Popular de Liberación (EPL), en zonas de Perijá, Machiques, El Cruce, Santa Bárbara, y su entorno; los Boliches o FBL, que ejercen control y dominio sobre los productores agropecuarios; el Colectivo del pueblo, el grupo colectivo MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), el cual se infiltra en todos los cuerpos policiales, creando nuevos grupos como el D.C.I. FAES (Dirección de Contrainteligencia del FAES), al mando del colectivo que se hace llamar Marcos Portillo.

   También opera la banda “El Cagón”, el rey del robo de vehículos en la Zona Lara-Zulia, con un área de trabajo extorsivo y actos -de terrorismo que se extiende desde el Estado Zulia hasta Trujillo, Mérida, Falcón y Carabobo.

   El informe hace mención a que la periodista Sebastiana Barráez reveló, en febrero de 2020, que el ELN impuso toque de queda en El Guayabo, mientras que Los Rastrojos instalaron minas explosivas en zonas aleñadas al Catatumbo venezolano.

   También se hace referencia a la denuncia que en septiembre de 2018 hizo la Defensoría del Pueblo de Colombia, sobre el alto riesgo para sus nacionales y los extranjeros que transiten por el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao, al noreste del departamento de La Guajira, debido a la presencia de grupos armados irregulares como “La Zona” y “Los Mercenarios” durante todo ese año.

“La Defensoría del Pueblo de Colombia identifica también la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de grupos ‘post-desmovilización’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos de delincuencia organizada liderados por “pranes” y colectivos oficialistas venezolanos”.

 El informe de la autoridad colombiana describe casos de reclutamiento forzado y utilización de niños y adolescentes –en su mayoría, indígenas y migrantes de Venezuela– en actividades delictivas, acciones ejecutadas principalmente por el ELN y bandas de “pranes” venezolanos.

   Sentencia el informe que la penetración del crimen organizado en el Zulia ha tenido un impacto directo sobre la etnia wayúu, tanto desde el punto de vista cultural, como desde la perspectiva de violación de derechos humanos.

   Agrega que hay complicidad de los órganos de seguridad con los hechos delictivos, apuntando que los percibidos como más corruptos son los cuerpos policiales, las FANB y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

    Subraya el informe la supuesta participación de la gobernación en la promoción de la mafia “La Zona”. 

jueves, 17 de diciembre de 2020

Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (I)

 En esta entrega hacemos referencia a los estados Aragua, Táchira y Sucre.

Por Maibort Petit

     El crimen organizado y la corrupción parecen haberse enquistado en Venezuela en donde actúan, como todo así lo indica, con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. En esta nueva serie veremos cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente se hace mención a Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.

   Tal análisis forma parte del informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela y en el cual se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

En Aragua

   En el estado central de Aragua opera la que, sin dudas, es la mayor megabanda criminal de Venezuela, a saber, el “Tren de Aragua”, conformada por unos mil miembros comandados desde el Centro Penitenciario de Aragua conocido como “Tocorón” donde está preso su líder principal, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

  Esta megabanda surgió en 2002 a la sombra del “sindicato” que controlaba el ingreso de trabajadores en las obras de construcción del tramo del ferrocarril o tren que atravesaría el estado Aragua y que cobraba a los obreros por conseguirles empleo y luego cuotas semanales para mantenerlo. Tales irregularidades derivaron en delitos que incluyeron el asesinato de quien se negara a pagar o disputara el poder de la ilegal agrupación sindical. A estos delincuentes se les comenzó a llamar el “Tren de Aragua”, consolidándose como agrupación criminal que se diversificó y extendió sus tentáculos en todo el estado Aragua.

  El asentamiento principal del “Tren de Aragua” en el barrio San Vicente, del municipio Girardot, es una de las “zonas de paz” creadas por el régimen de Nicolás Maduro. La megabanda también tiene presencia en el barrio “La Pedrera” de Maracay.

   El “Tren de Aragua” en la actualidad controla los negocios delictivos en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “la cárcel de Tocorón”. Uno de esos negocios es el cobro de la denominada “causa” o cuota —semanal o mensual— que deben cancelar los más de 7.000 privados de libertad de la cárcel de Tocorón y que equivale a entre USD 10 y 15 por recluso. Los internos que no pagan, porque ellos o sus familiares no tienen recursos, deben cumplir distintas labores de trabajo en la cárcel. A esto se suma el pago que hacen algunos reclusos con capacidad económica por ocupar áreas especiales y otros privilegios, lo cual genera ingresos que se calculan en unos USD 1.500.000 anuales.

  Desde Tocorón también controlan la prostitución y la venta de drogas. En el penal, incluso, hay sembradíos de marihuana y se comercia con alcohol, cigarrillos, alimentos, ropa y otros bienes. Manejan el negocio de apuestas dentro de este recinto; hay varios restaurantes como el llamado “El Sazón del Hampa”; la discoteca “Tokio”, donde se han presentado artistas nacionales y extranjeros; y hasta una especie de “banco”, donde a cambio de una comisión, los reclusos hacen retiros en efectivo el dinero; esta “entidad bancaria” hace préstamos a intereses leoninos.

  El líder de la pandilla o “pran” y su estructura de criminales cuentan también dentro de Tocorón con piscina, campo de béisbol y hasta con un zoológico.

  El “Niño Guerrero” vive en una casa de dos pisos en el penal, con televisión por cable y hasta planta eléctrica, donde recibe visitas de personas ajenas al centro penitenciario.

   El poder del “Tren de Aragua” se extiende extramuros del penal, la extorsión es uno de los principales delitos que ejercen mediante el cobro de “vacuna” a muchos industriales, comerciantes y productores agropecuarios de la región y estados cercanos. Quien se niegue a pagar puede ser objeto de atentados contra sus propiedades o puede ser asesinado. La distribución y venta de drogas en los barrios y urbanizaciones del estado Aragua es otra de sus actividades, además de secuestros dirigidos desde Tocorón. El sicariato, robo y hurto de vehículos, son otras de sus fuentes de ingresos.

  El “Tren de Aragua” se ha constituido como una especie de franquicia criminal a la que se asocian otras bandas que, en algunas áreas de sus negocios, deben compartir ganancias con el “Niño Guerrero.

   Transparencia Venezuela estima que para desempeñar la actividad criminal desde dentro de la cárcel de Tocorón, es necesaria la connivencia de funcionarios, tanto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodia la parte externa del penal, como del personal del Ministerio Penitenciario encargado de la parte interna.

   Buena parte de los delitos que el Tren de Aragua coordina desde la cárcel se coordina por telefonía celular y otras tecnologías, pues no se cumple la ley que regula el uso de estas tecnologías en las cárceles.

   Refiere el informe que el “Niño Guerrero” ha sido “beneficiado con algunas decisiones judiciales como, por ejemplo, la dictada por el tribunal sexto de juicio del Circuito Judicial del estado Aragua, que lo absolvió en junio de 2018 de la acusación por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir. En este juicio, se prescindió del testimonio directo de la víctima y se hizo sin la presencia del acusado en sala. En ese mismo mes y año, en otra causa penal en la que había sido condenado a un poco más de 17 años de prisión, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Corte de Apelaciones de estado Aragua, la revisión y reajuste de la pena a Héctor Guerrero”.

   Las actividades delictivas del “Tren de Aragua” se han extendido hacia otras entidades como el estado Bolívar, donde controlan varias minas ilegales. En el estado Sucre existen células que controlan el narcotráfico y el contrabando hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe. En Carabobo y en el sur del estado Guárico, cometen múltiples delitos, como robos, secuestros, homicidios y extorsiones contra comerciantes, industriales y productores agropecuarios. Esta ramificación a otros estados requiere, indudablemente, de la complicidad de funcionarios civiles, ligados al poder político, y militar.

  Las acciones del “Tren de Aragua” se han extendido a Perú, Brasil y Colombia.

 Acota el informe que pese que es la más grande de Venezuela, todavía el “Tren de Aragua” no ha alcanzado el grado de sofisticación de los carteles mexicanos, Las Maras de El Salvador o el de las pandillas brasileñas, pero de continuar su crecimiento y fortalecimiento, podría convertirse en un gran problema, no solo para Venezuela, sino para la región.

En Táchira

  Varios grupos criminales actúan en el estado Táchira, dedicados al narcotráfico, la extorsión, el contrabando de gasolina y otros bienes, a la par de que ejercen el control de los pasos fronterizos informales o “trochas”, entre otros delitos.

  Táchira es la entidad venezolana con más agrupaciones irregulares, entre ellas, grupos armados organizados (GAO) como Los Rastrojos, los Urabeños (también conocidos como “Clan del Golfo”, “Clan Úsuga” o “Autodefensas Gaitanistas”), las Águilas Negras y el Ejército Popular de Liberación (EPL), conocidos como los “Pelusos”. A estos se suman el ELN y las FARC.

  También opera “La Línea”, un apéndice del “Clan del Golfo” presumiblemente dirigida por Jesús José Hernández Almarza alias “El Causa”; los “Bota de Cauchos” o “Botacauchos” (por el material de las botas que usan), con aparentes vínculos con funcionarios civiles y militares venezolanos

   Refiere el informe que el FBL (conocidos como los “Boliches”) y el “Tren de Aragua”, también tienen presencia en Táchira dese 2018, cuando Freddy Bernal fue designado por Nicolás Maduro como “Protector del estado Táchira”. En la entidad los colectivos han adquirido protagonismo en el dominio de varias “trochas” y de otras actividades ilícitas en la región.

  Se acota que la presencia de la delincuencia organizada en este territorio binacional se ve incentivada por los reiterados cierres de frontera; el creciente paso de venezolanos que migran hacia Colombia o atraviesan por allí en ruta hacia otros países de la región; la diferencia en el costo de muchos bienes; la escasez de muchos productos en Venezuela; las dificultades para obtener los documentos necesarios para pasar de un lado a otro; la búsqueda de rutas de salida de la cocaína producida en Colombia; el combate frontal por parte de Colombia contra los grupos irregulares.

   El control de las “trochas” se ha convertido en guerra en el estado Táchira. En los caminos verdes los grupos de delincuencia organizada protagonizan constantes conflictos armados por el dominio de estos pasos.

  Las víctimas de estos enfrentamientos no solo son los miembros de los grupos irregulares, sino también funcionarios de las fuerzas militares y policiales, así como civiles que transitan o hacen vida en la zona.

  Las “trochas” son un negocio gigantesco para los grupos irregulares que les reporta miles de dólares diarios, pues cada persona que requiera pasar la frontera debe pagar a estas mafias. Estos pasos ilegales también se usan para contrabandear gasolina y otros bienes que van de lado a lado.

La corrupción facilita el contrabando en la frontera tachirense.

  El ELN y las FARC ejercen control social sobre las comunidades que están en los territorios que dominan, llegando incluso a suplantar al Estado en algunas tareas como, por ejemplo, la policial. Los castigos para los que incumplan sus reglas pueden ir desde una multa, hasta la muerte.

  El estudio permitió conocer la existencia de reclutamiento forzoso, inclusive de niños y adolescentes, estableciéndose que las terribles condiciones de vida que sufre el pueblo venezolano, impulsan a muchos jóvenes a ingresar a algunas de estas agrupaciones de delincuencia organizada.

En Sucre

   Entretanto, el estado Sucre es el epicentro de diversas actividades de delincuencia organizada, como narcotráfico, robo de transportes de carga, trata de personas, extorsiones y secuestros, entre otros delitos.

  La cercanía de Sucre con Trinidad y Tobago propicia actividades ilícitas entre ambos, siendo la principal el narcotráfico. Muchos pueblos de la entidad, especialmente los de la Península de Paria, están tomados por bandas delictivas organizadas que se adueñaron del tráfico de drogas en esta ruta.

   Testimonios, recogidos por la redacción del informe, señalan que Río Caribe, San Juan de Las Galdonas, Santa Isabel, San Juan de Unare, Güiria, Yaguaraparo, Guacuco y Guarataro, están controlados por bandas delictivas que se dedican al narcotráfico hacia el Caribe.

  El principal grupo delictivo, “Los Valencianos”, es un apéndice o célula del “Tren de Aragua”, conformada por delincuentes que deberían estar pagando condena en el penal aragüeño, pero que inexplicablemente están en libertad.

  Las entrevistas realizadas para la elaboración del informe señalan que la llegada de estos delincuentes de Tocorón a Sucre tendría que ver con la relación cercana entre Tareck El Aissami y Edwin Rojas, gobernador del estado, quien fue viceministro en el Ministerio de Interior y Justicia cuando este despacho estaba en manos del primero.

  También operan las bandas de “Zacarías” y la de “Ring Doblado”, la primera dirigida por un delincuente del estado Bolívar, donde también estaría relacionado con la extracción ilegal de oro. En Río Caribe, alias “Edguer” y sus lugartenientes “Chipilín”, “Chuche” y “Coco” dominan el tráfico de drogas y ejercen control social en el poblado, todo con el presunto apoyo de autoridades locales.

  Los habitantes de los pueblos de la Península de Paria viven con temor y guardan silencio por temor a ser asesinados. Aseguran que funcionarios civiles y militares también estarían involucrados en estos delitos.

   El narcotráfico en la zona ha hecho que, en los pueblos de la costa de Sucre, sus pobladores hayan abandonado la pesca y, ya sea porque fueron reclutados o por voluntad propia o forzosamente, ahora se dedican al tráfico de drogas. El turismo en la actualidad es casi inexistente y la producción agrícola mermó.

  Sucre es uno de los principales puntos de traslado de migrantes ilegales hasta Trinidad y Tobago, a través de embarcaciones que zarpan desde Güiria. Las personas deben pagar cerca de USD 300 para ser trasladadas en una embarcación que, muchas veces, va sobrecargada de migrantes y mercancía de contrabando, lo aumenta el riesgo de naufragio. En muchos de los botes que zarpan desde Güiria se trasladan mujeres que, por voluntad propia o bajo engaño, van a Trinidad y Tobago a ser explotadas sexualmente. En esta actividad estarían involucradas autoridades.

   La delincuencia organizada en Sucre también se dedica a la piratería por carretera. Se roban camiones y gandolas de carga. Tanto en la troncal 9, que comunica al estado Sucre con Anzoátegui, así como en la troncal 10, que conecta a Sucre con Monagas, existen bandas que se dedican a asaltar a camiones de carga, vehículos de transporte y de particulares. Allí operan la banda de “El Curi”, de alta peligrosidad.

   Una constante en todas las actividades delictivas desarrolladas en el estado Sucre es la impunidad, pues sólo en algunos casos el Ministerio Público adelanta las investigaciones de rigor. “Pareciera que los cuerpos de seguridad solo actúan cuando un grupo delictivo afecta sus intereses”, destaca el informe.



viernes, 11 de diciembre de 2020

Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (II)

   Seguimos enumerando las organizaciones criminales que operan en Venezuela según un informe de Transparencia Venezuela

Por Maibort Petit

   En la primera entrega de esta serie hicimos referencia al hecho de las organizaciones de la delincuencia organizada operan en Venezuela a través de 9 bloques y en perfecta convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del estado. Esto de acuerdo al informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado” elaborado por Transparencia Venezuela y en el cual se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.
    Cuarto bloque: Los “pranes” y sus organizaciones carcelarias

   Dado que el estado no se ocupó de las cárceles venezolanas, en ellas surgió una poderosa figura criminal conocida con el nombre de “pran”, quien se erige como el líder de la pandilla criminal que controla el territorio de los penales.

  Obtienen el poder a través del asesinato y la imposición del terror entre la población reclusa, llegando a crear especies de microestados dentro de los recintos penitenciarios donde imponen su cruenta ley.

  Se cree que el término “pran” corresponde a la combinación de siglas de la frase: “preso rematado asesino nato”, pero no hay certeza de esto.

 Señala el informe de Transparencia Venezuela la tesis del coordinador general de la organización Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, quien estima que los “pranes” son” impulsados por algunos funcionarios corruptos alrededor del sistema penitenciario, porque les resulta mejor entenderse con uno o dos reclusos que manejan las actividades ilícitas dentro de la cárcel, que con toda la población penal”.

  Alrededor del “pran” actúa una estructura organizativa similar a la utilizada por las megabandas criminales.
    Refiere el informe que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, los presos solo contaban, en algunas oportunidades, con armas blancas de fabricación casera o, en los casos más graves, con armas de fuego de un solo disparo construidas precariamente dentro de los calabozos, conocidas como “chopos”.

 Anteriormente, el control del estado impedía que los presos adquirieran armamento, pero, en la actualidad, el poder de fuego de las bandas carcelarias no tiene precedentes en la historia penitenciaria de Venezuela.

  Los “pranes”, cuyo poder se mide de acuerdo al armamento que manejan, suelen tener un arsenal que consiste en fusiles, ametralladoras, pistolas y hasta granadas, evidentemente ingresadas a la cárcel con la complicidad de efectivos corruptos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), custodios de los penales, así como de funcionarios del Ministerio Penitenciario, encargados de la vigilancia interna.

    El negocio de los pranes en las cárceles consiste en el llamado cobro de la “causa” (vacuna o especie de impuesto) y también en la venta de drogas, alcohol y hasta alimentos, el manejo de los juegos de azar y la prostitución dentro de la cárcel.

   Igualmente llevan a cabo delitos en la calle que se planifican en el interior de los penales, tales como sicariatos, secuestros, cobro de “rescate” por vehículos robados o hurtados y también extorsiones y estafas a través del uso de la telefonía celular e internet. Otra fuente de financiamiento de los pranes es la administración del hacinamiento, pues los presos deben pagar por los mejores espacios del penal y, en algunos casos, por construir o alquilar viviendas dentro de los terrenos de la cárcel.

   Los pranes manejan tal cantidad dinero y poder, que gozan de grandes privilegios dentro de la cárcel, tales como piscinas, drogas, discotecas, conciertos, trabajadoras sexuales, mangas de coleo de toros, zoológicos y hasta bancos.

   Refiere el informe que muchos penales de Venezuela fungen como “cerebros” de la actividad criminal que se desarrolla extramuros.

Quinto bloque: Fuerzas bolivarianas de liberación “boliches”

   El informe de Transparencia Venezuela refiere que el quinto bloque de delincuencia organizada que opera en el país es el constituido por las denominadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), también conocidos como “Boliches”.

   Se trata de un grupo paramilitar, mayoritariamente rural, que opera fundamentalmente en Apure, pero también tiene presencia en Táchira y Barinas, cercanos a la frontera con Colombia.

    Es un grupo guerrillero de factura nacional que, de acuerdo a Insight Crime[1], sus orígenes se remontan a 1992, cuando llevaron a cabo varios atentados en Caracas.

  Desde que Hugo Chávez llegó al poder el FBL resurgió en su accionar y se cree que actualmente cuenta con entre 1.000 y 4.000 integrantes.

   Este grupo guerrillero se financia principalmente de la extorsión a ganaderos y a empresas en la frontera con Colombia. También utiliza los cruces fluviales para contrabandear ganado y gasolina a Colombia. Extorsiona a los migrantes que buscan cruzar hacia Colombia.

   Citando igualmente a Insight Crime, el informe de Transparencia Venezuela indica que “El control de las economías criminales por parte del FBL proviene de sus vínculos con las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos de Apure” y agrega que “tiene una considerable influencia política en el estado, mediante el control de varios consejos comunales y alcaldías”.

Sexto bloque: Holding de la corrupción

   Seguidamente en el reporte se hace mención al holding de la corrupción en Venezuela, el cual está constituido por integrantes del funcionariado público, empresarios privados, banca internacional, consultores y bufetes de abogados, nacionales e internacionales, que se han beneficiado de la actividad delictiva.

    Y es que, como sostiene el informe, “Venezuela ha sido desangrada por la corrupción rampante que ha existido en los últimos 20 años” al haber sido saqueado sus recursos, especialmente los derivados de la exportación petrolera.

   Subraya que aun cuando la corrupción y la legitimación de capitales no son delitos violentos, muchas veces sí están ligados a éstos al facilitar la acción de los otros bloques de delincuencia organizada.

   Se advierte que aun cuando en la Ley Contra la Corrupción existen más de 20 tipos penales o delitos, las instituciones del sistema de justicia, en la casi totalidad de los casos, no investigan, ni acusan, ni condenan a los culpables de atentar contra el patrimonio público y de cometer otros actos de corrupción.

   Sostiene que tampoco la Contraloría General de la República cumple con su obligación de supervisar y sancionar administrativamente a quienes incurran en irregularidades dentro de la administración pública.

  Recuerda el informe publicado en 2018 por Transparencia Internacional que ubicó a Venezuela entre los países que presentan mayor corrupción en el planeta, al ubicarla en el puesto número 176 de un total de 180 naciones analizadas, siendo el primero de América Latina.

   En el primer trimestre de 2020 Transparencia Venezuela contabilizó 78 investigaciones por corrupción con fondos venezolanos. Asimismo, fiscalías, tribunales y parlamentos más de 20 países han abierto hasta agosto de 2019 un total de 50 investigaciones.

  A mediados de 2019, sumaban USD 29.900.609.098,39 el daño causado la nación por el fenómeno de la corrupción.

  El informe se remite a un estudio realizado por Transparencia Venezuela en el año 2018 sobre las empresas estatales, estableciéndose que de 526 empresas analizadas más del 70 por ciento tienen denuncias por corrupción. Las de peor desempeño son PDVSA, Corpoelec y las empresas básicas de Guayana.










miércoles, 4 de noviembre de 2020

Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano

   El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra Claudia Díaz Guillén y su esposo, señalados de recibir sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit


Señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la extesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”, fue acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación de la fiscal Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Hace pocos días, circuló una información que asegura que Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

   Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

   En la actualidad, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, esperan la decisión de la Audiencia Nacional de España respecto a la solicitud de extradición que Venezuela ha formulado por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1].

  En una entrevista concedida a BBC Mundo, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: "Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado", criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. "El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos"[2].

La acusación

  El pasado 30 de octubre del corriente, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  La fiscalía precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.


 


 


 


 




[1] Tal Cual. “AP: Exenfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/


 


[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037