Mostrando entradas con la etiqueta corrupcion pdvsa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta corrupcion pdvsa. Mostrar todas las entradas

viernes, 17 de mayo de 2019

Régimen de Venezuela es considerado una 'Empresa Criminal Conjunta Bolivariana' o una 'red de redes'

Los expertos aseguran que "a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no ha colapsado y no lo hará por un largo período de tiempo". 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un informe presentado por el experto Douglas Farah y Caitlyn Yates de IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS) presenta una visión profunda sobre los alcances logrados por la llamada alianza de los estados bolivarianos creada por Hugo Chávez y mantenida por Nicolás Maduro, quienes junto con las FARC se ha fusionado en lo que los investigadores han denominado como la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana – o un consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos.


El reporte que resume 5 años de trabajo, señala que la "empresa criminal conjunta, no sólo ha tomado billones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región". 

Farah sostiene que la cartera criminal usada por la organización  se ha diversificado. Explica que cuando los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se estancó, tales condiciones obligaron a "Nicolás Maduro a dedicarse cada vez más a actividades más diversas como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro" y gracias a esas actividades y a pesar de la declinación de PDVSA, el régimen continúa funcionando como una operación delictiva.

La investigación ofrece un panorama de una de las facetas de esta empresa que se define como una entidad compleja, global y frecuentemente patrocinada por el Estado

Tras cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países y el análisis de fuentes abiertas, la investigación afirma que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana debería ser entendida como una red de redes – y no actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. 

El informe identifica en total a 181 individuos y 176 compañías que operan en al menos 26 países. La suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactidud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió US$ 28 billones de PDVSA. Farah sostiene que sus averiguaciones le han permitido localizar al menos US$ 10 billones en fondos vinculados a Venezuela que se mueven entre 2007 y 2018.

En el informe se argumenta que el desafío más difícil para el desmantelamiento de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es abordar la cartera criminal diversificada y el alcance global de la red. 

Entre otros aspectos, el informe examina "cinco de las numerosas tipologías criminales bajo las cuales trabaja el grupo, incluyendo ventas y préstamos de petróleo falsos; la compra de activos físicos; megaproyectos de infraestructura; minería de oro ilegal; y transferencias entre bancos". 

Los expertos aseguran que "a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no ha colapsado y no lo hará por un largo período de tiempo". Sostiene que "medidas como designar a PDVSA y sus líderes como criminales son significativas. No obstante, la capacidad de la red para adaptar y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo dentro de las arcas del régimen".

He aquí el informe sobre la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana

En 1998, el pueblo de Venezuela eligió a Hugo Chávez, dando inicio a un movimiento regional conocido como la Revolución Bolivariana. En un intento de aislar a los Estados Unidos y promover su proyecto político del “Socialismo para el Siglo XXI”, Chávez sistemáticamente consolidó el poder del brazo ejecutivo. En su momento transformó PDVSA –la empresa nacional de petróleos de Venezuela–en una empresa regional y multi billonaria, que operaba en conjunto con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales. Mientras Chávez dirigía el proyecto fue apoyado por el liderazgo político de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. Durante los últimos veinte años esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada. Nicolás Maduro dio una calurosa bienvenida a la herencia de este régimen criminal en 2013, después de la muerte de Chávez. Veinte años después de la fase de inicio de este proyecto político, esa red extiende a un nivel global, desde El Salvador hasta los Estados Unidos, desde Rusia hasta Hong Kong y a lo largo de varios paraísos fiscales financieros.

Incluso después de que Estados Unidos sancionó a cientos de individuos y entidades por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, Maduro continúa siendo el líder de facto de Venezuela. Los resultados de este régimen criminal culminaron en una economía venezolana que se contrajo en más de un 50% mientras que al menos el 10.5% de la población venezolana vive como refugiada. Esta crisis cada vez más visible impone costos enormes en los vecinos regionales. Mientras tanto, el lavado ilícito de fondos socava el estado de derecho y la democracia, destruye las economías legales, fortalece los regímenes autocráticos corruptos y crea espacios donde prosperan las redes criminales transnacionales organizadas. Mientras las dinámicas de las actividades criminales en Venezuela continúan sin cambios, Maduro siente cada vez más la presión internacional e interna para un cambio en el régimen.

Este informe demuestra la magnitud de lo que nosotros llamamos Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Aquí nosotros subrayamos algunas de las tipologías criminales usadas por la red y exploramos el amplio impacto de esas acciones criminales. Este informe recopila el trabajo de campo realizado durante cinco años en 11 países y aumenta este análisis cualitativo con el análisis de fuentes públicas y datos abiertos. Últimamente afirmamos que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo. A menos que la red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, esta alianza sobrevivirá y se transformará en una operación más dispersa y sofisticada.

Introducción

El 26 de julio de 2018, 12 individuos vinculados con PDVSA fueron acusados en el Distrito Sur de Florida por conspiración de lavar US$ 1.2 billones, desde la compañía hacia bancos, casas de bolsa y compañías de inversión en bienes raíces en los Estado Unidos.1 La denuncia criminal detalló al menos una tipología de las múltiples que utiliza el gobierno venezolano para mover sumas significativas de dinero a puerto seguro durante la última década. Mientras la denuncia (y sus condenas consecuentes) son importantes, este caso representa sólo una faceta del modo en que los fondos han sido movidos ilícitamente por las estructuras del Estado, desde que la Revolución Bolivariana fue lanzada tras la elección de Hugo Chávez.

Con la orientación de Fidel Castro, Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela en 1998 como un héroe nacional, tras el fallido golpe de estado de 1992. El proyecto bolivariano de Chávez fue, desde su inicio, un esfuerzo para crear un nuevo modelo económico y político para América Latina, mientras simultáneamente se comprometía en una lucha política y económica contra la influencia de Estados Unidos. La idea era crear el “Socialismo del Siglo XXI”, logrando, al menos espiritualmente, una unión política entre Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Diseñó una plataforma popular, anticorrupción y populista y visualizó la vasta riqueza petrolera de Venezuela como la forma financiera para este anticipado final político.


Con los precios del petróleo altos y una gran desilusión con la élite histórica de la región, Chávez alcanzó el momento para lanzar su movimiento populista en la región. Para ello, entre 2005 y 2010 logró exitosamente a apoyar en financiar las campañas presidenciales de los candidatos con mentalidad radical, populista y autoritaria. Esos líderes incluyeron a Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Mel Zelaya (Honduras), Daniel Ortega (Nicaragua), Mauricio Funes -financiado por José Luis Merino6(El Salvador), y Desi Bouterse (Surinam). Chávez también mantuvo fuertes relaciones con el gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y con el gobierno populista radical de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.

No es coincidencia que la mayoría de los líderes de países bolivarianos, compartan historias de lucha en apoyo de las viejas fuerzas armadas guerrilleras de izquierda. Mientras la Revolución Bolivariana institucionalmente comenzó en 1998, las raíces del movimiento comenzaban décadas atrás, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (FSLN), el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador (FMLN), la Revolución Cubana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)7. Décadas más tarde, los recuerdos y lazos desarrollados durante los conflictos civiles creó un vínculo de confianza entre los nuevos líderes empoderados. La estatura de Chávez en el grupo bolivariano derivó, en parte, de su experiencia militar y de su ideología militarista, pero más que nada de su complacencia en gastar billones de los fondos de PDVSA en el hemisferio.

La alianza de los estados bolivarianos junto con las FARC se ha fusionado en lo que nosotros definimos como la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana – o un consorcio de estados criminales y actores no estatales que trabajan en concierto con objetivos compartidos. Esta empresa criminal conjunta, no sólo ha tomado billones de dólares de las arcas del estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región. La cartera criminal usada por aquellos en ese movimiento ha continuado diversificándose, como cuando los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se estancó. Tales condiciones forzaron al nuevo presidente Nicolás Maduro a dedicarse cada vez más a actividades más diversas como el tráfico de cocaína y la producción ilícita de oro, pero incluso con la declinación de PDVSA, el régimen continúa funcionando como una operación delictiva.

Este informe ofrece un panorama de una de las facetas de esta empresa que se define como una entidad compleja, global y frecuentemente patrocinada por el Estado. Basamos nuestros hallazgos en cinco años de investigación de campo y recolección de documentos en 11 países, como también en el análisis de fuentes abiertas. Afirmamos que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana debería ser entendida como una red de redes – no actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. En total identificamos 181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países. La suma financiera de estos hechos criminales no se conoce con exactidud, pero una investigación reciente realizada por un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió US$ 28 billones de PDVSA10 Nosotros hemos localizado por lo menos US$ 10 billones en fondos vinculados a Venezuela que se mueven entre 2007 y 2018.

En última instancia, argumentamos que el desafío más difícil para el desmantelamiento de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es abordar la cartera criminal diversificada y el alcance global de la red. Examinamos sólo cinco de las numerosas tipologías criminales bajo las cuales trabaja el grupo, incluyendo ventas y préstamos de petróleo falsos; la compra de activos físicos; megaproyectos de infraestructura; minería de oro ilegal; y transferencias entre bancos. También aseguramos que a pesar de las sanciones económicas de los Estados Unidos, la creciente condena internacional y la falta de legitimidad política, el régimen de Maduro no ha colapsado y no lo hará por un largo período de tiempo. Medidas como designar a PDVSA y sus líderes como criminales son significativos. No obstante, la capacidad de la red para adaptar y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo dentro de las arcas del régimen.

Ventas Falsificadas de Petróleo

Los esquemas de venta falsa de petróleo son la base sobre la cual comenzó a funcionar la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. PDVSA es la accionista mayoritaria en varias subsidiarias petroleras de la región, a través de su sucursal PDV Caribe. Esta posee el 60% de Petróleos Alba en El Salvador y el 51% de Albanisa en Nicaragua.11 El control de PDVSA sobre cada compañía involucrada en el consorcio del ALBA, permite mover fondos a través de la compañía venezolana hacia sus subsidiarias centroamericanas con facilidad. Más aún, las sumas de dinero que se mueven a través de PDV Caribe son importantes.

Las entrevistas del autor con individuos cercanos a Petróleos ALBA revelaron que la subsidiaria casi no recibió petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017, si bien la subsidiaria salvadoreña registró ingresos de aproximadamente US$ 200 millones por año -totalizando unos US$ 1.2 billones durante la década examinada. En Nicaragua, Albanisa obtuvo más petróleo de PDVSA, pero la subsidiaria nicaragüense recibió fondos que superaban con creces las importaciones. En el caso de Albanisa, el dinero provisto totalizó entre US$ 400 millones a US$ 600 millones o US$ 4 a US$ 6 billones de fondos ilícitos durante la última década.12 Estos fondos fueron manejados por un pequeño número de elites políticas aun cuando cada año los fondos representaban entre el 16% y el 20% del presupuesto nacional en Nicaragua y el 15% de El Salvador.


A pesar de todo, los fondos jamás pasaron por un proceso de aprobación del Congreso o por ningún mecanismo contable.13 Para crear un rastro de papel correspondiente, tanto Alba Petróleos como Albanisa establecieron docenas de compañías y empresas de fachada donde invertían fuerte, al menos en el papel – en producción de alimentos, instituciones financieras, aerolíneas, centros de estudio, proyectos de energía alternativa, adquisición de tierras, gasolineras y otras actividades. Todas esas compañías que se informó operaban bajo la bandera de ALBA incluyeron juntas directivas corporativas interconectadas y rara vez cumplieron con los requisitos legales en cuanto a la presentación de informes financieros. En ambos casos entrelazando redes de incondicionales del partido político, funcionarios superiores del gobierno y funcionarios de PDVSA dirigen las agencias subsidiarias.14 Aunque la más notable dinámica es que la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras afirman financiar, no existen físicamente ni producen bienes o servicios.

En el caso de Alba Petróleos, José Luis Merino (Viceministro de El Salvador de Asuntos Extranjeros para Inversión y Desarrollo Financiero y ex comandante del FMLN) y otros reputados testaferros, crearon una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá. Desde allí, Alba Petróleos y sus compañías vinculadas, les prestaron a ocho compañías panameñas bajo su control al menos US$ 1.1 billones entre 2007 y 2017. Esas compañías en su momento movieron el dinero a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable.

En el caso de Nicaragua, los fondos de Albanisa no están tan bien trazados porque el régimen de Ortega se negó sistemáticamente a completar la información requerida y permitió sólo a una poca gente de confianza el acceso a los informes financieros. No obstante, el sitio web de investigación Confidential,16 y otros investigadores, documentaron partes de la estructura. La cual usó métodos similares para crear docenas de compañías de fachada, incluyendo un banco (el cual será analizado más adelante en el informe), por parte de Albanisa, para guardar los fondos hasta tanto el dinero era movido al exterior.

Compras Sistemáticas de Activos

El 16 de agosto de 2018, Raúl Gorrín, venezolano, propietario de una red de noticias fue acusado de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de conspiración para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero.18 Gorrín se declaró culpable de todos los cargos. Este caso sirvió como ejemplo de cómo este esquema de activos fijos sirve para lavar fondos estatales venezolanos fuera del país y en paraísos fiscales o en otros países que resulten atractivos. En la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, el destino final de estos activos fijos es a menudo Estados Unidos.


En total, fueron mencionados 12 conspiradores en el caso del esquema para cambio de moneda extranjera donde el bolívar venezolano era negociado por un dólar fijo, cuyo precio era significativamente más alto que la tasa de cambio oficial. Se estima que este esquema habría lavado entre 1.2 y 2.4 billones de dólares, utilizando el sistema financiero de Estados Unidos, a lo largo de cuatro años. La participación de Gorrín en este esquema totalizó aproximadamente US$ 159 millones.20 Si bien, este esquema comenzó en 2014, el involucramiento de Gorrín puede rastrearse hasta el año 2008 cuando él comenzó a pagar sobornos para retener contratos comerciales.21 Así se convirtió en un socio confiable para los funcionarios venezolanos corruptos, Gorrín pagó sobornos y lavó fondos durante toda la década pasada por medio de las cuentas del banco de PDVSA, que podían operar en dólares sin estar sujetas a controles de cambio o restricciones bancarias.


La tipología de manipulación de cambio dio a los miembros del régimen, acceso a los escasos dólares existentes a una tasa preferencial más alta. Los involucrados recibían luego instrucciones para sacar los dólares de Venezuela, frecuentemente disimulados como fondos para el pago de importaciones o bien como ganancias provenientes de exportaciones. Los controles de cambio para el ciudadano común se convirtieron en una necesidad dado que una inflación sin precedentes hacía que la moneda local, el bolívar, valiera menos cada día y el régimen se desesperaba por recolectar tantos dólares como fuera posible (o cualquier moneda menos bolívares).


La mayoría de este dinero era movido a través de los Estados Unidos hasta Suiza y de allí regresaba a los Estados Unidos. Para ocultar el origen de los fondos, Gorrín movía el dinero por intermedio de compañías de fachada, lo que incluyó adquirir el banco dominicano Peravia para ocultar el origen de los fondos. De allí, Gorrín ocultaba los fondos lavados a través de la inversión en bienes raíces o en la compra de otros valores. La investigación criminal encontró que entre las compras que Gorrín realizó, había comprado tres aviones jets, un yate, múltiples caballos premiados y numerosos relojes de primeras marcas. Como los fondos no estaban más en efectivo o en alguna forma en que se pudieran rastrear, el esquema de lavado resultaba más difícil de detectar que si el dinero hubiera continuado moviéndose por intermedio de bancos o transacciones financieras rastreables.

Como resultado de su declaración de culpabilidad, en noviembre de 2018, al menos 24 de las propiedades de Gorrín (ubicados en los estados de Nueva York y Florida), fueron incautados. Sólo los siete condominios en Nueva York, tienen un valor estimado de US$ 40 millones. Las autoridades también incautaron 17 caballos de raza y varios vehículos de lujo. En este caso, como en la mayoría de los ejemplos de esta tipología criminal, Gorrín fue uno de los múltiples participantes, donde cada uno sacaba una parte del total. Esto continúa sirviendo como una tipología criminal común en varios países integrantes de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.

Minería Ilegal

En los últimos años, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana ha diversificado sus operaciones dentro de la minería del oro ilícita como forma de obtener ganancias y como forma de lavar los ingresos de múltiples delitos a través de una industria poco regulada. Es decir que la decisión de la Empresa de dedicarse al oro se debe, al menos en parte, a los altos precios del oro en el mercado internacional, la facilidad con la cual el oro puede ser movido y convertido en efectivo y el bajo riesgo de detección de las transacciones ilegales. El ejemplo más claro del esquema ilícito del movimiento de oro en relación con esta empresa criminal, es Kaloti Suriname Mint House (KSMH) que opera cerca de Paramaribo, Surinam. Inaugurada en 2015, la compañía mantiene una sociedad entre Surinam y Kaloti Precious Metals de los Emiratos Árabes Unidos. KSMH opera bajo la protección del presidente Desi Bouterse, quien es: condenado del narcotráfico, proveedor de armas para las FARC y un individuo que fue elegido con apoyo financiero de Chávez.

KSMH es un proyecto totalmente irracional y ficticio, que en los papeles costó US$ 20 millones y está ubicado en el país más aislado del hemisferio. No hay una ventaja competitiva entre los distribuidores de oro de los países productores de oro, quienes envían su oro a Miami o Europa en viajes comerciales diarios directos. Mientras que Surinam produce unas 28 toneladas de oro al año, la instalación tiene capacidad para refinar 60 toneladas de oro. Varias visitas de campo en junio de 2016 a KSMH, en la ciudad de Wit Santi que está ubicada cerca del aeropuerto internacional del país, arrojaron que la refinería no existe. De hecho, el edificio que alberga el proyecto no muestra actividad comercial ninguna. Entrevistas con comerciantes de oro en Surinam, confirmaron la inexistencia de la refinería.

Lo que hace tan valiosa a KSMH, es la facilidad con la cual la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, puede exportar su oro como originario de Surinam, disfrazando el verdadero origen del metal y evitando el escrutinio y las sanciones. El oro que se mueve a través de KSMH es probablemente producido legalmente en otros países de América Latina y es ideal para ubicar los flujos de recursos ilícitos y el lavado que lo acompaña. Además, el trabajo de campo realizado por IBI Consultants encontró que KSMH, ahora también certifica las exportaciones de oro de Surinam, así como también exporta oro que no existe, certificando exportaciones sin mover ningún oro. En la práctica entonces, uno puede obtener un certificado de exportación de oro de Surinam sin tener que exportar ningún oro, creando un mecanismo para justificar depósitos en efectivo que de otro modo serían sospechosos.

Como el movimiento de fondos bolivarianos están bajo escrutinio, para el régimen de Maduro es una forma menos regulada para conseguir efectivo que de otro modo sería bloqueado por las sanciones financieras. Solo en 2018, el estado venezolano vendió 73.2 toneladas de oro en Turquía y Emiratos Árabes Unidos, parte del mismo terminó bastante lejos, en Uganda. Dado que las reservas de oro del Banco Central Venezolano crecieron en 11 toneladas en 2018, a pesar de la venta masiva en curso, todo hace suponer que una importante cantidad de mercadería era obtenida ilegalmente por los grupos disidentes de la FARC y el ELN. La venta de oro ilegal, diamantes, coltán y otros bienes de fácil distribución que son además difíciles de rastrear, son una cada vez más creciente tipología criminal para la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.


Proyectos de Infraestructura Falsos

La transferencia de grandes sumas de dinero del Estado a través de proyectos de infraestructura inexistentes es una metodología importante usada por los estados criminales para lavar fondos. El hecho de que los Estados colocan los fondos a través de esos proyectos y controla los organismos que investigan esas operaciones, la supervisión y auditoría estatal no existe. Ni PDVSA ni sus subsidiarias centroamericanas, podrían ser investigadas por auditores de impuestos, las fuerzas de la ley o entidades de control financiero porque todos estaban bajo el control del Estado, cuyos líderes permitían que las operaciones avanzaran y se beneficiaban ellos mismos de esas actividades. Como esta tipología criminal ha sido perfeccionada a lo largo del tiempo, ahora es una de las más efectivas estrategias y con metodologías menos riesgosas que utiliza la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana.

Uno de los más grandes de estos casos, fue la firma de un programa anunciado entre Albanisa y PDVSA en Nicaragua. En 2007, los presidentes Chávez y Ortega colocaron la piedra angular donde Nicaragua iba a construir una enorme refinería para refinar el petróleo pesado de PDVSA. Los presidentes anunciaron que el proyecto costaría un estimado de US$ 6.6 billones, una suma de dinero absurda y económicamente irracional para un proyecto como tal, que además llevaría el grandioso nombre de “El Supremo Sueño de Bolívar”. La refinería en los papeles recibió un aporte inicial de US$ 32 millones en 2008 y un adicional de US$ 60 millones a lo largo de los tres años siguientes. En 2012 y 2013 el programa recibió un adicional de US$ 341.2 millones.  Desde 2013 las sumas dedicadas a este proyecto no son bien conocidas, pero los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aportaron varias decenas de millones a lo largo de 2015. Llegados a este punto, las huellas en papel del financiamiento se pierden. 

Sin embargo, casi un medio billón de dólares habría pasado por este proyecto y dejaron muy pocos resultados visibles. Múltiples visitas al sitio de la construcción entre 2014 y 2016 sólo revelaron un campo vacío con algunos tanques de almacenamiento y una cerca de madera, sin ningún otro signo de construcción de una refinería, excepto los mencionados tanques. En realidad, la cadena delictiva financiera lo que ejecutó es un movimiento de fondos de PDVSA a través de su subsidiaria Albanisa y luego los redistribuyó como pagos por trabajos nunca realizados y materiales inexistentes a compañías contratistas vinculadas a los gobiernos de Ortega y Chávez. Estas compañías fantasmas movían el dinero, ahora “limpio” de regreso bajo control de las estructuras delictivas de Nicaragua y Venezuela.

Si bien la refinería fue uno de los más grandes proyectos ficticios de infraestructura que descubrimos en nuestras investigaciones de campo, fue sólo una de las docenas de empresas similares que lavaron cientos de millones de dólares con el apoyo de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana. Otros proyectos que nunca se ejecutaron incluían contratos para la exploración petrolera, que nunca se realizó, la construcción de una planta para la producción de vacunas que jamás produjo una vacuna, una planta productora de paneles solares que no produjo paneles, una compañía embotelladora de agua que no generó agua embotellada alguna y docenas de otras empresas fantasmas en toda la región. Esto continúa hoy siendo uno de los más frecuentes tipos de actividades delictivas utilizadas por de la Empresa.

 Transferencias Banco a Banco

La última tipología financiera delictiva explorada en este informe se basa en la transferencia banco a banco. La abundancia de recursos pasando por PDVSA y ALBA forzó a la Empresa a adoptar soluciones sólo disponibles para Estados involucrados en actividades delictivas. En un caso, Nicaragua creó su propio banco bajo la protección del Estado nicaragüense. Este banco estaba directamente controlado por el presidente Ortega y un grupo de sus más cercanos cómplices en los negocios financieros, los que ya controlaban el consorcio Albanisa.


En octubre de 2014, las autoridades de Nicaragua oficialmente registraron el Banco Corporativo (Bancorp) como una entidad financiera y le dieron como domicilio la misma oficina que utilizaba Albanisa. La presentación formal del banco decía que la institución se especializaría en el manejo de inversiones, y las noticias locales informaron que Albanisa resultaba la propietaria. Sin embargo el banco llevaba adelante muy pocas operaciones regulares, optando por no ofrecer cuentas corrientes, préstamos, hipotecas y todas ellas actividades comunes entre los bancos.

Sin embargo, Bancorp funcionó como un depositario de un fondo de US$ 1.5 billones de dólares por parte de Albanisa y sus compañías relacionadas y más de US$ 1 billón en “otros fondos.” Las actividades de la nueva institución bancaria, aparecieron como tan inusuales que los líderes del sector bancario de Nicaragua se reunieron con oficiales de la Embajada de los Estados Unidos en el país para dejar en claro que no tenían relación alguna con este Banco. La preocupación aumentó cuando Bancorp recibió un depósito de US$ 16 millones en efectivo tan solo en el mes de diciembre de 2016. Las alarmas sonaron aún más cuando el banco declaró que sus depósitos aumentaron a US$ 340 millones en 2017, un aumento del 237 por ciento respecto del año anterior, y esto a pesar de la falta de clientes o de una actividad comercial clara.

Una de las anomalías más significativas de Bancorp fue la ausencia de “bancos corresponsales” con entidades bancarias que tuvieran acceso al sistema financiero de los Estados Unidos que realmente impide al banco llevar adelante negocios en el mundo exterior. A través de la investigación de campo determinó que Bancorp, para encontrar una forma de mover dinero afuera de Nicaragua, había abierto una cuenta en la sucursal panameña de un banco asiático con sucursales en Hong Kong, Corea del Sur y Panamá. Así fondos de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana eran entonces transferidos desde Nicaragua a la cuenta de Bancorp con el banco asiático en Panamá, para finalizar su recorrido en la filial de Hong Kong. Allí los fondos eran blanqueados y colocados en diferentes cuentas controladas por Ortega y sus aliados, así luego el dinero podía fácilmente ser movido desde Hong Kong y transferido electrónicamente a cualquier parte del mundo, incluidos los Estados Unidos.

Este mecanismo de transferencias banco a banco, cambió en enero de 2019 cuando los Estados Unidos sancionaron a Bancorp. En respuesta, el Presidente Ortega optó por una opción audaz. El impulsó una propuesta legislativa, por intermedio de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido de Ortega, por la cual, el Estado nicaragüense compraba Bancorp en aproximadamente US$ 23 millones y lo convertía en el Banco Nacional de Nicaragua. La movida sucedió y así amalgamó los fondos de Bancorp haciendo mucho más difícil discriminar e identificar los fondos ilícitos que se mueven en el sistema bancario Nicaragüense.

Impacto Humano y Económico

El costo de la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana resultó brutal, pero al menos, hasta cierto punto medible. En 2018 el índice de inflación de Venezuela sobrepasó un millón por ciento y el FMI estimó que este índice sobrepasaría 10 millón por ciento para finales de 2019.43 Además un estudio realizado en Venezuela en el 2017 estimaba que el venezolano promedio había perdido unos 11 kg al año dado la escasez de alimentos en el país. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estimó que tan solo el 20% de los medicamentos necesarios resultaba accesible para los venezolanos en el año 2018.45 Las carencias sistemáticas de comida y medicamentos son solo dos tipos de abusos de los derechos humanos cometidos por el régimen de Maduro.

El aumento en intensidad y cantidad de las sanciones aplicadas por los Estados Unidos sobre las compañías estatales venezolanas y los individuos asociados a ellos han sido culpados por algunos por esta crisis humanitaria. Sin embargo, los efectos de estas acciones sobre el venezolano promedio han sido más bien marginales. Existen pocas estimaciones del daño que las sanciones habrían causado en la población venezolana, pero una estimación determinó que entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018 las sanciones aplicadas por los Estados Unidos resultaron en aproximadamente U$S6 billones de dólares en pérdidas para Venezuela. Los efectos se aceleraron desde enero de 2019, cuando Estados Unidos anunció sanciones contra PDVSA. Sin embargo, S&P Global estimó que estas sanciones recortaron la producción de crudo venezolano en más del 50% en febrero, una pérdida de aproximadamente U$S6 millones de dólares en ganancias por día. Son significativas, pero estas pérdidas resultan marginales cuando se comparan con los costos del régimen. Además, esas ganancias hubieran sido distribuidas entre la élite política cuyo apoyo es vital, pero no entre el pueblo venezolano. Dicho eso el robo y el desmanejo realizado por el régimen puso a la economía de rodillas, independientemente de las sanciones económicas.

Una forma posible de medir esta crisis es a través del éxodo de refugiados y los costos que implican esta migración forzada. Comenzando en 2014, poco después de la elección de Maduro, comenzó un éxodo de refugiados que dejaban Venezuela y se dirigía principalmente a los vecinos regionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estimó que para enero de 2019, al menos 3.4 millones refugiados venezolanos, o si se quiere el 10.5% de la población total del país (de acuerdo con las cifras de población de 2014), vivían fuera del país. Esto convirtió a la crisis de los refugiados venezolanos en la más grande migración masiva forzada en la historia de América Latina y a la par o excediendo la crisis de los refugiados sirios. Colombia es en números el país más afectado por la crisis. La ACNUR estimó que antes del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela en febrero de 2019, unos 5.000 venezolanos entraban a Colombia cada día.51 Otros países muy afectados por el flujo de refugiados son Perú y Ecuador.

Si bien, los vecinos situados al oeste de Venezuela son los que más refugiados reciben hablando en términos de números, algunos países pequeños del hemisferio soportan una proporción mayor comparado con su población. Curazao alberga 16.147 (por cada cien mil) refugiados venezolanos, lo que es aproximadamente 8 veces mayor que Colombia. Aruba le sigue de cerca con 15.200 y el tercer país proporcionalmente más afectado es Guyana. La crisis de los refugiados venezolanos afecta al hemisferio entero y esto debe ser considerado cuando se analiza globalmente el costo de esta crisis. El ACNUR está requiriendo US$ 201.000 en costos de reasentamiento. Y las Naciones Unidas requerirán un adicional de US$ 738.000 en ayuda humanitaria para el año 2019. Es razonable asumir que esta ayuda humanitaria y los costos de reasentamiento asociados con la crisis venezolana serán al menos de US$ 1.5 billones.


Otro paquete de costos asociados con esta crisis es la deuda externa de Venezuela hacia países extranjeros y organizaciones internacionales, los cuales deberán ser pagados con intereses. Ya a principios de 2019, Venezuela debía a China casi US$ 20 billones. Ellos debían a la compañía petrolera perteneciente al estado ruso, Rosneft, aproximadamente US$ 2.3 billones. Otras estimaciones sugieren que la deuda externa total de Venezuela es de alrededor U$S 100 billones. Como resultado, estimamos que la deuda de Venezuela totaliza entre 22.3 billones y 100 billones de dólares. Una tercera categoría de costos estima, los fondos lavados por la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana por un monto de US$ 10 billones entre los años 2007 y 2018. Esta es una cifra baja comparada con el informe reciente que la estimaba en US$ 28 billones. Una persona entrevistada para este informe, quien estaba directamente involucrada en el movimiento de fondos de PDVSA, estimó que la cifra es cercana a los U$S 43 billones. Nosotros estimamos entre U$S 10 y U$S 43 billones los fondos del Estado que fueron enviados fuera de Venezuela.

Finalmente, de acuerdo con la Asamblea Nacional de Venezuela (que se encuentra en manos de la oposición) la economía del país se redujo en un 53% entre 2013 y 2019. Si bien es muy posible que el reporte de estas pérdidas sea algo impreciso, podemos aproximarnos a las

pérdidas económicas sufridas por Venezuela, basándonos en el PBI. En 2013, la economía venezolana arrojó un producto bruto interno de US$ 381 billones. Asumiendo que la declinación del PBI desde 2013 ha sido de entre un 8 y un 8.5% por año, Venezuela perdió entre 411 y 434 billones de dólares en su PBI desde 2013 hasta 2018. Esta estimación favorece claramente la postura de la oposición venezolana, pero sirve como una aproximación a las pérdidas sufridas atento a la falta de información oficial.

La suma de los costos incurridos por la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana con su consiguiente declinación económica arroja cifras que van entre los 473 y los 633 billones de dólares desde que Maduro se hizo cargo del gobierno en 2013. Como resultado, las acciones de la elite política venezolana generaron una espiral con efectos secundarios y terciarios sobre la población venezolana. Las estimaciones sobre la crisis venezolana son simultáneamente incompletas e imprecisas, pero demuestran la magnitud de la situación. Además, muchas de las acciones y sus resultados subsecuentes no hubieran sido posible sin la asistencia de una verdadera red de actores ilícitos operando por todo el mundo.

Conclusiones

Este informe subraya la interconectividad de los diferentes actores y mecanismos económicos que facilitan la pervivencia de esta Empresa, si bien es actualmente algo debilitada. La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana es una estructura única, construida con la participación directa del Estado, actuando en forma criminal y operando a través de múltiples esferas económicas y jurisdicciones policiales. Esta acción criminal cuenta con apoyo de entidades estatales, negocios ilícitos y grupos criminales organizados. El resultado es una compleja operación criminal que socava el estado de derecho, la gobernanza democrática y las alianzas de los Estados Unidos en el hemisferio occidental.

La estructura bolivariana ha probado ser resistente y adaptable con múltiples capacidades redundantes. Operacionalmente, cuando una faceta de esta red criminal es presionada, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana mueve sus operaciones a una nueva área o encuentra nuevos aliados – frecuentemente con diferentes fortalezas y conexiones – pero compartiendo la historia y objetivos comunes de la Empresa. Recientemente, el gobierno estadounidense ha tomado un enfoque más integral frente a estos actores criminales, y esto le está dando resultados significativos. Los esfuerzos para canalizar fondos provenientes de PDVSA y de la estructura bancaria bolivariana hacia el gobierno legítimo de Guaidó y fuera del alcance del régimen de Maduro son tan innovadores como necesarios. Pero como el ex Comandante del Comando Sur, James Stavridis, señaló “se necesita una red para combatir una red”.

Nosotros pensamos que la clave para combatir esta red está en la integración de las autoridades y capacidades de todo el gobierno de los Estados Unidos y en la colaboración de nuestros socios más confiables, como, por ejemplo, Colombia, para posibilitar cortar el alcance de la red bolivariana. Esta aproximación incluye combinar los recursos y la autoridad del Departamento del Tesoro, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Departamento de Homeland Security y de Defensa, en colaboración con la comunidad de inteligencia para enfrentar los múltiples nodos de la Empresa. Sin embargo, enfrentar a la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, también requiere acciones más allá de Venezuela y a la vez un compromiso más robusto y a largo plazo con las naciones políticamente aliadas en el Hemisferio Occidental. En tanto que los pilares ideológicos de la Revolución Bolivariana han sido ampliamente desacreditados, se presenta una oportunidad para los Estados Unidos acercarse a la región y encarar la complejidad que esta Empresa criminal plantea.


jueves, 9 de mayo de 2019

Planta Eléctrica de San Timoteo: Un claro ejemplo de ineficiencia y corrupción

Por Maibort Petit
@maibotpetit

Ni siquiera un año llegó a funcionar el turbogenerador que se instaló en esta unidad, sin que por ello se tomaran a acciones contra los responsables de este hecho.
Una serie de minutas de reuniones sostenidas en Petróleos de Venezuela. S.A. (PDVSA) en 2016 llegadas a nuestras manos, muestran los irregulares procesos que tuvieron lugar en la ejecución de la Planta Eléctrica de San Timoteo, así como la operaciones de servicios a pozos en la División Lago en el estado Zulia.

En la Planta de San Timoteo fue instalado un turbogenerador GE LMS100 (de 100 MW) que no llegó a funcionar siquiera un año. Además, los documentos permiten constatar la serie de fallas que tenían lugar sin que se tomaran acciones contra las empresa responsables.

Solidaris LLC fue la compañía encargada de la adquisición de equipos principales para este proyecto, incluida una turbina de gas GE LMS100 de 100 MW, una chimenea para la turbina, un transformador elevador, transformadores auxiliares para el consumo interno de la planta, un bus isofásico y un interruptor de generador, como puede constatarse en la página web de dicha firma que agrega que igualmente se encargó de la compra “y el transporte a Venezuela de Balance of Plant (BOP), incluido el sistema de tratamiento de agua de intercambio de iones desmineralizado, sistema de tratamiento de combustible, sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de aire de instrumentos y servicios, control de incendios. Sistema, sistema de control DCS, sistema eléctrico interno, sistema de refrigeración, sistema generador de arranque en negro, repuestos para toda la instalación, incluidas las turbinas y todas las tuberías, válvulas y bombas. Solidaris LLC también fue responsable de asegurar y revisar todos los servicios de ingeniería preliminares para el proyecto, incluidos los P&ID del proyecto. Finalmente, Solidaris LLC también obtuvo todo el apoyo necesario de Asistente Técnico (TA) requerido para las fases del proyecto de montaje y puesta en servicio, brindó apoyo directo para la puesta en servicio e identificó al personal para las actividades de construcción, comisionamiento y operación en el sitio”[1].

En una nota de Venezuela Política de octubre de 2018 denunciamos que en la Planta Termoeléctrica San Timoteo I (PDVSA) “La unidad ST-01 tiene capacidad nominal para generar 100. Está paralizada y para recuperar en el corto plazo capacidad para generar 100 MW necesita superar la falla grave que presenta y someterse a mantenimiento correctivo a largo plazo”[2].

Por otra parte, las minutas referidas a los servicios a pozos, dan cuenta del gran número de fallas operadas en ellos y lo engorroso de los procesos para la solución de las mismas.

Revisión de Planta Eléctrica de San Timoteo

El 23 de junio de 2016, la minuta N° 2016-002-PEST de PDVSA Gas sobre la reunión que tuvo lugar en el edificio principal Tía Juana, preparada por Darwinng García, versó sobre la revisión técnico operacional de la Planta Eléctrica San Timoteo.

Está firmada por Héctor Roque, de la Gerencia General de Operaciones Integral de Plantas; Carlos Villalobos, del Comité Técnico; Frank Cova, Custodio de la Planta San Timoteo; Juan García, de Ingeniería de Instalaciones; Darwinng García, de Operaciones Integral de Plantas; Luis Nieto, Comité Técnico; y Anderson González, Predictivo Dinámicos Lago Sur.

Se envió copia de la minuta a los siguientes asistentes a la reunión: Jorge Montes, Rodrigo Riera, Hugo Jiménez, Emilio Siniscalchi, Jesús Moreno, Rafael Pérez, Juan Garicano, María Alberola, Alexander Pirela, Bernardo Atencio, José Quintero, Henry Sánchez, Zoraida Graterol, Daicy Marín y Juan Carrillo.

En dicha reunión se acordó, en lo atinente a las acciones gerenciales, conformar un comité de arranque integrado por Alexander Delgado, Frank Cova y Alfredo Ribbon de Ingeniería de Plantas y Custodio de la Planta San Timoteo. Igualmente lo conformarían, de Ingeniería de Instalaciones Juan García (Rotativos), Javier Delgado (Instrumentación), Juan Godoy (Electricidad), Ana Insignares (Procesos), Nelson Moreno (Corrosión). Sólo estaba confirmado Juan García. El responsable era Darwinng García.

Del mismo modo lo integrarían Andis González (Seguridad Industrial), Carlos Troconis (Operaciones Planta San Timoteo), Emilio Siniscalchi, Jesús Moreno y Ernesto García (Mantenimiento Planta San Timoteo).

Estaba pendiente por designar el representante de Protección y Control de Pérdidas, el especialista de instrumentación y control de General Electric (GE).

También se acordó conformar un comité para analizar la falla de los motores eléctricos de agua de enfriamiento y la bomba de agua NOX, el cual estaría coordinado por especialistas de equipos rotativos de Ingeniería de Instalaciones. Juan García fue asignado a esta actividad.

Este comité debía presentar resultados preliminares el 8 de julio de 2016.

Por otra parte, se elaboró el Plan de Evaluación de los sistemas que conforman la Planta Eléctrica San Timoteo.

Se debía hacer una revisión de los puntos pendientes del proyecto Planta San Timoteo 1 que se concluyeron y que a saber fueron el no disponer de Llave (password) del sistema “Mark Vie”.

Se acordó solicitar a GE la llave para poder llevar a cabo pruebas de correspondencia y/o verificación de funcionamiento de equipos de campo y asegurar la disponibilidad de esta llave al personal de Plantas San Timoteo durante la operación de la unidad. El responsable de esto sería Hugo Jiménez.

Se advirtió que el sistema de control instalado no permitía la opción de la visualización de tendencias de los parámetros operacionales de la unidad. Por tanto, se acordó solicitar a GE las actualizaciones del sistema de control que permitan realizar la acción antes descrita.

Igualmente, se hace saber que el sistema de lavado axial no pudo ser completado en razón de que no se concluyó su automatización.

Se acordó ubicar el “punch list” o lista de puntos pendientes del proyecto para definir las acciones a seguir en los casos que apliquen a la unidad de generación. Se designó como responsable de esta acción a Frank Cova.


Se advierte que al no ser General Electric directamente la responsable de haber implantado el proyecto, toda solicitud a esta empresa debe hacerse acompañada del punto de cuenta respectivo para gestionar el pago.

Se acordó la revisión del listado de repuestos recomendados para cada sistema, por lo que se deberá hacer examen de los manuales para validar los requerimientos recomendados para dos años de operación y comparar con el inventario. El responsable de esto sería Mantenimiento San Timoteo. Se advirtió de la poca cantidad de repuestos que había en stock dado que procesos de compra llevados a cabo por la Gerencia de Servicios Eléctricos asociados a la unidad San Timoteo 1 fueron declarados desiertos.

Respecto a la revisión de fallas por falta de componentes o equipo no adecuado para su calibración se determinó que el sistema de control local se encuentra fuera de servicio por daños en el CPU, lo que impedía el arranque local de la unidad. Se acordó hacer un seguimiento al caso identificado con el número AIT 22504727 para acelerar la reparación del CPU y poder hacer las pruebas con el técnico de GE. El responsable era Frank Cova.

En razón de que se desconocía la calidad del combustible diésel y agua desmineralizada (NOX) por la falta de personal técnico especializado y equipos para realizar las pruebas, se debía evaluar y emitir recomendaciones. Se acordó asegurar la presencia de un técnico especialista en procesos e integrarlo al comité de arranque. Se sugirió asignar al ingeniero William Barón de la Gerencia de Vapor. También, incluir en la procura que se estaba haciendo a General Electric, los equipos recomendados por esa empresa para cumplir con los requerimientos de agua y combustible que asegurara el correcto funcionamiento de la unidad. El responsable sería Hugo Jiménez. Se advirtió de que la falta de personal químico impedía garantizar las condiciones de trabajo óptimas.

Se refiere que la bomba de agua desmineralizada había sido reparada en planta el 31 de mayo de 2014 y en esa ocasión se hizo un remplazo del tubo pilot por otro de una bomba similar lo que modificó su morfología y, por tanto, no se podía controlar el flujo de agua NOX en automático sino en manualmente. La planta sólo operó por tres días con esta bomba. La unidad nunca llegó a generar carga base en esta condición. Se acordó revisar las especificaciones de los equipos que requirieran reemplazo para incluirlos en la compra a los Estados Unidos. De esta acción sería responsable Mantenimiento San Timoteo.

También debían buscar las especificaciones de los amortiguadores del sistema de alabes guías y válvulas de sangrado que tuvieran que ser reemplazados para incluirlos en la compra a los Estados Unidos.

En cuanto a las fallas por uso de consumibles inadecuados, tales como O‘rins en mangueras de sistema de aceite del super core; elementos de filtro de combustible, aceite lubricante hidráulico, succión de aire de la unidad, sistema de aire comprimido; tornillería, tubo pilot; entre otros. Se debía proceder a buscar las especificaciones de los consumibles para comprarlos en Estados Unidos. El responsable de esta acción era Mantenimiento San Timoteo. Se advirtió de la mínima existencia de repuestos en stock en razón de que los procesos de compra realizados por la gerencia de servicios eléctricos habían sido declarados desiertos.

Sobre las fallas que podían dejar fuera de servicio el equipo por largo tiempo debido a la ausencia de molduras como motor o bomba de agua desmineralizada; motor o bomba de combustible líquido; módulos de control automáticos, entre otro, se acordó elaborar un listado de molduras requeridas para no afectar la generación eléctrica en caso de falla y someter a la gerencia para su aprobación y procura. De esta acción se encargaría Mantenimiento San Timoteo.

Con relación a las fallas de los equipos en la instalación detectadas mediante pruebas en los motores eléctricos del sistema de agua de enfriamiento de los motores 9060 y 9059, se solicitó verificar si existía un contrato activo para su reparación lo cual resultó negativo. Estaban en trámites de activar un contrato sometido por la gerencia.

Las fallas detectables únicamente ejecutando un “commissioning” en cada sistema, se cita el caso del secador de aire “A” que debe reemplazar la sílica se acordó realizarlo integralmente en la planta San Timoteo. Al no disponer de la llave del sistema “Mark Vie” para realizar las verificaciones y ajustes de lazos de control de todos los sistemas GE, el commissioning estaba detenido.

También se decidió evaluar la factibilidad de tomar aire de instrumentos desde la descarga del compresor axial de la LMS-100 y determinar la factibilidad de usar el sistema de secado de aire de tipo frigorífico. El inconveniente para acometer las acciones se genera porque GE no es la empresa que implantó el proyecto, por lo que se debían hacer un punto de cuenta para gestionar el pago respectivo.

Sobre las fallas derivadas de la revisión que se pudiera realizar de los parámetros de operación de las últimas semanas de la unidad, se acordó revisar los parámetros de operación diaria. El responsable sería el comité de arranque.

Con relación a las fallas inducidas por la falta o inadecuada preservación de los componentes como equipos de PDVSA, el clutch del arrancador, el procedimiento del fabricante (Hilliard) para inspección del arrancador que debe efectuar personal calificado, inspección de tornillos de acople del compresor de baja con compresor de alta, y la inspección endoscópica de la turbina de potencia lado escape que impide la entrada de agua de lluvia, se acordó coordinar la inspección al ducto de escape de la unidad con el personal de Predictivo Dinámico Lago Sur.

Igualmente se revisaron las fallas por falta de instalación de boletines de servicio GE, de las determinadas en el equipo (super core) enviado a Houston, Estados Unidos, la detectadas en el sistema de extinción por CO2, entre otras y se acordaron las acciones necesarias.

Asimismo, se acordó evaluar la estrategia de traslado del personal de proyectos desde el edificio Barco hasta San Timoteo; lo concerniente a la alimentación del personal; que el personal de Ingeniería de Instalaciones visualizara las pruebas; discutir en su totalidad la presentación de la empresa Synergy con el personal de General Electric y de PDVSA que asistiera a la prueba de aceptación.

También se revisó el informe de inspección boroscópica del supercore saliente realizada por GE, donde se detectaron las desviaciones encontradas; se hizo referencia a la disponibilidad de un generador eléctrico de 750 KW en la Planta San Timoteo que presentaba un daño menor en el motor de combustión interna y se acordó enviarlo al taller central San Francisco para su reparación y posterior instalación; se informó de la entrega de todos los activos y personal de la Planta Termoeléctrica San Timoteo a la empresa mixta Petrozamora.

Servicio integral de pozos de la División Lago

El 11 de febrero de 2016, se llevó a cabo una reunión en El Menito que versó sobre el servicio integral de perforación, completación y rehabilitación de pozos con financiamiento para la División Lago.

A continuación se puede ver la lista de los asistentes:

Durante el encuentro se revisaron los siguientes puntos:

La no recepción de las especificaciones técnicas y formato de requerimiento operacional correspondiente a la unidad ejecutora (subgerencia de Perforación Lago), que Pamela Salazar se comprometió a enviar el 12 de febrero de 2016.

El personal de Servicios Lacustres no asistió al encuentro y tampoco fue entregada la lista de materiales y repuestos para los mantenimientos.

Se informó que los perdidos (SOLPED) 1300346141 para el proyecto Servicios Integrados con Schlumberger y 1300346146 con CPVEN/Martine estaban liberados y se esperaba la aprobación del gerente de la División Lago, César Valera.

Se hizo una consulta sobre el estatus del régimen laboral, factor de sobreprecio, ajuste por inflación y documentación de impacto ambiental, los cuales eran imprescindibles para llevar a cabo el proceso ante la comisión de licitaciones.

Se informó de la inasistencia a la reunión del personal de finanzas, pero desde el departamento de contratación se aclaró que para la solicitud de la estructura de costos labor del factor sobrecosto se requería el aval del régimen.

Se remitirían a la gerencia de ambiente el listado de pozos correspondiente a la secuencia 2016 contemplada en el proyecto con el objetivo de que se confirmara su inclusión en las memorias descriptivas sometidas ante el ministerio de Ambiente.

Se informó del envío de un modelo de condiciones de participación preliminar de la División Lago para su revisión. Se solicitó el apoyo de PDVSA Servicios respecto al modelo de contrato bajo la modalidad de financiamiento.

Quedó pendiente la justificación sobre la necesidad de los pagos en dólares en virtud de que se debían hacer compras de materiales, equipos y repuestos.

Sobre el manejo de Ripios se informó que la División Lago apoyaba una SOLPE perteneciente a Sur lago Trujillo con la cual se trataban los desechos en Transumaca.

Igualmente se comentó la existencia de un contrato con Solmico, el número 4600059396, heredado de PDVSA Servicios, el cual se inició con Caipt, cuyas partidas críticas se habían agotado y se encontraba a la espera de la firma para someterlo al ejercicio de aumento y disminución de volumetría, al tiempo que se trabajaba en la reformulación del presupuesto sustitutivo.

Respecto a las asignaciones y mantenimiento de unidades lacustres, se informó que no se tenía respuesta de Servicios Lacustres de la lista de materiales y repuestos para el mantenimiento de las unidades a asignar o contratar, requisito necesario para que la Unidad de Contratación pudiera someter el modelo de ajuste por inflación a la gerencia de Evaluaciones Financieras.

Se precisó que Schlumberger informó que solo había revisado los equipos asignados que estaban en fuera de servicio y pidió revisar los que estaban operativos para realizarles pruebas de tiro e inspección de cascos.

Las compañías de servicio informaron que no habían recibido la lista de personal asignado al proyecto

Otros puntos discutidos pueden apreciarse a continuación:


Reunión del 11-2-2016

La reunión del 11 de febrero de 2016 en El Menito, asistieron:

Respecto a las inspecciones y asignaciones de taladros, los representantes de las empresas de servicios y la Gerencia de Perforación División Sur Lago Trujillo informaron que se habían llevado a cabo evaluaciones a los taladros candidatos para el servicio integral y se encontraban esperando el informe final.

Se advirtió que la formalización del pliego quedaría a expensas de la inspección de los taladros por parte de las compañías de servicios.

Con relación al control de sólidos se advirtió que desde el punto de vista jurídico se debía justificar la escogencia de los taladros por parte de las empresas de servicios en sustitución de los ECS.

Se precisó además que se consideraría un solo régimen laboral para el personal de control de sólidos en la estructura de los taladros.

Se reiteró la obligación de proveer la alimentación delos trabajadores pertenecientes a la cuadrilla típica del taladro de acuerdo con el contrato colectivo petrolero.

Respecto al pago de aranceles por nacionalización se pautaron reuniones entre la Gerencia de Contratación, Bariven-Aduana, Gerencia de Finanzas para discutir otra vía administrativa que permitiera resarcir los costos y estudiar las opciones para agilizar los procesos en el puerto de Maracaibo.

Se precisó que de acuerdo a reunión sostenida entre la Gerencia de Contratación, Bariven-Aduana y la Gerencia de Finanzas, se estableció que los únicos pagos a dólar a Bs. 6,30 eran los realizados para los materiales, repuestos o equipos destinados a PDVSA, mientras que los insumos destinados a otras compañías debían hacerse a tasa Simadi.

La Gerencia de Ambiente estableció que el servicio de recepción y tratamientos de los desechos sólidos, semisólidos y líquidos generados en los taladros de la División Lago Trujillo eran realizados a través de la SOLPED N° 1300348470. Las empresas adjudicadas eran Suelo Tec C.A., Trasumaca y Solmico C.A.

Se acordó que la gerencia de contratante sería la responsable de garantizar la asistencia del personal AIT.

Reunión del 18-2-2016

El 18 de febrero de 2016, en el Menito se llevó a cabo una reunión para tratar el servicio integral de perforación, completación y rehabilitación de pozos con financiamiento para la División Lago.

He aquí el listado de asistentes:

Sobre los avances en los procesos de contratación

Se informó que las especificaciones técnicas sufrieron modificaciones respecto a la fuerza labor de servicio de equipo de control de sólidos, quedando establecido que sería 8 obreros por gabarra de perforación.

Se precisó que se en los taladros Schlumberger los ECS eran atendidos por los integrantes de las cuadrillas típicas del taladro, por lo que de continuar en la misma situación no debían considerarse en la oferta para dicho servicio.

Relaciones Laborales se encontraba revisando las especificaciones técnicas para emitir el régimen laboral.

Una vez se definiera el régimen laboral se solicitaría a la unidad de evaluaciones financieras de la Gerencia de Finanzas Occidente, el factor de sobrecosto. Se trabajaba en el mecanismo de ajuste por inflación.

Se informó que el 17 de febrero de 2016 fue enviada la justificación de la necesidad de pago en dólares y quedó pendiente incluir los insumos correspondientes a las unidades asignadas.

Se informó que el modelo de condiciones de participación preliminar fue remitido a la División Lago el 10 de febrero de 2016.

Se tomaría en cuenta la observación de la Gerencia de Asuntos Jurídicos para la elaboración del contrato, la cual consistía en adaptar un contrato actual (para la fecha) de perforación y completación de pozos, con las condiciones generales y particulares referentes al financiamiento, teniendo como referencia el contrato de reconexión de pozos de División Lago. Se propuso una reunión entre la unidad de contratación y la gerencia de asuntos jurídicos para preparar el proyecto.

El representante de Schlumberger informó que avanzaban las reuniones entre las partes con el financiador.

El representante de CPVEN informó que el ente financiador con que se habían reunido necesitaba el contrato o el avance del mismo para avalar la transparencia del proceso.

Ambas empresas informaron que recibieron el modelo del pliego, especificaciones técnicas, especificaciones de los EPP y volumetría y se encontraban revisándolos, pero hasta el momento no tenían observaciones relevantes y continuarían trabajando en la oferta.

Se informó que compañías de servicios habían consultado sobre la tasa a considerar en la oferta para los pagos de aranceles por nacionalización. Se precisó que los insumos importados para PDVSA serían considerados bajo sistema de cambio protegido que funcionaba para la fecha (Bs. 6,30 por dólar) y los insumos procurados por las empresas de servicios debían estimarse a la tasa Simadi y adicionalmente debían registrar ante la aduana los materiales que anteriormente no importaban para PDVSA.



Con relación a la documentación de impacto ambiental, se acordó cotejar la memoria descriptiva de las autorizaciones de afectación de recursos naturales vigentes y en trámite con las unidades de explotación de la División Lago. Se quería incluir las localizaciones adicionales contempladas en el proyecto.

Se precisó que el distanciamiento entre el muelle Bachaquero II y el centro de tratamiento (Solmico) era de 60 kilómetros.

El representante de Schlumberger ofreció el servicio de inyección de ripios y puso a disposición el personal técnico para que en conjunto con la gerencia de ambiente y las unidades de explotación, estudiaran la factibilidad de su práctica.

Sobre las asignaciones de unidades lacustres se informó que esta lista se había enviado el 5 de febrero de 2016.

Servicios lacustres debía entregar una lista de verificación de todas las unidades asignadas y se exigió acelerar las inspecciones a las unidades operativas independientemente de la disponibilidad de áreas para revisión de casos.

Se acordó que la lista de los equipos de protección personal sería nuevamente enviada con un ascendente no mayor de 10 por ciento para cubrir cualquier reemplazo de personal asignado.

Construcción de Fundaciones Mantenimiento Lago informó que los martillos C5 y C4 estaban operativos pero no habían recibido la asignación de unidades lacustres. Trabajaban en la contratación con financiamiento de construcción de localizaciones con la empresa Raymond de Venezuela que ayudaría a acelerar los requerimientos desde 2016.

Se pidió que Servicios Lacustres ofreciera un plan que garantizara la asignación de recursos de la gerencia de construcción de localizaciones.

Sobre División Sur del Lago Trujillo

Ese mismo 18 de febrero de 2016, en El Menito tuvo lugar una reunión para tratar el servicio integral de perforación y completación de pozos con financiamiento para la División Sur del Lago Trujillo.

Asistieron a este encuentro:


Los representantes de las empresas de servicio Schlumberger y Halliburton informaron que habían entregado el 22 de febrero de 2016 los informes de las inspecciones realizadas.

También se informó de la conformación de una mesa de trabajo para analizar desde el punto de vista de producción (yacimiento) e infraestructura, las localizaciones candidatas al proyecto para tenerlas preparadas al inicio de la firma del contrato.

Se propuso incluir otras localizaciones (la CEI-4H y CEI-4H) a las que se estaban mudando los taladros Simón Bolívar 10 y PDV-171 respectivamente, pues sus construcciones pudieran estar afectadas por la disponibilidad de tubulares.

Se informó que estaba avanzada la justificación de la necesidad de los reemplazos de los equipos de control de sólidos.

Los pedidos SOLPED 1300344406 para el proyecto de servicios integrados con Schlumberger y 1300354085 con Halliburton estaban liberados y firmados por la Gerencia División Sur Lago Trujillo.

Halliburton preguntó sobre la tasa a utilizar para la estimación de la oferta en virtud de que los insumos importados destinados a PDVSA serían considerados bajo el sistema de cambio protegido a Bs. 6,30 por dólar para la fecha, pero había pasado a Bs. 10,30 por dólar. Se acordó esperar por la publicación del decreto en la Gaceta Oficial para determinar esto.

Se conoció que el proceso de contratación había sido aprobado para los 15 días siguientes sería dada a conocer por el comité operacional.

Citas de esta nota:

[1] Solidaris LLC. http://www.solidarisllc.com/solidaris-projects.htm

[2] Venezuela Política. “Conoce cómo se encuentra el Sistema Eléctrico Nacional venezolano”. 26 de octubre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/10/conoce-como-se-encuentra-el-sistema.html

viernes, 15 de febrero de 2019

Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones

Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Tras una larga espera y no respuesta por parte del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño una juez federal de Houston ordenó al exfuncionario del régimen de Nicolás Maduro el pago de una compensación de unos 1.400 millones de dólares como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources.
La jueza de distrito Lee Rosenthal dió a conocer el fallo tras no conocerse la respuesta de Ramírez Carreño en la demanda. Esta es la primera vez que el expresidente de PDVSA es demandado en los Estados Unidos en un caso civil.
Los documentos federales señalan que hubo solicitud de Ramírez, a través de terceros, de solicitar a la empresa Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

La juez Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a la empresa Harvest, pero el falló la triplico.
Juan José García Mendoza: 
El presunto extorsionador de Harvest Natural Resources INC

Ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, la empresa estadunidense demando civilmente a Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

Múltiples fueron los obstáculos que Harvest Natural Resources INC[1] y HNR Energia BV enfrentaron para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007, pero el hecho más significativo denunciado por los propietarios de dichas compañías, fueron los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representares de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones para que, finalmente, la alta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. Del denunciado proceso extorsivo, la empresa estadunidense acusa a Juan José García Mendoza, un asesor petrolero que, presuntamente, actuó en connivencia con altos jerarcas de la estatal petrolera y del gobierno para que las referidas empresas cedieran a las presiones y terminaran pagando la coima exigida.

Ante el tribunal Harvest exige ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

Luego de varias acciones, en los primeros días de octubre de 2016, Oswaldo Cisneros completó la compra de 32 por ciento de las acciones de PetroDelta a Harvest Natural Resources Inc. y a la argentina Pluspetrol por alrededor de USD 200 millones en efectivo y acciones[2], informó en su momento el portal El Estímulo. 

Posteriormente, el 20 de octubre se conoció Cisneros invertiría USD 1.000 millones en un campo petrolero controlado del estado venezolano. Delta Petroleum NV, grupo empresarial controlado por Cisneros anunció que firmaría un acuerdo para invertir USD 800 millones en la empresa mixta que mantiene con Pdvsa, PetroDelta, y que funciona en el oriente venezolano[3].

Pero pese a que la venta se concretó, Harsvest denuncia grandes pérdidas en razón de los supuestos obstáculos interpuestos por funcionarios del gobierno venezolano y sus representantes para que la venta ocurriera en 2012-13 cuando estaba previsto y por el precio a que entonces aspiraba.

La sociedad entre Harvest y CVP comenzó cuando el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de conversión a empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. representada por su presidente, Eulogio Del Pino y la empresa estadounidense, Harvest Vinccler S.C.A. representada por su gerente general, Karl Nessenrole, y HNR Finance B.V., a su vez representada por su director gerente, Kurt A. Nelson. El capital era Bs. 1.000.000.000 representados por cien mil acciones comunes con un valor nominal de Bs. 10.000 cada una, clasificadas en tipo A y B. CVP sería poseedora del 60 por ciento representado en 60 mil acciones tipo A, mientras HNR Finance tendría el restante 40 por ciento representado en 40 mil acciones tipo B.

Tal situación llevó a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interponer en febrero de 2018 una demanda civil en contra aquellos a quienes estima, afectaron sus intereses y que de acuerdo a lo que reza el documento acusatorio, habrían sido Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Los detalles de la demanda

Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV presentó una demanda en contra en contra de Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio Antonio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston[4].


La demanda indica que Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y Pertamina habrían sido supuestamente objeto de extorsión.

Los demandantes sostienen que los demandados les exigieron USD 10 millones para que concretar la venta de sus activos en Venezuela. Harvest  asegura que fue objeto por parte de los acusados y por diez años de una conspiración con fines extorsivos cuando intentaron negociar con Petróleos de Venezuela S.A.

A consecuencia de estas acciones por parte de los demandados, Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela lo que representó pérdidas por el orden de los USD 500 millones.

Alega la empresa que Juan José García Mendoza, propietario de las empresas Petro Consultores y Azure, era quien llevaba a cabo la extorsión al amparo de sus compañías.

La demandante expone en que en noviembre de 2012, Juan José García Mendoza se dirigió a Juan Francisco Clerico, director de Harvest-Vinccler, en Caracas, Venezuela, y exigió que Harvest pagara un soborno de USD 10 millones para que el gobierno venezolano procediera a aprobar la operación de venta. Se trataba de la venta de la participación accionaria de Harvest en la empresa mixta Petrodelta (40 por ciento), una compañía venezolana de exploración y producción que poseía en sociedad con PDVSA.

Harvest sostiene que García Mendoza ya había exigido sobornos similares en dos ocasiones anteriores a empresas que también habían celebrado acuerdos para comprar los intereses de Harvest en Venezuela.

Harvest alega que García Mendoza pidió estos sobornos "sabiendo y con la intención de que la solicitud se transmitiría a Harvest en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se hubiere pagado, necesariamente procedería de cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos.

Harvest asegura que García Mendoza "trabaja como consultor en la industria del petróleo y el gas para empresas, incluidas empresas de Estados Unidos y Texas, que realizan negocios en Venezuela. García es propietario, funcionario y empleado de Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company, Inc., Petroconsultores (Barbados) Ltd. y Petroconsultores, Inc. García también fue propietario y gerente de Azure 904 LLC durante el período de tiempo relevante.

En razón de que Harvest y las empresas compradoras se negaron a pagar las coimas, los procesos de venta se vieron frustrados, no pudiendo Harvest vender sus activos venezolanos durante cuatro años y que luego solamente pudo hacerlo con un descuento de más de USD 470 millones respecto al acuerdo original.

Harvest exige que se le pague tres veces la cantidad que ellos habrían perdido debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno venezolano, a saber USD 1.500 millones.

En abril de 2018, el juez Keith P. Ellison, titular del citado tribunal, desestimó una demanda contra Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, por considerar que no tenían jurisdicción personal en el estado de Texas en todos los aspectos.

Harvest impugnó la casi totalidad de la declaración de García Mendoza para argumentar la falta de jurisdicción personal y procedió a tramitar un descubrimiento jurisdiccional. El 30 de abril de 2018, la corte escuchó un argumento oral sobre la moción de Harvest y el tribunal consideró la situación y amplió los plazos en 60 días.

La corte concedió la moción de Harvest para el descubrimiento jurisdiccional y se determinó que las partes tenían hasta el 28 de junio de 2018 para llevar a cabo un descubrimiento limitado a los vínculos jurisdiccionales y contactos de los demandados. Harvest puede deponer a García, y debe comparecer, pero puede elegir aparecer en Miami, Florida o Houston, Texas. La deposición se llevaría a cabo en una fecha, lugar y hora que las partes acuerden o que el tribunal ordene.

El descubrimiento jurisdiccional puede mostrar que los contactos de García Mendoza con la Florida u otros estado son "continuos y sistemáticos", sometiéndolo a la jurisdicción en Texas bajo la ley RICO. Igualmente, el descubrimiento jurisdiccional podría mostrar que García Mendoza "dirigió a propósito [sus] actividades en [Texas] y [que] los resultados del pleito de presuntas lesiones surgieron o se relacionan con esas actividades". Harvest alega que García pretendía que su solicitud fuera tramitada en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se pagase, necesariamente provendría de las cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos. García supuestamente sobornó a Harvest-Vinccler, una compañía holandesa, en gran parte propiedad de HNR Energia, una compañía de Curazao, que era propiedad de Harvest, si el descubrimiento establece que la solicitud de soborno de García fue una un agravio intencional dirigido a Texas, eso puede ser suficiente.

Las partes debían completar el descubrimiento jurisdiccional antes del 6 de julio de 2018 y Harvest debía responder a la moción de desestimación de los demandados antes del 3 de agosto de 2018. Los acusados ​​debían presentar una respuesta antes del 10 de agosto de 2018. El argumento oral se realizaría el 24 de agosto de 2018.

¿Quién es Juan José García Mendoza?

El portal Dateas nos informa que Juan José García Mendoza nació el 24 de junio de 1960 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.548.420. Lo ubica en el San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado Miranda[5].

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales refiere que ingresó al sistema el 22 de marzo de 1982, apareciendo en la actualidad con estatus cesante de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. con el número patronal D11300057. Indica que su fecha de egresó fue el 30 de diciembre de 1989. Su fecha de contingencia es el 24 de junio de 2020. Acumula 1.032 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 9.343,47[6].

Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Colegio Fray Luis Amigo de la parroquia Barura, municipio Baruta del estado Miranda.
Entretanto, Juan José García Mendoza, su hijo, nació el 28 de agosto de 1975 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.097.084. Se le ubica en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital[7].

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1999, su fecha de contingencia es el 28 de agosto de 2035. Su estatus actual es cesante de la empresa Serviascorp C.A., con el número patronal D18389484. Acumula 257 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 19.058,92[8].

El Registro Electoral Permanente informa que ejerce el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Parroquial La Sagrada Familia, de la parroquia Sucre, municipio bolivariano Libertado, Distrito Capital.

Azure 904, LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida en fecha 17 de abril de 2013, bajo el número L13000056934. Su estatus es active. Se ofreció como sede el 9401 Collins Ave. #605, Surfside, FL 33154. Como dirección postal se suministró el P.O. Box 830726, Miami, FL 33283. Como agente registrador figura Cira E. García (8925 Collins Ave. Unit 7C, Surfside, FL 33154). Como titular aparece Juan J. García (misma dirección de la empresa)[9].

Sobre esta empresa, Juan José García Mendiza dijo ante la Corte de Texas: “Soy el único propietario de Azure 904, LLC ("Azure 904"), una compañía de responsabilidad limitada de Florida. Azure 904 actualmente es propietaria del condominio de Florida donde vive mi madre anciana. La compañía, sin embargo, nunca ha poseído ninguna propiedad u otros activos fuera del Estado de Florida y no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos ni en ningún otro lado. Azure 904, de hecho, no ha llevado a cabo ningún negocio debido a la adquisición y el mantenimiento de bienes inmuebles en Florida. La compañía, especialmente, nunca ha llevado a cabo negocios en Texas ni con ningún residente de Texas”.

Sobre Petroconsultores SC ("Petro, S.C."), el propio Juan García Mendoza declaró ante el tribunal de Texas que es el único propietario y empleado de la empresa que tiene sede en Venezuela con el único propósito comercial de realizar consultorías de petróleo y gas para empresas venezolanas. “. Cuando trabajo para Petro, S.C., no he prestado servicios para ningún residente o entidad de Texas, me he comunicado con ningún residente de Texas, no estoy registrado para hacer negocios en Texas ni he realizado negocios con ninguna entidad de Texas. Petro, S.C., no tiene una cuenta bancaria en Texas, posee ninguna propiedad real o personal en Texas ni posee ningún activo en Texas”. La compañía tiene su sede en la Calle Suapure, Caracas, Distrito Capital. Teléfono: 0212 7531850[10].

De Petro Consultores International Trading Company, Inc. ("Petro International"), Juan José García Mendoza dijo ante la corte que esta “fue otra empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro International no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro International, especialmente, nunca ha tenido ningún activo o propiedad en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las cuotas anuales que el gobierno panameño requiere para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan.

De ella el portal Open Corporates[11] dice que está inscrita en Panamá con el número de registro N846031, en fecha 9 de octubre de 2014 y que en la actualidad exhibe estatus active. El agente registrador fue Anzola Robles & Asociados. Como presidente y director figura Juan José García, quien se encuentra acompañado en el directorio por Feddy Ricardo Salcedo Descombaz (vicepresidente y director), Guido Roberto Danilo Italiani Firrito (director), y Davis Arrocha Medina e Esca Grajales Castillo como directores.

Con relación a Petroconsultores (Barbados) LTD, García Mendoza expuso que “es una empresa de Barbados. Petro Barbados también fue una empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro Barbados no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro Barbados, especialmente, nunca ha tenido activos ni propiedades en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las tarifas anuales que exige el gobierno de Barbados para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan”.

Open Corporates refiere que esta empresa fue registrada en Barbados el 10 de diciembre de 2014, bajo el número 38947[12].

Entretanto, de Petroconsultores Inc Juan García Mendoza expresó que “es una empresa de Anguila, Islas Vírgenes Británicas. Petro, Inc., es una empresa comercial fallida que no tiene sede ni operaciones comerciales actuales de ningún tipo. Petro, Inc., no tiene cuentas bancarias de Estados Unidos o Texas en absoluto. De hecho, Petro, Inc., nunca ha poseído ningún activo, pasivo o propiedad en ningún estado de EE. UU. Ni ha llevado a cabo ningún negocio en ningún estado de EE. UU. Petro, Inc., especialmente, no se ha comunicado con ningún residente de Texas, no está registrado para hacer negocios en Texas y no ha realizado negocios con ninguna entidad de Texas”.

Notas 

[1] Hasvest. http://www.harvestnr.com/

[2] El Estímulo. “Oswaldo Cisneros invierte $1.000 millones en PetroDelta”. 20 de octubre de 2016. http://elestimulo.com/elinteres/oswaldo-cisneros-invierte-1-000-millones-en-petrodelta/

[3] The Walll Street Journal. “Oswaldo Cisneros invertirá US$1.000 millones en un proyecto petrolero controlado por Venezuela”. https://www.wsj.com/articles/oswaldo-cisneros-invertira-us-1-000-millones-en-un-proyecto-petrolero-controlado-por-venezuela-1476903613

[4] Global Investigations Reiew. Case 4:18-cv-00483 Document 1 Filed in TXSD on 02/16/18.   https://globalinvestigationsreview.com/digital_assets/7f878b2a-fc32-40f7-b31b-862b8a030dae/Harvest-v-Ramirez.pdf

[5] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-9843721

[6] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[7] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-674599

[8] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL

[9] Sunbizz. Azure 904, LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=AZURE904%20L130000569341&aggregateId=flal-l13000056934-003e4d01-cc5f-47f0-b33d-f0bb2436bb70&searchTerm=Azure%20904%20LLC&listNameOrder=AZURE904%20L130000569341

[10] Infobel. Petroconsultores SC. https://www.infobel.com/es/venezuela/petroconsultores_sc/caracas/VE100000567-02127531850/businessdetails.aspx 

[11] Open Corporates. Petro Consultores International Trading Company, Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/846031

[12] Open Corporates. Petroconsultores (Barbados) LTD. 

Nota

Por un error involuntario en estas páginas se cometió el error de mencionar a la empresa Azure 966 LLC en el caso de la demanda civil presentada por la empresa estadounidense Harvest Natural Resources INC en contra de Juan José Mendoza y sus compañías ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, hecho que reseñamos en la nota publicada el 15 de febrero de 2018 bajo el título “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 

En la referida reseña se hizo mención a la cita empresa en el siguiente texto:

“Azure 966 LLC está registrada en Florida desde el 17 de junio de 2015, bajo el número L15000108441. Su estatus es activo. Su dirección es 11020 S Powerline RD, Pompano Beach, FL 33069 que también es su dirección postal. El agente registrador fue Totalcorp Business Consultans Corp (1825 Main ST, Weston, FL 33326). Como titular autorizado figura Filianos LLC (misma dirección de la empresa)”, el cual hace referencia a los datos de su registro en el estado de la Florida, Estados Unidos.

Tal error se debió, como puede apreciarse, a la similitud de los nombres de las empresas, la verdaderamente inmiscuida en los hechos y en la demanda, a saber, Azure 904 LLC, y el de la compañía involucrada de manera involuntaria y errónea por nosotros, Azure 966 LLC.


Es por ello, que apegados a la ética periodística a la que siempre hemos estado apegados, y en fiel cumplimiento al deber ser, procedemos a rectificar y eximir de toda responsabilidad a Azure 966 LLC en los hechos señalados en la demanda y en la información que sobre ella dimos a conocer en la oportunidad antes mencionada.