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martes, 3 de agosto de 2021

Tras las rejas, Naman Wakil, el "empresario" sirio-venezolano que sobornó a funcionarios de PDVSA y lavó dinero en EE. UU.

Por Maibort Petit

  Se le conocía en Caracas por estar vinculado a los jerarcas del régimen de Venezuela y por haberse enriquecido gracias negocios corruptos. Este martes, sin embargo, Naman Wakil fue arrestado por agentes del FBI en Miami, tras ser acusado de delitos relacionados con su presunto papel en un plan para sobornar a funcionarios venezolanos y lavar fondos para obtener contratos de PDVSA y de la empresa de alimentos controlada por el Estado venezolano, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).

    En septiembre de 2019, Venezuela Política publicó un documento que establecía la relación entre Nama Wakil y el exMinistro de Alimentación, Carlos Osorio. 

Un documento muestra negocios irregulares entre ex-titular el Ministerio de Alimentación de Venezuela y un empresario sirio

  Según documentos judiciales, desde 2010 hasta al menos septiembre de 2017, Naman Wakil, de 59 años, ciudadano sirio y residente permanente legal de los EE. UU., supuestamente conspiró con otros para pagar sobornos a funcionarios de la empresa estatal CASA, los de PDVSA y varias empresas extranjeras que operan en la faja petrolera del Orinoco de Venezuela. 

  Wakil habría pagado sobornos para obtener, al menos, $ 250 millones en contratos para vender alimentos a CASA y hacer negocios con las empresas conjuntas de PDVSA, incluida la obtención de contrataciones altamente inflados (por un valor de unos $ 30 millones) para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA. 

  Wakil lavó fondos relacionados con el esquema de soborno desde y hacia cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y compró 10 unidades de apartamentos en el sur de Florida, un avión de $ 3.5 millones y un yate de $ 1.5 millones, entre otras cosas. Wakil también utilizó una parte de los fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.

  Wakil está acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de la FCPA, conspiración para cometer blanqueo de capitales, blanqueo de capitales promocionales internacionales y tres cargos de participación en transacciones que involucren propiedad de origen criminal. 

   De ser declarado culpable, Wakil enfrenta una pena máxima de 80 años de prisión. 

     Hoy martes, Wakil hizo su aparición inicial en la corte federal a la 1:30 PM ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Lauren Louis en Miami.

   El anuncio de la detención fue hecho por el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth A. Polite Jr.; el Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González; el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Anthony Salisbury y el Especialista Interino de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Miami, Tyler R. Hatcher. 





miércoles, 30 de junio de 2021

Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones

 Por Maibort Petit

    Samark López Bello introdujo una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo designó como un narcotraficante por la Ley Kingpin, argumentando que es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo junto al actual ministro de petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami. 

   La querella fue presentada el martes por los abogados de López Bello ante la corte federal del Distrito de Columbia. 

      En los documentos oficiales, el demandante señala que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y los demás acusados, ​​han ejercido ilegalmente sus autoridades en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros al sancionar a Samark López Bello, bloquear y confiscar sus propiedades en los Estados Unidos y devastar sus operaciones comerciales y su reputación internacional. 

  Sostiene que al emprender esa acción, "los Demandados han difundido información errónea y rumores sin fundamento para hacer alegatos perjudiciales sobre López Bello que, además de ser falsos, combinan criterios de designación separados". 

   La demanda dice que los acusados ​​"han hecho esto sin avisar con imparcialidad a López Bello sobre cómo y si los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de supuestos "hallazgos" que siguen ocultos para él".

    En la demanda se destaca que "el 13 de febrero de 2017, la OFAC designó a López Bello en virtud de la Ley Kingpin para brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos y actuar en nombre o en representación de un narcótico especialmente designado traficante (SDNT) o persona designada en virtud de la Ley Kingpin. Este SDNT fue identificado por la OFAC como Tareck Zaidan El Aissami, quien era, al momento de la designación, el Vicepresidente del Gobierno de Venezuela".

   Los abogados sostienen que "las acusaciones de la OFAC y las pruebas que las respaldan son falsas, si no totalmente inventadas. López Bello es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los Demandados". 

    López Bello niega que haya proporcionado asistencia material, apoyo financiero ni bienes o servicios de apoyo de las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de El Aissami ni de ningún otro individuo. 

   Asimismo, asegura que no actúa en representación de El Aissami. "A la fecha de hoy, López Bello no tiene conocimiento de que El Aissami esté involucrado en el tráfico de drogas y ciertamente es incapaz de brindar apoyo a actividades de las que no tenía conocimiento o en las que no estaba involucrado".

    La demanda dice que "los acusados ​​están actuando más allá del alcance de sus autoridades legales y en contradicción directa con el debido proceso constitucional. La razón es clara: el registro de respaldo de la OFAC no puede posiblemente, y mucho menos razonablemente, contener evidencia que demuestre que López Bello estaba brindando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, ni actuando para o en nombre de, un SDNT". 

   Asegura que El Aissami fue designado simultáneamente y como parte de la misma acción de designación dirigida a López Bello. "De hecho, la designación de El Aissami bajo la Ley Kingpin se anunció en el mismo comunicado de prensa que anunció la designación de López Bello, y tanto El Aissami como López Bello fueron propuestos para su designación en un memorando probatorio común". 

   Agrega que "El Aissami solo se convirtió en SDNT y persona designada en virtud de la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, es decir, la misma fecha en la que López Bello fue designado para brindar apoyo material a las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes y para actuar en nombre o representación de El Aissami".

  Argumenta que los Demandados designaron a López Bello "basándose en una creencia errónea de que brindó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional de, o actúa para o en nombre de, una persona que no era un SDNT durante el tiempo en el que supuestamente ocurrieron esas actividades". 

   "Al designar a López Bello de esta manera, los Demandados han actuado más allá de las autoridades estatutarias delegadas en ellos y de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. § 706. Por lo tanto, la designación de López Bello por parte de los acusados ​​en virtud de la Ley Kingpin es ilegal y debe anularse".

   Afirma que las consecuencias de las acciones ilegales de los demandados han sido inconmensurables y van más allá de las que tradicionalmente han sufrido otras partes designadas por los entes del gobierno de los Estados Unidos, entre las cuales mencionan las siguientes:

1) López Bello y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueados de conformidad con la Ley Kingpin, 

2) Se han bloqueado los bienes inmuebles y otros activos de López Bello con sede en Estados Unidos. 

3) Las personas extranjeras corren el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en transacciones con López Bello o sus empresas, cuyo efecto ha sido socavar la capacidad de López Bello para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos. 

4) López Bello ha sido injustamente investigado y acusado penalmente por delitos de que intentó hacer que personas estadounidenses comerciaran con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.

5) Finalmente, y lo que es más dañino, terceros han utilizado las acusaciones falsas de la OFAC para ejecutar contra los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos con los que López Bello no tiene relación o conexión. Esto tuvo el efecto de transformar la acción de bloqueo de la OFAC en un mecanismo para la incautación y decomiso de los activos estadounidenses de López Bello. 

   Advierten que al momento de la presentación de la demanda, a Samark López Bello se le ha confiscado activos por valor de aproximadamente $ 160 millones como resultado de una acción ilegal de la OFAC que lo ha difamado indebidamente y atacado ilegalmente y se negó a cualquier forma significativa de debido proceso para impugnar su designación. 

    En la demanda, López Bello se autodenomina "destacado empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, el comercio de materias primas y equipos y la logística para la industria del petróleo y el gas. Como su CEO y presidente, López Bello desarrolló Profit Corporation, C.A. que se convirtió en líder del mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, procura y construcción. 

   Igualmente sostiene que "López Bello dirige Yakima Trading Corporation, que brindó servicios profesionales para la industria venezolana de petróleo y gas, incluido el comercio de materiales ferrosos y en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar tripulaciones para la industria petrolera". 

   En los documentos, López Bello dice que creó "Postar, una empresa de logística que obtenía materiales de construcción y los enviaba a Venezuela en kits de vivienda que brindaban fácil acceso a una vivienda digna para las personas que vivían en la pobreza".

 En la demanda asegura que López Bello se dedica al trabajo humanitario dentro de Venezuela. "Por ejemplo, fundó The Profit Foundation, que brinda apoyo financiero regular para beneficiar a niños en riesgo, ayudó a financiar la construcción de una escuela y apoyó centros de salud rurales para mejorar la atención a los pacientes". 

    La demanda argumenta que la OFAC no cuenta con evidencias sólidas para acusarlo sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está‘ vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares ”.

   "En ninguna parte de las partes no redactadas del expediente administrativo la OFAC evalúa la credibilidad del artículo de julio de 2013 del Reportero24 ni la base de la confianza de la agencia en sus alegatos concluyentes sobre López Bello", advierte.

   Acota que "las partes no redactadas del expediente administrativo no evidencian la corroboración de la OFAC de las alegaciones del artículo de Reportero 24 de julio de 2013 sobre López Bello".

miércoles, 16 de junio de 2021

Carlos Jordá sigue siendo el CEO de CITGO

  Había surgido cierta confusión acerca del destino de Jordá que, posteriormente, fueron aclarados desde la presidencia ad hoc de PDVSA.

Por Maibort Petit

    La reciente información acerca de los cambios generados por la Asamblea Nacional a cargo del diputado Juan Guaidó, en el seno de CITGO Petroleum Corporation y su junta directiva, generó una ola de confusión con relación a la titularidad del mayor cargo administrativo del principal activo venezolano en el exterior..  CITGO es una refinería, transportadora y comercializadora de combustibles para motores, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales que opera tres plantas de última generación en la Costa del Golfo y el Medio Oeste de los Estados Unidos.

   La dicotomía de poder existente en Venezuela ha generado desde que la AN declara la vacante del cargo presidencial en razón de la convocatoria de un eleccionario calificado de fraudulento por parte de Nicolás Maduro, que el líder del parlamento asumiera la presidencia interina de la nación con el reconocimiento de una serie de países, entre ellos Estados Unidos, sede de los importantes activos venezolanos. Con el apoyo de la administración estadunidense, Guaidó asumió el control d e la filial petrolera y procedió a realizar nombramientos importantes en la empresa.

  Pero la situación financiera de CITGO es crítica, a la par de que se ha convertido en el centro de las apetencias de los acreedores de Venezuela y PDVSA, quienes ven en los activos las maneras de resarcirse y por ellos han emprendido decenas de batallas en cortes de EE. UU.

La aclaratoria

  En una nota del portal especializado Petroleum[1], fechada el 2 de junio, el presidente Ad Hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Horacio Medina, aclaró una confusión surgida con relación a la permanencia o no de Carlos Jordá al frente de CITGO Petroleum Corporation (CPC).

  Los errores surgidos en torno a la permanencia de Jordá en el cargo, se habrían desencadenado a partir de la designación de Luis Giusti Lugo como miembro de la junta directiva de CPC, en sustitución del primero, quien —dejó plenamente establecido Medina— continuará siendo el CEO de CITGO.

  Asimismo, Medina refirió que el presidente de la junta directiva de CPC continúa siendo José Ramón Pocaterra.

  Tales cambios operados en la filial venezolana en EE. UU. habrían sido informados a la Asamblea Nacional bajo control del diputado Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, ente legislativo que le habría dado el visto bueno a los citados nombramientos.

  La información de Petroleum agrega que será PDVSA Ad Hoc y PDV Holding, los entes que realizarán los nombramientos correspondientes una vez realizada la verificación de antecedentes.

   La misma nota periodística refiere que la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima, en sesión online del 1º de junio de 2021, “aprobó la designación de cinco ciudadanos venezolanos que conformaran la Junta Directiva de Citgo Holding, INC; Citgo Petroleum Corporation, y PDV Holding, en Estados Unidos”.

  Específica que ara PDV Holding INC., filial en Estados Unidos de PDVSA fueron autorizados para conformar parte como miembros principales de la junta directiva, Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, en reemplazo de Fernando Vera y Andrés Miguel Arvelo Guerrero, quien suple a Elio Tortolero.

  También se autorizó a quienes ahora igualmente conformaran la junta directiva de CITGO Petroleum Corporation, a saber, Ernesto José Hernández Bolívar (en sustitución de Pablo Pérez) y a Luis Eduardo Giusti Lugo, quien en reemplaza a Carlos Jorda.

   Respecto a los miembros de la junta directiva de CITGO Holding INC. —también subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos— el pleno de la AN designó a Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, en sustitución de Carlos Jordá; a Elio José Tortolero Arévalo, en sustitución de Edgar Rincón; y a Ernesto José Hernández Bolívar, quien relevó a Luisa Palacios.

Sobre Carlos Jordá

  Carlos Jordá es un ingeniero químico de la Universidad Tecnológica de Michigan y la Universidad Central de Venezuela.

   Según su cuenta en la red social Linkedin, aún figura como Director Ejecutivo de Citgo Petroleum Corporation en su sede de Houston, Texas, Estados Unidos, cargo para el cual habría sido designado en agosto de 2019 y el cual, de acuerdo a esta página, estaría desempeñando hasta la fecha[2].

   Un anuncio del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en Twitter, lo presenta como ponente en una de sus conferencias a emitirse el 9 de junio del presente 2021 como presidente de la referida filial petrolera de PDVSA en suelo estadounidense[3].

   Jordá, fue designado por Juan Guaidó el 13 de agosto de 2019, al frente de la refinería venezolana en EE.UU. Para ese momento contaba con 48 años de experiencia en la industria petrolera y gasífera a nivel internacional, habiendo desempeñado diversos cargos ejecutivos en las áreas de refinación y comercialización, planificación corporativa, finanzas y la producción de Syncrude del cinturón del Orinoco de Venezuela con PDVSA. Igualmente, presidió PDV América y la junta directiva de CITGO.

  También ocupó la vicepresidencia de PDVSA desde 1999 hasta el 2000; fue vicepresidente ejecutivo de refinación y comercialización en Operaciones Venezolanas; estuvo a la cabeza de PDVSA Faja (1997-1998); fue director de Maraven (1994-1997) y de Lagoven (1976-1994).

  Desde 2003 se desempeñó como consultor internacional de compañías petroleras nacionales, inversores y firmas legales.

  En julio de 2019, Guaidó nombró a Jordá como miembro de su junta directiva de CITGO, reemplazando en dicha junta al vicepresidente ejecutivo, Rick Esser. Este último permanecería en la vicepresidencia ejecutiva, mientras Luisa Palacios, exbanquera y consultora nombrada en 2019, seguiría en la presidencia. Fue el último remanente en el directorio, pues fue parte del equipo de Asdrúbal Chávez.

Sobre Luis Giusti Lugo

    Entre los reemplazos de reemplazo de los miembros de las juntas directivas que supervisan a CITGO Petroleum Corp destaca el de Luis Giusti Lugo, hijo de el expresidente de Petróleos de Venezuela S.A., Luis Giusti en su su hoja de vida refiere que cursó un posgrado y un MBA de la Universidad de Zulia y un posgrado de la Universidad de Harvard.

   Giusti Lugo, quien en su cuenta en la red social Twitter se presenta como especialista en petróleos y gas y director Ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP)[6], fue director de negocios de la compañía Emida Technologies Inc., habiéndose igualmente desempeñado como gerente de proyectos e ingeniero de diseño en PDVSA. También estuvo a cargo de la gerencia de relaciones con inversores en la empresa colombiana Petromagdalena Energy Corp, un frente de negocios de Pacific[7].

Tomará el lugar de Carlos Jordá en el directorio de CITGO.

Sobre Luisa Palacios

  De acuerdo al portal Poderopedia, Luisa Palacios se desempeñó como presidenta de la junta directiva de CITGO Holding entre febrero de 2019 y octubre de 2020, designada por la Asamblea Nacional en 2015. Era la primera mujer en presidir la filial estadounidense de PDVSA.

  Allí se refiere que comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), mención Cum Laude en 1992, con una maestría en la Universidad de Columbia en Asuntos Internacionales (1993-95) y un doctorado en Economía Internacional y Política Energética en la Universidad Johns Hopkins (2001). Se ha desempañado en la docencia, la investigación, la consultoría y en la jefatura de diversas firmas e instituciones internacionales.

   El fiscal nombrado por la asamblea nacional constituyente oficialista, Tarek William Saab, informó el 14 de febrero de 2019, que el Ministerio Público investigaría a la junta de PDVSA y Citgo nombrada por la Asamblea Nacional (AN), Palacios incluida, catalogando a la directiva como “conspirativa contra la paz y el orden constitucional”[8].

   En una carta que remitió explicó la reorientación de sus funciones en la junta directiva de CITGO[9], indicando que cuando aceptó asumir la presidenta de la directiva de la filial petrolera a principios de 2019, concentró su labor en tres objetivos fundamentales: “fortalecer la gobernanza corporativa y la gestión de la empresa, recuperar la estabilidad operativa y financiera, y ayudar a la compañía a enfrentar una serie de desafíos legales”.

   Agregó que su intención de no continuar en la presidencia de la junta a partir del 30 de octubre de 2020, pero advirtió que continuaría como directora y se dedicaría, mayormente, a la Fundación Simón Bolívar para apoyar en la crisis humanitaria venezolana.

  Pero al parecer cambió de posición y el 1º de noviembre de 2020, la junta administrativa ad hoc de PDVSA informó que Palacios Alzurú había presentado la renuncia "como director principal de las juntas directivas de las filiales PDV Holding y como presidente de la Junta Directiva de CITGO Petroleum Corp. y que sólo se quedaría como miembro de la junta"[10].

Sobre José Ramón Pocaterra

  En el sitio web de CITGO se lee que José Ramón Pocaterra es licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Santa María, con un posgrado en finanzas corporativas cursado en la Universidad Metropolitana. Además, posee un certificado de MBA de la Universidad de Texas; es egresado del Programa de Gestión Avanzada de la Escuela de Gestión del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

   Refiere que se trata de un profesional senior de finanzas, negocios y planificación con 20 años de experiencia internacional en los campos operativo, de marketing y financiero de la industria del petróleo y el gas. Fue nombrado presidente del Consejo de Administración de la empresa en febrero de 2020[11].

   Fue designado el 12 de febrero de 2021 como presidente de la junta directiva de la compañía. Venía de ocupar diversos cargos en el área de presupuesto, planificación y reportes financieros de Sincrudos de Oriente (SINCOR), una empresa conjunta entre PDVSA, Total y Equinor para la producción y mejoramiento de petróleo extrapesado en la Faja del Orinoco en Venezuela. . Trabajó para Energy Logistics Inc., con sede en EE. UU.

Sobre Fernando Vera

   El sitio oficial de CITGO informa que Fernando Vera es abogado y se desempeña como actual secretario de la junta de CITGO Petroleum Corporation.

    Precisa que egresó de la Universidad Católica Andrés Bello en 1997 y exhibe una Maestría en Derecho (LL.M) de The Washington College of Law, así como también de The American University, así como una maestría en Administración de Empresas de IE Business School, Madrid, España.

   Se especializa en el desarrollo de proyectos de energía y asuntos financieros y corporativos, entre ellos la reestructuración e implementación de proyectos de infraestructura e inversiones en proyectos de hidrocarburos.

  Previamente a su posición actual, fue miembro y secretario corporativo de los directorios de varias empresas de petróleo y gas en América Latina.

  Ejerció en las firmas Gámez & Vera Abogados, en CA La Electricidad de Caracas hasta 2005 y en La Unidad de Terceros de la División de Exploración y Producción de PDVSA hasta enero de 2003[12].

REFERENCIAS

[1] Petroleum. “Carlos Jordá ratificado como CEO de CITGO”. 2 de junio de 2021. http://petroleumag.com/carlos-jorda-ratificado-como-ceo-de-citgo/

[2] Linkedin. Carlos Jorda. https://www.linkedin.com/in/carlos-jorda-7a8b2411/

[3] Twitter. IESA. https://twitter.com/IESA/status/1401215806411841537

[4] El Pitazo. “PERFIL | Carlos Jordá, presidente de Citgo designado por Guaidó”. 13 de agosto de 2019. https://elpitazo.net/economia/perfil-carlos-jorda-presidente-de-citgo-designado-por-guaido/

[5] Contrapunto. “Guaidó nombra a Carlos Jordá como miembro de la junta directiva de Citgo, según Reuters”. 9 de julio de 2020. https://contrapunto.com/economia/petroleo/guaido-nombra-a-carlos-jorda-como-miembro-de-la-junta-directiva-de-citgo-segun-reuters/

[6] Twitter. Luis E. Giusti Lugo. https://twitter.com/ledgiusti?lang=es

[7] Relationship science. Luis Eduardo Giusti Lugo, Jr. https://relationshipscience.com/person/luis-eduardo-giusti-lugo-jr-4296146

[8] Poderopedia. Luisa Palacios. https://poderopediave.org/persona/luisa-palacios/

[9] CITGO. “Carta de Luisa Palacios sobre la reorientación de sus funciones en la Junta Directiva”. https://www.citgo.com/press/news-room/news-room/2020/carta-de-luisa-palacios-sobre-la-reorientacion-de-sus-funciones-en-la-junta-directiva?aliaspath=%2fPress%2fNews-Room%2fNews-Room%2f2020%2fLetter-from-Luisa-Palacios-Regarding-Refocusing-of

[10] Venezuela Política. “La renuncia de Luisa Palacios a la presidencia de la junta directiva de CITGO se hizo efectiva el 30 de octubre, aún no nombran el reemplazo”. 1º de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/la-renuncia-de-luisa-palacios-la.html

[11] CITGO. José Ramón Pocaterra. https://www.citgo.com/about/who-we-are/board-of-directors-en  

[12] CITGO. Fernando Vera. https://www.citgo.com/about/who-we-are/board-of-directors-en


martes, 11 de mayo de 2021

Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York Mantener el sello sobre documentos del expediente de Víctor Mones Coro

   La acción responde a un pedido de Inner City Press de abrir documentos del caso.

Por Maibort Petit

   La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de la referida jurisdicción, mantener bajo sello un conjunto de documentos pertenecientes al expediente del caso Estados Unidos contra Mones Coro y otros.
  Un pedido ante al cual el magistrado ordenó a la secretaría del tribunal mantener el acceso solamente al Fiscal Federal Auxiliar que maneja el caso y su personal y la corte. El gobierno informar antes del 29 de abril de 2021 qué aspectos de los documentos permanecerán sellados y cuáles se harán públicos.


  El 31 de marzo de 2021, Inner City Press, presentó una solicitud para abrir documentos en el referido caso.

  Ante tal solicitud, el juez Hellerstein había ordenado el 14 de abril a la fiscalía, reconociendo la presunción a favor de la rendición de cuentas y la presentación pública de documentos, que informara a la Corte qué partes de los documentos a su juicio debían permanecer sellados con la respectiva motivación para ello.

  El 31 de marzo de 2021, el Tribunal del distrito Sur de Nueva York sentenció a Victor Mones Coro a cumplir 55 meses de prisión por haber formado parte de un plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su supuesto testaferro, Samark José López Bello; así como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, violando con esta acción las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de estados Unidos (OFAC). Mones Coro se había declarado culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021[1].








[1] Department of Justice. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

 

martes, 27 de abril de 2021

La tesis del Alter Ego abre la puerta para el cobro de viejas deudas de PDVSA en tribunales de EE. UU.

    Lindsayca USA Inc. reclama el pago de cuatro facturas fechadas en 2013 y 2014 por un monto de USD 4.138.225, 24.

Por Maibort Petit

   Petróleos de Venezuela S.A. continúa acumulando demandas por incumplimientos de pagos, bien por no honrar capital e intereses de bonos de la deuda, por la no cancelación de indemnizaciones por expropiaciones, por daños y perjuicios en causas insospechadas, pero también por viejas deudas que nunca pagó. Para todas ellas, la tesis del alter ego a la que recurrió la minera canadiense Crystallex —concedida por los tribunales— y que le permitió exigir el pago de sus acreencias con activos de PDVSA en Estados Unidos, ha servido de sustento.

  Es el caso de una demanda por daños fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Texas -División Houston, por parte de la empresa Lindsayca USA Inc. en contra de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Services Inc., y Bariven.

 La demandante reclama pagos por USD 4.138.225, 24, correspondientes a órdenes de compra no canceladas entre los años 2013 y 2014.
   La demanda que fue presentada el 30 de diciembre de 2020 y deja ver que los demandantes tratan de recuperar el viejo endeudamiento, por un monto relativamente bajo, al amparo de la tesis de que PDVSA Service Inc. y Bariven S.A. son Alter Ego de Petróleos de Venezuela S.A., habiendo actuado como meras herramientas o conductos comerciales de PDVSA.
   La demanda es consecuencia de una operación de compra por parte de PDVSA a Lindsayca entre los años 2013 y 2014, cuando esta última vendió equipos y servicios en múltiples envíos a la estatal petrolera venezolana, de acuerdo con órdenes de compra y facturas, para actualizar o reemplazar equipos y piezas de procesamiento en sus instalaciones operativas de producción de petróleo en Venezuela.

  Explica la demanda que, en muchos casos, los equipos se fabricaron expresamente bajo códigos y especificaciones muy precisos, utilizando para ello metales especiales, aleaciones o revestimientos requeridos especialmente para su fabricación.

  Agregan la demandante que Lindsayca ayudó a PDVSA con la instalación del equipo en sus refinerías y proporcionó respaldo al personal técnico de PDVSA en la búsqueda de alternativas para sustituir materiales obsoletos que ya no se producen en las modernas acerías y en la adaptación de los equipos existentes a los nuevos estándares de la industria.

  Se refiere que PDVSA Services (PSI) y Bariven son subsidiarias de propiedad absoluta de PDVSA, las cuales funcionan como los brazos de adquisiciones comerciales del gobierno venezolano y de corporación petrolera venezolana. en específico, PSI es el agente de compras internacional de Bariven, la cual es la principal responsable de la compra de materiales y equipos fuera de Venezuela.

  La entrega del equipo debía realizarse en Houston, Condado de Harris, Texas, siendo el vencimiento de cada factura a 30 días a partir de la fecha de entrega que debía entregarse a la empresa Clover International Inc. En una ocasión la entrega fue a través de DHL Global Reenvío.

   PDVSA Service Inc. incumplió sus obligaciones de pago y tampoco impugnaron ninguno de los equipos entregados. Bariven, que tomó posesión de los equipos, ni PDVSA que era el usuario final, ha respondido. Tampoco han atendido ninguna de las comunicaciones de la Lindsayca.

  Se advierte en la demanda que los demandados reconocieron la deuda contraída con Lindsayca el 8 de marzo de 2017.

   Lindsayca ahora busca asistencia de la corte para recuperar los montos adeudados, junto con los honorarios de abogados, los intereses previos y posteriores al juicio y los costos.

Los pagos reclamados

   Explica la demanda que entre 2013 y 2014, PDVSA colocó nueve (9) órdenes de compra separadas a través de PSI y Bariven, las cuales se reflejaron en seis (6) facturas separadas. Se advierte que sólo cuatro de esas facturas son objeto del litigio, puesto que las demás fueron resueltas.

  A saber, las facturas cuyo pago reclama la demandante es la identificada con el número 1673, de fecha 21 de marzo de 2013, por USD 107.106,60.

  Esta factura se corresponde con la Orden de Compra 5100105592 de PDVSA.

  La factura número 1712, fechada el 31 de julio de 2013, por USD 26.786,28.
  A esta factura le corresponde la Orden de Compra de PDVSA número 5100106945.
La factura 1724, del 12 de noviembre de 2013, por USD 755.866,70.
   A esta factura le corresponde la orden de compra de PDVSA número 5100106218.

   La factura 1741, del 14 de enero de 2014, por USD 3.248.465,66.
  A esta factura le corresponde la orden de compra de PDVSA número 5100106157.

Sobre Lindsayca

   Lindsayca es una empresa que, según su página web, tiene como misión “innovar y liderar el sector energético superando las expectativas de nuestros clientes y socios”, cuya filosofía de trabajo apunta a la “excelencia, alta calidad, seguridad y responsabilidad ambiental”. Refieren que cuentan con más de mil empleados “que ofrecen soluciones de hidrocarburos especializadas e integradas para la industria del petróleo y el gas”.

   Agrega el sitio que en Venezuela la compañía comenzó operaciones en 1986 como Empresa Constructora que, posteriormente, en 1995, se constituyó en como Lindsayca. Sus 30 años de experiencia —dicen— la consolidan en la ejecución de proyectos de fabricación y EPC para el sector de Oil & Gas, experta en la fabricación de plantas modularizadas de procesamiento de gas/GNL/compresión e instalaciones de tratamiento de petróleo en todo el mundo. Actualmente tiene operaciones en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina y México.

   El portal de la empresa suministra tres direcciones, una en estados Unidos, en el 1602 Peach Leaf ST., Houston, Texas 77039 (Teléfono: +1(713) 467-9560); en México, en la Calle Rio Lerma 232, oficina 2363, Torre Diana, Cuauhtemoc 06500, Cuauhtemo, Ciudad de México (+52(55) 8852-7882); en Venezuela en y también en la avenida de Enlace con calle 2, parcela E-11, Zona Industrial, El Tigre, Estado Anzoátegui (+58(283) 500-1100)[1].

  Lindsayca USA Inc. es una corporación de Texas, con su sede principal de negocios ubicada en Houston, la cual, se acuerdo al portal Better Business Bureau (BBB), está ubicada en el 14350 Chrisman Rd., Houston, TX 77039. Su teléfono es (713) 467-9560 y (713) 467-9561. Refiere que la compañía “se especializa en el suministro de repuestos y servicios para la industria del petróleo, el gas y la construcción, incluidos los servicios de fabricación, así como los servicios de logística y empaque para transporte marítimo y aéreo”.

   Se indica que la empresa se constituyó el 23 de julio de 2003, figurando en su directorio Amy Núñez, como asistente administrativa; Héctor Fuentes, como presidente[2]. Los nombres de los verdaderos dueños permanecen ocultos.




 

lunes, 22 de marzo de 2021

Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.

Por Maibort Petit

   El ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de CITGO Petroleum Corporation,  José Luis De Jongh Atencio se declaró culpable por haber participado en un esquema internacional de lavado de millones de dólares en sobornos y la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta.

  CITGO es una subsidiaria con sede en Houston de la compañía energética estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), explica el comunicado del Departamento de Justicia.

  José Luis De Jongh Atencio, de 48 años, era el ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO. 

  Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con CITGO. De Jongh también les proporcionó otras ventajas comerciales.

 Dos incluían a José Manuel González Testino, ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Ánibal Farías Pérez, ciudadano venezolano y residente de Houston.

   De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. 

  De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston, explica el comunicado.

  Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2.

  González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.

  De Jongh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez federal de distrito Gray H. Miller aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 19 de agosto. En ese momento, De Jongh enfrenta hasta 20 años de prisión.

  Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de $ 3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.

  Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso sobre el soborno en PDVSA.

   Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Robert S. Johnson y John P. Pearson están procesando el caso junto con la abogada litigante Sarah E. Edwards y la jefa adjunta Sonali D. Patel de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. AUSA Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso.

  También prestaron asistencia la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá.

domingo, 21 de marzo de 2021

Conozca cómo el régimen de Nicolás Maduro convierte la ineficiencia y destrucción del sistema eléctrico nacional en un acto de sabotaje político

    Dos funcionarios medios de Corpoelec se convirtieron en los chivos expiatorios sobre los cuales pretendieron achacar la responsabilidad de unos hechos que sólo son la demostración de la ruina en que está sumida Venezuela.

Por Maibort Petit

    Algunos medios de prensa reportaron el 8 de marzo de 2021, el acto de reapertura —ocurrido el día previo— del Oncológico “Dr. Humberto Fernández Morán” que funciona en el Hospital General del Sur de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia[1]. Tal evento, así como la rehabilitación de los quirófanos del Hospital Oncológico de San Cristóbal, estado Táchira, debía darse a conocer durante una transmisión de la jornada de trabajo de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 que se llevó a cabo el domingo 7 de marzo del presente año. El gobernador de la entidad, Omar Prieto, se enlazó a través de una transmisión televisiva con el presidente de la república, Nicolás Maduro, para informar al país de los esfuerzos que hace el gobierno revolucionario en pro de la salud de los venezolanos, a pesar de las sanciones y el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos.

   Sin embargo, la transmisión no se llevó a cabo según los planes debido a una falla eléctrica ocurrida al momento en que Nicolás Maduro se dirigía a la colectividad, lo cual impidió que hiciera alarde de su gestión en favor del sector salud. Del apagón no hay reseña en los medios locales y el mandatario regional se mostró en cuenta en la red social Twitter sólo una parte del evento[2].

  Donde sí quedó registrado el hecho como un recuerdo imborrable e en el haber de dos funcionarios medios de Corpoelec, quienes se convirtieron, por obra y gracia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en artífices de un supuesto acto de sabotaje por el cual los mantuvieron secuestrados hasta la tarde del 8 de marzo cuando tuvieron que ser liberados sin cargos.

  ¿La razón? El apagón no se debió a ningún acto de sabotaje, sino a una falla interna en una tanquilla del Hospital General del Sur, como lo corroboraron los técnicos que a la mañana siguiente hicieron un recorrido por el circuito donde está ubicado el centro médico asistencial. Con todo y esa información, a los funcionarios de Corpoelec los mantuvieron retenidos, incomunicados y sometidos a una fuerte presión psicológica hasta el final de la tarde del lunes, según fuentes internas de Corpoelec Caracas.

  No se molestaron ni el SEBIN ni el DGCIM en revisar el largo historial de fallas eléctricas que exhibe el HGS, una de ellas ocurrida poco menos de un mes antes de la reinauguración del oncológico, a saber, el 19 de febrero de 2021, cuando desde las 2 de madrugada se quedó a oscuras afectando la atención de los pacientes[3].

Los hechos

  La falla eléctrica ocurrió a las 6:21 p. m. del domingo 7 de marzo de 2021, cuando tenía lugar el enlace televisivo entre Mauro y Prieto.

  Desde ese momento se encendieron las alarmas en Corpoelec, más que por la afectación de la comunidad marabina del sector y de los pacientes, por la repercusión política que tenía el hecho de que la ineficiencia e ineficacia del gobierno del presidente Maduro quedara en evidencia respecto a lo que ha sido la gestión eléctrica. La movilización de los técnicos fue total, dirigiéndose todas las miradas hacia el operador de despacho, que es quien se mantiene vigilante del sistema, correspondiéndole, por potestad que la empresa le confiere a su cargo, el poder abrir o cerrar el interruptor de alguna subestación, de algún circuito y suspender o recuperar el servicio eléctrico, si así hiciera falta. En este caso eso no ocurrió porque el circuito falló.

  Otro funcionario a quien apuntaron, fue el encargado de la administración de cargas quien es, en pocas palabras, quien se encarga del racionamiento eléctrico, sostiene la misma fuente interna de Caraca.

   Esta tarea se lleva a cabo, según conocimos, en conjunto entre el despacho nacional y el despacho regional, informando el primero al supervisor de transmisión, en este caso del Zulia, quien es la persona que está a cargo y vigilante del sistema en lo que a transmisión respecta, vigilando las líneas, los flujos de carga que proceden del Guri y los locales.

  Cuando el supervisor de transmisión regional recibe la información, gira la instrucción al operador del despacho de distribución.

   Durante el apagón del 7 de marzo, el referido operador del despacho de distribución se comunicó con el administrador de cargas para informarle que había sacar determinada cantidad de megavatios y el segundo procede a revisar cuáles son de los circuitos de que disponía, pues ya están preestablecidos por bloques. Por vía telefónica le indicó los circuitos y procedió a ejecutar las órdenes que el despacho nacional le había dado.

  Y fue en ese momento que ocurrió el percance que trastocó todo, pues no se pudieron abrir los circuitos indicados por el administrador de cargas, toda vez que la subestación Arriaga que alimenta el circuito del Hospital General del Sur, se encuentra sin remota desde hace varios meses. Cabe explicar que la remota es un sistema que permite operar a distancia las subestaciones desde el centro de operaciones Caujarito.

  El administrador de cargas se limita a la referida labor de monitoreo y a registrar en una tabla Excel los tiempos de racionamiento en los circuitos, de manera que no sobrepasen las cuatro horas, tiempo máximo que se supone deben durar las restricciones eléctricas en cada circuito. Este funcionario no interactúa con el sistema, bajo ninguna circunstancia.

   El circuito del HGS alimentado por la subestación Arriaga falló a las 6:21 p. m. del 7 de marzo de 2021, como referimos al principio, y el administrador de cargas se comunicó con su superior para reportar la novedad y este último le manifestó que no había habido ningún error, voluntario ni involuntario, y que se había actuado según el protocolo.

  Cabe destacar que cuando se está en presencia de un evento de esta naturaleza y, como en este caso, la remota de la subestación no funciona, se debe proceder a “abrir las cuchillas” en el respectivo circuito, correspondiéndole al del Hospital general del Sur se atendidos por la central del municipio San Francisco, quienes debían operar para transferirle la carga.

  Cuando el personal de la central de San Francisco llegó al lugar, ocurrió otro percance que impidió la correcta actuación de los técnicos: no disponían la pértiga, una herramienta que permite manipular las cuchillas desde el suelo, por lo que debían esperar ser auxiliados.

  Cuando ocurren este tipo de contratiempos se tiene establecido la implementación de un plan de contingencia que contempla que un inspector, supervisor o una unidad con equipo de apoyo, acuda en auxilio para que se produzca la recuperación del servicio. Tal circunstancia es la causa de las demoras, siendo esto lo que ocurrió en el caso del HGS.

Las investigaciones y el secuestro

  Al Centro de Operaciones Caujarito se dieron cita, alrededor de las 8 de la noche, funcionarios del SEBIN, los cuales procedieron a interrogar al administrador de cargas, aunque este les advirtió que no era el funcionario responsable, pero estos insistieron y el funcionario suministró la información de que hemos dado cuenta en líneas precedentes.

  El administrador de cargas le hizo saber al SEBIN que desde tempranas horas había recibido instrucciones de que debían producirse racionamientos en el circuito del hospital debido al acto político de reapertura que tendrá lugar en horas de la tarde. Luego procedieron a interrogar al operador de distribución y una vez terminada la entrevista se fueron del lugar.

  Posteriormente, unas dos horas después, llegó al Centro de Operaciones Caujarito, una comisión del DGCIM que solicitó al administrador de cargas, quien, ante un nuevo interrogatorio, repitió la historia de que ya hemos dado cuenta. Luego hicieron lo mismo con el operador de distribución quien, incluso, llevó a cabo delante de ellos una simulación, es decir, una maniobra que demuestra que la subestación Arriaga carecía de remota, lo cual dio pie a los eventos en cuestión.

  Ante los funcionarios del DGCIM quedó perfectamente establecido que cuando se manipulan los sistemas queda registrada la identidad del autor, por lo que ello era demostrativo de la falta de responsabilidad de estos funcionarios de Corpoelec en las fallas eléctricas del HGS.

  A pesar de esto, el DGCIM procedió a llevarse con ellos al administrador de cargas y al operador de distribución, convertidos a estas horas en los chivos expiatorios que debían pagar por los acontecimientos que dejaron en evidencia a Nicolás Maduro y a Omar Prieto.

  Desde entonces, se acentuó la presión sobre los funcionarios de Corpoelec a quienes a las 4 de la madrugada del 8 de marzo los reseñaron y les hicieron firmar la admisión de los hechos.

  Estaban siendo señalados desde ese momento, como los saboteadores del acto político de Nicolás Maduro y Omar Prieto. De nada valieron las explicaciones que una y otra vez repitieron los funcionarios de Corpoelec, El dedo acusador del régimen los apuntaba.

  A las 9 de la mañana los llevaron esposados al Hospital Militar para una revisión médica que nunca se llevó a cabo y que sólo sirvió para someter al escarnio público a los funcionarios de Corpoelec.

  De regreso a la sede del DGCIM debieron seguir encerrados e incomunicados hasta las 3 de la tarde cuando fueron fotografiados para instrumentarles un expediente.

 Dos comisarios de apellidos Álvarez y Sánchez, los mismos que durante toda la jornada los interrogaron, presionaron y coaccionaron, se presentaron casi a las 5 de la tarde y les informaron que el caso había sido dimitido y que podían irse a sus casas. Formularon la inadmisible excusa de que solamente cumplían con su trabajo y obedecían órdenes.

  Quedaba en evidencia, una vez más, el modus operandi de un régimen violador de los derechos humanos, la constitución y las leyes.


 




[1] Diario República. “Gobernador Prieto entregó totalmente rehabilitado el Oncológico ‘Dr. Humberto Fernández Morán’”. 8 de marzo de 2021. https://www.diariorepublica.com/regionales/gobernador-prieto-entrego-totalmente-rehabilitado-el-oncologico-dr-humberto-fernandez-moran


[2] Twitter. Omar Prieto, Gobernador! @OmarPrietoGob. https://twitter.com/OmarPrietoGob/status/1368712715221561350


[3] A Punto en Línea. “Reportan falla eléctrica en el Hospital General del Sur”. 19 de febrero de 2021. https://apuntoenlinea.net/2021/02/19/reportan-falla-electrica-en-el-hospital-general-del-sur/?doing_wp_cron=1616188101.6153900623321533203125  


 


 

lunes, 8 de febrero de 2021

Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

  Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck El-Aissami es defendido por Kelley J. Sharkey.

Por Maibort Petit

   Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

   Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

   En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

   El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

  Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

  Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

  El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

  Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

  La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

  Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

  La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

   Según la jurisprudencia no se necesita estar totalmente sin medios para calificar para el nombramiento de abogado, sino que el tribunal considere "las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de la defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".

  Que se tenga conocimiento público, hasta la fecha Kelley J. Sharkey no ha informado a la corte de ningún cambio en la situación financiera de Marín que motive el retiro de la defensa pública.

  Sin embargo, como ya lo hemos dado a conocer anteriormente, Venezuela Política determinó que Alejandro Javier Marín es dueño de inmuebles en Brickell, Florida, posee autos lujosos y es titular de instrumentos financieros. Asimismo, la flota de aviones de su empresa, My Jet Saber, incluye aeronaves de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes casos de corrupción. Así, por ejemplo, dos de los aviones son propiedad de José Manuel González Testino; uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, Álex Saab, señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara, deportado o expulsado de los Estados Unidos en octubre de 2020; entre otros[6].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. My Jet Sarver LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0701%5C00156932.Tif&documentNumber=L12000114362

[2] My Jet Sarver. http://www.myjetsaver.com/


 


[3] Venezuela Política. “Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.”. 7 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/juez-de-florida-ordena-traslado-nueva.html


[4] Venezuela Política. “Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami”. 26 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/arrestan-al-piloto-venezolano-alejandro.html


 


[5] Venezuela Política. “Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.”. 19 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/aunque-esta-preso-por-mentirle-los.html


 


[6] Venezuela Política. “Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.”. 7 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/estas-es-la-flota-de-aviones-de-my-jet.html


 


 

viernes, 22 de enero de 2021

Defensa de Álex Saab recurre a todo tipo de acciones para detener la extradición del empresario a Estados Unidos

   Por todos los frentes atacan los abogados de quien es calificado como testaferro de Nicolás Maduro, para evitar que su cliente sea llevado ante la justicia estadunidense.

Por Maibort Petit

   Todo un epistolario en procura de detener el proceso de extradición del empresario colombiano, Álex Saab, a los Estados Unidos, ha instrumentado su defensa en los últimos días. Cartas suscritas por los abogados y el propio acusado, se han remitido a las cortes, a representantes del gobierno de Cabo Verde y hasta al recién juramentado presidente de los EE. UU., Joe Biden, en lo que parecen ser recursos desesperados por evitar que su representado enfrente los cargos de lavado de dinero de que se la acusa en la corte del Distrito Sur de la Florida.

La carta de Saab a Biden

  Desde su celda en una prisión de Cabo Verde, Álex Saab dirigió una carta al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que descalifica al saliente mandatario, Donald Trump, e insta al recién juramentado, a cambiar las “políticas corrosivas” de su antecesor.

 En la misiva, Saab manifiesta que “Trump creció odiando el socialismo, a los latinos, a los afroamericanos, a los musulmanes y casi todo lo que tiene vida, excepto a sí mismo” y agrega al momento de defender al régimen de Nicolás Maduro: “Entonces, ¿por qué nos odia? Porque si los pobres progresan, no puede explotarlos tanto. Su actitud no es nada más que básicamente la idea capitalista de explotar a los trabajadores”.

  Le refiere a Biden que la filosofía de Trump “es la del matón callejero: grita lo suficientemente alto sobre la libertad de pensamiento, pero los que piensen de forma diferente a mí morirán”.

  También hace mención a las sanciones emitidas por la administración de Trump en su contra, sus hijos y hermanos en clara alusión a la especie que ha circulado sobre la posibilidad de que Estados amplíe las investigaciones que le sigue, a sus familia y allegados.

  Igualmente, Álex Saab insiste ante Joe Biden en sus acusaciones de que, presuntamente, se violan sus derechos humanos con las condiciones de su reclusión: “En el transcurso de los últimos siete meses de detención ilegal en Cabo Verde, he tenido mucho tiempo (pero no mucha luz) para ponerme al día con mi lectura. Paso 22 horas al día sin electricidad y, aparte de 20 minutos por la mañana y otra vez por la tarde de lunes a viernes, que se me permite una consulta con mi abogado local, no se me permite hablar con nadie. Estoy detenido en condiciones que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha descrito como que ponen en riesgo la vida”[1].

La carta a Rui Figueredo

  José Pinto Monteiro, uno de los abogados de Saab, igualmente escribió al nuevo ministro de Negocios Extranjeros de Cabo Verde, Rui Figueiredo, para solicitarle hacer cumplir la sentencia del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en la que se ordenó suspender la extradición.

“Consideramos que no se opondría a recibir información sobre una cuestión pendiente relacionada con la Cedeao, que creemos que es el resultado de información incompleta y de los meandros del derecho de los tratados que, a veces, se pueden escapar incluso a los ojos de los mayores especialistas en Derecho Internacional Público. Nos referimos a la Sentencia del 2 de diciembre de 2020 del Tribunal de Justicia de la Cedeao, que ordenó la suspensión del proceso de extradición contra el embajador Alex Saab”, reza la carta[2].

La carta del activista de DDHH

  El activista de derechos humanos y abogado nigeriano, Femi Falana, remitió una carta el pasado 7 de enero al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, en la que pidió la liberación inmediata del empresario colombiano, Álex Saab, solicitado por la justicia de los Estados Unidos por cargo de lavado de dinero y señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

  Falana, quien forma parte del equipo que asesora a Saab, le manifestó al mandatario caboverdiano que su nación está siguiendo un "camino perjudicial" en asociación con Estados Unidos que ha alentado a los países a atentar contra el estado de derecho. La misiva también la suscriben J. P. Monteiro, Rutsel S. J Martha y Baltasar R. Garzón.

  El gobierno venezolano alegó que Álex Saab —arrestado el 12 de junio de 2020 en el país insular africano— cumplía funciones como enviado especial de esa administración de Maduro en misión humanitaria rumbo a Irán y, por tanto, tiene estatus diplomático pues, además fue nombrado embajador ante la Unión Africana.

 Con sustento estos alegatos, Falana solicitó al tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), detener la extradición, petición que atendió y ordenó la liberación inmediata de Saab.

  En la carta, los abogados aseguran que Cabo Verde está violando el derecho internacional al negar la jurisdicción del tribunal de la CEDEAO y desobedecer su mandato. "Alex Saab tenía entonces, y tiene derecho ahora, a la protección de siglos de derecho internacional que regulan la conducta de la diplomacia y la libertad de los diplomáticos para desempeñar sus funciones libres de arresto o detención", refiere la carta.

  Agregaron que el argumento de Cabo Verde de que no ha ratificado el Protocolo Suplementario es falso e impropio de un estado respetuoso de la ley.

  Catalogan a Cabo Verde como un estado fallido al irrespetar el estado de derecho y desobedecer la orden del Tribunal de Justicia de la CEDEAO y, en tal sentido, instan al presidente Fonseca “a que considere debidamente las consecuencias del desafío continuo de Cabo Verde a la Unión Africana y la CEDEAO. La detención de Alex Saab es ilegal y debe ser puesto en libertad de inmediato para que reanude sus funciones diplomáticas. Por el bien de la justicia, los instamos una vez más a liberar a Alex Saab"[3].

Defensa apela sentencia que aprobó la extradición

  El Tribunal de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde aprobó el 15 de diciembre de 2020, la extradición hacia Estados Unidos de Álex Saab, por lo cual la defensa del empresario colombiano recurrió al Tribunal Supremo para apelar la referida decisión y se ordene el arresto domiciliario de su cliente.

  Los abogados de Saab consideran que el fallo del Tribunal de Apelaciones desafía la orden del Tribunal de la CEDEAO. "La corte regional estableció en su auto del 2 de diciembre de 2020, en el que aprobaba las medidas cautelares solicitadas por el equipo de defensa, que los tribunales de Cabo Verde debían conceder el arresto domiciliario y atención médica por parte de un doctor especializado a elección de Alex Saab de inmediato".

  Recordaron que ante la orden de la Corte de la CEDEAO lo prudente era suspender la extradición hasta que tuviera lugar la vista principal.

  La defensa de Saab le manifestó al Tribunal Supremo de Cabo Verde que existe peligro de fuga de su representado, al tiempo que subrayaron la supuesta “inmunidad e inviolabilidad” de que goza por sus cargos diplomáticos, tanto el de enviado especial que tenía cuando fue detenido, "como por su reciente nombramiento como embajador representante permanente alterno" de Venezuela ante la Unión Africana.

  Además, los abogados de Álex Saab presentaron al Supremo dos informes de juristas "con reconocido prestigio internacional”, uno de ellos Jorge Miranda, experto en derecho constitucional, "quien establece que, de acuerdo con la Constitución de Cabo Verde (...) se deduce, 'sin duda alguna, la naturaleza supranacional de la Cedeao y la vinculación de la República de Cabo Verde a los actos que emanan de ella'".

  El otro escrito es de Rutsel Silvestre Martha y "también incide en la naturaleza de la Cedeao como organización internacional supranacional y en que sus reglamentos, acuerdos y tratados son válidos en Cabo Verde y, por lo que" las decisiones de ese tribunal "son vinculantes para Cabo Verde"[4].

[1] El Nacional. “La desafiante carta de Alex Saab a Estados Unidos ante el cambio de gobierno”. 20 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/la-desafiante-carta-de-alex-saab-a-estados-unidos-ante-el-cambio-de-gobierno/

[2] El Nacional. “Defensa de Alex Saab solicitó a Cabo Verde cumplir con la sentencia que ordenó suspender la extradición”. 19 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/defensa-de-alex-saab-solicito-a-cabo-verde-cumplir-con-la-sentencia-que-ordeno-suspender-la-extradicion/

[3] The Cable. “‘It’s illegal’—Falana writes Cape Verde president over detained Venezuelan envoy”. 15 de enero de 2021. https://www.thecable.ng/its-illegal-falana-writes-cape-verde-president-over-detained-venezuelan-envoy

[4] SWI. Swissinfo. “Apelan al Supremo caboverdiano para que Alex Saab pase a arresto domiciliario”. 12 de enero de 2021.  https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-cabo-verde_apelan-al-supremo-caboverdiano-para-que-alex-saab-pase-a-arresto-domiciliario/46280156