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martes, 11 de mayo de 2021

Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York Mantener el sello sobre documentos del expediente de Víctor Mones Coro

   La acción responde a un pedido de Inner City Press de abrir documentos del caso.

Por Maibort Petit

   La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de la referida jurisdicción, mantener bajo sello un conjunto de documentos pertenecientes al expediente del caso Estados Unidos contra Mones Coro y otros.
  Un pedido ante al cual el magistrado ordenó a la secretaría del tribunal mantener el acceso solamente al Fiscal Federal Auxiliar que maneja el caso y su personal y la corte. El gobierno informar antes del 29 de abril de 2021 qué aspectos de los documentos permanecerán sellados y cuáles se harán públicos.


  El 31 de marzo de 2021, Inner City Press, presentó una solicitud para abrir documentos en el referido caso.

  Ante tal solicitud, el juez Hellerstein había ordenado el 14 de abril a la fiscalía, reconociendo la presunción a favor de la rendición de cuentas y la presentación pública de documentos, que informara a la Corte qué partes de los documentos a su juicio debían permanecer sellados con la respectiva motivación para ello.

  El 31 de marzo de 2021, el Tribunal del distrito Sur de Nueva York sentenció a Victor Mones Coro a cumplir 55 meses de prisión por haber formado parte de un plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su supuesto testaferro, Samark José López Bello; así como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, violando con esta acción las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de estados Unidos (OFAC). Mones Coro se había declarado culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021[1].








[1] Department of Justice. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

 

martes, 27 de abril de 2021

La tesis del Alter Ego abre la puerta para el cobro de viejas deudas de PDVSA en tribunales de EE. UU.

    Lindsayca USA Inc. reclama el pago de cuatro facturas fechadas en 2013 y 2014 por un monto de USD 4.138.225, 24.

Por Maibort Petit

   Petróleos de Venezuela S.A. continúa acumulando demandas por incumplimientos de pagos, bien por no honrar capital e intereses de bonos de la deuda, por la no cancelación de indemnizaciones por expropiaciones, por daños y perjuicios en causas insospechadas, pero también por viejas deudas que nunca pagó. Para todas ellas, la tesis del alter ego a la que recurrió la minera canadiense Crystallex —concedida por los tribunales— y que le permitió exigir el pago de sus acreencias con activos de PDVSA en Estados Unidos, ha servido de sustento.

  Es el caso de una demanda por daños fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Texas -División Houston, por parte de la empresa Lindsayca USA Inc. en contra de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Services Inc., y Bariven.

 La demandante reclama pagos por USD 4.138.225, 24, correspondientes a órdenes de compra no canceladas entre los años 2013 y 2014.
   La demanda que fue presentada el 30 de diciembre de 2020 y deja ver que los demandantes tratan de recuperar el viejo endeudamiento, por un monto relativamente bajo, al amparo de la tesis de que PDVSA Service Inc. y Bariven S.A. son Alter Ego de Petróleos de Venezuela S.A., habiendo actuado como meras herramientas o conductos comerciales de PDVSA.
   La demanda es consecuencia de una operación de compra por parte de PDVSA a Lindsayca entre los años 2013 y 2014, cuando esta última vendió equipos y servicios en múltiples envíos a la estatal petrolera venezolana, de acuerdo con órdenes de compra y facturas, para actualizar o reemplazar equipos y piezas de procesamiento en sus instalaciones operativas de producción de petróleo en Venezuela.

  Explica la demanda que, en muchos casos, los equipos se fabricaron expresamente bajo códigos y especificaciones muy precisos, utilizando para ello metales especiales, aleaciones o revestimientos requeridos especialmente para su fabricación.

  Agregan la demandante que Lindsayca ayudó a PDVSA con la instalación del equipo en sus refinerías y proporcionó respaldo al personal técnico de PDVSA en la búsqueda de alternativas para sustituir materiales obsoletos que ya no se producen en las modernas acerías y en la adaptación de los equipos existentes a los nuevos estándares de la industria.

  Se refiere que PDVSA Services (PSI) y Bariven son subsidiarias de propiedad absoluta de PDVSA, las cuales funcionan como los brazos de adquisiciones comerciales del gobierno venezolano y de corporación petrolera venezolana. en específico, PSI es el agente de compras internacional de Bariven, la cual es la principal responsable de la compra de materiales y equipos fuera de Venezuela.

  La entrega del equipo debía realizarse en Houston, Condado de Harris, Texas, siendo el vencimiento de cada factura a 30 días a partir de la fecha de entrega que debía entregarse a la empresa Clover International Inc. En una ocasión la entrega fue a través de DHL Global Reenvío.

   PDVSA Service Inc. incumplió sus obligaciones de pago y tampoco impugnaron ninguno de los equipos entregados. Bariven, que tomó posesión de los equipos, ni PDVSA que era el usuario final, ha respondido. Tampoco han atendido ninguna de las comunicaciones de la Lindsayca.

  Se advierte en la demanda que los demandados reconocieron la deuda contraída con Lindsayca el 8 de marzo de 2017.

   Lindsayca ahora busca asistencia de la corte para recuperar los montos adeudados, junto con los honorarios de abogados, los intereses previos y posteriores al juicio y los costos.

Los pagos reclamados

   Explica la demanda que entre 2013 y 2014, PDVSA colocó nueve (9) órdenes de compra separadas a través de PSI y Bariven, las cuales se reflejaron en seis (6) facturas separadas. Se advierte que sólo cuatro de esas facturas son objeto del litigio, puesto que las demás fueron resueltas.

  A saber, las facturas cuyo pago reclama la demandante es la identificada con el número 1673, de fecha 21 de marzo de 2013, por USD 107.106,60.

  Esta factura se corresponde con la Orden de Compra 5100105592 de PDVSA.

  La factura número 1712, fechada el 31 de julio de 2013, por USD 26.786,28.
  A esta factura le corresponde la Orden de Compra de PDVSA número 5100106945.
La factura 1724, del 12 de noviembre de 2013, por USD 755.866,70.
   A esta factura le corresponde la orden de compra de PDVSA número 5100106218.

   La factura 1741, del 14 de enero de 2014, por USD 3.248.465,66.
  A esta factura le corresponde la orden de compra de PDVSA número 5100106157.

Sobre Lindsayca

   Lindsayca es una empresa que, según su página web, tiene como misión “innovar y liderar el sector energético superando las expectativas de nuestros clientes y socios”, cuya filosofía de trabajo apunta a la “excelencia, alta calidad, seguridad y responsabilidad ambiental”. Refieren que cuentan con más de mil empleados “que ofrecen soluciones de hidrocarburos especializadas e integradas para la industria del petróleo y el gas”.

   Agrega el sitio que en Venezuela la compañía comenzó operaciones en 1986 como Empresa Constructora que, posteriormente, en 1995, se constituyó en como Lindsayca. Sus 30 años de experiencia —dicen— la consolidan en la ejecución de proyectos de fabricación y EPC para el sector de Oil & Gas, experta en la fabricación de plantas modularizadas de procesamiento de gas/GNL/compresión e instalaciones de tratamiento de petróleo en todo el mundo. Actualmente tiene operaciones en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina y México.

   El portal de la empresa suministra tres direcciones, una en estados Unidos, en el 1602 Peach Leaf ST., Houston, Texas 77039 (Teléfono: +1(713) 467-9560); en México, en la Calle Rio Lerma 232, oficina 2363, Torre Diana, Cuauhtemoc 06500, Cuauhtemo, Ciudad de México (+52(55) 8852-7882); en Venezuela en y también en la avenida de Enlace con calle 2, parcela E-11, Zona Industrial, El Tigre, Estado Anzoátegui (+58(283) 500-1100)[1].

  Lindsayca USA Inc. es una corporación de Texas, con su sede principal de negocios ubicada en Houston, la cual, se acuerdo al portal Better Business Bureau (BBB), está ubicada en el 14350 Chrisman Rd., Houston, TX 77039. Su teléfono es (713) 467-9560 y (713) 467-9561. Refiere que la compañía “se especializa en el suministro de repuestos y servicios para la industria del petróleo, el gas y la construcción, incluidos los servicios de fabricación, así como los servicios de logística y empaque para transporte marítimo y aéreo”.

   Se indica que la empresa se constituyó el 23 de julio de 2003, figurando en su directorio Amy Núñez, como asistente administrativa; Héctor Fuentes, como presidente[2]. Los nombres de los verdaderos dueños permanecen ocultos.




 

lunes, 22 de marzo de 2021

Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.

Por Maibort Petit

   El ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de CITGO Petroleum Corporation,  José Luis De Jongh Atencio se declaró culpable por haber participado en un esquema internacional de lavado de millones de dólares en sobornos y la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta.

  CITGO es una subsidiaria con sede en Houston de la compañía energética estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), explica el comunicado del Departamento de Justicia.

  José Luis De Jongh Atencio, de 48 años, era el ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO. 

  Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con CITGO. De Jongh también les proporcionó otras ventajas comerciales.

 Dos incluían a José Manuel González Testino, ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Ánibal Farías Pérez, ciudadano venezolano y residente de Houston.

   De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. 

  De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston, explica el comunicado.

  Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2.

  González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.

  De Jongh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez federal de distrito Gray H. Miller aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 19 de agosto. En ese momento, De Jongh enfrenta hasta 20 años de prisión.

  Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de $ 3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.

  Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso sobre el soborno en PDVSA.

   Los fiscales federales adjuntos (AUSA) Robert S. Johnson y John P. Pearson están procesando el caso junto con la abogada litigante Sarah E. Edwards y la jefa adjunta Sonali D. Patel de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal. AUSA Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso.

  También prestaron asistencia la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá.

domingo, 21 de marzo de 2021

Conozca cómo el régimen de Nicolás Maduro convierte la ineficiencia y destrucción del sistema eléctrico nacional en un acto de sabotaje político

    Dos funcionarios medios de Corpoelec se convirtieron en los chivos expiatorios sobre los cuales pretendieron achacar la responsabilidad de unos hechos que sólo son la demostración de la ruina en que está sumida Venezuela.

Por Maibort Petit

    Algunos medios de prensa reportaron el 8 de marzo de 2021, el acto de reapertura —ocurrido el día previo— del Oncológico “Dr. Humberto Fernández Morán” que funciona en el Hospital General del Sur de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia[1]. Tal evento, así como la rehabilitación de los quirófanos del Hospital Oncológico de San Cristóbal, estado Táchira, debía darse a conocer durante una transmisión de la jornada de trabajo de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 que se llevó a cabo el domingo 7 de marzo del presente año. El gobernador de la entidad, Omar Prieto, se enlazó a través de una transmisión televisiva con el presidente de la república, Nicolás Maduro, para informar al país de los esfuerzos que hace el gobierno revolucionario en pro de la salud de los venezolanos, a pesar de las sanciones y el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos.

   Sin embargo, la transmisión no se llevó a cabo según los planes debido a una falla eléctrica ocurrida al momento en que Nicolás Maduro se dirigía a la colectividad, lo cual impidió que hiciera alarde de su gestión en favor del sector salud. Del apagón no hay reseña en los medios locales y el mandatario regional se mostró en cuenta en la red social Twitter sólo una parte del evento[2].

  Donde sí quedó registrado el hecho como un recuerdo imborrable e en el haber de dos funcionarios medios de Corpoelec, quienes se convirtieron, por obra y gracia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en artífices de un supuesto acto de sabotaje por el cual los mantuvieron secuestrados hasta la tarde del 8 de marzo cuando tuvieron que ser liberados sin cargos.

  ¿La razón? El apagón no se debió a ningún acto de sabotaje, sino a una falla interna en una tanquilla del Hospital General del Sur, como lo corroboraron los técnicos que a la mañana siguiente hicieron un recorrido por el circuito donde está ubicado el centro médico asistencial. Con todo y esa información, a los funcionarios de Corpoelec los mantuvieron retenidos, incomunicados y sometidos a una fuerte presión psicológica hasta el final de la tarde del lunes, según fuentes internas de Corpoelec Caracas.

  No se molestaron ni el SEBIN ni el DGCIM en revisar el largo historial de fallas eléctricas que exhibe el HGS, una de ellas ocurrida poco menos de un mes antes de la reinauguración del oncológico, a saber, el 19 de febrero de 2021, cuando desde las 2 de madrugada se quedó a oscuras afectando la atención de los pacientes[3].

Los hechos

  La falla eléctrica ocurrió a las 6:21 p. m. del domingo 7 de marzo de 2021, cuando tenía lugar el enlace televisivo entre Mauro y Prieto.

  Desde ese momento se encendieron las alarmas en Corpoelec, más que por la afectación de la comunidad marabina del sector y de los pacientes, por la repercusión política que tenía el hecho de que la ineficiencia e ineficacia del gobierno del presidente Maduro quedara en evidencia respecto a lo que ha sido la gestión eléctrica. La movilización de los técnicos fue total, dirigiéndose todas las miradas hacia el operador de despacho, que es quien se mantiene vigilante del sistema, correspondiéndole, por potestad que la empresa le confiere a su cargo, el poder abrir o cerrar el interruptor de alguna subestación, de algún circuito y suspender o recuperar el servicio eléctrico, si así hiciera falta. En este caso eso no ocurrió porque el circuito falló.

  Otro funcionario a quien apuntaron, fue el encargado de la administración de cargas quien es, en pocas palabras, quien se encarga del racionamiento eléctrico, sostiene la misma fuente interna de Caraca.

   Esta tarea se lleva a cabo, según conocimos, en conjunto entre el despacho nacional y el despacho regional, informando el primero al supervisor de transmisión, en este caso del Zulia, quien es la persona que está a cargo y vigilante del sistema en lo que a transmisión respecta, vigilando las líneas, los flujos de carga que proceden del Guri y los locales.

  Cuando el supervisor de transmisión regional recibe la información, gira la instrucción al operador del despacho de distribución.

   Durante el apagón del 7 de marzo, el referido operador del despacho de distribución se comunicó con el administrador de cargas para informarle que había sacar determinada cantidad de megavatios y el segundo procede a revisar cuáles son de los circuitos de que disponía, pues ya están preestablecidos por bloques. Por vía telefónica le indicó los circuitos y procedió a ejecutar las órdenes que el despacho nacional le había dado.

  Y fue en ese momento que ocurrió el percance que trastocó todo, pues no se pudieron abrir los circuitos indicados por el administrador de cargas, toda vez que la subestación Arriaga que alimenta el circuito del Hospital General del Sur, se encuentra sin remota desde hace varios meses. Cabe explicar que la remota es un sistema que permite operar a distancia las subestaciones desde el centro de operaciones Caujarito.

  El administrador de cargas se limita a la referida labor de monitoreo y a registrar en una tabla Excel los tiempos de racionamiento en los circuitos, de manera que no sobrepasen las cuatro horas, tiempo máximo que se supone deben durar las restricciones eléctricas en cada circuito. Este funcionario no interactúa con el sistema, bajo ninguna circunstancia.

   El circuito del HGS alimentado por la subestación Arriaga falló a las 6:21 p. m. del 7 de marzo de 2021, como referimos al principio, y el administrador de cargas se comunicó con su superior para reportar la novedad y este último le manifestó que no había habido ningún error, voluntario ni involuntario, y que se había actuado según el protocolo.

  Cabe destacar que cuando se está en presencia de un evento de esta naturaleza y, como en este caso, la remota de la subestación no funciona, se debe proceder a “abrir las cuchillas” en el respectivo circuito, correspondiéndole al del Hospital general del Sur se atendidos por la central del municipio San Francisco, quienes debían operar para transferirle la carga.

  Cuando el personal de la central de San Francisco llegó al lugar, ocurrió otro percance que impidió la correcta actuación de los técnicos: no disponían la pértiga, una herramienta que permite manipular las cuchillas desde el suelo, por lo que debían esperar ser auxiliados.

  Cuando ocurren este tipo de contratiempos se tiene establecido la implementación de un plan de contingencia que contempla que un inspector, supervisor o una unidad con equipo de apoyo, acuda en auxilio para que se produzca la recuperación del servicio. Tal circunstancia es la causa de las demoras, siendo esto lo que ocurrió en el caso del HGS.

Las investigaciones y el secuestro

  Al Centro de Operaciones Caujarito se dieron cita, alrededor de las 8 de la noche, funcionarios del SEBIN, los cuales procedieron a interrogar al administrador de cargas, aunque este les advirtió que no era el funcionario responsable, pero estos insistieron y el funcionario suministró la información de que hemos dado cuenta en líneas precedentes.

  El administrador de cargas le hizo saber al SEBIN que desde tempranas horas había recibido instrucciones de que debían producirse racionamientos en el circuito del hospital debido al acto político de reapertura que tendrá lugar en horas de la tarde. Luego procedieron a interrogar al operador de distribución y una vez terminada la entrevista se fueron del lugar.

  Posteriormente, unas dos horas después, llegó al Centro de Operaciones Caujarito, una comisión del DGCIM que solicitó al administrador de cargas, quien, ante un nuevo interrogatorio, repitió la historia de que ya hemos dado cuenta. Luego hicieron lo mismo con el operador de distribución quien, incluso, llevó a cabo delante de ellos una simulación, es decir, una maniobra que demuestra que la subestación Arriaga carecía de remota, lo cual dio pie a los eventos en cuestión.

  Ante los funcionarios del DGCIM quedó perfectamente establecido que cuando se manipulan los sistemas queda registrada la identidad del autor, por lo que ello era demostrativo de la falta de responsabilidad de estos funcionarios de Corpoelec en las fallas eléctricas del HGS.

  A pesar de esto, el DGCIM procedió a llevarse con ellos al administrador de cargas y al operador de distribución, convertidos a estas horas en los chivos expiatorios que debían pagar por los acontecimientos que dejaron en evidencia a Nicolás Maduro y a Omar Prieto.

  Desde entonces, se acentuó la presión sobre los funcionarios de Corpoelec a quienes a las 4 de la madrugada del 8 de marzo los reseñaron y les hicieron firmar la admisión de los hechos.

  Estaban siendo señalados desde ese momento, como los saboteadores del acto político de Nicolás Maduro y Omar Prieto. De nada valieron las explicaciones que una y otra vez repitieron los funcionarios de Corpoelec, El dedo acusador del régimen los apuntaba.

  A las 9 de la mañana los llevaron esposados al Hospital Militar para una revisión médica que nunca se llevó a cabo y que sólo sirvió para someter al escarnio público a los funcionarios de Corpoelec.

  De regreso a la sede del DGCIM debieron seguir encerrados e incomunicados hasta las 3 de la tarde cuando fueron fotografiados para instrumentarles un expediente.

 Dos comisarios de apellidos Álvarez y Sánchez, los mismos que durante toda la jornada los interrogaron, presionaron y coaccionaron, se presentaron casi a las 5 de la tarde y les informaron que el caso había sido dimitido y que podían irse a sus casas. Formularon la inadmisible excusa de que solamente cumplían con su trabajo y obedecían órdenes.

  Quedaba en evidencia, una vez más, el modus operandi de un régimen violador de los derechos humanos, la constitución y las leyes.


 




[1] Diario República. “Gobernador Prieto entregó totalmente rehabilitado el Oncológico ‘Dr. Humberto Fernández Morán’”. 8 de marzo de 2021. https://www.diariorepublica.com/regionales/gobernador-prieto-entrego-totalmente-rehabilitado-el-oncologico-dr-humberto-fernandez-moran


[2] Twitter. Omar Prieto, Gobernador! @OmarPrietoGob. https://twitter.com/OmarPrietoGob/status/1368712715221561350


[3] A Punto en Línea. “Reportan falla eléctrica en el Hospital General del Sur”. 19 de febrero de 2021. https://apuntoenlinea.net/2021/02/19/reportan-falla-electrica-en-el-hospital-general-del-sur/?doing_wp_cron=1616188101.6153900623321533203125  


 


 

lunes, 8 de febrero de 2021

Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

  Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck El-Aissami es defendido por Kelley J. Sharkey.

Por Maibort Petit

   Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

   Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

   En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

   El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

  Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

  Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

  El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

  Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

  La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

  Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

  La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

   Según la jurisprudencia no se necesita estar totalmente sin medios para calificar para el nombramiento de abogado, sino que el tribunal considere "las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de la defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".

  Que se tenga conocimiento público, hasta la fecha Kelley J. Sharkey no ha informado a la corte de ningún cambio en la situación financiera de Marín que motive el retiro de la defensa pública.

  Sin embargo, como ya lo hemos dado a conocer anteriormente, Venezuela Política determinó que Alejandro Javier Marín es dueño de inmuebles en Brickell, Florida, posee autos lujosos y es titular de instrumentos financieros. Asimismo, la flota de aviones de su empresa, My Jet Saber, incluye aeronaves de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes casos de corrupción. Así, por ejemplo, dos de los aviones son propiedad de José Manuel González Testino; uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, Álex Saab, señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara, deportado o expulsado de los Estados Unidos en octubre de 2020; entre otros[6].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. My Jet Sarver LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0701%5C00156932.Tif&documentNumber=L12000114362

[2] My Jet Sarver. http://www.myjetsaver.com/


 


[3] Venezuela Política. “Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.”. 7 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/juez-de-florida-ordena-traslado-nueva.html


[4] Venezuela Política. “Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami”. 26 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/arrestan-al-piloto-venezolano-alejandro.html


 


[5] Venezuela Política. “Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.”. 19 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/aunque-esta-preso-por-mentirle-los.html


 


[6] Venezuela Política. “Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.”. 7 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/estas-es-la-flota-de-aviones-de-my-jet.html


 


 

viernes, 22 de enero de 2021

Defensa de Álex Saab recurre a todo tipo de acciones para detener la extradición del empresario a Estados Unidos

   Por todos los frentes atacan los abogados de quien es calificado como testaferro de Nicolás Maduro, para evitar que su cliente sea llevado ante la justicia estadunidense.

Por Maibort Petit

   Todo un epistolario en procura de detener el proceso de extradición del empresario colombiano, Álex Saab, a los Estados Unidos, ha instrumentado su defensa en los últimos días. Cartas suscritas por los abogados y el propio acusado, se han remitido a las cortes, a representantes del gobierno de Cabo Verde y hasta al recién juramentado presidente de los EE. UU., Joe Biden, en lo que parecen ser recursos desesperados por evitar que su representado enfrente los cargos de lavado de dinero de que se la acusa en la corte del Distrito Sur de la Florida.

La carta de Saab a Biden

  Desde su celda en una prisión de Cabo Verde, Álex Saab dirigió una carta al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que descalifica al saliente mandatario, Donald Trump, e insta al recién juramentado, a cambiar las “políticas corrosivas” de su antecesor.

 En la misiva, Saab manifiesta que “Trump creció odiando el socialismo, a los latinos, a los afroamericanos, a los musulmanes y casi todo lo que tiene vida, excepto a sí mismo” y agrega al momento de defender al régimen de Nicolás Maduro: “Entonces, ¿por qué nos odia? Porque si los pobres progresan, no puede explotarlos tanto. Su actitud no es nada más que básicamente la idea capitalista de explotar a los trabajadores”.

  Le refiere a Biden que la filosofía de Trump “es la del matón callejero: grita lo suficientemente alto sobre la libertad de pensamiento, pero los que piensen de forma diferente a mí morirán”.

  También hace mención a las sanciones emitidas por la administración de Trump en su contra, sus hijos y hermanos en clara alusión a la especie que ha circulado sobre la posibilidad de que Estados amplíe las investigaciones que le sigue, a sus familia y allegados.

  Igualmente, Álex Saab insiste ante Joe Biden en sus acusaciones de que, presuntamente, se violan sus derechos humanos con las condiciones de su reclusión: “En el transcurso de los últimos siete meses de detención ilegal en Cabo Verde, he tenido mucho tiempo (pero no mucha luz) para ponerme al día con mi lectura. Paso 22 horas al día sin electricidad y, aparte de 20 minutos por la mañana y otra vez por la tarde de lunes a viernes, que se me permite una consulta con mi abogado local, no se me permite hablar con nadie. Estoy detenido en condiciones que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha descrito como que ponen en riesgo la vida”[1].

La carta a Rui Figueredo

  José Pinto Monteiro, uno de los abogados de Saab, igualmente escribió al nuevo ministro de Negocios Extranjeros de Cabo Verde, Rui Figueiredo, para solicitarle hacer cumplir la sentencia del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en la que se ordenó suspender la extradición.

“Consideramos que no se opondría a recibir información sobre una cuestión pendiente relacionada con la Cedeao, que creemos que es el resultado de información incompleta y de los meandros del derecho de los tratados que, a veces, se pueden escapar incluso a los ojos de los mayores especialistas en Derecho Internacional Público. Nos referimos a la Sentencia del 2 de diciembre de 2020 del Tribunal de Justicia de la Cedeao, que ordenó la suspensión del proceso de extradición contra el embajador Alex Saab”, reza la carta[2].

La carta del activista de DDHH

  El activista de derechos humanos y abogado nigeriano, Femi Falana, remitió una carta el pasado 7 de enero al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, en la que pidió la liberación inmediata del empresario colombiano, Álex Saab, solicitado por la justicia de los Estados Unidos por cargo de lavado de dinero y señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

  Falana, quien forma parte del equipo que asesora a Saab, le manifestó al mandatario caboverdiano que su nación está siguiendo un "camino perjudicial" en asociación con Estados Unidos que ha alentado a los países a atentar contra el estado de derecho. La misiva también la suscriben J. P. Monteiro, Rutsel S. J Martha y Baltasar R. Garzón.

  El gobierno venezolano alegó que Álex Saab —arrestado el 12 de junio de 2020 en el país insular africano— cumplía funciones como enviado especial de esa administración de Maduro en misión humanitaria rumbo a Irán y, por tanto, tiene estatus diplomático pues, además fue nombrado embajador ante la Unión Africana.

 Con sustento estos alegatos, Falana solicitó al tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), detener la extradición, petición que atendió y ordenó la liberación inmediata de Saab.

  En la carta, los abogados aseguran que Cabo Verde está violando el derecho internacional al negar la jurisdicción del tribunal de la CEDEAO y desobedecer su mandato. "Alex Saab tenía entonces, y tiene derecho ahora, a la protección de siglos de derecho internacional que regulan la conducta de la diplomacia y la libertad de los diplomáticos para desempeñar sus funciones libres de arresto o detención", refiere la carta.

  Agregaron que el argumento de Cabo Verde de que no ha ratificado el Protocolo Suplementario es falso e impropio de un estado respetuoso de la ley.

  Catalogan a Cabo Verde como un estado fallido al irrespetar el estado de derecho y desobedecer la orden del Tribunal de Justicia de la CEDEAO y, en tal sentido, instan al presidente Fonseca “a que considere debidamente las consecuencias del desafío continuo de Cabo Verde a la Unión Africana y la CEDEAO. La detención de Alex Saab es ilegal y debe ser puesto en libertad de inmediato para que reanude sus funciones diplomáticas. Por el bien de la justicia, los instamos una vez más a liberar a Alex Saab"[3].

Defensa apela sentencia que aprobó la extradición

  El Tribunal de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde aprobó el 15 de diciembre de 2020, la extradición hacia Estados Unidos de Álex Saab, por lo cual la defensa del empresario colombiano recurrió al Tribunal Supremo para apelar la referida decisión y se ordene el arresto domiciliario de su cliente.

  Los abogados de Saab consideran que el fallo del Tribunal de Apelaciones desafía la orden del Tribunal de la CEDEAO. "La corte regional estableció en su auto del 2 de diciembre de 2020, en el que aprobaba las medidas cautelares solicitadas por el equipo de defensa, que los tribunales de Cabo Verde debían conceder el arresto domiciliario y atención médica por parte de un doctor especializado a elección de Alex Saab de inmediato".

  Recordaron que ante la orden de la Corte de la CEDEAO lo prudente era suspender la extradición hasta que tuviera lugar la vista principal.

  La defensa de Saab le manifestó al Tribunal Supremo de Cabo Verde que existe peligro de fuga de su representado, al tiempo que subrayaron la supuesta “inmunidad e inviolabilidad” de que goza por sus cargos diplomáticos, tanto el de enviado especial que tenía cuando fue detenido, "como por su reciente nombramiento como embajador representante permanente alterno" de Venezuela ante la Unión Africana.

  Además, los abogados de Álex Saab presentaron al Supremo dos informes de juristas "con reconocido prestigio internacional”, uno de ellos Jorge Miranda, experto en derecho constitucional, "quien establece que, de acuerdo con la Constitución de Cabo Verde (...) se deduce, 'sin duda alguna, la naturaleza supranacional de la Cedeao y la vinculación de la República de Cabo Verde a los actos que emanan de ella'".

  El otro escrito es de Rutsel Silvestre Martha y "también incide en la naturaleza de la Cedeao como organización internacional supranacional y en que sus reglamentos, acuerdos y tratados son válidos en Cabo Verde y, por lo que" las decisiones de ese tribunal "son vinculantes para Cabo Verde"[4].

[1] El Nacional. “La desafiante carta de Alex Saab a Estados Unidos ante el cambio de gobierno”. 20 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/la-desafiante-carta-de-alex-saab-a-estados-unidos-ante-el-cambio-de-gobierno/

[2] El Nacional. “Defensa de Alex Saab solicitó a Cabo Verde cumplir con la sentencia que ordenó suspender la extradición”. 19 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/defensa-de-alex-saab-solicito-a-cabo-verde-cumplir-con-la-sentencia-que-ordeno-suspender-la-extradicion/

[3] The Cable. “‘It’s illegal’—Falana writes Cape Verde president over detained Venezuelan envoy”. 15 de enero de 2021. https://www.thecable.ng/its-illegal-falana-writes-cape-verde-president-over-detained-venezuelan-envoy

[4] SWI. Swissinfo. “Apelan al Supremo caboverdiano para que Alex Saab pase a arresto domiciliario”. 12 de enero de 2021.  https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-cabo-verde_apelan-al-supremo-caboverdiano-para-que-alex-saab-pase-a-arresto-domiciliario/46280156


 


 

jueves, 14 de enero de 2021

El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio

  Tanto el exgerente de proyectos especiales de CITGO, como su esposa y su suegro se han visto involucrados en hechos de sangre y estafas.

Por Maibort Petit

    El exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, que aguarda por la celebración este mes de enero del juicio que se le sigue por delitos de lavado de dinero, no sería la primera vez que enfrenta un proceso judicial, toda vez que, en el pasado, él y su esposa —directa o indirectamente— se vieron envueltos en hechos de sangre que se dirimieron en instancias judiciales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos.

   Así lo refieren documentos de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde el 4 de octubre de 2004, se declaró la nulidad absoluta del recurso de apelación que el abogado, Álvaro Castillo Zeperfell, presentó a favor de su representado, José Luis De Jongh-Atencio. Con esta decisión se dejaba sin efecto un fallo previo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, adoptado el 28 de julio de 2004, con el cual se acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad de De Jongh-Atencio, en una causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Intencionales Graves en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de dos personas.

  Se trató de un caso por lesiones causadas con un arma de fuego en el que el abogado defensor de José Luis De Jongh-Atencio alegó que “Nunca puso en peligro la vida de la persona que resultara herida como consecuencia de la lesión sufrida, 2), en cuanto a las circunstancias de su comisión, el propio representante del Ministerio Público al establecer la complicidad Correspectiva no ha podido determinar que haya sido su defendido el autor material del hecho y 3) La pena aplicable al delito, sería si es rebajada una tercera pare de un (01) año y ocho (08) meses de prisión, y si es rebajada a la mitad, sería de un (01) año y tres (03) meses de prisión”[1].



El suegro prófugo

  Asimismo, la decisión de un caso dirimido en el Tribunal de Apelaciones de Distrito de Florida, Tercer Distrito, en octubre de 1983, hace referencia a la apelación interpuesta por el estado de la Florida con respecto a una orden que desestimó el cargo de conspiración en una causa que se seguía a Amilcar José Rodríguez-Jiménez y Aguedo Borrego-Estrada.

  El juez Daniel Pearson revirtió la orden que desestimó el cargo de conspiración de la acusación.

  Un Gran Jurado de la Florida estimó la procedencia de acusar a Amilcar José Rodríguez-Jiménez —también conocido con los apelativos de Javier Rodríguez, Selimo S. García y Rafael—, Aguedo Borrego-Estrada —también conocido como Cacho— y Winston Salaverría, quienes entre el 29 de septiembre de 1979 y el 3 de octubre de 1979, conspiraron en el Condado de Dade del estado de la Florida, para asesinar en primer grado a Raimundo Martínez con un arma de fuego[2].

  La relación indirecta con De Jongh-Atencio se a da a través de Winston Salaverría —prófugo de la justicia— padre de su esposa, Dulce María Salaverría Restrepo.

  Algunas voces llaman a poner la lupa en la figura de Dulce María Salaverría Restrepo en la trama de lavado de dinero que se debate en la Corte del Distrito Sur de Texas y a revisar casos de estafa que tuvieron lugar en Venezuela y Florida.

El caso en Texas

  El gobierno de los Estados Unidos procesa judicialmente a José Luis De Jongh-Atencio por presuntamente participar en una trama de lavado de dinero que buscaba legitimar fondos provenientes de sobornos destinados a asegurar contratos de CITGO y PDVSA, luego de que un gran jurado federal lo aprobara el 16 de julio de 2020.

  De Jongh-Atencio, ciudadano con nacionalidad estadunidense y venezolana, cumplió funciones como oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO, enfrenta un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero que deberán dirimirse este enero de 2021.

   La acusación formal contra José Luis De Jongh-Atencio sostiene que entre 2013 y 2019, este habría aceptado sobornos de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, entre otros, a cambio de asistirlos a ellos y sus compañías en la concreción de contrataciones con CITGO y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Según la documentación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, el acusado habría recibido USD 2.5 millones en pagos de sobornos a través del esquema. Por este dinero, De Jongh-Atencio habría proporcionado ventajas comerciales indebidas a González Testino y Farías Pérez para ayudarlos a obtener contratos de CITGO y PDVSA.

   Supuestamente, José Luis De Jongh-Atencio habría ordenado que los montos de los sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Las ganancias habrían sido lavadas en cuentas bancarias de EE. UU. y en bienes raíces en Texas[3].

REFERENCIA

[1] V/lex Venezuela. “Jurisprudencia. Decisión nº 360-04 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Octubre de 2004”. 4 de octubre de 2004. https://vlexvenezuela.com/vid/jose-luis-jongh-atencio-307510250


[2] Leagle TM. State v. Rodríguez-Jiménez. https://www.leagle.com/decision/19831358439so2d91911280


[3] Department of Justice. “Former Venezuelan Official Charged in Connection with International Bribery and Money Laundering Scheme”. 6 de agosto de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-charged-connection-international-bribery-and-money-laundering


 



 

lunes, 11 de enero de 2021

Venezuela cedió a Trinidad comercialización del gas del campo Loran-Manatí

   Inexplicablemente el gobierno venezolano renunció a la parte de la actividad que más beneficios económicos brinda.

Por Maibort Petit

   A raíz de la cancelación por parte de Trinidad y Tobago del acuerdo que mantenía con Venezuela para el desarrollo conjunto de un campo de gas natural en parte de la frontera marítima que ambas naciones comparten, el gobierno venezolano cedió a la isla la comercialización del hidrocarburo en el mercado interno trinitario. Así lo revela el documento que puso fin al referido acuerdo, del cual un fragmento llegó a nuestras manos.

  El fin del acuerdo se debió a las sanciones que la administración de los Estados Unidos impuso a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una de las encargadas de las operaciones.

 A principios del mes de febrero de 2020, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, anunció que los dos países explotarían de manera independiente los 10,04 billones de pies cúbicos del campo Loran-Manatí.

  En esa ocasión, el gobernante de trinitario dijo que las sanciones “inhiben a las empresas estadounidenses de hacer negocios con la petrolera venezolana PDVSA”, lo que obstaculizaba, por tanto, el acuerdo firmado por Venezuela y Trinidad en 2013[1].

  El Campo Loran-Manatí es una superficie de 209.42 kilómetros cuadrados integrado por el Bloque 2 de la Plataforma Deltana venezolana, cuya superficie es de 169.07 kilómetros cuadrados, así como por una parte del Bloque 6d en el Área Marina Suroeste de Trinidad y Tobago, el cual tiene una superficie de 48, 35 kilómetros cuadrados. Allí, donde Venezuela posee la mayor parte, las administraciones de ambos países acordaron llevar a cabo, las actividades de exploración, las cuales estarían, primeramente, en manos de PDVSA y después, de la estadounidense Chevron, la cual era propietaria de un 60 por ciento. Estas actividades exploratorias determinaron la existencia de una cantidad sustancial de gas en el campo Loran.

  En el año 2005, Chevron/BG eran dueñas del 50 por ciento cada una del Bloque 6, el cual comprende el Sub-bloque 6b y el Sub-bloque 6d, donde se descubrió el campo Manatí. Posteriormente una evaluación técnica de Chevron, BG (ahora Shell), PDVSA y MEEI estableció que los campos estaban integrados. Tiempo después, Chevron vendió su participación en el Bloque 6 a Shell, la cual posee el 100 por ciento en el bloque.

  Los gobiernos de Venezuela y Trinidad suscribieron un acuerdo de unidad para Loran-Manatí el 16 de agosto de 2010, estableciéndose que la República de Trinidad y Tobago participaría con la República Bolivariana de Venezuela en el intercambio de instrumentos de ratificación con respecto al Tratado Marco y la ejecución del Acuerdo de Unidad de Préstamo-Manatí específico sobre el terreno.

  Esto permitió ejecutar el Acuerdo de Unidad de Loran-Manatí respecto al campo de Loran-Manatí, del cual 26,94 por ciento está en el área marítima perteneciente a Trinidad y Tobago y el 73,06 por ciento en la venezolana.

  Pero dado que las sanciones impuestas por EE. UU. impiden a las empresas de ese país negociar con PDVSA, Chevron se ve imposibilitada de participar en cualquier desarrollo del Loran-Manatí, lo que llevó al gobierno de la isla antillana a acordar con el de Venezuela, emprender la explotación y el desarrollo del Campo Loran-Manatí, separadamente[2].

El documento                  

  En tal sentido, se decidió la rescisión del Acuerdo de Unidad para la explotación y el desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos del Campo Loran-Manatí y, seguidamente, las partes establecieron un nuevo acuerdo que establece las pautas del desarrollo del campo Loran-Manatí de manera separada e independientemente.

  Es en este nuevo acuerdo donde observamos que, a pesar de Venezuela desarrollará los trabajos de explotación en el área de mayor tamaño que es de su propiedad, entregó al gobierno de Trinidad y Tobago encargarse de “la venta de volúmenes de gas natural de la participación venezolana del Campo de Loran-Manatí en el mercado nacional en Trinidad y Tobago y en el mercado internacional”.

  El documento refiere los derechos y obligaciones de las partes en la nueva modalidad de explotación del Campo Loran-Manatí de acuerdo a “las prácticas internacionales de la industria petrolera”.

  El gobierno de Trinidad y Tobago determinó como requisito en materia de suministro de gas natural, tanto en su territorio como en los mercados internacionales, la definición de las pautas que regirán la actividad a partir de la finalización del acuerdo, entre las cuales destaca la insólita cesión que Venezuela hace de la parte de la actividad que más rinde beneficios económicos, la comercialización.

REFERENCIA

[1] Reuters. “Trinidad cancela acuerdo de gas por sanciones de EEUU a venezolana PDVSA”. 3 de febrero de 2020. https://lta.reuters.com/article/idLTAKBN1ZX2Q0

[2] BNAmericas. “Declaración sobre acuerdo para el desarrollo del campo Lorán-Manatee”. 7 de febrero de 2020. https://www.bnamericas.com/es/noticias/declaracion-sobre-el-acuerdo-para-el-desarrollo-del-campo-loran-mantee 

martes, 29 de diciembre de 2020

Sigue el pleito legal de David Rivera y PDV USA: Corte de NY carece de jurisdicción para procesar la demanda

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación alegando que, al 30 de octubre de 2020, rescindió la cesión que hizo, pero Interamerican le recuerda que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020.

Por Maibort Petit

  Interamerican Consulting INC., empresa propiedad del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para desestimar la demanda en su contra presentada por PDV USA INC., pues esta última cedió los derechos del contrato suscrito con ella a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y, por tanto, no es legítima la acusación y la corte deja de tener jurisdicción en el asunto.

   PDV USA reclama un supuesto incumplimiento de contrato y aspira recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

La moción

   El 18 de diciembre de 2020, Kathryn Lee Boyd, Shira Lauren Feldman y Alan Alvela, de la firma de abogados Hecht Partners LLP, representantes de la Interamerican Consulting INC., presentaron ante la Corte una moción para desestimar la demanda enmendada de la parte acusadora por considerar la falta de jurisdicción en la materia, porque no existe legitimación en virtud del artículo III, y este caso presenta una cuestión política injustificable.

  Los abogados de la empresa de David Rivera, le manifestaron al juez de la causa, John G. Köeltl, que su solicitud se sustenta en lo establecido en la Regla 12 (b) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La Demanda Enmendada fue presentada el 30 de octubre de 2020.

   Interamerican Consulting INC. respaldó su pedido al juez Köeltl con el Memorando de Ley fechado el 18 de diciembre de 2020, así como la Declaración de David Rivera, formulada en la misma fecha.

Los argumentos de la moción

  Interamerican Consulting Inc presentó ante la corte del juez Köeltl un memorando de ley en apoyo de su moción para desestimar la Demanda Enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).


   Sostienen los abogados de la demandada que PDV USA carece de legitimación bajo el citado artículo III porque, primero, dicha empresa cedió sus derechos a PDVSA hace más de dos años y ha actuado de acuerdo con esa asignación, por lo que ahora no puede reclamar una lesión de hecho.

  Explican que el presunto daño no se puede resarcir mediante la demanda y para poder obtener la compensación pecuniaria que reclama, la corte tendría que ordenar a Interamerican, registrada bajo las leyes del estado de Florida, dirigir dinero a una entidad que es propiedad total de una SDN y, en consecuencia, el demandante no puede alegar los requisitos constitucionales mínimos para la legitimación del Artículo III.

   Refieren que si el tribunal otorgara el alivio que busca el demandante, se vería obligado a cuestionar la determinación ya hecha por el Ejecutivo en forma de sanciones para prohibir los juicios monetarios para el beneficio directo o indirecto de PDVSA a través de PDV USA. Por ello estiman que el caso debe ser desestimado de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).

   Recuerdan que el mencionado artículo III limita la jurisdicción de los jueces federales a "casos" y "controversias" y para cumplir con lo allí establecido, un demandante debe establecer tres cosas: (1) un daño de hecho: una invasión de un interés legalmente protegido de manera concreta, particularizada y real o inminente, no conjeturas o hipotéticas; (2) una conexión causal entre la lesión y la conducta denunciada; y (3) la posibilidad de volver a la lesión mediante una decisión favorable. Esto, en la visión del demandado, no ocurre.

   Por otra parte, al haber cedido sus derechos de ejecución el 10 de mayo de 2017 a PDVSA, entonces el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción sobre la materia porque el PDV USA no es la parte adecuada en esta acción.

   En tal sentido, con la cesión de derechos, PDVSA se convirtió en la única parte con algún interés en el acuerdo o con derecho a entablar la demanda.

   Se indica en el memorando, que PDV USA ahora intenta dar marcha atrás y sostiene en la Demanda Modificada que no asignó sus derechos a PDVSA.

  Alega la demandante que al no haber firmado Interamerican la cesión, ésta no es válida, argumento que según la demandada no tiene fundamento, tal como respalda la jurisprudencia.

  Sostienen que los contratos en Nueva York se pueden ceder libremente sin en ellos no hay una especificación que lo prohíba, lo cual no ocurre con el contrato.

    Entretanto, PDV USA afirma que el consentimiento por escrito de la demandada fue una condición esencial del mismo.

   David Rivera y su empresa se remiten a un correo electrónico que Arnaldo Arcay, asesor legal de CITGO, envió al presidente de Interamerican, David Rivera, en nombre de PDV -USA y PDVSA.

   Allí Arcay adjunta la Cesión, ya ejecutada tanto por PDV USA como por PDVSA, e informa a Rivera que “la fecha de vigencia de la cesión es el 10 de mayo de 2017, que corresponde a la fecha en que las Partes acordaron la cesión en cuestión”.

   El 28 de diciembre de 2018, Alejandro Escarrá, también de CITGO, reiteró la vigencia de la Cesión, diciendo a Rivera: “Como usted sabe, el Contrato de Consultoría del 21 de marzo de 2017 fue cedido de PDV USA a PDVSA a partir del 10 de mayo de 2017. Desde ese momento en adelante, PDV USA no ha tenido derechos, obligaciones ni responsabilidades en virtud del Acuerdo ".

  Y el 18 de febrero de 2019, Judith Colbert, Asesora General de CITGO, volvió a hacer esta declaración y le dijo a Rivera que "PDV USA asignó [el Acuerdo] a PDVSA en mayo de 2017".

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación resultante alegando que, al 30 de octubre de 2020, ha rescindido la cesión que hizo. Debido a que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020 y dado que la "legitimación" debe darse al comienzo del litigio, ahora no es posible fijar una posición retroactiva.

   Entre otras consideraciones, Interamerican Consulting INC recuerda las sanciones impuestas por la OFAC a PDVSA, lo cual aplica también para las entidades de su propiedad, no procede el pago que el demandante reclama.

  Remitiéndose la jurisprudencia, subraya la demandada que “La doctrina [de la cuestión política] impide que los tribunales decidan controversias en las que existe un compromiso constitucional textualmente demostrable del tema con un departamento político coordinado; o una falta de estándares judicialmente detectables y manejables para resolverlo'” y al cumplirse todas las bases para que el caso se tenga por político, los reclamos son improcedentes.

La declaración de Rivera

   El 18 de diciembre de 2020, David Rivera, desde Miami, presentó declaración jurada ante la Corte del distrito Sur de la Florida, bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos.

   Luego de certificar que es el presidente de Interamerican Consulting, Inc. manifestó que el 31 de mayo de 2017, recibió un correo electrónico de Arnaldo Arcay, quien es asesor legal de Asuntos Internacionales de CITGO Petroleum Corporation, el cual iba acompañado de una traducción certificada al inglés del mismo.

   En dicha comunicación, Arcay informó a Rivera que por instrucciones de la Gerencia de CITGO y atendiendo a una conversación telefónica sostenida entre ambos un día previo, remitía el documento a ser suscrito entre PDV USA Inc. y Petróleos de Venezuela S.A., el cual permitía la cesión del Contrato de Servicios de Consultoría de fecha 21 de marzo de 2017 originalmente suscrito entre PDV USA e Interamerican Consulting.

   Arcay pidió a Rivera confirmar si estaba de acuerdo con los términos del contrato con el objeto de proceder a obtener la firma de los representantes de PDV USA y PDVSA.

   Igualmente, la declaración de Rivera da cuenta de otro correo electrónico que recibió el 5 de octubre de 2017, también de parte de Arnaldo Arcay, anteriormente identificado, con una traducción certificada al inglés del mismo.

   En esta nueva comunicación, Arcay le refería a David Rivera que por instrucciones de Edoardo Orsoni, (exfuncionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño), le remitía el documento de cesión entre PDV USA Inc. y PDVSA del contrato de servicios de consultoría originalmente suscrito entre la primera e Interamerican Consulting.

   Especificaba el correo que la fecha efectiva de la cesión era el 10 de mayo de 2017, momento cuando las partes acordaron la cesión en cuestión.

   Arcay quedaba a la espera de que Rivera le remitiera el documento debidamente suscrito para completar los trámites y archivos correspondientes.

   David Rivera también le indicó al tribunal en su declaración, que el 28 de diciembre de 2018 recibió un correo electrónico de Alejandro Escarrá, vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO, en el que este último informaba que habían completado la revisión de su solicitud.

   Le indicó Escarrá que el contrato de consultoría firmado el 21 de marzo de 2017 había sido cedido por PDV USA a PDVSA el 10 de mayo de 2017 y, desde ese momento, PDV USA carecía de derechos, obligaciones y responsabilidades en virtud del citado contrato.

  Agregaba el vicepresidente de asuntos legales de CITGO, que ninguna entidad de dicha empresa (CITGO) tenía ya alguna participación u obligación en virtud del acuerdo. Por ello le sugirió comunicarse con PDVSA para discutir sus preguntas relacionadas con el acuerdo de consultoría.

   Del mismo modo, David Rivera refirió a la corte que el 18 de febrero de 2019, recibió un correo electrónico de Judith Colbert, asesora general legal de CITGO, en el que hacía acuse de recibo de un correo electrónico remitido por Rivera el 4 de febrero de 2019.

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

   Colbert le reiteró lo afirmado por Escarrá, en el sentido de que CITGO no era parte del acuerdo de consultoría y que PDV USA había asignado dicho contrato a PDVSA en mayo de 2017.

   La asesora general legal de CITGO le manifestó a Rivera que su tesis de que Interamerican Consulting puede presentar una reclamación contra CITGO por el pago en virtud del contrato de consultoría carecía de sustento, incluso le advirtió que la empresa propiedad del ex-congresista estadounidense podría violar la ley federal si hiciera o aceptara algún pago relacionado con el contrato en cuestión. Tal advertencia la formuló la funcionaria de CITGO en razón a las sanciones impuestas el 28 de enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a Petróleos de Venezuela S.A. Agregó que no teniendo conocimiento de la alguna Licencia General que permitiera realizar el pago en estas circunstancias, el mismo era improcedente.

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  Finalmente, Colbert le solicitó a Rivera comunicarse con el abogado externo de CITGO, Michael Gottlieb (mgottlieb@willkie.com) y evitara en adelante abstenerse de realizar más contactos con el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Por último, David Rivera declaró ante la corte que sus discusiones iniciales sobre el acuerdo de consultoría los llevó a cabo con representantes de CITGO. Precisó que fue por su iniciativa que su empresa estableció un acuerdo de consultoría con PDV USA Inc., el cual fue redactado y presentado a Interamerican Consulting Inc. por ejecutivos corporativos de CITGO, habiendo sido un abogado de esta última, quien utilizó una dirección de correo electrónico de la subsidiaria de la PDVSA.