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viernes, 10 de septiembre de 2021

Así se acusa a Naman Wakil en el Tribunal del Sur de la Florida

   La acusación del Gran Jurado describe cómo estafó a Petropiar, PetroMirada y a CASA.

Por Maibort Petit

   En el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el Gran Jurado acusó a Naman Wakil de siete cargos relacionados con actividades de lavado de dinero de fondos supuestamente provenientes de sobornos a funcionarios venezolanos con el objetivo de obtener contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de la empresa de alimentos Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).
   Específicamente, los cargos contra Wakil, son Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Blanqueo internacional de instrumentos monetarios; y Participar en transacciones con propiedad derivada del delito.



Los protagonistas y partes involucradas en la trama

  La acusación señala, en primer término, que Naman Wakil es un ciudadano de Siria con residencia legal en los Estados Unidos que mantenía cuentas bancarias personales y de inversión en bancos de los E. UU., las Islas Caimán y Suiza.

  Luego se señala a la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA) era la empresa estatal venezolana de alimentos que servía de "instrumentalidad" del gobierno venezolano, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Entretanto, el funcionario venezolano 1 es un alto fue un alto cargo de CASA desde 2010 hasta 2011, quien de acuerdo a la FCPA cumple con la definición allí estipulada de "funcionario extranjero". De igual manera ocurre con el funcionario venezolano 2 quien laboró en CASA desde 2011 hasta 2014.
  
  Las empresas de Wakil que recibían fondos de CASA, se las denomina en la acusación como las "Wakil Food Companies", algunas de las cuales tenían cuentas bancarias en Suiza y en las Islas Caimán.

  Por su parte, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), es la estatal petrolera venezolana que controla las subsidiarias Petropiar S.A. y Petromiranda S.A., las cuales servían de "instrumentalidades" del gobierno venezolano, mientras los funcionarios y empleados de estas eran "funcionarios extranjeros", tal como se utilizan esos términos en la FCPA.

   Como el Funcionario Venezolano 3 se identifica a un alto cargo de Petromiranda que entre 2014 y 2017 fungió como “funcionario extranjero”, según ese término emitido en la FCPA. El funcionario venezolano 4 era un alto cargo de Petropiar entre 2015 y 2017 que también fungía como un "funcionario extranjero", según la FCPA.

  A las empresas de Naman Wakil que recibieron fondos de Petropiar y Petromiranda, se las denomina en la acusación como Wakil Oil Company 1 y 2, las cuales tenían cuentas bancarias en los Estados Unidos.
     Como co-conspiradores, la acusación señala en primer lugar a quien identifica con el número 1, quien es un venezolano que cumple el perfil de "persona" que establece en la FCPA. Con el número 2 se señala a un venezolano, pariente del Oficial venezolano 2. Con el número 3 y 4 se señala a dos venezolanos con las funciones de la “persona” de la FCPA. Finalmente, como el co-conspirador 5 figura un venezolano residente de los Estados Unidos que, de acuerdo a los términos de la FCPA, era una "preocupación nacional".

Los sobornos a funcionarios de CASA

   Sobre el cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de que se acusa a Wakil, se refiere que este actuó intencionalmente para cometer el delito.
 Se indica que Naman Wakil se había constituido en la una preocupación doméstica al valerse de correos, los medios e instrumentos del comercio interestatal para sobornar a funcionarios extranjeros y a personas, con el propósito de obtener contratos y ventajas para sus empresas. Igualmente, Wakil utilizó correos, medios e instrumentos del comercio interestatal para sobornar a un funcionario extranjero, para ayudar a los co-conspiradores 1, 2, 3, 4, y otros para obtener y retener contratos para sus compañías y otros. Todo esto con el propósito de enriquecerse ilegalmente.

   Explica la acusación que Naman Wakil y sus socios llevaron a cabo sus actividades en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, desde donde ofrecieron pagar sobornos, directa e indirectamente, a funcionarios extranjeros en Venezuela, a saber, los funcionarios venezolanos 1, 2, 3 y 4 para asegurarse la adjudicación de contratos y proporcionar ventajas comerciales a Wakil y sus empresas.

   Wakil y sus socios se valieron las “Wakil Food Companies”, así como de cuentas bancarias en las Islas Caimán, Suiza, Panamá y otros lugares para promover el esquema de soborno ilegal y ocultar su naturaleza y propósito.
  Se señala que, en 2010, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 1 en sus oficinas en Caracas, Venezuela y acordó realizarle pagos corruptos para obtener y retener para sus empresas con CASA.

   Desde enero de 2010 hasta junio de 2011, Naman Wakil recibió aproximadamente USD 30 millones a través de transferencias bancarias de CASA a una cuenta bancaria ubicada en las Islas Caimán a nombre de la “Wakil Food Company 1”.

   En agosto y septiembre de 2010, Wakil transfirió USD 750.000 en pagos de sobornos de la cuenta bancaria de Wakil Food Company 1 en las Islas Caimán a una cuenta bancaria en el sur de Florida en beneficio del funcionario venezolano 1. Los pagos se ocultaron con facturas falsas al banco en las Islas Caimán que indicaban servicios logísticos y trámites aduaneros.
    En diciembre de 2011 o 2012, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 2 en Caracas y acordó hacerle pagos corruptos para obtener y retener contratos y ventajas comerciales, con CASA. Wakil acordó pagar los sobornos a un familiar del Oficial Venezolano 2.

  En 2012, Wakil instó al co-conspirador 1 a abrir cuentas bancarias en Suiza para el beneficio del co-conspirador 2 y del Funcionario venezolano 2.

   Desde 2012 hasta 2015, Naman Wakil recibió aproximadamente USD 225 millones a través de transferencias bancarias de CASA a cuentas bancarias de Wakil Food Companies en Suiza.
   Desde 2012 hasta alrededor de 2014, Wakil transfirió USD 11 millones en pagos de sobornos de las cuentas de Wakil Food Companies en Suiza a una cuenta bancaria en Suiza controlada por el c-oconspirador 2 en beneficio de Funcionario Venezolano 2. Estos pagos se ocultaron con facturas falsas al banco en Suiza que indicaban falsamente servicios logísticos y trámites aduaneros.

   La acusación refiere en relación con los contratos de CASA obtenidos de forma corrupta, que Naman Wakil transfirió por lo menos USD 50 millones a su cuenta personal en Suiza. De estos fondos transfirió al menos USD 20 millones a cuentas personales a su nombre en Miami, los cuales utilizó para comprar, entre otras cosas, diez departamentos en el sur de Florida, un avión de USD 3,5 millones y un yate de USD 1,5 millones.

Los sobornos a funcionarios de PDVSA

   Igualmente, sobre el mismo cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la acusación establece que en 2014, Naman Wakil se reunió con el Oficial Venezolano 3 y co-conspirador 5 en sus oficinas en Miami, y acordó el pago de sobornos al Funcionario venezolano 3 con el fin de obtener y retener contratos y ventajas comerciales para sus empresas petroleras con Petromiranda.

  Agrega que, en 2014, el Funcionario Venezolano 3 envió un correo electrónico a co-conspirador 3 solicitando el pago de USD 100.000 a una cuenta de una empresa fantasma en Panamá. Cocospirador 3 transmitió el pedido a Wakil y este ordenó el pago.
   En 2015, Naman Wakil recibió USD 7,7 millones en una cuenta bancaria de Wakil Oil Company 1 en los Estados Unidos en relación con un contrato de Petromiranda.

   En 2015, Wakil transfirió USD 250.000 de la cuenta bancaria de Wakil Oil Company 1 a una cuenta corporativa en los Estados Unidos en beneficio del Funcionario venezolano 3.

  Ese mismo año, Naman Wakil hizo que se enviara un correo electrónico al Funcionario venezolano 4 para obtener contratos para Wakil Oil Company 2 con Petropiar. Luego ordenó al co-conspirador 1 que abriera una cuenta bancaria a nombre de una empresa fantasma en beneficio del Oficial Venezolano 4 en Panamá.

  En 2015, el co-conspirador 3 recibió documentos por correo electrónico de un familiar cercano del Funcionario venezolano 4, incluido el pasaporte, para abrir una cuenta bancaria para una empresa fantasma en Panamá.

   En 2015, Wakil hizo que el funcionario venezolano 4 aprobara un contrato de USD 11,2 millones para que Petropiar comprara tuberías. Wakil compró dichas tuberías en China por USD 1,3 millones, es decir una operación que tuvo un sobreprecio de nueve veces el costo de las tuberías. Para ocultar y disfrazar a los beneficiarios del contrato de Petropiar, Wakil hizo que los pagos de la subsidiaria de PDVSA r se hicieran a una cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami.

  De enero de 2016 a julio de 2016, Naman Wakil hizo que Petropiar transfiriera aproximadamente USD 11,2 millones a la cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami en relación con la compra de tuberías de Petropiar. Los pagos se ocultaron provocando múltiples transferencias electrónicas de la cuenta corporativa del co-conspirador 4 en Miami a una cuenta controlada por el co-conspirador 1 en Panamá. Después de esto, Wakil y sus socios provocaron transferencias electrónicas adicionales de la cuenta del co-conspirador 1 en Panamá a cuentas de Wakil Oil Company 2 en los Estados Unidos.

   En 2017 Wakil se reunió con el Funcionario 4 venezolano y el co-conspirador 5 en sus oficinas en Miami para discutir el soborno al Funcionario venezolano 4 relacionado con el contrato de tuberías de Petropiar y la orden de compra. Wakil transfirió la propiedad de un condominio por valor aproximado de USD 300.000 en Miami, a una entidad corporativa controlada por un pariente cercano del Funcionario venezolano 4.

Un apartamento a cambio de un contrato

  Sobre el segundo cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la acusación indica que Naman Wakil,a través de correos y medios e instrumentos del comercio interestatal usados de manera corrupta, promovió los sobornos y entrega de cualquier cosa de valor a un funcionario extranjero y a una persona, para obtener y retener negocios para él y sus empresas.
    Se especifica, que Wakil hizo que se enviara un correo electrónico en relación con la transferencia de propiedad de un condominio en Miami, Florida por un valor aproximado de USD 300.000 el 1 de septiembre de 2017, en beneficio del Oficial Venezolano 4.

El tercer cargo

   Sobre el cargo 3 de Conspiración para cometer lavado de dinero, la acusación refiere que Naman Wakil hizo transferir un instrumento monetario y fondos desde fuera de los Estados Unidos hacia el interior del país, para promover la realización de una actividad ilegal específica.

  Se trataba de transacciones financieras que afectan el comercio interestatal y extranjero, pues involucran el producto de una actividad ilegal, disfrazando la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal.

   El propósito de la conspiración era que el acusado y sus co-conspiradores se enriquecieran ilegalmente sobornando a funcionarios venezolanos para obtener y retener contratos y otras ventajas comerciales, incluida la obtención del pago de contratos multimillonarios con entidades e instrumentalidades controladas por el venezolano.

Blanqueo internacional

  Por el cargo de Blanqueo internacional de instrumentos monetarios, la acusación señala que Naman Wakil, transfirió un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos y a un lugar en los Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal.
   Se transfirieron USD 800.000 de una cuenta bancaria en Miami, Florida a una cuenta bancaria en Panamá, controlada por el co-conspirador 1.

Los demás cargos

  Los cargos del 5 al 7 por Participar en transacciones con propiedad derivada del delito, indican que Naman Waki provocó la participación en una transacción monetaria que afectara el comercio interestatal, por un valor superior a USD 10.000, habiendo sido dicha propiedad derivada de una actividad ilegal específica, y sabiendo que la propiedad involucrada en las transacciones financieras representaba el producto de alguna forma de actividad ilegal.

Estas actividades se describen así:

Propiedades de Wakil sujetas a decomiso

   La acusación señala una serie de propiedades de Naman Wakil sujetas a decomiso de encontrarse culpable que, a saber, son: 

a) una sentencia de decomiso de dinero por un monto mínimo de USD 50 millones; 

b) inmueble ubicado en 3535 Hiawatha Avenue, Unit 602, Miami, Florida 331334; 
c) inmueble ubicado en 68 SE 6 Street, Unit 2511, Miami, Florida 33131; 
d) inmueble ubicado en 68 SE 6 Street, Unit 2911, Miami, Florida 33131; 

e)propiedad inmueble ubicada en 4500 North Miami Avenue, Miami, Florida 33127; 


f) inmueble ubicado en 4510N North Miami Avenue, Miami, Florida 33127; 

g) inmueble ubicado en 92 SW 3 Street, Unidad 4806, Miami, Florida 33130; 

h) inmueble ubicado en 92 SW 3 Street, Unidad 5006, Miami, Florida 33130; 

i) propiedad inmueble ubicada en 257 West Main Avenue, Gastonia, NC 28052; 

j) inmueble ubicado en 18555 Collins Avenue, Unit 2605, Miami, Florida 33160; 

k) inmueble ubicado en 888 Brickell Key Drive, Unit 1512, Miami, Florida 33131.; 

l) propiedad inmueble ubicada en 1010 Brickell Avenue, Unidad 3509, Miami, Florida 33131; 

m) propiedad inmueble ubicada en 1010 Brickell Avenue, Unidad 4310, Miami, Florida 33131; 

n) propiedad inmueble ubicada en 1010 Brickell Avenue, Unidad 4610, Miami Florida 33131; 

o) propiedad inmueble ubicada en Brickell Avenue, Unidad 4710, Miami, Florida 33131; 

q) el contenido de la cuenta de Synovus Bank número 05312001015335423 a nombre de Wakilisimo LLC;

r) el contenido de la cuenta de Synovus Bank número 07081901013876345 a nombre de Naman Wakil; s) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank) número de cuenta 0700017114 a nombre de Naman Wakil y Souheil A. “Tony” Azar; t) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank) número de cuenta 700015258 a nombre de Wakil Properties LLC; u) el contenido de United Bank (anteriormente conocido como Carolina Trust Bank número de cuenta 700015266 a nombre de Wakilisimo LLC.

jueves, 26 de agosto de 2021

Corte fija cronograma del proceso judicial entre PDV USA y la empresa del excongresista David Rivera

     El juicio se llevará a cabo a mediados del próximo año 2022.

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó el 24 de septiembre del presente años 2021, como la fecha límite para que PDV USA Inc. responda a la contrademanda que en su contra formuló la empresa del exparlamentario republicano David Rivera, Interamerican Consulting Inc.
   El pasado 20 de agosto, el juez John G. Köelt estableció un cronograma en el que, además de la diligencia anteriormente mencionado, fijó el 21 de febrero de 2022 para presentar los alegatos enmendados, fecha que igualmente será el plazo límite otorgado por el tribunal para que las partes puedan reunirse.

   Las declaraciones de expertos deben presentarse antes del 11 de abril de 2022; la etapa de descubrimiento de hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de hechos tendrá como fecha tope el 21 de febrero de 2022; las mociones de sentencia sumaria vencen el 25 de mayo de 2022; la orden preliminar conjunta se estableció para el 17 de junio de 2022 o 21 días después de la decisión de cualquier moción dispositiva.

   Asimismo, el juez Köeltl estipuló que las partes deberán estar listas para el juicio con 48 horas de notificación o 21 días después de la presentación de la orden preventiva conjunta.

Solicitud de plazo

   El 1 de julio de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP que representa legalmente a Interamerican Consulting Inc. en el proceso judicial que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde PDV USA Inc. la demandó por incumplimiento de contrato, remitió una comunicación al juez John G. Köeltl, para solicitar la extensión del plazo de que dispone para responder a la Demanda Enmendada, al tiempo que se excusó por no poder estar presente en la conferencia pautada para el 13 de julio de 2021.
   Refirió que la razón por la cual no podría asistir se debía a que es, además, el abogado principal del juicio en Apple Inc. v. Corellium LLC, Nº 9-19cv-81160-RS, para la fecha de la comunicación pendiente ante el juez Rodney Smith en el Distrito Sur de Florida, quien había pautado ya anteriormente, una conferencia previa al juicio para el citado 13 de julio de 2021. Esta causa tenía pautado el inicio del juicio para el 19 de julio de 2021. Le recordó que el Tribunal había denegado la solicitud conjunta de las partes de aplazar la fecha del juicio para septiembre.

   La comunicación al juez refería que, de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 6 (b), el Interamerican Consulting solicitaba que el Tribunal extendiera el tiempo para que el demandado pudiera responder a la Demanda Enmendada por 30 días, hasta el 5 de agosto de 2021. El Demandado también solicitó que el Tribunal suspendiera la conferencia a la primera semana de agosto, o la fecha más temprana a partir de entonces, que fuera conveniente para la Corte. Las partes solicitaron que la Corte reajustar el plazo para presentar el informe de la Regla 26 (f), en consecuencia. El juez otorgó la solicitud.

Cambio de abogados

  El 2 de agosto de 2021, Kathryn Lee Boyd, de la firma Hecht Partners LLP, en representación de Interamerican Consulting Inc. solicitó al juez Kathryn Lee Boyd una prórroga para presentar la respuesta a la demanda enmendada en su contra.
    Explicó Boyd al magistrado que tal pedido lo hacía en virtud de que había sido informado por su cliente de que tenía la intención de contratar nuevos abogados en este asunto y estos, probablemente tomarían una nueva dirección y estrategia en la defensa de el caso. Pidió plazo hasta el 19 de agosto de 2021, para que se finalizara la contratación de los abogados y estos presentaran la respuesta solicitada por el tribunal.

  De hecho el 19 de agosto de 2021, el nuevo abogado de Interamerican Consulting Inc., Tucker H. Byrd, presentó la respuesta a la demanda enmendada y contra demandó a PDV USA Inc. como ya lo informamos en entrega anterior[1].

REFERENCIAS 

[1] Venezuela Política. “Empresa del excongresista, David Rivera niega los términos de la demanda de PDV USA en su contra y presenta contrademanda”. 20 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/empresa-del-excongresista-david-rivera.html

martes, 17 de agosto de 2021

Namam Wakil: De vendedor ambulante a contratista millonario del chavismo

 A la sombra de sus relaciones con altos funcionarios chavistas, el empresario amasó una gran fortuna a expensas de minar el erario público venezolano.

Por Maibort Petit

   El pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. o de cualquier empresa estatal venezolana parece ser una constante, una marca, una impronta en el comportamiento de la administración pública que, durante los últimos veinte años adquirió niveles alarmantes. En ese contexto se inscribe el caso de Naman Wakil, un ciudadano de nacionalidad siria y venezolana residente en los Estados Unidos, quien se sumó al esquema corrupto señalado con el objeto de lograr contratos millonarios con la petrolera y, también, con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA), la empresa de alimentos del estado venezolano.

  La causa identificada con el en número 21-CR-20406-WILLIAMS (SELLADO), se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Florida-División Miami, a cargo de la juez de primera instancia, Lauren F. Louis, a quien el caso le fue presentado el pasado 4 de agosto del presente año 2021. Wakil pagó 21 millones de dólares en una fianza para ser juzgado en libertad.

    De acuerdo a los documentos judiciales bajo esta modalidad, Wakil, entre 2010 y 2017, habría realizado negociaciones por el orden de los USD 250 millones para lo cual, supuestamente, pagó sobornos a funcionarios de CASA y de las empresas mixtas que operan en el Faja petrolífera del Orinoco, las cuales tienen un paquete accionario en el que PDVSA tiene el mayor porcentaje frente a sus socias extranjeras. El empresario vendería alimentos a la corporación venezolana y, por otra parte, proporcionaría bienes y servicios a PDVSA, habiéndose determinado un sobreprecio de al menos USD 30 millones en estos últimos contratos.

   Los dineros mal habidos de estas negociaciones, habrían sido lavados por Wakil a través de cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y mediante la compra de inmuebles en dicha zona, un avión de USD 3.5 millones y un yate de USD 1.5 millones, entre otras cosas. Parte de estos fondos también fueron destinados por el empresario para pagar a los funcionarios venezolanos que facilitaron las negociaciones.

  Las autoridades judiciales acusan a Naman Wakil de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA); conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada delictivamente, por lo que, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 80 años de cárcel.

   Entre las primeras diligencias del caso, el 6 de agosto tuvo lugar una audiencia de detención preventiva de Wakil, quien fue arrestado el 3 de agosto.

  Las jugosas ganancias de estas presuntas negociaciones irregulares le permitieron a Wakil mantener una vida de lujos con su familia, lo cual incluía viajes por todo el mundo y vivir en un condominio de USD 3.5 millones de Coconut Grove es con vista a la Bahía de Biscayne, de acuerdo con una nota publicada por el Miami Herald[1].

   La reseña de prensa indica que Wakil habría invertido las ganancias ilegales derivadas de los contratos corruptos con PDVSA y CASA en el citado condominio, ubicado específicamente en “Residences at Vizcaya” en Hiawatha Avenue, así como también en los apartamentos antes mencionados, los cuales están en Brickell Avenue en el centro de Miami y en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. Señala la publicación que el valor de estas compras ronda los USD 50 millones.

  Pero para evadir las rejas, la defensa de Wakil y los fiscales del caso acordaron una fianza de USD 50 millones, los cuales se cancelarán con propiedades y USD 21,3 millones provenientes de una cuenta en suiza, señala otra nota del Miami Herald[2].

   Esta última detalla que las ganancias del primer contrato de Wakil con CASA, el citado líneas arriba por USD 30 millones, habrían ido a parar a cuentas del empresario en las Islas Caimán, mientras USD 750 mil fueron a parar a la cuenta en el sur de la Florida de un funcionario venezolano. Más tarde, en 2012, obtuvo un nuevo contrato por USD 225 millones que se depositaron en cuentas bancarias corporativas en Suiza, entretanto USD 11 millones alimentaron las finanzas de otro funcionario venezolano.

   Con la subsidiaria de PDVSA, Petropiar, Wakil firmó en 2015 un acuerdo por tuberías de USD 11.2 millones, cuando los referidos tubos los compraba en China por USD 1.3 millones. El funcionario que facilitó el negocio habría sido favorecido con un condominio de USD 300 mil en Miami.

Con historial en los Papeles de Panamá

  Agrega que ya el nombre de Naman Wakil había resonado en 2016 cuando explotó el escándalo de los Papeles de Panamá y al empresario se le vinculó con un banquero de Citigroup y con empresas fantasmas con cuentas secretas extraterritoriales que permitieron ocultar fondos irregulares de clientes entre los cuales se contaba el sirio-venezolano.

 En aquel entonces se dijo que Wakil con intereses comerciales en Carolina del Norte y Miami por el orden de los USD 400 millones. Para evadir la carga tributaria que tales negocios suponen, recurrió al bufete panameño Mossack Fonseca. Los abogados de esta firma le propusieron abrir una serie de fideicomisos y sociedades offshore que le permitirían enmascarar y esconder sus ganancias.

Un documento muestra negocios irregulares entre extitular el Ministerio de Alimentación de Venezuela y un empresario sirio

Su historia y su afán de ocultarla

  El portal El Pitazo[3] da cuenta del historial de este hombre y los “funcionarios venezolanos” con que en los documentos judiciales de la corte de la Florida se identifica a los socios corruptos con los que Naman Wakil supuestamente habría realizado las negociaciones irregulares, adquieren nombre y apellido.

  La publicación refiere que Wakil amasó su fortuna con los contratos de importación de carne que le otorgó el exmimnistro de alimentación, mayor general Carlos Osorio. Familiares de este último habría recibido USD 5,9 millones desde una cuenta en el banco suizo CBH, propiedad del empresario.

  Del mismo modo, la nota de El Pitazo reza “que desde las cuentas del sirio-venezolano se hicieron, en 2012, cerca de 14 transferencias por montos desde los 108.250 dólares hasta 149.975 dólares a favor de Rodolfo Raschid Velasco Kassem, capturado por el Cicpc en 2013, señalado por formar parte de la organización del capo colombiano Daniel “El Loco” Barrera (…) También se comprobó que Naman Wakil habría hecho entre diciembre de 2012 y junio de 2013 al menos ocho transferencias entre 350.000 hasta 2.000.000 dólares a favor de varias empresas, desde la cuenta de empresas propiedad de Wakil —Atlas Systems International y J.A. Comercio de Géneros Alimenticios— a favor de la Viltas Company, cuyos beneficiarios serían Roberto Rodríguez y Santiago Souto, este último también identificado como uno de los asesores de Raúl Gorrín en Suiza”.

  Naman Wakil habría amasado una fortuna de USD 400 millones solamente en el banco suizo, habiéndose iniciado como vendedor ambulante que residía en Petare. Según las averiguaciones periodísticas, compraba carne a punto de vencerse y la negociaba con el estado venezolano con sobreprecios milmillonarios, a la sombra de sus relaciones con Osorio.

  El portal refiere los esfuerzos del empresario sirio-venezolano por hacer desaparecer su historia de internet, creándole otros perfiles que van desde jugador de fútbol de la vino tinto, beisbolista de los Leones del Caracas, hasta blogger de comida.

Mas de Wakil, según Carlos Tablante

  El exdiputado y exgobernador del estado Aragua, Carlos Tablante[4], autor del libro “El Gran Saqueo”, también le pone nombre y apellido a los “funcionarios venezolanos” que figuran en la demanda contra Wakil. De este modo, “Los altos funcionarios venezolanos 1 y 2 de CASA presuntamente serían los militares Sergio Caldera García, quien fuera presidente de la institución entre 2010 y 2011 (residente en EE. UU.), y Carlos Osorio Zambrano, responsable de CASA entre 2011 y 2014, fechas que se mencionan específicamente en la acusación. Osorio es en la actualidad presidente de la Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM)”.

   Tablante agrega que en denuncia formulada en 2016 señaló que “Dos cuñados del general recibieron casi 6 millones de dólares de una empresa de Wakil entre diciembre de 2012 y junio de 2013 cuando el militar era ministro de Alimentación. Las evidencias fueron entregadas a la Asamblea Nacional que produjo un voto de censura contra Osorio, así como a la Fiscalía General, la cual abrió una investigación contra el general y Wakil sin resultados conocidos”.

  El libro de Tablante dedica uno de sus capítulos a Namal Wakil: “Trece millones de dólares en mortadela”, en el que describe el modus operandi mediante el cual Wakil estafó a la nación venezolana.

“A través del sistema de subastas, Naman Wakil, como representante de legítimas compañías de Brasil y por medio de información privilegiada, obtuvo millonarios contratos. Sin embargo, su verdadero objetivo era obtener dólares preferenciales para venderlos en el mercado negro y obtener inmensas ganancias. Para ello no vaciló en negociar productos cárnicos a punto de caducar o de ínfima calidad, muchas veces rechazados por otros países. Adquirió un frigorífico en Brasil para reempacar y reetiquetar la mercancía como de primera calidad antes de su envío a Venezuela donde muchas veces llegó en estado de descomposición”, dice Tablante.

 Para perfeccionar su negoció diseñó un esquema fraudulento consistente en el establecimiento de una red de empresas de maletín con nombres similares a las empresas proveedoras de Brasil y de esta manera enmascaraba los sobreprecios de los productos que le vendía a Venezuela.

REFERENCIAS 

[1] Miami Herald. “U.S. agents arrest wealthy Venezuelan man at Miami home on money laundering charge”. 10 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253219913.html


[2] Miami Herald. “Venezuelan’s bond: $21 million in Swiss account, plane, yacht, lots of Miami condos”. 11 de Agosto de 2021. https://www.miamiherald.com/news/local/article253390023.html


[3] El Pitazo. “Naman Wakil: el vendedor de carne que quiere ocultarse en internet”. 3 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/internacional/naman-wakil-el-cunado-de-carlos-osorio-que-quiere-ocultarse-en-internet/


[4] El Pitazo. “Los pecados capitales de Naman Wakil”. 9 de agosto de 2021. https://elpitazo.net/opinion/los-pecados-capitales-de-naman-wakil/


lunes, 9 de agosto de 2021

Mientras petroleras mundiales toman previsiones con Trafigura, CITGO sigue negociando con la cuestionada empresa

  Pese a las múltiples denuncias e investigaciones por corrupción, la filial de PDVSA en EE. UU., como revelan reportes, mantiene a la comercializadora como su principal proveedor.

Por Maibort Petit

   Sospechosa por las múltiples denuncias formuladas en su contra por la presunta comisión de hechos irregulares, negociaciones turbias, imposición de sobreprecios y demás, la multinacional de comercio de productos básicos Trafigura Group Pte. Ltd. se encuentra en la mira de muchas compañías, agentes y naciones que, previsivos, han decidido suspender o limitar las negociaciones con ella, en espera del resultado de las investigaciones de que es objeto. Muchas, pero no todas, porque empresas como CITGO Petroleum Corporation, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en Estados Unidos, continúa manteniéndola como su principal proveedor de crudo y productos derivados.



   Lejos está de la intención real de la alta gerencia de CITGO, el tomar decisiones como la reciente implementada por Petróleos Mexicanos (Pemex), que prohibió temporalmente establecer nuevas contrataciones con Trafigura AG, hasta tanto no se aclaren los hechos y las averiguaciones que en torno a la comercializadora se llevan a cabo en varias los países, arrojen resultados. Esta es una revelación que hizo Reuters[1], que indicó que Pemex y otras petroleras estatales están ahora más cautelosas al momento de negociar firmas comerciantes como Trafigura y Vitol.

  Ya Venezuela Política lo había advertido, cuando en nota publicada en estas páginas en febrero de 2020, informó que desde 2019, CITGO había incrementado la compra de crudo en el mercado spot, con algunas empresas trading vinculadas al chavismo. Referimos en aquel entonces, que compañías presuntamente incursas en tramas de corrupción, como Trafigura, Lukoil, Vitol y Mercuria, entre otras, habían sido beneficiadas con contratos de compra directa

  Pero en lo que respecta a Trafigura, los reportes revelan que las compras de Trafigura Canada GP aumentaron de forma significativa en 2019, como también indican que la empresa suiza se convirtió —después de PDVSA Petróleos que lideraba como suplidor antes de las sanciones de la OFAC— en el mayor proveedor de crudo en el área trading durante los períodos 2017 y 2018. Fuentes de Venezuela Política indican que los contratos trading con estas empresas, lejos de proscribirse, se incrementaron durante la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó en la filial.

  Empresas como Trafigura, Vitol, Glencore y Mercuria se incorporaron al registro mayor de proveedores y clientes de CITGO durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En la gestión de Gustavo Velásquez y Rick Esser las compañías de trading intermediarias adquirieron un gran protagonismo, un papel que no dejaron de tener, según todo deja ver, cuando la filial de PDVSA en EE. UU. pasó a estar bajo el control del 'gobierno' interino de Guaidó.

  Ante estas denuncias, el CEO de CITGO, Carlos Jordá, habría ordenado algunas auditorías y había tratado de indagar y conocer los manejos del área de trading de la filial sin haber tenido éxito en este intento. Fuentes de la petrolera refirieron a Venezuela Política que, inexplicablemente, el área de auditoría de la empresa excluyó del plan anual de la compañía, todas las auditorías de esa dependencia de la filial.

 Pero nuestras fuentes igualmente alertaron que las iniciativas de Carlos Jordá respecto al área de trading, las contrataciones con Trafigura y el resto de empresas cuestionadas, lejos está de responder al deseo transparentar las operaciones de CITGO, sino que simplemente es la consecuencia, su reacción, a las denuncias, tanto desde estas páginas formuladas, como por otras voces que acusan la conducta irregular de la comercializadora suiza.

  No deja de tener peso tampoco, el ojo que, sobre la subsidiaria de PDVSA, tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de allí el aparente deseo de Jordá de investigar y aclarar la situación en el área de trading de CITGO.

  Las alarmas acerca de Trafigura, llevaron a PMI Comercio International — filial de Petróleos Mexicanos— a suspender a principios de julio suspendió la suscripción de nuevos contratos con la comercializadora y sus subsidiarias, según documento al que tuvo acceso Reuters, aunque advierte que en el mismo no hay referencia alguna al motivo de la prohibición. Eso sí, la petrolera mexicana respetará los acuerdos vigentes.

  La nota de la agencia de noticias indica que, aunque Pemex con estas decisiones busca no exponerse con estas empresas investigadas por corrupción, sus unidades en otros lugares, como la de Ginebra, por ejemplo, continúan negociando con Trafigura.

  Entre quienes investigan a este comerciante global de materias primas por presuntos hechos de corrupción y manipulación del mercado petrolero, se encuentra el gobierno de los Estados Unidos, el cual a través de organismos como la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC), la cual indaga sobre el alcance de las actividades de Trafigura, sobre todo en sus operaciones con América del Sur.

   Se entiende que la investigación se relaciona con la división de comercio de petróleo de Trafigura, que tiene su sede en Singapur, pero también tiene oficinas en Londres y Ginebra[2].

  Igualmente, en 2018, Vitol, Trafigura y Glencore fueron vinculadas con la corrupción de la brasileña Petrobras, al ser señaladas de pagar sobornos por el orden de USD 31 millones a funcionarios de la estatal, todo en el contexto de la operación Lava Jato[3].

REFERENCIAS

[1] Reuters. EXCLUSIVE Pemex's trading arm bans new business with Trafigura -sources. 15 de julio de 2021. https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-pemexs-trading-arm-bans-new-business-with-trafigura-sources-2021-07-15/


[2] The Guardian. “Trafigura investigated for alleged corruption, market manipulation”. 31 de mayo de 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/trafigura-investigated-for-alleged-corruption-market-manipulation


[3] Expansión. “Vitol, Trafigura y Glencore, señaladas de presunta corrupción ligada a Petrobras”. 5 de diciembre de 2018. https://expansion.mx/empresas/2018/12/05/vitol-trafigura-y-glencore-senaladas-de-presunta-corrupcion-ligada-a-petrobras

viernes, 6 de agosto de 2021

Abogados de Álex Saab advierten que EE. UU. basa solicitud de extradición en un argumento erróneo

  El 13 de agosto el Tribunal Constitucional podría emitir la decisión final del caso. No obstante, hay algunas fuentes que señalan que el proceso podría durar más tiempo.

Por Maibort Petit

  El equipo de abogados defensores de Alex Saab emitió una declaración en la que advierten de los supuestos errores que habría cometido el Fiscal General de Cabo Verde, José Landim, con el único objetivo de facilitar la extradición del empresario a los Estados Unidos.

   Específicamente, Landim, en uno de los apartes del documento habría afirmado que los compromisos diplomáticos contraídos por el gobierno de los Estados Unidos a través de sus departamentos de Estado y Justicia, constituiría una obligación para los tribunales estadounidenses lo cual, al entender de los representantes de Saab, es incorrecto.

   Recuerdan que la Constitución de los Estados Unidos se basa en el principio de la separación de poderes, por lo que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo. Partiendo de esto, los tribunales estadounidenses solamente se someten a los dictados constitucionales y las leyes de los EE. UU., por lo que aun cuando los tratados forman parte de la legislación, estos sólo obligan a los tribunales en la medida en que crean disposiciones de "ejecución automática" que el propio acusado tiene derecho a hacer cumplir.

   El comunicado de los abogados de Saab subraya que la "regla de la especialidad" es aplicable en los casos de extradición en los que un país ha contraído ciertos compromisos específicos con otro país como condición para asegurar la custodia de la persona extraditada. “Establece que, cuando esos compromisos impliquen una limitación de los delitos por los que una persona extraditada puede ser procesada, esa persona solo podrá ser juzgada por los delitos específicamente declarados. No se pueden presentar nuevos cargos contra dicha persona”.

  Y advierten entonces que, aunque la regla es de aplicación general, tiene limitaciones importantes en los Estados Unidos, aplicables en el caso de Álex Saab Morán. Según el precedente judicial vinculante aplicable al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida donde cursa el caso contra Saab Morán, aplica solo cuando la extradición se haya sustentado en un tratado de extradición que incluya específicamente la "regla de la especialidad" entre Estados Unidos y el país de donde se solicitó la extradición, en este caso Cabo Verde.

   Al no haber tratado de extradición entre los EE. UU. y Cabo Verde, no podrá establecerse este compromiso, aún en el caso de que Estados Unidos se comprometiera a cumplir el compromiso. Por ende, el Departamento de Justicia podría presentar cargos adicionales si así lo considera pertinente en contra Saab.

   Esto significa que mientras las autoridades de Cabo Verde sustenten su decisión en la regla de especialidad para justificar su aprobación, no estarían garantizando ninguna protección exigible para Saab Morán en un juicio que pudiera tener una sentencia de cadena perpetua, la cual es inadmisible en Cabo Verde.

  Finaliza el comunicado con la advertencia sobre el hecho contradictorio de que, por un lado, se argumente que Estados Unidos hace su solicitud de extradición sobre lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Transnacional —que no aplica pues UNTOC no contempla la cláusula de especialidad— y por el otro, EE. UU. dice que aplicará el mecanismo de las Naciones Unidas[1].

Cuenta regresiva

  Pero la batalla campal que se libra en los tribunales de Cabo Verde en donde desde un lado y de otra se dispara a matar, pareciera estar en sus últimos estertores dado que el próximo 13 de agosto se espera que la Corte Constitucional caboverdiana emita la decisión final de este caso.

  Para la defensa de Saab es vital el pronunciamiento que la corte constitucional adopte en cuanto a la citada regla de la especialidad y sobre lo que ha sido su revisión del proceso que ya supera más de un año.

   Esta decisión es fundamental, toda vez que ya el tribunal Supremo de Justicia autorizó la extracción el pasado 17 de marzo.

    Entre los últimos asaltos de esta dura pelea, Álex Saab arremetió en una carta abierta contra el fiscal Landim, a quien señaló junto al primer ministro, Ulisses Correia, de ocultar información y de mentir. Acusó nuevamente al gobierno de Cabo Verde de haberlo “sacado a golpes” del avión cuando paró a recargar combustible para proseguir su viaje a Irán en donde, supuestamente cumpliría una misión diplomática en nombre de Venezuela.

  Refiere Saab en su pronunciamiento que el fiscal ha ignorado sus argumentos y lo acusó de entregar información errada al Tribunal Constitucional[2].

Reino Unido lo califica de corrupto

  Y si de acusaciones se trata, el Reino Unido a través del secretario de la Relaciones Exteriores, no dudó en calificar a Álex Saab de corrupto, al anunciar el ingreso del colombiano a la lista de ciudadanos sancionados por actos de corrupción.

   La decisión del Reino Unido se erige sobre la acusación que Estados Unidos mantiene contra Saab en los tribunales, en donde se lo señala, junto a su socio Álvaro Enrique Pulido, de enriquecerse a cosa te de los programas de alimentación y vivienda del gobierno venezolano[3].

 El gobierno británico impuso sanciones a Saab y a Pulido, consistentes en la congelación de sus activos en el Reino Unido y prohibición de entrada al país.

   La cancillería británica al explicar la razón de sus sanciones dijo que Saab y Pulido “Se beneficiaron de contratos adjudicados indebidamente, en los que los bienes prometidos se entregaban a precios muy inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos, ya golpeados por la pobreza, para su propio enriquecimiento privado”[4].


Desestimado recurso de apelación


Antes de esto, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde había rechazado el 21 de julio el recurso de apelación interpuesto por la defensa de quien es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, con el cual se buscaba suspender el proceso de extradición en razón de un pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU.


El tribunal decidió por unanimidad desestimar el recurso de “cumplimiento de la solicitud de adopción de medidas provisionales”, por cuanto el estado caboverdiano no tiene obligación alguna de cumplir la solicitud del comité de Naciones Unidas y porque “no existen razones suficientemente persuasivas para justificar su aceptación”[5].

REFERENCIAS

[1] Justicia Fuser. “Declaración del equipo de defensa del diplomático Alex Saab”. 4 de agosto de 2021. https://www.justiciafuser.com/declaracion-del-equipo-de-defensa-del-diplomatico-alex-saab/

[2] El Tiempo. “Saab arremete contra fiscal de Cabo Verde ad portas de extradición”. 27 de julio 2021. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-arremete-contra-fiscal-y-primer-ministro-de-cabo-verde-606171

[3] El Tiempo. “Reino Unido califica a Saab de corrupto y le impone sanción”. 22 de julio 2021. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-y-alvaro-pulido-sancionados-por-el-reino-unido-605020

[4] Semana. “Congelan cuentas de Álex Saab en el Reino Unido por malversar ayudas públicas en Venezuela”. 22 de julio de 2021. https://www.semana.com/mundo/articulo/congelan-cuentas-de-alex-saab-en-el-reino-unido-por-malversar-ayudas-publicas-en-venezuela/202146/

[5] Infobae. “El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó suspender la extradición de Alex Saab a Estados Unidos”. 21 de Julio de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/07/21/el-tribunal-constitucional-de-cabo-verde-rechazo-suspender-la-extradicion-de-alex-saab-a-estados-unidos/




miércoles, 4 de agosto de 2021

Corpoelec busca reactivar el Proyecto Tocoma, usando como intermediarias a las empresas IMPSA de Argentina y la brasileña Odebrecht

   Se estaría manejando retomar el proyecto con las mismas empresas que han sido señaladas de cometer irregularidades y aplicar sobreprecios en contratos anteriores.

Por Maibort Petit

 La construcción de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como represa de Tocoma, la cual contribuiría a aliviar la grave crisis eléctrica que padece el país terminó siendo un elefante blanco, una obra inconclusa que no generó un solo megavatio de electricidad, pero sí oscuros negocios. Transcurridos 14 años de la firma del contrato para su construcción, podría próximamente, no brindar luz a los venezolanos, sino nuevas corruptelas e irregularidades, según dejar ver los últimos movimientos que tienen lugar en el seno de la corporación eléctrica nacional.
   Investigaciones llevadas a cabo por Venezuela Política, permitieron conocer que, Corpoelec encuentran en conversaciones para reactivar el Proyecto Tocoma y concluir la construcción de la represa (que debió haber estado lista en 2013). Una iniciativa que sería digna de aplaudir sino fuera por el detalle de que, los referidos contactos se están estableciendo con los mismos actores que protagonizaron procesos irregulares y negociaciones con sobreprecios que constituyeron un desfalco para las arcas públicas venezolanas durante la administración de Argenis Chávez en Corpoelec y las empresas Odebrecht (Brasil) e IMPSA, de Argentina.

  Venezuela Política pudo determinar que el objeto de las nuevas negociaciones giraría en torno a las piezas y componentes electromecánicos de cuya fabricación se encargaría una compañía brasileña, y como principal intermediaria de la argentina IMPSA que ha sido señalada en múltiples oportunidades por sus manejos turbios.
   Desde la mas alta gerencia del Ministerio de Energía Eléctrica se retomaron las negociaciones para obtener las piezas que no llegaron a salir de los talleres del fabricante a su destino en Venezuela. La parte álgida de las conversaciones gira en torno a la forma de pago, lo cual hace levantar sospechas acerca de la transparencia de las mismas.

   Una fuente interna de Corpoelec Caracas confirmó, bajo el compromiso de anonimato, que las gestiones se están realizando desde la alta gerencia del Ministerio de Energía Eléctrica, y que inclusive uno de los funcionarios ya  se encuentra discutiendo los términos en que se produciría el traslado de las piezas desde la fábrica a Venezuela. Asimismo, las partes evalúan la forma de pago, bien en dólares o bien con petróleo.

   Resulta inexplicable que la administración de Nicolás Maduro explore la posibilidad de retomar las obras civiles paralizadas en Tocoma, aun con las irregularidades allí detectadas con quienes ejecutaron unos trabajos que nunca terminaron y por el cual habrían contratado con sobreprecio.
   Este proyecto, similar al de la Central Caruachi, se inició, de acuerdo a estudios realizados, a un costo de USD 1.493 por KW (Caruachi tuvo un costo de USD 1.274 por KW. Ya para 2011 el costo se había elevado a USD 2.925 por KW y en 2014 era de USD 5.059 por KW, es decir 239 por ciento más del costo inicial del proyecto.

   Investigaciones periodísticas citadas por Transparencia Venezuela refieren la existencia de errores, defectos y fallas en la construcción de la represa.

   Además, se violaron las cláusulas del contrato que presentamos en detalle más adelante, pues supuestamente el 80 por ciento de las valuaciones en bolívares del Consorcio OIV se facturaron en dólares calculados a tasa preferencial, lo que supondría un fraude de cientos de millones de dólares.
   Cabe destacar las denuncias formuladas por el fiscal 55 nacional en el exilio, Pedro Lupera Zerpa[1], quien reveló una serie de irregularidades cometidas en el desarrollo de este proyecto, comenzando por el incumplimiento de la fecha de entrega de las obras. En una nota de El Pitazo, Lupera Zerpa “asegura que el Estado desembolsaría para el proyecto la cantidad de 263.384.534,21 dólares, más un componente nacional por un monto de 1.515.839.477.931,63 bolívares (anteriores a la reconversión monetaria de 2008), cambiados a la tasa oficial de aquel entonces, de 2.150 bolívares por dólar”.

   Una investigación periodística dio a conocer que los USD 10.000 millones pagados por la obra inconclusa, por lo menos USD 1.000 millones correspondieron a lo pagado en divisas de manera irregular a través de un ardid administrativo. Esto gracias a los vericuetos que el control cambiario ofrece para la comisión de irregularidades[2].
   Además, cita el informe de la Asamblea Nacional que en 2017 determinó que en estas obras se desfalcó a la nación en más de USD 3.000 millones y declaró la responsabilidad política de Rafael Ramírez, Alí Rodríguez Araque, Jesse Chacón, Argenis Chávez, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, así como al entonces jefe del Estado Mayor Eléctrico, Aristóbulo Istúriz[3].

  En su sitio web, Corpoelec informa que la “Central Hidroeléctrica de Tocoma es una obra del Gobierno nacional que contempla el desarrollo hidroeléctrico en la cuenca del Bajo Caroní. Esta obra vislumbra la instalación de 2,160 MW para producir una energía promedio anual de 12,100 GWh. Para ello, se prevé que sus 10 unidades generadoras, de 216 MW cada una, ingresen a operación entre julio de 2012 y abril 2014. En el Bajo Caroní se encuentran en operación las centrales hidroeléctricas de Guri (8.850 MW), Macagua (2.930 MW) y Caruachi (2.196 MW) que fue apoyada financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1993”.

  Igualmente, habla de una inversión de USD 5.996 millones con un periodo de ejecución entre 2002 y 2014 que, hasta el momento de la publicación (no hay nada en la página que refiera la fecha), registraba un avance físico de 66,26 por ciento[4].
  Advertimos diferencia en cuanto a las fechas previstas para la culminación de las obras, por cuanto, mientras Corpoelec refiere en 2014, el contrato al que hacemos referencia en esta entrega dice que junio 2013 y algunas informaciones de prensa hablan de 2012.

  Sobre los avances de los trabajos, Transparencia Venezuela en una publicación del 4 de diciembre de 2018, habla de 87,19 por ciento de avance y una paralización total de las obras[5].

Sobre IMPSA

  En su página web, IMPSA se presenta como “una empresa que ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables, así como equipos para la industria de procesos y la energía nuclear”.

  Esta compañía, que anteriormente se denominaba Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A., pasó a ser simplemente IMPSA el 27 de abril de 2018, luego de la modificación de sus estatutos, como resultado del inicio del proceso de cierre de la reestructuración financiera de la compañía.

   En la actualidad, IMPSA es una empresa cuya mayoría accionaria está en manos del estado argentino, al poseer 63,7 por ciento de las acciones el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), el cual es un fondo fiduciario público controlado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; mientras que 21,2 por ciento de las acciones está en manos de la Provincia de Mendoza. El restante 15,1 por ciento del capital social de empresa es de propiedad privada, a saber, 9,8 por ciento en un fondo de capital controlado por los acreedores de la firma y el 5,3 por ciento en poder de los accionistas originales y fundadores, a través de un fideicomiso de capital[6].

  La decisión de que el estado la capitalizara ocurrió después de un largo período de reestructuración de pasivos por el que poco termina en la quiebra —en 2013 entró en default y en concurso de acreedores— y de evaluar la importancia de empresa en razón de su importancia en las cadenas de valor para el desarrollo tecnológico del país[7].

  Esta empresa tiene un largo historial de señalamientos por irregularidades. En 2003 se vio involucrada en un caso de corrupción en el que se refería que el presidente de Filipinas para la época, Joseph Estrada. Se decía que IMPSA habría pagado sobornos al mandatario que aprobara la continuidad de un contrato[8].

   El informe de Transparencia Venezuela “Empresas propiedad del estado. Un modelo de control II Parte. Casos de estudio sector eléctrico”, elaborado en noviembre de 2018, hace referencia al sobreprecio que IMPSA impuso a los trabajos de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma) que analizamos en esta entrega, destacando que la empresa argentina ofertó por los USD 10,371 millones, tres veces por encima de la segunda oferta y similares en indisponibilidad, que en el caso del segundo a 2014 era de 94 por ciento, mientras el primero aún está inconcluso.

   El informe cita también que IMPSA negoció con e el gobierno venezolano en 2005 en el contexto del convenio de cooperación energética suscrito entre Hugo Chávez y Cristina Fernández de K., para repotenciar y rehabilitar las unidades de la casa de máquinas de la central hidroeléctrica Macagua I. Este contrato se elevó de USD 223 millones a USD 325 millones, es decir 46 por ciento de incremento, después de 8 años de extensiones del plazo de entrega y aumentos del costo de la obra.

  Pese a esta experiencia, el 20 de abril de 2010, IMPSA fue contratada por PDVSA para la fabricación de de aerogeneradores en Venezuela y para la repotenciación de las turbinas de la central hidroeléctrica de Guri. En Tocoma, a IMPSA le correspondía entregar los equipos electromecánicos[9].

Sobre OIV Tocoma

    El contratista, Consorcio OIV Tocoma, es una sociedad en la que la cuestionada empresa constructora Odebrecht, de Brasil) con 50 por ciento del paquete accionario; Impregilo S.P.A. (Italia), con 40 por ciento de las acciones; y Vinccler (Venezuela) ostenta el restante 10 por ciento. Fue contratada por la CVG Electrificación del Caroní (Edelca) para llevar a cabo los trabajos de la cuarta y última generadora hidroeléctrica en el Bajo Caroní, la Central Hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, estado Bolívar.

  En Venezuela, Consorcio OIV Tocoma tiene sede en Caracas, constituida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela a través de un documento que se autenticó por ante la Notaría Pública Trigésima Séptima del municipio Libertador del Distrito Capital, el 6 de octubre de 2006, bajo el N° 20, Tomo 65 de los libros de Autenticaciones de ese despacho.

  El sitio web Pymes Venezuela, informa que la dirección fiscal de la empresa es Avenida Río Caura, Centro Empresarial Torre Humboldt, Piso 10, Oficina 10-06, Prados del Este, Caracas 1080. Con número de Registro de Información Fiscal (RIF) J-293785464[10].

   El contrato por el cual se rige la obra es el N° 1.1.104.003.05 y tiene por nombre “construcción de las estructuras principales de concreto, suministro e instalación de los equipos hidromecánicos, construcción final de la presa izquierda, construcción de la variante del ferrocarril y construcción de la plataforma para sub-estación Tocoma”, registrada en el Sistema Nacional de Contratistas por Impregilo, que actualmente se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

  Este mismo consorcio se encarga de adquirir los servicios de otras empresas contratistas para avanzar con el proyecto.

  Según una nota del diario Correo del Caroní, Tocoma debió estar lista en 2012, y debió sumar 2.160 MW, pero hasta la fecha sigue en obras, con una fecha aproximada de culminación –según la memoria y cuenta 2014 del Ministerio de Energía Eléctrica– en 2017 (con cinco años de retraso). Otra empresa que labora en la construcción de la hidroeléctrica es la argentina Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa), que está a cargo de las obras electromecánicas.

   Construcciones Clerico C.A. está inscrita inicialmente en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 14 de diciembre de 1956, bajo el Nº 27, Tomo 28-A. La última reforma inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en fecha 26 de abril de 2006, bajo el Nº 61, Tomo 5-A, representada por Juan Francisco Clerico Avendaño.

El contrato con el Consorcio OIV-Tocoma[11]

  El 19 de marzo de 2007, se suscribió el contrato entre la CVG Electrificación del Caroní C.A., y el Consorcio OIV-Tocoma, integrado este por Vinccler C.A. Venezolana de Inversiones y Construcciones Clerico C.A.

   Este contrato de obra pública fue financiado con fondos propios de CVG Edelca y fondos provenientes del contrato de préstamo 1686/OC-VE del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

   En la cláusula primera se establece que el Consorcio OIV-Tocoma se comprometió a realizar la construcción de las Estructuras Principales de Concreto, Suministro e Instalación de los Equipos Hidromecánicos, Construcción Final de la Presa Izquierda, Construcción de la Variante del Ferrocarril y Construcción de la Plataforma para la Sub-Estación “Tocoma”, del Proyecto Tocoma, a todo costo, por su exclusiva cuenta y con sus propios elementos y en un todo de acuerdo con los documentos de licitación (Especificaciones), condiciones, precios y plazos de entrega establecidos en los documentos del contrato, definidos en la cláusula segunda.

   La cláusula tercera indica que el Consorcio OIV-Tocoma debía terminar todo el trabajo en junio de 2013 y se comprometía a cumplir con todas las fechas de entrega de la obra civil establecidas a partir de la firma del contrato, el señalado 19 de marzo de 2007.

   Así, en marzo de 2010, debían estar terminado los trabajos que permitían iniciar la segunda etapa de desvío del río. Esto contemplaba una cláusula penal de USD 100.000 diario hasta un máximo de USD 4.500.000.

   Igualmente, para junio de 2011 debían estar terminadas las obras de concreto en la nave de montaje; en enero de 2012 debían estar terminadas las obras de concreto en la nave de generadores para todas las unidades; en febrero de 2012, debía estar terminada la casa de máquinas integrada y el canal de descarga inundado, permitiendo la operación de unidades.

  Si estas tres últimas no hubiesen estado concluida a la fecha prevista y si esta representaba costos adicionales a otros los contratistas, entonces los montos pagados por CVG Edelca a dichos contratistas, serían cargados al Consorcio OIV-Tocoma, hasta un máximo de USD 30.000.000.

  La cláusula cuarta estableció el precio del contrato en Bs. 1.515.839.477.931,63 más USD 263.384.534,21.

  Se previó un anticipo del 10 por ciento sobre el precio del contrato, el cual, en el caso del pago en bolívares se realizaría progresivamente en cada valuación de la obra, descontando de los pagos correspondientes, un porcentaje fijo correspondiente a la razón entre el monto del anticipo pagado en bolívares y el monto básico en bolívares del contrato, hasta cubrir el 100 por ciento del monto anticipado.

  En el caso del anticipo en dólares, la amortización se realizaría progresivamente en cada valuación de la obra, descontando el 10 por ciento de los pagos correspondientes a divisas básicas, hasta cubrir el 100 por ciento del monto básico en divisas anticipado.

   El contrato estableció que se realizaran ajustes de precios tomando en cuenta el Programa de Construcción aprobado por CVG Edelca, incluyendo cualquier prórroga siempre y cuando fuera aprobada por esta última.
   
  Una serie de fórmulas servirían para determinar las variaciones mensuales de los costos de los componentes.

   La cláusula decima establecía que OIV-Tocoma tendría una única relación contractual con CVG Edelca, renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar corresponsabilidad contractual al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o a la Unidad Ejecutora Central del Programa (Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, de la República Bolivariana de Venezuela).
REFERENCIAS
[1] Twitter. Pedro Lupera Zerpa. @palzerpa. https://twitter.com/palzerpa/status/1154024058029322240

[2] Armando.info. “El redondeo cambiario que benefició a Odebrecht”. 11 de julio de 2017. https://armando.info/el-redondeo-cambiario-que-beneficio-a-odebrecht/

[3] El Pitazo. “Un fiscal en el exilio revela detalles de la corrupción de Odebrecht en Tocoma”. 25 de julio de 2019. https://elpitazo.net/politica/proyecto-tocoma-la-central-hidroelectrica-que-quedo-en-promesas-tras-12-anos/

[4] Corpoelec. “Central Hidroeléctrica "Manuel Piar" en Tocoma”. http://www.corpoelec.gob.ve/proyectos/central-hidroel%C3%A9ctrica-manuel-piar-en-tocoma

[5] Transparencia Venezuela. “Tocoma sigue sin dar luz tras 11 años de iniciada”. 4 de diciembre de 2018. https://transparencia.org.ve/11-anos-despues-del-inicio-de-su-construccion-tocoma-sigue-sin-dar-luz/

[6] IMPSA. https://www.impsa.com/

[7] La Política Online. “El Gobierno estatizó la histórica empresa de energía de Pescarmona”. 28 de mayo de 2021. https://www.lapoliticaonline.com.ar/nota/134383-el-gobierno-estatizo-la-historica-empresa-de-energia-de-pescarmona/

[8] La Nación. “Involucran a Impsa en un caso de corrupción”. 15 de enero de 2003. https://www.lanacion.com.ar/economia/involucran-a-impsa-en-un-caso-de-corrupcion-nid466334/

[9] Transparencia Venezuela. Empresas propiedad del estado. Un modelo de control II Parte. Casos de estudio sector eléctrico. Noviembre 2018. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/11/CASOS-sector-el%C3%A9ctrico.pdf

[10] Pymes Venezuela. Consorcio OIV Tocoma. http://pymesvenezuela.com/ficha/consorcio-oiv-tocoma-111764

[11] Transparencia Venezuela. Contrato Tocoma. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/10/ODEBRECHT-Tocoma.-Central-Hidroel%C3%A9ctrica-Manuel-Piar.pdf