Mostrando entradas con la etiqueta corrupción. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta corrupción. Mostrar todas las entradas

lunes, 8 de febrero de 2021

Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

  Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck El-Aissami es defendido por Kelley J. Sharkey.

Por Maibort Petit

   Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

   Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

   En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

   El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

  Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

  Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

  El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

  Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

  La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

  Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

  La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

   Según la jurisprudencia no se necesita estar totalmente sin medios para calificar para el nombramiento de abogado, sino que el tribunal considere "las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de la defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia".

  Que se tenga conocimiento público, hasta la fecha Kelley J. Sharkey no ha informado a la corte de ningún cambio en la situación financiera de Marín que motive el retiro de la defensa pública.

  Sin embargo, como ya lo hemos dado a conocer anteriormente, Venezuela Política determinó que Alejandro Javier Marín es dueño de inmuebles en Brickell, Florida, posee autos lujosos y es titular de instrumentos financieros. Asimismo, la flota de aviones de su empresa, My Jet Saber, incluye aeronaves de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro y a grandes casos de corrupción. Así, por ejemplo, dos de los aviones son propiedad de José Manuel González Testino; uno del abogado del empresario colombiano arrestado en Cabo Verde, Álex Saab, señalado de ser supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un avión que pertenecía al empresario venezolano, José "Pepe" Leggio Cassara, deportado o expulsado de los Estados Unidos en octubre de 2020; entre otros[6].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. My Jet Sarver LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0701%5C00156932.Tif&documentNumber=L12000114362

[2] My Jet Sarver. http://www.myjetsaver.com/


 


[3] Venezuela Política. “Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.”. 7 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/juez-de-florida-ordena-traslado-nueva.html


[4] Venezuela Política. “Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami”. 26 de septiembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/09/arrestan-al-piloto-venezolano-alejandro.html


 


[5] Venezuela Política. “Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.”. 19 de noviembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/11/aunque-esta-preso-por-mentirle-los.html


 


[6] Venezuela Política. “Estas es la flota de aviones de My Jet Server, empresa de Alejandro J. Marín, acusado de haber mentido a los agentes federales de EE. UU.”. 7 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/estas-es-la-flota-de-aviones-de-my-jet.html


 


 

viernes, 22 de enero de 2021

Defensa de Álex Saab recurre a todo tipo de acciones para detener la extradición del empresario a Estados Unidos

   Por todos los frentes atacan los abogados de quien es calificado como testaferro de Nicolás Maduro, para evitar que su cliente sea llevado ante la justicia estadunidense.

Por Maibort Petit

   Todo un epistolario en procura de detener el proceso de extradición del empresario colombiano, Álex Saab, a los Estados Unidos, ha instrumentado su defensa en los últimos días. Cartas suscritas por los abogados y el propio acusado, se han remitido a las cortes, a representantes del gobierno de Cabo Verde y hasta al recién juramentado presidente de los EE. UU., Joe Biden, en lo que parecen ser recursos desesperados por evitar que su representado enfrente los cargos de lavado de dinero de que se la acusa en la corte del Distrito Sur de la Florida.

La carta de Saab a Biden

  Desde su celda en una prisión de Cabo Verde, Álex Saab dirigió una carta al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que descalifica al saliente mandatario, Donald Trump, e insta al recién juramentado, a cambiar las “políticas corrosivas” de su antecesor.

 En la misiva, Saab manifiesta que “Trump creció odiando el socialismo, a los latinos, a los afroamericanos, a los musulmanes y casi todo lo que tiene vida, excepto a sí mismo” y agrega al momento de defender al régimen de Nicolás Maduro: “Entonces, ¿por qué nos odia? Porque si los pobres progresan, no puede explotarlos tanto. Su actitud no es nada más que básicamente la idea capitalista de explotar a los trabajadores”.

  Le refiere a Biden que la filosofía de Trump “es la del matón callejero: grita lo suficientemente alto sobre la libertad de pensamiento, pero los que piensen de forma diferente a mí morirán”.

  También hace mención a las sanciones emitidas por la administración de Trump en su contra, sus hijos y hermanos en clara alusión a la especie que ha circulado sobre la posibilidad de que Estados amplíe las investigaciones que le sigue, a sus familia y allegados.

  Igualmente, Álex Saab insiste ante Joe Biden en sus acusaciones de que, presuntamente, se violan sus derechos humanos con las condiciones de su reclusión: “En el transcurso de los últimos siete meses de detención ilegal en Cabo Verde, he tenido mucho tiempo (pero no mucha luz) para ponerme al día con mi lectura. Paso 22 horas al día sin electricidad y, aparte de 20 minutos por la mañana y otra vez por la tarde de lunes a viernes, que se me permite una consulta con mi abogado local, no se me permite hablar con nadie. Estoy detenido en condiciones que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha descrito como que ponen en riesgo la vida”[1].

La carta a Rui Figueredo

  José Pinto Monteiro, uno de los abogados de Saab, igualmente escribió al nuevo ministro de Negocios Extranjeros de Cabo Verde, Rui Figueiredo, para solicitarle hacer cumplir la sentencia del Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en la que se ordenó suspender la extradición.

“Consideramos que no se opondría a recibir información sobre una cuestión pendiente relacionada con la Cedeao, que creemos que es el resultado de información incompleta y de los meandros del derecho de los tratados que, a veces, se pueden escapar incluso a los ojos de los mayores especialistas en Derecho Internacional Público. Nos referimos a la Sentencia del 2 de diciembre de 2020 del Tribunal de Justicia de la Cedeao, que ordenó la suspensión del proceso de extradición contra el embajador Alex Saab”, reza la carta[2].

La carta del activista de DDHH

  El activista de derechos humanos y abogado nigeriano, Femi Falana, remitió una carta el pasado 7 de enero al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, en la que pidió la liberación inmediata del empresario colombiano, Álex Saab, solicitado por la justicia de los Estados Unidos por cargo de lavado de dinero y señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

  Falana, quien forma parte del equipo que asesora a Saab, le manifestó al mandatario caboverdiano que su nación está siguiendo un "camino perjudicial" en asociación con Estados Unidos que ha alentado a los países a atentar contra el estado de derecho. La misiva también la suscriben J. P. Monteiro, Rutsel S. J Martha y Baltasar R. Garzón.

  El gobierno venezolano alegó que Álex Saab —arrestado el 12 de junio de 2020 en el país insular africano— cumplía funciones como enviado especial de esa administración de Maduro en misión humanitaria rumbo a Irán y, por tanto, tiene estatus diplomático pues, además fue nombrado embajador ante la Unión Africana.

 Con sustento estos alegatos, Falana solicitó al tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), detener la extradición, petición que atendió y ordenó la liberación inmediata de Saab.

  En la carta, los abogados aseguran que Cabo Verde está violando el derecho internacional al negar la jurisdicción del tribunal de la CEDEAO y desobedecer su mandato. "Alex Saab tenía entonces, y tiene derecho ahora, a la protección de siglos de derecho internacional que regulan la conducta de la diplomacia y la libertad de los diplomáticos para desempeñar sus funciones libres de arresto o detención", refiere la carta.

  Agregaron que el argumento de Cabo Verde de que no ha ratificado el Protocolo Suplementario es falso e impropio de un estado respetuoso de la ley.

  Catalogan a Cabo Verde como un estado fallido al irrespetar el estado de derecho y desobedecer la orden del Tribunal de Justicia de la CEDEAO y, en tal sentido, instan al presidente Fonseca “a que considere debidamente las consecuencias del desafío continuo de Cabo Verde a la Unión Africana y la CEDEAO. La detención de Alex Saab es ilegal y debe ser puesto en libertad de inmediato para que reanude sus funciones diplomáticas. Por el bien de la justicia, los instamos una vez más a liberar a Alex Saab"[3].

Defensa apela sentencia que aprobó la extradición

  El Tribunal de Apelaciones de Barlovento en Cabo Verde aprobó el 15 de diciembre de 2020, la extradición hacia Estados Unidos de Álex Saab, por lo cual la defensa del empresario colombiano recurrió al Tribunal Supremo para apelar la referida decisión y se ordene el arresto domiciliario de su cliente.

  Los abogados de Saab consideran que el fallo del Tribunal de Apelaciones desafía la orden del Tribunal de la CEDEAO. "La corte regional estableció en su auto del 2 de diciembre de 2020, en el que aprobaba las medidas cautelares solicitadas por el equipo de defensa, que los tribunales de Cabo Verde debían conceder el arresto domiciliario y atención médica por parte de un doctor especializado a elección de Alex Saab de inmediato".

  Recordaron que ante la orden de la Corte de la CEDEAO lo prudente era suspender la extradición hasta que tuviera lugar la vista principal.

  La defensa de Saab le manifestó al Tribunal Supremo de Cabo Verde que existe peligro de fuga de su representado, al tiempo que subrayaron la supuesta “inmunidad e inviolabilidad” de que goza por sus cargos diplomáticos, tanto el de enviado especial que tenía cuando fue detenido, "como por su reciente nombramiento como embajador representante permanente alterno" de Venezuela ante la Unión Africana.

  Además, los abogados de Álex Saab presentaron al Supremo dos informes de juristas "con reconocido prestigio internacional”, uno de ellos Jorge Miranda, experto en derecho constitucional, "quien establece que, de acuerdo con la Constitución de Cabo Verde (...) se deduce, 'sin duda alguna, la naturaleza supranacional de la Cedeao y la vinculación de la República de Cabo Verde a los actos que emanan de ella'".

  El otro escrito es de Rutsel Silvestre Martha y "también incide en la naturaleza de la Cedeao como organización internacional supranacional y en que sus reglamentos, acuerdos y tratados son válidos en Cabo Verde y, por lo que" las decisiones de ese tribunal "son vinculantes para Cabo Verde"[4].

[1] El Nacional. “La desafiante carta de Alex Saab a Estados Unidos ante el cambio de gobierno”. 20 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/la-desafiante-carta-de-alex-saab-a-estados-unidos-ante-el-cambio-de-gobierno/

[2] El Nacional. “Defensa de Alex Saab solicitó a Cabo Verde cumplir con la sentencia que ordenó suspender la extradición”. 19 de enero de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/defensa-de-alex-saab-solicito-a-cabo-verde-cumplir-con-la-sentencia-que-ordeno-suspender-la-extradicion/

[3] The Cable. “‘It’s illegal’—Falana writes Cape Verde president over detained Venezuelan envoy”. 15 de enero de 2021. https://www.thecable.ng/its-illegal-falana-writes-cape-verde-president-over-detained-venezuelan-envoy

[4] SWI. Swissinfo. “Apelan al Supremo caboverdiano para que Alex Saab pase a arresto domiciliario”. 12 de enero de 2021.  https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-cabo-verde_apelan-al-supremo-caboverdiano-para-que-alex-saab-pase-a-arresto-domiciliario/46280156


 


 

jueves, 14 de enero de 2021

El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio

  Tanto el exgerente de proyectos especiales de CITGO, como su esposa y su suegro se han visto involucrados en hechos de sangre y estafas.

Por Maibort Petit

    El exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, que aguarda por la celebración este mes de enero del juicio que se le sigue por delitos de lavado de dinero, no sería la primera vez que enfrenta un proceso judicial, toda vez que, en el pasado, él y su esposa —directa o indirectamente— se vieron envueltos en hechos de sangre que se dirimieron en instancias judiciales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos.

   Así lo refieren documentos de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde el 4 de octubre de 2004, se declaró la nulidad absoluta del recurso de apelación que el abogado, Álvaro Castillo Zeperfell, presentó a favor de su representado, José Luis De Jongh-Atencio. Con esta decisión se dejaba sin efecto un fallo previo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, adoptado el 28 de julio de 2004, con el cual se acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad de De Jongh-Atencio, en una causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Intencionales Graves en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de dos personas.

  Se trató de un caso por lesiones causadas con un arma de fuego en el que el abogado defensor de José Luis De Jongh-Atencio alegó que “Nunca puso en peligro la vida de la persona que resultara herida como consecuencia de la lesión sufrida, 2), en cuanto a las circunstancias de su comisión, el propio representante del Ministerio Público al establecer la complicidad Correspectiva no ha podido determinar que haya sido su defendido el autor material del hecho y 3) La pena aplicable al delito, sería si es rebajada una tercera pare de un (01) año y ocho (08) meses de prisión, y si es rebajada a la mitad, sería de un (01) año y tres (03) meses de prisión”[1].



El suegro prófugo

  Asimismo, la decisión de un caso dirimido en el Tribunal de Apelaciones de Distrito de Florida, Tercer Distrito, en octubre de 1983, hace referencia a la apelación interpuesta por el estado de la Florida con respecto a una orden que desestimó el cargo de conspiración en una causa que se seguía a Amilcar José Rodríguez-Jiménez y Aguedo Borrego-Estrada.

  El juez Daniel Pearson revirtió la orden que desestimó el cargo de conspiración de la acusación.

  Un Gran Jurado de la Florida estimó la procedencia de acusar a Amilcar José Rodríguez-Jiménez —también conocido con los apelativos de Javier Rodríguez, Selimo S. García y Rafael—, Aguedo Borrego-Estrada —también conocido como Cacho— y Winston Salaverría, quienes entre el 29 de septiembre de 1979 y el 3 de octubre de 1979, conspiraron en el Condado de Dade del estado de la Florida, para asesinar en primer grado a Raimundo Martínez con un arma de fuego[2].

  La relación indirecta con De Jongh-Atencio se a da a través de Winston Salaverría —prófugo de la justicia— padre de su esposa, Dulce María Salaverría Restrepo.

  Algunas voces llaman a poner la lupa en la figura de Dulce María Salaverría Restrepo en la trama de lavado de dinero que se debate en la Corte del Distrito Sur de Texas y a revisar casos de estafa que tuvieron lugar en Venezuela y Florida.

El caso en Texas

  El gobierno de los Estados Unidos procesa judicialmente a José Luis De Jongh-Atencio por presuntamente participar en una trama de lavado de dinero que buscaba legitimar fondos provenientes de sobornos destinados a asegurar contratos de CITGO y PDVSA, luego de que un gran jurado federal lo aprobara el 16 de julio de 2020.

  De Jongh-Atencio, ciudadano con nacionalidad estadunidense y venezolana, cumplió funciones como oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO, enfrenta un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero que deberán dirimirse este enero de 2021.

   La acusación formal contra José Luis De Jongh-Atencio sostiene que entre 2013 y 2019, este habría aceptado sobornos de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez, entre otros, a cambio de asistirlos a ellos y sus compañías en la concreción de contrataciones con CITGO y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Según la documentación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, el acusado habría recibido USD 2.5 millones en pagos de sobornos a través del esquema. Por este dinero, De Jongh-Atencio habría proporcionado ventajas comerciales indebidas a González Testino y Farías Pérez para ayudarlos a obtener contratos de CITGO y PDVSA.

   Supuestamente, José Luis De Jongh-Atencio habría ordenado que los montos de los sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Las ganancias habrían sido lavadas en cuentas bancarias de EE. UU. y en bienes raíces en Texas[3].

REFERENCIA

[1] V/lex Venezuela. “Jurisprudencia. Decisión nº 360-04 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Octubre de 2004”. 4 de octubre de 2004. https://vlexvenezuela.com/vid/jose-luis-jongh-atencio-307510250


[2] Leagle TM. State v. Rodríguez-Jiménez. https://www.leagle.com/decision/19831358439so2d91911280


[3] Department of Justice. “Former Venezuelan Official Charged in Connection with International Bribery and Money Laundering Scheme”. 6 de agosto de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-charged-connection-international-bribery-and-money-laundering


 



 

lunes, 11 de enero de 2021

Venezuela cedió a Trinidad comercialización del gas del campo Loran-Manatí

   Inexplicablemente el gobierno venezolano renunció a la parte de la actividad que más beneficios económicos brinda.

Por Maibort Petit

   A raíz de la cancelación por parte de Trinidad y Tobago del acuerdo que mantenía con Venezuela para el desarrollo conjunto de un campo de gas natural en parte de la frontera marítima que ambas naciones comparten, el gobierno venezolano cedió a la isla la comercialización del hidrocarburo en el mercado interno trinitario. Así lo revela el documento que puso fin al referido acuerdo, del cual un fragmento llegó a nuestras manos.

  El fin del acuerdo se debió a las sanciones que la administración de los Estados Unidos impuso a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una de las encargadas de las operaciones.

 A principios del mes de febrero de 2020, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, anunció que los dos países explotarían de manera independiente los 10,04 billones de pies cúbicos del campo Loran-Manatí.

  En esa ocasión, el gobernante de trinitario dijo que las sanciones “inhiben a las empresas estadounidenses de hacer negocios con la petrolera venezolana PDVSA”, lo que obstaculizaba, por tanto, el acuerdo firmado por Venezuela y Trinidad en 2013[1].

  El Campo Loran-Manatí es una superficie de 209.42 kilómetros cuadrados integrado por el Bloque 2 de la Plataforma Deltana venezolana, cuya superficie es de 169.07 kilómetros cuadrados, así como por una parte del Bloque 6d en el Área Marina Suroeste de Trinidad y Tobago, el cual tiene una superficie de 48, 35 kilómetros cuadrados. Allí, donde Venezuela posee la mayor parte, las administraciones de ambos países acordaron llevar a cabo, las actividades de exploración, las cuales estarían, primeramente, en manos de PDVSA y después, de la estadounidense Chevron, la cual era propietaria de un 60 por ciento. Estas actividades exploratorias determinaron la existencia de una cantidad sustancial de gas en el campo Loran.

  En el año 2005, Chevron/BG eran dueñas del 50 por ciento cada una del Bloque 6, el cual comprende el Sub-bloque 6b y el Sub-bloque 6d, donde se descubrió el campo Manatí. Posteriormente una evaluación técnica de Chevron, BG (ahora Shell), PDVSA y MEEI estableció que los campos estaban integrados. Tiempo después, Chevron vendió su participación en el Bloque 6 a Shell, la cual posee el 100 por ciento en el bloque.

  Los gobiernos de Venezuela y Trinidad suscribieron un acuerdo de unidad para Loran-Manatí el 16 de agosto de 2010, estableciéndose que la República de Trinidad y Tobago participaría con la República Bolivariana de Venezuela en el intercambio de instrumentos de ratificación con respecto al Tratado Marco y la ejecución del Acuerdo de Unidad de Préstamo-Manatí específico sobre el terreno.

  Esto permitió ejecutar el Acuerdo de Unidad de Loran-Manatí respecto al campo de Loran-Manatí, del cual 26,94 por ciento está en el área marítima perteneciente a Trinidad y Tobago y el 73,06 por ciento en la venezolana.

  Pero dado que las sanciones impuestas por EE. UU. impiden a las empresas de ese país negociar con PDVSA, Chevron se ve imposibilitada de participar en cualquier desarrollo del Loran-Manatí, lo que llevó al gobierno de la isla antillana a acordar con el de Venezuela, emprender la explotación y el desarrollo del Campo Loran-Manatí, separadamente[2].

El documento                  

  En tal sentido, se decidió la rescisión del Acuerdo de Unidad para la explotación y el desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos del Campo Loran-Manatí y, seguidamente, las partes establecieron un nuevo acuerdo que establece las pautas del desarrollo del campo Loran-Manatí de manera separada e independientemente.

  Es en este nuevo acuerdo donde observamos que, a pesar de Venezuela desarrollará los trabajos de explotación en el área de mayor tamaño que es de su propiedad, entregó al gobierno de Trinidad y Tobago encargarse de “la venta de volúmenes de gas natural de la participación venezolana del Campo de Loran-Manatí en el mercado nacional en Trinidad y Tobago y en el mercado internacional”.

  El documento refiere los derechos y obligaciones de las partes en la nueva modalidad de explotación del Campo Loran-Manatí de acuerdo a “las prácticas internacionales de la industria petrolera”.

  El gobierno de Trinidad y Tobago determinó como requisito en materia de suministro de gas natural, tanto en su territorio como en los mercados internacionales, la definición de las pautas que regirán la actividad a partir de la finalización del acuerdo, entre las cuales destaca la insólita cesión que Venezuela hace de la parte de la actividad que más rinde beneficios económicos, la comercialización.

REFERENCIA

[1] Reuters. “Trinidad cancela acuerdo de gas por sanciones de EEUU a venezolana PDVSA”. 3 de febrero de 2020. https://lta.reuters.com/article/idLTAKBN1ZX2Q0

[2] BNAmericas. “Declaración sobre acuerdo para el desarrollo del campo Lorán-Manatee”. 7 de febrero de 2020. https://www.bnamericas.com/es/noticias/declaracion-sobre-el-acuerdo-para-el-desarrollo-del-campo-loran-mantee 

martes, 29 de diciembre de 2020

Sigue el pleito legal de David Rivera y PDV USA: Corte de NY carece de jurisdicción para procesar la demanda

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación alegando que, al 30 de octubre de 2020, rescindió la cesión que hizo, pero Interamerican le recuerda que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020.

Por Maibort Petit

  Interamerican Consulting INC., empresa propiedad del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para desestimar la demanda en su contra presentada por PDV USA INC., pues esta última cedió los derechos del contrato suscrito con ella a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y, por tanto, no es legítima la acusación y la corte deja de tener jurisdicción en el asunto.

   PDV USA reclama un supuesto incumplimiento de contrato y aspira recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

La moción

   El 18 de diciembre de 2020, Kathryn Lee Boyd, Shira Lauren Feldman y Alan Alvela, de la firma de abogados Hecht Partners LLP, representantes de la Interamerican Consulting INC., presentaron ante la Corte una moción para desestimar la demanda enmendada de la parte acusadora por considerar la falta de jurisdicción en la materia, porque no existe legitimación en virtud del artículo III, y este caso presenta una cuestión política injustificable.

  Los abogados de la empresa de David Rivera, le manifestaron al juez de la causa, John G. Köeltl, que su solicitud se sustenta en lo establecido en la Regla 12 (b) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La Demanda Enmendada fue presentada el 30 de octubre de 2020.

   Interamerican Consulting INC. respaldó su pedido al juez Köeltl con el Memorando de Ley fechado el 18 de diciembre de 2020, así como la Declaración de David Rivera, formulada en la misma fecha.

Los argumentos de la moción

  Interamerican Consulting Inc presentó ante la corte del juez Köeltl un memorando de ley en apoyo de su moción para desestimar la Demanda Enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).


   Sostienen los abogados de la demandada que PDV USA carece de legitimación bajo el citado artículo III porque, primero, dicha empresa cedió sus derechos a PDVSA hace más de dos años y ha actuado de acuerdo con esa asignación, por lo que ahora no puede reclamar una lesión de hecho.

  Explican que el presunto daño no se puede resarcir mediante la demanda y para poder obtener la compensación pecuniaria que reclama, la corte tendría que ordenar a Interamerican, registrada bajo las leyes del estado de Florida, dirigir dinero a una entidad que es propiedad total de una SDN y, en consecuencia, el demandante no puede alegar los requisitos constitucionales mínimos para la legitimación del Artículo III.

   Refieren que si el tribunal otorgara el alivio que busca el demandante, se vería obligado a cuestionar la determinación ya hecha por el Ejecutivo en forma de sanciones para prohibir los juicios monetarios para el beneficio directo o indirecto de PDVSA a través de PDV USA. Por ello estiman que el caso debe ser desestimado de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).

   Recuerdan que el mencionado artículo III limita la jurisdicción de los jueces federales a "casos" y "controversias" y para cumplir con lo allí establecido, un demandante debe establecer tres cosas: (1) un daño de hecho: una invasión de un interés legalmente protegido de manera concreta, particularizada y real o inminente, no conjeturas o hipotéticas; (2) una conexión causal entre la lesión y la conducta denunciada; y (3) la posibilidad de volver a la lesión mediante una decisión favorable. Esto, en la visión del demandado, no ocurre.

   Por otra parte, al haber cedido sus derechos de ejecución el 10 de mayo de 2017 a PDVSA, entonces el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción sobre la materia porque el PDV USA no es la parte adecuada en esta acción.

   En tal sentido, con la cesión de derechos, PDVSA se convirtió en la única parte con algún interés en el acuerdo o con derecho a entablar la demanda.

   Se indica en el memorando, que PDV USA ahora intenta dar marcha atrás y sostiene en la Demanda Modificada que no asignó sus derechos a PDVSA.

  Alega la demandante que al no haber firmado Interamerican la cesión, ésta no es válida, argumento que según la demandada no tiene fundamento, tal como respalda la jurisprudencia.

  Sostienen que los contratos en Nueva York se pueden ceder libremente sin en ellos no hay una especificación que lo prohíba, lo cual no ocurre con el contrato.

    Entretanto, PDV USA afirma que el consentimiento por escrito de la demandada fue una condición esencial del mismo.

   David Rivera y su empresa se remiten a un correo electrónico que Arnaldo Arcay, asesor legal de CITGO, envió al presidente de Interamerican, David Rivera, en nombre de PDV -USA y PDVSA.

   Allí Arcay adjunta la Cesión, ya ejecutada tanto por PDV USA como por PDVSA, e informa a Rivera que “la fecha de vigencia de la cesión es el 10 de mayo de 2017, que corresponde a la fecha en que las Partes acordaron la cesión en cuestión”.

   El 28 de diciembre de 2018, Alejandro Escarrá, también de CITGO, reiteró la vigencia de la Cesión, diciendo a Rivera: “Como usted sabe, el Contrato de Consultoría del 21 de marzo de 2017 fue cedido de PDV USA a PDVSA a partir del 10 de mayo de 2017. Desde ese momento en adelante, PDV USA no ha tenido derechos, obligaciones ni responsabilidades en virtud del Acuerdo ".

  Y el 18 de febrero de 2019, Judith Colbert, Asesora General de CITGO, volvió a hacer esta declaración y le dijo a Rivera que "PDV USA asignó [el Acuerdo] a PDVSA en mayo de 2017".

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación resultante alegando que, al 30 de octubre de 2020, ha rescindido la cesión que hizo. Debido a que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020 y dado que la "legitimación" debe darse al comienzo del litigio, ahora no es posible fijar una posición retroactiva.

   Entre otras consideraciones, Interamerican Consulting INC recuerda las sanciones impuestas por la OFAC a PDVSA, lo cual aplica también para las entidades de su propiedad, no procede el pago que el demandante reclama.

  Remitiéndose la jurisprudencia, subraya la demandada que “La doctrina [de la cuestión política] impide que los tribunales decidan controversias en las que existe un compromiso constitucional textualmente demostrable del tema con un departamento político coordinado; o una falta de estándares judicialmente detectables y manejables para resolverlo'” y al cumplirse todas las bases para que el caso se tenga por político, los reclamos son improcedentes.

La declaración de Rivera

   El 18 de diciembre de 2020, David Rivera, desde Miami, presentó declaración jurada ante la Corte del distrito Sur de la Florida, bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos.

   Luego de certificar que es el presidente de Interamerican Consulting, Inc. manifestó que el 31 de mayo de 2017, recibió un correo electrónico de Arnaldo Arcay, quien es asesor legal de Asuntos Internacionales de CITGO Petroleum Corporation, el cual iba acompañado de una traducción certificada al inglés del mismo.

   En dicha comunicación, Arcay informó a Rivera que por instrucciones de la Gerencia de CITGO y atendiendo a una conversación telefónica sostenida entre ambos un día previo, remitía el documento a ser suscrito entre PDV USA Inc. y Petróleos de Venezuela S.A., el cual permitía la cesión del Contrato de Servicios de Consultoría de fecha 21 de marzo de 2017 originalmente suscrito entre PDV USA e Interamerican Consulting.

   Arcay pidió a Rivera confirmar si estaba de acuerdo con los términos del contrato con el objeto de proceder a obtener la firma de los representantes de PDV USA y PDVSA.

   Igualmente, la declaración de Rivera da cuenta de otro correo electrónico que recibió el 5 de octubre de 2017, también de parte de Arnaldo Arcay, anteriormente identificado, con una traducción certificada al inglés del mismo.

   En esta nueva comunicación, Arcay le refería a David Rivera que por instrucciones de Edoardo Orsoni, (exfuncionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño), le remitía el documento de cesión entre PDV USA Inc. y PDVSA del contrato de servicios de consultoría originalmente suscrito entre la primera e Interamerican Consulting.

   Especificaba el correo que la fecha efectiva de la cesión era el 10 de mayo de 2017, momento cuando las partes acordaron la cesión en cuestión.

   Arcay quedaba a la espera de que Rivera le remitiera el documento debidamente suscrito para completar los trámites y archivos correspondientes.

   David Rivera también le indicó al tribunal en su declaración, que el 28 de diciembre de 2018 recibió un correo electrónico de Alejandro Escarrá, vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO, en el que este último informaba que habían completado la revisión de su solicitud.

   Le indicó Escarrá que el contrato de consultoría firmado el 21 de marzo de 2017 había sido cedido por PDV USA a PDVSA el 10 de mayo de 2017 y, desde ese momento, PDV USA carecía de derechos, obligaciones y responsabilidades en virtud del citado contrato.

  Agregaba el vicepresidente de asuntos legales de CITGO, que ninguna entidad de dicha empresa (CITGO) tenía ya alguna participación u obligación en virtud del acuerdo. Por ello le sugirió comunicarse con PDVSA para discutir sus preguntas relacionadas con el acuerdo de consultoría.

   Del mismo modo, David Rivera refirió a la corte que el 18 de febrero de 2019, recibió un correo electrónico de Judith Colbert, asesora general legal de CITGO, en el que hacía acuse de recibo de un correo electrónico remitido por Rivera el 4 de febrero de 2019.

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

   Colbert le reiteró lo afirmado por Escarrá, en el sentido de que CITGO no era parte del acuerdo de consultoría y que PDV USA había asignado dicho contrato a PDVSA en mayo de 2017.

   La asesora general legal de CITGO le manifestó a Rivera que su tesis de que Interamerican Consulting puede presentar una reclamación contra CITGO por el pago en virtud del contrato de consultoría carecía de sustento, incluso le advirtió que la empresa propiedad del ex-congresista estadounidense podría violar la ley federal si hiciera o aceptara algún pago relacionado con el contrato en cuestión. Tal advertencia la formuló la funcionaria de CITGO en razón a las sanciones impuestas el 28 de enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a Petróleos de Venezuela S.A. Agregó que no teniendo conocimiento de la alguna Licencia General que permitiera realizar el pago en estas circunstancias, el mismo era improcedente.

Artículo relacionado:¿Busca CITGO silenciar casos de corrupción para evitar conflictos mayores?

  Finalmente, Colbert le solicitó a Rivera comunicarse con el abogado externo de CITGO, Michael Gottlieb (mgottlieb@willkie.com) y evitara en adelante abstenerse de realizar más contactos con el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Por último, David Rivera declaró ante la corte que sus discusiones iniciales sobre el acuerdo de consultoría los llevó a cabo con representantes de CITGO. Precisó que fue por su iniciativa que su empresa estableció un acuerdo de consultoría con PDV USA Inc., el cual fue redactado y presentado a Interamerican Consulting Inc. por ejecutivos corporativos de CITGO, habiendo sido un abogado de esta última, quien utilizó una dirección de correo electrónico de la subsidiaria de la PDVSA.


martes, 8 de diciembre de 2020

Corte ordenó mantener en custodia los fondos de José Luis De Jongh-Atencio hasta que se decida si procede el decomiso

  En total, se trata de USD 352.707,51 repartidos en tres cuentas bancarias a nombre de un familiar del ex-funcionario de CITGO.

Por Maibort Petit

  El juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas solicitó al juez Gray H. Miller, ordenó mantener en custodia los fondos y propiedades incautadas al exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, entretanto se produzca la resolución del caso en esa instancia judicial.
   La moción del gobierno otorgada por el magistrado responde a una solicitud de la Fiscalía Distrito Sur de Texas dirigida a preservar los activos que el gobierno de los Estados Unidos estima son provenientes del delito por el cual se le procesa.
      El tal sentido, el juez Miller determinó que, efectivamente, tanto los fondos como los bienes, permanecerán en custodia hasta tanto se dicte sentencia.

  La fiscalía consideró la confiscación de los activos que pudieran estar involucrados en el lavado de dinero y, en tal sentido, pidió al juez preservar fondos incautados en tres cuentas bancarias en bancos de los Estados Unidos.

  En específico, el gobierno pidió preservar USD 305.688,39 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Pariente 1 del acusado, en Comerica Bank. La cuenta está identificada termina en el número 6863 (denominada Cuenta de Texas 2).

   Igualmente, USD 3.156,68 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Pariente 1 en Comerica Bank, la cual termina en el número 7226 (denominada Cuenta de Texas 1).

   También USD 43.862,44 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Asociado 2 al Comerica Bank, con un número de cuenta que termina en 6905 (denominada Cuenta de Texas 4).
   La fiscalía optó por un decomiso penal en lugar de un decomiso civil y, en tal sentido, inició el procedimiento correspondiente.

  José Luis De Jongh-Atencio está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos de supuestamente participar en una trama de lavado de dinero a través de la cual se legitimaron fondos provenientes de sobornos destinado a asegurar contratos de CITGO y PDVSA.

   La acusación fue aprobada por un gran jurado federal el 16 de julio de 2020 y ahora José Luis De Jongh-Atencio deberá enfrentar seis cargos.

   El asunto se dirimirá en enero de 2021, luego de que el magistrado Miller decidiera que el juicio tenga lugar en dicha fecha sin la presencia de jurado, un Bench Trial o "juicio de banco o en el tribunal", proceso en el que el juez toma las mismas decisiones luego de evaluar las pruebas y decide, decidiendo si el acusado es culpable o inocente.

   De Jongh-Atencio se desempeñó en el área de proyecto especiales de CITGO en Houston y en esa posición, presuntamente, entre 2013 y 2019, habría sobornos que superan los USD 2,5 millones de parte de los contratistas, José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez.

  José Luis De Jongh-Atencio habría ordenado que los pagos de los sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Las ganancias habrían sido lavadas en cuentas bancarias de EE. UU. y en bienes raíces en Texas.


 

miércoles, 28 de octubre de 2020

Darwin Padrón Acosta: El empresario condenado por corrupción en EE. UU. que recortó su condena

   Fue condenado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de USD 9.052.397,73. 

Por Maibort Petit

   El contratista de Petróleos de Venezuela S.A., Darwin Enrique Padrón Acosta, quien el 17 de octubre de 2016, se declaró culpable de cometer el delito de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al haber pagado sobornos a dos funcionarios de PDVSA a cambio de recibir contratos millonarios de la estatal. En marzo de 2020 empezó a pagar la condena que logró reducir a sólo 18 meses debido a su amplia colaboración con la justicia. Desde mediados de 2021 estará libertad condicional.



   Padrón Acosta, quien igualmente sería propietario de un Bingo, ha salido a relucir como persona relacionada al empresario colombiano responsable del programa de alimentación CLAP, el cual supuestamente está plagado de irregularidades que le suministraron millonarias ganancias a costa del hambre del pueblo venezolano.

  De este modo, quien ya es un confeso violador de la ley, habría persistido en su conducta irregular al mantener supuestos negocios turbios con el colombiano señalado de ser prestanombre del dictador venezolano.

Los cargos en su contra

   En la causa que se siguió en su contra en la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, a Darwin Enrique Padrón Acosta —un residente legal permanente de los EE. UU. con asiento en Florida— controlaba una serie de sociedades, entre ellas varias empresas estadounidenses, que utilizó para asegurar contratos con PDVSA.

  Procesado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Padrón Acosta actuó en sociedad con José Luis Ramos Castillo, residente del Distrito Sur de Texas, ex-empleado de PDVSA y su subsidiaria Bariven, quien se encargaba de seleccionar empresas para que participarían en las licitaciones convocadas por la petrolera y con quien se identifica en la demanda como “Funcionario F”, quien gestionaba las compras y adquisiciones de la estatal.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó a Darwin Padrón del delito de Conspiración, indicando que entre 2009 y 2014, actuó con la intención y a sabiendas de que se encontraba cometiendo delitos contra los Estados Unidos a través de sus empresas que, según la FCPA, actuaba como una empresa doméstica y un funcionario de la misma que la utilizaba para pagar a un funcionario extranjero, sabiendo que la totalidad o una parte de dicho dinero, buscaba influir en las decisiones de este último, para ayudar a las empresas del demandado a obtener los contratos de PDVSA.

  Padrón Acosta en conjunto con sus co-conspiradores pagaron sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA, entre ellos Ramos Castillo y el “Oficial F” con la intención de obtener lucrativos contratos de PDVSA a través de medios corruptos y fraudulentos. Mediante la realización de transacciones financieras, se buscaba enmascarar el pago de los sobornos.

   La acusación refiere que mientras se encontraban en el Distrito Sur de Texas, Darwin Padrón Acosta pagó los sobornos valiéndose de cables interestatales y extranjeros en procura de influir en las decisiones de ciertos funcionarios de PDVSA y sus empresas resultaran beneficiadas.

Los hechos

  Las investigaciones de la fiscalía presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Texas, señalan que Darwin Padrón Acosta firmó un cheque el 1º de febrero de 2012 por USD 117.000, de una cuenta bancaria a nombre de una empresa de su propiedad, cuyo beneficiario fue un familiar del Oficial F, quien trabajó en la adjudicación de contratos de PDVSA a empresas del demandado.

  El 22 de mayo de 2012, Padrón Acosta transfirió UDD 682.000 de una cuenta de una empresa de su propiedad a una cuenta de una empresa que José Luis Ramos Castillo poseía en sociedad con un pariente.

  Para el 15 de junio de 2012, Darwin Padrón ordenó transferir USD 320.000 de una cuenta de una de sus empresas, a una cuenta a nombre de una empresa que Ramos poseía con un pariente.

  Padrón transfirió el 20 de agosto de 2012, la cantidad de USD 50.000 de una cuenta bancaria de sus empresas, a una cuenta de un familiar del Oficial F.

  Otra transferencia se hizo el 28 de agosto de 2013, por orden de Padrón, desde una cuenta bancaria a nombre de un pariente, en beneficio de Ramos Castillo. Se trata de USD 394.250,74 producto de las ganancias de sobornos que se destinaron a comprar bienes inmuebles en el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo

  El 17 de octubre de 2016, Darwin Enrique Padrón Acosta, representado por la abogada, Marisel Descalzo, llegó a un acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson; el subjefe, John Pearson; el Fiscal Auxiliar, Robert S. Johnson; el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Andrew Weissmann.

  Padrón Acosta aceptó declararse culpable del cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-2 (FCPA), y de cometer lavado de dinero, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371.

  Se estableció que la pena máxima legal por cada violación de la ley era el encarcelamiento por no más de cinco años y una multa de no más de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta.

  Además, el acusado podría recibir un período de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años por cada violación. Si violaba las condiciones podía ser encarcelado por todo el período de libertad supervisada, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de liberación supervisada antes de tal violación.

  Por otra parte, el acusado admitió que comprendía que su declaración de culpabilidad podía afectar su estatus migratorio, podría ser expulsado de los Estados Unidos, negársele la ciudadanía y la admisión a EE. UU. en el futuro.

Cooperación

   Darwin Padrón Acosta aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos y no oponerse a la confiscación de activos.

  Por “cooperar plenamente", Padrón entendió que debía proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, tanto estatal como federalmente.

  Se comprometió a testificar ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando así lo solicite Estados Unidos, así como renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

  Asimismo, proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos ante el Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil); proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de investigación e investigación.

La confiscación

  El acuerdo contempló de al menos USD 9.052.397,73 en su contra y a favor de los Estados Unidos.

  Padrón Acosta renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un proceso de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

  También renunció al derecho de impugnar el decomiso de la propiedad de cualquier manera, incluso mediante apelación directa o en un procedimiento colateral.

La sentencia

  El 19 de noviembre de 2019, Darwin Enrique Padrón Acosta, fue sentenciado a cumplir una pena de 18 meses de prisión. Asimismo, cumpliría 3 años de libertad supervisada. Está pagando su condena en el FCI Camps en Miami.


 

jueves, 8 de octubre de 2020

Huntington Ingalls quiere cobrar su deuda con acciones de CITGO

  Con acciones de PDV Holding, la contratista estadunidense quiere cobrarse USD 137.977.646,43, resultado de una sentencia del tribunal del distrito federal de Misisipi.

Por Maibort Petit

  Varias empresas con las que Venezuela mantiene deudas, reclaman los activos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos en virtud de que dichas deudas no han honradas. Una de estas compañías es Huntington Ingalls, una contratista naval estadounidense que exige que se cumpla con un fallo que le concedió un tribunal de Misisipi. La demandante acusó al Ministerio de Defensa de Venezuela de no cumplir con el pago de unas reparaciones a dos buques de la Armada.

  Las decisiones de los tribunales de EE. UU. en el caso que Crystallex emprendió contra Venezuela, han sido tomadas como precedente por otros acreedores que ahora aspiran cobrarse con los activos venezolanos en territorio estadounidense.

El memorando de ley

  El 15 de septiembre de 2020, Northrop Grumman Ship Systems Inc., después  Ingalls Shipbuilding Inc. y ahora conocida como Huntington Ingalls Incorporated, introdujo un memorando de ley ante el Tribunal del Distrito de Delaware en el que solicitó una orden de embargo fieri facias contra de PDV Holding, una corporación de esa entidad propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, demandada por ella en reclamo de una deuda por USD 137.977.646,43, resultado de una sentencia del tribunal del distrito federal de Mississippi.

  El 19 de febrero de 2018, un tribunal arbitral emitió el Laudo contra Venezuela y a favor de Huntington Ingalls por USD 128.862.457,27 sin incluir los intereses posteriores al Laudo. El 26 de junio de 2019, Huntington Ingalls presentó una moción para reconocer y ejecutar el laudo en el Distrito Sur de Mississippi y la corte la concedió el 31 de marzo de 2020.

  La sentencia se dictó el 4 de junio de 2020 por un monto de USD 137.977.646,43.

  Después, el 23 de julio de 2020, el tribunal de distrito federal de Mississippi concedió una moción de reparación a Huntington Ingalls y estableció que esta había demostrado motivo suficiente para registrar la sentencia en ese distrito durante la tramitación de la apelación de Venezuela. El tribunal también dictaminó que cualquier determinación sobre el momento del embargo de bienes debe ser realizada por el tribunal. Huntington Ingalls registró la sentencia en el tribunal de Mississippi el 31 de julio de 2020.

   Refiere el memorando de ley que el 4 de junio de 2020, el Tribunal del Distrito Sur de Mississippi dictó un fallo final para ejecutar un laudo arbitral internacional dictado contra el Ministerio de Defensa de Venezuela y a favor de Huntington Ingalls por un monto de USD 137.977.646,43.

   Huntington Ingalls registró la sentencia en la Corte de Delaware el 31 de julio de 2020 en virtud de que Venezuela continúa sin pagar el monto adeudado que estableció la Sentencia y por ello propone que, habiendo transcurrido un período de tiempo suficiente y "razonable" desde la emisión de la sentencia, ahora puede buscar embargar activos de Venezuela en Delaware y en razón de ello pide que el tribunal autorice el embargo de las acciones de PDVH que pertenecen a Venezuela a través de su alter ego, PDVSA.

La argumentación

  Estima la demandante que el tribunal debe conceder la Moción de Huntington Ingalls, en razón de que en los tres meses desde que el tribunal federal de distrito de Mississippi dictó sentencia, Venezuela no ha tomado ninguna medida para pagar la deuda. Siendo la práctica de los tribunales federales en casos similares, que luego de transcurrido un tiempo "razonable" se debe permita tomar medidas activas para cobrar el juicio.

   Expresa Huntington Ingalls que en caso de que la corte esté de acuerdo en que efectivamente ya ha transcurrido un tiempo razonable para que Venezuela haya pagado voluntariamente la sentencia, se establezca si para el tribunal PDVSA sigue siendo el alter ego de Venezuela, de manera que los activos de esta en los Estados Unidos pueden ser considerados activos comerciales del país a través de su alter ego y, por lo tanto, sujeta al apego de Huntington Ingalls.

  Recuerda que la corte en agosto de 2018, determinó que PDVSA era el alter ego de Venezuela y autorizó el embargo de las acciones de PDVH en la causa de Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, en una Orden fechada el 12 de diciembre de 2019, el tribunal se negó a otorgar efecto de impedimento colateral a su determinación de alter ego en beneficio de otros acreedores de sentencias de Venezuela, citando el efecto potencial de cambios intervinientes en las circunstancias en su análisis, incluyendo la decisión de Estados Unidos en enero de 2019 de transferir su reconocimiento al gobierno legítimo de Juan Guaidó.

  Advierte Huntington Ingalls ante el tribunal, que a pesar de que la conclusión original de la Corte sobre la cuestión del alter ego sigue siendo correcta en la actualidad, el gobierno de Guaidó trata a PDVSA como parte del Estado venezolano y utiliza sus activos en el comercio no menos que el régimen de Maduro. Por tanto, se debería permitir a Huntington Ingalls embargar las acciones de PDVH.

  Alertan que al no haberse identificado otros activos de Venezuela en los Estados Unidos que puedan ser embargados, sería discriminatorio negar a Huntington Ingalls el embargo que busca — y por ende la oportunidad de participar en cualquier subasta prospectiva de acciones de PDVH bajo los auspicios de la Corte.

  Se informó que Huntington Ingalls está solicitando a la OFAC una autorización para efectuar el embargo de las acciones de PDVH en poder de PDVSA en el distrito de Delaware y mantendrá informada a la Corte del desarrollo del proceso.

  Estima Huntington Ingalls que la decisión de Crystallex Alter Ego debería tener el efecto de un impedimento colateral por lo menos hasta agosto de 2018, por lo que el Tribunal del Distrito de Delaware debe decidir qué fecha debe regir el nuevo análisis del alter ego solicitado por su decisión de diciembre de 2019. Creen que debe privar el criterio regularmente considerados por los tribunales que suele ser la fecha en la que surgió la responsabilidad.

  Refiere Huntington Ingalls que Venezuela incurrió en responsabilidad en febrero de 2018 cuando el Tribunal emitió el Laudo y no pagó. El hecho de que, posteriormente, Estados Unidos transfiriera su reconocimiento del gobierno de Maduro al de Guaidó no debería hacer ninguna diferencia cuando el Laudo era, como la Sentencia, una responsabilidad del Estado, en sí mismo una persona jurídica. El gobierno de Guaidó es, como ha reconocido, responsable de las responsabilidades incurridas durante el mandato de Maduro. Sobre esta base, la decisión de alter ego de esta Corte en 2018 debería tener efecto preclusivo porque PDVSA y Venezuela eran, como ha determinado esta Corte, alter ego en el momento en que se incurrió en la responsabilidad. Ver Crystallex, 2019 U.S. Dist. LEXIS 214167, en * 21 (reconociendo un "hallazgo de una relación de alter ego en agosto de 2018").

No debe haber cambios

  Para Huntington Ingalls, los hechos ocurridos luego de la decisión de la Corte de agosto de 2018, no deben provocar cambios en la conclusión de que PDVSA es el alter ego del Estado venezolano.

  Refiere que, entre agosto de 2018 y enero de 2019, Estados Unidos mantuvo el reconociendo a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, periodo en el que el régimen trató a PDVSA como colindante con el Estado venezolano. Por ejemplo, el nombramiento del general Manuel Salvador Quevedo Fernández, como ministro de Petróleo y presidente del directorio de PDVSA, así como a Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional, como Director Externo de la petrolera.  Jiménez impuso un régimen militar a PDVSA, arrestando a trabajadores por errores operativos y desplegando personal militar activo a bordo de camiones cisterna. En resumen, la actitud del régimen de Maduro hacia PDVSA durante este período no fue diferente a la anterior a la decisión del alter ego de la Corte en Crystallex, y no hay razón para imaginar que la decisión de esta Corte hubiera sido diferente si hubiera llegado unos meses después.


  Luego del reconocimiento por parte de Estados Unidos de Juan Guaidó como presidente en enero de 2019, tampoco justifican un cambio con respecto a la conclusión anterior de la Corte de que PDVSA es el alter ego de el Estado venezolano. Su gobierno ha seguido identificando a PDVSA como parte integrante del Estado venezolano.

  Sostiene Huntington Ingalls, que la nueva administración de Guaidó no solo ha mantenido el control total sobre PDVSA, sino que también ha continuado usando esos activos en el comercio.

No han conflicto con las sanciones

  Asegura Huntington Ingalls que la concesión de la moción no entra en conflicto con las sanciones de Estados Unidos y Venezuela ni con los objetivos más amplios de política exterior.

   Advierte que tanto el Tribunal de Delaware como el Tercer Circuito han dictaminado anteriormente que las sanciones de Estados Unidos dirigidas al régimen de Maduro ahora no reconocido y que también impactan los activos de PDVSA en Estados Unidos, no impidieron la emisión de un auto de embargo en agosto de 2018.

  Refiere que, aunque las sanciones han evolucionado desde entonces, autorizar el pedido de Huntington Ingalls busca no entraría en conflicto con esas regulaciones.


 

miércoles, 7 de octubre de 2020

Encuesta entre el sector militar refleja baja aceptación de Juan Guaidó como Comandante en Jefe

  Los militares recomiendan a  Guaidó "desmarcarse de cualquier evento que contraríe la ética y el honor del Comandante en Jefe de la FAN".
 
Por Maibort Petit

   En una encuesta hecha a militares venezolanos de la Reserva Activa, que incluyó  70 efectivos del Ejército; 19 de la Armada; 22 de la Aviación; 81 de la Guardia Nacional que sostuvo un encuentro con el presidente interino, Juan Guaidó refleja que el líder opositor no cuenta con el mayor porcentaje de aceptación entre los militares como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, alcanzando un 23%. 
   Los resultados de la encuesta de aceptación y rechazo se incluyen en un informe elaborado luego de un  Encuentro que sostuvo el presidente Interino, Guaidó con la Reserva Activa, con fecha 11 de septiembre de 2020.
   
   En dicho informe se formulan una serie de recomendaciones a Guaidó, a objeto de que tome decisiones acertadas en la actual coyuntura con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional.

Estamos en guerra


 "Estamos en guerra. Y en la guerra, lo fundamental para un comandante es tomar decisiones, principalmente para un Comandante en Jefe”, fue la gran recomendación del informe que recoge una serie de consideraciones destinadas a que la presidencia interina de Venezuela tome las decisiones respecto al destino del país.
  Se advierte que la actual coyuntura venezolana indica que los errores del liderazgo opositor, cometidos a lo largo de veintidós años de revolución bolivariana, son una consecuencia de la pretensión de querer adaptar la realidad a los planes personales y políticos, cuando la lógica indica que es, al contrario: los planes deben adaptarse a la realidad.
  Llaman la atención al hecho de que después de tanto tiempo en revolución no se conoce al régimen y se lo subestima, “y lo peor, nos sobreestimamos”, advierten.

  El informe refiere que siendo Juan Guaidó el principal líder de la oposición y quien encabeza el gobierno provisional, sin haber cesado hasta ahora la usurpación, este debe mejorar su relación con la Fuerza Armada Nacional y con el grupo militar que lo reconoce oficialmente de modo que pueda garantizarse las condiciones de gobernabilidad y estabilidad en el ejercicio de sus funciones, condiciones indispensables para conducir al país a unas elecciones libres.

  Se explica que, para ello, Guaidó “debe establecer una línea de trabajo política y estratégica para construir, establecer y consolidar en un corto plazo, un apoyo sólido del sector militar en esta especial coyuntura en Venezuela”.

  El reporte advierte que en las fuerzas armadas nacionales es común la aplicación de encuestas, pues es un instrumento que permite medir la opinión del cuerpo castrense respecto a la política, lo económico, lo social y lo militar. Se afirma que el DGCIM suela hacerlas, como también es práctica rutinaria de las agencias de inteligencia de los componentes, el estado mayor conjunto y en general en toda la institución. Se precisa que, en toda repartición militar, los comandantes utilizan este instrumento como un perfecto mecanismo para sacar conclusiones, presentar recomendaciones y tomar decisiones.

  En la encuesta participaron 321 militares de los cuales efectivamente participaron 235, de los cuales 14 eran generales y almirantes; 77 eran oficiales superiores; 67 eran oficiales subalternos; 34 pertenecían a la tropa profesional; 9 forman parte de cuerpos de policía; 7 eran familiares directos de activos; y 6 eran de la marina mercante.
 
    Cuando se les preguntó que evaluaran la exposición de Guaidó en la teleconferencia, apenas el 14% la calificó de excelente, 24% buena, 35% regular y un 27% deficiente. Estos números son altamente preocupantes.

Guaidó no conoce los temas de Seguridad y Defensa

 Los resultados a esta pregunta son aún más alarmantes. Sólo un 6 % cree que tiene conocimiento excelente sobre Seguridad y Defensa, 23% bueno, 42% regular y 29 % deficiente.

Sobre seguridad y defensa

  Se insta a que Juan Guaidó designe un Coordinador General de Seguridad y Defensa, lo cual es una exigencia colectiva del sector militar. Se indica que esta decisión permitiría disponer de un vocero del gobierno interino hacia la FAN, quien sería un enlace viable y con autoridad entre los miembros de la institución armada y la sociedad civil.

  Del mismo se conmina a Guaidó a incluir el tema de seguridad y defensa en el Plan País, una decisión que podría en las manos de la FAN las tareas de recuperación de la democracia, la vigencia del estado de derecho y la constitución nacional en Venezuela, al tiempo que se le otorgaría la importancia debida al tema en las etapas de antes, el durante y el después del cese de la usurpación.

  Aunado a esto, la Asamblea Nacional debe reformar la Ley Orgánica de la FAN, especialmente en el título correspondiente a la Milicia Nacional Bolivariana (Artículos 74 al 86), en virtud de que este componente de hecho es el principal soporte armado del régimen, aparte que, de derecho, es inconstitucional.

  Se subraya que la consideración de la FAN en el pacto unitario al que se invoca, debe hacerse atendiendo lo establecido en artículo 328 de la Constitución Nacional, especialmente en “...en el cumplimiento de sus funciones (La FAN) está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Comunicación permanente

  El informe llama a mantener un canal de comunicación permanente con los militares a través de los integrantes de la Reserva Activa. Se recuerda que en el ejercicio del liderazgo dentro de la Fuerza Armada Nacional es fundamental comunicarse e informar a los integrantes de la institución.

 Se alerta que para que Juan Guaidó pueda desarrollar la condición constitucional de Comandante en Jefe de la FAN e influir en la institución que tendrá un nivel protagónico en el desenlace de la actual coyuntura política, el mandatario debe establecer una comunicación constante y oportuna sobre la actual realidad política y militar.

“La FAN es el principal sector que le garantizará gobernabilidad y estabilidad durante el gobierno provisorio”, se sentencia.

Dejar de lado los compromisos políticos

  Se le recomienda a Guaidó tomar todas “estas decisiones, independientemente y aisladas de los compromisos políticos con las organizaciones e individualidades que respaldan su gestión como presidente interino”.

  Este consejo se emite en razón de que, de acuerdo a los códigos del ejercicio del comando dentro de la institución armada, establecen que solamente el comandante es responsable de lo que se haga y deje de hacer en los cuarteles, “eso se constituye en la aceptación o el rechazo al ejercicio del mando. Esta particularidad se extiende también a la condición constitucional del Comandante en Jefe de la FAN en el tenor del artículo 328 al expresar ‘La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley’”.

Autoridad moral

  De manera categórica se advierte que el presidente Juan Guaidó debe desmarcarse de cualquier evento que contraríe la ética y el honor.

  Tala alerta se formula de acuerdo a la visión que sobre la figura del presidente de la república se manejaba en la Fuerza Armada Nacional hasta 1998, cuando se promovía al presidente íntegro e identificado con los valores y principios que hicieron de la FAN una de las instituciones más sólidas del estado venezolano.

  Guaidó, dicen, debe reforzarse en la autoridad moral de un verdadero Comandante en Jefe tomando decisiones en el contexto de la realidad política económica, social y militar que vive la nación venezolana.

No a la ambigüedad

  El informe hace mención a la existencia de una visión generalizada entre los oficiales generales y almirantes, oficiales superiores y oficiales subalternos, y la tropa profesional consultada, acerca de la ambigüedad que Juan Guaidó ha exteriorizado en temas como la operación militar ejecutada el 30 de abril de 2019 y la denominada operación Gedeón.

  La mayoría de los encuestados tradujo tal circunstancia como una ausencia de compromiso al final y como el abandono de un Comandante en Jefe a sus subalternos ante resultados adversos.

No a la amnistía de violadores de DDHH

  El informe de la encuesta recoge la opinión que considera la ley de amnistía y el llamado a la deserción formulados por el presidente interino, Juan Guaidó, como pésimas decisiones del Comandante en Jefe durante los eventos desarrollados en la frontera con Colombia el año 2019.

  Estimó la reserva activa que amnistiar a violadores de derechos humanos entraña un mensaje contradictorio hacia el seno de la institución armada.

  Del mismo modo, rechazaron la deserción dado que históricamente ésta en combate ha sido un estigma casi en contigüidad con la traición a la patria.

  Ambos temas —amnistía y deserción— convertidos en un mensaje positivo hacia el sector militar como audiencia objetivo, tuvieron un impacto contradictorio y contrapuesto a los objetivos previstos.

De cara a las elecciones

  La reserva activa llama al presidente Guaidó a incorporar estas recomendaciones, junto a otras de carácter operativo y reservadas, a la estrategia prevista a enfrentar las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen usurpador para el 6 de diciembre de 2020.

  Estiman que tal acción constituiría un fuerte mensaje del presidente interino Juan Guaidó hacia la institución armada, en su condición constitucional de Comandante en Jefe de la FAN.

Fijar posición respecto a los presos militares

  Al sector castrense le inquieta y preocupa el hecho de que el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional no le haya dado el protagonismo que se merecen los presos militares en el discurso del mandatario interino.

   Es decepcionante para la reserva activa que en el discurso opositor y especialmente en el Comandante en Jefe, los centenares de presos militares en las cárceles del régimen hayan sido ignorados.

  Consideran que las graves violaciones a los derechos humanos y el especial ensañamiento manifestado por el régimen usurpador contra los presos militares, deben formar parte prioritaria del discurso del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

  En tal sentido, se recomienda visibilizar en el discurso del liderazgo opositor, los nombres y apellidos de los presos militares, tal es el caso del capitán (GN), Juan Carlos Caguaripano; el Capitán de Navío, Luis de La Sotta; el Teniente Coronel (EJ.), Igber Marín Chaparro; el Capitán de Corbeta, Carlos Mac Sotay Rausseo; el general de división (Av.), Oswaldo Hernández; el Coronel (Av), Ruperto Molina Sánchez; entre otros, quienes son preocupación permanente de sus compañeros de armas.

  Asimismo, expresan la necesidad de mantener enarbolada la bandera de la protesta por las muertes como las del Capitán de Corbeta, Carlos Acosta Arévalo y del Inspector, Oscar Pérez. “Especial mención se hace a la indiferencia con los policías metropolitanos, presos desde hace 17 años. No son militares pero la crueldad del régimen es un claro mensaje hacia los militares”.

Claridad

  La reserva activa hace referencia al hecho de que el actual periodo constitucional finaliza el venidero 5 de enero de 2021 y ante tal circunstancia no se le ha aclarado lo suficientemente a la opinión pública, cuál será el panorama político y constitucional del ejercicio de la presidencia interina luego de esa fecha.

  Se refiere que el presidente, Juan Guaidó, en su condición de Comandante en Jefe de la FAN, no ha definido y precisado la línea conceptual actual y su posición ante el apoyo de la comunidad internacional, encabezado por Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

  Alertan que temas como el llamado a las elecciones por parte de la revolución y un grupo de la oposición para el venidero 6 de diciembre de 2020, la intervención militar como mecanismo viable de la solución al problema venezolano, los alcances del convenio con la DEA y la fragmentación del liderazgo de la oposición, contribuyen a la indeterminación que se proyecta hacia la FAN y su posibilidad de aportar eficientemente hacia el desenlace de la crisis venezolana. Igual consideración se hace la consulta popular anunciada por el Comandante en Jefe.

  Finalmente, el informe de la encuesta expresa que estas indefiniciones le otorgan al régimen usurpador más márgenes de maniobra política y militar para su permanencia en el poder.