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jueves, 23 de junio de 2022

Exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino se declaró culpable de lavado dinero en los EE. UU.

Por Maibort Petit

  El exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino se declaró culpable de un solo cargo de lavado de dinero ante un juez del estado de Florida. El gobierno de los Estados Unidos lo acusó de conspirar, junto a contratista y dos ex-funcionario de Venezuela, para obtener contratos y otras ventajas comerciales con las filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno y realizar transacciones en el sistema financiero norteamericano.

   En el acuerdo de culpabilidad, negociado por el abogado de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino, incluye el posible pago de $250.000. o el doble del monto que envuelve el esquema corrupto donde el ex-funcionario chavista participó que superó los $3. 5 millones de dólares. 

  El exalcalde, y sus socios  "promovieron un esquema corrupto que les permitió ocultar y disfrazar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del dinero producto de su delito", lo cual eleva el nivel de la ofensa legal a 28, que bajara de nivel porque Marín Sanguino asumió su responsabilidad y se declaró culpable.

   La demanda contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino indica que los delitos se realizaron gracias a contratos de PDVSA y sus subsidiarias, las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco: Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A. 

   El Fiscal General del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González y el fiscal asistente, Michael N. Berger. sostienen que Marín Sanguino cometió los delitos cuando era un servidor público en la Alcaldía del Municipio Guanta, donde se ubica la Faja Petrolífera del Orinoco.

El caso

  Según la demanda, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino usó una compañía (1) en el estado de la  Florida para operar cuentas bancarias en instituciones ubicadas en Miami y así  cometer los delitos que se le acusan. 

"Los co-conspiradores (1) y (2) fueron contratistas que obtuvieron contratos con los Subsidios de PDVSA y mantuvieron pagos en efectivo para sus empresas en el Distrito Sur de Florida", dice la acusación.

  Asimismo, señala que "los funcionarios públicos venezolanos (1) y (2) fueron altos agentes en los Subsidios de PDVSA y trabajaban para el Estado.

  Según la demanda, a partir de 2013 [o alrededor de 2013], y continuando hasta 2018, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, el demandado, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino cometió delitos a sabiendas y voluntariamente, es decir, "con la intención de promover el objeto de la conspiración, combinar, conspirar, confederar y estar de acuerdo con otros que conocen y conocen el Estados Unidos, incluyendo pero no limitado a dos co-conspiraciones (1) y (2) y dos funcionarios venezolanos (1) y (2) para cometer crímenes contra la ley de Estados Unidos".

  Refiere que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios, "conspiraron para realizar transacciones financieras, que involucraban el producto de una actividad ilícita específica, con la intención de promover un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucró un soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 ,Código de los Estados Unidos, Sección 1956(c)(7)(B)(iv), violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a)(1)(A)(i)".

  En esencia, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino está acusado de haber hecho y diseñado una transacción financiera que buscaba disimular que era un soborno de un funcionario público, y la apropiación indebida, el robo y malversación de fondos públicos para el beneficio de un funcionario público.

   El documento federal dice que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino [y sus co-conspiradores], transportó, transmitió y transfirió  un instrumento monetario y fondos desde Estados Unidos hacia el exterior, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas especificadas en la ley.

   El propósito de la conspiración ejecutada por Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus co-conspiradores era obtener contratos y otras ventajas comerciales con las Filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno.

 Igualmente, "Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios buscaban realizar transacciones financieras que promovieron el esquema corrupto y que ocultaron y disfrazaron la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control del producto de su delito en un delito", acota la querella. 

  Dicha conspiración se realizó mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares de los Estados Unidos.

  En la acción judicial de 11 páginas, se destaca que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino acordó con otros, incluidos los co-conspiradores 1 y 2, pagar sobornos en beneficio de los funcionarios venezolanos 1 y 2, para conseguir los contratos de PDVSA y sus filiales en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

   Marín Sanguino utilizó su posición en el gobierno de Venezuela para influir en los funcionarios de PDVSA para que éstos otorgaran contratos a las empresas de los co-conspirador.

  Como resultado de la indebida influencia del exalcalde sobre los funcionarios en las filiales de PDVSA se logró crear y ejecutar un esquema de sobornos que involucra a dos funcionarios públicos venezolanos.

  Las compañías del co-conspiradores (1) recibieron decenas de millones de dólares de contratos de las subsidiarias de PDVSA en cuentas del Sur de la Florida.

  Para promover el esquema de soborno ilegal, el co-conspirador 1 transfirió cablegráficamente los ingresos obtenidos de estos contratos con las Subsidiarias de PDVSA a las cuentas controladas y mantenidas por Marín Sanguino en los Estados Unidos, así como a las cuentas bancarias para el beneficio de los funcionarios de Venezuela (1) y (2)

   En total,  Marín Sanguino y sus socios acordaron ocultar los sobornos pagados, por los co-conspiradores 1 y 2. "Ordenaron que se hicieran en nueve pagos dentro y fuera de los Estados Unidos para que se entregaran a los beneficiarios".

  En enero 5 de 2015, Marín causó que el co-conspirador 2 transfiriera $100.000 de su cuenta bancaria en Panamá a la cuenta bancaria de la compañía de Marín en Miami, Florida.

  El 20 de diciembre de 2016, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfiriera $250.000 desde su cuenta bancaria a la cuenta en Miami, a la cuenta de la cuenta controlada por el exalcalde de Guanta en Miami, Florida.

  En diciembre de 2016, Marín y el co-conspirador 1 enviaron aproximadamente $1,209,956. de la cuenta del co-conspirador 1 en Miami a una cuenta de banco en Panamá que beneficiaba a los dos funcionarios gubernamentales de Venezuela.

  El 2 de enero de 2018, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfirieron aproximadamente $15.000 de su cuenta de banco en Miami a la cuenta de la empresa  de Marín en Miami, Florida.

Un proceso corto

  El 25 de abril de 2022, el abogado Michael Brian Nadler (ex-fiscal Federal de la Florida que persiguió la corrupción chavista cuando trabajaba como abogado del gobierno de EE.UU.) representó a Marín en este caso. Hubo una audiencia de 3 minutos  ante el juez, Chris M. McAliley, donde se produjo la comparecencia inicial de Marín Sanguino.

   En esa misma audiencia, se presentó una fianza bajo un Bono de Garantía Personal (STIP) de $100.000 que le permitió salir en libertad y permanecer fuera de la cárcel durante el procedimiento.

Orden del juez: Libertad bajo fianza

 De conformidad con la Ley de Protección del Debido Proceso, el Tribunal confirmó la obligación de los Estados Unidos de revelar al acusado todas las pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que favorecen al acusado o ponen en duda el caso de los Estados Unidos, según lo exige la Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   En una comunicación, el magistrado ordenó a los fiscales de los Estados Unidos  revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una sentencia potencial. 

   En la orden de McAliley, se asegura que el demandado tiene derecho a esta información de los fiscales sin una solicitud. "La falta de divulgación de pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias, que incluyen, entre otras, la exclusión de pruebas, instrucciones adversas del jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del Tribunal".   

  La fianza por $100,000.00 a nombre de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue aprobada por el juez  McAliley, el 27 de abril de 2022, en la cual se fijaron las condiciones de liberación. 

  Marín Sanguino enfrenta una condena menor al nivel 28, aquí les dejo la tabla de sentencia.




viernes, 20 de mayo de 2022

Juez bloqueó nuevo intento de los testaferros de Jhonnathan Marín y Pedro León Torres por hacerse de activos decomisados por EE. UU.

 El Tribunal apoyó los criterios esbozados por la Fiscalía para oponerse a la aprobación de las mociones de Guillermo y María Montero.

Por Maibort Petit

    Las pretensiones de los esposos Guillermo y María Montero, tenidos como supuestos testaferros del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín Sanguino, y del exzar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Torres, de retomar el control de una serie de activos que la Fiscalía para el Distrito Sur de Florida busca decomisar, se topó con una nueva negativa por parte del juez Robert N. Scola Jr., quien negó las mociones presentadas por el matrimonio ante su tribunal.

  La fiscalía para el Distrito Sur de Florida viene trabajando en la confiscación real de varios activos, entre ellos, catorce cuentas bancarias que totalizan USD 45 millones, así como siete bienes inmuebles que, asegura, son el producto de delitos de soborno transnacional, propiedades involucradas en el lavado de dinero o una conspiración para cometer lavado de dinero que el gobierno aspira decomisar. Sobre estos activos, varias personas y entidades han presentado reclamos verificados en los que sostienen que tienen intereses.

  Ya anteriormente, la Corte había descartado las pretensiones de Guillermo A. Montero quien, desde entonces ha presentado una moción solicitando a la Corte que reconsidere la anulación de su demanda. A su vez, la Fiscalía procuraba la anulación de los reclamos de María Montero, la esposa de Guillermo Montero, estando ambas mociones completamente informadas y listas para su revisión[1].

  El tribunal concedió al gobierno la moción para anular las pretensiones de los esposos.

La decisión

  El 28 de marzo de 2022, el juez Robert N. Scola Jr., titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, emitió una Orden Omnibus (orden final) en la que declaró con lugar una moción de la Fiscalía que buscaba invalidar las pretensiones verificadas de María Montero, así como también negar la moción de reconsideración de Guillermo Montero, quienes vienen insistiendo en recobrar el control sobre fondos y bienes inmuebles incautados por autoridades de los EE. UU. por provenir de actividades delictivas, específicamente del lavado de dinero.

  El magistrado anuló los reclamos de María Montero, en razón de que esta no ha podido establecer legitimación en este caso, como también niega su moción de desestimación por considerarla como discutible. Por la misma razón, el Tribunal negó lun moción de Montero para la remisión al programa de abogados voluntarios.

  Además, tanto Guillermo Montero como María Montero, presentaron recientemente reclamaciones verificadas modificadas, pero la fecha límite para estas presentaciones había pasado hace mucho tiempo. Ambos reclamos enmendados fueron presentados sin la autorización del Tribunal o el consentimiento de la parte contraria.

  En razón de esto, el Tribunal manifestó su acuerdo con el Gobierno en que ninguno de los reclamos enmendados fue presentado debidamente ante el Tribunal y, por tanto, rechazó ambas pretensiones.

Lo que dice la norma

  El sustento de la acción civil que busca el decomiso de los activos por parte de la Fiscalía, se encuentra en las Reglas Federales de Procedimiento Civil, así como por la Regla Suplementaria G. Esta última, en su aparte (5)(a), establece que las entidades o personas que afirman un interés en un activo del demandado, pueden presentar una demanda para unirse al litigio. La jurisprudencia advierte que para impugnar una confiscación “el reclamante primero debe demostrar un interés suficiente en la propiedad para otorgarle la legitimación conforme al Artículo III; de lo contrario, no hay ‘caso o controversia’, en el sentido constitucional, susceptible de adjudicación en los tribunales federales”. Se entiende por interés suficiente “un “derecho de propiedad o posesión sobre los bienes incautados”.

  Igualmente queda estipulado que cada reclamante debe “hacer [] un reclamo válido de que tiene un interés legalmente reconocible en la propiedad que se dañará si la propiedad se confisca al gobierno”.

Reconsideración injustificable

  El juez Scola declaró improcedente el recurso de reposición de Guillermo Montero por cuanto la jurisprudencia ha establecido que “una parte puede solicitar una reconsideración sólo cuando ha ocurrido uno de los siguientes: un cambio intermedio en la ley de control, la disponibilidad de nuevas pruebas o la necesidad de corregir un error claro o prevenir una injusticia manifiesta”.

  Acogiéndose también a la jurisprudencia que advierte que “la reconsideración de una orden es un recurso extraordinario que se emplea con moderación” y que es “apropiada cuando, por ejemplo, el Tribunal no ha entendido bien a una de las partes, o ha tomado una decisión fuera de las cuestiones contenciosas presentadas ante el Tribunal por las partes, o ha cometido un error no de razonamiento sino de aprensión”, el magistrado recordó que si surge cualquiera de estas situaciones, un tribunal tiene amplia discreción para reconsiderar una orden emitida anteriormente. Scola estimó que, en ausencia de cualquiera de estas condiciones, como es en este caso, no se justifica una moción para reconsiderar.

  Se indica en la decisión que en el centro de la solicitud de reconsideración de Guillermo Montero estaban dos embargos mecánicos que presentó recientemente, a través de los cuales afirma intereses en dos bienes inmuebles Demandados. Según él, no pudo presentar los gravámenes en el momento de la presentación de su oposición a la moción de huelga del Gobierno, unos cinco meses antes de solicitar la reconsideración por varias razones, todo lo cual dice que estaba fuera de su control.

  Guillermo Montero, “(1) afirma que no recibió los originales conformes de los gravámenes de la Oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles hasta después de haber presentado su respuesta; (2) dice que su abogado se negó a solicitar una prórroga del plazo de respuesta; y (3) asumió que el Gobierno retiraría su moción de huelga una vez que Guillermo le proporcionara copias de los gravámenes. En consecuencia, dice, la orden del Tribunal que anula sus reclamos debe anularse sobre la base de "inadvertencia, sorpresa y negligencia excusable".

  Pero el juez Scola estimó que ninguno de estos eventos se eleva al nivel de justificar la reconsideración de la Corte. Además, advierte que Guillermo Montero no explicó por qué no pudo haber planteado el hecho de la existencia del interés del gravamen en su respuesta ni por qué no llamó la atención del Tribunal sobre los gravámenes durante los meses intermedios entre el momento en que recibió la devolución del gravamen del mecánico registrado de la oferta del registrador y la entrada de la orden del Tribunal. El magistrado determinó que estos factores condenan la posición de Guillermo Montero.

   Por otra parte, el juez no encontró convincentes los otros argumentos de Guillermo Montero, con respecto a sus derechos de la Quinta Enmienda o impedimento legal. Scola sostiene que Guillermo Montero no ha logró convencer de que se justifica la reconsideración de la orden de la Corte que anula sus afirmaciones verificadas.

Anulación de los reclamos de María Montero

  También las pretensiones de María Montero, quien a través de sus reclamos verificados sostiene que tiene intereses de propiedad en dos de los bienes inmuebles del demandado, a saber, 1270 99th Street, Bay Harbor Island, Florida 33154 y 2377 Glendon Avenue, Los Ángeles, California 90064.

   Según ella, cada una de las propiedades pertenece a compañías de responsabilidad limitada separadas y que las dos LLC son, a su vez, propiedad de su esposo, Guillermo Montero. Como consecuencia de su matrimonio, sostiene María, posee el 50 por ciento de las dos SRL y, por tanto, razona, el 50 por ciento de cada uno de los inmuebles. Sustentó su reclamo con los mismos documentos en los que se basó su esposo para respaldar sus propias afirmaciones. El Tribunal rechazó los reclamos de Guillermo Montero en enero de 2022.

  A juicio del juez Robert N. Scola, la Fiscalía tiene razón en su afirmación de que María Montero carece de legitimación para sustentar sus reclamos y que, por lo tanto, deben ser anulados. Para establecer esta negativa, la Corte refiere que la afirmación de María Montero de que tiene un interés marital en la propiedad de las LLC es legalmente insuficiente, pues no conecta los puntos entre cualquier interés actual en las empresas y el interés incipiente que reclama como resultado de su matrimonio.

  Recordó el juez que el Tribunal determinó que el propio Guillermo Montero, como miembro de las LLC, no tiene ningún interés legal separado en estas, además de su condición de miembro, que le otorgaría el Artículo III en su propio nombre.

  Sostiene el Tribunal que, dado que Guillermo Montero no tiene legitimación, por ende, el intento de María Montero de establecer su propia posición sobre la de él no es acertada.

  Por último, la Corte consideró que las reclamaciones de María Montero con respecto a las ganancias pérdidas generadas por la venta de los bienes inmuebles reclamados tampoco logran establecer la legitimación del Artículo III. Se remite a la decisión anterior del tribunal que al evaluar los reclamos similares de Guillermo Montero relacionados únicamente con el “potencial de inversión perdido”, demuestran que María Montero sería “nada más que [una] acreedora no garantizada[]”.

[1] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. niega petición de los reclamantes de los fondos confiscados a los testaferros del ex-zar de la Faja del Orinoco y el exalcalde corrupto de Guanta”. 4 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/tribunal-de-ee-uu-niega-reclamos-de-los.html


jueves, 7 de abril de 2022

Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC

Por Maibort Petit

   PDV USA, Inc. acusó a la empresa Interamerican Consulting Inc, propiedad de David Rivera de retener "indebidamente" las comunicaciones entre el excongresista y el prófugo de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín y con la consultora política, Esther Nufher "a quien Interamerican pagó millones de dólares de los fondos pagados por CITGO, por supuestos servicios que fueron amparados por acuerdos de subcontratación ficticios.

En los exhibits presentados por PDV USA aparece en un mensaje de texto  sin fecha enviado por Raúl Gorrín a David Rivera y al periodista de AP, Joshua Goodman.

    En una comunicación entregada por el abogado, Jeffrey B. Korn del escritorio Willkie Farr & Gallagher LLP, representando a PDV USA se lee que David Rivera pagó parte de los fondos pagados por la empresa propiedad del Estado venezolano para que Interamerican hiciera labores de consultoría, a una empresa de yates de Raúl Gorrín.  

   PDV USA demandó a Interamerican Consulting Inc., y a su propietario, David Rivera, por no haber cumplido con un contrato de servicios de consultoría y cabildeo de fecha  el 21 de marzo de 2017, que la empresa debía realizar ante el gobierno federal de Estados Unidos para mejorar la imagen de PDVSA, [matriz de CITGO] que establecía el monto de USD. 50 millones por concepto de honorarios. CITGO pagó USD. 15 millones. Luego, PDV USA se negó a continuar los pagos porque consideró que "Rivera no había cumplido con lo establecido en el acuerdo". 

  PDV USA, en una moción interpuesta ante el juez Robert W. Lehrburger, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, afirma que Interamerican retuvo indebidamente las comunicaciones con la consultora política, Esther Nufher y con Gorrín a quienes Rivera  entregó millones de dólares cobrados de la factura pagada por CITGO. 

 Los demandantes señalan en la queja que las comunicaciones de Rivera con Raúl Gorrín y Nuhfer "fueron retenidas como comunicaciones abogado-cliente a pesar de que ni Gorrín ni Nuhfer son abogados estadounidenses. (Nuhfer no es abogada en lo absoluto)". 

  PDV USA sostiene que "Interamerican no puede satisfacer su carga de demostrar los elementos necesarios del privilegio con respecto a estas comunicaciones" , por lo que pidieron al juez que ordene a la empresa demandada "presentar los mensajes, ya que la compañía acusada no puede demostrar que las comunicaciones entre Interamerican y Raúl Gorrín gozan de privilegio".

     Recuerda que Interamerican es una empresa consultora unipersonal dirigida por el excongresista estadounidense David Rivera, que supuestamente proporcionaría servicios de consultoría estratégica en el transcurso de tres meses a la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, a cambio de $50 millones. 

   Durante marzo y abril de 2017, PDV USA pagó a Interamerican las tres primeras cuotas del Acuerdo por un total de $15 millones. Para entonces, sin embargo, Interamerican no había cumplido con ninguna de sus obligaciones. PDV USA cesó los pagos a partir de entonces. 

    Posteriormente, PDV USA interpuso esta acción para recuperar los $15 millones que pagó a Interamerican, e Interamerican presentó una reconvención, alegando que cumplió en su totalidad y tiene derecho al saldo impago. 

  En el documento, los demandantes señalan que Raúl Gorrín es un multimillonario venezolano y propietario de Globovisión. Informes sugieren que Gorrín es o fue abogado venezolano, pero no hay indicios de que Gorrín tuviera alguna vez una licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos, o que representara a clientes en los Estados Unidos. 

 Agregan que Gorrín también mantuvo conexiones políticas de alto nivel en Venezuela, incluso con el régimen de Nicolás Maduro. "Gorrín fue acusado en 2018 en relación con un esquema multimillonario de lavado de dinero y soborno, y sigue prófugo de los Estados Unidos".

  Asimismo, sostienen que hasta el momento, las evidencias han confirmado que Interamerican no proporcionó ningún servicio de consultoría en virtud del Acuerdo; de hecho, "David Rivera canalizó el dinero que recibió de PDV USA a un grupo de asociados, incluido Raúl Gorrín, quienes están acusados ​​o bajo investigación penal". 

   Los abogados de PDV USA aseguran que si bien aún no está claro el verdadero propósito de estos pagos, "si queda claro que la relación de Interamerican con Raúl Gorrín era transaccional, no legal".

  En marzo y abril de 2017, Interamerican pagó $3,75 millones a Interglobal Yacht Management, LLC, una empresa que administraba los yates de Raúl Gorrín. 

  "El dinero fue destinado exclusivamente a beneficio del señor Gorrín", agregan. 

   Añaden que un año más tarde, "en un intento de hacer parecer que Interamerican había utilizado los $3,75 millones para facilitar los servicios de consultoría en virtud del Acuerdo, Rivera entregó a Interglobal Yacht un subcontrato, retroactivo a marzo de 2017, que establecía que Interglobal Yacht actuaría como un subcontratista de Interamerican, proporcionando “servicios de consultoría estratégica internacional” a PDV USA y a Interamerican en servicio del Acuerdo. A cambio, Interglobal Yacht recibiría el 25% de las tarifas pagadas por PDV USA a Interamerican (es decir, $3,75 millones). 

   Interglobal Yacht se negó a firmar el subcontrato porque, como le dijo su presidente al Sr. Rivera, el subcontrato "no tiene nada que ver conmigo" y porque Interglobal Yacht no estaba en el negocio de brindar servicios de consultoría estratégica y, de hecho, nunca lo hizo". 

  Agregan que en virtud de que lo expuesto, "Interamerican ha retenido al menos 19 mensajes de texto y WhatsApp con Gorrín con base en la afirmación espuria y totalmente infundada de que Gorrín actuó como abogado de Interamerican en relación con el Acuerdo, así como con esta demanda". 

  No obstante, dicen los abogados, los registros de privilegios de Interamerican, que describen los mensajes con Gorrín solo como "comunicación abogado/cliente" y nada más.

   En la queja, PDV USA advierte al tribunal que "Interamerican afirmó (sin ninguna prueba) en sus respuestas interrogatorias" que los pagos fueron “tarifas de referencia en relación con la solicitud de los servicios de Interamerican” y niega haber intentado celebrar acuerdos de subcontratación con la empresa de Gorrín. 

  Hasta la fecha, la única justificación del abogado para su reclamo de privilegio es que se les “informó que [el Sr. Gorrín] fue contratado como abogado de Interamerican, y que se firmó una carta de compromiso para esta representación”. Pero en el mes y medio transcurrido desde entonces, a pesar de las reiteradas solicitudes, Interamerican aún no ha presentado la supuesta carta de compromiso. 

   El abogado de Rivera ahora afirma que la prueba solicitada "no está en posesión de su cliente y que no han podido encontrarlo". Interamerican tampoco ha proporcionado facturas legales ni evidencia alguna para corroborar su reclamo de privilegio.

   Asegura que la declaración sin fundamento del abogado de que Interamerican mantuvo una relación de abogado-cliente con el Sr. Gorrín no es, por sí sola, suficiente. Y aunque no existe un requisito formal para mostrar una carta de compromiso, la ausencia de cualquier indicio de un abogado-cliente genera dudas.

  Igualmente, Interamerican no puede justificar su reclamo de privilegio sobre las comunicaciones con Esther Nuhfer, quien no es abogada sino una consultora política de Florida. 

    Acusan que PDV USA no ha recibido evidencias de la Sra. Nuhfer porque está evadiendo activamente el servicio, lo que ha requerido la intervención de las fuerzas del orden. 

   Los abogados demandantes hacen mención que debido a un descubrimiento de terceros establece que la Sra. Nuhfer, (al igual que el Sr. Gorrín), fue la beneficiaria de millones de dólares del Acuerdo. Recibió $4,5 millones de Interamerican en virtud de un subcontrato de consultoría similar al que el Sr. Rivera presentó a Interglobal Yacht.

   El mencionado subcontrato establecía que la firma de la Sra. Nuhfer, Communication Solutions, proporcionaría a Interamerican y PDV USA "Consultoría estratégica de marketing" como parte del Acuerdo. 

  Nuhfer firmó el subcontrato, pero no brindó los servicios de consultoría establecidos en el mismo, lo que demuestra, aún más, que los subcontratos eran simulacros diseñados por David Rivera y sus asociados para crear un registro en papel de los servicios de consultoría (ficticios).

   En los registros que acompañan la queja de los demandantes, aparecen once correos electrónicos entre Interamerican y Nuhfer. A pesar de la petición de PDV USA, Interamerican no ha dado ninguna explicación. En consecuencia, esos correos electrónicos deben ser producidos. 

  PDV USA solicitó una conferencia previa a la moción para discutir los  asuntos planteados en la corte, ya que en la medida en que Nuhfer o Raúl Gorrín aparezcan en comunicaciones confidenciales con Interamerican y sus abogados. Jeffrey B Korn








miércoles, 26 de enero de 2022

Casa Express: El historial judicial de la primera demanda contra Venezuela por el impago de bonos (III)

  La tenedora de bonos busca cobrar un fallo a través de propiedades bloqueadas de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade en la Florida, las cuales habrían sido adquiridas con fondos provenientes de la corrupción.

Por Maibort Petit

  Superado el gran escollo que significó en el proceso judicial entablado por Casa Express Corp., contra la República Bolivariana de Venezuela la notificación de su condición de deudor de la sentencia emitida a su favor por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el caso se encamina ahora a lograr hacer efectivo el fallo judicial.

   Casa Express, una empresa de la Florida, fue de las primeras en demandar a Venezuela por el incumplimiento en los pagos del capital e intereses de bonos de la república. El tribunal neoyorquino sentenció a su favor el pago de USD 43.360.535,15 que la demandante busca cobrar con bienes de la república venezolana en Estados Unidos.

   En tal sentido registró la sentencia ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en procura de hacerse de bienes inmuebles propiedad de Raúl Gorrín y Alejandro Andrade supuestamente adquiridos con fondos irregulares provenientes de la corrupción, los cuales se encuentran bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

   Casa Express Corp. actúa como Síndico del Fideicomiso de Casa Express Trust presentado  ante el Tribunal para el Distrito Sur de Florida-División Miami y a partir de allí  solicitó que se dictara una orden para implicar como demandados a Alejandro Andrade Cedeño, Raúl Gorrín Belisario, RIM Group Investments Corp., RIM Group Investments I Corp., RIM Group Investments II Corp., RIM Group Investments III Corp., Posh 8 Dynamic Inc. y Planet 2 Reaching Inc., y en consecuencia se emitieran los Avisos de Comparecencia reglamentarios.

   El objetivo de Casa Express es embargar ocho inmuebles comprados en la Florida por Raúl Gorrín a través de entidades ficticias, con fondos venezolanos malversados obtenidos mediante un esquema de cambio de moneda extranjera ilícito y corrupto. Estos apartamentos están bloqueados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

   Sostiene Casa Express que debido a que la compra de los inmuebles se hizo con fondos venezolanos malversados, las propiedades están sujetas a un fideicomiso constructivo a favor de Venezuela y están sujetas a ejecución por parte de Casa Express de conformidad con 28 U.S.C. § 1610(c) y Estatuto de Florida § 56.29.

  La OFAC determinó que Gorrín invirtió los fondos venezolanos malversados en “propiedad nacional e internacional” a través de una red de entidades y estructuras corporativas para ocultar que él era el beneficiario real de los activos.

    Las propiedades inmobiliarias adquiridas en Florida desde 2008, son: 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109.

   Dado el incumplimiento de Venezuela con el pago de la Sentencia durante más de siete meses, el Distrito Sur de Nueva York autorizó a Casa Express a iniciar acciones de ejecución en los Estados Unidos, por lo que ésta registró la sentencia a su favor en el estado de la Florida el 27 de agosto de 2021 para proceder con el reclamo.

  La acusación de remplazo contra Gorrín de fecha 15 de diciembre de 2020 enumera varias propiedades reales sustitutos, aunque no contempla Sunny Isles Beach, Florida 33160; y 7043 Fisher Island Dr., Unidad 7043, Fisher Island, Florida 33109; pero agrega el 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143 (“140 Paloma Drive”), la que advertimos líneas arriba, fue vendida por el cuñado y socio comercial de Gorrín, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales.

  Siendo que se trata de propiedades que se encuentran en un fideicomiso a favor de Venezuela, Casa Express procura cobrar parte de su sentencia con estos inmuebles.

El llamado a comparecencia

  El 15 de septiembre de 2021, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida-División Miami, emitió un aviso legal para comparecer dirigido a Alejandro Andrade Cedeño, en el que se informaba que en razón de que Casa Express inició procedimientos para satisfacer el fallo a su favor mediante una serie de inmuebles propiedad o bajo el control de Andrade.

   Se trata de 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160; 7043 Fisher Island Dr., Unit 7043, Fisher Island, Florida 33109; 4100 Salzedo Street, Unit 1010, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 608, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, Florida 33146; 4100 Salzedo Street, Unit 813, Coral Gables, Florida 33146; y 4100 Salzedo Street, Unit 913, Coral Gables, Florida 33146.

  El aviso comparecencia firmado por el juez Beth Bloom le advertía a Andrade Cedeño si alguno de los inmuebles había sido embargado o él se oponía a que se usaran para la ejecución del fallo judicial, debía presentar una fianza  con garantía por el doble del valor de los bienes reclamados. Igualmente le refirió que tenía derecho a un juicio con jurado para determinar los derechos sobre los inmuebles.

Pedido de declaración en rebeldía de Andrade

  El 5 de octubre de 2021, Andrés Gamardo, de la firma Sanchez Fischer Levine LLP, en representación de Casa Express Corp., presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una solicitud de declaración de incumplimiento del Secretario contra Alejandro Andrade Cedeño.

  Luego de un recuento de sus diligencias en el caso, refirió que en virtud de que Andrade Cedeño fuera notificado el 21 de septiembre de 2021 de que debía comparecer ante la corte, y de que habiendo transcurrido los 7 días hábiles —cumplidos el 30 de septiembre de 2021— que concede la norma para que explique por qué los bienes inmuebles no deben aplicarse para la satisfacción de la sentencia, sin que esto hubiera ocurrido, pidió al tribunal declararlo en rebeldía.

  Asimismo, solicitó cualquier otra reparación adicional que la corte considerara adecuada.

Andrade declarado en rebeldía

  El 26 de octubre de 2021, Ángela Noble, secretaria del Tribunal para el Distrito Sur de la Florida declaró en rebeldía a Alejandro Andrade Cedeño al no presentarse a comparecer y responder ante la corte.

lunes, 3 de enero de 2022

Cómo operaba la trama de corrupción del Sistema Sucre: Las reservas internacionales se usaron para enriquecer a Álex Saab

  Parlamentarios ecuatorianos explicaron el mecanismo de defraudación instrumentado por el chavismo en Venezuela y Ecuador.

Por Maibort Petit

   Luego de que política y jurídicamente se sentaran las bases para la constitución del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) y de que Colombia y Venezuela suscribieran el 28 de noviembre del 2011 el convenio para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, Álex Saab y Álvaro Pulido —propietarios de la empresa Fondo Global de Construcción-Foglocons, conformada apenas cuatro días antes de la firma del contrato, así como de su gemela en Ecuador, Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012— movieron los hilos para proceder a darle operatividad al sistema que habría de hacerlos milmillonarios. La gran estafa del Sucre tenía forma y eran solo necesario instrumentarla.
   Así lo refiere el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, el cual estableció que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) sólo era un mecanismo de defraudación, un instrumento de enriquecimiento ilícito estructurado sobre una plataforma político-ideológica.

  Con Colombia y Juan Manuel Santos solamente de recuerdo en la foto del día de la firma, Saab y Pulido apuntaron al Ecuador donde la dolarización allí imperante permitiría poner el negocio en movimiento. Procedieron a firmar un contrato para la exportación de paneles prefabricados desde Ecuador, se firmó entre Foglocons Ecuador y ELM Import de Venezuela, ambas, propiedad del colombiano y pusieron la estafa en funcionamiento.
   Refiere el informe que con fondos provenientes del Banco Central del Ecuador (BCE), a saber, USD 159,8 millones, ELM Import pagó por adelantado a través del Sistema Sucre, algo que ocurría a solo tres meses de operaciones, del 28 de diciembre de 2012 al 26 de marzo de 2013. En ese tiempo la trampa se materializaba mediante exportaciones ficticias y compulsivas, de tal manera que, casi a diario, el BCE emitía pagos a Foglocons por USD 864 mil. De este modo, la empresa de Saab y Pulido recibió esos USD 160 millones, pero solamente envió a Venezuela USD 3.1 millones en paneles prefabricados para las casas de la Gran Misión Vivienda.

Sobre Saab y Pulido

   Estas actividades delictivas de Saab y Pulido contaban con la complicidad de autoridades ecuatorianas. Sus fichas en Ecuador Luis Eduardo Sánchez Yánez —quien dirigía Foglocons Ecuador— y Jaime Sánchez Yánez —quien fungía como asesor de Rafael correa— cumplían con su papel y agenciaban y diligenciaban para que la operación marchara sobre ruedas. Los parlamentarios determinaron que Jaime Sánchez se entrevistó con el presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, para interceder a favor de la empresa de Saab, algo que ocurrió en el primer trimestre del 2013, cuando el ente emisor “desangraba los dólares de su Reserva Internacional para adelantar los pagos a Foglocons por importaciones de ELM Import”.
    El periodista Gerardo Reyes relata en su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, que Álex Saab y Álvaro Pulido —en realidad, Germán Rubio Salas, un individuo envuelto en negocios de narcotráfico— en el 2009 cuando el primero estaba en bancarrota, a través de un amigo común, Reinaldo Slebi. Según Reyes, Saab conocía los antecedentes de Pulido, lo cual no pareció ser problema, tal vez una ventaja.

   Germán Rubio Salas —verdadero nombre de pila de Álvaro Pulido— estaba señalado de ser jefe del Cartel de Bogotá, condenado en ausencia en 1997 por la corte de Milán a 15 años de prisión por narcotráfico. Estuvo preso en 2000 por transportar a Europa dos toneladas de cocaína y 17 kg de heroína.


   Queriendo convertirse en un hombre nuevo, Germán Rubio Salas se suicidó judicialmente y el nombre de un muerto, Álvaro Enrique Pulido Vargas, fallecido en 2005, en Fort Lauderdale, Miami. Con su nueva personalidad conoció a Álex Saab. Por su cabeza piden USD 10 millones, apenas el 6 por ciento del dinero lavado en Ecuador.

  Ya asociados, Saab y Pulido pasaron a ser los contratistas favoritos del régimen chavista y luego del escándalo de Foglocons, vino el contrato del Clap, los contratos millonarios con PDVSA, así como otros acuerdos de intercambio de metales preciosos a cambio de bienes, entre Venezuela y Turquía.

   El informe parlamentario hace mención al “venezolano Carlos Francisco León Ponte, representante de la Casa de Valores Panameña CFIS S.A., quien recibió la autorización de Luis Zuñiga Burneo, representante legal de Foglocons, a efectos de transferir aproximadamente siete millones de Dólares, desde Ecuador hacia el Banco Pichincha Panamá; el referido ciudadano venezolano Carlos León Ponte, conforme consta de la documentación recabada en la presente investigación, viajó junto a los señores: Carlos Pérez; Guillermo Montefusco; Luis Sánchez (Accionista en Foglocons-Ecuador); Luis Giusti Lugo (CEO de empresa CITGO, filial de PDVSA en USA); Luis Giusti López (Padre de Luis Giusti Lugo y ex presidente de PDVSA); Álvaro Pulido Vargas (Accionista en Foglocons- Ecuador); y, José Borja Sánchez, el día 05 de marzo de 2013, en un vuelo privado con origen en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, hacia el aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca, a bordo de la aeronave N1459A, recordando que tanto Pulido Vargas como Luis Sánchez Yánez, eran los socios de la Compañía FOGLOCONS con sede en la ciudad de Guayaquil-Ecuador”.

El esquema operativo del Sucre

   A diferencia de los sistemas de compensación de comercio exterior regulares, el instrumentado por el ALBA y, particularmente, por Venezuela y Ecuador, se vale de una unidad de cuenta virtual, el “Sucre”, que opera como un medio de pago restringido a los bancos centrales.

  Como se refirió en nota anterior, el organismo de decisión del Sucre es el Consejo Monetario Regional (CMR), conformado por la Cámara Central de Compensación de Pagos y el Fondo de Reservas y Convergencia Comercial.

 Con sede en Caracas, los estados miembros hicieron los aportes iniciales, descritos a continuación:
Funcionamiento del Sucre

  Los parlamentarios ecuatorianos al momento de explicar el funcionamiento del Sistema Sucre establecen en el informe la existencia de dos momentos.

   El primer momento tiene que ver con la firma de un contrato por parte de dos empresas privadas de Venezuela y Ecuador para la construcción de viviendas prefabricadas, ELM Import y Foglocons Ecuador.

   El contrato lo presenta el importador que, en este caso es ELM Import, a su Banco Operativo Autorizado (BOA), Banesco de Venezuela.
    Luego de que el importador y el exportador son autorizados en sus respectivos países para llevar a cabo la operación de comercio exterior a través del Sucre, entonces el BOA —Banesco en este caso— remite los bolívares al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central de Venezuela (BCV)— el cual se comunica con el Banco del ALBA para la realizar la conversión a Sucres y, luego, notificar al Banco Central del país exportador —aquí el Banco Central del Ecuador (BCE)—, que procederá a depositar en dólares en la cuenta de la empresa exportadora en el BOA local —en este caso el Banco Amazonas o banco Territorial— y cuando el Banco del ALBA recibe la autorización de pago por parte del BCV, notifica la acreditación al Banco Central del Ecuador (BCE).

   El siguiente paso es que el BCE acredita inmediatamente BOA del exportador que aquí es el Banco Territorial o Banco Amazonas. Esto ocurre porque Ecuador adelantó los dólares al exportador usando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD). Los valores totales de la operación comercial, se compensarán seis meses después.
   El informe parlamentario refiere que el 28 de diciembre de 2012, Ruth Arregui, Gerente General del BCE para la fecha informó que “en el caso de pagos al exterior por importaciones, los Bancos Centrales receptan de los importadores a través de las instituciones financieras, el valor de la operación en moneda local, el cual queda en poder de dicho Banco Central por un período de seis meses. Por esta razón, a pesar de la posición superavitaria del Ecuador frente a Venezuela, el país no recibe dichos recursos en ese lapso de tiempo, sino al final del mencionado período de compensación.”

  Igualmente se acota que el BOA, aun cuando estaba obligado a cumplir el rol de debida diligencia, que incluye el conocimiento de su cliente, en la mayoría de casos no cumplieron.

  Se indica que el “ciclo en este primer momento, en los casos investigados, como Foglocons, terminaba con la transferencia de estos dólares a paraísos fiscales, fondos que insistimos, fueron tomados de la RILD, mientras se esperaban las ‘compensaciones con Venezuela’. En términos sencillos, mientras se esperaba la devolución del dinero prestado. De esta forma se incumplieron los principios generales de los objetivos estratégicos para el manejo de una reserva, que son: Seguridad, Liquidez y Rentabilidad. La RILD, según la normativa es un activo público y en este caso fue utilizado para garantizar negocios privados, manchados de corrupción”.

  Se advierte que, al no existir importaciones originadas en Ecuador, lo que procedía era exigir a Venezuela devolver el dinero que Ecuador había adelantado.

El segundo momento

  Pasa el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la AN ecuatoriana a explicar el segundo momento del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, el cual se justificaba a partir de una supuesta compensación semestral entre las importaciones y exportaciones por los países miembros; pero que en realidad operó exclusivamente, como un mecanismo de exportaciones a Venezuela.

  Refiere el reporte que el Banco del ALBA notificaba los resultados de la “compensación” semestral, y los valores en “Sucres" a pagar y a cobrar a los Bancos Centrales de los países miembros, quienes hacían el pago en dólares, al ser ésta la moneda de referencia común. En el caso explicado en el informe, el ALBA, notificó el valor a pagar al Banco Central de Venezuela y el valor a cobrar al Banco Central de Ecuador.

  Entretanto, el BCV ordenó el pago en dólares, a través de sus bancos corresponsales ubicados en el exterior, a los bancos corresponsales del BCE, un dinero que provenía de las Reservas Internacionales de Venezuela. Esto ocurre seis meses después de que el BCE, adelantó a los exportadores los recursos tomados de la reserva.

  En el caso estudiado por la comisión y ejemplificado en el informe, se utilizó el Commerzbank de Alemania como el Banco Corresponsal en virtud de que tanto Ecuador como Venezuela tienen una cuenta en ese banco.

Sobre la compensación semestral

  El tratado del Sucre establece mencionan que las operaciones realizadas usen como medio de pago la unidad de cuenta común denominada “Sucre”, conformada por monedas de los estados parte y por las principales divisas de uso internacional.

   El valor de inicio del “sucre” se estableció en USD 1.25, el cual ha se ha mantenido fluctuando entre USD 1.24 y USD 1.25 USD.

  Los Sucres se asignaban a cada estado parte por el Consejo Monetario Regional de acuerdo a sus operaciones de importación y exportación.

  Entre 2010 y 2018 se asignaron USD 421,6 millones de sucres equivalentes a USD 527 millones, un monto que se mantuvo mediante un pagaré.

   Subraya el informe que, a partir de 2012, las operaciones cursadas en Sucres ya formaban parte de la Reservas Internacionales.

   Desde sus inicios, la asignación de sucres solamente se incrementó en el caso de Venezuela, por lo que se incrementó su cupo semestral en tres ocasiones.

  La compensación se realiza entre dos países que forman parte del Sistema Sucre en razón de la diferencia entre las importaciones y exportaciones de particulares, que se realiza semestralmente.

  El informe parlamentario advierte que en el caso de Ecuador todas estas “compensaciones” fueron a favor, “por lo que no se puede hablar de una compensación real, ya que para que esto se dé, es necesario que las importaciones y exportaciones estén equilibradas o que al menos existan”.
   Se explica que las exportaciones de Ecuador a Venezuela se ubicaron en USD 2.697 millones, mientras que las importaciones de Venezuela a Ecuador, apenas alcanzaron USD 143 millones. A partir del año 2016, las importaciones fueron cero, es decir no se puede hablar de sistema de compensación.
  El actual gerente del BCE, Guillermo Avellán, le dijo a la comisión parlamentaria que “el resultado de las operaciones del sistema Sucre, anularon el concepto de compensación, por lo que, se confirma el uso de los fondos del Estado para pagar a exportadores privados que como se verá más adelante, fueron ficticias o sobrevaloradas, y que incluso se utilizaron empresas de papel. Entonces, mal se podría hablar de la existencia de una balanza de pagos. Lo que se obtuvo fue una deuda de Venezuela por los pagos que el BCE anticipó a los exportadores, en un gran número falsos o fraudulentos”.
   Aun cuando cada seis meses, entre enero y julio, se debía realizar la compensación de las operaciones y cobrar o pagar el valor a favor o en contra, obtenido por el país, en función de las exportaciones e importaciones realizadas, lo que ocurrió en realidad fue que los bancos centrales retenían durante seis meses los fondos de los importadores. “El banco central del país exportador, en este caso Ecuador, adelantaba los dólares a los falsos exportadores, los mismos que eran inmediatamente transferidos a paraísos fiscales y a Estados Unidos de Norteamérica”.

miércoles, 24 de noviembre de 2021

Claves para entender el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera protagonistas de una de las grandes estafas cometidas contra PDVSA

 Los empresarios manejaron irregularmente una suma que supera el billón de dólares.

Por Maibort Petit

   Protagonistas de una de las más grandes estafas de que se tenga conocimiento en Petróleos de Venezuela S.A., el caso de Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, constituye una trama de corrupción de múltiples aristas que involucra a una gran cantidad de cómplices y funcionarios erigidos como testimonio de la descomposición imperante en la sociedad y el gobierno venezolano.

   Ambos empresarios, proveedores de PDVSA, fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015 en Houston y Miami, respectivamente, luego de una investigación que les siguieran fiscales federales de Texas y Florida que los habían llevado a formular en su contra 18 cargos por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero, conspiración para blanquear dinero, fraude en transferencia electrónica de dinero y violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, una ley que castiga el soborno a empleados extranjeros desde los Estados Unidos.

  He aquí algunas claves que permitirán entender mejor la dimensión de este sonado caso de corrupción en Venezuela.

¿Quiénes son Roberto Rincón y Abraham Shiera?

   De acuerdo a la descripción que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace Roberto Enrique Rincón Fernández, nació el 14 de agosto de 1960. Es empresario oriundo del estado Zulia, residente en la localidad de The Woodlands, en el estado de Texas, Estados Unidos, dedicado al área petrolera, propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial.

  El portal Poderopedia refiere que Rincón Fernández que, hasta agosto de 2014, Rincón residió en Houston, fecha en la que se trasladó a Madrid. Su arresto el 19 de diciembre de 2015, luego de pasar un día en esa ciudad, fue detenido en Houston EE. UU. acusado de, supuestamente, haber cometido el delito de lavado de dólares, por el que fue presentado a la justicia el 21 de diciembre de 2015. En julio de 2016 se declaró culpable de dos de las cargos de que se le acusaba.

  Se indica que durante el paro petrolero que se llevó a cabo en Venezuela entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, Rincón Fernández se convirtió en uno de los proveedores confiables de PDVSA.

  En el año 2014 facilitó a Hugo Carvajal un avión de Global Air Services Corp, empresa en la que su hijo José Roberto Rincón era el gerente. Esa fue la aeronave que trasladó a El Pollo Carvajal a Aruba cuando fue arrestado para ser extraditado a Estados Unidos, acción que se frustró por se reconocimiento como diplomático.

  La Policía española, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrió que Roberto Rincón tenía una fortuna en la nación ibérica.

   Entretanto, Abraham José Shiera Bastidas es un empresario venezolano-estadounidense, socio de Roberto Rincón y al igual que este, está acusado en EE. UU. de conspiración, fraude, lavado de capitales a través de sobornos de al menos cinco personas ligadas a PDVSA.

  Según el Registro Nacional de Contratistas, Shiera preside en Venezuela la empresa Vertix Instrumentos, de la cual es propietario de 51 por ciento de las acciones. Se trata de una compañía dedicada a la distribución e importación de maquinaria para explotar hidrocarburos, la cual es contratista de PDVSA. Se determinó que de un total de seis contratos celebrados entre 2008 y 2012 con varias compañías, sólo uno llegó a completarse al 100 por ciento.

  Tal como ocurrió con Rincón Fernández, Shiera fue arrestado el 19 de diciembre de 2015 en Miami. Solicitó su libertad, pero un juez ordenó su traslado a Texas.

  Abraham Shiera se declaró culpable el 22 de marzo de 2016. Admitió la comisión de dos de los 18 cargos en su contra y además recibió libertad condicional mientras espera el inicio del juicio.

La acusación

   Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas, sobre quienes formularon 18 cargos, relacionados con lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, fraude cometido en transferencia electrónica, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA). Cabe destacar que esta ley castiga las operaciones de soborno cometidas desde Estados Unidos y dirigidas a funcionarios extranjeros.

  Fiscales del Departamento de Justicia de los Distritos Sur de Texas y de la Florida refirieron que Roberto Rincón utilizó empresas ubicadas en el sur de Texas, entretanto Abraham Shiera se valió de seis compañías en el sur de la Florida, para asegurarse contratos con PDVSA.

   Ambos, Rincón y Shiera, se asociaron para lograr los contratos por medio de sobornos pagados a empleados de PDVSA. De este modo, entre 2009 y 2014, sobornaron y llevaron a cabo acciones fraudulentas, a través de cinco empleados de PDVSA cuya identidad se resguarda en la acusación. Sólo se indica que estos empleados se desempeñaban en las áreas de compras y licitaciones, donde tenían poder de decisión en cuanto a la adjudicación de contratos.

  Los fiscales sustentaron sus acusaciones en correos electrónicos en los que se detallan las operaciones intercambiados entre Rincón, Shiera y los empleados de PDVSA.

  Rincón y Shiera habrían movido de esta manera irregular la astronómica suma de un billón de dólares entre los años 2009 y 2014. En específico, Rincón habría movilizados USD 750 millones.

  La fiscalía localizó tres cuentas bancarias por más de USD 100 millones en Suiza en las cuales Roberto Rincón estaba relacionado, habiéndose solicitado su expropiación de dominio. También determinaron que en las operaciones irregulares se usaron 730 cuentas bancarias, de las cuales 108 tienen que ver con Rincón.

  La acusación contra Rincón y Shiera ha derivado, además, en por lo menos dos decenas de acusaciones derivadas contra otras personas vinculadas con la trama.

La trama de corrupción de Rincón y Shiera

  Las actividades ilícitas llevadas a cabo por Rincón y Shiera a través de sus empresas se inscriben en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA).

  Estos empresarios conspiraron entre 2009 y 2014 y producto de ello se enriquecieron de manera ilícita al obtener contratos con PDVSA, valiéndose de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana, quienes a cambio de ello ayudaban a las empresas de Rincón y Shiera a ganar los contratos al suministrarles información privilegiada.

  Igualmente, los funcionarios beneficiados con los sobornos ayudaron a Rincón y a Shiera a ocultar que controlaban más de una de las empresas incluidas en los listados de licitación con la petrolera, al tiempo que los apoyaban ante un comité interno de la petrolera para lograr contratos de suministro. Una vez obtenidos los contratos, los funcionarios seguían actuando en la agilización de los pagos.

  Pero aparte de los sobornos, los funcionarios de PDVSA recibían, según reza la acusación, objetos de valor, viajes, comidas y entretenimiento para que mantuvieran la vigencia de los contratos.

   Rincón y Shiera disfrazaban los sobornos bajo la figura de comisiones y pagos por falsas compras de equipos que nunca fueron entregados, mientras los funcionarios de PDVSA cómplices creaban la falsa apariencia de competencia entre varias empresas, cuando en realidad todas las que aparecían en los listados eran contratadas por dichos empresarios.

  Una serie de transferencias descubiertas por la fiscalía, ilustran la acusación contra Rincón y Shiera, mostrando cómo se realizaron los pagos corruptos

Las empresas

   Roberto Rincón es propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, la primera se estableció el 21 de septiembre de 1988 en el estado Zulia, “como una empresa netamente familiar destinada a la compra, venta, distribución de equipos para la industria petrolera, marina, entre otras”.

  Domiciliada en Maracaibo, Tradequip tenía como actividad, ser “distribuidores exclusivos, representantes, importadores en las áreas de perforación, productos de seguridad industrial y personal, minero, metalúrgico, industrial, agropecuario, comercial, salvamento y rescate”.

 Tradequip figura en el Registro Nacional de Contratistas 1074244070409118149, certificada para contratar con el estado venezolano. El directorio lo conforman Roberto Enrique Rincón Fernández, como presidente; José Roberto Rincón Bravo, quien funge como vicepresidente; Alexandra Carolina Rincón Bravo, como segunda vicepresidenta.

  Por su parte, Ovarb Industrial junto a KCT Cumaná y Derwick Associates, es señalada de haber vendido con sobreprecio a la filial de PDVSA, Bariven, 17 unidades eléctricas “en un solo día, a un sobrecosto escandaloso de entre USD 350 y USD 404 millones”. A Ovarb y Derwick se les cataloga como empresas de maletín.

  Abraham Shiera Bastidas es presidente en Venezuela de Vertix Instrumentos, en la que tiene 51 por ciento de las acciones. Esta compañía se encarga de proveer “soluciones para la medición y control de procesos industriales (…) Nuestro éxito radica en poder ofrecer los productos del mayor fabricante mundial de equipos de instrumentación y control y contar con ingenieros y técnicos venezolanos capacitados para proveer asesoría, soluciones y mantenimiento de los mismos”.

   Vertix Instrumentos también tiene sede en Maracaibo y su directiva la conforman Abraham José Shiera Bastidas, como presidente; Ricardo José Ricardo Bravo, como director; mientras sin identificación de cargos también figuran en el cuerpo directivo, Fernando Ardila Rueda, y Noel Antonio Maestre González.

   Pero, aunque estas compañías son las empresas emblemáticas de Rincón y Shiera, diversas investigaciones revelaron que Roberto Rincón y su familia poseían 36 empresas inscritas en Venezuela, Aruba, España, Paraguay y Estados Unidos.

   Por lo menos 23 de estas empresas tenían sede en Estados Unidos. Entretanto, el Registro Nacional de Contratistas (RNC) refiere que los Rincón son propietarios de seis empresas en Venezuela, mientras que en España son dueños de cuatro.

  Shiera tiene registradas siete empresas en el estado de la Florida, las cuales se encuentran inactivas.

Tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera esperan por sentencia para inicios del próximo año 2022.