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miércoles, 22 de diciembre de 2021

Sistema Sucre: Un mecanismo de lavado de dinero en el que la Foglocons, empresa de Álex Saab, jugó un papel protagónico

   La compañía se constituyó en tres países a pocos meses de la firma del contrato millonario para suministro de casas prefabricadas.

Por Maibort Petit

   Un entramado de corrupción que involucraba transacciones ficticias y sobrevaloradas estaría detrás del Sistema Sucre, una modalidad de compensación de pagos creada en 2008, que solamente habría servido para llevar a cabo una serie de operaciones irregulares que arrojaron grandes ganancias a los artífices de la misma. En pocas palabras, el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) solamente sirvió para enmascarar delitos de "enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria", según dejó ver el informe final de una comisión parlamentaria ecuatoriana que investigó las actividades ilícitas que fueron puestas en práctica por quien fungió como el supuesto operador del fraude, Álex Saab, su socio Álvaro Pulido y la empresa de ambos, Fondo Global de Construcción (Foglocons), entre otras.

  Lejos estuvo el objetivo de reducir la dependencia del dólar y la vulnerabilidad de esta moneda en épocas de crisis, anunciado por el finado expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien el 26 de noviembre de 2008, propuso la creación del Sucre. Era la materialización de una propuesta previa del exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien durante la III Cumbre Extraordinaria del ALBA en Caracas, se había pronunciado por la puesta en funcionamiento de un sistema de compensación recíproca y de una moneda contable como paso previo a la creación de una moneda regional[1]. Unos meses después, el 17 de abril de 2009, Chávez anunció que el 1 de enero de 2010 comenzaría a funcionar el Sucre[2]. De lo que no habló —como tampoco lo hizo Correa— fue del conjunto de irregularidades que, doce años después, revelarían al sistema de compensación como una mera herramienta de enriquecimiento ilícito. Unas conclusiones derivadas de datos e información proveniente del Banco Central del Ecuador, de la Superintendencia de Bancos y Compañías de dicha nación, entre otras instituciones estatales ecuatorianas. Sin embargo, hay que advertir que las primeras sospechas sobre el sistema surgieron —como revela el informe— en 2013, cuando el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador reportó exportaciones por el orden de los USD 461,4 millones, en tanto las operaciones similares realizadas a través del Sucre casi duplicaban dicha cifra y las ubicaban en USD 822 millones.

   Un informe parlamentario revelador de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador identificado con el código CEPFCP-2021-2023-002-I denominado “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons”, de fecha 13 de diciembre de 2021, que en esta y otras entregas de Venezuela Política iremos dando a conocer.

  La investigación emanó del mandato surgido durante las sesiones parlamentarias del 7 y 24 de junio de 2021, cuando el pleno de la comisión de fiscalización acordó avocarse a indagar el caso Sucre, el cual se describía como un “Sistema de lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela” que habría permitido el blanqueo de USD 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países a través de una trama de exportaciones ficticias. Referían los parlamentarios, que este caso había llegado a la justicia en 2013, cuando el poder judicial ecuatoriano ordenó la incautación de los activos de la empresa Foglocons y la retención de USD 57 millones.

   Igualmente, la comisión de fiscalización aprobó el 19 de octubre de 2021 una solicitud de Ana Belén Cordero Cuesta de “Que la Comisión acoja como parte de los procesos de fiscalización lo relacionado con la Compañía Foglocons: que involucra presuntamente las operaciones realizadas por el ex fiscal Galo Chiriboga y a los ciudadanos Álex Saab Morán, Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez entre otros, mociono se proceda a la aprobación del mismo, que ha sido oportunamente difundido y debatido en esta comisión”.

Los hechos

  El informe parlamentario se remite, en primer lugar, a narrar los hechos que derivaron en las irregularidades descritas en el reporte. Rememora que en razón de su visión ideológica-geopolítica supuestamente “anti imperialista”, Hugo Chávez intentó construir una arquitectura financiera latinoamericana. Fue la moneda virtual “Sucre” la manera de lograr este objetivo que ya manejaba el mandatario venezolano desde antes de que Rafael Correa fuera presidente de Ecuador. También planteaba Chávez la creación de un Banco Latinoamericano, el cual se llamaría luego el Banco del Sur.

  Ya con Rafael Correa en la presidencia ecuatoriana, este y su homólogo venezolano asumieron la iniciativa y deciden crear la llamada Alianza Bolivariana, ALBA y el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos Sucre, que debía facilitar el comercio exterior entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Cuba, “pero terminó convirtiéndose en un mecanismo para lavar dinero y facilitador de exportaciones ficticias, como lo demuestran las sentencias dictadas en los casos Foglocons, Pifo Gardens, Escatell (Espinosa Castellanos), Copera y Banco Territorial”.

  Refiere el informe que entretanto se implementaba el sistema de compensación, fueron constituyéndose un conjunto de empresas en Ecuador, entre la cuales estaba Fondo Global de Construcción Foglocons, propiedad de Álex Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas, quien es “un narcotraficante colombiano cuyo nombre original era Germán Rubio Salas quien jurídicamente deja de existir y crea una falsa partida de defunción asumiendo el nombre de un muerto en la Florida” regresando así “al mundo delictivo para no ser identificado y crear esta empresa para exportar a Venezuela desde Colombia casas prefabricadas”.



  Advierten los parlamentarios que estas empresas van luego a Ecuador, no porque se tratara de un país potencia en la fabricación de casas y/o materiales para exportar, sino porque “es el único país que tiene dólares, quedando claro que lo que querían es ensamblar un sistema de lavado de dinero”.

El mecanismo

  Se indica en el informe que el Sucre tiene dos momentos en el tiempo, el primero, cuando se suscribe el contrato entre dos empresas privadas de los países miembros y la importadora transfiere los fondos en moneda local a un banco operativo autorizado y luego este transfiere al Banco Central del país importador, siendo en el 99 por ciento de los casos el Banco Central Venezuela. El BCV emite una notificación al Banco del ALBA quien notifica al Banco Central del Ecuador con la acreditación en sucres.

  Después, el BCE transfiere los dólares al banco de la empresa exportadora, tomando los fondos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, ya que hasta entonces el ingreso quedaría solo en los libros contables. “Transcurrido seis meses de esto, el Banco del ALBA, notifica los resultados de las operaciones semestrales y emite los valores en dólares que Venezuela debe pagar a Ecuador, regresando así el dinero a las arcas del Estado; para este entonces el ‘falso exportador’ ya había sacado el dinero del país a paraísos fiscales y a cuentas en los Estados Unidos, generándose esta estafa o mecanismo de lavado”.

  Alerta el informe que para esto ocurriera, era necesaria la complicidad de “falsas empresas importadoras” que igualmente eran propiedad de Álex Saab y Álvaro Pulido, tal es el caso de ELM Import, domiciliada en Caracas. Como igualmente era necesaria la banca, en Ecuador utilizaron el Banco Territorial, el Banco Amazonas, Coopera, Banco Internacional, Banco del Pacífico, Banco Pichincha, entre otros.

Controles burlados

  El informe indica que los organismos contralores fueron burlados, generando alerta solamente tiempo después, pero de forma desarticulada. De este modo, en 2013, la fiscalía inició una investigación a varias empresas, así como a Álvaro Pulido Vargas y Luis Eduardo Sánchez Yánez, pero estos dos fueron sobreseídos en 2016 y, por orden judicial, se les devolvieron USD 56 millones que estaban retenidos en el Banco Central del Ecuador.

   Los parlamentarios determinaron que parte ese dinero terminó en el Citibank de Miami, mientras que otra parte fue a dar a manos de Miguel Ángel Loor Centeno, presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Este habría recibido personalmente USD 6 millones, que depositó en su cuenta del Banco Biscayne Capital de la Florida y el resto, cerca de USD 30 millones, los dirige a tres empresas offshore, dos de ellas panameñas vinculadas a él. Refieren que, por tanto, Loor Centeno habría recibido más de USD 36 millones y deducen, entonces, su relación con el proceso contra Álex Saab en Estados Unidos, de quien habría sido realmente el dinero.

  También, el informe refiere que parte del dinero proveniente de las operaciones de lavado efectuadas con el sistema SUCRE se destinó a la campaña electoral del binomio Correa-Glas en 2013. Los aportes recibidos llegaron a través de Inconeg (empresa propiedad de Micaela Leherer, pareja de Carlos León Ponte, hombre clave en las operaciones de Álex Saab y su socio Álvaro Pulido), la cual a su vez recibió dinero de Foglocons y Pifogarden. Se apunta que a partir del caso Arroz Verde el entonces consejero electoral Luis Verdesoto elaboró un informe sobre las irregularidades identificadas en los aportes de campaña para la Alianza PAÍS, hecho que fue revelado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el 26 de junio del 2019.

Sobre Foglocons

  Como hemos apuntado en principio, la empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons) jugó un papel estelarísimo en la supuesta trama de corrupción y lavado de dinero que significó el Sistema Sucre.

  Las primeras irregularidades al comenzar a implementarse el Sucre derivaron de la suscripción en noviembre 2011 de un convenio estratégico entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador para dotar de viviendas populares a miles de familias de bajos recursos económicos.  Allí se empezó a gestar la trama de corrupción teniendo como fachada la importación de casas prefabricadas, a través de una empresa de papel, a saber, el Fondo Global de Construcción (Foglocons), creada días antes en Colombia por Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas.

  Por su parte, el informe parlamentario informa que, de acuerdo a datos suministrados por la Superintendencia de Compañías, el 19 de septiembre de 2012, se constituyó Fondo Global de Construcción S.A. (Fogoclons), la cual fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 11 de octubre de 2012, con el objeto social de dedicarse a la “compra, venta, importación, exportación y fabricación de todo tipo de materiales e insumos para la construcción”.

  Ya en diciembre de 2012, a solamente dos meses de constituida, Fondo Global suscribió un contrato por USD 465 millones de dólares para la venta de casas prefabricadas a las empresas venezolanas ELM Import y Thermo Group, vinculadas igualmente a Álex Saab Morán y a Álvaro Pulido Vargas.

  Es necesario apuntar que el lado oscuro del Sucre no ha sido analizado únicamente por la comisión parlamentaria de Ecuador, pues en 2015, se desarrolló una investigación periodística por los diarios El Universo (Ecuador) y El Nuevo Herald (Estados Unidos) en cooperación con el portal venezolano Armando.info, la cual determinó que este sistema de compensación sirvió de plataforma para que unas 60 empresas de Venezuela y Ecuador llevaran a cabo operaciones millonarias que involucraban ventas ficticias, empresas fantasmas y cuentas bancarias en Panamá, Bahamas y Anguila.

   Refiere el reportaje que el Fondo Global de Construcción se constituyó en Colombia como casa matriz, registrándose luego en Ecuador, bajo el mismo nombre una compañía en la que Álvaro Pulido y el venezolano Luis Sánchez Yánez eran socios. Entretanto, en Venezuela se registró el 2 de marzo de 2012, siendo la cabeza de la misma Menahem Michel Edery, accionista de Thermo Group, firma que junto a ELM Import tenían como proveedor a Foglocons.

   En Venezuela, Foglocons tuvo su primera sede en el estado Carabobo y después en Caracas, siendo en principios sus accionistas Gioia Pifano Antonini y a Maritza Antonini Bruzual como accionistas. El reportaje apunta que ese mismo año 2012, la compañía en Venezuela cambió de nombre y su paquete accionario pasó en su totalidad a manos de la empresa FGDC Latam 2012 de España en el mes de noviembre. Subraya la nota que FGDC correspondería a las siglas de “Fondo Global De Construcción”. Agrega que la empresa española es propiedad de una compañía registrada en Malta en octubre de 2012, de nombre FGDC Malta Holdings Limited.

  Armando.info dice que documentación obtenida durante el pesquisaje periodístico muestra que Flogocons Ecuador creó una fábrica de paneles ad hoc en la localidad Durán, la cual estaba a cargo a cargo de la empresa venezolana Técnicas Modernas de Construcción. A pesar de esto, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, el Fondo Global de Construcción exportó a Venezuela mercancía valorada en la aduana ecuatoriana por solo USD 3,1 millones. Para ese mismo periodo, el Foglocons Ecuador recibió USD 159,8 millones girados por ELM Import, una de las dos empresas contratistas del estado venezolano.

  La nota cita un “oficio del Banco Central de Venezuela (BCV) dirigido a Héctor Sirit, director de ELM Import, [el cual] da fe de que esas transferencias, realizadas a través de Banesco Banco Universal y el Banco de Venezuela S.A.C.A. para la importación de kits de viviendas, ‘fueron efectuadas bajo la modalidad de forma de pago anticipada, de conformidad con lo establecido en el instructivo para la tramitación de operaciones a través del Sucre’”[3].

   En Miami, estado de la Florida en Estados Unidos, se constituyó Fondo Global de Construcciones SAC Corp. el 15 de diciembre de 2011, de acuerdo al portal Sunbiz. El número de registro es el P11000106375. La dirección de la firma era el 1523 NW 89TH CT, Miami, FL 33172 que también era dirección postal y domicilio del agente registrador, Pedro E. Silva, quien también figuraba como presidente, junto a Pedro Antar que era vicepresidente, este último domiciliado en el 444 Brickell Avenue, Suite 51-448, Miami, FL 33131. La empresa se disolvió el 26 de octubre de 2012[4].

   La nota de Armando.info refiere que Pedro Antar dijo que la empresa se creó por pedido de su cliente, Pedro Silva, pero que fue disuelta por inactividad. Silva, para la fecha de la publicación, estaba llamado a juicio en Ecuador por su presunta participación en el esquema de lavado de dinero implementado con el sistema Sucre, pero el proceso judicial estaba suspendido hasta tanto se presentara ante el tribunal. El abogado del Fondo Global en Ecuador Jorge Zavala Egas, aseguró que estas empresas (la de Miami y las otros de Venezuela, Ecuador y Colombia) no guardan relación alguna.

REFERENCIAS

[1] El Universo. “Chávez propone creación del "sucre" como moneda regional”. 26 de noviembre de 2008. https://www.eluniverso.com/2008/11/26/0001/14/88EACF64F65A4B53AA6DAAEE58795840.html/


[2] El Universo. “Un nuevo sucre al uso desde el 1 de enero, anuncia Chávez”. 17 de abril de 2009. https://www.eluniverso.com/2009/04/17/1/1361/AAC2B7391F8347BB93B7B0D3A87C1039.html


[3] Armando.info. “En el fondo, las casas eran excusa para los dólares”. 25 de abril de 2015. https://armando.info/en-el-fondo-las-casas-eran-excusa-para-los-dolares/


[4] Sunbiz. Division of Corporations. Fondo Global de Construcciones SAC Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=FONDOGLOBALDECONSTRUCCIONESSAC%20P110001063750&aggregateId=domp-p11000106375-5028529d-8525-4c67-83ed-e6349f603d9a&searchTerm=FONDA%20CARIBENA%20RESTAURANT%20INC&listNameOrder=FONDOENTERPRISES%20P190000197930


 

martes, 16 de febrero de 2021

Conozca cómo operaron y cuáles son las bases legales de la acusación por lavado de dinero de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli

  Cuentas bancarias de empresas fantasmas sirvieron para canalizar los fondos irregulares.
Por Maibort Petit

  Las declaraciones juradas prestadas por la fiscal del caso y un agente del FBI que participó en la investigación, revelan cómo fue la participación de los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en esquema de corrupción implementado por la empresa brasileña Odebrecht.
  La investigación determinó que los Martinelli Linares sirvieron de intermediarios para la el envió y recepción de USD 28 millones en sobornos que Odebrecht hizo en beneficio de quien en la investigación figura como “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

  Los hermanos Martinelli fueron arrestados en Guatemala y aguardan ser extraditados a los Estados Unidos para ser procesados por la justicia.

Las bases legales de la acusación

  El 27 de julio de 2020, la fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, emitió una declaración jurada ante la corte de dicha jurisdicción relacionada con el caso Número 20-M- 498, Estados Unidos contra Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares.

  A los señalados se les acusa de delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos a funcionarios públicos de Panamá pagados por la empresa brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos.

  La fiscal Nestor participó en la investigación que la brigada de corrupción internacional del FBI en Nueva York, la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal y la fiscalía llevaron a cabo sobre la citada empresa, la cual implementó un esquema de soborno masivo que involucró a los acusados, imputados por delitos de lavado de dinero.

  En el caso específico de Luis Enrique Martinelli Linares, la fiscal Nestor refiere que el 27 de junio de 2020, un magistrado del Tribunal del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la denuncia en su contra. Por ello fue librada una orden de arresto. La demanda enmendada fue firmada el 20 de julio de 2020 por un magistrado de la referida instancia judicial neoyorquina acusándolo de los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero , en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957; lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

  En tal sentido, Julia Nestor refiere en su declaración jurada que a la fiscalía le corresponderá probar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos por un valor superior a USD 10.000, que involucran el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá.

  Tendrá que comprobar la fiscalía que Luis Enrique Martinelli Linares, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

  Apuntó la fiscal que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

  Sobre el delito de encubrimiento de lavado de dinero se deberá establecer que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito de soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la república de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada en todo o en parte para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad del control del producto de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años.

  Respecto a los dos delitos de gastos de lavado de dinero, la fiscalía de probar que Martinelli Linares participó o intentó participar a sabiendas en una transacción monetaria; que conocía la transacción de bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, de hecho, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en Estados Unidos. La pena máxima de prisión es de 10 años.

  Julia Nestor indica que con relación a los dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero y los dos delitos de lavado de dinero de gastos al ayudar e incitar a los delitos, que quien manda, procura, ayuda o causa la comisión de un crimen será responsable y castigado de la misma manera que el principal o la persona que realmente llevó a cabo la tarea. Es decir, la culpabilidad de un acusado se demuestra incluso si no realizó personalmente todos los actos relacionados con la comisión del delito imputado.

  Apunta que de acuerdo título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 3282, es necesario que la acusación se formule formalmente dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se cometieron los delitos, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. En el caso de la conspiración para cometer lavado de activos contra Martinelli Linares que se presentó el 27 de junio de 2020, la fiscal advierte que aun cuando los hechos se cometieron entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, los demás delitos de lavado de activos imputados ocurrieron el 11 de febrero, el 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2013, así como el 26 de agosto de 2015; la acusación contra Luis Enrique Martinelli Linares se formuló dentro del plazo de prescripción especificado, teniendo en cuenta el período de suspensión de la prescripción relativa a la solicitud oficial de prueba.

  Nestor informa que probará la culpabilidad del imputado con varios tipos de evidencia, incluyendo información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos, entre otras pruebas.

Los hechos

  La policía estableció que entre 2001 y 2016, Odebrecht a través de algunos empleados, agentes y otros co-conspiradores, desarrolló un esquema de soborno masivo mediante el cual pagaron de manera corrupta USD 700 millones a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, candidatos políticos extranjeros, con el objetivo de obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

  La constructora brasileña ocultó la naturaleza, el origen, la propiedad de los ingresos canalizándolos a cuentas bancarias de empresas fantasmas en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

  La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó los fondos irregulares en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá” desde 2009 hasta 2014. Dicho funcionario era una familiar cercano de Luis Enrique Martinelli Linares.

  Entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, participaron en el esquema, actuando como intermediarios de los pagos corruptos que Odebrecht ofreció y entregó al “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Ambos establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasma offshore para recibir y disfrazar los pagos.

  Desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales sirvieron para recibir, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario de Gobierno de Panamá”.

La declaración de Michael Lewandowski

  En la misma fecha, 27 de julio de 2020, Michael Lewandowski, agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), también emitió ante el tribunal una declaración jurada que resume la investigación de la conducta delictiva de Luis Enrique Martinelli Linares.
 Precisó que en el transcurso de la investigación se reunió personalmente con Luis Enrique Martinelli Linares en varias ocasiones.
  Recuerda que Odebrecht se declaró culpable el 21 de diciembre de 2016, admitiendo que entre 2001 y 2016, a través de algunos de sus empleados y agentes, participaron en un esquema de soborno masivo en el cual los co-conspiradores acordaron con otros pagar de manera corrupta más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios públicos, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos y candidatos políticos para obtener y retener negocios en varios países del mundo, entre ellos Panamá.

  Estos pagos se realizaron a través de cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales del esquema de soborno. Algunas de estas cuentas estaban domiciliadas en Nueva York. Los fondos se transfirieron luego a través de múltiples cuentas bancarias de compañías fantasma en todo el mundo, antes de llegar a los destinatarios finales del soborno.

  El agente Lewandowski refiere que los registros y la información proporcionada por Odebrecht a lo largo de la investigación, muestran que esta empresa utilizó un agente en los Estados Unidos para comprar sociedades fantasmas offshore que sirvieran para enviar y recibir documentos que facilitaran el establecimiento de cuentas bancarias offshore a nombre de dichas sociedades fantasma offshore de Odebrecht. El agente también recibió y envió documentos que contenían información falsa y fraudulenta, para hacer que las transacciones financieras se realizaran desde cuentas bancarias de compañías fantasma en el extranjero.

  Sostuvo que entre agosto de 2009 y julio de 2014, Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, participaron en el esquema de soborno de Odebrecht, en el cual fungieron como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que Odebrecht ofreció y entregó a “Funcionario de Gobierno de Panamá”. Los registros financieros obtenidos durante el curso de la investigación revelaron que los acusados establecieron cuentas bancarias offshore a nombre de sociedades fantasmas offshore para recibir y disfrazar los pagos de sobornos de Odebrecht realizados en beneficio del citado “funcionario de Gobierno de Panamá”.

  Michael Lewandowski dijo que las pruebas obtenidas a través de la investigación, incluidos correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros, muestran que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, los hermanos Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas ficticias en jurisdicciones extranjeras, las cuales utilizaron para recibir, transferir y entregar sobornos que Odebrecht hizo en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

   Igualmente, correos electrónicos, registros bancarios y otros registros financieros revelaron que entre 2009 y 2012, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, abrieron una cuenta bancaria en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar los sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”.

  Las cuentas de Sociedades Offshore se constituyeron para promover, asistir, facilitar, encubrir y servir como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht en beneficio del Funcionario del Gobierno de Panamá, a cambio de obtener una ventaja comercial indebida y ganar contratos en Panamá.

  El agente del FBI dijo que entre 2009 y 2012, las Cuentas de Sociedades Offshore recibieron USD 28 millones en sobornos de Odebrecht en beneficio del “Funcionario del Gobierno de Panamá”. Agregó que al menos, USD 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales de EE. UU., incluidos los bancos en Nueva York.

  Como ejemplo de estas operaciones irregulares, Lewandowski refiere que el 27 de julio de 2010, se transfirieron USD 350.000 desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma offshore controlada por Odebrecht y ubicada en Portugal, a una de las cuentas de sociedades offshore controladas por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, a través de una cuenta en un banco de Nueva York.

  Los hermanos Martinelli Linares luego realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses que involucraron el producto de los pagos de sobornos de Odebrecht.

   Los registros financieros muestran que el 11 de febrero de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 346.500 desde una de las cuentas de Sociedad Offshore, a través de una cuenta en un banco en Nueva York, Nueva York, a otra cuenta en el Estados Unidos. Este dinero se utilizó para la compra de un yate, según registros obtenidos de un corredor de yates en Nueva York.

  También el 12 de noviembre de 2013, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares transfirieron USD 899.978,32 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

  Los registros financieros muestran que el 10 de diciembre de 2013, los acusados transfirieron USD 30.887,21 de una de las cuentas de la Compañía Offshore a otra de las cuentas de la Compañía Offshore a través de cuentas en un banco en Nueva York.

   El 26 de agosto de 2016, Luis Enrique Martinelli Linares transfirió USD 570.000 desde una de las cuentas de la Compañía Offshore a través de una cuenta en un banco en Nueva York a otra cuenta en el Estados Unidos. Se trató de un pago parcial por la compra de un condominio en Miami por parte de la corporación de Florida a su nombre.