José Roberto Rincón Bravo: El hijo de Roberto Rincón en quien la trama de corrupción se perpetúa

 Fuentes de Venezuela Política sostienen que CITGO siguió manteniendo relaciones contractuales con el hijo de quien es señalado de esquilmar el patrimonio de PDVSA en más de mil millones de dólares.

Por Maibort Petit

  Creer que una de las más grandes estafas perpetradas contra Petróleos de Venezuela S.A., encabezada por el empresario Roberto Rincón terminó con su declaración de culpabilidad, procesamiento judicial de él y sus socios, así como su próximo dictado de sentencia, simplemente se equivoca. Pensar que tanto el empresario como su familia viven hoy día modestamente al haber sido confiscados todos los bienes y cuentas bancarias por ser estos un producto del delito, igualmente es un error. Pero suponer que los negocios irregulares con la estatal petrolera venezolana y sus filiales también llegó a su fin cuando el caso salió a la luz es, sencillamente, la más grande de las equivocaciones, pues cual dinastía monárquica el asunto cuenta con herederos. Así lo revelan fuentes de Venezuela Política que aseguran los contratos turbios continuaron en CITGO a través del hijo del empresario, José Roberto Rincón Bravo, cuestión de la que fue advertido José Pereira en tiempos en que ocupaba la dirección ejecutiva del complejo refinador, pero este habría procedido a protegerlo y negar la existencia de irregularidades.

Imagen cortesía de El Confidencial de España

   Una investigación desarrollada por “Chavismo Inc. Los engranajes del capitalismo bolivariano”, producción periodística trasnacional de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y Alianza Rebelde Investiga (ARI), determinó que un grupo de venezolanos relacionados con tramas de corrupción, exfuncionarios de PDVSA, contratistas del régimen, exintegrantes del gobierno, familiares de estos e, incluso, imputados de la justicia estadounidense, se encuentran entre los más grandes inversores inmobiliarios de la Florida.

  Un caso especialmente resaltado en el reportaje de investigación es el de María Lila Rincón, la esposa de Roberto Enrique Rincón Fernández, propietaria de un apartamento valorado en USD 17 millones, ubicado en la Gran Manzana identificado con el número 45-C del edificio One57 de la calle 57, en Manhattan, una zona que es conocida como el Billonaire Row, la avenida de los multimillonarios, refiere la nota.

  Pero esta no es la única propiedad en Estados Unidos de la esposa de Roberto Rincón, pues “la familia posee al menos dos apartamentos más en Brickell, el corazón financiero de la ciudad de Miami. Los inmuebles rondan en total los 19 millones de dólares”.

  Aunque nos centraremos en esta entrega en el caso de los familiares del empresario zuliano, la investigación periodística de Chavismo.inc incluye, además, a la esposa de Carlos Erick Malpica, el extesorero de la nación y exjefe de las finanzas de PDVSA, sobrino de Cilia Flores; a Alfonzo Gravina y Karina Núñez, exfuncionarios de la petrolera y relacionados con la trama de Rincón; a Naman Wakil, Ricardo Morón, Morela Hernández de Morón, Atahualpa Fernández Arbulu, Franz Müller y Amir Nassar Tayup, contratistas de alto perfil del chavismo y familiares de estos. Cuatro de ellos fueron encontrados culpables por la justicia de Estados Unidos y uno forma parte de la lista Clinton del Departamento del Tesoro.

 Estas personas son dueñas de 33 propiedades identificadas hasta ahora, las cuales están valoradas en conjunto en USD 60 millones, pero cuyos rangos individuales van de los USD 220 mil a los USD 17 millones.

  La nota refiere que el citado apartamento 45-C del edificio One57 es propiedad de la empresa Unit 45c Holding LLC, registrada en Texas el 8 de enero de 2013, de acuerdo a información suministrada por el portal OpenCorporates que indica que el número de registro es el 0801713660. Su dirección es el 3363 N Sam Houston PKWY W, Houston, Tx. El agente registrado es Andrea Ortiz con la misma dirección, mientras que en el directorio figura únicamente María L. Rincón como directora y gerente[1].

 Entretanto, el portal Realty Hop informa de la operación de compra del inmueble ocurrida el 26 de marzo de 2015 por USD 17.313.800[2].

   Se indica en la nota de Chavismo.inc que María Lila Rincón, a través de empresas también adquirió “al menos dos propiedades ubicadas en el mismo edificio en Brickell, el centro financiero de la ciudad de Miami. Ambas están registradas a nombre de empresas controladas por Rincón y cuyo elemento común entre las tres propiedades es su agente registrador”. Compras que se llevaron a cabo aun cuando el Departamento de Justicia sospecha de que ella y su hijo, José Roberto Rincón Bravo, colaboraron con Roberto Rincón en la trama de corrupción que lo llevó al banquillo de los acusados en una corte de Texas.

¿Quién es José Roberto Rincón?

  El portal Poderopedia describe a José Roberto Rincón Bravo como hijo del empresario Roberto Rincón y nacido en Maracaibo, estado Zulia.

  Se indica que es vicepresidente de la empresa Tradequip en Houston, al tiempo que figura como representante legal de Global Air Services Corp en Texas.

  Hace mención a un artículo de KonZapata.com, donde se refiere que “durante su boda en España, fueron invitados los artistas Franco De Vita, Oscar de León, Elvis Crespo, Diego El Cigala, Jorge Celedón y Rosario Flores”.

  Igualmente se informa de su arresto en España el 6 de junio de 2018  junto a su madre, María Lilia Bravo, así como allanamiento de su vivienda principal en una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, así como a su segunda residencia en el campo, a saber, la finca La Losilla, una propiedad ubicada en el término municipal de Villarejo de Salvanés, en el Parque Natural del Alto Tajo, por la que pagó 22 millones de euros procedentes del entramado societario de su padre, Roberto Rincón.

  También se habla en la nota de la confiscación de tres autos deportivos: un Ferrari blanco, un Mercedes AMG amarillo y un BMW i8 azul. A su madre se le decomisaron joyas valoradas en 12 millones de euros[3].

  Entretanto, Chavismo.inc lo identifica como banquero acusado en un tribunal de distrito de Florida, por supuestamente participar en una red de lavado de dinero obtenido mediante sobornos y fraudes de PDVSA.

  Se le identifica como agente de las empresas Grocery Distribution Holdings Inc. (Panamá), Tradequip Spain, Inspection and Logistics (España), Petróleos de Venezuela S.A. en Venezuela, Colombia, USA, Portugal, Alemania; y de Roberto Enrique Rincón Fernández (Venezuela)[4].

Arrestados en España

  Madre e hijo fueron arrestados en España el 6 de junio de 2018, por orden de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, bajo la acusación de blanqueo de capitales.

  La causa inicialmente estuvo cargo de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, quien “coordinó en junio de 2017 cinco registros en Madrid dentro de una investigación de la Justicia portuguesa sobre el presunto desvío de unos 6.000 millones de PDVSA” a directivos del Ministerio de Energía venezolano, “de los que varios millones supuestamente acabaron blanqueándose en España”.

  José Roberto Rincón Bravo figura como administrador único de cuatro sociedades en España desde 2014, de acuerdo a datos del Registro Mercantil: Global Maghas, asociada a la explotación de la producción agrícola y ganadera de la finca La Losilla, con un capital inmovilizado de 26,6 millones de euros. Asimismo, Cibaria Gourmet, Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda y Tradequip España Inspección y Logística. El paquete accionario de esta última pertenece a Tradequip Venezuela Compañía Anónima. El capital social de la filial española es de 61 millones de euros y se dedica a la importación y exportación de maquinaria[5].

  En 2020, José Roberto Rincón pidió al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional anular la incautación de sus bienes en Madrid, los cuales estarían siendo utilizados por la policía.

   A la titular del referido tribunal, María Tardón, los apoderados de Rincón Bravo refirieron que el anterior magistrado de la causa “había autorizado a la policía el uso provisional de, al menos, un vehículo incautado durante el registro de su domicilio en Madrid, el 6 de junio de 2018, en la lujosa finca La Losilla. El coche en cuestión es un Range Rover Sport, que suele tener un precio de más de 80.000 euros”.

  Los otros bienes serían unos prismáticos marca Zeiss modelo Victory HT (con un precio cercano a los 1.000 euros); una cámara nocturna Red Digital Cinema Dragon; y un visor nocturno marca Nite Site. También dos drones, uno marca DJI, modelo Inspire (más de 3.000 euros), y otro de la misma marca, modelo Phantom 2 Vision+ (unos 300 euros)[6].

  Lo cierto es que la detención de los Rincón en España quedó a la vista el estilo lujoso de vida de estos, toda vez que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española y la Fiscalía Anticorrupción pudieron incautar vehículos de alta gama, obras de arte, vinos y joyas., requiriéndose 17 páginas para reflejar el inventario valorado en 12 millones de euros, aunque versiones de prensa aseguran que la esta cifra se triplica.

En el Credit Suisse

  Igualmente, una investigación del Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP, por las siglas en inglés de Organised Crime and Corruption Reporting Project)[7] determinó que el nombre de Roberto Rincón figura entre las dos docenas de venezolanos vinculados a cuatro tramas de corrupción en PDVSA que lograron acumular activos que sumaban, por lo menos, USD 273 millones en 25 cuentas en el Credit Suisse abiertas casi todas entre 2004 y 2015. En dicho período, el patrimonio de la estatal petrolera venezolana fue esquilmado en más de USD 11 mil millones mediante desfalcos, sobornos y fraudes monetarios.

  Al hacer la revisión de las cuentas, los periodistas encontraron que existían 16 con 162,9 millones de francos suizos propiedad de siete personas condenadas o acusadas por formar parte de tramas de corrupción de PDVSA.

  Es el caso de José Roberto Rincón Bravo, hijo de Roberto Rincón como ya hemos referido, quien admitió en un tribunal de los EE. UU. en 2016 que sobornó a funcionarios de PDVSA junto a Abraham Shiera Bastidas.

  A pesar de las averiguaciones de la justicia española que llevaron al arresto y confiscación de los bienes Rincón Bravo y su madre en 2018 por sospechas de lavado de dinero de PDVSA, este aún no ha sido imputado e insiste en negar públicamente que esté involucrado en los negocios corruptos de su padre.

  Pero una cosa es lo que José Roberto Rincón Bravo dice y otra lo que señalan los datos de Credit Suisse, los cuales padre e hijo eran titulares de cuatro cuentas conjuntas que concentraron, por lo menos, 93 millones de francos suizos —la mayor con 68,4 millones—, los cuales aún no figuran en los documentos judiciales que se manejan hasta la fecha. Precisa la nota de OCCRP que tres de las cuentas sumaron su máximo de tenencia en diciembre de 2015, solamente dos semanas antes de que Roberto Rincón fuera arrestado en EE. UU.

Todo es falso

  En una entrevista concedida al portal español El Confidencial, José Roberto Rincón Bravo negó una y otra vez que sus propiedades y bienes en España estén relacionados con los hechos de corrupción investigados en los Estados Unidos, como niega también que su padre, Roberto Rincón, se haya declarado culpable en Norteamérica. “La causa de mi padre sigue secreta. Sigue en secreto de sumario en Estados Unidos. Cuando eso se levante, se dirá lo que se tenga que saber”.

  Refiere que Roberto Rincón se declaró culpable de tres cargos “que es lo que se conoce. Pero ahí no se habla de comisiones, ni de embargos ni de nada de eso. Es algo que le compete a él, además. Es él quien tendrá que explicarlo”.

  Del mismo sostiene que no es cierto que la fortuna de su familia haya crecido durante el chavismo a través de prácticas corruptas, pues las empresas de su padre se fundaron en 1988 en Venezuela, “lógicamente, como todo negocio, tuvieron una curva de crecimiento. Uno fue el paro petrolero de 2002. El Gobierno nacionalizó la industria petrolera y, a partir de entonces, todas nuestras empresas, que se habían dedicado al petróleo, pasaron obligatoriamente a depender del Estado. Pero eso no quiere decir que nos volviéramos de un bando político. Fue PDVSA la que se convirtió en un músculo político. Nosotros teníamos que trabajar. En nuestro punto más álgido a nivel internacional, entre 2010 y 2012, llegamos a tener 1.500 trabajadores. Había 1.500 familias que dependían de nosotros directamente. Pero mi padre ya tenía una plataforma de servicios en 1994. La primera perforadora horizontal que llegó a Venezuela en el año 94 la llevó mi padre, por ejemplo. No es que a partir de 2002 todo explotara. Ya teníamos mucha actividad antes de que llegara Chávez”.

  Asevera que los bienes adquiridos por él en España fueron comprados con dinero obtenido con años de trabajo, del ahorro, de procedencia lícita. Sobre las joyas confiscadas a su madre, duda de la tasación establecida en 12 millones de euros y refiere que en un escrito presentado al tribunal demostraron que muchas de dichas joyas y objetos son heredados de su familia y otras son previas al periodo investigado. “Todo está documentado, con seguros, con facturas de compra del momento en que se compraron… Pero quiero ser prudente. No quiero emitir ningún juicio antes que la propia Justicia. Sé lo que soy. Lo que he hecho y lo que no he hecho. Todo se aclarará”.

  Por último, José Roberto Rincón Bravo aseguró que no participó en los hechos de que se acusa a su padre en Houston. “En ningún caso. Ni activa ni pasivamente”.

REFERENCIAS

[1] OpenCorporates. Unit 45C Holding, LLC. https://opencorporates.com/companies/us_tx/0801713660

[2] RealtyHop. Unit 45c Holding Llc. https://www.realtyhop.com/property-records/search/unit-45c-holding-llc

[3] Poderopedia. José Roberto Rincón. https://poderopediave.org/persona/jose-roberto-rincon/

[4] Chavismo.inc. “He is Roberto Rincon son”. S/F. https://chavismoinc.com/backend/agentes/839?listado=1&lang=en

[5] El Confidencial. “Detienen al hijo y la mujer del magnate venezolano Roberto Rincón por blanqueo”. 6 de junio de 2018. https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-06/detenido-blanqueo-hijo-empresario-roberto-rincon-venezuela_1574694/

[6] Voz Populi. “Coches de lujo, cámaras y drones: un magnate venezolano pide que la policía no use sus bienes incautados”. 10 de febrero de 2020. https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/coches-venezolano-investigado-espana-incautados_0_1325867797.html

[7] OCCRP. “Oro negro en cajas suizas: como las élites venezolanas ocultaron dineros robados del petróleo en Credit Suisse”. 20 de febrero de 2022. https://www.occrp.org/es/suisse-secrets/black-gold-in-swiss-vaults-venezuelan-elites-hid-stolen-oil-money-in-credit-suisse

Conozca cómo decidió la corte el asunto de la autoridad corporativa de Avior

 El tribunal estableció que el Grupo Añez carecía de la autoridad suficiente para entablar la demanda presentada Miami-Dade.

Por Maibort Petit

   Para el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade, Florida, definir sobre quién recae la autoridad en Avior era fundamental para establecer el destino de la demanda que Airlines C.A., Avior Airlines C.A. LLC y Avior Airlines Service LLC interpusieron en contra de Shell Aerospace Supplies LLC y Shell Aerospace LLC.

  Dos grupos se debatían el control de la aerolínea, uno conformado por Jorge Añez (Grupo Añez) y el otro integrado por Luis Suárez, Moisés Maionica y Carlos Kauffmann (Grupo Suárez). Ambas partes coincidieron con la corte en la necesidad de establecer la autoridad de la empresa.

   En tal sentido, el Grupo Suárez un juicio sumario sobre la Tercera Demanda Enmendada de los demandantes basándose en la falta de autoridad de los Demandantes para presentar la acción. El Grupo Añez, en respuesta, llevó a cabo una acción que empeoró la situación, toda vez que presentó una Declaración Jurada falsa y fraudulenta, con la que buscaba anular la moción de juicio sumario de los demandados.

  Para solucionar el asunto, la corte se remitió a la jurisprudencia, específicamente al caso de la Publicidad Vepaco C.A. contra Mezerhane, el cual estableció que la cuestión de la autoridad corporativa tanto para contratar abogados como para iniciar una acción legal, es determinante.

   La Corte propuso resolver el problema mediante la celebración de una audiencia probatoria para determinar la autoridad corporativa para hacer que una entidad venezolana, como Avior, presente la demanda.

   Siendo que cada uno de los grupos es poseedor del 50 por ciento de las acciones de la empresa, ninguna de las partes tiene la autoridad suficiente para establecer una demanda sin contar con el apoyo de la otra. El Grupo Añez se abrogó su supuesta autoridad a partir de una asamblea de accionistas ilegítima del 6 de febrero de 2019 que excluyó al Grupo Suárez e ignoró sus intereses y derechos de propiedad. Con la realización de dicha asamblea se violaron los estatutos operativos de Avior al no darse aviso del encuentro al Grupo Suárez y no cumplió con los requisitos de quórum. Por lo tanto, el tribunal estableció que las acciones tomadas en esta reunión son completamente nulas. De este modo, se determinó que la junta directiva emanada en la reunión del 11 de febrero de 2019 es Ilegítima, como también es el otorgamiento de facultades que hizo a Añez para entablar la demanda.

   La jurisprudencia de la Florida señala que solamente los directores de una corporación tienen poder de administrar los asuntos comerciales de la misma, entre ellos el poder entablar demandas, a menos de que los estatutos de la compañía establezcan lo contrario. En tal sentido, la corte consideró que el Grupo Añez no puede reclutar indebidamente una junta directiva de su conveniencia para promover su disputa.

    La revisión de jurisprudencia de casos tanto en la Florida como en otras entidades, llevó al Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade a establecer que un accionista no puede comandar una corporación para hacer la guerra a los otros accionistas con intereses de propiedad iguales, particularmente cuando los estatutos no lo permiten.

   Fue actuando de esta manera que Jorge Añez fue mucho más allá de una interpretación legal de su autoridad corporativa y simplemente tomó el control de Avior al negar falsamente los intereses de propiedad del Grupo Suárez. Añez nunca tuvo la autoridad para hacer que los demandantes presentaran la demanda y su junta ilegítima no puede legitimar la ley ultra-vires de Avior, por lo cual se desestima la misma.

Sobre los honorarios de los abogados

   El Tribunal determinó que correspondía al Grupo Añez pagar los honorarios de abogados derivados de la demanda interpuesta por él.

    Señaló la corte que la materia de honorarios se rige según la Regla de Procedimiento Civil de Florida 1.510 (g) que establece que las “Declaraciones juradas hechas de mala fe. Si, a satisfacción del tribunal, en cualquier momento parece que alguna de las declaraciones juradas presentadas de conformidad con esta regla se presentan de mala fe o únicamente con el propósito de demorar, el tribunal debe ordenar inmediatamente a la parte que los emplea que pague a la otra parte el monto de los gastos razonables en los que la presentación de las declaraciones juradas causó que la otra parte incurriera, incluidos los honorarios razonables de los abogados, y cualquier parte o abogado infractor puede ser declarado culpable de desacato”.

    Dados los hechos, el Tribunal determinó que la Declaración Jurada de Jorge Añez fue presentada de mala fe y en violación de la Regla de Procedimiento Civil de Florida 1.510 (g).

    Advirtió que el asunto de la autoridad corporativa de Avior pudo y debió determinarse en una audiencia sobre la moción de juicio sumario si el Grupo Añez simplemente hubiera dicho la verdad que está respaldada de manera abrumadora por la evidencia.

  El Tribunal determinó que se deben otorgar honorarios a los Demandados Suárez según la Regla 1.510 (g) y, por ello, al Grupo Añez se le imputaron dichos honorarios y no a las entidades demandantes, que fueron meros instrumentos utilizados para perpetrar el fraude.

   Asimismo, la corte determinó que Jorge Añez cometió perjurio y fraude, actuó de mala fe e impuso sanciones por ellos al Grupo Añez. Vista la evidencia, la Corte dictaminó la obstrucción a la administración de justicia por parte de Añez y determinó que el Grupo Suárez tiene derecho a recuperar los honorarios de abogado de manos del Grupo Añez, quien por sus acciones y conducta ha invocado y se sometió a la jurisdicción de la Corte.

La decisión judicial

   Vistos los hechos, la Corte dictaminó que el Grupo Suárez es propietario del 50 por ciento de las acciones emitidas y en circulación de Avior Airlines, C.A, mientras que el Grupo Añez Folla C.A., posee el otro 50 por ciento de las acciones emitidas y en circulación de la aerolínea.

    La Corte desestimó en su totalidad la Tercera Queja Enmendada de los demandantes, porque los demandantes no tenían la autoridad adecuada para presentar y mantener la acción. Se estableció que los demandantes no volverán a presentar una queja enmendada o cualquier alegato a menos que dicha acción esté debidamente autorizada según los estatutos de 2017 de Avior.

   Asimismo, los Demandados Suárez tienen derecho a recuperar los honorarios y costos de abogados contra Jorge Añez Dager.

   También, los demandados Suárez tienen derecho a recuperar los costos contra Jorge Añez Dager de conformidad con la Sección 57.041 de los Estatutos de Florida.

     Finalmente, el Tribunal se reservó la jurisdicción para determinar el monto de los honorarios y costas de los abogados y cualquier multiplicador aplicable en las circunstancias y para dictar sentencia contra Jorge Añez Dager sobre los mismos.

Corte del Sur de la Florida autoriza participación de co-abogado en el proceso contra Carmelo Urdaneta Aquí

Por Maibort Petit

   El 31 de agosto de 2020, Victoria R. Morris de la firma de abogados Kobre & Kim LLP, solicitó a la Corte del Distrito Sur de la Florida dictar una orden que permita a Robin William Allen George Rathmell, comparecer ante dicho tribunal en nombre del demandado, Carmelo Urdaneta Aquí, para todos los fines relacionados con los procedimientos al caso Nº 1:18-cr-20685-KMW donde se le acusa de delitos de corrupción y lavado de dinero.

   Carmelo Urdaneta Aquí es acusado de formar parte de una trama en la que participaron: Francisco Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer alias "Chente", Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera. En este caso también son señalados Raúl Gorrín y los hijos de Cilia Flores.

   Los abogados de Urdaneta Aquí hicieron la solicitud, sustentándose en la Regla Local 4 (b) de las Reglas Especiales que Rigen la Admisión y el Ejercicio de los Abogados del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la solicitante propuso la admisión pro hac vice de Robin William Allen George Rathmell, con el propósito de comparecer como co-abogado en nombre del demandado.

  Se expuso que Robin William Allen George Rathmell no está autorizado para ejercer en el Distrito Sur de Florida, es miembro acreditado de los colegios de abogados de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito y de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos para el Sur y Distritos del este de Nueva York. Ha sido admitido como consultor legal especial en el Distrito de Columbia.

 A su vez, Victoria R. Morris, es miembro acreditado del Colegio de Abogados de Florida y del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mantiene una oficina en dicha entidad para el ejercicio de la abogacía y está autorizada a presentar su solicitud a través del sistema de archivo electrónico del Tribunal. Movant consiente en ser designado como miembro del Colegio de Abogados de Tribunal del Distrito Sur de la Florida con quien la corte y la representación legal contraria, pueden comunicarse con respecto a la conducción del caso.

  El juez del Distrito Sur de Florida, Kathleem M. Williams, otorgó la Moción de Comparecencia que permite a Robin William Allen George Rathmell, comparecer y participar en el proceso en nombre del demandado Carmelo Urdaneta Aquí.

  

Denuncian a gerentes de CITGO por prestarse a procesar compra fraudulenta de vehículos blindados para PDVSA

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Una serie de documentos en nuestro poder demuestran que un grupo de gerentes  de la filial de PDVSA en los Estados Unidos (CITGO) que actualmente fueron ratificados en sus cargos por la nueva junta directiva nombrada por el presidente interino de Venezuela,  Juan Guaidó, (reconocido por la administración de Donald Trump) violaron las normas establecidas por CITGO y se prestaron para gestionar una compra fraudulenta de vehículos blindados autorizados por el entonces CEO de CITGO, Asdrúbal Chávez y Manuel Quevedo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En mayo de 2018, el director de compras de CITGO, Glenn Hilman, y los gerentes Brian Paulson, Laymar Peña apoyaron el proceso de la compra de vehículos blindados autorizado por  Chávez y  Quevedo.

Documentos confirman que la requisición proveniente de la presidencia de PDVSA, bajo la administración de Quevedo, solicitó un total de 33 vehículos SUV marca Toyota modelos Lancrusier V8, 4Runner 4x4 Limited V6, Fortuner Luxury V6 y HILUZ 4x4 V4, 27 vehículos blindados y seis vehículos regulares. 

El 15 de Mayo de 2018, la compra de los vehículos fue asignada por Glenn Hilman y Brian Paulson a Laymar Peña; este mismo grupo de gerentes, de acuerdo a evidencias y fuentes consultadas, estarían involucrados con múltiples transacciones fraudulentas desde el 2014 hasta la fecha. Tal como lo informamos al inicio de esta nota, Hilman, Paulson y Peña continúan siendo empleados en CITGO bajo la administración de la nueva junta directiva liderada por Luisa Palacios.

Desde el 2010 hasta la actualidad, pasando por las administraciones de Alejandro Granado, Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, los directores de compras de CITGO, Glenn Hilman, Ramiro Rodríguez y José Luis Zambrano han apoyado a PDVSA y a otras instituciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con la compra de más de 8 mil millones de dólares en bienes, equipos y repuestos con dinero proveniente de la venta de petróleo de venezolano a CITGO. Desde Abril 2017, Ramiro Rodríguez y desde Noviembre 2017, José Luis Zambrano se encuentran bajo arresto en Venezuela acusados de delitos de corrupción, conspiración, fraude y lavado de dinero.

Falta de evaluación e incumplimiento de normas

Después de un proceso de compra indebido, con muchas debilidades en la selección del proveedor y la falta de evaluación por parte del departamento de cumplimiento de CITGO, liderado por Rick Esser y Jennifer Moos quienes ignoraron las políticas internas, el 16 de Junio de 2018 Peña, Paulson y Hilman asignaron el contrato de la compra de los vehículos a Auto Source Group, LLC., una compañía registrada por Eduardo Pulgar y Ivan G. Motta en Florida, EEUU el 16 de octubre de 2013 con sede en Miami, Florida 

La presidencia de PDVSA solicitó los vehículos blindados con una clasificación 5 o 6 de protección. La clasificación cinco proporciona protección contra rifles AK-47 y otras armas de asalto y requiere un espesor de acero balístico de al menos 7.5 mm.  El AK-47, conocido oficialmente como Avtomat Kalashnikova, es un rifle de asalto de 7.62 × 39 mm operado con gas, desarrollado en la Unión Soviética. La clasificación seis tiene un alto nivel de seguridad y está destinada a detener las rondas de perforación. El contrato asignado por el director y gerentes del departamento de compras de CITGO a la empresa Auto Source Group, LLC. fue de aproximadamente $2,6 millones por 13 vehículos blindados, según lo reportó Laymar Peña al Comité de Compras de CITGO, para un total aproximado de $6.6MM por los 33 vehículos solicitados por la presidencia de PDVSA.

Según la información obtenida, PDVSA no utiliza vehículos blindados para las operaciones normales de la empresa. "La presidencia de PDVSA, no aclaró el uso de los vehículos, por lo que algunos empleados concluyen que el destino y uso final de los vehículos blindados era para para uso de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o para actividades ilegales como el narcotráfico o la explotación ilegal de oro y coltan", sostienen fuentes internas consultadas que pidieron mantenerse bajo anonimato por su seguridad física.

Otro aspecto que aparece en la denuncia es que la transacción descrita no fue investigada por Rick Esser, Vice-Presidente de Cumplimiento de CITGO y actual miembro de la Junta Directiva  que preside Palacios, "ignorando de esta manera su responsabilidad fiduciaria y exponiendo a CITGO al incumplimiento con leyes federales al colaborar, en complicidad con oficiales del régimen de Maduro en posibles actividades ilícitas y aumentando el riesgo de la perforación del velo corporativo entre CITGO y PDVSA/Venezuela".

Otra fuente consultada refiere que después de los nombramientos apresurados de los directores de CITGO, los miembros de la nueva junta directiva sólo han tenido contacto esporádico con los vicepresidentes de CITGO, y "no se han reunido con la gerencia media o con otros niveles para evaluar la calidad de las operaciones y la actuación previa de directores seleccionados a ciegas en un ambiente hostil donde reinaba la corrupción, fraude y el abuso de poder". 

La denuncia sostiene que "es obligación de la nueva junta directiva y específicamente de Luisa Palacios detectar transacciones fraudulentas y evaluar las responsabilidades individuales de los directores, gerentes y empleados de CITGO que apoyaron y facilitaron conductas ilegales utilizando los activos y recursos de CITGO en Estados Unidos".

Documentos señalan que la compra de los vehículos no se realizó por que el dinero disponible (por las ventas de crudo venezolano a CITGO) se utilizó en comprar gasolina, para así atender la emergencia por escasez de gasolina en Venezuela. Posteriormente, llegaron las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra PDVSA y al régimen de Nicolás Maduro, lo que impidió la transacción de compra de los lujosos vehículos blindados. Una fuente de PDVSA comentó que este hecho, "deja claro la complicidad de Glenn Hilman y sus gerentes asociados en atender con la mayor ligereza los caprichos de sus jefes militares, sin realizar las más mínimas revisiones con leyes federales de los Estados Unidos, y sin verificar la legitimidad del proveedor seleccionado, sus accionistas y el destino y posible uso en actividades criminales de estos activos, y que sin duda alguna representan una malversación de los recursos públicos del Estado venezolano que se les confían a estos administradores facilitadores de fraude y corrupción".