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martes, 17 de agosto de 2021

Juez de Texas cambia nuevamente fecha de la sentencia de los contratistas corruptos de CITGO y PDVSA: Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de CITGO, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares. Una decisión del juez Gray H. Miller  anunció que los dos contratistas corruptos serán sentenciados el 10 de febrero de 2022

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

La espera continúa

  Abraham José Shiera Bastidas, contratista de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

     La sentencia estaba prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10 AM.

jueves, 12 de agosto de 2021

Tribunal prorroga el dictado de la sentencia de González Testino hasta febrero de 2022

  El magistrado concedió la Moción Acordada de Continuidad presentada por la Fiscalía.

Por Maibort Petit

   Definitivamente no será este año 2021 la fecha en que se conozca la sentencia que el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston a cargo del juez Gray H. Miller dicte en contra de José Manuel González Testino, toda vez que el magistrado aprobó extender hasta el próximo año —específicamente para el 10 de febrero de 2022— la condena que deberá purgar el empresario por protagonizar un esquema de corrupción y lavado de dinero consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. para asegurar y mantener contratos de energía y logística con la estatal.
   El destino del contratista estadounidense y venezolano ha sido aplazado en varias oportunidades después de que, en primera instancia, se fijara el 28 de agosto de 2019 como el día en que esta se diera a conocer por el juez de la causa, luego de que se declarara culpable el 29 de mayo de 2019 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras.

  González que había sido arrestado el 31 de julio de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el territorio estadounidense, después de que el sistema judicial encontrara una causa probable para demandar al empresario, como efectivamente lo demandó.

 González controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA, la cuales fueron utilizadas para, entre 2012 y 2018, obtener contratos millonarios a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana.

  El 19 de febrero de 2020 era la nueva fecha, después de que el magistrado aprobara un calendario en el que se establecía que el informe de investigación de presentación estaría disponible para el acusado antes del 17 de enero de 2020; antes del 31 de enero de 2020 debían hacerse las objeciones por escrito o la declaración de que no se tenían objeciones; antes del 14 de febrero de 2020, el oficial de libertad condicional debía presentar al juez el informe final de presentación con una adición que abordara los temas en disputa; asimismo, todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberían presentarse a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas; la sentencia se llevaría a cabo en la fecha antes indicada a las 10:00 a.m.

  Otro cambio operó y la sentencia de González Testino se fijó para el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 a. m, pero como informamos al principio y detallamos a continuación, el dictado de sentencia se prorrogó hasta el próximo año 2022.

Orden de prórroga

  El 6 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas-Houston, Gray H. Miller, prorrogó el dictado de la sentencia contra José Manuel González Testino hasta el 10 de febrero de 2022 a las 10:00 a. m.

   Tal decisión la tomó el magistrado en atención a la Moción Acordada de Continuidad presentada por la fiscalía.

  Igualmente, el juez Miller indicó en su decisión que los plazos asociados también continúan, determinando que la preparación del Informe de Presencia inicial vence el 6 de enero de 2022, las objeciones vencen el 20 de enero de 2022 y el Informe de Presencia final vence el 3 de febrero de 2022.

REFERENCIAS

[1] Department of Justice. “Business Executive Pleads Guilty to Foreign Bribery Charges in Connection with Venezuela Bribery Scheme”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery

[2] Venezuela Política. “(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA”. 1 de agosto de 2018. https://www.venezuelapolitica.info/ee-uu-arresta-jose-manuel-gonzalez/

[3] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO”. 11 de diciembre de 2019. https://www.venezuelapolitica.info/gonzalez-testino-fue-arrestado-el-31-de/



 

miércoles, 28 de julio de 2021

PDVSA se planta en la corte e insiste en desestimación de demanda de Syracuse Mountains Corporation

  Alega que la demandante no cumplió los términos de los contratos que contemplan cláusulas de No Acción.

Por Maibort Petit

   Ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Petróleos de Venezuela S.A. insiste que se debe desestimar la demanda que en su contra entabló Syracuse Mountains Corporation, por inclumplimiento de contrato al no realizar los pagos de capital e intereses derivados de la tenencia de bonos emitidos por PDVSA y de los que la demandante es beneficiario final.

  La demandante reclama pagos no cumplidos desde 2017, aunque es una compañía registrada en Panamá, de acuerdo al portal Open Corporates, el 18 de noviembre de 2020, bajo el número 155699100[1].

Posiciones ante juez

   El 6 de mayo de 2021, los abogados de la firma Hughes Hubbard & Reed LLP, que representa los intereses de Syracuse Mountains Corp., conjuntamente con los representantes legales de Petróleos de Venezuela S.A., remitieron una comunicación a la juez Valerie E. Caproni, titular del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la causa en que la primera demanda a la segunda, para abordar los asuntos requeridos por el Aviso de Conferencia Previa al Juicio Inicial del 31 de marzo de 2021, antes de la Conferencia Previa al Juicio Inicial programada para mayo 14 de febrero de 2021.

  Para Syracuse el caso es simplemente por incumplimiento de contrato por parte de PDVSA al no cumplir con el pago de ciertos montos adeudados en virtud de ciertos pagarés.

   Estima la demandante que las acusaciones son indiscutibles porque es la beneficiaria final de las participaciones en cinco títulos de deuda por USD 333.300.000 emitidas por PDVSA de conformidad con cinco contratos de emisión celebrados entre 2007 y 2013; porque los Contratos y las Obligaciones Negociables establecen la promesa explícita e incondicional de PDVSA de realizar pagos de capital e intereses programados regularmente a los tenedores de las Obligaciones Negociable; y porque PDVSA no ha cumplido con los pagos de interés y principal desde noviembre de 2017.

   En tal sentido, Syracuse le manifestó a la juez Caproni que su interés la procura del pago del capital e intereses devengados y no pagados de los Bonos, así como los intereses previos al juicio y los honorarios de los abogados.

   Entretanto, PDVSA le manifestó a la magistrada que Syracuse no ha cumplido con los requisitos establecidos en los contratos de emisión para entablar una demanda para hacer cumplir los Bonos.

   En tal sentido recordó que cada contrato contiene una "Cláusula de no acción" que prohíbe las acciones de ejecución a menos que los tenedores de al menos el 25 por ciento del monto principal de los pagarés cumplan con ciertas condiciones previas al juicio, incluida la exigencia de que el fiduciario de cada contrato entable una demanda en nombre de todos los tenedores. Dado que Syracuse no cumplió estas condiciones, no tiene derecho a mantener sus reclamos contra PDVSA. En consecuencia, sostienen los abogados de la petrolera, la demanda debe desestimarse.

   Ambas partes reconocen la jurisdicción del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York sobre la materia sobre esta acción emprendida por Syracuse contra PDVSA.

  Igualmente, PDVSA le anunció a la juez Caproni su intención de presentar una moción para desestimar la acción en su contra, porque considera que Syracuse no tiene derecho a hacer cumplir las Obligaciones Negociables porque cumplió con los requisitos de la Cláusula de No Acción contenida en cada contrato.

  Por su parte, Syracuse adelantó que se opondría a la moción de desestimación, porque cree que tiene el derecho de iniciar la acción según los términos de los contratos y los bonos.

  De igual manera, anunció que, en cualquier momento, cuando lo estime apropiado, buscará un juicio sumario sobre la base de que los hechos y la responsabilidad son indiscutibles.

   Los abogados de Syracuse y PDVSA le manifestaron a la juez que hasta la fecha de la comunicación no habían discutido la posibilidad de llegar a un arreglo por estimar que era poco probable de alcanzarlo en la etapa del litigio en que se encontraban, aunque se manifestaron abiertos a discusiones en una fecha posterior.

   También presentaron una propuesta conjunta de un plan de gestión de casos y orden de programación con fechas que se contarán a partir del dictamen de la Corte sobre la moción de sobreseimiento de PDVSA. Sin embargo, las partes solicitaron que la Corte no entregar el auto de programación hasta que resuelva la moción anticipada de desestimación de PDVSA. 

    Mientras la petrolera creía que la moción de desestimación plantearía un problema en cuanto al derecho de Syracuse a iniciar esta acción en virtud de los contratos y pagarés, y propuso resolver el problema antes de participar en cualquier actividad adicional potencialmente innecesaria. Syracuse, como se señaló anteriormente, tiene la intención de oponerse a la moción de desestimación, pero consintió la propuesta de PDVSA sobre el momento de la entrada del plan de gestión del caso y la orden de programación. En aras de la eficiencia, las partes acordaron negociar los términos de una orden de protección mientras la moción de desestimación está pendiente.

  Por estas razones, las partes creían innecesaria una conferencia preliminar, pero manifestaron su disposición si el Tribunal consideraba lo contrario.

La moción de desestimación

   El 21 de mayo de 2021, PDVSA, a través de los abogados de la firma Hughes Hubbard & Reed LLP, remitieron al Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York una moción de desestimación de la demanda presentada en su contra por parte de Syracuse Mountains Corporation.

   La comunicación iba acompañada de un memorando de ley en apoyo de la moción para desestimar la denuncia presentada por Syracuse Mountains Corporation, la cual está sustentada únicamente en la queja del demandante y los documentos en los que se basó y adjuntó a su demanda, que a primera vista le impiden presentar sus reclamos actuales. Al presentar esta Moción, PDVSA advierte que se reserva todos los derechos y defensas que puedan estar disponibles y no renuncia a ninguno.

   El memorando explica, en primer lugar, que la demanda de Syracuse debe desestimarse con base a la Regla 12 (b) (6). Argumenta PDVSA que los contratos de emisión prohíben al demandante presentar estos reclamos, pues cada uno contiene una cláusula de "No acción" que impide que los tenedores de bonos entablen una demanda a menos que hayan cumplido ciertas condiciones previas a la demanda, incluido en particular el requisito de que representen al menos el 25 por ciento del capital de las notas. Lo pertinente es solicitar al fiduciario de las notas que adelante las reclamaciones en nombre de todos los tenedores de notas.

   Agrega que Syracuse ni siquiera alega que ha solicitado a los fideicomisarios de los pagarés que presenten estos reclamos en su contra ni ha cumplido con las otras condiciones previas al juicio contenidas en las cláusulas de No Acción. En consecuencia, bajo los términos claros e inequívocos de los contratos y las alegaciones de la demanda, las por incumplimiento de contrato deben desestimarse.

   Precisa que una moción para desestimar de conformidad con la Regla 12 (b) (6) requiere que el tribunal determine si los hechos alegados en la demanda son suficientes para demostrar que el demandante tiene un reclamo de reparación.

  Sostiene PDVSA que el tribunal para declarar un reclamo por incumplimiento de contrato bajo la ley de Nueva York, debe certificar que el demandante alegue: (1) un contrato válido; (2) desempeño del demandante; (3) incumplimiento del acusado; y (4) daños resultantes del incumplimiento. Cuando un contrato contiene una condición precedente inequívoca, debe alegar el cumplimiento de la misma para declarar un reclamo por incumplimiento del contrato; de lo contrario, la reclamación debe desestimarse.

    Reitera que los reclamos de incumplimiento de contrato presentados por Syracuse están sujetos a lo establecido en los contratos que, a saber, son e de fecha 12 de abril de 2007, el del 17 de noviembre de 2011, el de l17 de mayo de 2012 y el del 15 de noviembre de 2013, por lo que es necesario que el demandante cumpla con lo que en ellos se establece.

  Tales contratos en una sección titulada “Incumplimientos y remedios” estipulan que el demandante cumpla era con los contratos de emisión relevantes en cualquier acción para hacer cumplir los bonos o los contratos de emisión, indicando estos que "Los tenedores no pueden hacer cumplir el Contrato o los Pagarés excepto según lo dispuesto en el Contrato".

  Por tanto, la demanda debe ser desestimada porque el demandante no ha cumplido con las cláusulas de No Acción contenidas en los Contratos.

  Se explica que una cláusula de No Acción “es una disposición estándar presente en muchos contratos de fideicomiso” que limita los derechos de los tenedores de bonos individuales. Recuerda que, bajo la ley de Nueva York, una cláusula de No Acción prohíbe las reclamaciones de un tenedor de pagarés que no cumpla con las condiciones precedentes enumeradas en la obligación.  "Los tribunales que aplican la ley de Nueva York han encontrado cláusulas de no acción aplicables como regla general".

   Subraya el memorando que las alegaciones de la propia queja de Syracuse y los documentos adjuntos a la misma, demuestran que no cumplió con las cláusulas de No Acción, pues no se muestra en ella que haya notificado a los Fideicomisarios en virtud de las Notas sobre cualquier evento de incumplimiento.

   Tampoco hay alegato de que los tenedores de bonos que representan el 25 por ciento del capital total hayan solicitado a los Fideicomisarios en virtud de los Bonos que persigan cualquier reparación por parte de PDVSA.



  El demandante tampoco posee cerca el 25 por ciento de las Obligaciones Negociables en circulación que lo califique para presentar tal solicitud al Fiduciario.

  Finalmente, PDVSA sostiene que Syracuse no alega que haya brindado seguridad satisfactoria a los Fideicomisarios en virtud de los Pagarés o que estos, una vez solicitados, no cumplieron con dicha solicitud. Por lo tanto, en base a las disposiciones expresas e inequívocas de los documentos del contrato, es indiscutible que el demandante no cumplió con esas condiciones, esta queja debe ser desestimada.

PDVSA reitera su posición

   El 1 de julio de 2021, los abogados de PDVSA presentaron ante el tribunal, un memorando de respuesta en apoyo adicional de la demandada Petróleos de Venezuela S.A. de desestimar la demanda en su contra.

  Expuso que el memorando de ley del demandante en oposición a la moción de PDVSA para desestimar su demanda, no presenta ninguna razón por la cual sus reclamos no deben ser desestimados.

    En el memorando PDVSA asegura que Syracuse en su respuesta no niega que los contratos de emisión contengan una cláusula de no acción, como tampoco niega su incumplimiento de las cláusulas de No Acción, las cuales requieren que el 25 por ciento de los tenedores de bonos notifiquen al Fideicomisario que emprenda una acción colectivamente para todos los tenedores de bonos.

   Destaca que, por el contrario, el demandante argumenta que los extensos contratos de emisión que establecen los términos y condiciones de pago de los bonos no se aplican en absoluto a sus reclamaciones, que, según sostiene, se basan únicamente en los bonos y no en los contratos de emisión.

    Tal argumento, advierte PDVSA, ignora la realidad comercial de que cada contrato es una parte crítica e inseparable de la nota, como igualmente ignora el lenguaje sencillo de la demanda, en la que repetidamente dice que su reclamo se basa en los términos de los contratos. Además, ignora, y de hecho no cita una sola vez, las disposiciones de los propios Bonos que establecen que "los Tenedores no pueden hacer cumplir el Contrato o los Bonos excepto según lo dispuesto en el Contrato".

   Debido a que se requirió al demandante que cumpliera con el Contrato para hacer cumplir las Obligaciones Negociables, y debido a que el Demandante admite que no lo hizo, sus reclamos deben desestimarse, reitera PDVSA.

   PDVSA pidió al tribunal que desestime la demanda con perjuicio de la falta de presentación de reclamo y otorgue cualquier otro remedio que el Tribunal estime oportuno.

CITA

[1] Venezuela Política. “Extraña "empresa" offshore panameña demandó a PDVSA en Nueva York por más de $333 millones por incumplimiento de pagos de capital e intereses de Bonos”. 22 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/extrana-empresa-off-shore-panamena.html 

viernes, 23 de julio de 2021

Conozca los detalles del caso EE. UU. vs. CITGO por daños a recursos naturales en Luisiana

  Un derrame petrolero desde su refinería en Lake Charles es la causa de la acción legal que culminó con la imposición de una multa de más de USD 19 millones.

Por Maibort Petit

   Entre el cúmulo de demandas que ya acumula la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en los Estados Unidos, una entablada conjuntamente por el gobierno federal y estado de Luisiana, castiga la negligencia de CITGO en el manejo de los residuos petroleros a raíz de un derrame ocurrido en 2006, con una multa que sobrepasa los USD 19 millones y que se suma a la amenaza que cierne sobre el principal activo de Venezuela fuera de sus fronteras, al enfrentar  múltiples reclamos de resarcimiento que ponen en riesgo la existencia misma de la estatal.

  Ante el Tribunal para el Distrito Oeste de Luisiana, los Estados Unidos y el estado de Luisiana presentaron una demanda en contra de CITGO Petroleum Corporation por daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de los recursos naturales a consecuencia de la descarga de petróleo de su refinería en Lake Charles, en dicha entidad federal, ocurrida el 18 y 19 de junio de 2006. Los demandantes piden compensación y restauración, así como también recuperar los costos no reembolsados de evaluar dichos daños.

  El 16 de junio de 2021, el Departamento de Justicia presentó una propuesta Decreto de consentimiento con el Tribunal para Distrito Oeste de Louisiana en la demanda que conjuntamente entablaron contra CITGO Petroleum Corp. en la acción civil identificada con el número 2: 21-cv-1705.

  La aprobación del Decreto de Consentimiento por el Tribunal, significó la sentencia final del caso entre las partes.

    El Decreto de Consentimiento constituye el acuerdo final, completo y exclusivo de entendimiento entre las partes y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos anteriores, ya sean orales o escritos.

  Se advierte que el Decreto de Consentimiento terminará automáticamente una vez que se complete el pago por parte de CITGO Petroleum Corporation de los montos requeridos en virtud de la Sección VI y el pago de las sanciones estipuladas aplicables en virtud de la Sección VII.

La demanda conjunta

   La Demanda en este caso de daños a recursos naturales se presentó simultáneamente con la presentación del Consentimiento propuesto Decreto. Por un lado, la Demanda alega que CITGO es responsable por daños y perjuicios bajo OPA y OSPRA por haber vertido residuos petroleros en el Canal de Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario de Calcasieu en junio de 2006 ocasionando graves daños a los recursos naturales. Por el otro, el Decreto de Consentimiento propuesto establecía que CITGO pagará un total de USD 19.688.149,83, de los cuales USD 19,16 millones se destinarán a la restauración de la zona por los daños ocasionados por el derrame petrolero, mientras los restantes USD 528.149.83 se reembolsarán a los fideicomisarios por todos los costos de evaluación no pagados.

  Anteriormente, un juez federal de Luisiana, atendiendo una demanda interpuesta por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., declaró la causa del derrame en 2006 como “negligencia grave” de CITGO en la operación y mantenimiento de su instalación de tratamiento en Lake Charles.

   La acción legal fue presentada por el Fiscal General de los Estados Unidos, actuando a solicitud de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio (NOAA) y el Departamento del Interior (DOI), a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) y el Estado de Luisiana, a través de la Oficina del Coordinador de Derrames de Petróleo, Departamento de Correcciones y Seguridad Pública (LOSCO), Departamento de Recursos Naturales (LDNR), Departamento de Calidad Ambiental (LDEQ), Departamento de Vida Silvestre y Pesca (LDWF) y Autoridad de Restauración y Protección Costera (CPRA).

  Los demandantes procuran que CITGO se sustentan para esta acción civil en las Secciones 1002 (a) y 1002 (b) (2) (A) de la Ley de contaminación por hidrocarburos (OPA), 33 USC §§ 2702 (a) y 2702 (b) (2) (A), y la Sección 2480 de la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Hidrocarburos de Luisiana (OSPRA), La. R.S. 30: 2480.

El primer reclamo

  El primer reclamo de alivio de los Estados Unidos y el estado de Luisiana es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 1002 de OPA.

  Refieren que el 18 de junio de 2006 cuando ocurrió el derrame petrolero, CITGO era el propietario y operador de la refinería en Lake Charles, Luisiana, incluida la unidad de tratamiento de aguas residuales y los tanques de almacenamiento relacionados.

   Dicha refinería es una "instalación en tierra" según el significado de la Sección 1001 (24) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (24). Además, CITGO era la "parte responsable" de la instalación en tierra dentro del significado de la Sección 1001 (32) (B) de OPA, 33 U.S.C. Sección 2701 (32) (B).

  Sostiene la demanda que los días 18 y 19 de junio de 2006, CITGO descargó millones de galones de residuos petroleros de dos tanques de almacenamiento de aguas residuales en su unidad de tratamiento de aguas residuales. Los referidos tanques de diez millones de galones fueron diseñados para servir como tanques para tormentas, eran utilizados incorrectamente por CITGO durante años al destinarlos para acumular residuos petroleros, lodo y aguas residuales aceitosas en su unidad de tratamiento. Ocurrió que, durante una tormenta, el aceite se desbordó de los dos tanques y estando la berma de contención secundaria alrededor de los tanques defectuosa, el petróleo fluyó hacia la vía fluvial y las costas adyacentes de Indian Marais y luego hacia el río Calcasieu y el estuario y las costas adyacentes.

  Debido a esto, al menos 54.000 barriles de residuos petroleros e incontables millones de galones de aguas residuales aceitosas fluyeron hacia las vías fluviales durante el incidente.

  Después del juicio en una acción de aplicación de la Ley de Agua Limpia relacionada, el tribunal de distrito determinó que la causa de la descarga de petróleo fue la negligencia grave de CITGO en la operación y mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales y la falta de suficiente capacidad de almacenamiento y tratamiento. La corte determinó que el derrame de petróleo de CITGO fue "masivo, excesivo y una tragedia".

  El derrame de petróleo se interpreta como la "descarga" que describe la Sección 1001 (7) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (7), mientras que el petróleo liberado en el incidente fue "petróleo" según el significado de la Sección 1001 (23) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (23).

   La descarga se produjo en aguas navegables de los Estados Unidos y contaminó una parte significativa del Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario. Las vías fluviales y aproximadamente 150 millas de la costa se contaminaron con petróleo, incluidas áreas pantanosas, de playa, residenciales e industriales, y una amplia variedad de recursos naturales fueron dañados por el petróleo vertido.

   Esto afectó a las especies marinas y a las aves que hacen vida en la zona y contaminó hábitats acuáticos y costeros. Asimismo, el derrame petrolero interrumpió durante diez días el comercio y la navegación a lo largo del Canal de Navegación y el Canal Intracostero, y redujo el uso recreativo del río y el estuario afectados.

   El derrame petrolero de CITGO causó daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de “recursos naturales” pertenecientes a los Estados Unidos o el Estado dentro del significado de la Sección 1001 (20) de OPA, 33 USC § 2701 (20), incluidos los hábitats pantanosos, submareales e intermareales y una amplia variedad de vida acuática, aves y vida terrestre.

  Los Fideicomisarios de los Estados Unidos y el Estado están coordinando la evaluación de daños a los recursos naturales y los esfuerzos de restauración, además de haber incurrido en costos para ello.

El segundo reclamo

  El segundo reclamo es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 2480 de OSPRA.

  Se explica que los fideicomisarios de Luisiana, LOSCO, LDNR, LDEQ, LDWF y CPRA actúan como Fideicomisarios estatales bajo OSPRA según La. R.S. 30: 2451, et seq. y LA. Código de Administración tit. 43, parte XXIX, et seq. De igual modo, CITGO era el propietario y operador de su refinería de Lake Charles y, como tal, es la "parte responsable" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (22).

   Se advierte que descarga no fue autorizada por un permiso federal o estatal y por lo tanto constituye una "descarga de petróleo no autorizada" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (29), ocasionando daños, destrucción o pérdida de recursos naturales administrados, mantenidos en fideicomiso y/o regulados por los Fideicomisarios estatales.

   Los Fideicomisarios del Estado han incurrido en costos para evaluar los daños a los recursos naturales resultantes de la descarga no autorizada de petróleo y de acuerdo a la ley, CITGO es responsable ante ellos por daños a los recursos naturales, incluido el costo razonable de evaluar dichos daños.



miércoles, 14 de julio de 2021

José Luis De Jongh Atencio establece acuerdo con la fiscalía: Fuentes aseguran que hará grandes revelaciones

 La sentencia del ex-funcionario corrupto de CITGO, se prorrogó hasta enero de 2022.

Por Maibort Petit

    Luego de haberse declarado culpable[1] por participar en un esquema internacional de lavado de millones de dólares en sobornos y por otorgar ventajas comerciales de manera corrupta, el exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, José Luis De Jongh Atencio, llegó a un acuerdo de cooperación con la fiscalía, a través del cual se comprometió a dar información valiosa, tanto sobre el caso en el que está involucrado, como acerca de otras irregularidades ocurridas en la filial en estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que sean violatorias del sistema legal de Estados Unidos.

  Fuentes tribunalicias informaron a Venezuela Política que el viraje de posición y estrategia de José Luis De Jongh Atencio, se produjo luego de que cambiara de abogados en el caso que se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston. Se había declarado no culpable el 21 de diciembre de 2020[2].

  La causa contra De Jongh Atencio se inició en julio de 2020, cuando un Gran Jurado aprobó la acusación formulada por la Fiscalía que lo señaló de recibir sobornos por un monto de USD 2,5 millones de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías a cambio de la aprobación de contratos de CITGO y de PDVSA al amparo de la posición como gerente de adquisiciones en el Grupo de Proyectos Especiales de la empresa que ocupaba para ese entonces.

  El acuerdo de cooperación al que llegó De Jongh Atencio con el gobierno de los Estados Unidos establece su compromiso a cooperar plenamente con la justicia estadunidense sin poner objeción a la confiscación de sus activos.

Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.

   Igualmente, el exfuncionario de CITGO aceptó el diferimiento de su sentencia, tal como lo solicitará la fiscalía ante el Tribunal, hasta que se complete la cooperación.

   El acuerdo estipula que el demandado acepta "cooperar plenamente", lo cual contempla proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, entre ellas, las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley de Viajes, cable fraude, lavado de dinero, robo de identidad agravado, fraude fiscal y cualquier delito relacionado.

   En razón de lo anterior, el juez Gray H. Miller, ordenó el pasado 6 de julio del presente año 2021, aprobar la Moción Acordada de Continuidad presentada ante la corte por la fiscalía, estableciendo la prórroga de la sentencia del caso hasta el 10 de febrero de 2022 a las 2:00 p. m.

  La orden judicial contempla, además, la extensión de las fechas límites asociadas, por lo que se fijó el 6 de enero de 2022 para la preparación del Informe de Presencia, el 20 de enero de 2022 para las objeciones, y el 3 de febrero de 2022 para el Informe de Presencia final.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.”. 22 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/03/jose-luis-de-jongh-atencio-se-declaro.html

[2] Venezuela Política. “José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.”. 22 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/jose-luis-de-jongh-atencio-exgerente-de.html


CITGO acusa al fallecido Nelson Martínez de entregar un contrato millonario corrupto a la empresa de su sobrino, Rothwell Energy Services LLC

   En el documento presentado por CITGO se asegura que el contrato se otorgó a Rothwell en razón de los vínculos que esta empresa tenía con el entonces CEO de la filial de PDVSA en EE. UU., Nelson Martínez.

Por Maibort Petit

   Hasta la fecha no se había hecho alusión directa a Nelson Martínez, el expresidente de CITGO Petroleum Corporation al momento de que este suscribiera un contrato con Rothwell Energy Services LLC, para la adquisición e instalación de plantas desalinizadoras en Venezuela. La contrademanda que CITGO presentó contra dicha empresa en el Tribunal del Condado de Harris, en Texas, acusa que el fallecido Martínez otorgó el referido contrato, "dado los vínculos de la contratista con un familiar suyo".
   Aunque la contrademanda se refiere a los socios de Nelson Martínez como “otros” sin mencionarlos por sus nombres, fuentes ligadas al caso refirieron a Venezuela Política que se trata de José Luis De Jongh y los seis exfuncionarios de CITGO que se encuentran detenidos en Caracas, a saber, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira.

  La fuente sostiene que los abogados de CITGO manipulan la realidad al presentar a Rothwell como la parte que incumplió el contrato, cuando la verdad es que nadie en la filial habría cumplido con su responsabilidad de monitorear las operaciones antes de realizar los pagos.

   Además, el informante asegura que el monto de los pagos realizados a Rothwell supera lo referido en la contrademanda, USD 5.542.241,77, pues en realidad, supuestamente, se habrían cancelado más de USD 10 millones.

La contrademanda de CITGO

  El 14 de mayo de 2021, John Zavitsanos, abogado de la firma Ahmad, Zavitsanos, Anaipakos, Alavi & Mensing PC, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante la Corte del Condado de Harris, en Texas, la Cuarta Respuesta Enmendada y Segunda Contrademanda Enmendada del caso que ventila en esa instancia judicial entre la filial de la petrolera venezolana y la empresa Rothwell Energy Services LLC, a la que reclama daños reales, daños ejemplares, intereses previos y posteriores al juicio a la tasa permitida en la ley, las costas judiciales, honorarios de abogados y cualquier otra compensación adicional, por contrato, por ley o en equidad a la que tenga derecho.
   CITGO niega que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se haya unido a la demanda en razón de que tuviera interés en el contrato de servicio y porque las plantas desalinizadoras que son razón del mismo, debían ser transferidas por Rothwell a ella a través de una factura de venta y cesión.

  Además, CITGO niega que deba dinero alguno a Rothwell aunque admite que si el tribunal determina alguna deuda, esto no será conforme a una cuenta jurada. La filial incorporó las declaraciones de Brian Boudreaux en apoyo de la denegación del reclamo del demandante.

Lo que sostiene CITGO

  Alega CITGO que cualquier pago a Rothwell, así como el cumplimiento adicional del Acuerdo, sería imposible, impracticable y/o ilegal en razón de que violaría las sanciones impuestas por EE. UU. referidas en las Órdenes Ejecutivas 13808, 13850 y 13884.

    Refiere que la cláusula de fuerza mayor en el Acuerdo impide que CITGO adeude o realice pagos a Rothwell, además de excluir la reclamación de esta por daños y perjuicios.

   CITGO asevera la defensa afirmativa de pago y refiere que ya pagó a Rothwell la cantidad de USD 5.542.241,77 de conformidad con el contrato, lo cual queda corroborado con la Declaración Jurada de Gina Coon, tesorero corporativo de la empresa petrolera. Subraya que este monto cancelado es mayor al realmente tenía derecho Rothwell.
   En razón de estos pagos, CITGO se acoge a la defensa afirmativa de compensación y sostiene que Rothwell no le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado todas las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

 Asimismo, CITGO afirma la defensa afirmativa de falta de mitigación, satisfacción y fraude.

  La petrolera venezolana en EE. UU. niega que Rothwell cumpliera con todos los requisitos para pagarle los montos que solicita, así como tampoco ha certificado pagos a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores; todos los embargos han sido liberados; se han cumplido todos los criterios de la prueba de desempeño para el trabajo por el que solicita pago; o que se haya proporcionado la documentación necesaria de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO afirma que el Acuerdo prohíbe la recuperación del lucro cesante y cualquier otro daño emergente que busque Rothwell.

   Entre los señalamientos de CITGO se alega que Rothwell obtuvo el contrato a pesar de que carecía de la experiencia necesaria para instalar plantas desalinizadoras, esto en razón de la estrecha relación, familiar o de otro tipo, existente entre su propietario y Nelson Martínez, para la fecha de la negociación, Director Ejecutivo de la filial de PDVSA.

   Martínez ordenó que CITGO otorgara a Rothwell el acuerdo y esta última presentó su oferta sobre el Proyecto directamente a este Martínez, luego de que Laymar Peña, una exempleada del departamento de adquisiciones le notificara sobre el mismo. Peña se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston y se encuentra a la espera de sentencia.

Los cargos

  CITGO Petroleum Corporation presentó ocho cargos contra Rothwell, el primero de ellos por Conspiración para violar el deber fiduciario, indicando que Martínez y otros tenían una relación fiduciaria con CITGO y violaron los deberes fiduciarios que le debían a la empresa.

   Tales incumplimientos de los deberes fiduciarios ocasionaron un daño a CITGO y/o resultaron en un beneficio para Rothwell, una empresa, como se ha dicho, en la que Nelson Martínez tenía intereses y con la que, mediante sus socios, buscaba un propósito legal por medios ilegales.

   Martínez y otros, quienes le debían a CITGO lealtad, violaron intencionalmente sus deberes fiduciarios, sin limitación, tomando medidas para dirigir la adjudicación del Acuerdo a Rothwell, perpetuando la participación en el Proyecto y/o inducir pagos de CITGO a Rothwell.

  CITGO sufrió un daño como resultado inmediato del hecho ilícito, sostiene la empresa para sustentar el cargo.

   El segundo cargo 2 es por Ayudar y favorecer el incumplimiento del deber fiduciario, argumentando que Rothwell tenía conocimiento de que la conducta de Martínez y de otras personas constituía un incumplimiento de sus deberes fiduciarios para con CITGO.

   Sostiene CITGO que Rothwell le brindó a Martínez asistencia para quebrantar sus deberes fiduciarios, lo cual fue un factor sustancial en el incumplimiento del director ejecutivo s de sus deberes fiduciarios para con la filial de PDVSA.

   En el tercer cargo, por Incumplimiento de contrato (desempeño), CITGO refiere que existía un contrato válido y ejecutable entre ella y Rothwell en forma de Acuerdo. En tal sentido, como signatario del contrato CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento.

   Se indica que Rothwell violó el Acuerdo al no proporcionar la cantidad acordada de plantas de agua ni en la fecha acordada; por no realizar correctamente ni plenamente su trabajo en virtud del Acuerdo; por realizar trabajos no autorizados; por no completar la preparación del sitio, la instalación, la puesta en servicio y/o de las plantas de desalinización; por no proporcionar un cronograma de proyecto adecuado; por no realizar su trabajo de manera expedita y eficiente; por no tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del calendario del Acuerdo; por no agregar personal adicional, trabajar horas extras, para cumplir con el cronograma del Acuerdo; por no subsanar el trabajo ineficaz; por no cumplir con los horarios de envío, instalación y puesta en marcha; por cambiar y/o desviarse de las especificaciones sin la aprobación previa por escrito del representante autorizado de CITGO; por no informar adecuadamente el avance de la obra, entre otras.

   El cuarto cargo es por Incumplimiento de contrato (defensa y/o indemnización), refiriendo CITGO que en el acuerdo, una serie de anexos establecen que "El Contratista se compromete a indemnizar incondicionalmente por completo, mantener indemne y defender, a costa exclusiva del Contratista, la Compañía (...) de y contra todas las Responsabilidades y Daños (...) reclamados por (...) el Contratista (...) que surjan directa o indirectamente de o en cualquier forma relacionada con el desempeño o incumplimiento de este Acuerdo o el Trabajo u operaciones cubiertas o contempladas por este Acuerdo, sin tener en cuenta la causa o las causas del mismo (...)".
   Como parte del Acuerdo, CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento del contrato por parte de Rothwell, la cual violó el Acuerdo, sin limitación, al iniciar una demanda, no defender y/o no indemnizar a la petrolera de acuerdo con las disposiciones anteriores.

   El quinto cargo es por Incumplimiento de la garantía expresa de los servicios, alegando CITGO que Rothwell le vendió servicios y ofreció garantías sobre la calidad y características de los servicios.

   Sostiene que Rothwell violó las garantías que otorgó a CITGO, al no realizar el trabajo de manera ágil y eficiente, al no proporcionar una administración y supervisión empresarial eficiente en todo momento; al no realizar trabajos libres de defectos de mano de obra; al no proporcionar equipos, materiales y suministros libres de defectos y que cumplan con todas las especificaciones; al no proporcionar personal con las habilidades, la capacitación, los antecedentes, las licencias y los registros adecuados para realizar el trabajo de manera buena y profesional; al no utilizar principios y prácticas de ingeniería sólidos.

  El sexto cargo por Sentencia declaratoria refiriendo que, al existir una controversia de carácter judicial entre las partes, la Corte debe determinar los derechos de CITGO y declarar que Rothwell violó las disposiciones de defensa, exoneración de responsabilidad y/o indemnización del Acuerdo.

   Quiere CITGO que se establezca que los pagos a Rothwell violan las sanciones impuestas por EE. UU. y hacen que el cumplimiento sea impracticable, imposible y/o ilegal.

   Al mismo tiempo, CITGO solicita una declaración de que está eximido de cumplir mientras existan sanciones de conformidad con la cláusula de fuerza mayor del Acuerdo.

  El séptimo cargo, por Enriquecimiento injusto precisa que Rothwell ha retenido injustamente un beneficio en detrimento de CITGO en el monto de los pagos en exceso que se le hicieron en virtud del Acuerdo. Esta retención viola los principios fundamentales de justicia, equidad y buena conciencia.

   El octavo cargo, por Dinero refiere que Rothwell posee dinero, en forma de sobrepagos, que, en equidad y conciencia, pertenece a CITGO.


miércoles, 30 de junio de 2021

Corte concede permiso de viaje a esposa de José González Testino y ordena sellar información sobre su destino

 La cónyuge es una co-garantía de González Testino luego de que se le otorgara la libertad bajo fianza.

Por Maibort Petit

    Nuevamente la esposa José M. González Testino [del procesado por corrupción con CITGO y PDVSA], María Alejandra Díaz, podrá viajar, luego de que la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, concediera una moción para liberar temporalmente los pasaportes de la mujer y autorizara la movilización.

  Lo que sí quedará sin revelar es el destino del viaje ni los detalles del mismo, a solicitud del propio González Testino quien, argumentando razones de seguridad, pidió que se mantuvieran bajo sello tales datos.

  González Testino se declaró culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero relacionados con contratos de CITGO y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), los cuales habrían sido obtenidos de manera fraudulenta mediante el pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

  María Alejandra Díaz es portadora de dos pasaportes, uno estadounidense y otro venezolano, los cuales se mantienen en custodia de la secretaría del Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston.

  Luego de la declaratoria de culpabilidad de José M. González Testino el 29 de mayo de 2019, el tribunal le concedió la libertad bajo fianza el 23 de julio de 2019, para la cual se fijaron una serie de condiciones por parte de la corte. Una de estas co-garantías es su esposa, María Alejandra Díaz, quien debió entregar sus pasaportes a la secretaría del tribunal bajo la condición adicional de que "no viajarán fuera de los Estados Unidos sin el permiso de los Estados Unidos, Servicios previos al juicio, libertad condicional y el gobierno". 

La moción

   El 3 de junio de 2021, Edward R. Shohat, abogado de la firma Jones Walker LLP que representa a José M. González Testino, introdujo ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, una Moción sin solicitando autorización para presentar bajo sello de emergencia sin oposición, la liberación temporal de los pasaportes de María Alejandra Díaz y un permiso para realizar el viaje.

  El abogado argumentó para sustentar la solicitud de su cliente que el tribunal había concedido previamente una moción de autorización para presentar bajo sello una moción solicitando el viaje de María Alejandra Díaz.

  Igualmente explicó que la moción y orden propuesta contenía información acerca del destino del viaje, razones personales de la visita y a quién visitaría.

  Se citan estas páginas de Venezuela Política[1], para referir que un permiso previo concedió las mociones de la Sra. María Alejandra Díaz para viajar a Madrid y Londres.

  En razón de que a González-Testino le preocupa que la seguridad de su familia se vea comprometida si se revela al público el viaje de su esposa, solicitó sellar la moción como una forma que asegure dicha seguridad.

Permiso de viaje

  En la misma fecha de su presentación, 3 de junio de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Gray H. Miller, concedió una moción presentada ante esa instancia judicial por José M. González Testino, la cual lo autoriza a recibir temporalmente los pasaportes de María Alejandra Díaz, así como permitirle viajar.

  El magistrado a la secretaría del tribunal, sellar la referida moción de emergencia sin oposición del acusado José Manuel González-Testino.


[1] Venezuela Política. “Juez estadounidense aprueba liberar los pasaportes de la esposa de José Manuel González Testino para viajar a Madrid y Londres”. 6 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/search/label/Mar%C3%ADa%20Alejandra%20D%C3%ADaz

martes, 29 de junio de 2021

Daniel Comoretto: El exgerente de PDVSA que facilitó negocios de asfalto a cambio de sobornos

    El exfuncionario estaría involucrado en otros casos de corrupción.

Por Maibort Petit

   La corrupción imperante en el sistema venezolano se manifiesta en todos los niveles y en todas las instancias. Desde los más altos cargos hasta posiciones medias son utilizadas como nichos para esquilmar el patrimonio público, siendo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) una de las empresas estatales que ha servido como fondo para que muchos burócratas y funcionarios se enriquezcan con dinero públicos.
  Un ejemplo de esto último lo constituye Daniel Comoretto Gómez, exgerente comercial de la estatal petrolera que se vio involucrado en una trama corrupta en la que, junto a otros funcionarios y agentes de empresas privadas, obtuvo ganancias indebidas provenientes de sobornos que le canceló Sargeant Marine Inc. a cambio de la aprobación de contratos millonarios de suministro de asfalto con PDVSA.

  Comoretto Gómez fue arrestado el el 10 de septiembre de 2020 luego de una investigación emprendida por el FBI y las autoridades judiciales de Nueva York.
   Pero al indagar sobre el exfuncionario, es posible encontrar referencia a otros casos de corrupción en los que supuestamente estaría implicado. Por ejemplo, la cuenta “Corrupción al desnudo” en la red social Facebook del abogado dominicano, Rafael Antonio Guerrero, se hace mención a él en fecha 31 de diciembre de 2018, como “director de PDV Caribe en Haití, Venezolano, Casado, pasaporte No. 084534750, residente en Santo Domingo. Recibió junto a su esposa AL GHYS KARINA DE LOS RÍOS DELGADO, Venezolana, pasaporte No. 055918897, de manos de SANG MIN CHOI (SEMI CHOI), coreano, casado, cédula de Identidad personal No. 001-1267666-3 un lujoso apartamento en el exclusivo sector de Naco, valorado en USD$ 230,000; para favorecer a la empresa ESD Engineering & Services, SRL y/o a Sang Min Choi (Semi Choi) su presidente; con el otorgamiento de un contrato por más de 11 millones de dólares”.

Comoretto se declara culpable

   En el asunto que nos ocupa, Daniel Comoretto Gómez se declaró culpable ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York de un cargo de conspiración para comprometer dinero en el lavado de dinero en el contexto de un esquema para aceptar sobornos a cambio de ayudar a las empresas de asfalto a obtener y retener negocios con PDVSA. Esto ocurrió el 27 de enero del presente año 2021

  Admitió que entre 2011 y 2015, él y otro segundo empleado de PDVSA, a saber, Héctor Núñez Troyano, recibieron sobornos de Sargeant Marine Inc. y otra empresa de asfalto anónima, a cambio de asistir a dichas compañías en su propósito de obtener contratos para la compra de asfalto a PDVSA.
   La confesión de Comoretto Gómez hace referencia a que las citadas empresas de asfalto pagaron a un agente externo de nombre, David Díaz, una comisión de aproximadamente 45 centavos por cada barril de asfalto comprado a PDVSA.  A su vez, Díaz destinó una parte de su comisión para sobornar a Comoretto, Núñez y otros no identificados. Los pagos eran ocultados mediante el envío de los fondos a empresas fantasma pertenecientes a Díaz y Núñez.

  Antes que Daniel Comoretto, se había declarado culpable la empresa Sargeant Marine, por conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA. Sargeant Marine acordó pagar una multa penal de USD 16,6 millones[1].

  Desde septiembre de 2020, se encuentra en libertad bajo fianza, tal como lo revela una comunicación que su abogada defensora, Leticia M. Olivera, le formulara al juez Eric N. Vitaliano el 29 de abril de 2021.
  Olivera le refería al juez que formulaba el pedido de modificación de las condiciones de liberación de Daniel Comoretto, con consentimiento del gobierno y de los Servicios Previos al Juicio de EE. UU. Se pedía que se autorizara al acusado viajar dentro de Tennessee, Georgia y Alabama, en razón de vivir en Chattanooga, cerca de la frontera de Alabama y Georgia.

Los cargos

  El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth D. Ducharme, y el jefe de la División Penal de la Sección de Fraude del departamento de Justicia, Daniel S. Kahn, presentaron ante el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York, cargos contra Daniel Comoretto Gómez por Conspiración para cometer lavado de dinero.
   Para sustentar la acusación sobre lavado de dinero, de acuerdo a lo establecido en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 3551 et seq., entre 2011 y octubre de 2015, dentro del Distrito Este de Nueva York, así como en otros lugares, Daniel Comoretto Gómez , junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos en Estados Unidos desde un lugar fuera de este país con el objetivo de promover la realización de una o más actividades ilegales.

  Se indica que el acusado, sabiendo que el dinero era el producto de una actividad ilícita, ocultó y disfrazó su naturaleza, ubicación, fuente, propiedad, de acuerdo a lo estipulado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (B) (i) .
  Con respecto a la alegación de confusión penal, se informó al acusado de que Estados buscará el decomiso de sus propiedades, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1), cuando alguien resultare condenado por dicho delito.

  Se advierte que si alguna de las propiedades decomisadas no se puede localizar; ha sido transferida, vendida o depositado con un tercero; ha sido puesta fuera de la jurisdicción del tribunal; ha disminuido sustancialmente de valor; o se ha mezclado con otros bienes que no se pueden dividir sin dificultad; los Estados Unidos buscarán la confiscación de cualquier otra propiedad del demandado.

La admisión de Sargeant Marine

   Específicamente, el 20 de septiembre de 2020, Sargeant Marine Inc. reconoció ante las autoridades judiciales haber pagado sobornos a funcionarios de los gobiernos de Brasil, Ecuador y Venezuela, siendo en este último, Daniel Comoretto uno de estos. Su objetivo en este esquema de corrupción era la obtención de contratos estatales.
    La trama involucraría a un exoperador de petróleo de Vitol, con sede en Suiza, acusado de pagar USD 870.000 en sobornos a exfuncionarios ecuatorianos entre 2015 y 2020 a cambio de contratos de combustible. En la acusación no hay mención de Vitol, empresa que en 2015 compró la mitad de Sargeant Marine.

  De acuerdo a los fiscales del caso, Sargeant Marine y sus filiales pagaron sobornos entre 2010 y 2018 a cambio de contratos con petroleras estatales en los tres países sudamericanos, los cuales tenían gobiernos de izquierda en esa época. La compañía con sede en Boca Ratón, Florida, obtuvo más de USD 38 millones en ganancias por el pago de los sobornos.

  Daniel Sargeant exdirectivo de Sargeant Marine, se declaró culpable de asociación delictuosa para lavar dinero y de quebrantar la Ley de Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que prohíbe a las empresas estadounidenses realizar pagos a funcionarios extranjeros a cambio de obtener negocios.

  Se conoció que en la trama se utilizaron contratos de consultoría falsos y facturas ficticias para remunerar a los intermediarios[2].

REFERENCIAS

[1] Willkie Compliance. “Former PDVSA manager pleads guilty to money laundering conspiracy in connection with foreign bribery scheme”. 27 de enero de 2021. https://complianceconcourse.willkie.com/articles/news-alerts-2021-01-january-20210127-former-pdvsa-manager-pleads-guilty



[2] AP. “Firma de EEUU admite que pagó sobornos en Brasil y Venezuela”. 23 de septiembre de 2020. https://apnews.com/article/finanzas-02b7d467706f19f531f365f9a73a8e9e


viernes, 28 de mayo de 2021

Conozca los ardides del ex-zar de PDVSA, Rafael Ramírez para escapar del juicio en su contra en un tribunal de EE. UU.

 Documentos judiciales revelan cómo Ramírez, incluso, disfrazó su paradero ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas.

Por Maibort Petit

   El escurridizo Rafael Ramírez demostró “maña” para lograr la anulación de la sentencia por rebeldía emitida en su contra, la cual lo obligaba a pagar USD 1.400. 000.000 a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V.

  El 17 de enero de 2020, Michelle S. Stratton, de la firma Smyser Kaplan & Veselka LLP, en representación de los intereses de Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia B.V., en la demanda entablada contra Rafael Darío Ramírez Carreño, Juan José García Mendoza, Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company Inc., Petroconsultores (Barbados) LTD., Petroconsultores Inc., Selle LLC, Azure 904 LLC, Azure 406 LLC, Eulogio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston que conoce la causa, la respuesta sellada de sus clientes en oposición a la moción de Ramírez de anular sentencia en rebeldía y mociones de desestimación bajo las reglas 12 (B) (2) y 12 (B) (5).

  Los demandantes le advirtieron a la Corte que antes de dictar sentencia definitiva en rebeldía contra Rafael Ramírez, dicho tribunal se aseguró de que el servicio fuera adecuado y que tuviera jurisdicción personal y que las alegaciones bien fundamentadas de Harvest le dieran derecho a reparación. Refirieron que la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, respaldada sólo por una declaración que está desacreditada por las propias declaraciones públicas y la conducta del demandado, no conlleva su carga de establecer una buena causa para su incumplimiento o que la evaluación previa del servicio y la jurisdicción del Tribunal fue incorrecta. Por tanto, a criterio de Harvest el Tribunal debía denegar la moción.

  Refieren Harvest y HNR que entre 2002 a 2014, cuando Rafael Darío Ramírez Carreño se desempeñaba como ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, este y el resto de los acusados llevaron a cabo una conspiración generalizada de soborno y lavado de dinero, beneficiándose personalmente al exigir a las empresas estadounidenses que pagaran para obtener contratos y negociaciones con la estatal petrolera.

  Harvest Natural Resources Inc., con sede en Houston, y HNR Energía B.V., subsidiaria de la primera, se encontraban entre las víctimas de esta conspiración.

  Informan que cuando en 2012 y nuevamente en 2014, Harvest intentó vender sus activos en Venezuela, operación que requería la aprobación de Ramírez desde sus funciones gubernamentales. Este, a través del co-conspirador, Juan José García Mendoza, habría exigido repetidamente que Harvest le pagara sobornos para asegurar la aprobación de Venezuela. La demandante se negó a pagar y los acuerdos fracasaron. Harvest pudo vender sus activos con gran pérdida.

  Para recuperar la pérdida, Harvest presentó la demanda contra Ramírez, García y otros, el 16 de febrero de 2018, alegando violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), la Ley Sherman, la Ley Robinson-Patman y la Ley de Libre Empresa y Antimonopolio de Texas. En la misma fecha, Harvest notificó a Rafael Ramírez dejando una copia de la demanda y citación originales con un empleado doméstico que residía en la última y única dirección conocida de este en Nueva York, a saber, el 16 E. 81st Street, Nueva York, Nueva York 10028 (sede de la residencia que ocupan los Embajadores de Venezuela ante la ONU).

  Los demandantes sostienen que, indiscutiblemente, Ramírez tenía conocimiento real de la demanda cuando fue presentada y se comunicó con la prensa y su asesor legal al respecto. Sin embargo, el ex-zar petrolero venezolano optó por no responder ante la corte, aun cuando hizo referencias a ella a través de los medios de comunicación y sus redes sociales.

  El Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, finalmente determinó que era apropiado un fallo definitivo en rebeldía.

  Investigaciones llevadas a cabo por Harvest, revelaron que prácticamente Rafael Ramírez no tiene activos a su nombre que permitieran ejecutar la sentencia del tribunal.

  Harvest refirió al tribunal que cuando lograron ubicar a Rafael Ramírez, este se movió para anular la sentencia final por incumplimiento del Tribunal (1), alegando una buena causa bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 60 (b) (1), alegando que su incumplimiento no fue intencional. Además, resultaba nulo bajo la Regla 60 (b) (4) dado que la notificación del proceso fue insuficiente. También hizo la moción para desestimar la demanda bajo la Regla 12 (b) (2) por falta de contactos en Texas suficientes para jurisdicción personal, y bajo la Regla 12 (b) (5) por servicio insuficiente. En una moción complementaria, Ramírez buscó desestimar bajo las Reglas 12 (b) (6) o 12 (c) por no presentar un reclamo, sobre la base de que Harvest renunció a su derecho a demandarlo.

  Tras la moción de Ramírez de anular la sentencia en rebeldía, el Tribunal permitió pruebas escritas limitadas relacionadas con el servicio y la jurisdicción, cuyo período ya se había cerrado al momento de presentar estas respuestas. Las partes han confirmado que sus respuestas de descubrimiento y sus producciones están completas.

Los argumentos de Harvest

  Aseguró Harvest en su escrito que Rafael Ramírez no estableció las razones por las cuales la sentencia en rebeldía de la Corte debía ser anulada y recordó que, antes de dictar sentencia en rebeldía, el tribunal concluyó que el demandante había entregado debidamente la demanda a Ramírez, así como también que la Corte de Houston tiene jurisdicción personal sobre demandante.

 Consideró Harvest que no había una buena causa para anular la sentencia en rebeldía y que para rebatirla, Ramírez presentó solamente su simple declaración de que su incumplimiento no fue intencional. Para los demandantes, la evidencia lo desacreditaba “abrumadoramente”.

  En tal sentido, Harvest asegura que Ramírez recibió una notificación de la demanda el día en que se presentó y tuvo la capacidad de responder, pero decidió ignorarla. “Eso pone fin a la investigación de una buena causa. Si se anulara la sentencia, Harvest ahora sería menos capaz de descubrir evidencia para sustentar sus reclamos y no podría perseguir reclamos contra los otros acusados que desestimó para obtener la sentencia en rebeldía, circunstancias que no habrían existido si Ramírez hubiera aparecido oportunamente”.

  Y sentenció: “Ramírez también tendría más tiempo para ocultar activos”.

  Los demandantes aseveraron que la sentencia en rebeldía no era nula por notificación del proceso insuficiente. A la excusa de que ya no vivía en Nueva York como única base para desafiar el servicio, no era suficiente pues el Tribunal estaba al tanto de eso antes de encontrar el servicio adecuado y dictar sentencia en rebeldía. “El servicio en la antigua residencia de Ramírez era legalmente suficiente porque recibió una notificación real de la demanda. El servicio de Harvest en la última y única residencia conocida de Ramírez fue un esfuerzo de buena fe para cumplir con las reglas de servicio federal, y Ramírez ciertamente disfrazó su paradero”.

  En tercer lugar, Harvest considera que la Corte tenía jurisdicción personal sobre Rafael Ramírez antes de dictar la sentencia en rebeldía. Refirieron que una impugnación de jurisdicción personal debe plantearse como parte del primer movimiento defensivo significativo del acusado o se perdería.

  Por otra parte, los demandantes estimaron que, en todo caso, la Corte tenía múltiples bases de competencia personal que Ramírez no impugnó.

  Por todo ello, Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energía B.V. pidieron al tribunal rechazar la moción de Rafael Ramírez de anular la sentencia definitiva en rebeldía.

Las escaramuzas de Ramírez

  Los demandantes sostuvieron que Ramírez ignoró deliberadamente la demanda de Harvest, lo que ponía fin a la investigación de causa justificada.

  El expresidente de PDVSA, precisaron, no demostró que su negligencia fuera excusable, en lugar de intencional. Fue notificado el mismo día de la demanda y, de hecho, en esa misma fecha Ramírez habló con Associated Press (AP) del asunto.

  Además, Rafael Ramírez y su abogado fueron notificados de la demanda poco más de un mes después de que se presentó y el 27 de marzo de 2018, el abogado de Harvest lo informó de la misma a través de un mensaje de WhatsApp a su número de teléfono de Nueva York. También, en sus respuestas al interrogatorio, Ramírez dijo que fue notificado de la demanda a través de un mensaje de texto de WhatsApp de una persona que supuestamente era el abogado de Harvest, y que "remitió el texto a su abogado".

  Subrayaron que Ramírez pudo responder oportunamente y no lo hizo a pesar de estar en conocimiento de la demanda. Destacaron que la evidencia refutaba los argumentos de Ramírez, toda vez que habla el idioma inglés y participó en innumerables oportunidades en las redes sociales sobre el tema, así como en nueve entrevistas.

Ramírez disfrazó intencionalmente su paradero

  Harvest advirtió al tribunal que Rafael Ramírez ocultó su paradero deliberadamente.

  Indicaron que la evidencia reveló que Ramírez ocultó su residencia al momento del servicio, lo que respalda aún más la conclusión de que el servicio en la dirección de Nueva York, incluso si se trataba de una residencia anterior, era apropiado.

   Categóricamente aseguraron los demandantes que Ramírez “nubló su paradero” en el momento del servicio y lo continuaba haciendo al momento en que este reclamo se hacía ante el tribunal. De hecho, en su declaración en apoyo de su moción para anular la sentencia en rebeldía, estuvo dispuesto a especificar solo el continente de su presunta residencia y afirmó que ningún personal de la embajada venezolana sabía dónde estaba.