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jueves, 3 de septiembre de 2020

Corte del Sur de la Florida autoriza participación de co-abogado en el proceso contra Carmelo Urdaneta Aquí

Por Maibort Petit

   El 31 de agosto de 2020, Victoria R. Morris de la firma de abogados Kobre & Kim LLP, solicitó a la Corte del Distrito Sur de la Florida dictar una orden que permita a Robin William Allen George Rathmell, comparecer ante dicho tribunal en nombre del demandado, Carmelo Urdaneta Aquí, para todos los fines relacionados con los procedimientos al caso Nº 1:18-cr-20685-KMW donde se le acusa de delitos de corrupción y lavado de dinero.

   Carmelo Urdaneta Aquí es acusado de formar parte de una trama en la que participaron: Francisco Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer alias "Chente", Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera. En este caso también son señalados Raúl Gorrín y los hijos de Cilia Flores.

   Los abogados de Urdaneta Aquí hicieron la solicitud, sustentándose en la Regla Local 4 (b) de las Reglas Especiales que Rigen la Admisión y el Ejercicio de los Abogados del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la solicitante propuso la admisión pro hac vice de Robin William Allen George Rathmell, con el propósito de comparecer como co-abogado en nombre del demandado.

  Se expuso que Robin William Allen George Rathmell no está autorizado para ejercer en el Distrito Sur de Florida, es miembro acreditado de los colegios de abogados de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito y de las Cortes de Distrito de los Estados Unidos para el Sur y Distritos del este de Nueva York. Ha sido admitido como consultor legal especial en el Distrito de Columbia.

 A su vez, Victoria R. Morris, es miembro acreditado del Colegio de Abogados de Florida y del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mantiene una oficina en dicha entidad para el ejercicio de la abogacía y está autorizada a presentar su solicitud a través del sistema de archivo electrónico del Tribunal. Movant consiente en ser designado como miembro del Colegio de Abogados de Tribunal del Distrito Sur de la Florida con quien la corte y la representación legal contraria, pueden comunicarse con respecto a la conducción del caso.

  El juez del Distrito Sur de Florida, Kathleem M. Williams, otorgó la Moción de Comparecencia que permite a Robin William Allen George Rathmell, comparecer y participar en el proceso en nombre del demandado Carmelo Urdaneta Aquí.

  

miércoles, 2 de septiembre de 2020

Tres posibles móviles del sicariato del contratista de PDVSA, Leonardo Santilli

 La camioneta en la se encontraba Santilli estaba blindada en todas las puertas, con excepción del techo que fue por donde entraron los ocho tiros que acabaron con su vida.

Por Maibort Petit

   Hasta este miércoles se manejan tres móviles del asesinato por encargo del contratista de PDVSA que fue acusado de delitos de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, Leonardo Santilli, ocurriendo este martes 1 de septiembre en Lecherías, estado Anzoátegui. 

  Fuentes vinculadas al caso informaron a Venezuela Política que hasta el momento se manejan las siguientes hipótesis:

1) El occiso tenía bajo su nombre y control un monto de dinero que pertenecía a un grupo de exfuncionarios de Petróleos Venezuela,  encabezados por Pedro León. Había una enorme presión sobre Santilli para que regresara los fondos que, al parecer, son los que fueron congelados por el gobierno de los Estados Unidos.

2) Santilli formaba parte de una sociedad que posee una mina de oro en el Callao, y un grupo de delincuentes que ejercen control en la zona estaba extorsionando a los asociados para que pagaran una vacuna.

3) Había sido amenazado por sus socios porque se habían enterado que estaba en proceso de negociación con las autoridades de los Estados Unidos para entregar información que comprometía a otros miembros que participaron en el esquema de corrupción que es acusado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  El excontratista se transportaba en una camioneta blindada en las puertas con excepción del techo, que fue justamente por donde entraron los 8 disparos que pusieron fin de a su vida. Los asesinos conocían las condiciones del vehículo.

 Santilli era natural de Maracaibo, estado Zulia, casado y con tres hijas.

El caso de lavado de dinero en EE. UU.

    Leonardo Santilli, un ciudadano italo-venezolano, habría participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, de acuerdo a los documentos federales de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Santilli es acusado de tres cargos: 1) Conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  En la acusación, aparece un declaración del agente de investigación del Homeland Security Investigation  (HSI) Shauna L. Willard, encargado de hacer la investigación de lavado de activos contra el demandado, quien es acusado de haber violado el Código de los Estados Unidos, en su Título 18.

  Leonardo Santilli es el dueño de las empresas venezolana Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp.,  (registrada en  el Sur de Miami)  y A&M Support Inc. (registrada en en Weston, Florida). 

La trama de corrupción

  A finales de 2017, el gobierno federal abrió una investigación sobre corrupción en PDVSA y sus empresas filiales por lavado de dinero, corrupción en bancos y compras de inmuebles en el Miami,  Florida. Durante en curso de las investigaciones, las autoridades identificaron $1.000 millones en pagos de PDVSA y sus filiales a unas cuentas de banco de contratistas venezolanos en el Sur de la Florida.

  La investigación reveló una enorme escala de corrupción que envolvía contratos con sobreprecio.  Todos los casos seguían el siguiente esquema: Los funcionarios de PDVSA aprobaban contratos  con sobreprecios (4 ó 5 veces más que el precio de mercado), el contratista pagaban sobornos a los oficiales de PDVSA, a los del gobierno de Venezuela o a los militares, que ayudaban a obtener los contratos.A su vez, los contratistas pagaban los sobornos por medio de testaferros o empresas de maletín para esconder la naturaleza de la transacción y el delito como tal.

  Los investigadores lograron obtener los récords de las cuentas bancarias de las empresas de Leonardo Santilli, correos electrónicos, contratos de las compañías con PDVSA y sus subsidiarias y hojas de contabilidad donde se llevaba control del pago de los sobornos.

  La acusación señala que el acusado recibió contratos corruptos de Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa, Petromonagas por un total de$146.600.000.

  Los registros bancarios mostraban que las compañías de Santilli compraban bienes (repuestos, partes y equipos) a las empresas establecidas en Estados Unidos para las empresas subsidiarias de PDVSA, usando una tercera parte en de lo que recibía. El dinero restante lo transfería a su familia, a su cuenta personal y a otras cuentas corporativas, compañías de maletín y a varios individuos venezolanos que no tenían conexión con el acusado o sus empresas.

  Santilli usó cuentas en el Banco Mercantil. Uno de los ejemplos que aparece en la acusación fue hecho el 16 de septiembre de 2016. Una de las empresas de Santilli obtuvo una orden de compra de Petropiar por $9.300.000 para comprar 10 hawkjaws por apróximadamente $2.500.000. De acuerdo a la orden de Petropiar, las empresas de Santilli cobraron a la petrolera cuatro veces más el precio. La empresa manufacturera de los hawkjaws indicó que había hecho los envíos directo a PDVSA.

  Otra transacción descrita corresponde a Petrocedeño en diciembre de 2015, para comprar nueve válvulas floating por apróximadamente $5.500.000. El costo de las mismas en el mercado eran de $1.100.000. y el acusado le cobró a la petrolera cinco veces más el precio de las mismas.

  Otra transacción ocurrió en octubre de 2015, el acusado compró para Sinovensa 55 bidones de aceite por apróximadamente $9.200.000. El costo de los bidones era de $2.000.000.

  En febrero de 2015, el acusado recibió un correo electrónico de uno de los asociados de su empresa, con una hoja de contabilidad donde aparecen los pagos de los sobornos, los nombres de los beneficiarios, las fechas y los montos.

  En la hoja aparece registrado que en el 22 de diciembre de 2014 el acusado pagó a  Finadco Overseas Corporation unos  $101.270 y el beneficiario era un ex-funcionario de Petrocedeño. La transacción se hizo a una cuenta de banco en Curazao desde una cuenta de un banco de Miami.

  En enero de 2015, se transfirieron $100.000 a AJG Suministros y Servicios Integrales a beneficio de un funcionario de Petropiar. Los fondos pasaron de una cuenta a otra en los Estados Unidos.

  Uno de los testigos cooperantes de este caso, quien está asociado a Santilli, tenía acceso a las hojas de contabilidad de los sobornos pagados por el acusado. Se usaban apodos, uno de ellos "Leo" para el pago de coimas del acusado y "Viejo" en referencia a un funcionario senior de PDVSA. Las hojas reflejan pagos por $1.8 millones en beneficio del funcionario de PDVSA, incluyendo un monto extra de $345.000. para la compra de una casa en la isla de Margarita en Venezuela. El dinero para la compra de la casa del oficial corrupto se le envió el 16 de mayo de 2016 desde una cuenta bancaria de Miami a una en Curazao.

  Asimismo, aparecen reflejados otros gastos del acusado, que incluyen pagos a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA, catalogadas como comisiones. Hay 72 pagos por, aproximadamente, $7.2 millones a beneficio de varios individuos. El testigo cooperante identificó a algunos de esos beneficiarios como funcionarios de las subsidiarias de  PDVSA que entregaron los contratos.

 En los récords, aparece una transacción de $168.000 que fue entregada al funcionario (2) que era el exgerente de Petropiar. Se le pagó a través de la transferencia a favor de Inversiones Jeur y el primer nombre. La operación se hizo desde un banco de Estados Unidos a una cuenta de Inversiones Jeur en Panamá el 19 de agosto  de 2015. En ese período se pagaron aproximadamente $850.000 pagos a esa misma empresas desde cuentas de Miami.

  También pagó $1.4 millones en la compra de una casa para un funcionario del Departamento de Procura de Petrocedeño. Primero se hizo un pago de $1.000.000. de una cuenta de banco en Miami a una de un individuo venezolano, (el 1 de marzo de 2016) y el resto lo hizo a través de una empresa fantasma.

  El testigo identificó un pago de $15 mil a un funcionario de Petrocedeño que ahora colabora con la justicia (CW3), quien confirmó que recibió pagos de sobornos por parte del acusado por ayudarlo a obtener los contratos.

 Otro testigo (CW4), quien era funcionario del departamento de Procura de Petrocedeño, dijo que había recibido $220.000 en sobornos por parte del acusado para que se le otorgaran los contratos a sus compañías. Las transacciones se hicieron en dos pagos en noviembre y diciembre de 2015 a una cuenta fuera de Estados Unidos.

  Otro testigo en este caso, (CW5), quien era funcionario del Departamento legal de Petrocedeño, acordó recibir sobornos del acusado por haber otorgado contratos de las subsidiarias de PDVSA a las empresas de Santilli por el orden de $201.180, en enero de 2015.

  El acusado transfirió grandes montos de dinero recibidos de PDVSA a su cuenta personal, entre los cuales destaca uno hecho el 13 de febrero de 2017 de $5.000.000, de una cuenta de HSBC Private Bank a una cuenta a nombre de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas controlada por su familia.

  El 8 de agosto de 2017, hizo otra operación para transferir $5.000.000  a la misma cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.

   En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $44.7 millones.

martes, 16 de junio de 2020

Exgerente de PDVSA, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, empezó a pagar su condena en una cárcel en Bastrop, Texas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El exgerente de PDVSA Servicios en Houston, sentenciado por haber recibido sobornos millonarios por entregar contratos petroleros con sobreprecio a contratistas corruptos, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, comenzó a cumplir su condena en el Instituto Federal de Corrección (Federal Correction Institution, FCI, Bastrop, una cárcel federal ubicada en Bastrop, a unas 30 millas al suroeste de Austin, Texas. 
    Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz estará tras las rejas hasta el 20 de Mayo del 2025, en un  campamento de mínima seguridad donde está recluidos unos 37 prisioneros federales. La prisión se encuentra en una zona adyacente a la cárcel principal donde hay cerca de 1,200 prisioneros. 

La condena y sus crímenes


   Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz fue condenado a 70 meses de prisión, que deberán ser servidos consecutivamente. El exgerente de PDVSA, fue procesado criminalmente por haber recibido millonarios sobornos de contratistas corruptos para lograr contratos con la petrolera venezolana de manera fraudulenta, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

  Gravina Muñoz también fue sentenciado por haber obstruido la justicia, durante el tiempo que colaboraba con los fiscales en una investigación que involucraba al contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino, quien fue procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero con contratos de PDVSA y CITGO y será sentenciado en el mes de agosto de este año.

   Cuando fue condenado, el juez Gray H. Miller ordenó a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz hacer una restitución de $214,000 al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS). 

   La condena de Gravina Muñoz incluye un régimen de libertad condicional por 3 años, una vez concluyan los 6 años de prisión obligatoria que se iniciaron esta semana.

  Gravina Muñoz trabajaba con el contratista corrupto, José Manuel González Testino, cuando fue arrestado. Luego de declararse culpable, pasó a colaborar con los fiscales federales de Houston para lograr beneficios procesales. Durante su colaboración cometió otro delito federal, cuando decidió informar González Testino que era objeto de una investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Una vez que González Testino supo que lo estaban investigando por sus operaciones fraudulentas en contratos con PDVSA y CITGO, intentó huir a Venezuela, y también fue arrestado por las autoridades en el aeropuerto de Miami.

  Fue entonces cuando Gravina Muñoz fue acusado de delitos de obstrucción a la justicia.

  Los fiscales acusaron a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz de haber ocultado a las autoridades que seguía trabajando para José Manuel González Testino cuando estaba cooperando con el gobierno de los Estados Unidos.

El caso

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, residente de Fort Bend County,, en Texas, es un ciudadano venezolano —nacionalizado estadounidense— que trabajó en PDVSA desde 1998 hasta marzo de 2014 aproximadamente. Durante ese tiempo, Gravina Muñoz ocupó varios cargos en la petrolera, incluyendo la gerencia de compras de equipos y servicios.

  En los documentos federales dice que su trabajo de alta gerencia, Gravina Muñoz era responsable de manejar las subastas de contratos para los proveedores de servicios al entonces gigante petrolera venezolano.

  Fue acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, en operaciones que se realizaron desde el inicio de 2007 hasta al menos 2014, y que facilitaron a los contratistas que participaron en el megafraude, cometer ofensas contra los Estados Unidos, amparando actividades y operaciones ilegales que afectaron el comercio internacional.

  Los contratistas (Roberto Rincón, Abraham Shiera, José Manuel González Testino, entre otros) pagaron a Gravina Muñoz sobornos para lo lograr la asignación de contratos de la PDVSA, violando las prácticas y normas de la empresa.

  El 12 de abril de 2010,  uno de los contratistas transfirió a la cuenta de banco de otro de los contratistas, USD 164,570,63 para pagar el remanente de la hipoteca de la residencia de Gravina Muñoz en Texas, a cambio que este le otorgara a los conspiradores jugosos contratos.

   El 7 de mayo de 2010,se  transfirió a favor de Gravina Muñoz USD 135,429  como parte de los sobornos.

  El 28 de enero de 2011, uno de los empresarios transfirió a una cuenta en Panamá de uno de los contratistas USD 15,000. como parte de los sobornos. Otros USD 15,000 fueron transferidos a su favor el 6 de junio de 2011 para que siguiera haciendo las operaciones fraudulentas a favor de las empresas de los contratistas. Asimismo, se le pagó el 29 de enero de 2012 USD 6.688.22 para el pago de servicios contables de una casa a nombre de Gravina Muñoz.

  Entre muchas otras transacciones, aparecen unas operaciones hechas el 3 de enero de 2014 por USD 15.000,00  desde una cuenta en Panamá propiedad de un contratista a la de Gravina en Texas.

   En la acusación federal se señala que un contratista (1) dueño de varias empresas proveedoras de equipos y servicios de PDVSA. Otra el 20 de marzo de 2014, donde Gravina Muñoz sacó de una cuenta conjunta USD 93,267.87 para pagarlo a uno de sus familiares.

  Gravina Muñoz también fue acusado de Fraude y falsa declaración  en sus impuestos del año fiscal 2010.

jueves, 21 de mayo de 2020

La trama de corrupción en las empresas mixtas de PDVSA: Rangel-Orsoni-Santilli el trío que desfalcó a Petrocedeño

   El sistema financiero y el mercado inmobiliario de la Florida fue utilizado para darle legitimidad a fondos provenientes de sobornos para obtener contratos en la petrolera venezolana.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinaron la existencia de una trama de corrupción dirigida a utilizar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU. para lavar dinero proveniente de sobornos pagados a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales —especialmente las empresas mixtas—por parte de empresarios, con el objetivo de lograr la adjudicación de contratos de adquisición con sobreprecios. 
  Esto ha derivado en una serie de demandas que cursan en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde la fiscalía de dicha jurisdicción ha imputado a Lennys Rangel, exgerente de Procura de Petrocedeño; a Edoardo Orsoni, exconsultor jurídico de PDVSA y encargado de revisar y aprobar las contrataciones de la referida empresa mixta; y a Leonardo Santilli, un empresario italo-venezolano que supuestamente pagó millonarias coimas para lograr las negociaciones fraudulentas que significaron enormes pérdidas para el erario público venezolano.

 Tras verse descubierta por las autoridades de los Estados Unidos, Lennys Rangel acordó colaborar con la justicia en este caso, con lo cual aspira a lograr una sentencia menos severa.

La trama

  El esquema descrito en las acusaciones refiere que los exfuncionarios de PDVSA —Rangel y Orsoni— junto a Santilli describe la corrupción sistémica que opera en el régimen venezolano y, aunque la pandemia del coronavirus a ralentizado las acciones, el proceso judicial continúa dispuesto a descubrir todas las aristas del gobierno criminal de Nicolás Maduro.

  Rangel y Orsoni conspiraron, de acuerdo a lo refieren las acusaciones en su contra, para lavar millones de dólares de sobornos en EE. UU., tanto en las instituciones financieras, como mediante la compra de condominios en Miami. La exgerente de Procura de Petrocedeño presuntamente recibió más de USD 5 millones a cambio de otorgar los contratos, mientras el consultor jurídico habría recibido por lo menos USD 4.500.000 y dos condominios en Miami.

La demanda contra Rangel

  Ante la Corte del Distrito Sur de la Florida fue presentado el 4 de noviembre de 2019 el caso identificado con el número 19-20726 en el que la fiscal del referido distrito de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan, acusa a Lennys Rangel, quien ocupó varias posiciones dentro empresas subsidiarias de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), entre ellas, Petrocedeño S.A., una empresa mixta adscrita a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), cuya composición accionaria está integrada por PDVSA, con 60 por ciento de las acciones, la francesa Total Oil Gas con 30,3 por ciento y la noruega Statoil con 9,7 por ciento. En la citada empresa mixta, Rangel se desempeñó como gerente de Procura, posición por la cual se califica en la demanda como un "funcionario extranjero", de acuerdo a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Título 15, Código de Estados Unidos, Sección 78dd-2 (h) (2).
  La demanda involucra a Rangel, a PDVSA a través de su subsidiaria Petrocedeño S.A, y un tercero al que denomina “Contratista 1”, quien controlaba varias empresas en Estados Unidos, algunas de ellas registradas en el estado de la Florida, las cuales suministraban bienes o servicios a PDVSA y sus filiales. Este sería el contratista venezolano, Leonardo Santilli, quien “era un funcionario, director, empleado y agente de una ‘preocupación doméstica’, según los términos de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd- 2 (h) (1)”.

La conspiración para lavar dinero

  Refiere la demanda que, desde marzo de 2015, o en fecha aproximada, hasta al menos 2017, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, Lennys Rangel, conspiró con el Contratista 1, entre otros, para cometer delitos contra los Estados Unidos, a saber, una transacción financiera con el conocimiento que involucró el producto de una actividad ilegal. Procuraba mediante esta transacción para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal.

  Igualmente, Rangel conspiró para transportar, transmitir y transferir fondos desde EE. UU. a un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de actividades ilegales especificadas.

    Las actividades ilegales a las que se refiere la demanda, serían: (a) soborno de un funcionario extranjero; y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela.
  Se especifica en la acusación que Lennys Rangel y otros co-conspiradores, entre ellos el “Contratista 1”, llevaron a cabo transacciones financieras para ocultar, disfrazar y promover pagos de sobornos en beneficio de la demandada, con el objetivo de obtener una ventaja ilegal e inadecuada en la obtención y retención de contratos de adquisición con PDVSA y sus subsidiarias.

  Para lograr este objetivo, Lennys Rangel y sus co-conspiradores, recibieron instrucciones de altos funcionarios de PDVSA para ayudar y agilizar la adjudicación de contratos de Petrocedeño, lo que les produjo beneficios a dichos altos funcionarios, tanto de PDVSA como fuera de ella. 

  Rangel acordó recibir más de USD 5.000.000 en sobornos de contratistas conspiradores —incluido el Contratista 1— a cambio de su asistencia para obtener una ventaja inadecuada en relación con la adjudicación de los contratos de adquisición de Petrocedeño.

  Lennys Rangel y los contratistas del conspirador —entre ellos el Contratista 1—acordaron ocultar, como en efecto lo hicieron, la naturaleza, la fuente y la propiedad de los sobornos pagados a Rangel al ordenar que se hicieran a cuentas bancarias mantenidas a nombre de sus familiares y amigos.

  Del mismo modo, Rangel se valió de los ingresos de los sobornos para su beneficio personal, como la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida.

  Tanto Lennys Rangel como sus co-conspiradores llevaron a cabo, o las provocaron, una serie de acciones en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares.

  Así tenemos que en, o alrededor de, 2015, durante una reunión en Venezuela en la casa de un contratista, Rangel fue instruida por parte de altos funcionarios de PDVSA, para otorgar a contratistas específicos, contratos de adquisición con Petrocedeño.
  Asimismo, el 24 de marzo de 2016, el Contratista 1 hizo que transfirió USD 50.000 a la cuenta bancaria de una compañía registrada en Florida, desde la cuenta de otra empresa registrada en dicha entidad estadounidense, los cuales estaban destinados a Lennys Rangel.

  El 1º de septiembre de 2016, un contratista conspirador, cuya identidad se conoce en los Estados Unidos, transfirió USD 1.034.546 desde una cuenta bancaria en el sur de Florida a una cuenta en Panamá controlada por un pariente de Lennys Rangel.

  También el 5 de diciembre de 2017, Rangel hizo que se realizara una transferencia bancaria de aproximadamente USD 75.500 de la cuenta de Panamá a una cuenta bancaria en Miami, Florida, los cuales estarían destinados a la compra de un apartamento en el área de Brickell.

  Todas estas acciones configuraron una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371.

Las consecuencias

  La demanda establece las consecuencias que las actuaciones de Lennys Rangel traerán de ser declarada culpable, entre ellas la confiscación en los Estados Unidos de todos los bienes —reales y personales— habidos con los ingresos atribuibles a sus delitos.

  Se especifica que la propiedad sujeta a decomiso incluye, aunque no se limita a: dinero por un monto de USD 5.000.000; unidad de condominio 2015 en 1001 S. Miami Avenue, Miami, Florida 33130; USD 134.955,50 en moneda estadounidense de la cuenta de Banesco Panamá identificada con el número 201801064092 a nombre de Oil & Gas Supply Services S.A.; los ingresos netos de la venta de bienes inmuebles ubicados en Caracas, Venezuela.

   Los bienes en Venezuela a que se hace referencia son dos parcelas de terreno en la urbanización Altamira, municipio Chacao, estado Miranda, así como la edificación allí levantada, distinguida con el número 32, antes conocida como quinta Cumaná, ubicada en la avenida San Juan Bosco; y la otra identificada con los números 3-717, ubicada en la calle Terepaima, urbanización el Morro, Tercera Etapa, Municipio Urbaneja, Estado Anzoátegui.

  Se advierte que si cualquiera de los bienes sujetos a decomiso, no puede ubicarse en el ejercicio de la debida diligencia; ha sido transferido o vendido o depositado con un tercero; ha sido colocado fuera de la jurisdicción de la corte; ha disminuido sustancialmente en valor; o ha sido mezclado con otras propiedades que no pueden dividirse sin dificultad, Estados Unidos tendrá derecho a la confiscación de bienes sustitutos.

La demanda contra Edoardo Orsoni

  El 1º noviembre de 2019, la fiscalía del Distrito Sur de la Florida acusó a Edoardo Orsoni ante la Corte de dicho distrito estadounidense y lo señaló de conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.

  En la exposición del caso, distinguido con el número 19-20725, se indica que el acusado es un ciudadano venezolano que residió en Venezuela hasta 2017 donde ocupó varios cargos en PDVSA y sus subsidiarias entre 2007 y el referido año 2017, incluido. Entre estas posiciones dentro de la petrolera estatal venezolana, se desempeñó como gerente legal de Petrocedeño, encargado de todas las operaciones de PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco y como consultor jurídico de PDVSA. Desde 2012, Orsoni formó parte de un comité que revisó y aprobó los contratos de Petrocedeño. De acuerdo a la FCPA, Edoardo Orsoni es un "funcionario extranjero".

La conspiración

  Expone la fiscalía que, en el Distrito Sur de la Florida, Edoardo Orsoni, entre 2012 y 2016, a sabiendas y con intención, conspiró y acordó con otras personas en los Estados Unidos, incluido el “Contratista 1”, para cometer delitos contra de EE. UU.

  Específicamente, se le señala conspirar para llevar a cabo una transacción financiera a sabiendas de que esta involucraba el producto de una actividad ilegal y conociendo que dicha transacción había sido diseñada para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de dicha actividad ilegal, violando lo establecido en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i).

  Igualmente, se acusa a Orsoni de conspirar, con conocimiento de ello, para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos a un lugar fuera del país, así como internamente, con la intención de promover la realización de actividades ilegales en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  “Se alega además que la actividad ilegal especificada es la siguiente: (a) soborno de un funcionario extranjero, una violación grave de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2, y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el soborno de un funcionario público, según lo dispuesto por el Título 18, Estados Unidos Código, Sección 1956 (c) (7) (B) (iv)”.

El propósito de la conspiración

  Se explica en la demanda que el propósito de la conspiración era que Edoardo Orsoni y otros contratistas conspiradores —incluido el Contratista 1— realizaran transacciones financieras que ocultaran, disfrazaran y promovieran los pagos de sobornos realizados en su beneficio (de Orsoni).

  Todas estas acciones estaban dirigidas al objetivo de que los conspiradores. —entre ellos el Contratista 1— obtuvieran los contratos de adquisición de PDVSA y sus subsidiarias.

   Edoardo Orsoni recibió instrucciones de altos funcionarios de PDVSA para garantizar que contratistas específicos recibieran contratos de Petrocedeño, lo que finalmente produjo beneficios para estos altos funcionarios de la estatal petrolera venezolana.

  Igualmente, Orsoni acordó recibir sobornos de contratistas co-conspiradores —incluido el Contratista 1— a cambio de facilitar que dichos contratistas obtuvieran contratos o recibieran pagos de Petrocedeño y otra filial de PDVSA.

  También, Edoardo Orsoni y los contratistas co-conspiradores acordaron ocultar, y de hecho ocultaron, la naturaleza, fuente y propiedad de los sobornos, al ordenar que los pagos de estos se hicieran a cuentas bancarias corporativas conectadas a Orsoni, pero no a su nombre.

  Orsoni y un co-conspirador cuya identidad es conocida en los Estados Unidos, utilizaron los ingresos de los sobornos enviados por los contratistas co-conspiradores, para realizar transacciones financieras personales, incluida la compra de bienes inmuebles en el sur de Florida.

Las actuaciones

  Se informa que el 28 de octubre de 2014, o en fecha aproximada, Edoardo Orsoni hizo que un contratista conspirador transfiriera aproximadamente USD 749.960 a una cuenta bancaria en Portugal para en su beneficio.

   Alrededor del 27 de enero de 2015, Orsoni hizo que el Contratista 1 transfiriera aproximadamente USD 201.180 desde una cuenta bancaria de Miami, perteneciente a una compañía registrada en Florida, a una cuenta bancaria en el Caribe para su beneficio.

  El 16 de diciembre de 2016, Edoardo Orsoni hizo que se ejecutaran las escrituras de dos propiedades ubicadas en 1080 Brickell Avenue en Miami compradas con el producto de los pagos de sobornos.

La exigencia

  De ser declarado culpable, Edoardo Orsoni perdería en Estados Unidos todos los bienes obtenidos de los ingresos atribuibles a dicho delito que le imputa.

  Entre estos bienes tenemos: dinero por un monto de al menos USD 4.500.000; bienes inmuebles ubicados en 1080 Brickell Avenue, la unidad 4100 y la unidad 4105, en Miami, Florida 33131.

  Si alguno de los bienes estuviera sujeto a decomiso, como resultado de cualquier acto u omisión del acusado, Estados Unidos tendrá derecho a la confiscación de bienes sustitutos.

La demanda contra Leonardo Santilli

   La cadena de acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida cierra con la más reciente de las demandas derivadas de la investigación a la que hemos venido haciendo referencia en esta entrega, con la acusación formulada en marzo de 2020, contra el empresario italo-venezolano, Leonardo Santilli, a quien imputó de lavado de dinero al haber supuestamente pagado sobornos a funcionarios de PDVSA, con el objetivo de obtener contratos con sobreprecio y ocultar las ganancias en Estados Unidos[1].

  Específicamente, a Santilli se le acusa de tres cargo, a saber, conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; instrumentos para lavado de dinero; y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  La acusación deriva de una investigación desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional sobre las operaciones de corrupción que se han llevado a cabo en el seno de PDVSA y sus filiales y que utilizarían el sistema financiero y el mercado de bienes raíces de la Florida.

   De acuerdo a la demanda, Santilli habría recibido, entre 2014 y 2017, alrededor de USD 146,6 millones en contratos para suministro equipos, de empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco.

    Según la fiscalía, por lo menos en tres casos, las empresas mixtas de PDVSA pagaron a Santilli sobreprecios de hasta 4 o 5 veces los precios del mercado, por los bienes que éste entregó a la petrolera venezolana.

   Leonardo Santilli, de acuerdo a lo que reza la acusación, controla en Venezuela la empresa Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. Entretanto, en Estados Unidos dirige SGO Group Corp y A&M Support Group Inc., la primera es una oficina virtual ubicada en Weston, Florida, mientras que la segunda, funciona en una dirección residencial del sur de Miami. Estas empresas tenían cuentas bancarias corporativas en varios bancos en el sur de Florida.

CITAS

[1] Venezuela Política. “Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.”. 30 de abril de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/04/leonardo-santilli-el-contratista-de.html

jueves, 14 de mayo de 2020

Fiscalía de EE. UU. no considera a PDVSA como víctima de los esquemas de corrupción que se juzgan en el tribunal de la Florida sino como cómplice

   La moción de PDVSA, en la que pide ser declarada 'víctima' de la trama de corrupción y lavado de dinero del caso de [Francisco Convit Guruceaga, Jose Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera] "no tiene argumentos válidos", según explicó la Fiscalía y por ello el tribunal debe negar en su totalidad dicha petición.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   El gobierno de los Estados Unidos se opuso a que Petróleos de Venezuela SA (PDV USA) pase a ser considerada víctima de la trama de corrupción que envuelve a varios exfuncionarios y contratistas de la petrolera estatal en la Corte del Distrito Sur de la Florida. El estatus le permitiría a la petrolera obtener parte de los beneficios correspondientes a los fondos incautados por las autoridades estadounidenses, basado en el Estatus de Víctima y Restitución. 
  La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida argumentó, en una moción firmada por la fiscal Adriana Fajardo Orshan, que "la petición de PDVSA debe negarse porque la petrolera es un instrumento estatal, que no califica como víctima bajo la Ley de Derechos de Víctimas del Crimen (CVRA)".

  La Fiscalía sostienen que PDVSA como "instrumento estatal" no es elegible para reclamar en calidad de víctima ningún beneficio, porque fue "cómplice de los esquemas de soborno y lavado de dinero que son el tema de este enjuiciamiento". 

  La fiscal Fajardo argumentan que la petrolera no califica porque "existe complicidad de PDVSA en el esquema de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios que son objeto de este enjuiciamiento". Se refiere al caso vinculado a Abraham Ortega y los otros co-conspiradores.

  La moción de la fiscal Fajardo es en respuesta a una solicitud interpuesta por los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, que intentaron convencer al tribunal que PDVSA y PDV USA debían ser consideradas víctima de la trama de corrupción, que implicaría poder entrar en la restitución de más de $4500 millones de activos que fueron confiscado por el gobierno de los Estados Unidos en los casos judiciales relacionados con lavado de dinero de Petróleos de Venezuela.

  Los tribunales estadounidenses y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han confiscado al menos unos $1 mil millones a funcionarios y empresarios corruptos venezolanos. Esos fondos representan un enorme potencial que podría contribuir a la reconstrucción de Venezuela, así como también para el pago de acreencias de la República que sigue controlada por el considerado régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos y más de 50 naciones.

  La Corte del Distrito Sur del estado de la Florida rechazó la moción de los abogados del gobierno interino, al igual que ocurrió con una solicitud que hicieran los representantes legales de la administración de Nicolás Maduro, ante el juez Gray Miller de la Corte del Distrito Sur de Texas en 2016, en la cual se pidió que PDVSA fuera reconocida por el tribunal como víctima para poder reclamar la restitución de los capitales congelados en la trama de corrupción  encabezada por los contratistas Roberto Rincón y Abraham Shiera. 

  En 2017, el la Corte federal de Texas decidió que los casos y las incautaciones aún no se habían completado, y negó la solicitud calificándola como "prematura" alegando que "era demasiado pronto para decidir sobre el tema".

  Los representantes de Maduro intentaron una acción similar en la Corte del Distrito Sur de la Florida donde cursan una serie de casos de corrupción. Pero tras el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de Juan Guaidó como presidente interino, el procurador designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández asumió la moción de la solicitud  de reconocimiento de PDVSA como víctima. 

  En su Memorando de Derecho de Apoyo, Hernández expone por qué PDVSA debería tener derecho a la condición de víctima y cómo el monto de la restitución debería ser de aproximadamente unos $ 560,033,118.19.

    La moción de respuesta de la fiscal Fajardo señala que el esquema de "lavado de dinero" alegado en al demanda no causó ningún daño a PDVSA, porque los tribunales han considerado que el lavado de dinero perjudica al público en general, a los venezolanos como tales, y  no a una persona específica.

 "PDVSA no tiene derecho a la restitución bajo la MVRA por cualquier presunto daño resultante de la conducta que no fue acusada o por presuntos daños no causados ​​directa y próximamente por la  conducta criminal de Abraham Edgardo Ortega y de los otros conspiradores", dice el documento de la fiscalía. 

  Los fiscales pidieron al juez denegar la solicitud alternativa de PDVSA para una "audiencia de restitución", ya que la misma se basa en la presunción errónea de que los Estados Unidos no cuestiona la posición de la junta directiva ad hoc de PDVSA, según lo designado por presidente Interino Juan Guaidó, o sus representantes legales para presentar su Moción de Estatus de Víctima y Restitución.

  La fiscalía sostiene que PDVSA no es una víctima con derecho a restitución y alega que no es necesario mostrar pruebas adicionales para determinar que "PDVSA no tiene derecho como víctimas porque participó en la conducta corrupta generalizada y porque no puede mostrar un vínculo causal directo y próximo entre la conducta vinculada a la demanda vinculada  y cualquier daño presuntamente sufrido por PDVSA". Por ello, la moción de PDVSA debe ser rechazada en su totalidad.

  La fiscal Fajardo sostiene que la audiencia probatoria solicitada por PDVSA fue injustificada porque "la petrolera ha reconocido que actualmente no tiene más evidencia para presentar en apoyo de su reclamo de condición de víctima y su moción se basa en hechos ya contenidos en los récords". 

  En el documento se asegura que en la moción interpuesta por los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, se explica que “los representantes reconocidos de PDVSA no tienen acceso a registros para analizar los detalles de las transacciones" en parte porque el ex presidente Nicolás Maduro Moros "continúa manteniendo un control sobre ciertos organismos gubernamentales dentro de Venezuela, entre los cuales se encuentra PDVSA".

  El acceso a más evidencia es poco probable que cambie en el futuro cercano. Por lo tanto, para llevar a cabo una audiencia probatoria en este asunto, con todas las implicaciones de la política exterior concomitantes, que "complique y prolongue la sentencia [Abraham Ortega] a un grado en el que la necesidad de restituir a cualquier víctima se ve compensada por la carga del proceso de sentencia" de unos 18 años. En esas circunstancias, la MVRA instruye que "no es necesario proporcionar restitución". 

Algunos elementos de la moción 

  El documento destaca que durante casi una década, las autoridades de los Estados Unidos han investigado y procesado a varios individuos [en investigaciones separadas de soborno y lavado de dinero] que involucran a PDVSA y sus subsidiarias. Hasta la fecha, Estados Unidos ha anunciado cargos contra 15 contratistas de PDVSA que han pagado sobornos, 11 funcionarios de PDVSA que reciben sobornos y 5 intermediarios. 

  Por ahora, 12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, 8 funcionarios de PDVSA que reciben sobornos y 1 intermediario se han declarado culpables en relación con las investigaciones en curso de los Estados Unidos sobre corrupción en PDVSA. Las presentaciones públicas en cada uno de estos casos detallan el alcance de los esquemas plurianuales y multimillonarios en los que participaron estos acusados. 

 Abraham Edgardo Ortega, el acusado en este caso y el ex Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero, en la que admitió haber recibido y lavado $ 12 millones en conexión con dos esquemas de corrupción separados que ocurrieron en 2012 y entre
2014 y 2015, respectivamente.

 Asimismo, Edoardo Orsoni, ex asesor general de PDVSA y de una de sus filiales, fue acusado  de haber participado en una conspiración que abarca desde 2012 hasta 2016, en la que se alega que recibió instrucciones de altos funcionarios de PDVSA para garantizar que contratistas específicos recibieron contratos de la subsidiaria que finalmente rindieron beneficios para los altos funcionarios de PDVSA. 

• Abraham Shiera y Roberto Rincón se declararon culpables de conspirar para obtener PDVSA contratos por valor de millones de dólares sobornando a múltiples funcionarios de PDVSA, incluidos
funcionarios de las subsidiarias de PDVSA Bariven, S.A., y PDVSA Services, entre 2009 y 2014. 

José Luis Ramos, ex Gerente de Compras y Superintendente de Compras de PDVSA, admitido haber recibido y lavado, en nombre suyo y de otros funcionarios, más de $ 10 millones en soborno a cambio de ayudar a múltiples vendedores en su negocio con PDVSA entre 2009 y 2013. 

• Dos ex altos funcionarios de la filial de adquisiciones de PDVSA,
Bariven: Javier Alvarado Ochoa y César Rincón, el ex presidente y el ex Gerente General de Bariven, respectivamente, también fueron acusados ​​en conexión con sus roles en un extenso esquema de soborno y lavado de dinero.

César Rincón se declaró culpable de conspirar para lavar dinero, específicamente el producto del esquema de soborno en el que Roberto Rincón y Abraham Shiera pagaron a ejecutivos de alto nivel de Bariven a cambio de ciertas ventajas comerciales.

Luis Carlos De León, un intermediario que fue acusado como parte del mismo esquema, también se declaró culpable en relación con su papel en el esquema, que involucró más más de $ 27 millones transferidos a cuentas bancarias suizas en beneficio de los funcionarios de PDVSA a cambio de la ayuda de los funcionarios con Roberto Rincón y Abraham el negocio de Shiera con PDVSA. 

Iván Alexis Guédez, el Gerente de Compras de PSI, se declaró culpable de haber recibido sobornos de un proveedor con sede en Miami, Florida, donde estaba ubicado su negocio como proveedor único para PDVSA de equipos pesados fabricados por otra compañía en los Estados Unidos entre 2009 y 2013.  En resumen, Guédez recibió de $ 950,000 en pagos de sobornos.

 Franz Müller y Rafael Pinto, el Presidente y Gerente de Ventas de la compañía con sede en Miami, Florida. Ambos admitieron haber pagado sobornos a Guédez, José Camacho y otro funcionario de la ISP como parte de este esquema. 

José Manuel González Testino se declaró culpable una acusación criminal  en Texas que alegaba que pagó aproximadamente $ 629,000 en sobornos a César Rincón mientras era el Gerente General de Bariven, y que pagó más de $ 1 millón en sobornos a funcionarios en CITGO Petroleum Corporation, una subsidiaria de propiedad absoluta de PDVSA. Uno de los socios comerciales de González, Tulio Farías, se declaró culpable de una información criminal que alegaba que entre 2011 y 2018, Farías conspiró para pagar aproximadamente $ 575,000 a un funcionario de CITGO. 

  Además, el 28 de enero de 2019, la Oficina de Asuntos Exteriores del Departamento del Tesoro de EE. UU. para el Control de activos (OFAC) agregó a funcionarios de PDVSA a la lista de personas  designadas y bloqueadas, señalando que las investigaciones penales han puesto de manifiesto, que PDVSA "tiene mucho tiempo siendo un vehículo para la corrupción". Esta designación prohíbe que las personas estadounidenses "participen en transacciones o tratos" con PDVSA en ausencia de una licencia emitida por OFAC. 

Hasta la actualidad, PDVSA sigue siendo una entidad sancionada.

La moción agrega la siguiente: 

Además de los Estados Unidos, numerosos países de todo el mundo han abierto investigaciones y enjuiciamientos por conducta corrupta en PDVSA, entre las cuales se destacan las siguientes:

• España ha abierto múltiples investigaciones relacionadas con PDVSA, incluida una investigación sobre Juan Carlos Márquez (fallecido), un ex PDVSA ejecutivo de un plan de blanqueo de dinero de 4,5 millones de euros entre 2008 y 2013 que involucra contratos legales ficticios entre PDVSA y dos firmas de abogados.

• José Antonio Hernández y José Mario Irujo, España, abre una investigación sobre suicidio del ex jefe petrolero venezolano, 29 de julio de 2019, 

España también tiene una investigación de lavado de dinero relacionada con Javier Alvarado Ochoa, el ex presidente de Bariven (discutido anteriormente), y para quien  las  autoridades españolas han negado la extradición a los Estados Unidos. 

Finalmente, España también está investigando a los venezolanos, entre los que se encuentra el multimillonario Raúl Gorrín (también acusado en los Estados Unidos por lavado de dinero que involucra al Tesoro venezolano) por su papel en un esquema de lavado de dinero que involucra a PDVSA. 

• Portugal está investigando el supuesto lavado de dinero de fondos que fueron canalizado a través del ahora desaparecido banco portugués Banco Espírito Santo entre 2009 y 2014, por funcionarios de PDVSA. 

  La fiscal Fajardo desmonta la tesis de PDVSA que se basa en el argumento que la petrolera debe ser considerada  como una corporación y no como una agencia del gobierno venezolano. No obstante, dice la fiscal, la empresa PDVSA es considerada como una representación del gobierno, una entidad gubernamental con instrumentalidad y por ello no califica como víctima de un delito a los efectos del estatuto CVRA. Asimismo, porque PDVSA fue cómplice en la conducta ilegal.

  Las acciones de los empleados y ejecutivos senior de PDVSA pueden imputarse a PDVSA bajo la ley aplicable para someter a PDVSA a responsabilidad penal. PDVSA, sin embargo, argumenta que el Demandado [Abraham Ortega] es un empleado deshonesto que malversó o fondos desviados ilegalmente.

    La moción sostiene que "PDVSA no aceptó ni llevó a cabo un esquema para defraudarse a sí mismo. Estos argumentos no tienen mérito". 
  La fiscal rechazó el argumento de PDVSA, según el cual, la petrolera debería escapar de la responsabilidad por las acciones de sus empleados porque presuntamente sufrió una lesión por sus conductas en lugar de un beneficio.

  "La actividad criminal en PDVSA estaba ocurriendo desde arriba, a los más altos niveles de gestión hasta el final, y, como tal, PDVSA fue cómplice y no puede ser considerado una víctima", sostuvo.

  Finalmente, explica la Fiscalía, la moción de PDVSA debe ser rechazada porque afirma que fue "directamente y muy perjudicada" como resultado del delito del acusado se basa en dos supuestos erróneos, uno legal y otro fáctico. "Una víctima tiene derecho a la restitución bajo la MVRA sólo sí puede establecer que fue directa y próximamente perjudicada "por el delito de condena del acusado". 





jueves, 30 de abril de 2020

Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.

   En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $ 44.7 millones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Leonardo Santilli, un ciudadano italo-venezolano, fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de lavado de dinero relacionados con contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, de acuerdo a los documentos federales de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Santilli es acusado de tres cargos: 1) Conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  En la acusación, aparece un declaración del agente de investigación del Homeland Security Investigation  (HSI) Shauna L. Willard, encargado de hacer la investigación de lavado de activos contra el demandado, quien es acusado de haber violado el Código de los Estados Unidos, en su Título 18.

  Leonardo Santilli es el dueño de las empresas venezolana Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp.,  (registrada en  el Sur de Miami)  y A&M Support Inc. (registrada en en Weston, Florida). 

La trama de corrupción

  A finales de 2017, el gobierno federal abrió una investigación sobre corrupción en PDVSA y sus empresas filiales por lavado de dinero, corrupción en bancos y compras de inmuebles en el Miami,  Florida. Durante en curso de las investigaciones, las autoridades identificaron $1.000 millones en pagos de PDVSA y sus filiales a unas cuentas de banco de contratistas venezolanos en el Sur de la Florida.
  La investigación reveló una enorme escala de corrupción que envolvía contratos con sobreprecio.  Todos los casos seguían el siguiente esquema: Los funcionarios de PDVSA aprobaban contratos  con sobreprecios (4 ó 5 veces más que el precio de mercado), el contratista pagaban sobornos a los oficiales de PDVSA, a los del gobierno de Venezuela o a los militares, que ayudaban a obtener los contratos.A su vez, los contratistas pagaban los sobornos por medio de testaferros o empresas de maletín para esconder la naturaleza de la transacción y el delito como tal.

  Los investigadores lograron obtener los récords de las cuentas bancarias de las empresas de Leonardo Santilli, correos electrónicos, contratos de las compañías con PDVSA y sus subsidiarias y hojas de contabilidad donde se llevaba control del pago de los sobornos.

  La acusación señala que el acusado recibió contratos corruptos de Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa, Petromonagas por un total de$146.600.000.

  Los registros bancarios mostraban que las compañías de Santilli compraban bienes (repuestos, partes y equipos) a las empresas establecidas en Estados Unidos para las empresas subsidiarias de PDVSA, usando una tercera parte en de lo que recibía. El dinero restante lo transfería a su familia, a su cuenta personal y a otras cuentas corporativas, compañías de maletín y a varios individuos venezolanos que no tenían conexión con el acusado o sus empresas.

  Santilli usó cuentas en el Banco Mercantil. Uno de los ejemplos que aparece en la acusación fue hecho el 16 de septiembre de 2016. Una de las empresas de Santilli obtuvo una orden de compra de Petropiar por $9.300.000 para comprar 10 hawkjaws por apróximadamente $2.500.000. De acuerdo a la orden de Petropiar, las empresas de Santilli cobraron a la petrolera cuatro veces más el precio. La empresa manufacturera de los hawkjaws indicó que había hecho los envíos directo a PDVSA.

  Otra transacción descrita corresponde a Petrocedeño en diciembre de 2015, para comprar nueve válvulas floating por apróximadamente $5.500.000. El costo de las mismas en el mercado eran de $1.100.000. y el acusado le cobró a la petrolera cinco veces más el precio de las mismas.

  Otra transacción ocurrió en octubre de 2015, el acusado compró para Sinovensa 55 bidones de aceite por apróximadamente $9.200.000. El costo de los bidones era de $2.000.000.

  En febrero de 2015, el acusado recibió un correo electrónico de uno de los asociados de su empresa, con una hoja de contabilidad donde aparecen los pagos de los sobornos, los nombres de los beneficiarios, las fechas y los montos.

  En la hoja aparece registrado que en el 22 de diciembre de 2014 el acusado pagó a  Finadco Overseas Corporation unos  $101.270 y el beneficiario era un ex-funcionario de Petrocedeño. La transacción se hizo a una cuenta de banco en Curazao desde una cuenta de un banco de Miami.

  En enero de 2015, se transfirieron $100.000 a AJG Suministros y Servicios Integrales a beneficio de un funcionario de Petropiar. Los fondos pasaron de una cuenta a otra en los Estados Unidos.

  Uno de los testigos cooperantes de este caso, quien está asociado a Santilli, tenía acceso a las hojas de contabilidad de los sobornos pagados por el acusado. Se usaban apodos, uno de ellos "Leo" para el pago de coimas del acusado y "Viejo" en referencia a un funcionario senior de PDVSA. Las hojas reflejan pagos por $1.8 millones en beneficio del funcionario de PDVSA, incluyendo un monto extra de $345.000. para la compra de una casa en la isla de Margarita en Venezuela. El dinero para la compra de la casa del oficial corrupto se le envió el 16 de mayo de 2016 desde una cuenta bancaria de Miami a una en Curazao.

  Asimismo, aparecen reflejados otros gastos del acusado, que incluyen pagos a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA, catalogadas como comisiones . Hay 72 pagos por, aproximadamente, $7.2 millones a beneficio de varios individuos. El testigo cooperante identificó a algunos de esos beneficiarios como funcionarios de las subsidiarias de  PDVSA que entregaron los contratos.

 En los récords, aparece una transacción de $168.000 que fue entregada al funcionario (2) que era el exgerente de Petropiar. Se le pagó a través de la transferencia a favor de Inversiones Jeur y el primer nombre. La operación se hizo desde un banco de Estados Unidos a una cuenta de Inversiones Jeur en Panamá el 19 de agosto  de 2015. En ese período se pagaron aproximadamente $850.000 pagos a esa misma empresas desde cuentas de Miami.

  También pagó $1.4 millones en la compra de una casa para un funcionario del Departamento de Procura de Petrocedeño. Primero se hizo un pago de $1.000.000. de una cuenta de banco en Miami a una de un individuo venezolano, (el 1 de marzo de 2016) y el resto lo hizo a través de una empresa fantasma.

  El testigo identificó un pago de $15 mil a un funcionario de Petrocedeño que ahora colabora con la justicia (CW3), quien confirmó que recibió pagos de sobornos por parte del acusado por ayudarlo a obtener los contratos.

 Otro testigo (CW4), quien era funcionario del departamento de Procura de Petrocedeño, dijo que había recibido $220.000 en sobornos por parte del acusado para que se le otorgaran los contratos a sus compañías. Las transacciones se hicieron en dos pagos en noviembre y diciembre de 2015 a una cuenta fuera de Estados Unidos.

  Otro testigo en este caso, (CW5), quien era funcionario del Departamento legal de Petrocedeño, acordó recibir sobornos del acusado por haber otorgado contratos de las subsidiarias de PDVSA a las empresas de Santilli por el orden de $201.180, en enero de 2015.

  El acusado transfirió grandes montos de dinero recibidos de PDVSA a su cuenta personal, entre los cuales destaca uno hecho el 13 de febrero de 2017 de $5.000.000, de una cuenta de HSBC Private Bank a una cuenta a nombre de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas controlada por su familia.

  El 8 de agosto de 2017, hizo otra operación para transferir $5.000.000  a la misma cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.

  En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $44.7 millones.

jueves, 23 de abril de 2020

La impunidad fue el arma usada por los contratistas para saquear a PDVSA y a CITGO

La corrupción e irregularidades cometidas en el seno de Petróleos de Venezuela son objeto de la investigación e instrucción de expedientes por parte del Comisión Principal de la estatal, sin que de estas averiguaciones poco o nada se sepa fuera de los muros de la principal empresa venezolana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Las cargos efectuados por Bariven, CITGO y las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela por concepto de compra de insumos, materiales y equipos deben ser monitoreadas y evaluados para certificar que las cantidades y precios imputados por los contratistas se ajusten a los costos reales de operaciones e inversiones, ya que existen muchos casos de procesos de compra que han revelado sobreprecios y otras irregularidades, y donde ha permanecido la impunidad como regla. Tal conclusión se deriva de las opiniones expresadas por el Comisario Principal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Silvestre Molero Torres en el informe relativo al año 2017.
   El documentos de más de 600 páginas da cuenta de una serie de investigaciones llevadas a cabo por Molero Torres sobre irregularidades y casos de corrupción de las que la opinión pública tiene poco o nulo conocimiento. En esta primera entrega haremos referencia al endeudamiento de la filial de la corporación en los Estados Unidos, CITGO, la adulteración intencional de los resultados mostrados en los procesos de medición y fiscalización de hidrocarburos, los sobreprecios en la procura de Bariven y la detención de su presidente.

   Una copia del informe fue entregado al presidente de PDVSA, Manuel Quevedo el 7 de diciembre de 2018 para que el mismo fuera considerado por la alta gerencia en aras de tomar las decisiones pertinentes para corregir las irregularidad y seguir las recomendaciones realizadas por esa la referida Comisionaduría. 

   Explica el comisario en su informe que los casos de investigación de hechos irregulares, denuncias y situaciones de fraudes a los cuales les hace seguimiento su despacho, así como la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, la Consultoría Jurídica Corporativa, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la Contraloría Financiera reciben aportes de cada uno de estas dependencias para asegurarse de que se sigue el protocolo interno de acuerdo a las normas internacionales en el tratamiento de situaciones irregulares y fraudes. Tal verificación comprende la confirmación del evento de fraude y su modalidad operativa para establecer si las prácticas son sistémicas y continuadas o son eventos episódicos. De esto dependerá el diagnóstico adecuado y poder determinar el impacto financiero y la identificación de las áreas vulneradas en el control interno, hacer propuestas para remediar y mitigar las causas, identificar a los responsables y relaciones para asegurarse que no haya otras áreas contaminadas con las prácticas y protagonistas identificados. Igualmente, el comisario trabaja —según refiere su informe— en la preparación y judicialización del expediente del caso y emprende acciones de resarcimiento patrimonial.

   Silvestre Molero Torres refiere que recibió información del Ministerio Público sobre las investigaciones llevadas a cabo por esa instancia judicial en PDVSA y sus filiales durante el último trimestre del año 2017, conformadas por nueve casos principales que permitieron imputar y detener hasta el momento de elaboración del reporte, a 69 funcionarios de los niveles gerenciales medios y altos.
   Dichas detenciones tenían que ver sobre los casos de investigación de CITGO, donde los implicados son 7 personas; por Petrozamora S.A. son 17 funcionarios; por Puerto Miranda, 15 funcionarios; por el caso de Producción Oriente, 10 detenciones; Petropiar S.A. 5 funcionarios detenidos; por Bariven S.A. tres detenciones; PDVSA Corporativa arrojó 5 funcionarios detenidos; el Caso de Vehículos, 6 detenciones; el caso Petrosaudí S.A., una detención.

  Pero la Oficina de Apoyo al Comisario de PDVSA, además de los casos señalados, le hace seguimiento a otras situaciones en las cuales se trabaja para establecer su impacto material y así reconocer pérdidas y otros efectos contra los resultados financieros de la empresa estatal.

  Molero Torres pasa a enumerar dichos casos de investigación y refiere su estatus, las acciones pendientes por acometer de acuerdo con las normas internacionales para el tratamiento de situaciones irregulares y fraudes.

Operaciones de endeudamiento de CITGO

  En primer término, el comisario principal de PDVSA hace referencia al caso de investigación acerca de las operaciones de endeudamiento de la filial de la estatal en los Estados Unidos, CITGO, el cual es manejado por Ministerio Público a través de la Fiscalía Quincuagésima Quinta, identificado con el número MP-508382-2017 y que cursa en el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal de área Metropolitana del Distrito Capital, vertido en el Expediente N° 3C-18.500-2017.

   Imputados por los delitos de Peculado Doloso Propio, Concierto de Funcionario con Contratista, Legitimación de Capitales, y Asociación para Delinquir aparecen un exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA —Nelson Martínez, quien falleció el 12 de diciembre de 2018 mientras estaba en reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y desde donde fue trasladado al Hospital Militar—, así como seis trabajadores de la filial.

  El reporte indica que este caso versa sobre el hecho de que las autoridades de CITGO obviaron obtener la debida aprobación por parte de las autoridades de Petróleos de Venezuela, así como de la república, que le diera la autorización legal a los términos y condiciones de una relevante transacción de endeudamiento. Se explica que la operación financiera estaba en curso de negociación cuando se produjeron las detenciones, razón por la cual se imputa un delito en grado de frustración.

  El comisario Molero Torres formuló una serie de recomendaciones a través del memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018, las cuales surgieron de discusiones en mesas de trabajo, las cuales apuntan a la necesidad de que los directores, presidentes de empresas y gerentes, actúen con el “marco del rigor que imponen los niveles de autoridad, competencias, y delegaciones financieras establecidas por tipo de transacciones, esto es los actos administrativos deben cumplirse en el estricto marco del principio de legalidad”.

  Sostiene que en los procesos de financiamiento que comprometan tanto a PDVSA, sus filiales, y a la república en general, debe atenderse el protocolo de someter tales transacciones ante los niveles de autoridad, tanto corporativos, como de gobierno del país, conforme lo establecen las leyes, reglamentos y disposiciones que regulan las transacciones.

   Refiere el informe que al cierre de 2017, la Oficina de Apoyo al Comisario no había recibido información sobre la cuantificación de pérdidas materiales a la Corporación derivados del caso de endeudamiento de CITGO, agregando que el Comité de Auditoría de PDVSA se encargaría de analizar, deliberar y hacerle seguimiento. Precisó que la firma de auditores externos KPMG, emitió una opinión limpia sobre los Resultados Financieros Consolidados de la filial CITGO, al 31 de diciembre de 2017.

  Estima que el Comité de Auditoría y la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA deben impulsar una campaña de divulgación de los conceptos transaccionales y Niveles de Autoridad Administrativos y Financieros (NAAF) con énfasis en operaciones de alto riesgo y así familiarizar a los gerentes medios y altos sobre los imprescindibles protocolos, instancias de sometimiento, consideración y aprobación, a los fines de asegurar transacciones de conformidad con la ley y los procedimientos.

  Insta a hacer una revisión de las actuales normas y procedimientos de endeudamiento, recaudos y niveles de autoridad administrativos y financieros para actualizarlos con las instrucciones y precisiones necesarias e incorporando las instancias y niveles de aprobación, según sea el monto monetario de los endeudamientos en el ámbito nacional o internacional.

  Por último, Molero Torres llamó a determinar los efectos materiales con impacto patrimonial al cierre de 2017 para su correspondiente registro contra los resultados financieros del ejercicio en referencia.

Caso de adulteración de resultados

   Seguidamente el comisario principal de PDVSA se remite al caso de la adulteración intencional de los resultados mostrados en los procesos de medición y fiscalización de hidrocarburos, el cual fue investigado en los años 2016 y 2017 por los cuerpos de control de empresa.

Refiere que presentó varios puntos de cuenta ante el presidente de PDVSA en demanda de acciones para mejorar los procesos de Control Interno en torno a la producción de hidrocarburos, habiendo sido aprobados los puntos propuestos. En tal sentido, se creó el Comité para el Control de las Mediciones, Balance y Fiscalización de Hidrocarburos (COMBAF).

  Igualmente indica el reporte que en 2017, el Viceministerio de Hidrocarburos, en coordinación con la Oficina de Apoyo al Comisario, emitió cinco oficios dirigidos a regular el proceso de medición y fiscalización de hidrocarburos en PDVSA y sus filiales.

   El Comité COMBAF identificó ciertas irregularidades que propiciaron una investigación interna a cargo de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral descubriéndose la práctica de alteración de los datos relacionados con los niveles reales de producción, por lo que el expediente fue remitido inmediatamente a la Fiscalía General de la República.

   En opinión del comisario, para garantizar Control Interno en las mediciones de la producción de hidrocarburos, se debe mantener la independencia de la organización de coordinación operacional encargada de realizar las mediciones.

  Se debe asegurar —continúa alertando el informe— la plena automatización de las mediciones de la producción y la oportuna calibración de los equipos de mediciones. Se resolvió que la Vicepresidencia de Planificación Corporativa de PDVSA de las mediciones y fiscalizaciones de hidrocarburos. Sin amargo, advirtió que esta decisión de independencia, no se ha implantado en forma definitiva y aún se mantienen los niveles tradicionales de reporte.

   Específicamente, el informe del comisario refiere el caso de la alteración intencional de la variación de producción fiscalizada en la División Punta de Mata, por lo que la Consultoría Jurídica Corporativa informó que el caso se radicó en Caracas desde el 8 de enero de 2018, a saber, en la Fiscalía 73° Nacional Plena, MP-495137-2017, Tribunal Quinto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana-Distrito Capital. El número de expediente es 5C-18238-18. Los delitos que se imputan son Incumplimiento al Régimen Especial de las Zonas de Seguridad, Sabotaje o Daño a Sistemas, Peculado Doloso Propio y Asociación Para Delinquir. Se imputó al Superintendente de Tratamiento Químico, al Gerente de Coordinación Operacional Furrial, al Subgerente Operacional División Punta de Mata, a una Analista de Contabilidad de Crudo División Punta de Mata, a un Ingeniero de Proceso de Documentación y Estadísticas y Contabilización de Hidrocarburos, a una Analista de Contabilidad de Crudo, al Gerente General de Coordinación Operacional de Exploración y Producción Oriente, al Director Ejecutivo de Exploración y Producción, al Gerente de la División Punta de Mata y a un Gerente de Producción.

  El impacto de la acción de alterar la producción fue estimado por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral en USD 266,7 millones por regalía pagada en exceso. Se indica que al cierre de 2017, se gestionaba un Punto de Cuenta de la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, solicitando al Ministerio del Poder Popular de Petróleo la aceptación de la factura correspondiente al citado concepto.

   Silvestre Molero Torres a través del memorando COM-2018-0022 fechado el 17 de abril de 2018, recomendó, en primer lugar, como acción complementaria a la actuación de la Dirección de Seguridad Integral, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la Oficina de Apoyo al Comisario, determinar el efecto financiero del forjamiento y alteración de la producción fiscalizada durante el período 2014-2017 y registrar los ajustes en los libros de reserva para sincerar los niveles reales de existencias de hidrocarburos en los yacimientos y campos.

  Del mismo modo recomienda que la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral presente ante el Comité de Auditoría el caso de la adulteración de la data de la producción real para así establecer sus efectos y definir los actos legales que autoricen a PDVSA Petróleo, S.A., a facturar ante el Ministerio del Petróleo, el resarcimiento compensatorio por la regalía e impuestos pagados en exceso. Se explica que las sobreestimaciones de la producción, incluían volúmenes provenientes de empresas mixtas por lo que hay que determinar los efectos financieros para proceder a los debidos recobros y su correspondiente registro en la contabilidad de la corporación.

  También, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral coordinadamente con la Oficina de Apoyo al Comisario, preparó una presentación sobre la investigación realizada en relación a la producción intencionalmente alterada en el Distrito Punta de Mata que serviría de base para calcular y hacer los ajustes finales en el Libro de Reserva relativos a los barriles ficticios reportados como producidos y preparar el cálculo de las cuentas por cobrar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo por la regalía pagada en exceso.

   El comisario se pronunció por la necesidad de ejecutar un plan que contemple la revisión de la funcionalidad de los sistemas de medición fiscal de hidrocarburos en las instalaciones operativas de cada una de las direcciones ejecutivas de producción de PDVSA; evaluar la idoneidad de los niveles de automatización asociados a la medición y fiscalización de hidrocarburo; revisar la suficiencia y razonabilidad del alcance de la interconexión entre los sistemas automatizados de medición y fiscalización de hidrocarburos con los sistemas centinela y SAP; cumplir las instrucciones emanadas de la presidencia de PDVSA en los puntos de cuenta sometidos por la Oficina de Apoyo al Comisario, relacionados con el proceso de medición, balance y fiscalización de hidrocarburos.

Caso de sobreprecios en la procura internacional de materiales de Bariven

   Silvestre Molero Torres cita uno de los casos más relevantes y de más impacto financiero en 2017, relativo a la procura de insumos, materiales y equipos internacionales que fue acusado en diciembre de 2015 en la fiscalía del Distrito Sur de Texas, División Houston, en Estados Unidos de América, cuando se identificaron situaciones de violación de leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero en contratos de procura internacional de bienes y servicios conexos, celebrados por la filial Bariven, S.A.

   Ante estos hechos, los auditores externos y el Comité de Auditoría de PDVSA propusieron contratar una firma experta en auditoría forense para evaluar el alcance de las irregularidades observadas, estableciendo esta que Bariven fue víctima de fraude en el proceso de procura internacional al haberse identificado las modalidades empleadas en la perpetración del fraude y las vulneraciones al control interno que permitieron que tales irregularidades pudieran tener lugar.

    Se pudo identificar a los funcionarios y terceros que serían responsables de los hechos y se determinó las transacciones afectadas, lo cual permitiría establecer si las compras bajo irregularidad, “no representaban una situación generalizada a través de prácticas sistémicas, recurrentes e inferibles a todo el universo de compras internacionales, dirigidas a la industria petrolera venezolana”.

  El comisario Silvestre Molero Torres estableció que la investigación determinó que, efectivamente, se produjo un fraude en las compras internacionales de PDVSA al concertarse proveedores y representantes de la gerencia de la filial PDVSA Services, Inc., en Houston Texas, la cual a su vez es filial de Bariven, S.A. y se encarga de las compras internacionales, transacciones estas en las cuales se observaron apreciables sobreprecios.

   Indica que el proceso judicial hasta el momento de emitirse el informe había permitido que ocho personas implicadas se declararan culpables ante un tribunal de primera instancia en el Distrito Sur de Texas, División Houston, en los Estados Unidos de América.

  Por su parte, el Comité de Auditoría de PDVSA instruyó la retención de los pagos pendientes a los proveedores involucrados con los responsables de las irregularidades detectadas, por aproximadamente USD 400 millones.

  PDVSA también identificó un conjunto de bienes, propiedad de personas relacionadas con los actos irregulares y se autorizó interponer acciones legales, tanto civiles como penales en la jurisdicción extranjera que corresponda. La estatal también formuló a los Estados Unidos una solicitud de restitución en su carácter de víctima para que el citado tribunal ordene a los acusados resarcir el daño patrimonial causado.

Informe de Auditoría Interna sobre el caso

   Relacionado con este caso, el 27 de noviembre de 2012, el Auditor General Corporativo consignó ante la presidencia de PDVSA el informe de auditoría interna con referencia AIC-2012-293 para reportar una situación irregular con la procura internacional de la filial Bariven, S.A., particularmente con la compra de vehículos que comportaban significativos sobreprecios. Este informe identificó a varios de los proveedores incursos en posteriores procesos irregulares de procura y se presentó ante el Comité de Auditoría y se discutió con el Viceministro de Hidrocarburos, con el Director de Enlace de Bariven, S.A. y con el Director de Finanzas de PDVSA.

  Pero los intentos de control fueron anulados —subraya el comisario— por la acción de los grupos de poder que facultaban a las autoridades de Bariven, S.A., quienes desde su posición de dominio, aminoraron el impulso procesal. Pero a pesar de esto, el informe  se incorporó a los expedientes consignados ante el Ministerio Público desde PDVSA.

  De acuerdo a Molero Torres, Venezuela es víctima de la acción de una poderosa organización internacional vinculada criminalmente con proveedores del mercado de los EE. UU. y la alta gerencia que manejó los procesos de procura internacional, quienes actuaron con impunidad

La Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera informó en el cierre contable del año 2016 se identificó una provisión por el orden de USD 218 millones por concepto de potenciales pérdidas con la procura internacional.

Auditorías internas a Bariven

  A principios del año 2015, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, promovió un análisis de riesgo sobre la procura internacional de Bariven, S.A. que identificó algunas situaciones de potencial riesgo de prácticas irregulares con las compras internacionales”, reza el informe del comisario principal de PDVSA.

  Agrega que en diciembre del citado año, la Fiscalía Federal de Houston detuvo a Roberto Rincón y a Abraham Shiera, a quienes acusó de corrupción en la obtención de contratos de procura de Bariven, S.A., entre los años 2009 al 2014.

   Entretanto, la investigación interna de PDVSA, confirmó que Rincón y Shiera, así como sus allegados y otros ex-proveedores relacionados, pagaron comisiones a exfuncionarios de Bariven, S.A. y PDVSA para obtener contratos de procura con la referida filial por más de USD 2.000 millones, al tiempo que le gestionaran pagos bajo dichos contratos y le concedieran otros beneficios.

   El comisario de PDVSA recomendó respecto a este caso a través del memorando COM-2018-0022, del 17 de abril de 2018, demostrar la cualidad de víctima de PDVSA y su filial Bariven, S.A. objeto de fortalecer la opción del resarcimiento patrimonial de recursos confiscados a los responsables de las irregularidades en referencia. Esta diligencia se hizo ante el tribunal del Distrito Sur de Houston, Texas. Asimismo instó que se desestimara el argumento político de escasa diligencia en la disuasión del fraude que pudiera esgrimirse para invalidar el derecho venezolano al  resarcimiento patrimonial.

   Llamó a que la Consultoría Jurídica de PDVSA y el Comité de Auditoría deben reforzar sus actuaciones en lo atinente a las situaciones de fraude con las compras internacionales de materiales y superar las debilidades de orden jurídico de las diligencias realizadas para que sea reconocida la cualidad de víctima a PDVSA ante la Fiscalía del Distrito Sur de Houston-Texas.

  Agrega que la gestión gerencial debe estar acompañada de la disminución del énfasis en el control interno, en función de superar la emergencia dada por la crisis en el cumplimiento de metas de producción. De este modo, “ante la baja volumétrica, como necesaria respuesta se pretende imprimir agilidad a la selección de contratistas y proveedores, en la búsqueda de viabilizar la obtención oportuna de los suministros, obras y servicios. Esta simplificación de procesos, si bien puede ayudar a la agilización de la operación, requiere que tales lineamientos estén impregnados de legalidad; a tal efecto, deben ser acompañados del soporte de una intencionalidad contralora, y de criterios rectores uniformes, que rijan las bases de actuación de los administradores, a quienes se les está facultando para la toma de decisiones sobre selección de proveedores, y niveles monetarios transaccionales, que usualmente han correspondido a Comisiones de Contratación, Comisiones de Compras, Comités de Operación, Comité de Planificación y Control, así como al Comités Ejecutivo, y Junta Directiva de PDVSA”.

  En este sentido advierte que la flexibilización administrativa no puede constituirse en caldo de cultivo para la proliferación de la corrupción.

  “El citado riesgo, debe ser mitigado a través de instrucciones precisas, que orienten la selección de contratistas y proveedores, con racionalidad y disciplina; lo cual incluye seleccionar empresas, con base en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Registro REPS de PDVSA y Maestro de Proveedores de Bariven, S.A.; advertir expresamente, que la Corporación ni el país tolerarán maletineros, sobreprecios, ni sub contrataciones; asimismo dejar constancia suficiente que los precios, en cada caso se acordarán con base razonable, previas consultas documentadas, y con fundamento en los términos, condiciones, cantidad, calidad y tiempo de entrega, ventajosos para la Industria; asegurarse que la rectitud en la actuación para seleccionar proveedores y contratistas, puede ser verificada a través de procesos posteriores de los Auditores Internos y de la Gerencia Corporativa de Control Interno, entes que deben reforzar el monitoreo y las revisiones de los procesos de Contrataciones y Compras. Igualmente, revisar por tipos de activos, los niveles monetarios a delegar, de manera que no obstante la flexibilidad operativa, se actúe en el marco de métodos de trabajo racionales, disciplinados, sistemáticos y uniformes, signados por la rectitud e integridad en la administración de recursos”.

Detención del presidente de Bariven

  El caso de la detención del presidente de Bariven derivó de una evaluación llevada a cabo por la organización de investigación adscrita a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de PDVSA, cuyos resultados, se incluyeron en un expediente que se remitió al Ministerio Público.

   La Gerencia de Asuntos Penales, adscrita a la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, informó que tal como lo informara el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, el 2 de noviembre de 2017, el presidente de Bariven, S.A. había sido detenido por presuntas irregularidades en los procesos de procura de bienes, según se refirió en el caso anteriormente mostrado.

   Por estos hechos fueron aprehendidas otras dos personas a las ya referidas, por los delitos de asociación para delinquir y peculado doloso, a saber, el gerente de Servicios Técnicos y un analistas de compras.

   También se informó sobre la detección de “10 mil millones de bolívares y 119 millones en moneda extranjera” en irregularidades en procesos de compras de materiales y equipos.

  El comisario hace mención a las irregularidades cometidas identificadas, entre las cuales están, “la compra de tuberías a la empresa Liaoning, a saber: a) Orden de Compra 5100096822, con impacto económico por sobre precio estimado en USD 7.813.699,33 y b) Orden de Compra 5100097048, con impacto económico por efecto de sobre precio, estimado en USD 6.776.168,11, de conformidad con Informe elaborado por la gerencia de Ingeniería de Costos. Adicionalmente, existe una averiguación penal a través de la Fiscalía 63 N°MP-478147-2017 por el denominado caso Servicio de Ranurado a Tuberías Petroleras realizados por la empresa Ranurado de Tuberías Orinoco C.A., órdenes de compras 4800004828 y 480000482. Este caso al cierre del año 2017 se encontraba en fase intermedia y celebración de audiencia preliminar”.

   El comisario principal de PDVSA, Silvestre Molero Torres, instó a reforzar el monitoreo y las evaluaciones de los procesos de compras a cargo de Bariven S.A., de las empresas mixtas y de CITGO, cuando compra por cuenta de PDVSA y sus negocios.

  Igualmente, subrayó que los cargos efectuados por las empresas mixtas por concepto de insumos, materiales y equipos deben ser objeto de monitoreo, auditorías y evaluaciones, para certificar la idoneidad de las cantidades y precios imputados a procesos de costos de operaciones y/o inversiones.

  En posteriores entregas seguiremos dando a conocer los casos de investigación adelantados por el despacho del Comisario Principal de PDVSA y reseñados en su informe 2017.