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miércoles, 28 de abril de 2021

PDVSA Services solicitó a un tribunal de EE. UU. desestimar la demanda de una empresa que aspira a cobrar millones de dólares en deudas

   El juez de la causa estimó que el pedido de PDVSA Services no cumplía con los procedimientos del tribunal.

Por Maibort Petit

   La exigencia de reparación por daños y perjuicios presentada por Lindsayca USA Inc. en contra de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Services Inc. y Bariven S.A., deberá continuar en suspenso, toda vez que la propia demandante solicitud al Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, una prórroga para poder notificar debidamente a los demandados en Venezuela.

     El intento de cobro de viejas deudas por USD 4.138.225,24 tendrá que esperar, en razón de que el procedimiento de notificación de procesos judiciales en el extranjero debe cumplir con algunas pautas, tales como la traducción y certificación de la demanda y toda la documentación, así como llevarse a cabo a través de los canales diplomáticos.

Suspensión del proceso

  En abril de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas- División Houston, George C. Hanks Jr., otorgó a Lindsayca USA Inc., sin oposición, una moción suspender los procedimientos que, ante esa instancia judicial, la citada demandante sigue en contra de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA Services Inc. y Bariven S.A., hasta tanto no se cumpla a perfección el proceso de notificación a todas las partes.

   La solicitud la había formulado al tribunal el día 5 de abril de 2021, por vía electrónica, George Vila, abogado de Lindsayca USA Inc., ante la secretaría del tribunal.

  En su pedido, la representación legal de la demandante expuso que el 6 de enero de 2021, Lindasyca USA Inc. presentó su demanda en busca de daños y perjuicios contra los demandados nombrados y, posteriormente, el 29 de enero del citado año, se notificó a PDVSA Services, Inc. a través de una citación y una copia de la demanda.

 En fecha 25 de febrero de 2021, PDVSA Services presentó sus contestaciones y defensas afirmativas y, para la fecha de la presentación de la moción ante la corte, Lindsayca aún se encontraba en proceso de notificar a los a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a Bariven S.A.

   Explicó el abogado de la empresa demandante que en razón de que PDVSA y Bariven son entidades extranjeras, la notificación válida del proceso sobre estas entidades debe realizarse a través de la vía diplomática mediante Cartas Rogatorias, etc.

  Precisó George Vila, que dichas Cartas Rogatorias y toda la documentación de respaldo deben ser traducidas al español y certificadas, lo cual se encuentra en proceso de realización. Después de esto, se debe tramitar por la vía diplomática tanto en Estados Unidos como en Venezuela, un proceso que puede tardar entre 6 y 9 meses.

   Por tal motivo, Lindsayca presentó el 1 de abril de 2021, una Moción para Prorrogar el Plazo de Notificación a los demandados, PDVSA y Bariven.

PDVSA Services pide desestimar la demanda

   El 25 de febrero de 2021, PDVSA Services Inc. solicitó al Tribunal del Distrito Sur de Texas- División Houston, desestimar la demanda en su contra presentada por Lindsayca USA Inc., pedido que sustentó en la de conformidad con la Regla 12 (b) 6.

  Sostiene que el reclamo del demandante, bajo el alegato de la falta de pago de facturas de conformidad con varias órdenes de compra, citando causas de acción tanto por incumplimiento de contrato como por mérito cuántico, no aplica por cuanto el periodo para presentar la demanda ya prescribió.

  Refiere que, como se alega en la demanda, las facturas debían entregarse en Houston, Texas, y allí mismo debía realizarse el pago.

   Recordó que la ley del Estado de Texas se aplica a los reclamos y causas de acción entabladas por el demandante y que el plazo de prescripción por incumplimiento de contrato es de cuatro años, tal como lo señala la jurisprudencia.

  En este sentido, subraya PDVSA Services que las facturas presentadas por Lindsayca tienen fecha de 2013 y 2014, por tanto, las reclamaciones del demandante están prohibidas por limitaciones.

   Sin embargo, el juez de la causa, George C. Hanks Jr., consideró que la moción de PDVSA Services Inc., no cumple con los procedimientos del tribunal.

  Precisó que la moción no cumple con la sección 6 (C) (2) de Procedimientos del Tribunal, que requiere un certificado de conferencia para todas las mociones, ni tampoco con la sección 6 (C) (3), que requiere una orden propuesta por separado para todas las mociones, excepto las presentadas bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 56.

   Por ello, el magistrado ordenó al secretario del tribunal eliminar la entrada 6 del expediente y notificar al abogado de su decisión.


martes, 29 de diciembre de 2020

Exministro Manuel Quevedo comandaría mafia dentro PDVSA que contrabandea gasolina

Por Maibort Petit

 Un pequeño grupo de empleados de la estatal petrolera y una de sus filiales estarían incursos en estas actividades irregulares dirigidas por el ex alto funcionario.

   El informe de análisis de mercado de petróleos y gas de Venezuela correspondiente al mes de marzo de 2020, asegura que la gasolina producida e importada bajo acuerdos de intercambio estaba siendo robada por un pequeño grupo de empleados de Petróleos de Venezuela S.A. y PDV Marina, el cual está supuestamente comandado por el expresidente de PDVSA, Manuel Quevedo.

  Como ejemplo ilustrativo de esta afirmación, el informe cita el caso del buque Negra Hipólita el cual habría sido captado por las autoridades de Aruba en videos de seguridad de un helicóptero de la guardia costera, cuando la embarcación llevaba a cabo operaciones de aligeramiento de carga al norte de la isla caribeña.

  Igualmente, el reporte hace mención al hecho de que se siguen transportando cargamentos destinados a Cuba en buques de bandera venezolana, sin que para ello se cumpla con las debidas certificaciones para la exportación y para el tránsito en aguas internacionales. Señala que las sanciones impuestas por Estados Unidos, tanto al régimen de Nicolás Maduro como a PDVSA, para nada han impedido que los barcos prosigan transitando libremente en aguas internacionales.

  Por otra parte, se cita el programa March Cargos, en el cual se demuestra el aumento de la asignación de crudo a empresas que no están relacionadas con el negocio ni el comercio de petróleo y gas. Un ejemplo de ello, son las empresas Libre Abordo —referido en entrega anterior— y de Schlager Business Group. También estarían involucradas en tales actividades, empresas de logística portuaria, entre ellas Semaferca (igualmente referida en entrega anterior), Cygnus Marine y Vinsepet, las cuales son desconocidas y no figuran en el Registro Nacional de Contratistas. Según fuentes consultadas dentro de PDVSA para la redacción del informe, se presume que la mayoría de los documentos de estos cargamentos están manipulados o son inexistentes.

  Refiere el reporte que los barriles restantes de DCO Cargo que PDVSA supuestamente robó de CITGO en febrero, habrían sido asignados a la empresa Reliance. Otra parte de la carga robada habría sido entregada a la empresa Libre Abordo en el Buque MT VL Nichioh, que navegó sin documentos.

Vínculos entre Libre Abordo y Elemento

  Seguidamente, el informe hace nuevamente referencia al caso de la empresa Libre Abordo, la cual en el mes de marzo había cargado casi 6 millones de barriles de crudo asignados solo desde el terminal de Jose.


   Pero en el reporte se habla de que fuentes consultadas para la redacción del mismo, habrían dado cuenta de que Libre Abordo también ha levantado cargas desde de la bahía de Amuay, aunque se desconoce la cantidad.

  Refiere que distintas evidencias apuntan acerca de presumibles vínculos entre Libre Abordo y empresa Elemento, habiendo supuestamente actuado como intermediaria en varias transacciones con PDVSA. Los informantes, acotaron a los redactores del informe que resultaba altamente sospechoso que una empresa sin experiencia ni relacionada con el sector del petróleo y el gas, se las haya arreglado tan efectivamente para encontrar embarcaciones idóneas y con tan buen desempeño en prácticas marítimas para hacer sus operaciones.

  Como ejemplo de lo anterior, el informe refiere que la empresa Elemento tiene un caso en curso frente a Tansy Shiptrade, el cual tiene que ver con un cargamento de Libre Abordo.

  Elemento figuraba como el fletador del Vessel VL Nichioh en el caso de la supuesta carga robada de CITGO.

  El informe indica a Elemento estarían ligados Richard Rothenberg (estadounidense en el Reino Unido y director financiero de Elemento), Galindez (director), Francisco D'Agostino (cuñado de Henry Ramos Allup), Ricardo Cisneros (Grupo Cisneros) y Alessandro Bazzoni (empresario italiano vinculado a Elemento y SwissOil Companies).

  Igualmente, los redactores del informe estiman la existencia de una relación entre Libre Abordo y Rosneft, en virtud de que las embarcaciones que se fletan, las compañías desde las que fletan y las rutas, guardan gran similitud a las de Rosneft. Sin embargo, advierten que carecen de pruebas sólidas para demostrar esta teoría.

  Cuando se conoció la noticia de que Libre Abordo levantaba crudo venezolano, la empresa mexicana afirmó tener un acuerdo de “alimentos por petróleo”. Cita el informe a Reuters, agencia que ha informado sobre la posible manipulación de datos e información en que estaría incurriendo esta compañía para evitar sanciones. Refiere que después de la exposición, todos los cargamentos de Libre Abordo ahora se asignan a su subsidiaria Schlager Business Group.

Sobre Elemento

  La empresa Elemento se conoce desde 2017, cuando levantó algunos cargamentos en Venezuela.

  Elemento fue fundada en 2016 en Malta por Francisco D'Agostino y sus socios, pero la totalidad de sus acciones en febrero de 2017 por CISA Holdings Limited, otra compañía maltesa relacionada a través de una cadena de compañías intermedias y una fundación panameña, a Ricardo Cisneros. Sin embargo, diversas informaciones indican que supuestamente este trato habría sido una mampara y D'Agostino seguiría al frente de la firma.

  Para el momento de la redacción del informe, Elemento se desempeñaba como intermediaria en varios arreglos comerciales con PDVSA, pues en 2019 fue objeto de una orden de congelamiento mundial por el resultado de otros casos legales en su contra. Esta empresa mantiene casi 50 acuerdos comerciales con PDVSA.

Francisco D’Agostino Casado: El bolichico que insiste en negar sus vínculos con Derwick

   Una causa en curso en el Reino Unido entre Tansy Shiptrade, empresa fundada en Islas Marshall versus Elemento, muestra las prácticas y dinámicas que esta empresa mantiene en Venezuela con grupos irregulares relacionados PDVSA, entre ellos el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra.



martes, 22 de diciembre de 2020

José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit

   En un documento emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas, se informa que el lunes 21 de diciembre de 2020, el exgerente de CITGO,  José Luis De Jongh Atencio renunció a comparecencia para la lectura de cargos en el tribunal y a través de sus abogados se se declaró no culpable de los delitos de corrupción, lavado de dinero y cobro de sobornos.

   El magistrado Gray H. Miller fijó la fecha del juicio del ex-funcionario corrupto de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio para  enero de 2021. El proceso se realizará sin jurado lo que se conoce como Bench Trial o "juicio de banco o en el tribunal", proceso en el cual el juez toma las mismas decisiones de procedimiento [que en uno con jurado], escucha las pruebas y decide si el acusado es culpable o inocente.

  De Jongh-Atencio es un ciudadano venezolano-estadounidense que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en un esquema de lavado de dinero, que involucra sobornos, para asegurar de manera corrupta, los contratos de CITGO y PDVSA a los demás conspiradores. Un gran jurado federal aprobó la acusación de seis cargos el 16 de julio de 2020.

   El 6 de agosto de 2020, durante la audiencia, los abogados de De Jongh Atencio sometieron a consideración del juez una una fianza por $2 millones para disfrutar de libertad bajo fianza. El 11 de agosto fue liberado con la prohibición de salir del país. 

    De Jongh trabajó en la subsidiaria del grupo de proyectos especiales de PDVSA con sede en Houston. La acusación federal señala que,  desde aproximadamente 2013 hasta al menos 2019, acordó aceptar más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos de los contratistas, José Manuel González Testino y Tulio Anibal Farías Pérez, y otros, en el marco de un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que incluyó la entrega de contratos con sobreprecios de CITGO y PDVSA con sobreprecio a las empresas de los conspiradores.

  González Testino y Farías Pérez se declararon culpables por presuntas violaciones de las leyes estadounidenses contra el soborno y otros cargos en relación con el caso.

  De Jongh Atencio ordenó que los pagos de sobornos de los contratistas González Testino y Farías, se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza y luego lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias de EE. UU. Y utilizó la mayor parte de los fondos para comprar bienes raíces en Texas, según informó el Departamento de Justicia.

  También supuestamente recibió obsequios como boletos para los principales eventos deportivos y conciertos de los empresarios.

   La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el exfuncionario de CITGO, José Luis De Jongh-Atencio, no incluye a todos los asociados de la conspiración criminal ni a la totalidad de las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos  fraudulentamente en la filial de PDVSA en Estados Unidos. 

    De Jongh Atencio creó un emporio de riquezas, gracias a negocios ilícitos vinculados a CITGO durante las administraciones de Alejandro Granado y Nelson Martínez. En la estructura criminal hay más cómplices, muchos de los cuales se encuentran en Miami y Houston, que le habrían ayudado a comprar una serie de propiedades a través de compañías fantasmas.

  Fuentes internas de CITGO han revelado que De Jongh Atencio recibía órdenes principalmente del entonces CEO de CITGO,  Nelson Martínez y de José Luis Zambrano, actualmente arrestado en Caracas.  

  Dentro de la estructura criminal en la que participó De Jongh Atencio  participaron, además de González Testino y Farías Pérez, otros contratistas corruptos como Pietro Micale, Ernesto Luis Guevara Rodríguez, Manuel Chinchilla Da Silva, Ángel Rodríguez, entre otros. Dichos contratistas  usaron una serie de empresas de fachada, entre las que se destacan: Rothwell Energy, ICTS, Petroleum Logistics, DanelCorp., EcoWire, SPS, Stang Industrial Products, Ventex, Drill Corp y Lexington Tech.

   De acuerdo a un documento que fue publicado en este expediente, De Jongh Atencio aparece mencionado como receptor de sobornos en otros dos casos, que incluye el del contratista, Gonzalo Morales Divo, (caso sellado #19-cr 001148) y el caso de Laymar Peña Torrealba  (Caso No. 19-cr-186). Gonzalo Morales Divo se declaró culpable de conspirar con su asociado, José Manuel González  Testino, para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se sabe que Morales colabora con la justicia de los Estados Unidos y su caso fue sellado desde el inicio del proceso por decisión del tribunal.  

   Peña, González Testino, Morales Divo y Farías Pérez están a la espera de sentencia.   González Testino, Farías Pérez y probablemente Peña podrían ser llamados como testigos en el caso de De Jongh.


lunes, 14 de diciembre de 2020

Iperoil Trade S.L.: Otra empresa usada por PDVSA para violar sanciones de EE. UU. y poder vender petróleo

 Caricom busca limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses.

Por Maibort Petit

    Del mismo modo que en ocasión anterior informamos que un certificado emitido por Comunidad del Caribe (Caricom), demostraba la manera cómo Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) viola las sanciones impuestas por Estados Unidos a quienes establezcan negociaciones con ella, a través de la empresa trinitaria Heritage Petroleum Company, ahora nuevamente vemos cómo se recurre a ese esquema para seguir negociando el crudo venezolano, esta vez con una compañía de origen italiano y domiciliada en España, Iperoil Trades S.L..

  En esta ocasión Heritage Petroleum Company LTD funge como el exportador que consigna 1.200.038 barriles de crudo petrolero API 16 que el exportador Heritage declara que toda mercancía fue producida en Trinidad y Tobago.

El certificado está fechado el 11 de marzo de 2020.

   Iperoil se suma al diseño de triangulación de operaciones por medio del cual PDVSA enmascara sus ventas a través de la utilización de terceros.

  Vale la pena destacar que el país de origen se encuentra por definir (TBA por las siglas en inglés de To Be Announced), con lo que se corrobora la tesis de nuestros informantes quienes nos refieren que Iperoil Trades S.L. apenas tratará de hacer la colocación y no tiene para el momento de la certificación, definido el comprador.

  Caricom en Trinidad y Tobago se aventura a limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses.

  Iperoil trade S.L. se presenta en su página web como una empresa internacional con oficinas en todo el mundo que son gestionadas a través de sus oficinas en Vigo, España[1].

  En España se registró bajo el número CIF B27873629 y con domicilio en Plaza Compostela, 23, Piso 2, Vigo, 36201, Pontevedra, con el objeto social de ser intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales[2].

 Asimismo, presentamos un acuerdo de arrendamiento de almacenamiento suscrito entre Iperoil Trade S.L. y Pendlebury LLC, una empresa registrada en la Florida en 2018[3].

  Se trata de un acuerdo mediante el cual Pendlebury LLC arrienda a Iperoil Trade S.L. un tanque para el almacenamiento de 1.200.000 Barriles de Petróleo Crudo (Api 16) por un período de un mes. El acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2020, fecha que coincide con la de la certificación antes referida.

   Para el almacenamiento del crudo se requirieron dos tanques arrendados a una tasa de USD 0,80 por barril por mes.

   El pago por el período de alquiler es de USD 960.000 por 1.200.000 barriles de Crudo (Api16), los cuales serán cancelados 50 por ciento, USD 480.000, 48 horas después de la firma del contrato y la Factura Comercial. El restante 50 por ciento de saldo se pagaría dentro de los 10 días posteriores a que Storage Tanks reciba el producto designado por parte del arrendatario.


  Los tanques estaban ubicados en en el puerto de Pointe-a-Pierre, Trinidad, West Isles.

REFERENCIAS

[1] Iperoil Trade SL. www.iperoiltrade.es 

[2] El Economista. Iperoil Trade Sociedad Limitada. www.eleconomista.es

[3] Sunbiz. Pendlebury LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=PENDLEBURY%20L180002651150&aggregateId=flal-l18000265115-c28495e6-25fb-4b5b-a656-c29787e39b59&searchTerm=PENDLETON%20210%2C%20LLC&listNameOrder=PENDINGTRADING%20L150000474700

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Cabecillas de uno de los más grandes desfalcos a PDVSA aguardan aún por sentencia

 Conozca a los integrantes de la trama de corrupción que esquilmó durante años a la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

   La expectativa continúa, toda vez que la Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares.

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

He aquí los principales protagonistas:  

Los cabecillas

  Abraham José Shiera Bastidas, empresario de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

Luis Carlos De León-Pérez

  Dentro de la estructura que Roberto Rincón y Abraham Shiera usaba para pagar sobornos a funcionarios de PDVSA a cambio de que éstos aprobaran millonarios contratos de la estatal en favor de las empresas de los primeros, se encontraba Luis Carlos De León-Pérez, un ciudadano venezolano-estadounidense que admitió su participación en la trama de corrupción el 16 de julio de 2018.

   De León-Pérez impulsó el plan internacional de lavado de dinero destinado a legitimar los sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar las adjudicaciones. 

   Ante un tribunal federal de Houston, De León-Pérez aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos después de que un gran jurado federal emitiera una acusación de 20 cargos contra él y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy, Alejandro Isturiz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz. Todos estos últimos, entre 2011 y 2013, cuando eran funcionarios de PDVSA, conspiraron para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos y comisiones ilícitas a cambio de brindar asistencia a esos proveedores en relación con su negocio de PDVSA.

   Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA. También admitió que, luego de esto, conspiró con Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias electrónicas a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores[3].

Juan Carlos Castillo Rincón

  El ex gerente de una empresa de transporte de carga y logística con sede en EE. UU., Juan Carlos Castillo León, se declaró el 13 de septiembre de 2018, de un cargo de soborno extranjero, al haber formado parte de un plan para asegurar de manera corrupta contratos y extensiones de contrato de PDVSA.

   Castillo León admitió ante la jueza del Distrito Sur de Texas en Houston, Nancy K. Johnson, formar parte de conspirar para violar las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Fue arrestado en Miami el 19 de abril de 2018, luego de que un gran jurado federal emitiera una acusación formal de cinco cargos en su contra.

   Según admitió, desde 2011 hasta 2013, Castillo León conspiró con otros para sobornar a un funcionario de PDVSA a cambio de que este brindara asistencia en relación con los negocios de la empresa con la petrolera venezolana. 

  Su intervención sirvió para que la empresa obtuviera contratos millonarios, extensiones de contrato, así como términos de contrato favorables. También proporcionó información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA y apoyó a la empresa en reuniones internas de la estatal sobre decisiones de compra[4].

José Orlando Camacho

   Otro funcionario de PDVSA que recibió sobornos, fue José Orlando Camacho, quien se declaró culpable en julio de 2017 en secreto ante el juez Miller, según develó el juez Johnson. Las coimas percibidas por Camacho provenían de Castillo Rincón

   Camacho se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y admitió que mientras era empleado de PDVSA, aceptó sobornos de Castillo y la empresa de logística y transporte de carga de la que este era gerente a cambio de tomar ciertas acciones para ayudar a la empresa. Accedió perder el producto de su actividad criminal[5].

Juan José Hernández Comerma

   El exgerente general y propietario parcial de una empresa de energía con sede en Florida, Juan José Hernández Comerma, formó parte del esquema corrupto de Rincón y Shiera en el cual se favorecía con contratos de PDVSA a las empresas de estos último a cambio de sobornos. Se declaró culpable el 10 de enero de 2017 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El 8 de enero de 2020 fue sentenciado a pagar 48 meses de prisión por el juez Miller. También se le impuso el mandato de cuatro años y se le ordenó pagar una multa de USD 127.000 y perder USD 3 millones.

   Hernández Comerma conspiró entre 2008 y 2012 con Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA, de modo de asegurar los empresarios antes señalados y sus compañías obtuvieran jugosos contratos de PDVSA. 

  La propiedad de la firma en Florida la compartió con Sheira y ofreció sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana. Entre los favorecidos estuvo Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz[6].

Charles Quintard Beech III

   En la misma fecha que Hernández Cormena —10 de enero de 2017— también Charles Quintard Beech III, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Charles Quintard Beech III pagó sobornos a varios funcionarios de PDVSA, incluido Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, a cambio de su asistencia para que las empresas del primero entraran en los paneles de licitación y lograr la adjudicación de contratos de la petrolera. Beech también admitió que estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA, para participar en transacciones financieras para ocultar la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos del soborno[7].

Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz

  En la trama de corrupción encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, ex oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quien se declaró culpable el 10 de diciembre de 2015 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas en relación con una declaración de impuestos, por lo que fue sentenciado el 19 de febrero de 2020, a 70 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. El juez federal del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller, también ordenó a Gravina que pagara una restitución al IRS por un monto de USD 214.849,21.

   Gravina Muñoz igualmente fue acusado formalmente el 15 de noviembre de 2018 por un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, del cual se declaró culpable el 10 de diciembre de 2018. Había ocultado en las entrevistas hechos sobre el pago de sobornos a funcionarios de Citgo Petroleum Corporation.

   Gravina aceptó sobornos por más de USD 590.000 entre 2007 y 2014 de los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández mientras trabajaba como gerente de compras en PDVSA, asegurándole desde esa posición ganar lucrativos contratos a los susodichos. Para ocultar los pagos corruptos, los empresarios transfirieron fondos desde cuentas que controlaban fuera de los Estados Unidos a cuentas a nombre de asociados y familiares de Gravina. Luego de su declaración de culpabilidad en diciembre de 2015, Gravina se reunió periódicamente con agentes de HSI para brindar información sobre la corrupción en PDVSA[8].

Fernando Ardila Rueda

    El propietario parcial de varias empresas de energía en el estado de la Florida, Fernando Ardila Rueda, se declaró culpable el 11 de octubre de 2017, de cargos de soborno en el extranjero por su papel en un plan para asegurar contratos de Petróleos de Venezuela S.A. de manera corrupta.

   Rueda (Ardila), 49, de Miami, se declaró culpable en un tribunal federal de Houston, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó la declaración de culpabilidad. La sentencia está programada para el 8 de febrero de 2018.

   Según las admisiones hechas en relación con su declaración de culpabilidad, Ardila conspiró con los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas (Shiera) y Roberto Enrique Rincón Fernández (Rincón) para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA. 

      Los sobornos de estas operaciones irregulares se pagaron para asegurar que las empresas de Shiera y Rincón se colocaran en los paneles de licitación de PDVSA y para obtener o mantener negocios con PDVSA. Desde 2008 hasta 2014, mientras fue director de ventas, gerente y propietario parcial de varias de las empresas de Shiera, Ardila brindó entretenimiento y ofreció sobornos a los funcionarios de PDVSA en función de un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las empresas de Shiera.

César David Rincón Godoy

   En la trama corrupta encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación César David Rincón Godoy, quien intervino en el esquema internacional de lavado de dinero con el objetivo de legitimar sobornos pagados para asegurar corruptamente contratos de PDVSA.

  Rincón Godoy, ex-gerente general de la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA, fue arrestado en España en octubre de 2017, junto a Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, por una acusación de 20 cargos emitida por el Distrito Sur de Texas el 23 de agosto de 2017. César Rincón fue extraditado de España el 9 de febrero de 2018 y compareció ante el tribunal el 12 de febrero del mismo año. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales[9].

   Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso.

    César Rincón también admitió haber solicitado y recibido sobornos de otros propietarios de empresas de energía con sede en Estados Unidos a cambio de su asistencia para ayudarlos a ganar contratos con PDVSA. Admitió haber conspirado con otros para lavar al menos USD 7.033.504,71 en ganancias de los diversos esquemas de soborno en los que participó[10].

José Manuel González Testino

   El propietario de varias empresas en estados Unidos de nacionalidad venezolano-estadounidense, José Manuel González Testino, es igualmente otro presunto integrante de la trama de corrupción dirigida por Rincón y Shiera.

   González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Sobre él pesan cargos de soborno extranjero por conspirar para realizar pagos corruptos a un funcionario de PDVSA. Específicamente se le acusa de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

   Según la denuncia penal, González Testino y un co-conspirador pagaron al menos USD 629.000 en sobornos a un exfuncionario de PDVSA a cambio de que éste tomara medidas para dirigir los contratos de PDVSA a sus empresas y para darles prioridad sobre otras proveedoras para recibir pagos. Asimismo, las empresas de González Testino habrían recibido contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos[11].

   González Testino se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó su declaración el 29 de mayo de 2019. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018, cuando con otros sobornó a funcionarios de PDVSA.

   Los sobornos que admitió haber pagado entre 2012 y 2013 estuvieron destinados a Cesar Rincon David Godoy, ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. Otros sobornos fueron para Alfonso Eliezer Gravina Muñoz cuando era funcionario en PDVSA Services Inc., otra subsidiaria con sede en Houston. A cambio, Rincón y Gravina proporcionaron a González información privilegiada sobre los procesos de adquisiciones de PDVSA. También algunos sobornos de González Testino fueron para empleados de CITGO[12].

Villalobos, Reiter, Istúriz

   Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, fueron también arrestado en España —junto a César David Rincón Godoy— en octubre de 2017, atendiendo a la acusación formulada en el Distrito Sur de Texas, en las que se les formulaban 20 cargos. Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia española pendiente de extradición. Otro acusado fue Alejandro Isturiz Chiesa, quien sigue prófugo.

   De León, Villalobos, Reiter e Isturiz están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA[13].

  La acusación formal alega que los cinco acusados, todos funcionarios de PDVSA, eran conocidos como el "equipo de gestión" y tenían una influencia significativa dentro de empresa petrolera. Estos hombres conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de PDVSA, recibir sobornos y comisiones ilegales a cambio de brindarles asistencia en relación con su negocio con la estatal venezolana. Los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.

    Roberto Rincón y Abraham Shiera enviaron más de USD 27 millones en sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era beneficiario efectivo y este y Villalobos eran firmantes autorizados. Esos fondos se transfirieron posteriormente a otras cuentas en Suiza[14].

   Informaciones recibidas en Departamento de Justicia de parte de los conspiradores, permitió conocer ampliar los elementos y acusaciones en torno al esquema de corrupción de Rincón y Shiera, estableciéndose que también el expresidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos lavaron dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela[15]

REFENCIAS 

[1] Department of Justice. “Empresario de Miami se declara culpable de cargos de soborno y fraude en el extranjero en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 23 de marzo de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/miami-businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-fraud-charges-connection-venezuela


 


[2] Department of Justice. “Empresario se declara culpable de soborno extranjero y cargos fiscales en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 16 de junio de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-tax-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


 


[3] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 16 de julio de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme-0


[4] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


 


[5] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


[6] Department of Justice. “Empresario de Florida sentenciado por participación en plan de soborno en Venezuela”. 8 de enero de 2020. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/florida-businessman-sentenced-role-venezuela-bribery-scheme


[7] Department of Justice. “Dos empresarios se declaran culpables de cargos de soborno en el extranjero en relación con esquemas de soborno en Venezuela”. 10 de enero de 2017. https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-plead-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-schemes


 


[8] Department of Justice. “Hombre de negocios de Texas condenado a 70 meses de prisión por su participación en plan de soborno en Venezuela y obstrucción de la justicia”. 19 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/texas-businessman-sentenced-70-months-prison-role-venezuela-bribery-scheme-and-obstruction


 


[9] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[10] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme


[11] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios arrestado por cargos de soborno extranjero en relación con plan de soborno en Venezuela”. 1 de agosto de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-arrested-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[12] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargos de soborno en el extranjero en relación con el esquema de soborno de Venezuela”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[13] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[14] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[15] Venezuela Política. “Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.”. 20 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/javier-alvarado-ochoa-acusado-de-lavado.html


 



viernes, 9 de octubre de 2020

OI European Group reclama acciones de CITGO para cobrar $500 millones de deuda

   Con acciones de la filial de PDVSA en territorio estadunidense la compañía quiere cobrarse la sentencia del laudo por USD 500 millones que la adeuda Venezuela por la expropiación de sus activos.

Por Maibort Petit

   Desde que Crystallex International Corp, con la bandera de la tesis del alter ego, logró que los tribunales de Estados Unidos reconocieran que es posible cobrarse acreencias de Venezuela con bienes de la petrolera, se ha desatado una ola de acciones legales encaminadas a conseguir el cobro de deudas transitando la misma vía. Es el caso de OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois que, como otras, ha solicitado una orden de embargo contra las acciones de la corporación PDV Holding Inc., propiedad nominal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La empresa estadounidense Owens-Illinois Inc. fue expropiada de sus activos en Venezuela por el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, y desde esa fecha mantiene una batalla legal para lograr el resarcimiento de la inversión a consecuencia de la decisión del ejecutivo venezolano.

  El 25 de julio de 2019 la empresa le pidió a un juez del Distrito de Columbia que le permitiera cobrarse un laudo con que la favoreció el tribunal de arbitraje del CIADI por USD 400 millones, a través de los activos venezolanos. Previamente, el 21 de mayo, la jueza de distrito de Washington DC, Amy Berman Jackson, confirmó el laudo de unos USD 500 millones, sin considerar la solicitud de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, de retrasar el procedimiento por 120 días.

  Está es la opinión del exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández en #SinFiltros



  Fue también en 2019 cuando OI European Group B.V. presentó una moción que perseguía lograr el cobro de la sentencia del laudo con activos venezolanos en razón de la incapacidad para hacer que el gobierno de Venezuela cumpla con la decisión.

  Ante el Tribunal de Delaware, Owens-Illinois demandó el 11 de febrero de 2019 a cuatro empresas propiedad de Venezuela, entre ellas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y CITGO, con el objetivo de cobrar el laudo.

El memorando suplementario

   En el Tribunal del Distrito de Delaware, OI European Group BV (OIEG) se presentó un Memorando suplementario en apoyo a su moción de reconsideración dirigida a modificar su orden anterior y así otorgar a la demandante un auto de embargo sobre acciones propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pues sostiene que esta última es controlada por la República Bolivariana de Venezuela, su deudora, es decir, la primera es un alter ego de la segunda.

  El pedimento agrega que, en caso de que la moción no sea concedida como cuestión de derecho, la Corte debe programar una audiencia lo antes posible “para abordar la abrumadora evidencia que muestra que PDVSA sigue siendo un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela”.

La argumentación

  Sostiene OIEG que la República Bolivariana de Venezuela sigue manteniendo el control y dominio de PDVSA y se remite, en primer lugar, a lo expuesto en la decisión de la Corte del 9 de agosto de 2018 del caso Crystallex contra Venezuela, en la que citó que “en noviembre de 2017, PDVSA anunció: 'A partir de hoy, el mando de la industria petrolera pasa a manos del primer trabajador del país, Nicolás Maduro' (…). La Corte también señaló que uno de los objetivos declarados de PDVSA era 'garantizar el control del Estado sobre [PDVSA]' (…)”.

  Advierte que, para agosto de 2020, nada de esta situación ha cambiado y Nicolás Maduro continúa “comandando” PDVSA y controlando todos sus activos y operaciones, y desplegándolos con fines políticos, como activos del estado. “PDVSA, la entidad tal como existe y funciona hoy en día, continúa cediendo el control sobre sí misma al estado venezolano”.

  Refiere que la argumentación de Venezuela referente a que los hechos relevantes cambiaron después de 2018 porque en 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, así como el señalamiento de que el gobierno en el exilio de Guaidó pretendía nombrar nuevos directores de PDVSA, ratifica la doctrina del alter ego.

   OIEG se remite a la jurisprudencia que advierte que “los hechos son primordiales para determinar cuándo el control es tan extenso que la separación entre entidades se desvanece como una distinción legal”. En este sentido, indica que, aunque EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como representante de Venezuela, otorgándole legitimación ante la Corte, los hechos demuestran que Guaidó no tiene poder real ni influencia sobre el estado venezolano o sus asuntos, como tampoco lo tiene el directorio nombrado por éste en PDVSA. Asegura que la petrolera estatal venezolana sigue sujeta a las sanciones de Estados Unidos y el régimen de Maduro manipula, domina y controla sus operaciones y activos no menos que en 2018. “PDVSA sigue siendo hoy lo que era entonces, un brazo del estado, totalmente bajo el control del estado”.

Continúa sujeción de PDVSA a las sanciones

  OI European Group BV refiere que, incluso, Estados Unidos reconoce que PDVSA es indistinguible de Venezuela BROV.

  Recuerda que desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro viene administrando sanciones contra Venezuela. Agrega que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela no estuvo acompañado de una relajación de dichas sanciones y, de hecho, con dictamen Crystallex I emitido en agosto de 2018, se amplió el alcance de la propiedad bloqueada por el régimen de sanciones y se reconoció explícitamente la superposición entre Venezuela y PDVSA.

  OIEG se remite a la Orden Ejecutiva 13857, emitida el 25 de enero de 2019, en la cual se modifica la definición de “Gobierno de Venezuela” para incluir explícitamente a PDVSA, mientras que la Orden Ejecutiva 13884, del 5 de agosto de 2019, establece que la propiedad de Venezuela, incluida la propiedad de PDVSA, está "bloqueado y no puede ser transferida, pagada, exportada, retirada o negociada de otra manera" sin una licencia.

  El endurecimiento de las sanciones, por tanto, deja en claro que, aunque Estados Unidos reconozca a Guaidó como representante de Venezuela en los tribunales estadounidenses, PDVSA sigue bajo el control del estado venezolano.

Maduro al control de PDVSA

  El memorando de OIEG asegura que el régimen de Nicolás Maduro continúa controlando las operaciones y activos de PDVSA.

  En tal sentido cita lo expresado recientemente por un observador cercano de los hechos sobre el terreno en Venezuela, cuando manifestó que “la campaña para reemplazar al presidente Nicolás Maduro ha fracasado (...) Mientras Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó afirman ser presidente, Maduro mantiene el control de activos clave, incluidos los militares, los medios de comunicación, la policía y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA”.

   Tajantemente asevera que el reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos no ha cambiado nada en la relación entre Venezuela y PDVSA. “El régimen de Maduro nombra directores y funcionarios que realmente controlan las operaciones de PDVSA, y que lo hacen desde las oficinas, operaciones, sitio web y cuentas de Twitter de PDVSA. El régimen controla la imagen pública de PDVSA y sus representantes designados dominan las operaciones y los activos de PDVSA de manera tan completa que han transferido los activos de PDVSA a un tercero sin la autoridad, o incluso el conocimiento, del Directorio de Guaidó”.

   Como ejemplo de lo sostenido, hace mención al anuncio de PDVSA en su página web que expresó la intención de Maduro (en lugar de la Junta de Guaidó) de reestructurar la empresa para protegerla de los "ataques imperialistas". También el 27 de abril de 2020, Maduro instaló como presidente de PDVSA a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez y nombró como nuevo ministro de Petróleo a Tareck El Aissami, a quien ordenó reestructurar PDVSA.

  También Maduro ejerce un control directo sobre la distribución del petróleo de PDVSA nacional e internacionalmente.

  Se remite al portal Crónica Uno que informó el 27 de junio de 2020 que PDVSA, actuando no bajo el control de la junta de Guaidó, sino según lo ordenado por El Aissami y Chávez, rescindió los acuerdos con varias personas y empresas venezolanas que licenciaban estaciones de servicio, confiscándolos para el estado.

  El Aissami y Chávez asistieron a reuniones virtuales de la OPEP en representación de Venezuela y PDVSA.

  Igualmente, al haberse quedado Venezuela sin gasolina al no poder refinar su petróleo por la falta de bienes y materiales importados a la luz de las sanciones de Estados Unidos, ha recurrido al suministro de Irán y, en tal sentido, ha celebrado el arribo de petroleros iraníes a aguas territoriales venezolanas.

  Todo evidencia, según OIEG, que Maduro controla las operaciones comerciales ordinarias de PDVSA.

Uso político de PDVSA

  El memorando de OIEG dice que Maduro usa su control sobre PDVSA para socavar políticamente a Juan Guaidó y usa la propiedad de PDVSA como si fuera propiedad de Venezuela.

   Maduro utiliza regularmente la propiedad de PDVSA para promover la política exterior de Venezuela.

Guaidó no controla PDVSA

  OI European Group BV en el memorado presentado ante el tribunal asegura sin ambages que el directorio de PDVSA designado por Juan Guaidó es impotente, puesto que no tiene control de las operaciones y activos de la petrolera.

  El referido directorio no tiene control ni acceso a ninguna oficina o instalación de PDVSA, ni a las plataformas de redes sociales, sitio web o anuncios públicos de PDVSA.

  En contraste, Maduro hace anuncios en las oficinas de PDVSA y los propios comunicados de prensa de PDVSA emiten la política de su régimen.

  Los miembros de la Junta Directiva de Guaidó siguen sujetos a un proceso penal venezolano iniciado en 2019 bajo los auspicios del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

  Como ejemplo de lo afirmado, el memorando refiere una transacción de mayo de 2020 que evidencia la absoluta irrelevancia del directorio de Guaidó para PDVSA, puesto que a través de su subsidiaria europea PDVSA Europa, la estatal vendió una participación significativa y valiosa en Nynas, una refinería de petróleo sueca. La junta de Guaidó se limitó a criticar la venta y admitió que "no se le informó de la venta de la empresa de una participación del 35% en la refinería sueca Nynas".

  Finaliza el memorado con la advertencia de que si existiera realmente un nuevo gobierno que realmente tuviera el control de Venezuela, el cambio de representante debería significar un viraje en los hechos que anteriormente respaldaban el alivio del alter ego, lo cual no es el caso. Subraya que Estados Unidos sabe que el “gobierno” por él reconocido no gobierna. Los hechos sobre el terreno muestran de manera abrumadora que PDVSA sigue estando dominada y controlada por el Estado venezolano.


  

lunes, 21 de septiembre de 2020

Destruyeron plantas de gas en PDVSA con la intención de comprar otras con sobreprecio

Por Maibort Petit

  Un proceso de desmantelamiento habría operado en las instalaciones de plantas de compresión de gas en el Lago de Maracaibo, donde muchas de estas instalaciones, las cuales habían sido repotenciadas entre los años 2004 y 2012 a un muy alto costo para Petróleos de Venezuela S.A., con el supuesto objetivo de llevar a cabo negociaciones irregulares y con sobreprecios en la compra de equipos sustitutos.

  De la tal obsolescencia habló el 6 de marzo de 2017, el presidente de PDVSA para la fecha, Eulogio Del Pino, quien en visita a las plantas compresoras de Gas Bachaquero I y Bachaquero II, cuando inspeccionaba las áreas operacionales ubicadas en diferentes regiones del país.

“Estas plantas forman parte de un sistema que lleva más de ocho décadas funcionando; muchas de ellas necesitan ser sustituidas; por ello estuvimos revisando un proyecto denominado Sorocaima, que será una nueva planta para el manejo del gas en el Lago de Maracaibo, adaptada a la nueva situación de los yacimientos lacustres, dado que las condiciones de producción y manejo de gas ha cambiado”, dijo Del Pino.

 Allí el presidente de la estatal anunció que Orlando Chacín, vicepresidente de Producción estaba encargado, a través de un comité, de repensar la producción de crudo y gas en el Lago de Maracaibo y, en tal sentido, debía plantear nuevas estrategias de infraestructura en esa área operacional. Sin embargo, advirtió que a pesar de la obsolescencia de los equipos, en la zona había una producción de” 400 mil barriles de crudo por día y tiene la oportunidad de crecer, porque tenemos las reservas que es lo más importante. Las reservas probadas del Lago de Maracaibo superan las de cualquier país, calculadas en 10 mil millones de barriles. Eso da para producción con una infraestructura diferente, nueva”[1].

  Fuentes ligadas a la industria petrolera nos indican que el deterioro inducido se habría provocado, no únicamente en las viejas plantas de turbocompresores en cadena (1 cadena=6 o 7 turbocompresores en serie), como es el caso de las plantas PC-Bachaquero-1, PC-TJ-3 (Tía Juana 3) y PC-TJ-2, sino también en las más nuevas de tipo Modulares como PC-TJ4, PC-TJ-5, PC-LL-1 (Lagunillas 1), MiniPlantas MP-LL-1, 2, 3, 4, 5, 6 (Lagunillas 1 a la 6), PC-UD-1 (Urdaneta 1), entre otras con 1 y hasta 4 Módulos independientes (1 Módulo= 1 Turbocompresor); además, en los complejos donde operan cantidad de diversos módulos, incluidos los de generación eléctrica, como los de Complejo LAMA y LAMARGAS.


  Se nos hace saber que entre esos módulos había unos denominados “portátiles”, los cuales se suponía, podían movilizarse en razón de que poseían en sus bases los mecanismos para trasladarlos "fácilmente" de un lado al otro del Lago de Maracaibo. De estos equipos, quedaban dos operativos de los años ´90, los cuales eran conocidos como PORTA-6 y PORTA-7.

  Sustentados en esta experiencia, Héctor Roque, Héctor Roque, exgerente de Operación Integral de Plantas y Luis Nieto, comenzaron a proponer un megaproyecto denominado "Compresión Portátil", que no consistió en otra cosa que provocar la obsolescencia de algunas plantas, para ser sustituidas por este tipo de módulos "portátiles", a un costo de USD 1.000.000.000. Para ello habrían contactado a un grupo de ingenieros en Estados Unidos para implementar el proyecto y se estimaba que los referido “módulos portátiles” serían comprados en Asia. El 6 de septiembre de 2017, Héctor Roque y otros 7 funcionarios de PDVSA Occidente fueron detenidos, acusados del presunto desvío multimillonario de crudo, mediante el agregado de emulsionantes y agua que era exportado por el Puerto Miranda por donde salen 1.5 millones de barriles diarios[2].

  Fue a partir de ese momento —señala la fuente— cuando comenzó a apresurarse la destrucción de cuanta planta de compresión de gas pudieran. De este modo, en PC-TJ-2, para el año 2015, las dos cadenas estaban inservibles (300 MMPCED de inyección perdidos). Igualmente, los equipos se dejaban a merced de los piratas del Lago que procedían a su desvalijamiento. También se recurría al descuido en el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, una cadena de PC-TJ estuvo 3 años sin arrancar efectivamente, mientras cantidad de módulos de compresión (de las modulares) se dejaron sin mantenimientos. MP-Ba-1 y MP-Ba-2, por su parte, fueron desvalijadas (miniplantas Bachaquero 1 y 2), entre otros daños provocados.

 Fue así como fueron desincorporándose equipos que, según los informantes, estaban operativos.












[1] PDVSA. “Presidente de PDVSA recorrió plantas compresoras de gas en el Lago de Maracaibo”. 6 de marzo de 2015. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7673:presidente-de-pdvsa-recorrio-plantas-compresoras-de-gas-en-el-lago-de-maracaibo&catid=10&Itemid=589&lang=es

[2] El Nacional. “Detienen a 9 gerentes de Pdvsa Occidente”. 6 de septiembre de 2017. https://www.elnacional.com/economia/detienen-gerentes-pdvsa-occidente_202260/


sábado, 12 de septiembre de 2020

Así fue como Abraham Shiera Bastidas defalcó a PDVSA

  Una serie de documentos que aquí presentamos ilustran el esquema corrupto con el cual se expoliaron millones de dólares a la estatal petrolera.

Por Maibort Petit

   Documentos comprueban cómo Abraham José Shiera Bastidas, a través de su empresa Vertix Instrumentos S.A., la cual tenía la representación de la marca Rosemount en Venezuela, vendía con sobreprecios a PDVSA los transmisores de temperatura diferencial y presión manométrica, para lo cual contaba con la presunta complicidad de Gustavo Enrique Oses Gutiérrez, a cargo para la época de la Gerencia de Servicios Técnicos de Bariven, departamento encargado del registro de proveedores internacionales a través del sistema SAP.

 Shiera Bastidas, socio del magnate petrolero Roberto Rincón, procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas donde se declararon culpables haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros, aguarda por la sentencia al haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero[1].

  Vertix es una empresa ampliamente cuestionada en cuya junta directiva figuraban Abraham José Shiera Bastidas (presidente),  Ricardo José Ricardo Bravo (Director), Fernando Ardila Rueda y Noel Antonio Maestre González, la cual está inhabilitada para contratar con el estado venezolano, pero hasta 2014 su certificado fue el N° 0000102300733718[2].

  Entretanto, Gustavo Oses está señalado de presuntamente participar en un esquema de corrupción que operó en Bariven y que habría permitido favorecer a determinadas empresas con el otorgamiento a discreción de jugosas órdenes de compra y contratos. La manipulación del sistema SAP habría servido a Oses alterar, según sus intereses, el registro de los proveedores internacionales de la estatal petrolera. Su aval en las era crucial[3].  

  En el caso que nos ocupa, de acuerdo a nuestras fuentes, se observa cómo se daban estas manipulaciones del SAP para favorecer a la empresa de Sheira, particularmente con la asignación de contratos para la adquisición de transmisores (de presión, temperatura, nivel, flujo, etc.), relacionados a la marca estadounidense Rosemount, la cual estaba representada en Venezuela por Vetrix Instrumentos S.A. En esta entrega mostramos dos comunicaciones y una serie de documentos que ilustran el esquema corrupto implementado que permitió el desfalco de millones de dólares a PDVSA. En ellos, aunque Oses apenas es mencionado, su figura silente es vital para el funcionamiento del esquema.

La advertencia de 2007

  El 27 de junio de 2007, Enrique Davis, de Soporte Operacional de Automatización de Plantas de la Gerencia de AIT de PDVSA Occidente, reenvió a Vanessa Rivera y a Pedro Martínez, un mensaje que ya había remitido el 6 de marzo de 2007 a Jacqueline Almarza, Víctor Cohen, Gustavo Oses, Tito José Osorio, Luis Prieto, Pedro Valdez y Danny Caicedo, cuyo asunto y contenido eran las “Observaciones sobre codificación SAP-Caso transmisores de temperatura diferencial y presión manométrica”.

  La comunicación refería una conversación previa sostenida con Tito Osorio de Bariven en La Salina, donde se planteaba el problema que se presentaba debido a los números SAP asignados a los transmisores de temperatura, presión diferencial y presión manométrica, los cuales tenían una "descripción de material" que incluía una mención explícita al fabricante estadounidense Rosemount (Emerson), además de incluir códigos de modelos específicos de esta marca (Rosemount de Emerson).

  Enrique Davis advertía que los números SAP de equipos completos debían darse, según especificaciones técnicas, sin mencionar marca alguna. Igualmente, subrayó que solamente en casos de repuestos específicos de equipos de determinados fabricantes, se podrían hacer referencia a una marca.

  También alertó que un convenio de partes y repuestos como el descrito referido a transmisores, “no debería utilizarse para adquirir los transmisores completos, sino sólo algunas ‘partes’ que sirvan como ‘repuestos’ para reparar los transmisores existentes en una instalación dada. También es de suponer que los precios dados en el marco de un ‘convenio’ deberían de ser más económicos para PDVSA que los dados por la misma empresa sin dicho ‘convenio’".

  El correo ejemplificó que, en el caso de los transmisores, podían comprarse partes de una marca y de otra en algunos de sus componentes. Subrayó que no es necesario reparar averías usando partes de la misma marca y modelo.

  En específico, Enrique Davis refirió que había asistido el 1º de marzo, a una presentación el Comité Técnico Permanente de ingeniería y Automatización (CTPIA), en la que José Argüello, de la empresa Sincotec, la cual representa al fabricante de transmisores marca Yokogawa (Japón), alertó que los precios en dólares de los transmisores Rosemount se estaban ofreciendo a PDVSA, se habían triplicado en 2006 respecto a 2002.

   Subrayó Davis de Argüello había trabajado hasta 2006 con la empresa Vertix, la cual representa a los transmisores marca Rosemount, por lo que los datos y documentos presentados por este era muy probable que fueran fiables.

  La comunicación destacó que los precios dados a PDVSA para transmisores Yokogawa, eran casi la mitad de los ofertados por Rosemount.  Una observación que igualmente aplicaba en el caso de los transmisores SMAR (Brasil), de acuerdo a información suministrada por la Empresa Eleinca. La cual era representante del fabricante de los citados transmisores SMAR que, para la fecha, ensamblaba algunos modelos en Barquisimeto.

  Del mismo modo, Enrique Davis señaló que habían suscrito “Contratos Marco para el Suministro de Partes y Repuestos", en los que se incluían los equipos, a saber, los transmisores, completos, además de los sensores. El monto de algunos de estos contratos oscilaba los Bs. 16 millardos.

   La comunicación de Davis concluyó con la petición de que se realizara una revisión y se cambiaran las especificaciones dadas en los campos "‘descripción de materiales’ para los distintos números SAP correspondientes a los Transmisores y Sensores de variables comúnmente usadas (temperatura, presión, flujo, entre otros), de tal manera que no aparezca mención explícita de marcas y modelos de fabricantes específicos”.

La Minuta de CTPIA

  La minuta de la reunión en la que Enrique Davis refiere que José Arguello (Sincotec) advirtió del incremento del precio de los transmisores de Rosemount, recoge el citado gerente de ventas de la empresa ofertante, que representa al fabricante Yokogana, en su presentación “de las características técnicas y económicas de los equipos de instrumentación y control que fabrican y que son distribuidos a nivel nacional por la empresa Sincotec. Los equipos son: transmisores de nivel y presión, medidores de flujo, etc. Asimismo, presentó una tabla comparativa de precios de fabricantes de equipos similares, en las cuales se observó desviaciones de dos a tres veces por encima a los precios de Yokogawa. De esto se ha informado al personal de PDVSA que tiene que ver con el proceso de selección y procura de los equipos, para que analicen tales desviaciones con los equipos de Yokogawa que cumplen con los requisitos técnicos exigidos por PDVSA”.

  Se acordó remitir esta presentación a la gerencia general de PDVSA Occidente y a la gerencia de Bariven.



La presentación de Argüello

  El gerente de ventas de Sincotec, José Argüello, en una sección de su presentación ante el Comité Técnico Permanente de ingeniería y Automatización (CTPIA), refirió que en la licitación general Nº 660008234, referida al contrato marco para el suministro de Transmisores de presión estática diferencial y temperatura convocada el 26 de junio de 2001, se otorgó la buena pro a la empresa Vertix Instrumentos el 3 de diciembre de 2001.

  En dicho proceso, la empresa Eleinca fue descalificada en la evaluación técnica, quedando en la competencia la empresa Honeywell cuya oferta fue de Bs. 2.333.210.612,34, mientras que la de Vertix fue de Bs. 2.097.623.968,00.


   Argüello se remitió a otros contratos marcos de la fecha, a saber 2001, cuyos montos variaban entre Bs. 1.500.000.000 y Bs. 3.000.000.000.




  En la comparación que Argüello hace los precios de 2002 con los de 2006, subrayó los significativos incrementos de los mismos en sus montos en dólares, los cuales se triplicaban como puede verse a continuación:

  La presentación estableció una comparación entre los precios ofrecidos por la empresa Yokogawa y los de la empresa Rosemount, representada en Venezuela Vertix, cuaya diferencia oscilaba entre el 14,82 por ciento y el 33,90 por ciento.

  José Argüello advirtió sobre la inconveniencia de los convenios que PDVSA había suscrito con la empresa proveedora de Rosemount en Venezuela, toda vez que no se contemplaba el suministro de partes y piezas, sino de equipos completos, lo cual era perjudicial para la petrolera estatal.

  Reconocía que cuando se tratara de equipos de instrumentación completos, sí era recomendable para PDVSA proceder con contratos marcos basados en licitaciones generales.

Sobre Eleinca

  La empresa Eleinca, representante de los transmisores marcar SMAR (Brasil) descalificada en la licitación, por supuestamente no reunir los requerimientos técnicos, había sido contratada por el estado venezolano para trabajos y suministros similares en Barquisimeto.

  De hecho, la Comisión Presidencial de Compras del Estado fechada el 14 de abril de 2005, certificó a Eleinca C.A. dado que satisfacía los criterios técnicos y ambientales exigidos por Venezuela.

Eleinca contaba con la certificación bajo la Norma ISO 9001:2000.



  Eleinca fue descalificada a pesar de conclusiones y recomendaciones emitidas en un informe de evaluación del Programa de Sustitución Selectiva de Importaciones y Rueda de Negocios, identificado con el código CCSCAIT0601-IIE0800, fechado el 9 de noviembre de 2006, relativo al proyecto “Transmisores de presión y temperatura marca SMAR ensamblados en Venezuela por Eleinca C.A.”.

  Allí se estableció que los “resultados de las pruebas y observaciones realizadas a la muestra de transmisores de presión marca SMAR modelo LCD301 y de temperatura marca SMAR modelo TT301, ambos ensamblados en Venezuela por la empresa venezolana ELEINCA C.A., son satisfactorias e indican que los mencionados equipos cumplen con las características técnicas, funcionales y de seguridad que les permiten ser usados en los procesos de la industria petrolera y petroquímica nacional”.

  Se recomendó avalar “el uso en la industria petrolera y petroquímica nacional de los transmisores de presión marca SMAR modelo LD301 y de temperatura marca SMAR modelo TT301, ambos ensamblados en Venezuela por la empresa ELEINCA C.A.”.

Otra advertencia de Davis

  El 30 de enero de 2012, Enrique Davis, de AIT PDVSA Occidente, remitió otro correo a Andreina Reyes, en el que reenviaba una comunicación que el 24 de enero de ese mismo año 2012 había remitido a Fabiola Soriano, Alexander Pirela, Alexis Briceño, y Gerardo Queipo, cuyo asunto tenía que ver con una serie de observaciones sobre la lista de empresas de Bariven.

  En la comunicación, nuevamente Davis advertía sobre irregularidades en los procesos de compras.

  Específicamente, reportaba que Bariven PSI estaba convocando a empresas de las que solamente dos fabricantes de hasdware PLC eran reconocidos, a saber, Invesys (Triconex) y Honeywell.

  Se preguntaba Davis el porqué de esta situación, sobre todo cuando había “cantidad de conocidos y tradicionales fabricantes, por no hablar de los nuevos que se están conociendo, no entiendo qué es lo que está ocurriendo en Bariven PSI”.

  Igualmente se interrogaba: “¿Cuál es el criterio para elegir a las empresas? ¿Por qué no toman en cuenta a TODAS las empresas que se sugiere, además de incluir cualquiera adicional que considere Bariven PSI?”.

  Puntualizaba que a Bariven se le habían sugerido los proveedores Invensys (PLC Triconex); Siemens; Rockwell Automation (Perú); Schneider (PLC Modicon); y HIMA (PLC HIMAX).

  Subrayó que para la fecha en que remitía el correo, solamente Inveys (triconex), había presentado una oferta para evaluación técnica. Igualmente refirió que, en un proceso anterior muy similar, HA63014541, concursaron tres empresas, de las cuales las dos ofertas válidas para evaluación eran de los fabricantes Rockwell y HIMA, habiendo ganado la primera la licitación.

  A esta comunicación, Fabiola Soriano contestó el 24 de enero de 2012, remitiéndole a Enrique Davis la lista de los acreedores invitados a participar en el proceso.


  Davis había remitido otro correo a Soriano con fecha errada del 1º de agosto de 2011, que corrigió en otro mensaje, siendo la fecha correcta 23 de enero de 2012, en el que pedía verificar si existía un solo ofertante, “dado que todos los archivos así lo indican (todos son de INVENSYS, Triconex). De ser así, y existir un sólo ofertante, por favor verificar que en efecto se llamó a varios fabricantes, indicando a cuáles por favor”.


 

CITAS

[1] El Tiempo Latino. “Posponen sentencia de contratistas de PDVSA y CITGO, acusados de corrupción por EE.UU.”. 28 de enero de 2020. http://eltiempolatino.com/news/2020/jan/28/posponen-sentencia-de-contratistas-de-pdvsa-y-citg/

[2] Venezuela Política. “Abraham Shiera: Socio necesario de Roberto Rincón para obtener fraudulentamente contratos de PDVSA”. 24 de septiembre de 2016. https://www.maibortpetit.info/2016/09/abraham-shiera-socio-necesario-de.html


[3] El Pitazo. “Una oficina paralela a Bariven-Holanda funcionó desde Caracas para otorgar contratos millonarios”. 7 de agosto de 2016. https://archivo.elpitazo.net/sucesos/una-oficina-paralela-a-bariven-holanda-funciono-desde-caracas-para-otorgar-contratos-millonarios/