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jueves, 22 de septiembre de 2022

Javier Alvarado Ochoa: una vieja ficha del chavismo acusado por EE. UU. de desfalcar a PDVSA que adquiere nuevo protagonismo

  El antiguo titular de posiciones fundamentales en los despachos de energía y petróleo se presenta ante un tribunal de Estados Unidos como paladín de la lucha anticorrupción en Venezuela, en tanto los casos en los que está involucrado vuelven a resonar en los escenarios judiciales.

Por Maibort Petit

  Entretanto Javier Alvarado pide la desestimación de la acusación en su contra formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas ante el Tribunal homónimo y para ello alega que la misma presenta inconsistencias y califica de ser fatalmente defectuosa en comparación con la causa que se desarrolla en los juzgados de España —donde reside—, por el otro deja sentado que en este último proceso, en el que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) figura como acusadora, habría retenido documentación fundamental y, peor aún, falsa.

 Javier Alvarado, quien se desempeñó en varios cargos de la administración pública venezolana, tanto en Bariven-PDVSA, como en el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, Electricidad de Caracas, entre otros, es acusado de delitos de lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta.

Lucha contra la corrupción

  Alvarado acusa contradicciones que para él son fundamentales, puesto que en tanto el gobierno lo señala conspirar junto a Roberto Rincón y Abraham Shiera para lavar dinero proveniente de la asignación de contratos irregulares con PDVSA, habiendo supuestamente favorecido a estos contratistas cuando se desempeñaba como presidente de Bariven, la filial de la PDVSA encargada de las compras internacionales, él sostiene que, por el contrario, denunció la corrupción de estos durante su gestión.

  Respecto a la documentación cuya autenticidad ahora se pone en entredicho, Alvarado refiere en su moción que en España como en Estados Unidos, hizo entrega de los mismos papeles.

  De acuerdo a lo expuesto por Alvarado en la moción, luego de que el juez español ordenara a PDVSA entregar todos los documentos que fundamentan su denuncia, esta presentó solamente registros parciales de las contrataciones entre la estatal y las empresas de Rincón y Shiera, los cuales ninguno requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o la junta directiva de PDVSA. En pocas palabras, Alvarado acusó a PDVSA de retener dichos documentos.

  Según él, el gobierno no entregó ni una sola factura que sirva para evidenciar que aprobó pagos irregulares a las empresas de Rincón y Shiera. Es mas, Alvarado asegura en la moción que lejos de ser un corrupto, combatió este flagelo desde su posición en los cargos que ejerció.

  En este último sentido, sostiene que produjo una serie de informes donde denunció que las adjudicaciones a Rincón, Shiera y sus empresas contemplaban sobreprecios del 76,26 por ciento, gracias a la gestión irregular de César Rincón. Ante las irregularidades detectadas, dice, solicitó auditorías de los contratos otorgados a las empresas de los citados contratistas.

Colaborador de los EE. UU.

  Para completar su presentación como agente anticorrupción, Javier Alvarado asegura en la moción que fue colaborador del gobierno de los EE. UU. cuando se desempeñaba en PDVSA y suministró información a la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, relacionada con la corrupción interna de la petrolera.

  Asegura que entre 2010 y 2015 entregó a la embajada información y documentos relacionados con el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA, Bariven, en respuesta al pedido del Consejero de Asuntos Económicos de la sede diplomática estadounidense, Richard T. Yoneoka.

  Pero no sólo eso, sino que tiempo después proporcionó documentos al Departamento de Justicia y a los fiscales del Distrito Sur de Nueva y del Distrito Sur de Texas con registros de la corrupción vinculada a las empresas Rincón y Shiera.

Fortuna inexplicable

  Pero en tanto, Alvarado asevera que combatió la corrupción en su gestión como funcionario público en Venezuela, otros procesos judiciales, como el que se desarrolla en Andorra lo señalan de formar parte de una compleja trama en la que empresas de maletín que le permitió hacerse de lujosas propiedades en Colombia, España y los Estados Unidos. En l primero de estos países, específicamente en Cartagena de Indias, compró el 70 por ciento de las acciones del hotel Anandá. En estas operaciones irregulares, Alvarado habría actuado con su pareja, Cecirée Carolina Casanova Rangel[1].

  Los casos en España y Andorra

  Lo cierto es que los casos judiciales en contra de Alvarado indican que supuestamente habría desviado USD 15 millones de PDVSA que destinó a todas estas inversiones. El proceso de Andorra lo hace participe de una trama que defraudó 2.000 millones de euros a PDVSA.

  El proceso en Madrid del que habla en la moción, se lleva a cabo en la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la cual negó su extradición a Estados Unidos donde la Corte de Texas lo solicitaba por el caso al que hemos venido haciendo referencia. Había sido arrestado en 2019 por el reclamo del tribunal estadounidense, pero en razón de que en España enfrenta la misma causa, se negó la petición de llevarlo a suelo de EE. UU. Desde 2017, también la justicia española lo investiga por el supuesto cobro de coimas a la empresa Duro Felguera[2].

Con los bolichicos

  Nuestra fuente también lo relaciona con la crisis eléctrica desatada a raíz del desfalco que supuso la contratación de Derwick, la empresa de Alejandro Betancourt y el grupo conocido como los “Bolichicos”. Una trama de corrupción que dejó a Venezuela a oscuras mientras la empresa se hizo de millones de dólares por la supuesta venta de plantas eléctricas que resultaron ser mera chatarra.

  Durante mucho tiempo el gobierno venezolano protegió a Betancourt y el resto de los bolichicos, pero en febrero de 2020, el entonces ministro de información del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, lo acusó que financiar a Juan Guaidó y al partido Voluntad Popular. Entonces lo que hasta la fecha había sido negado, se admitió cuando el alto funcionario chavista dijo que Betancourt negociaba irregularmente con Rafael Ramírez[3].

   Terminaba el romance de Ramírez con el chavismo y se iniciaba una batalla de acusaciones mutuas de hechos irregulares es robo al erario público venezolano. Curiosamente, el expresidente de PDVSA, exministro petrolero y de energía que a capa y espada había defendido el gobierno y todas las instancias del poder, ahora era el responsable toda la corrupción habida en el chavismo. De hecho. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nula una investigación de la Asamblea Nacional en manos de la oposición que acusaba a Rafael Ramírez de una mega robo a PDVSA en su gestión. La sentencia Número 893 del 25 de octubre de 2016 admitió un recurso de nulidad interpuesto por Ramírez contra la investigación que la Comisión de Contraloría desarrolló en 2016[4].

  Tareck El Aissami, actual ministro de petróleo revivió el asunto el 30 de agosto de 2022, cuando le solicitó al fiscal Tarek Saab investigar las irregularidades administrativas presuntamente cometidas por el exzar petrolero entre 2004 y 2014[5]. Nuestra fuente refiere que debe haberse producido un incidente sumamente grave entre las cúpulas del poder chavista para que ahora resurjan estos casos.

  En esta órbita de acusaciones gravita el nombre de Javier Alvarado, quien de acuerdo a nuestro informante mantiene una vieja rencilla con Silvestre Molero, por lo que es de esperar siga resonando en la medida en que vayan destapándose casos otrora silenciados por el régimen chavista. La rivalidad y la lucha de facciones, al parecer, servirá para aclarar el conjunto de acusaciones de unos y otros en esta trama que, según todo deja ver, pareciera que todos tienen razón.

[1] Armando.Info. “Los dineros negros de Andorra se lavan en el Caribe”. 1 de diciembre de 2021. https://armando.info/los-dineros-negros-de-andorra-se-lavan-en-el-caribe/

[2] El País. “El gran botín del exviceministro chavista Alvarado”. 28 de enero de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-01-28/el-gran-botin-del-exviceministro-chavista-alvarado.html?event_log=oklogin

[3] Efecto Cocuyo. “Jorge Rodríguez acusa a diputados Adrián y Florido de recibir favores de Alejandro Betancourt”. 15 de febrero de 2020. https://efectococuyo.com/politica/jorge-rodriguez-acusa-a-diputados-adrian-y-florido-de-recibir-favores-de-alejandro-betancourt/

[4] Acceso a la Justicia. “Se admite acción de nulidad contra investigación de la AN sobre PDVSA”. 25 de octubre de 2016. https://accesoalajusticia.org/se-admite-accion-de-nulidad-contra-investigacion-de-la-an-sobre-pdvsa/

[5] El Diario. “¿El TSJ declaró nula la investigación de corrupción de la AN de mayoría opositora contra Rafael Ramírez en 2016?”. 31 de agosto de 2022. https://eldiario.com/2022/08/31/el-tsj-declaro-nula-la-investigacion-de-la-an-de-mayoria-opositora-contra-rafael-ramirez/

lunes, 19 de septiembre de 2022

Estas son las razones expuestas por el expresidente de Bariven (filial de compras de PDVSA) —acusado por EE. UU. de corrupción y lavado de dinero— para pedir al tribunal que desestime la acusación del Gran Jurado

  Javier Alvarado pidió al Tribunal desestimar acusación en su contra por inconsistente y "fatalmente defectuosa"

Por Maibort Petit 

   El expresidente de Bariven, la división de PDVSA que se encargaba de comprar bienes y servicios para PDVSA, denuncia grandes diferencias en la causa criminal que igualmente se ventila en los juzgados de España donde reside, además de asegurar que no cometió delitos en EE. UU.

   El 15 de septiembre de 2022, Michael J. Wynne, abogado de Javier Alvarado Ochoa, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una moción para desestimar los cargos en su contra, por cuanto la Acusación de Remplazo por la que se le pretende someter, “es fatalmente defectuosa, insuficiente, contradictoria, e inexacta y, en consecuencia, no cumple con los requisitos constitucionales mínimos del debido proceso”.

   En dicha instancia judicial estadounidense, Alvarado, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta, es acusado de 17 cargo de delitos de lavado de dinero.

 La acusación de remplazo que Alvarado exige desestimar, fue presentada por la fiscalía el el 24 de abril de 2019.

  Del mismo modo, Alvarado advierte al tribunal que él no encaja en el perfil de las personas extranjeras sujetas a enjuiciamiento bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

  A su parecer, la acusación de remplazo en su contra está cargada de una se serie de elementos distractivos, como teorías de conspiración, para así evitar la atención sobre las deficiencias jurisdiccionales de la misma.

 Refiere que el gobierno pretende que el tribunal y el acusado desentrañen los hechos de que se le acusa dentro de un conjunto de alegaciones que de ningún modo respaldan la jurisdicción, en lugar de simplemente alegar los hechos de manera concreta.

  La moción expone en primer término que Javier Alvarado fungió como presidente de Bariven entre 2011 y 2013, la filial de PDVSA encargada de las compras de equipos y servicios fueran d e Venezuela. Este periodo se enmarca durante una etapa comprendida entre 2009 y 2015 en el que, gracias a la bonanza petrolera y los altos precios del crudo, la estatal debió realizar muchas adquisiciones para cubrir la demanda que experimentaba.

  Se indica que PDVSA tenía para entonces dos tipos de proveedores internacionales, por un lado, los fabricantes de equipos o componentes de equipos y, por el otro, los intermediarios. Entre este último tipo se encontraban Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, quienes crearon a través de un conjunto de empresas bajo su control, la apariencia de que las licitaciones eran competitivas. Llegaron a obtener contratos de la petrolera que totalizaron más de USD 2.000 millones. Mediante el pago de comisiones a funcionarios de PDVSA habrían tenido acceso a información privilegiada; se convirtieron en proveedores únicos de la estatal; obtuvieron condiciones de pago preferenciales frente a otros contratistas; entre otros privilegios.

 Apunta la moción que la acusación de la fiscalía señala a Javier Alvarado de, igualmente, haber mantenido una “supuesta complicidad” con Rincón y Shiera aun cuando durante su mandato solamente se reunión con estos en tres ocasiones, todas ellas fuera del territorio de los Estados Unidos.

  Señalan que Alvarado advirtió a la junta directiva de PDVSA en un informe a finales de do11, que las empresas de Rincón Shiera “obtuvieron contratos que estipulaban pagos que promediaban un 75% más que los otorgados a los fabricantes”, además de las irregularidades ya señaladas.

  La moción describe en una larga exposición el proceso de compras de equipos de PDVSA y la participación de Bariven en estos. Particularmente, hacen mención a un contrato adjudicado a Venmar Inc. una de las empresas de Rincón, en el que el papel de Alvarado se habría limitado a “verificar que, en el proceso de compra, todas las firmas requeridas, incluidas, específicamente, las del Usuario Final que aprueba y prioriza cada factura, se colocaron correctamente en la secuencia correcta”.

  Además, refiere que, respecto a los pagos y extraordinarios y los pagos directos, Bariven se limitaba “a verificar el cumplimiento legal y la integridad de estas propuestas y, en su caso, firmar dichas propuestas para certificar el cumplimiento, con la firma de Alvarado. En cuanto a las Propuestas de Pago Directo, utilizadas para pagar las facturas que habían sido aprobadas y enviadas para el pago por parte de la junta directiva de PDVSA, estas propuestas no fueron procesadas ni ejecutadas a través de Bariven. En consecuencia, ni Alvarado, ni nadie más en Bariven, estaba obligado a revisar o firmar Propuestas de Pago Directo”.

Acusa discrepancias en los procesos

  Javier Alvarado a través de sus abogados refiere que en España y los Estados Unidos se ventila la misma causa, pero acusa discrepancias en los procedimientos y operaciones de PDVSA descritos en el caso español con el señalado por los fiscales en la Acusación de sustitución.

  Indica la moción que a Javier Alvarado se le menciona muy pocas veces y cuando se hace es de manera infundada e incorrecta.

 Alega Alvarado que los fiscales acusan a que César Rincón y Alejandro Istúriz-Chiesa de ser responsables “de desarrollar y aprobar las propuestas de pago” que luego autorizaba Alvarado, cuando es totalmente falso puesto que los primeros no tenían esa facultad, como tampoco la tenía el acusado, pues en la práctica y la realidad le corresponde al Usuario final de los procesos.

  También alerta sobre la falta de comprensión por parte de la fiscalía de los procesos de compra de PDVSA, al tiempo que denuncia que la Acusación de Remplazo contempla alegatos inconsistentes con las declaraciones juradas de PDVSA presentadas en España.

 Refiere las facturas citadas en la acusación no fueron revisadas por Alvarado, pues tenían montos por debajo del mínimo requerido para su autorización. Además, acotan que el gobierno obvia el tipo de pago que se señala debían ser revisados y autorizados parte del Director de Finanzas de PDVSA o de la Junta Directiva de PDVSA. Del mismo modo señalan que en muchas ocasiones Alvarado refutó pagos a empresas de Rincón y Shiera. Estas discrepancias se explicaron a los fiscales, pero no fueron tomadas en cuenta.

  La acusación de remplazo señala que Javier Alvarado era el responsable de “garantizar que Rincón y Shiera no fueran objeto de ninguna investigación interna en PDVSA”, cuando en realidad ordenó siete auditorías e investigaciones que involucraron a empresas de Rincón Shiera, las mismas que los fiscales denuncian como parte de la conspiración de Alvarado. Refieren que sus denuncias fueron respaldadas por el finado expresidente Hugo Chávez, pero que al morir este fue destituido.

  Alerta que la fiscalía en la acusación de remplazo presupone que PDVSA Services Inc. (PSI) fue el agente de compras involucrado  en las contrataciones con la empresas de Rincón y Shiera, lo cual es incorrecto, pues la documentación se ñala que el agente involucrado era uno más grande, a saber, PDVSA Services B.V. en los Países Bajos (PSBV). Destacan que las presentaciones de PDVSA en España señalan que Javier Alvarado no tuvo que ver con la compra de de equipos relacionados con PSI.

  Dicha acusación de reemplazo tampoco reconoce el enjuiciamiento paralelo que tiene lugar en España y en el que están formuladas las mismas alegaciones de hecho. Refiere que PDVSA presentó en los juzgados españoles una descripción detallada de sus procesos y prácticas de compras oficiales.

Retención de documentos

 La moción de Alvarado acusa que no existe coordinación entre los procesos judiciales que tienen lugar en EE. UU. y los que se llevan a cabo en España, aun cuando son por la misma causa.

  Entretanto, Javier Alvarado presentó en el proceso español los mismos documentos que proporcionó a los fiscales y agentes del Gobierno de EE. UU. en 2018.

 El juez español ordenó a PDVSA presentar la documentación que fundamenta su denuncia, pero la petrolera, según la moción, sólo presentó registros parciales sobre las adjudicaciones de contratos a las empresas de Rincón y Shiera. Según lo entregado por la estatal venezolana, no se requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o el Directorio de PDVSA.

Es decir, PDVSA estaría reteniendo esos documentos.

 En razón de las fallas presentadas en la acusación de la fiscalía estadounidense, Javier Alvarado estima que solamente debe mantenerse el proceso español.

Colaboración con EE. UU.

  Expone la moción que entretanto trabajaba en contra de la corrupción en PDVSA, entre 2010 y 2015, informó a la Embajada de EE. UU. en Caracas sobre estos hechos irregulares en la estatal. Suministró información y documentos sobre el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA y Bariven, en atención a pedidos del Consejero de Asuntos Económicos de la Embajada para la fecha, Richard T. Yoneoka.

  Después ayudó al Departamento de Justicia, a la Oficina del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York y al Fiscal para el Distrito Sur de Texas.

  La información suministrada por Alvarado contempló, por ejemplo, el papel que César Rincón tuvo en la aprobación de contratos con sobreprecio a la empresa de Roberto Rincón ya referida, Venmar Inc., así como a otras compañías del empresario que superaron los USD 154 millones.

Lo que pide

 La defensa de Alvarado solicita que el tribunal desestime la acusación fatalmente defectuosa en aras de la economía judicial.

 Alvarado, quien vive en España, no debería verse obligado a rendirse en EE. UU. para ejercer su derecho, sino tendría que ir a Estados Unidos para impugnar la acusación de reemplazo en su contra, con el riesgo de ser encarcelado.

  Sostiene la moción que la fiscalía no alega que Javier Alvarado estaba en los Estados Unidos en el momento de la comisión del presunto delito. Subrayan que Alvarado no califica como un “fugitivo” y no se convierte en uno solo porque continúa residiendo fuera de EE. UU. Advierten que nada sugiere que se ausentó de los Estados Unidos para evitar la lectura de cargos.

 Se asegura que con la califica en el perfil de la FCPA pues no se han establecido los hechos que lo prueben. La Acusación de reemplazo no alega que Alvarado realizó o intentó realizar ninguna transacción financiera en los Estados Unidos.

 Se alega que la Acusación de reemplazo no refiere que Javier Alvarado sea un agente de Roberto Rincón o Abraham Shiera o cualquier otra persona doméstica.


 


 


  

sábado, 3 de septiembre de 2022

Esther Nuhfer: la vieja socia de David Rivera con quien habría mantenido un historial de operaciones irregulares

   No es la primera vez que el nombre de la cabildera resuena en casos turbios en los que excongresista estadounidense se ha visto envuelto.

Por Maibort Petit

   En el caso en el que PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc., la empresa propiedad del ex-congresista de los Estados Unidos, David Rivera, por incumplimiento de contrato, ha surgido el nombre de Esther Nuhfer y su empresa Communications Solutions Inc., como beneficiaria de $ 4,5 millones de los $ 15 millones, única cantidad efectivamente cancelada por la demandante a la demandada de los $ 50 millones que era el precio del acuerdo en disputa.

  Para PDV USA no es más que un contrato falso con el cual Rivera y su compañía quieren justificar el pago recibido por parte de la filial en EE. UU. de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., que procuraba mejorar su imagen ante el gobierno norteamericano y por ello recurrió a los servicios de consultoría que Rivera y su empresa ofrecían.

  Sospecha PDV USA, ante la aparición de nuevas evidencias, el uso criminal de los fondos pagados a Interamerican y en ese contexto es que ha salido a relucir el nombre de Esther Nuhfer. Por ello la demandante busca ahora enmendar su demanda y obtener una serie de documentos en manos de Nuhfer que revelarían el destino de los fondos, pero la consultora política maniobra para evitarlo.

  El de Nuhfer habría sido uno de los destinos del dinero, pues otros dos subcontratos se habrían suscrito para justificar la erogación, el empresario venezolano, Raúl Gorrín, y el inmobiliario y ex-convicto de hechos de narcotraficante, Hugo Perera, fueron los otros receptores de los fondos.

La relación con Esther Nuhfer

  Esther Nuhfer es una consultora política de Miami-Dade, propietaria de la empresa Communication Solutions Inc., constituida únicamente por su persona.

  Según se ha insistido durante este proceso judicial, Nuhfer es una vieja socia de David Riveras, con quien habría trabajado en varios frentes.

  En el contexto del proceso judicial en el que PDV USA Inc. demanda a Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de contrato,  esta última subcontratado a la firma de Esther Nuhfer, Communication Solutions Inc.  para supuestamente prestarle servicios de consultoría estratégica de marketing, tanto a la demandante PDV USA, como a la empresa de David Rivera. Un servicio que Nuhfer ni su compañía habría prestado y es que este contrato, según asegura PDV USA, simplemente era un contrato falso que junto a los suscritos con Raúl Gorrín y Hugo Perera, sólo fueron una estrategia de Rivera para justificar el pago recibido.

  Y aunque no figura como demandada, esther Nuhfer y Communications sí aparecen como terceros involucrados en el caso y de allí que se les inste a prestar testimonio y producir una serie de documentos que servirían para aclarar el destino de los dineros pagado por la petrolera a la empresa de David Rivera. Entre las exigencias de PDV USA está el acceder a once correos electrónicos que Interamerican y Nuhfer que esta última se ha negado a producir, pese a las múltiples diligencias efectuadas por la demandante para que así ocurra. También se niega a entregar los subcontratos, hechos entre de Gorrín y Perera que ella habría manejado.

  Lo cierto es que Esther Nuhfer y su empresa Communication Solutions Inc. recibieron por los supuestos servicios de consultoría un total de $ 4,5 millones que recibió en tres pagos de $ 750.000, otros dos de $ 625.000 y uno de $ 1 millón.

  Las repercusiones de este caso se han extendido más allá del contexto venezolano, toda vez que cuando en mayo de 2020, Esteban Bovo, comisionado del condado de Miami-Dade, para quien Esther Nuhfer trabajaba como gestora de recaudación de fondos, conoció que la mujer había recibido $ 3,5 millones transferidos por David Rivera y que este dinero provendría del régimen de Nicolás Maduro, el funcionario prescindió de sus servicios.

“La apariencia de que pueda haber algún negocio con una dictadura, sobre todo con la dictadura de Venezuela, no tienen ningún espacio en mi vida personal o en mi vida de servicio público”, expresó Bovo, al tiempo que explicó que decidió despedir a Nuhfer porque “Le hice una pregunta, básicamente. No encontré la respuesta satisfactoria”[1].

  No es la primera vez que Nuhfer se envuelta en asuntos acusados de irregulares con David Rivera, pues en 2011 su nombre salió a relucir cuando el entonces congresista fue señalado de supuestamente recibir sobornos en el proceso de discusión de dos enmiendas para que buscaban restringir los viajes de cubanoamericanos a Cuba. Nuhfer que ya para la fecha actuaba como cabildera, fue interrogada por el FBI[2].

 Cuando en la misma época Rivera fue señalado de violar la ley de elección primaria democrática al, supuestamente, haber financiado su campaña  con un fondo secreto de $ 43.000. Se dijo que para esos días Esther Nuhfer habría recibido $ 250.000 de la campaña de David Rivera y, posteriormente, retiró de su cuenta en efectivo $ 190.000 cuyo destino fue incierto[3].

Sobre Communication Solutions

  De acuerdo a información del portal Sunbiz, Communication Solutions Inc. es una empresa activa registrada en Florida el 2 de agosto de 2004 bajo el número P04000112662, número FEI/EIN 11-3724543.

  Su sede es en el 11767 South Dixie Hwy, Suite 269, Pinecrest, Fl 33156, que igualmente es domicilio su única directiva Esther J. Nuhfer, quien ejerce como presidenta, directora, secretaria, tesorera y es el agente registrado de la empresa[4].

REFERENCIAS

[1] Telemundo. “Comisionado Bovo responde a acusaciones contra asesora de campaña”. 29 de mayo de 2020. https://www.telemundo51.com/noticias/local/comisionado-bovo-responde-a-acusaciones-contra-asesora-de-campana/2082867/

[2] Fanal Cubano. “Investigan por sobornos a congresista promotor de enmienda para restringir viajes a Cuba”. 27 de julio de 2011. https://fanalcubano.blogspot.com/2011/07/investigan-por-sobornos-congresista.html

[3] El Estantillo. “¿Ha llegado el fin de David Rivera?”. https://elestanquillo.wordpress.com/2012/08/23/ha-llegado-el-fin-de-david-rivera/

[4] Sunbiz. Division of Corporations. Communication Solutions Inc. https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=NUHFERESTHERJ%20P040001126620&aggregateId=domp-p04000112662-16ec1d4e-2dd3-4b06-9f27-14c7b834f510&searchTerm=Nuhfer&listNameOrder=NUHFERBRENDA%20N170000119702 

miércoles, 24 de agosto de 2022

Conoce el caso de Rixon Rafael Moreno Oropeza, un socio de Naman Wakil, que fue acusado por EE. UU. de pagar sobornos millonarios a funcionarios de Petropiar y lavar dinero en bancos estadounidenses

  El contratista de PDVSA está vinculado al caso de Naman Wakil, acusado por los fiscales federales de la Florida de delitos financieros, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de empresas del Estado venezolano. 

Por Maibort Petit

   Rixon Rafael Moreno Oropeza, un contratista del Estado venezolano, fue acusado por un gran jurado federal en Miami de lavar dinero en el sistema financiero estadounidense proveniente de contratos con sobreprecio que obtuvo a través del pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar, una empresa mixta que incluye acciones de PDVSA y Chevron.

  De acuerdo a la acusación, desde al menos 2015 hasta al menos mayo de 2019, Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, habría participado en un plan para obtener contratos multimillonarios de Petropiar mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de esa empresa mixta.

"Moreno Oropeza supuestamente acordó pagar un soborno de $1 millón a un alto funcionario del gobierno venezolano para instalar a otra persona como funcionario de alto rango en la división de adquisiciones de Petropiar", dice la acusación.

Así se acusa a Naman Wakil en el Tribunal del Sur de la Florida

   En los documentos federales se asegura que "Moreno supuestamente envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida. A cambio de estos sobornos, Moreno recibió beneficios que incluyen más de $30 millones en pagos por los contratos en sus cuentas bancarias estadounidenses". 

  El acusado, dice la demanda, recibió aproximadamente $2.7 millones de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real. 

 Los fiscales federales sostienen que Moreno Oropeza habría usado las ganancias obtenidas de los contratos de Petropiar para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida.

Los cargos  acusados:

  Moreno Oropeza fue acusado de los siguientes cargos:

1) Concierto para delinquir para lavar dinero; 

2) Encubrimiento lavado de dinero; 

3) Lavado de dinero promocional internacional; y 

4) Participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas. 

  Si es declarado culpable, Moreno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas. 

Los negocios ligado a Naman Wakil

    De acuerdo a los documentos judiciales, Rixon Rafael Moreno Oropeza está vinculado a otro contratista corrupto de PDVSA, e igualmente acusado por los fiscales del Sur de la Florida: Naman Wakil, quien está siendo procesado en Miami por haber estafado a Petropiar, PetroMirada y a CASA con contratos de proveeduría con sobreprecios que superan el 100 % en muchos casos de los precios del mercado.

   En septiembre de 2021, Estados Unidos acusó a Naman Wakil de siete cargos relacionados con actividades de lavado de dinero de fondos supuestamente provenientes de sobornos a funcionarios venezolanos con el objetivo de obtener contratos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de la empresa de alimentos Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).

   Específicamente, los cargos contra Wakil, son Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; Conspiración para cometer lavado de dinero; Blanqueo internacional de instrumentos monetarios; y Participar en transacciones con propiedad derivada del delito.

    Naman Wakil es un ciudadano de Siria con residencia legal en los Estados Unidos que mantenía cuentas bancarias personales y de inversión en bancos de los E. UU., las Islas Caimán y Suiza.

     En el juicio contra Wakil aparecen involucrados un grupo de cómplices de nacionalidad venezolana que habrían participado en el enorme esquema de corrupción para expoliar dineros de PDVSA, Petropiar, Casa y otras empresas mixtas ligadas al Estado venezolano.

    En los registros de cuentas que se manejan en la fiscalía aparecen los socios que trabajaron con Naman Wakil para lavar millones de dólares en Estados Unidos, incluyendo las cuentas bancarias de las empresas de maletín Distribuidora Original Rex CA e Importaciones Del Sur Zubierreta pertenecientes a Rixon Rafael moreno y a Rosaling Moreno Oropeza. También se incluyen récords bancarios de la Constructora Masein CA, Stephany Servicios CA, Power Petroleum de Venezuela.

  Una de las firmas de Moreno Oropeza, Rex Group Inc fue registrada en el estado de la Florida bajo el número P10000085177 el 18 de october de 2010. La compañía usa como dirección fiscal 6920 NW 106th Ave.,Doral, Fl 33178.

  Rixon Rafael Moreno Oropeza, cédula de Identidad venezolana, número 11.233.645, nació el 21 de agosto de 1975. Aparece ubicado en Lecherías, estado Anzoátegui.

   Los registros bancarios de las firmas de Rixon Moreno Oropeza son el banco Truist, anteriormente conocido como Corporación BB&T y SunTrust.



jueves, 30 de junio de 2022

Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa piden desestimar tres cargos de la acusación en su contra en la cual está involucrado Raúl Gorrín

  Juez de EE. UU. fija para el jueves 7 de julio la audiencia en la que podría acordarse desestimar tres cargos de la acusación contra la enfermera de Chávez y su marido.


Por Maibort Petit

   La extesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén, conocida también como la enfermera de Chávez, solicitó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Palm Beach, en el estado de la Florida, donde cursa la acusación por lavado de dinero, desestimar tres de los cargos de la Acusación de Reemplazo presentada en su contra y de su esposo, Adrián Velázquez Figueroa, el 15 de diciembre de 2020.

  Inicialmente, la decisión del juez estaba pautada para el 27 de junio de 2022, pero la fiscalía solicitó, sin oposición de la defensa, una prórroga hasta el 1 de julio del corriente año.

 A continuación, presentamos las diligencias relacionadas con esta acción de la causa.

Solicitud de sobreseimiento de cargos

  El 21 de junio de 2022, Marissel Descalzo, abogada de Claudia Patricia Díaz Guillén, presentó ante el Tribunal, una Moción conjunta de sobreseimiento de los cargos 2, 9 y 10 de la acusación de reemplazo y solicitó la celebración de audiencia acelerada.

    En primer lugar, se expone que la acusada y su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa tienen doble ciudadanía de Venezuela y España; que, desde 2011 hasta abril de 2013, Claudia Díaz fue tesorera de Venezuela, rol en el que actuó sin independencia, sino con base en las estrictas y específicas directivas del entonces presidente, Hugo Chávez. Posteriormente, en 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en Venezuela, Figueroa y Díaz fueron desterrados de Venezuela y buscaron refugio en España en 2016, no debido a ninguna investigación de EE. UU., sino porque temían por sus vidas y las de sus familiares.

  Agrega que, en 2018, los acusados un tribunal español desestimó una solicitud de extradición a los Estados Unidos por razones humanitarias y luego, el 16 de agosto de 2018, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Raúl Gorrín. 

  El 15 de diciembre de 2020, EE. UU. presentó una acusación de reemplazo y solicitó la extradición de España de los acusados. Esta acusación de reemplazo alega que, mientras Díaz Guillén actuó como tesorera de Venezuela, Raúl Gorrín pagó los gastos de yates y una empresa de diseño en beneficio de Velázquez Figueroa y Díaz al iniciar transferencias bancarias desde sus cuentas bancarias suizas a cuentas de Florida, ninguna de las cuales estaba controlada por los demandados. La fiscalía alega que las transferencias de Gorrín buscaban adquirir y conservar los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables mientras Díaz era tesorera de Venezuela.

  Se indica que, en mayo de 2022, después de que España negara las impugnaciones de extradición de los demandados, Claudia Díaz, pero Adrián Figueroa, fue entregada a la custodia de los alguaciles de los Estados Unidos.

  La abogada Marissel Descalzo, solicitó que los cargos dos, nueve y diez de la Acusación de reemplazo sean desestimados, primero, porque a criterio de la defensa, el gobierno carece de jurisdicción para enjuiciar a Claudia Díaz y a Adrián Velázquez Figueroa bajo el brazo extraterritorial de la Ley de Control de Lavado de Dinero (MLCA), 18 U.S.C. Sección 1956(f). Alega que la conducta acusada ocurrió completamente fuera de los Estados Unidos y nada de lo sostenido en los referidos cargos involucró ninguna conducta en EE. UU. por parte de los demandados. Se refiere que la conducta incluye transferencias electrónicas desde cuentas bancarias suizas iniciadas por Gorrín a cuentas bancarias estadounidenses para supuestamente promover supuestos actos oficiales realizados por Díaz mientras fue tesorera de Venezuela desde 2011 hasta principios de 2013.

  En segundo lugar, se indica que los cargos nueve y diez, que acusan violaciones sustantivas de lavado de dinero deben ser desestimados porque el gobierno no alega que los demandados transfirieron, transportaron o transmitieron algún instrumento monetario con la especificidad requerida. Por el contrario, la Acusación de sustitución establece claramente que Raúl Gorrín fue quien llevó a cabo las transferencias.

   En tercer lugar, las alegaciones de los cargos en cuestión que señalan a Claudia Díaz a Adrián Velázquez Figueroa de promover o acordar promover una actividad ilegal específica en violación de 18 U.S.C. La Sección 1956(c)(7)(B)(iv), debe ser desestimada con perjuicio.

  Los cargos se basan completamente en la promoción de (i) una violación de la FCPA o (ii) una violación de la ley venezolana de conformidad con la Sección 1956(c)(7)(B)(iv). En este caso, el gobierno no proporcionó a Velázquez Figueroa ni a Claudia Díaz ninguna notificación en la Acusación de reemplazo sobre la cual supuestamente se violó la ley venezolana, es decir, qué ley contra una nación extranjera involucraba el soborno de un funcionario público o qué ley contra un país en el que supuestamente se violó la apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público.

  Sostiene la moción que el gobierno de los EE. UU. busca extraditar y enjuiciar a Velázquez Figueroa por una conducta sobre la cual los Estados Unidos carecen de jurisdicción, lo cual no es una violación de las leyes de lavado de dinero alegadas en los Cargos Dos, Nueve y Diez, y que está específicamente prohibido por el Tratado y la Regla de Especialidad.

  Dado que según la defensa, Velázquez Figueroa podría ser entregado a los Estados Unidos en cualquier momento por conducta que no constituye un delito o para la cual no existe jurisdicción extraterritorial, los demandados también solicitan una audiencia y una decisión sobre esta solicitud de manera expedita.

  Se advierte que en la acusación de reemplazo las únicas acusaciones que describen cualquier conducta o transacción en los Estados Unidos:

  El 29 de octubre de 2012, el Sr. Gorrín realizó una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de Florida de una empresa de yates en beneficio del Sr. Figuero y la Sra. Díaz. Véase Acusación de reemplazo, en 11. ("Transferencia 1")

   El 13 de noviembre de 2012, el Sr. Gorrín realizó una transferencia electrónica desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de Florida de una empresa de yates en relación con la compra de un yate en beneficio del Sr. Figuero y la Sra. Díaz . Ver Acusación de reemplazo, en 11. ("Transferencia 2")

  El 15 de marzo de 2013, el Sr. Gorrín realizó una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de Florida de una empresa de yates en relación con la compra de un yate en beneficio del Sr. Figuero y la Sra. Díaz . Véase Acusación de reemplazo, en 13. ("Transferencia 3")

  El 17 de mayo de 2013, el Sr. Gorrín realizó una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de la Florida mantenida por una empresa de moda propiedad de la Sra. Díaz y la Sra. Figueroa y en beneficio de las mismas. Véase Acusación de reemplazo, en 13. (“Transferencia 4”).

  Tales alegaciones constituyen la base del Segundo Cargo (una conspiración para transportar, transmitir o transferir instrumentos monetarios desde fuera de los Estados Unidos a un lugar en los Estados Unidos) en violación de 18 U.S.C. Sección 1956(h) y Cargos Nueve a Diez que alegan una violación sustantiva de 18 U.S.C. Sección 1956 (a)(2)(A). El Cargo Nueve se basa completamente en la Transferencia 3. Del mismo modo, el Cargo Diez se basa completamente en la Transferencia 4.

  Entre los alegatos de la defensa, se remiten a unos mensajes de Raúl Gorrín en su cuenta de la red social Twitter en lo que, según el punto de vista de los demandados, las transferencias 1-4 no tuvieron nada que ver con los acusados.

   Gorrín afirma inequívocamente que la Transferencia 1 fue transferida a Interglobal Yacht Sales LLC para comprar un yate para uso personal y que la Transferencia 2 fue para una transferencia destinada a beneficiar a Patric Love, una empresa de diseño propiedad controlada por María Torres Millán, ciudadana española. Como tal, los mensajes demuestran aún más que el despido está justificado.

El gobierno pide prórroga

  Kurt K. Lunkenheimer, Fiscal federal adjunto de Juan Antonio González, pidió prorrogar la fecha de respuesta a la moción conjunta para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la acusación de reemplazo y solicitud de audiencia acelerada hasta el 1 de julio de 2022. El fiscal consultó con la defensa respecto a su posición sobre la presentación de esta moción y no mostraron oposición.

La Corte había ordenado responder el 27 de junio de 2022 o antes.


Se concede la moción

El magistrado, resolvió conceder la moción.

  Para el 1 de julio de 2022, el juez de la causa, William P. Dimitrouleas, presentará su respuesta a la moción conjunta para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la Acusación de Reemplazo y solicitud de audiencia acelerada.




jueves, 16 de junio de 2022

Carmelo Urdaneta Aquí fue sentenciado a 52 meses de prisión, EE. UU. le confiscó millones de dólares expoliados de PDVSA

Por Maibort Petit

    Una juez del estado de la Florida, dictó sentencia a Carmelo Urdaneta Aquí, un ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela por su papel en un esquema de soborno y lavado de dinero de $ 1.2 mil millones que involucró a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El abogado tendrá que pasar 52 meses en la cárcel.

  Urdaneta Aquí se desempeñó como uno de los principales asesores del Ministerio de Petróleo de Venezuela y  jugó un rol protagónico en un esquema de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones provenientes de la petrolera estatal PDVSA. Una juez federal de Miami lo sentenció con apenas 4 años de prisión. Los fiscales federales, Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden, en un memorando de sentencia, habían pedido al tribunal 10 años de cárcel para este sujeto que formó parte de uno de los casos de corrupción más escandalosos en los últimos tiempos.


  La jueza federal de distrito Kathleen Williams impuso una multa de $35,000 como parte de la sentencia de Urdaneta y aprobó la incautación por parte de los federales de activos por valor de $49 millones, incluido su condominio de lujo y una cuenta bancaria en Suiza. Además de los 52 meses de prisión, la Juez Kathleen M. Williams sentenció a Carmelo Urdaneta Aquí a tres años de libertad vigilada por un plazo de 3 años en una audiencia que duró una hora.

El caso 

  Carmelo Urdaneta Aquí formó parte de un grupo de ocho personas que fueron acusados por los fiscales federales por haber participado en un plan para lavar más de $ 1.200 millones malversados ​​de la petrolera estatal venezolana PDVSA, utilizando propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami.

  En este caso fueron acusados los siguientes individuos: Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial. 

  La demanda penal alegó además que el ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, Urdaneta Aquí utilizó el dinero de las coimas para comprar un condominio en el edificio Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach como pago por uno de los servicios de lavado del demandado. 

  Dezer Development, dirigido por Gil Dezer, construyó la torre de 132 unidades y 60 pisos en 18555 Collins Avenue en 2016.


  Según la demanda, la conspiración comenzó en diciembre de 2014 y fue diseñada para malversar unos $ 600 millones de parte de PDVSA, a través de un plan de cambio de divisas. Para mayo de 2015, la conspiración se había duplicado a $ 1,200 millones malversados ​​de PDVSA, dijeron funcionarios federales en un comunicado.

  Como parte de ese plan, la demanda alegó que Carmelo Urdaneta Aquí, el ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, habló sobre la transferencia de una unidad en el diseño de Porsche Torre a José Vicente Amparán Croquer, un presunto lavador de dinero de Venezuela, como su pago inicial como una supuesta tarifa por sus servicios de lavado.

  Los registros de la propiedad muestran que 18555 Developers LLC de Dezer Development vendió la unidad 2205 de Porsche Design Tower a Paladium Real Estate Group en enero de 2017 por $ 5,3 millones. Los registros también muestran que Paladium se formó en mayo de 2016 con la esposa de Urdaneta como propietaria.

  Según la denuncia, el 23 de septiembre de 2016, la esposa de Amparan fue agregada como gerente de Paladium, y el 15 de septiembre de 2017, después del cierre, la esposa de Urdaneta Aquí fue removida, "dejando a Amparan en control de Paladium y el condominio".

  Los ocho individuos fueron acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero. 

 Los conspiradores incluyen antiguos funcionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana conocidos como boliburgueses.

  Los fiscales estadounidenses dijeron que Carmelo Urdaneta Aquí es «un servidor público licenciado en Derecho que conspiró para lavar más de 1.200 millones de dólares, en parte, a través de cuentas en los Estados Unidos».

   Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en EE.UU. por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para la empresa estatal venezolana Pdvsa un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.

   La intención de los involucrados era blanquear parte de los fondos ilegales en la compra de inmuebles y haciendo falsas inversiones en Miami, de acuerdo con los documentos de la corte, que data de 2018.

   Urdaneta Aquí llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en julio de 2021 y se declaró culpable más tarde del delito de conspiración para lavar dinero, logrando eliminar de su acusación otros dos delitos.

   Como parte del acuerdo de culpabilidad de Urdaneta, las autoridades estadounidenses incautaron un apartamento de 5,3 millones de dólares en Porsche Design Tower, dos apartamentos en Miami Beach y todos sus activos en una cuenta bancaria suiza.

  Urdaneta Aquí recibió coimas por el orden de unos 49 millones de dólares a cambio de sus actos y decisiones corruptos como Asesor Jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que era el ministerio venezolano responsable de la supervisión de la entidad petrolera de propiedad y control estatal del país, Petróleos de Venezuela, S.A. , advirtieron los fiscales.

 La fiscalía pidió una sanción adecuada por la conducta corrupta de un funcionario venezolano de alto rango.

  A lo largo de todo el proceso, que duró casi dos años, Urdaneta Aquí disfrutó de libertad bajo fianza tras haber entregado al tribunal una fianza de 1,5 millones de dólares.

  


domingo, 22 de mayo de 2022

Jhonnathan Marín y Carlos Urbano Fermín: dos corruptos venezolanos procesados por el mismo juez en EE. UU.

 El juez Robert Scola asume ambas causas.

Por Maibort Petit

   El 9 de mayo de 2022, Michael N. Berger, asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Juan Antonio González, presentó ante el tribunal homónimo, un aviso de caso relacionado en el que informó que la causa que el gobierno entabló contra el exalcalde de Guanta,  Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, identificado con el serial 22-20614-CR-JEM, está relacionada con el caso 20-20163-CR-RNS, en el que la Fiscalía acusa a Carlos Enrique Urbano Fermín, un contratista de PDVSA y sus filiales que fue procesado en Estados Unidos por delitos de corrupción y lavado de dinero y recibió como sentencia 5 años de libertad supervisada.

  Refirió la Fiscalía que a Marín Sanguino se le acusa de delitos de lavado de dinero y soborno relacionados con la corrupción venezolana en relación con la adjudicación de contratos por parte de subsidiarias de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), alegándose que recibió sobornos y/o ganancias de sobornos de dos co-conspiradores específicos (Co-Conspirador 1 y Co-Conspirador 2).

  En este sentido, el fiscal Berger identificó al co-conspirador 2 como Carlos Enrique Urbano Fermín, acusado de manera similar en el caso penal que se le sigue por lavado de dinero y soborno igualmente relacionados con la estatal petrolera venezolana.

  Refirió la fiscalía que el abogado defensor de Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, Michael Nadler, no mostró oposición a que se transfiera el caso penal al juez Robert Scola.


 


viernes, 6 de mayo de 2022

Estos son los delitos por los que EE. UU. acusa al exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino

   La demanda contra el político chavista responde a esquema de sobornos a funcionarios corruptos del régimen de Nicolás Maduro a cambio de contratos millonarios de PDVSA.

Por Maibort Petit

  El exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar, junto a contratista y dos ex-funcionario de Venezuela,  para obtener contratos y otras ventajas comerciales con las filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno y realizar transacciones en el sistema financiero norteamericano.

  La acusación federal del EE. UU. contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino señala que el exalcalde, y sus socios  "promovieron un esquema corrupto que les permitió ocultar y disfrazar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del dinero producto de su delito".

   La querella contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino indica que los delitos se realizaron gracias a contratos de PDVSA y sus subsidiarias, las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco: Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A. 

   El documento está firmado por el Fiscal General del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González y el fiscal asistente, Michael N. Berger. En el mismo se afirma que Marín Sanguino cometió los delitos cuando era un servidor público en la Alcaldía del Municipio Guanta, donde se ubica la Faja Petrolífera del Orinoco.

  Según la demanda, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino usó una compañía (1) en el estado de la  Florida para operar cuentas bancarias en instituciones ubicadas en Miami y así  cometer los delitos que se le acusan. 

"Los co-conspiradores (1) y (2) fueron contratistas que obtuvieron contratos con los Subsidios de PDVSA y mantuvieron pagos en efectivo para sus empresas en el Distrito Sur de Florida", dice la acusación.

  Asimismo, señala que "los funcionarios públicos venezolanos (1) y (2) fueron altos agentes en los Subsidios de PDVSA y trabajaban para el Estado.

  Según la demanda, a partir de 2013 [o alrededor de 2013], y continuando hasta 2018, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, el demandado, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino cometió delitos a sabiendas y voluntariamente, es decir, "con la intención de promover el objeto de la conspiración, combinar, conspirar, confederar y estar de acuerdo con otros que conocen y conocen el Estados Unidos, incluyendo pero no limitado a dos co-conspiraciones (1) y (2) y dos funcionarios venezolanos (1) y (2) para cometer crímenes contra la ley de Estados Unidos".

  Refiere que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios, "conspiraron para realizar transacciones financieras, que involucraban el producto de una actividad ilícita específica, con la intención de promover un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucró un soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 ,Código de los Estados Unidos, Sección 1956(c)(7)(B)(iv), violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a)(1)(A)(i)".

  En esencia, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino está acusado de haber hecho y diseñado una transacción financiera que buscaba disimular que era un soborno de un funcionario público, y la apropiación indebida, el robo y malversación de fondos públicos para el beneficio de un funcionario público.

   El documento federal dice que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino [y sus co-conspiradores], transportó, transmitió y transfirió  un instrumento monetario y fondos desde Estados Unidos hacia el exterior, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas especificadas en la ley.

   El propósito de la conspiración ejecutada por Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus co-conspiradores era obtener contratos y otras ventajas comerciales con las Filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno.

 Igualmente, "Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios buscaban realizar transacciones financieras que promovieron el esquema corrupto y que ocultaron y disfrazaron la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control del producto de su delito en un delito", acota la querella. 

  Dicha conspiración se realizó mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares de los Estados Unidos.

  En la acción judicial de 11 páginas, se destaca que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino acordó con otros, incluidos los co-conspiradores 1 y 2, pagar sobornos en beneficio de los funcionarios venezolanos 1 y 2, para conseguir los contratos de PDVSA y sus filiales en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

   Marín Sanguino utilizó su posición en el gobierno de Venezuela para influir en los funcionarios de PDVSA para que éstos otorgaran contratos a las empresas de los co-conspirador.

Como resultado de la indebida influencia del exalcalde sobre los funcionarios en las filiales de PDVSA se logró crear y ejecutar un esquema de sobornos que involucra a dos funcionarios públicos venezolanos.

  Las compañías del co-conspiradores (1) recibieron decenas de millones de dólares de contratos de las subsidiarias de PDVSA en cuentas del Sur de la Florida.

  Para promover el esquema de soborno ilegal, el co-conspirador 1 transfirió cablegráficamente los ingresos obtenidos de estos contratos con las Subsidiarias de PDVSA a las cuentas controladas y mantenidas por Marín Sanguino en los Estados Unidos, así como a las cuentas bancarias para el beneficio de los funcionarios de Venezuela (1) y (2).

   En total,  Marín Sanguino y sus socios acordaron ocultar los sobornos pagados, por los co-conspiradores 1 y 2. "Ordenaron que se hicieran en nueve pagos dentro y fuera de los Estados Unidos para que se entregaran a los beneficiarios".

  En enero 5 de 2015, Marín causó que el co-conspirador 2 transfiriera $100.000 de su cuenta bancaria en Panamá a la cuenta bancaria de la compañía de Marín en Miami, Florida.

  El 20 de diciembre de 2016, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfiriera $250.000 desde su cuenta bancaria a la cuenta en Miami, a la cuenta de la cuenta controlada por el exalcalde de Guanta en Miami, Florida.

  En diciembre de 2016, Marín y el co-conspirador 1 enviaron aproximadamente $1,209,956. de la cuenta del co-conspirador 1 en Miami a una cuenta de banco en Panamá que beneficiaba a los dos funcionarios gubernamentales de Venezuela.

  El 2 de enero de 2018, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfirieron aproximadamente $15.000 de su cuenta de banco en Miami a la cuenta de la empresa  de Marín en Miami, Florida.

  La acusación federal contra Marín Sanguino tiene fecha del 21 de abril de 2022.

  El 25 de abril de 2022, el abogado Michael Brian Nadler (ex-fiscal Federal de la Florida que persiguió la corrupción chavista cuando trabajaba como abogado del gobierno de EE.UU.) representó a Marín en este caso. Hubo una audiencia de 3 minutos  ante el juez, Chris M. McAliley, donde se produjo la comparecencia inicial de Marín Sanguino.

 En esa misma audiencia, se presentó una fianza bajo un Bono de Garantía Personal (STIP) de $100.000 que le permitió salir en libertad y permanecer fuera de la cárcel durante el procedimiento.

  El acusado dio su consentimiento para comparecer a través de video conferencia y se fijó una nueva audiencia para el 16 de mayo a las 10 AM. ante el juez de turno de la Miami. 

Orden del juez: Libertad bajo fianza

 De conformidad con la Ley de Protección del Debido Proceso, el Tribunal confirmó la obligación de los Estados Unidos de revelar al acusado todas las pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que favorecen al acusado o ponen en duda el caso de los Estados Unidos, según lo exige la Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   En una comunicación, el magistrado ordenó a los fiscales de los Estados Unidos  revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una sentencia potencial. 

   En la orden de McAliley, se asegura que el demandado tiene derecho a esta información de los fiscales sin una solicitud. "La falta de divulgación de pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias, que incluyen, entre otras, la exclusión de pruebas, instrucciones adversas del jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del Tribunal".   

  La fianza por $100,000.00 a nombre de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue aprobada por el juez  McAliley, el 27 de abril de 2022, en la cual se fijaron las condiciones de liberación.