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martes, 21 de diciembre de 2021

Samark López Bello pide denegar demanda de la OFAC en su contra y la acusa de violar sus derechos constitucionales

  Quien es señalado de ser testaferro de Tareck El Aissami acusó a la agencia gubernamental estadounidense de actuar arbitrariamente en su contra.

Por Maibort Petit


  Samark López Bello, acusado de ser testaferro del ministro de petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Tareck El Aissami, además de haber sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro por colaborar en la actividades de narcotráfico internacional que encabezaría el funcionario venezolano, demandó la agencia gubernamental estadounidense y ahora exige que el Tribunal para el Distrito de Columbia —donde se lleva la causa— ordene la realización de un juicio sumario y se desestime la moción de la OFAC, pues se le ha afectado al violársele su debido proceso y derechos constitucionales.

   El 3 de diciembre de 2021, Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates, P.C., en representación de Bradley T. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorando en apoyo a la moción cruzada de Samark Bello para juicio sumario y la oposición a la moción del demandado para desestimar o, en alternativa, para juicio sumario.


   Considera López Bello que el Tribunal debe concederle la moción de juicio sumario; denegar la moción de los demandados de desestimar o, alternativamente, de un juicio sumario; y que dicte sentencia a su favor en todos los reclamos que plantea.

  Se plantea la interrogante acerca de si la agencia encargada de administrar las sanciones económicas de los Estados Unidos, puede imponer dichas sanciones sin una notificación justa de la conducta sujeta a regulación y sin tener en cuenta los límites legales impuestos a su autoridad.

  Refiere, entonces, que el debido proceso impone el que se formule una notificación justa acerca de qué conducta está regulada antes de imponer sanciones por dicha conducta. Advierte que la OFAC no puede exceder el alcance de las autoridades legales que les otorgó el Congreso. Considera que, si los demandados no brindan el aviso a que hace referencia o actúan en exceso de su autoridad en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros, entonces esas acciones deben ser consideradas ilegales y remediadas mediante vacatur.

  Recuerda que la OFAC impuso sanciones al Samark José López Bello en virtud de la Ley Kingpin por su presunta asistencia material o provisión de apoyo financiero o tecnológico o suministro de bienes o servicios a las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de Tareck Zaidan El Aissami Maddah y para, supuestamente, actuar en nombre de este. En este sentido, subraya que El Aissami no fue designado en virtud de la citada legislación en el momento en que, supuestamente, ocurrieron los hechos. En otras palabras, el demandante se da cuenta de que sus supuestos tratos con El Aissami eran sancionables cuando se sancionó al funcionario venezolano.

  Explica que cuando esto ocurre ya era demasiado tarde para que Samark López ajustara su supuesta conducta a los requisitos de la ley de los EE. UU. puesto que la OFAC anunció la designación del demandante simultáneamente con la de El Aissami. Por lo tanto, el órgano del Departamento del Tesoro designó al demandante por presunta conducta antes de la designación del propio El Aissami. Al actuar de este modo, se le negó a López una notificación justa de lo inadecuado de su conducta.

  Para el demandante, se trata de un error de magnitud constitucional, en razón de que viola los derechos de debido proceso de López bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

  Plantea la moción de López que la OFAC además de lo expuesto, también utiliza la Ley Kingpin en exceso de la autoridad que le otorga dicho estatuto. Específicamente, el texto de la Ley Kingpin es claro: el Secretario del Tesoro (o sus delegados) están autorizados a imponer sanciones a las personas extranjeras que ayuden materialmente o brinden apoyo financiero o tecnológico para, o que proporcionen bienes o servicios a, las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, o que actúen en nombre o en nombre de una persona designada de conformidad con la Ley Kingpin.

  Refiere Samark López que como consecuencia de las acciones ilegales de la OFAC. ha visto destrozada su vida en los Estados Unidos; su residencia fue decomisada; sus activos sustanciales fueron bloqueados o sujetos a decomiso; y su persona es objeto de acusación penal por razones que se derivan únicamente de su designación.

“La pregunta para este Tribunal es si los Demandados pueden persistir en tal conducta ilícita sin consecuencias dado el daño causado al Demandante”.

Los hechos

  Tareck El Aissami fue designado por la OFAC —el 13 de febrero de 2017— como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNTK), de conformidad con la Ley Kingpin, por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos.

  Simultáneamente a esta designación, la OFAC designó a Samark López de conformidad con la misma ley, por presuntamente proporcionar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios, en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos de El Aissami y por presuntamente actuar en su nombre.



  Igualmente, la OFAC designó o identificó como propiedad bloqueada a trece empresas que eran propiedad o estaban controladas por el demandante, entre ellas, cinco empresas estadounidenses.

  En un comunicado de prensa emitido en el momento de la designación, la OFAC alegó que el demandante "es un líder clave de El Aissami y en esa capacidad lava las ganancias de las drogas". Asimismo, alegó que Samark López "es utilizado por El Aissami para comprar ciertos activos" y "maneja acuerdos comerciales y asuntos financieros para el funcionario venezolano, generando ganancias significativas como resultado de la actividad ilegal en beneficio de este.

   Como consecuencia de su designación, se bloqueó toda propiedad en la que López mantenga un interés dentro de los Estados Unidos, como también lo está toda persona estadounidense, donde sea que se encuentre, pues generalmente tienen prohibido participar en transacciones o tratos con el demandante o la propiedad en la que mantiene un interés. Además, las personas extranjeras que participan en transacciones o tratos con el demandante están expuestas a sanciones de conformidad con la Ley Kingpin.

El memorándum de la OFAC

   Refiere la moción que para determinar que Samark López cumple con los criterios de designación de conformidad con la Ley Kingpin, la OFAC redactó un memorando probatorio que establece la base fáctica y legal de su decisión de designarlo. El demandante recibió solo una versión de este memorando probatorio con porciones sustanciales de las afirmaciones fácticas subyacentes a la designación retenidas de divulgación.

  El memorando probatorio de la OFAC establece —entre otras consideraciones— que Samark López actúa como gerente financiero y testaferro de Tareck El Aissami y cita un artículo de julio de 2013 en un periódico venezolano Reportero24 , el cual refiere que el demandante “tiene un patrimonio neto estimado de USD 1 mil millones".

   El memorando de la OFAC también establece que López Bello "desempeña un papel documentado en las siguientes entidades", algunas de las cuales son estadounidenses y otras extranjeras. Se especifican aquellas dentro de los Estados Unidos que son propiedad o están controladas por el demandante:

- 1425 Brickell Ave 63-F LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida, para la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello se desempeña como el "administrador único".

-  1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Florida, de la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello es el "administrador único".

-  1425 Brickell Avenue 64E LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida, para la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello se desempeña como el "administrador único".

-  Agusta Grand LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, de la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello es el "administrador único".

-  200G PSA Holdings LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, para la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello es el "único accionista" y se desempeña como gerente.

  El memorando de la OFAC también identificó una aeronave propiedad o bajo el control de 200G PSA Holdings LLC, una entidad bloqueada en virtud de la supuesta propiedad o control del Samark López.

  La OFAC alega que Yakima Oil Trading LLP, una entidad bloqueada por ser presuntamente propiedad o estar controlada por el demandante, "arrendó 2.437 pies cuadrados de espacio de oficinas en el piso 25 en 375 Park Avenue, Nueva York".

Resúmenes no clasificados de la OFAC

  Seguidamente, la moción refiere que el 18 de julio de 2017, la OFAC reveló información adicional no clasificada, no privilegiada y de otro modo liberable del registro administrativo. Según la OFAC, estos resúmenes dan respuesta a la solicitud del demandante, pues, "completan [d] la respuesta de la OFAC a la solicitud [del demandante] de información divulgable" en relación con la base de su designación en virtud de la Ley Kingpin .

Los resúmenes sin clasificar establecían lo siguiente:

- El venezolano Samark José López Bello es el "testaferro" de Tareck El Aissami.

- López Bello está a cargo de lavar el producto de la droga a través de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y organizar las rutas aéreas y marítimas de cocaína para transportarla a Oriente Medio y Asia. Fue utilizado por El Aissami para comprar medios de comunicación en Venezuela que eran los más críticos con el régimen. La compra se habría hecho con fondos provenientes del gobierno venezolano para influir en la opinión pública del país.

- López Bello es identificado como el "representante comercial", "administrador de dinero" y "blanqueador de dinero" de El Aissami.

- López Bello maneja los asuntos financieros de El Aissami; también administra bonos venezolanos; y realiza negocios no específicos que generan ganancias significativas. Actividades estas que se realizan en beneficio de El Aissami vía López Bello. Samark López igualmente ha adquirido vehículos en los Estados Unidos que fueron transportados a Venezuela y, finalmente, a manos de El Aissami y otros funcionarios del gobierno venezolano.

  Se indica que la OFAC no ha proporcionado ningún detalle adicional con respecto a la base fáctica de su decisión de designar a López Bello de conformidad con la Ley Kingpin ni ninguna de las pruebas de apoyo para las alegaciones contenidas en estos resúmenes no clasificados.

325 Leucadendra Drive, Coral Gables, Florida

  Se hace mención a que el 22 de abril de 2017, la OFAC reveló una versión redactada y no clasificada del memorando probatorio relacionado con el bloqueo de propiedad adicional en la que,  el demandante, tenía un interés.

  Cree la OFAC que 325 Leucadendra Drive, en Coral Gables, Florida es una propiedad de la que Samark López sería el propietario.

  Se indica que Samark López Bello y su familia usaban esta propiedad como su residencia principal en los Estados Unidos. Como resultado directo del bloqueo, esta propiedad quedó sujeta a una orden de ejecución emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida para satisfacer una sentencia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  Apunta la moción que como resultado directo de la designación de López Bello por parte de la OFAC, terceros demandantes han tratado de ejecutar, y han ejecutado, sus sentencias pendientes contra las FARC con  propiedades del demandante en los Estados Unidos.

La acusación de López Bello

  El 8 de marzo de 2019, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció cargos penales contra Samark López Bello por presuntas violaciones de la Ley Kingpin.

  En la misma fecha, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusó a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de violaciones de la Ley de designación de cabecillas extranjeros de narcóticos y López Bello fue señalado, específicamente, de eludir o evitar las prohibiciones de la Ley Kingpin, o de conspirar para violar dicha ley, al trabajar con personas estadounidenses y titulares de visas para obtener ciertos servicios de viaje, incluidos los vuelos chárter en jets privados.

  Los cargos penales se basan en el alegato de que el demandante, como Narcotraficante Especialmente Designado, buscó participar en transacciones con personas estadounidenses o recibir servicios de ellas en supuesta violación de la Ley Kingpin. Estos cargos criminales no incluyen ningún cargo por tráfico de drogas o lavado de dinero.

Queja enmendada del demandante

  El 4 de octubre de 2021, Samark López modificó su demanda de impugnación de su designación por parte de la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin por ser arbitraria, caprichosa, abusiva, contraria a la ley en violación de la APA; por exceder la jurisdicción legal, las limitaciones o las autoridades en violación de la APA; y por ser contrario al derecho, poder, privilegio o inmunidad constitucional en violación de la APA.

  Además, la Demanda Enmendada impugna el hecho de que la OFAC no proporcione una notificación justa al designar a Samark López en virtud de la Ley Kingpin en violación de la Cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda y alega que con la designación de Demandante se viola su derecho de la Cuarta Enmienda a estar libre de ataques.  

  Finalmente, la Demanda Enmendada cuestiona el hecho de que la OFAC no le haya notificado adecuadamente a López Bello los motivos de su designación según la Ley Kingpin en violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda y la APA.

Los alegatos de Samark López

   Considera Samark López Bello que la designación en su contra por parte de la OFAC es arbitraria y caprichosa, violatoria de la APA, pues la agencia gubernamental no demuestra cómo el demandante ayudó materialmente a Tareck El Aissami en sus actividades de tráfico internacional de drogas.



  Esto habría ocurrido porque al momento de la designación de López Bello, Tareck El Aissami no había sido designado bajo la Ley Kingpin, entonces no podía haber una conexión racional entre los hechos alegados en el expediente administrativo y la determinación de la OFAC de que el demandante ayudó materialmente al funcionario venezolano.

  Refiere que las designaciones de la OFAC se hacen sustentados en informes de noticias en líneas de Venezuela, sin que esta sean verificadas.

  Igualmente, advierte la moción que casi todas las alegaciones fácticas de la OFAC carecen de un nexo aparente con las actividades de tráfico de estupefacientes de El Aissami, un requisito para la designación del demandante la ley.

  Asegura que la argumentación de la OFAC para la designación es errónea, pues se sustentó en acusaciones de fuentes de terceros sin evaluar la exactitud ni de unas ni de otras.

OFAC excedió alcance de su autoridad

  De acuerdo al criterio de Samark López Bello, la OFAC actuó más allá del alcance de sus autoridades estatutarias en virtud de la Ley Kingpin cuando lo designó por ayudar materialmente o proporcionar apoyo o servicios financieros o tecnológicos a Tareck El Aissami, quien no fue designado en virtud de la Ley Kingpin.

  Reitera que El Aissami no fue designado bajo la Ley Kingpin antes de la designación del propio demandante, lo que significa que la OFAC designó a López Bello sobre la base de una supuesta conducta que no era sancionable por el lenguaje sencillo de la citada Ley Kingpin.

 Precisa que las acusaciones no pudieron demostrar que el demandante participó en una conducta que involucró a una persona designada bajo la Ley Kingpin en el momento de su ocurrencia.

  López asevera que los demandados plantean varios desafíos a la afirmación del demandante de que la OFAC actuó en exceso de la jurisdicción, autoridad o limitaciones legales en violación de la APA. Sin embargo, cada uno de estos desafíos falla porque, primero, la designación simultánea de El Aissami y el demandante por parte de la OFAC era permisible, ya que "la Ley Kingpin no habla sobre el momento o la secuencia de las decisiones de la OFAC relacionadas con las sanciones".

  En este caso, El Aissami no era ni un "narcotraficante extranjero significativo", que requiere su identificación como tal en virtud de la Ley Kingpin, ni una persona extranjera designada antes de la designación del propio demandante. Esto significa que el Samark López, como cuestión de derecho, no podría haberse involucrado en una conducta sancionada por por la ley antes de la designación de El Aissami.

Violación a la Quinta Enmienda

  Samark López estima que la OFAC violó el derecho al debido proceso de la Quinta Enmienda del demandante al no otorgarle una notificación justa de conducta prohibida.

  Explica que la OFAC no proporcionó una notificación justa de la conducta que lo sometería a sanciones en virtud de la Ley Kingpin, pues sancionaron al demandante por supuestamente involucrarse en una conducta que no era sancionable en el momento de su presunta empresa.

  La acción de la OFAC desafía el claro mandato de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de que "las leyes que regulan a las personas (…) dar aviso justo de la conducta que está prohibida o requerida.

  Advierte el demandante que las divulgaciones de los demandados no informan adecuadamente de las razones de su designación de acuerdo con el debido proceso.

Incautación injustificada

  Samark López bello sostiene que fue objeto de una incautación injustificada de sus activos en violación de sus derechos en virtud de la Cuarta Enmienda.

  La Cuarta Enmienda protege “[el] derecho del pueblo a estar seguro en su persona (…) contra irrazonables (…) ataques”.

  Sostiene que la OFAC al imponer sanciones al demandante, incluido el bloqueo de toda propiedad dentro de los Estados Unidos se hizo una incautación de la propiedad del demandante, una que activó las protecciones de la Cuarta Enmienda.

  Indica la moción que mediante el bloqueo de la propiedad de Samark López, incluida su residencia, la OFAC declaró ilegal que el demandante o cualquier otra persona transfiriera, pagara, exportara, retirara o negociara con dicha propiedad. 

jueves, 4 de noviembre de 2021

PDVSA ratifica la representación de Baltasar Garzón ante la Audiencia Nacional de España en caso Bariven

  Tal hecho ratifica que, efectivamente, existía y existe una vinculación entre la estatal petrolera venezolana y el bufete Ilocad.

Por Maibort Petit

   Ante la Audiencia Nacional de España, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ratificó a la firma de abogados Ilocad —perteneciente al exjuez Baltasar Garzón— como representante en el proceso judicial que mantiene por el saqueo de su empresa filial Bariven.

   Dicha ratificación se produjo el pasado 2 de noviembre a través de un poder en el que la petrolera venezolana renovó ante el poder judicial español su disposición a que la firma de Garzón le siga representando.

   La información fue difundida por ES Diario en una nota suscrita por Francisco Mercado[1], quien hace poco desveló una orden de pago de PDVSA fechada en 2016 por 9 millones de euros, a favor de Ilocad. El despacho de abogados había negado tal contratación, asegurando que la misma estaba en manos de, bufete estadounidense Squire Patton Boggs, misma oficina que en un principio se encargó en 2015 de la defensa de los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, caso conocido como los “narcosobrinos”.

    La nota igualmente refiere que la justicia de España está en poder del documento y de una acusación estadounidense en contra de PDVSA, a la cual señala de actuar como financista de la guerrilla Colombia de las FARC.

   El despacho de Garzón ha sostenido que nunca fue contratado por la petrolera estatal venezolana, pero la firma del expresidente de la empresa en el año 2017, Eulogio Del Pino, figura en un poder a Ilocad, con el objeto de que represente a PDVSA en una demanda contra los presuntos autores del saqueo de Bariven.

   En su artículo, Franciso Mercado subraya que la referida entrega de poderes revela que PDVSA, efectivamente, mantenía una relación directa con el bufete de Baltasar Garzón y no con Squire Patton Boggs como se quiso hacer creer. Los abogados de Ilocad, pues, se entendían y recibían instrucciones del presidente de Petróleos de Venezuela.

  El poder también ratifica —destaca Mercado— “la esencia de la orden de pago de PDVSA de 2016 en favor de Ilocad. La petrolera quería en 2016 que el bufete del ‘prestigioso’ Garzón llevase tal pleito en España por su capacidad para ‘coordinarse con jueces y fiscales’ y por sus excelentes trabajos previos para el Gobierno venezolano con anterioridad”.

  Tales poderes han sido renovados recientemente, con lo que no quedan dudas de la relación entre PDVSA e Ilocad, no importa el procedimiento por medio del cual se haya realizado la contratación. “Tanto da si hubo o no subcontratación de Ilocad a través de Squire Patton Boggs, el cliente final era y es PDVSA y el dinero era y es de PDVSA”.

   De cualquier modo, Ilocad niega que haya percibido los 9 millones de euros que dice el documento entregado por Hugo Carvajal a la Audiencia Nacional, pero no informa cuál fue la cifra “muy inferior” que habría facturado a PDVSA. Tampoco le petrolera aclara cómo fue el reparto del dinero público si este no fue a las arcas de Ilocad.

   La nota llama la atención sobre la actitud de Dolores Delgado, pareja de Baltasar Garzón que ahora está en la Fiscalía española, pues “no muestra interés alguno por tal orden de contratación de la petrolera estatal venezolana ni por su monto ni por sus cláusulas, [pero] sí da por buenas las pruebas contra PDVSA cuando sirven para empacar a Hugo Carvajal con destino a EEUU”.

   Dichas “pruebas” hacen dicen: “Otro testigo contra Carvajal fue un miembro del Ejército de Venezuela asignado como seguridad para Hugo Chávez entre 2008 y 2013 cuando Diosdado Cabello era el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela (testigo 2)”.



   Este testigo a mediados de 2008, refirió que en una reunión organizada por el finado expresidente Hugo Chávez en su rancho, asistieron el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Allí, el testigo 2 escuchó a este último “describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y ordenadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela, PDVSA”.

   Por estas revelaciones, entre otras, Hugo Carvajal será extraditado a los Estados Unidos, pero lo dicho sobre los pagos de PDVSA irregulares, a bufetes o dirigentes de Podemos, advierte el periodista, pareciera que no se traducen en interés de la fiscalía en investigar ni en procurar su permanencia como testigo en España. “En un mismo momento, la Justicia española ve digna de sospecha a PDVSA y fuera de toda sospecha”, cierra el artículo.

 Referencia

[1] ES Diario. “PDVSA renueva su defensa a Ilocad mientras EE.UU. le acusa de financiar las FARC”. 3 de noviembre de 2021. https://www.esdiario.com/espana/714439588/monedero-venezuela-pollo-carvajal-psoe-podemos.html


viernes, 15 de octubre de 2021

Las razones de la fiscalía para oponerse a la libertad bajo fianza de Paulo Jorge Da Costa, artífice del esquema de corrupción de Rincón y Shiera

  El gobierno sostiene que el acusado carece de vínculos con los Estados Unidos, por lo que existe un claro riesgo de huida de su parte.

Por Maibort Petit

    Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta está señalado junto a Daisy Teresa Rafoi Bleuler, de ser artífice del esquema de corrupción mediante el cual los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sobornaron a funcionarios de la compañía estatal para la obtención de contratos y acelerar el pago de facturas pendientes de contratos anteriores. Rincón y Shiera fueron acusados, junto a una veintena de funcionarios venezolanos de varios delitos de lavado de dinero y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Da Costa Casqueiro Murta y Rafoi Bleuler, gestores patrimoniales europeos activos, actuaron en conjunto con Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Bariven, unidad de compras de PDVSA, para lavar el dinero proveniente del referido esquema de sobornos que alcanzó los USD 1.000 millones y se extendió entre 2011 y 2014.

   Por este caso, el gobierno estadounidense ha anunciado cargos contra 28 personas en relación con la investigación, 22 de los cuales se han declarado culpables.

    Además, Da Costa Casqueiro Murta ha sido investigado en Portugal por estar relacionado con la quiebra del Grupo Espírito Santo.

   La fiscalía acusó a Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h), un cargo de conspiración para violar la FCPA, en violación de 18 U.S.C. § 371, y dos cargos de lavado de dinero promocional internacional, en violación de 18 U.S.C. Sección 1956 (a) (2) (A).

   El 29 de abril de 2019, se emitió una orden de arresto en su contra fuera del Distrito Sur de Texas. En mayo de 2019, fue arrestado en Portugal y el gobierno inició formalmente un procedimiento de extradición, pero luego de un breve arresto, fue puesto en libertad, aunque las autoridades portuguesas le impusieron restricciones adicionales.

  Posteriormente, el acusado apeló su extradición a múltiples tribunales en Portugal y al menos a un tribunal en la Unión Europea. El 2 de junio de 2021, después de agotar todos sus recursos de apelación, fue nuevamente arrestado por las autoridades portuguesas y detenido en espera de su extradición.

  El 9 de julio de 2021, Paulo Da Costa Casqueiro Murta fue trasladado desde Portugal al Distrito Sur de Texas, donde tuvo su primera comparecencia en este asunto el 12 de julio de 2021. El gobierno solicitó su detención y el demandado solicitó tiempo adicional para prepararse para la audiencia de detención, la cual tuvo lugar los días 22 y 26 de julio de 2021. Allí, la Corte determinó que la fiscalía había demostrado con evidencia clara y convincente que ninguna condición podía asegurar razonablemente la comparecencia del acusado. Sin embargo, la Corte le brindó la oportunidad de presentar un escrito en el que expusiera las condiciones específicas de la liberación que solicitaba y para identificar un caso con hechos similares.

La respuesta de la Fiscalía

  El 12 de agosto de 2021, Sonali D. Patel, subjefe de la Sección de Fraudes de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston, la respuesta del gobierno en oposición al escrito de Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta en apoyo de la fianza, bajo el alegato de que el acusado presenta un riesgo de fuga significativo al ser ciudadano de un país que no extradita y ser poseedor de activos importantes en el extranjero y sin no vínculos con los Estados Unidos.

   Da Costa Casqueiro Murta está acusado de participar en una conspiración internacional de lavado de dinero por su papel en la estructuración de transacciones para ocultar pagos de sobornos y ganancias delictivas, delitos de los cuales, la fiscalía asegura tener pruebas sólidas. De ser declarado culpable, enfrentaría una sentencia de prisión sustancial de 292 a 365 meses de prisión.

    El gobierno advirtió al tribunal que el acusado no ha identificado los casos solicitados en los que un acusado en una situación similar fuera puesto en libertad bajo fianza. En tal sentido, la fiscalía pidió a la Corte mantener detenido al acusado de conformidad con 18 U.S.C. Sección 3142 (e) (1).

   Estados Unidos solicitó que la Corte que imponga una orden de detención contra Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta y lo mantenga en custodia en espera de juicio.

Los argumentos

   En su escrito, la fiscalía luego de exponer lo que la Ley de reforma de la fianza establece, así como la jurisprudencia, advierten que el demandado está en riesgo de fuga y debe ser detenido.

   Recordaron que el Tribunal en fecha 26 de julio de 2021 estableció el riesgo de fuga por parte del acusado, quien no tiene vínculos con el Distrito Sur de Texas, ni con los Estados Unidos fuera de su actividad criminal. 

   Subraya que Da Costa Casqueiro Murta es natural de Suiza, un país que no extradita a sus ciudadanos a EE. UU., su familia vive en el extranjero, siendo que su esposa, hijos y hermanas viven en Portugal, mientras que los hijos de su esposa residen en Suiza. Anteriormente alquiló un apartamento en Dubai, otro lugar desde el que es poco probable que se produzca la extradición.

  Destacan la fiscalía que, habiendo el acusado conspirado para ejecutar un plan internacional de lavado de dinero y soborno, utilizando cuentas en Suiza y Dubai, es muy probable que tenga activos internacionales que el gobierno no ha podido identificar, rastrear o congelar.

   Indican que la naturaleza y las circunstancias de los delitos que se imputan al acusado en el auto de procesamiento sustitutivo pesan a favor de la detención y el posible castigo resultante proporcionan un amplio incentivo para huir.

    El gobierno hace una exposición acerca de los co-conspiradores y los coacusados del acusado, quienes han sido detenidos en el distrito sur de Texas a pesar de tener bases más sólidas para su liberación que las que tiene en este caso Paulo Da Costa.

Sustento legal poco convincente

   El gobierno alerta al tribunal que Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta no ofreció en la audiencia del 26 de julio de 2021 un solo caso que responda a la pregunta que se le planteó y, en cambio, hizo mención a seis casos fuera del circuito que son inapropiados y distinguibles. Agregan que al demandado tampoco menciona a los coacusados en situación similar que fueron detenidos a pesar de tener vínculos mucho más amplios con el distrito, haber renunciado a la extradición y comparecer voluntariamente en los Estados Unidos.



     Recordó la fiscalía que el demandado apeló su extradición a todos los niveles del sistema legal portugués y a un tribunal de la Unión Europea, y el gobierno de Suiza no ha garantizado ni garantizará su comparecencia en el tribunal del distrito sur de Texas.

Argumentos fallidos del acusado

   El gobierno le refiere al tribunal que Paulo Da Costa Casqueiro Murta argumenta, entre otras cosas, que debido a que no huyó de Portugal a Suiza, no debe considerarse un riesgo de fuga de los Estados Unidos, pero obvia mencionar que mantiene amplios vínculos con Portugal, donde vivía con su esposa. En territorio luso, el demandado posee tres propiedades, incluida su residencia principal, un apartamento y un rancho. Recuerdan que los portugueses “congelaron” estas propiedades, valoradas en aproximadamente USD 3,5 millones, así que huir de esa nación habría implicado el abandono de esos importantes activos. Además, el acusado debió pagar una fianza de € 750,000 (aproximadamente USD 875.000). “En resumen, si el Demandado se fuera de Portugal, abandonaría la comunidad en la que vivía, junto con activos sustanciales y una fianza significativa. Estos son precisamente el tipo de vínculos comunitarios y activos significativos de los que carece en Estados Unidos”.

   Respecto al problema médico que el acusado indica que padece de colesteatoma y por ello debe ser liberado, que requiere su liberación. Identificación. En este sentido, aunque la fiscalía reconoce la condición médica del demandado, alerta que esto no mitiga el riesgo de que huya ni justifica su liberación. “El Demandado no ha proporcionado ninguna prueba de que la Oficina de Prisiones no pueda brindarle la atención médica adecuada mientras espera el juicio”.

miércoles, 13 de octubre de 2021

Mafias 'cobra vacunas' que operan en el Mejorador de Crudo Petrocedeño

   Las contratistas que operan en la planta se verían obligadas a pagar las tarifas que se han establecido por cada etapa de los procesos y servicios que se tengan que llevar a cabo.

Por Maibort Petit
   Fuentes ligadas a la industria petrolera denunciaron a Venezuela Política una serie de irregularidades que tienen lugar en el Mejorador de crudo de Petrocedeño en un Programa de Recuperación de Activos de PDVSA, supuestamente protagonizado por un grupo de trabajadores de la planta a cuya cabeza se encuentra el ingeniero Pedro Márquez, un Planificador de Mantenimiento, pero actualmente está encargado de una de las superintendencias de mantenimiento. La denuncia sostiene que estas personas han instaurado un sistema de amenazas, extorsión y acoso laboral que amenaza con acabar con lo poco que a la fecha funciona en dicho complejo.
   Como se sabe, en abril del presente año 2021 se supo que PDVSA planeaba —de acuerdo a información que reveló Reuter— poner nuevamente en funcionamiento dos de los cuatro mejoradores de crudo que posee en Venezuela, con el objetivo de impulsar la producción del crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.

  Dichos mejoradores —que convierten crudo extrapesado en variedades exportables— se encontraban fuera servicio desde 2019 debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera, la cuales impiden vender el hidrocarburo a empresas estadounidenses, las cuales eran las principales compradoras de crudo mejorado. Ante esta situación, PDVSA procedió a comercializar una mezcla de crudo extrapesado del Orinoco con petróleo liviano o combustible, que le permitían formular variedades que coloca en Asia, los cuales se han convertido en su principal mercado. Debido a dificultades a la priorización de la inyección de crudos medianos y livianos a sus refinerías, se incrementó la escasez de petróleo para mezcla. De allí, la necesidad de reiniciar operaciones en dos de sus empresas mixtas: Petrocedeño con la francesa Total y la noruega Equinor; y Petromonagas con un consorcio de firmas rusas.
    En tal sentido, indicó la agencia noticiosa en aquel entonces, el “mejorador de Petrocedeño comenzó el protocolo de reinicio con la puesta en marcha de las calderas y servicios industriales, mientras que el mejorador de Petromonagas empezó a recircular unos 40.000 barriles, sin producción” para la fecha de la publicación[1].

   Sin embargo, es importante acotar que dichos mejoradores de crudo no se han visto paralizados únicamente por la aplicación de las sanciones estadunidense, pues una nota de la misma agencia Reuters refería en 2009 que el mejorador de crudo del proyecto Petrocedeño permanecía detenido por presentar fallas intermitentes, mientras el mejorador de Petroanzoátegui tenía desperfectos en sus calderas[2].

  El 31 de julio de 2021, Total Energies SE y Equinor ASA renunciaron a su participación en Petrocedeño. La primera de estas empresas transfirió el 30 por ciento de las acciones que poseía a PDVSA, bajo el argumento de “una alineación con esfuerzos para frenar su huella de carbono general”, recoge una nota de Bloomberg, que difundió lo expresado por Patrick Pouyanne, director ejecutivo de la compañía, quien aseguró que la decisión no estaba relacionada “con la situación política en Venezuela, ni con las sanciones”.

   La misma nota indicó que PDVSA sostuvo que Petrocedeño sería el “eje central” del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco a través de la transformación de hidrocarburos extrapesados[3].

  Al respecto, el portal especializado Argus informó que PDVSA procuraba integrar Petrocedeño a su ·degradado sistema de refinación” a través de cambios tecnológicos que motivaron la retirada de Total Energies y Equinor. Tal iniciativa, de acuerdo a expertos consultados por es una improvisación con la cual se corre el riesgo de provocar un accidente industrial. La nota igualmente acusa la errática política de nacionalización del finado expresidente Hugo Chávez como parte de la causa del proceso de deterioro de estas plantas en razón de la falta de mantenimiento e inversión[4].
    Es en medio de este panorama que se produce la denuncia que llega a nuestra mesa de redacción sobre el andar irregular de Márquez y su grupo, una red de amenaza y extorsión que, incluso, valiéndose, supuestamente, del personal de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral (DSI) para desalojar de las instalaciones a quienes no se les someten.

  Entre sus prácticas estaría el cobro de “vacuna” a las empresas contratistas que prestan servicio en el Mejorador de Crudo Petrocedeño, siendo el viernes de cada semana el día de cobro de dicha comisión. Refiere la fuente denunciante, que pedro Márquez y su “equipo”, ha establecido tarifas que deben cancelarse en cada etapa de los procesos, por ejemplo, cuando se trata de reparación de bombas, al momento del desmontaje de las mismas, deben cancelarse USD 150 e igual monto luego de reparada al momento del montaje. Igualmente, USD 150 es la cuota a pagar por el uso de las grúas que se usan en estos procesos de montaje y desmontaje. Las contratistas deben pagarle a Márquez también por el uso de equipos y repuestos que normalmente PDVSA debe disponer y entregar a las empresas para que le reparen los equipos en el tiempo más corto posible.

   Según las fuentes denunciantes, ya ni siquiera se molestan en guardar las formas, pues los cobros de las vacunas y cancelación de las mismas se hace a ojos vista y sin el menor recato. Al parecer, Pedro Márquez ha establecido una red de espías que le mantienen informado de las denuncias y accionar de las empresas contratistas.

REFERENCIAS

[1] Reuters. “Venezolana PDVSA planea reinicio de mejoradores de crudo mientras escasean diluyentes: documento”. 30 de abril de 2021. https://www.reuters.com/article/venezuela-petroleo-mejoradores-idLTAKBN2CH2I6



[2] Reuters. “Mejorador crudo pesado Petrocedeño en Venezuela sigue parado”. 7 de diciembre de 2009. https://www.reuters.com/article/petroleo-venezuela-faja-idARN079837320091207



[3] Bloomberg Línea. “¿Qué espera el gobierno de Maduro tras quedarse con el 100% de Petrocedeño?”. 31 de julio de 2021. https://www.bloomberglinea.com/2021/07/31/que-espera-el-gobierno-de-maduro-tras-quedarse-con-el-100-de-petrocedeno/



[4] Argus. “PdV seeks to integrate upgrader into refining system”. 30 de julio de 2021. https://www.argusmedia.com/en/news/2239942-pdv-seeks-to-integrate-upgrader-into-refining-system?backToResults=true

 

jueves, 7 de octubre de 2021

Tribunal de Texas aprueba incorporación de nuevo fiscal al caso de Luis Carlos De León-Pérez

  El representante del gobierno se incorporó el 23 de agosto de 2021.

Por Maibort Petit

    Desde el 23 de agosto del presente 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas aprobó una Moción y orden de admisión Pro Hac Vice, que permite la incorporación del fiscal Drew Bradylyons, al caso que en dicha corte se ventila entre los Estados Unidos y Luis Carlos de León-Pérez.

   Las mociones Pro hac vice son un recurso legal por el cual un abogado que no ha sido admitido para ejercer en una determinada jurisdicción pueda participar en un caso particular en dicha jurisdicción.

    Luis Carlos de León-Pérez, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), admitió en julio de 2018 su culpabilidad respecto a los cargos de corrupción y lavado de dinero que se le imputaban.

   Exfuncionario del gobierno venezolano participó en un esquema a través del cual cobraban sobornos millonarios a las empresas que participaban en las licitaciones de la empresa pública de servicio eléctrico de la cual era directivo.

   Tras declararse culpable pagó una fianza de USD 250.000 y, desde entonces aguarda porque se le fije sentencia[1].

   Ya en varias oportunidades la corte a postergado el dictado de tal sentencia, primeramente, el 24 de septiembre de 2018, luego el 7 de octubre de 2019 y, recientemente, el juez Kenneth M Hoyt hizo una reprogramación del cronograma y fijó la finalización del Informe Previo a la Sentencia para el 4 de octubre de 2021, al tiempo que dio hasta el 18 de octubre como la fecha tope para que se presenten las objeciones al mismo. Se restableció la sentencia para el 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 a. m. en la Sala 11A[2].

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel”. 16 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/tras-declararse-culpable-y-pagar-una.html


[2] Venezuela Política. “Corte reestablece fecha de la sentencia de Luis Carlos de León Pérez”. 21 de septiembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/09/corte-reestablece-fecha-de-la-sentencia.html


 

martes, 21 de septiembre de 2021

Corte reestablece fecha de la sentencia de Luis Carlos de León Pérez

     Ahora será en noviembre cuando se conozca la pena que deberá pagar el exgerente funcional de asuntos legales de la Electricidad de Caracas.

Por Maibort Petit

   El Juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt, dio a conocer el nuevo cronograma que regirá para el resto del proceso judicial que se le sigue a Luis Carlos De León-Pérez, el exgerente funcional de asuntos legales de la Electricidad de Caracas, quien se declaró culpable por la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero.

   En julio de 2018, De León Pérez admitió ante el tribunal los hechos que se le imputaban por su participación en un esquema corrupto mediante el cual cobraban millonarios sobornos a las empresas que procuraban contratos de la empresa pública de servicio eléctrico, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tras el pago de una fianza de USD 250.000 obtuvo el beneficio de casa por cárcel.

  Luis Carlos De León-Pérez, quien además de la nacionalidad venezolana es ciudadano estadunidense, reconoció que se valió de su poder para exigir el pago de comisiones a las empresas contratistas de la Electricidad de Caracas entre los años de 2011 al 2013, para aprobar negociaciones y contratos. En tales actividades, actuaba junto a otros altos cargos en la empresa estatal, entre ellos el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas; y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven.

   Pérez De León admitió haber participado en el esquema corrupto que encabezaron los empresarios Roberto Rincón y Abraham José Shiera[1].

   El exfuncionario venezolano, en un principio iba a ser sentenciado el 24 de septiembre de 2018. Otra fecha que se manejó el 7 de octubre de 2019[2]. Recientemente, el juez Kenneth M Hoyt formuló una reprogramación y fijó la finalización del Informe Previo a la Sentencia de De Leon-Perez, para el 4 de octubre de 2021, al tiempo que dio hasta el 18 de octubre como la fecha tope para que se presenten las objeciones al mismo. Se restableció la sentencia para el 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 a. m. en la Sala 11A.

Los cargos y los acusados

   Luis Carlos De León-Pérez, arrestado en España, país en el que residía, en octubre de 2017, fue extraditado a Estados Unidos donde fue imputado junto a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, a César David Rincón Godoy, a Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Cada uno de los acusados está acusado de uno o más cargos de lavado de dinero, de la siguiente manera: De León, César Rincón y Reiter, cuatro cargos cada uno; Villalobos, un recuento; e Isturiz, cinco cargos. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA”, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

  Los cinco acusados —eran todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o exfuncionarios de otras agencias o instrumentalidades del gobierno venezolano— fungían con altos cargos con gran influencia en la estatal y conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de Pla petrolera, incluidos algunos residentes de los Estados, sobornos y comisiones ilegales por brindarles asistencia en relación con su negocio de PDVSA. “La acusación formal alega además que los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos y, en algunos casos, lavaron el producto del soborno en la forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en los Estados Unidos”.


  
   Igualmente, la acusación formal señala a dos proveedores de PDVSA, a saber, Roberto Enrique Rincón Fernández y a Abraham José Shiera Bastidas, quienes enviaron más de USD 27 millones en pagos de sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era un beneficiario efectivo y junto a Villalobos, tenían firma autorizada[3].

El papel de León-Pérez en la trama

   Luis Carlos De León-Pérez figura en el cargo número uno de la acusación, Conspiración para cometer lavado de dinero, junto a Nervis Villalobos, César David Rincón, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Reiter Múñoz, señalados de actual a sabiendas de “que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   También los imputa de tener “la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   Específicamente se indica que, De León, Villalobos, Rincón, Istúriz y Reiter, con sus co-conspiradores le prometieron a Roberto Rincón, Abraham Shiera y otros, asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de la petrolera, a cambio para pagos de sobornos.

   Luis Carlos De León, Nervis Villalobos, César David Rincón y Alejandro Istúriz pidieron asistencia y, a su vez, Roberto Rincón, Abraham Shiera y Swiss Banker 1 (persona cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, socio de la Compañía Suiza A, una firma de administración de patrimonios, igualmente identificada sólo por el Gran Jurado), ayudaron a los funcionarios de PDVSA a abrir cuentas bancarias, incluidas cuentas bancarias en Suiza, para ellos y sus co-conspiradores para recibir pagos de sobornos. También ordenaron que los sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a ellos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales, con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos.

   Asimismo, Luis Carlos De Léon y Nervis Villalobos, participaron en transacciones monetarias entre sus diversas cuentas, de manera de ocultar la naturaleza, fuente y propiedad del producto de la actividad ilegal.

   Con el fin de facilitar los pagos de sobornos y ocultar su naturaleza y propiedad, Luis Carlos De León, Nervis Villalobos y sus co-conspiradores contrataron a la Compañía Suiza A para que abriera cuentas bancarias suizas en las que pudieran recibirse pagos de sobornos.

  Se determinó la utilización de varias cuentas en Suiza y en otros lugares, para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final.

   La “Cuenta Suiza 1”, cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, tenía como beneficiario efectivo a De León Pérez. En la misma estaban autorizados para firmar, él y Nervis Villalobos.

  Los demandados, entre ellos Del León Pérez, establecieron una compleja red de cuentas bancarias a través de las cuales realizar las transacciones financieras en relación con el esquema y ocultar la naturaleza y propiedad de los ingresos. El 16 de septiembre de 2011, Swiss Banker 1 escribió a Shiera, Villalobos y De León, para informar que la empresa suiza A había abierto cuatro cuentas bancarias: Swiss Account 1, que se identificó para Villalobos, mientras la cuenta suiza 3, se identificó para De León. El Swiss Banker 1 concluyó el correo electrónico diciendo: "Le enviaremos por correo electrónico la próxima semana los nuevos números de cuenta y las instrucciones de transferencia para comenzar la transferencia de fondos al aire acondicionado principal ([Cuenta Suiza 1]) para su distribución en las 3 cuentas".

  Entre otras negociaciones, la acusación específica en los cargo del 5 al 7, relativos a Lavado de dinero, que Luis Carlos De León Pérez llevó a cabo las siguientes transacciones destinadas a ocultar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita especificada, es decir, una infracción grave de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2.



[1] Venezuela Política. “Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel”. 16 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/tras-declararse-culpable-y-pagar-una.html


[2] Venezuela Política. “Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero”. 18 de abril de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/04/exfuncionario-chavista-sera-sentenciado.html


[3] Departamento de Justicia. “Five Former Venezuelan Government Officials Charged in Money Laundering Scheme Involving Foreign Bribery”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0 

miércoles, 15 de septiembre de 2021

Los delitos de César David Rincón Godoy en PDVSA y la nueva fecha de su sentencia

   El magistrado del tribunal del Distrito Sur de Texas impondrá la pena el 8 de noviembre del presente 2021.

Por Maibort Petit

   La sentencia que deberá pagar César David Rincón Godoy por la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero, se conocerá en noviembre del presenta año 2021, se acuerdo al cronograma que estableció el juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt
   El magistrado dijo, específicamente el 8 de noviembre a las 10 de la mañana, como la fecha en que se determinará la condena que deberá cumplir el exgerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El acto tendrá lugar en la Sala 11A del tribunal.

   Rincón Godoy formó parte de un esquema internacional de lavado de dinero[1]mediante el cual se buscaba la legitimación de sobornos pagados para asegurar de manera corrupta contratos de PDVSA. Los cabecillas de la trama eran los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera.

  El 19 de abril de 2018, César David Rincón Godoy se declaró culpable de haber integrado la trama de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano con el propósito de asegurar de manera corrupta contratos de energía y priorizar el pago de facturas pendientes.

  Al momento de declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, Rincón Godoy fue impuesto de una sentencia monetaria personal de USD 7.033.504,71 la cual aceptó pagar a través de dicte una orden de decomiso.

  En aquel entonces se fijó el dictado de la sentencia para el 9 de julio de 2018 y, desde entonces, ha visto prorrogándose.

  El juez Hoyt, además, fijó para el 11 de enero de 2021, para la presentación del Informe Previo de la Sentencia (PSI), mientras que será el 18 de octubre el día para que se presenten objeciones al PSI.

Los cargos

  Junto a Luis Carlos De León-Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, César David Rincón conformaron el grupo élite que comandó una de las más grandes estafas cometidas con la estatal petrolera venezolana. Fue arrestado en octubre de 2017 en España donde residía con base a una acusación de 20 cargos que cursa en el Tribunal del distrito Sur de Texas-División Houston. Fue extraditado a EE. UU. el 9 de febrero de 2018.

  Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso[2].

   En específico, la acusación refiere que César David Rincón y el resto de los imputados, solicitaron a los proveedores de PDVSA los sobornos y comisiones entre 2011 y 2013. A cambio de estos pagos, ellos lograban la aprobación de millonarios contratos y la agilización de la cancelación de las facturas pendientes de pago. Estos dineros obtenidos irregularmente, luego eran lavados mediante un esquema que comprendía numerosas transacciones financieras nacionales e internacionales para encubrir la naturaleza corrupta de los fondos.

  Sobre el cargo de Conspiración para cometer lavado de dinero, la acusación señala que César David Rincón Godoy “conspiró, se confederó y estuvo de acuerdo (…) sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA (…).

  En tal sentido, se especifica que Rincón Godoy prometió al Empresario 3 —un residente de Florida que controlaba, junto con otros, una serie de empresas, incluidas varias empresas de EE. UU. que se utilizaron para asegurar contratos con PDVSA— asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de PDVSA, a cambio de pagos de sobornos.

  Igualmente, se indica que ordenó que los pagos de sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a él, incluidas empresas, intermediarios, parientes, amigos y asociados personales cercanos, con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos irregulares.

   Del mismo modo se dice que Rincón Godoy creó justificaciones falsas para algunos de los sobornos, incluidas facturas por servicios que nunca se prestaron, para ocultar su naturaleza delictiva.

Las acciones de Rincón Godoy

   La acusación precisa que el 29 de febrero de 2012, César David Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, traducido al inglés, “Allí me preguntan si envió el dulce a [César Rincón, pariente 1]”, haciendo referencia a los pagos de sobornos. El empresario 3 respondió, traducido al inglés: "Ese dulce se enviará hoy a la casa de [César Rincón Pariente 1]". Más tarde ese día, el empresario 3 volvió a escribirle a Rincón Godoy, diciendo, traducido al inglés: “Tengo un pequeño problema con enviar todos los dulces hoy. Necesito sacarlo de la tienda principal para enviarlo a la sucursal y sabes que tenemos que tener cuidado con eso aquí, pero puedo enviar una buena carga hoy ".

   En la misma fecha, una empresa controlada por el Empresario 3 transfirió USD 150.710 a una cuenta a nombre de César Rincón Pariente 1. El Empresario 3 envió la confirmación: “Señor, Fue enviado. Gracias por todo…".

    El 16 de noviembre de 2012, César Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, "Adjunto las facturas de las transferencias de [César Rincón Pariente 1]". Se adjuntaba una factura por un monto de USD 110.000 de una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otra de una compañía controlada por el Empresario 3 supuestamente por “Asistencia técnica” en un proyecto de mantenimiento.

   El 14 de febrero de 2013, el empresario 3 firmó un cheque por USD 110.000 de una compañía controlaba por él, a una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otro pariente. La línea de nota del cheque hacía referencia a un número de factura que coincidía con el número de la factura que César Rincón envió al empresario 3 el 16 de noviembre de 2012, referida anteriormente. Este cheque se presentó para su pago el 15 de febrero de 2013.

   En los cargos de la acusación comprendidos del ocho al once, relacionados con Lavado de dinero, se refiere que César David Rincón llevó a cabo una serie de transacciones financieras, a sabiendas de que las mismas afectaban el comercio interestatal y extranjero y que involucraron el producto de una actividad ilegal.

   Se señala que estas operaciones que representaban el producto de una actividad ilícita, fueron diseñadas, en su totalidad y en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita.

   Las referidas transacciones se definen en la acusación de la siguiente manera:



REFERENCIAS

[1] Departamento de Justicia. “Former Venezuelan Official Pleads Guilty to Money Laundering Charge in Connection with Bribery Scheme”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

[2] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

 

martes, 17 de agosto de 2021

Abraham Edgardo Ortega, exfuncionario de PDVSA, busca a toda costa retrasar su ingreso a una cárcel de EE. UU.

 Por Maibort Petit 

   Abraham Edgardo Ortega, quien se declaró culpable por delitos de corrupción y lavado de dinero busca a toda costa no ir a la cárcel, y para ello ha logrado que un juez norteamericano le autorice posponer la fecha de entrega voluntaria a la prisión, mientras sus abogados arreglan con los fiscales para que la justicia le otorgue "más beneficios tras su colaboración en la investigación" que realizan las autoridades estadounidenses sobre la enorme red de venezolanos que blanqueó miles de millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos.

  La abogada de Ortega,  Lilly Ann Sánchez, pidió a un juez estadounidense que el convicto por delitos de corrupción y lavado de dinero proveniente de PDVSA, no se entregue "voluntariamente a la cárcel para cumplir su sentencia en la fecha prevista en el mandato del tribunal", que establecía que el reo entraría a la prisión  el 2 de septiembre de 2021. 

   El ex ejecutivo de la compañía petrolera estatal de Venezuela fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión en relación con un supuesto plan de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones vinculado a bienes raíces en el sur de Florida.

  En la comunicación de  la defensa, refrendada por los fiscales federales, se asegura que el corrupto podría entregarse a las autoridades de la prisión en una fecha  posterior al 3 de enero de 2022. 

  Para lograr permanecer en libertad condicional  y no cumplir con la sentencia de 28 meses en prisión, Abraham Edgardo Ortega argumentó que ha seguido colaborando con los fiscales y que aspira una reducción de la sentencia.

  El 31 de octubre de 2018,  Ortega se declaró culpable de un cargo n que lo acusa de conspiración para cometer blanqueo de capitales, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a).

  La audiencia de sentencia, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2021, y un juez  lo condenó a 28 meses de prisión. 

  Según la defensa de Ortega, los fiscales federales señalaron que  esperan presentar una moción basada en la regla 35 para una reducción basada en una mayor cooperación que aún está en curso.

   La misiva dice que la defensa y el Gobierno esperaban que la cooperación en curso se completara antes de la fecha de entrega del 2 de septiembre de 2021, pero "no ha sido así, debido a las complicaciones derivadas de la pandemia continúan retrasando las cosas".

   Abraham Edgardo Ortega "se encuentra bajo fianza y monitoreo electrónico y ha cumplido plenamente durante todo el tiempo que estuvo pendiente" sostiene su defensa.

   Asimismo, la abogada Sánchez sostiene que el fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el representante del Departamento de Justicia en este caso, Paul Hayden se han pronunciado, y el gobierno no se opone a esta prórroga y cree que una fecha de entrega posterior al 3 de enero de 2022 sería apropiada.

  Abraham Edgardo Ortega, quien fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, admitió que aceptó más de $ 12 millones en sobornos por su papel, lo que permitió a otros venezolanos acusados ​​de desfalcar a la petrolera venezolana.

   Los fiscales del caso alegaron que los "cleptócratas" hicieron préstamos a la compañía petrolera que los hicieron ricos de la noche a la mañana, en parte a través del sistema de cambio de divisas único de Venezuela.

   En total, nueve personas fueron acusadas en el plan en 2018, y cinco de ellas aún están prófugas. Ortega es el segundo en recibir una sentencia reducida.

   La sentencia de 10 años del banquero suizo Matthias Krull se redujo a tres años y medio en septiembre. Krull, acusado de mover $ 600 millones vinculados al esquema de la compañía petrolera, también cooperó con los fiscales.

   Los fiscales han alegado que parte del dinero extraído terminó en bienes raíces locales, incluida una unidad en la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach.

  Al momento de su sentencia, Ortega lloró frente a la jueza federal Kathleen Williams en Miami y reconoció  que la “corrupción” generalizada y el esquema de malversación de fondos llevaron a la crisis económica en Venezuela.

   La fecha de la sentencia de Abraham Edgardo Ortega  se ha cambiado dos veces. Inicialmente estaba prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días y luego fue planificada para el 2 de septiembre de 2021. Ahora nuevamente se cambia para el 10 de febrero de 2022.

El caso

   Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga; José Vicente Amparan Croquer, alias «Chente»; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos.

  La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.

  La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.

  Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.

   Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega recibió  USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.

  Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018.

  Por estos hechos el tribunal procedió con la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. A estas se suman propiedades en Miami.