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jueves, 16 de junio de 2022

Carmelo Urdaneta Aquí fue sentenciado a 52 meses de prisión, EE. UU. le confiscó millones de dólares expoliados de PDVSA

Por Maibort Petit

    Una juez del estado de la Florida, dictó sentencia a Carmelo Urdaneta Aquí, un ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela por su papel en un esquema de soborno y lavado de dinero de $ 1.2 mil millones que involucró a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El abogado tendrá que pasar 52 meses en la cárcel.

  Urdaneta Aquí se desempeñó como uno de los principales asesores del Ministerio de Petróleo de Venezuela y  jugó un rol protagónico en un esquema de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones provenientes de la petrolera estatal PDVSA. Una juez federal de Miami lo sentenció con apenas 4 años de prisión. Los fiscales federales, Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden, en un memorando de sentencia, habían pedido al tribunal 10 años de cárcel para este sujeto que formó parte de uno de los casos de corrupción más escandalosos en los últimos tiempos.


  La jueza federal de distrito Kathleen Williams impuso una multa de $35,000 como parte de la sentencia de Urdaneta y aprobó la incautación por parte de los federales de activos por valor de $49 millones, incluido su condominio de lujo y una cuenta bancaria en Suiza. Además de los 52 meses de prisión, la Juez Kathleen M. Williams sentenció a Carmelo Urdaneta Aquí a tres años de libertad vigilada por un plazo de 3 años en una audiencia que duró una hora.

El caso 

  Carmelo Urdaneta Aquí formó parte de un grupo de ocho personas que fueron acusados por los fiscales federales por haber participado en un plan para lavar más de $ 1.200 millones malversados ​​de la petrolera estatal venezolana PDVSA, utilizando propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami.

  En este caso fueron acusados los siguientes individuos: Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, según el documento judicial. 

  La demanda penal alegó además que el ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, Urdaneta Aquí utilizó el dinero de las coimas para comprar un condominio en el edificio Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach como pago por uno de los servicios de lavado del demandado. 

  Dezer Development, dirigido por Gil Dezer, construyó la torre de 132 unidades y 60 pisos en 18555 Collins Avenue en 2016.


  Según la demanda, la conspiración comenzó en diciembre de 2014 y fue diseñada para malversar unos $ 600 millones de parte de PDVSA, a través de un plan de cambio de divisas. Para mayo de 2015, la conspiración se había duplicado a $ 1,200 millones malversados ​​de PDVSA, dijeron funcionarios federales en un comunicado.

  Como parte de ese plan, la demanda alegó que Carmelo Urdaneta Aquí, el ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, habló sobre la transferencia de una unidad en el diseño de Porsche Torre a José Vicente Amparán Croquer, un presunto lavador de dinero de Venezuela, como su pago inicial como una supuesta tarifa por sus servicios de lavado.

  Los registros de la propiedad muestran que 18555 Developers LLC de Dezer Development vendió la unidad 2205 de Porsche Design Tower a Paladium Real Estate Group en enero de 2017 por $ 5,3 millones. Los registros también muestran que Paladium se formó en mayo de 2016 con la esposa de Urdaneta como propietaria.

  Según la denuncia, el 23 de septiembre de 2016, la esposa de Amparan fue agregada como gerente de Paladium, y el 15 de septiembre de 2017, después del cierre, la esposa de Urdaneta Aquí fue removida, "dejando a Amparan en control de Paladium y el condominio".

  Los ocho individuos fueron acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero. 

 Los conspiradores incluyen antiguos funcionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana conocidos como boliburgueses.

  Los fiscales estadounidenses dijeron que Carmelo Urdaneta Aquí es «un servidor público licenciado en Derecho que conspiró para lavar más de 1.200 millones de dólares, en parte, a través de cuentas en los Estados Unidos».

   Urdaneta es uno de los acusados en un caso abierto en EE.UU. por una supuesta conspiración que comenzó en diciembre de 2014 y supuso para la empresa estatal venezolana Pdvsa un desfalco de unos 1.200 millones de dólares, obtenidos mediante sobornos y fraude.

   La intención de los involucrados era blanquear parte de los fondos ilegales en la compra de inmuebles y haciendo falsas inversiones en Miami, de acuerdo con los documentos de la corte, que data de 2018.

   Urdaneta Aquí llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en julio de 2021 y se declaró culpable más tarde del delito de conspiración para lavar dinero, logrando eliminar de su acusación otros dos delitos.

   Como parte del acuerdo de culpabilidad de Urdaneta, las autoridades estadounidenses incautaron un apartamento de 5,3 millones de dólares en Porsche Design Tower, dos apartamentos en Miami Beach y todos sus activos en una cuenta bancaria suiza.

  Urdaneta Aquí recibió coimas por el orden de unos 49 millones de dólares a cambio de sus actos y decisiones corruptos como Asesor Jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que era el ministerio venezolano responsable de la supervisión de la entidad petrolera de propiedad y control estatal del país, Petróleos de Venezuela, S.A. , advirtieron los fiscales.

 La fiscalía pidió una sanción adecuada por la conducta corrupta de un funcionario venezolano de alto rango.

  A lo largo de todo el proceso, que duró casi dos años, Urdaneta Aquí disfrutó de libertad bajo fianza tras haber entregado al tribunal una fianza de 1,5 millones de dólares.

  


domingo, 22 de mayo de 2022

Jhonnathan Marín y Carlos Urbano Fermín: dos corruptos venezolanos procesados por el mismo juez en EE. UU.

 El juez Robert Scola asume ambas causas.

Por Maibort Petit

   El 9 de mayo de 2022, Michael N. Berger, asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida Juan Antonio González, presentó ante el tribunal homónimo, un aviso de caso relacionado en el que informó que la causa que el gobierno entabló contra el exalcalde de Guanta,  Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, identificado con el serial 22-20614-CR-JEM, está relacionada con el caso 20-20163-CR-RNS, en el que la Fiscalía acusa a Carlos Enrique Urbano Fermín, un contratista de PDVSA y sus filiales que fue procesado en Estados Unidos por delitos de corrupción y lavado de dinero y recibió como sentencia 5 años de libertad supervisada.

  Refirió la Fiscalía que a Marín Sanguino se le acusa de delitos de lavado de dinero y soborno relacionados con la corrupción venezolana en relación con la adjudicación de contratos por parte de subsidiarias de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), alegándose que recibió sobornos y/o ganancias de sobornos de dos co-conspiradores específicos (Co-Conspirador 1 y Co-Conspirador 2).

  En este sentido, el fiscal Berger identificó al co-conspirador 2 como Carlos Enrique Urbano Fermín, acusado de manera similar en el caso penal que se le sigue por lavado de dinero y soborno igualmente relacionados con la estatal petrolera venezolana.

  Refirió la fiscalía que el abogado defensor de Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, Michael Nadler, no mostró oposición a que se transfiera el caso penal al juez Robert Scola.


 


viernes, 6 de mayo de 2022

Estos son los delitos por los que EE. UU. acusa al exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino

   La demanda contra el político chavista responde a esquema de sobornos a funcionarios corruptos del régimen de Nicolás Maduro a cambio de contratos millonarios de PDVSA.

Por Maibort Petit

  El exalcalde de Guanta, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar, junto a contratista y dos ex-funcionario de Venezuela,  para obtener contratos y otras ventajas comerciales con las filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno y realizar transacciones en el sistema financiero norteamericano.

  La acusación federal del EE. UU. contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino señala que el exalcalde, y sus socios  "promovieron un esquema corrupto que les permitió ocultar y disfrazar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control del dinero producto de su delito".

   La querella contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino indica que los delitos se realizaron gracias a contratos de PDVSA y sus subsidiarias, las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco: Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A. 

   El documento está firmado por el Fiscal General del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González y el fiscal asistente, Michael N. Berger. En el mismo se afirma que Marín Sanguino cometió los delitos cuando era un servidor público en la Alcaldía del Municipio Guanta, donde se ubica la Faja Petrolífera del Orinoco.

  Según la demanda, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino usó una compañía (1) en el estado de la  Florida para operar cuentas bancarias en instituciones ubicadas en Miami y así  cometer los delitos que se le acusan. 

"Los co-conspiradores (1) y (2) fueron contratistas que obtuvieron contratos con los Subsidios de PDVSA y mantuvieron pagos en efectivo para sus empresas en el Distrito Sur de Florida", dice la acusación.

  Asimismo, señala que "los funcionarios públicos venezolanos (1) y (2) fueron altos agentes en los Subsidios de PDVSA y trabajaban para el Estado.

  Según la demanda, a partir de 2013 [o alrededor de 2013], y continuando hasta 2018, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, el demandado, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino cometió delitos a sabiendas y voluntariamente, es decir, "con la intención de promover el objeto de la conspiración, combinar, conspirar, confederar y estar de acuerdo con otros que conocen y conocen el Estados Unidos, incluyendo pero no limitado a dos co-conspiraciones (1) y (2) y dos funcionarios venezolanos (1) y (2) para cometer crímenes contra la ley de Estados Unidos".

  Refiere que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios, "conspiraron para realizar transacciones financieras, que involucraban el producto de una actividad ilícita específica, con la intención de promover un delito contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucró un soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por y para el beneficio de un funcionario público, según lo dispuesto en el Título 18 ,Código de los Estados Unidos, Sección 1956(c)(7)(B)(iv), violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a)(1)(A)(i)".

  En esencia, Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino está acusado de haber hecho y diseñado una transacción financiera que buscaba disimular que era un soborno de un funcionario público, y la apropiación indebida, el robo y malversación de fondos públicos para el beneficio de un funcionario público.

   El documento federal dice que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino [y sus co-conspiradores], transportó, transmitió y transfirió  un instrumento monetario y fondos desde Estados Unidos hacia el exterior, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas especificadas en la ley.

   El propósito de la conspiración ejecutada por Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus co-conspiradores era obtener contratos y otras ventajas comerciales con las Filiales de PDVSA a través de la corrupción y el soborno.

 Igualmente, "Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino y sus socios buscaban realizar transacciones financieras que promovieron el esquema corrupto y que ocultaron y disfrazaron la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control del producto de su delito en un delito", acota la querella. 

  Dicha conspiración se realizó mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares de los Estados Unidos.

  En la acción judicial de 11 páginas, se destaca que Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino acordó con otros, incluidos los co-conspiradores 1 y 2, pagar sobornos en beneficio de los funcionarios venezolanos 1 y 2, para conseguir los contratos de PDVSA y sus filiales en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

   Marín Sanguino utilizó su posición en el gobierno de Venezuela para influir en los funcionarios de PDVSA para que éstos otorgaran contratos a las empresas de los co-conspirador.

Como resultado de la indebida influencia del exalcalde sobre los funcionarios en las filiales de PDVSA se logró crear y ejecutar un esquema de sobornos que involucra a dos funcionarios públicos venezolanos.

  Las compañías del co-conspiradores (1) recibieron decenas de millones de dólares de contratos de las subsidiarias de PDVSA en cuentas del Sur de la Florida.

  Para promover el esquema de soborno ilegal, el co-conspirador 1 transfirió cablegráficamente los ingresos obtenidos de estos contratos con las Subsidiarias de PDVSA a las cuentas controladas y mantenidas por Marín Sanguino en los Estados Unidos, así como a las cuentas bancarias para el beneficio de los funcionarios de Venezuela (1) y (2).

   En total,  Marín Sanguino y sus socios acordaron ocultar los sobornos pagados, por los co-conspiradores 1 y 2. "Ordenaron que se hicieran en nueve pagos dentro y fuera de los Estados Unidos para que se entregaran a los beneficiarios".

  En enero 5 de 2015, Marín causó que el co-conspirador 2 transfiriera $100.000 de su cuenta bancaria en Panamá a la cuenta bancaria de la compañía de Marín en Miami, Florida.

  El 20 de diciembre de 2016, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfiriera $250.000 desde su cuenta bancaria a la cuenta en Miami, a la cuenta de la cuenta controlada por el exalcalde de Guanta en Miami, Florida.

  En diciembre de 2016, Marín y el co-conspirador 1 enviaron aproximadamente $1,209,956. de la cuenta del co-conspirador 1 en Miami a una cuenta de banco en Panamá que beneficiaba a los dos funcionarios gubernamentales de Venezuela.

  El 2 de enero de 2018, Marín hizo que el co-conspirador 1 transfirieron aproximadamente $15.000 de su cuenta de banco en Miami a la cuenta de la empresa  de Marín en Miami, Florida.

  La acusación federal contra Marín Sanguino tiene fecha del 21 de abril de 2022.

  El 25 de abril de 2022, el abogado Michael Brian Nadler (ex-fiscal Federal de la Florida que persiguió la corrupción chavista cuando trabajaba como abogado del gobierno de EE.UU.) representó a Marín en este caso. Hubo una audiencia de 3 minutos  ante el juez, Chris M. McAliley, donde se produjo la comparecencia inicial de Marín Sanguino.

 En esa misma audiencia, se presentó una fianza bajo un Bono de Garantía Personal (STIP) de $100.000 que le permitió salir en libertad y permanecer fuera de la cárcel durante el procedimiento.

  El acusado dio su consentimiento para comparecer a través de video conferencia y se fijó una nueva audiencia para el 16 de mayo a las 10 AM. ante el juez de turno de la Miami. 

Orden del juez: Libertad bajo fianza

 De conformidad con la Ley de Protección del Debido Proceso, el Tribunal confirmó la obligación de los Estados Unidos de revelar al acusado todas las pruebas exculpatorias, es decir, pruebas que favorecen al acusado o ponen en duda el caso de los Estados Unidos, según lo exige la Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   En una comunicación, el magistrado ordenó a los fiscales de los Estados Unidos  revelar cualquier evidencia que sirva para negar la culpabilidad de los acusados, la credibilidad de un testigo o que reduzca una sentencia potencial. 

   En la orden de McAliley, se asegura que el demandado tiene derecho a esta información de los fiscales sin una solicitud. "La falta de divulgación de pruebas exculpatorias de manera oportuna puede tener consecuencias, que incluyen, entre otras, la exclusión de pruebas, instrucciones adversas del jurado, desestimación de cargos, procedimientos por desacato, medidas disciplinarias o sanciones por parte del Tribunal".   

  La fianza por $100,000.00 a nombre de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue aprobada por el juez  McAliley, el 27 de abril de 2022, en la cual se fijaron las condiciones de liberación. 

lunes, 11 de abril de 2022

Corrupción PDVSA: Tribunal confiscó mansión de Gustavo Adolfo Hernández Frieri en Miami

 La que fue residencia de Hernández Frieri y su familia tiene un valor que se estableció en USD 4.163.457,29.

Por Maibort Petit

    El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida decomisó la mansión que servía de residencia a Gustavo Adolfo Hernández Frieri y su familia en Miami, Florida, cuyo valor se estableció en USD 4.163.457,29.

   Hernández Frieri fue sentenciado el 4 de mayo de 2021 en el citado tribunal a pagar 46 meses de prisión por haber participado en un esquema de lavado de dinero de millones de dólares en sobornos pagados a funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). También se le condenó a pagar USD 50.000 en multas penales. Este hombre de nacionalidad colombiana y estadounidense, quien se desempeñaba como asesor de inversiones en Miami, se declaró culpable en noviembre de 2019, cuando admitió un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado con los fiscales federales.

La Orden Final de Decomiso

   El 28 de marzo de 2022, Kathleen M. Williams, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, dictó una Orden Final de Decomiso sobre un conjunto de bienes propiedad de Gustavo Adolfo Hernandez Frieri.

   Refirió la orden que el 28 de septiembre de 2020, de conformidad con 21 U.S.C. § 853(p), la Corte dictó una Segunda Orden Preliminar de Decomiso en la que confiscó —sujeto a intereses de terceros— bienes en Estados Unidos que en la orden se identifican como “597 Hibiscus”.

    Se trata de bienes inmuebles ubicados en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137, incluidos todos los edificios, accesorios, accesorios, mejoras, archivos adjuntos y servidumbres que se encuentran allí o sobre ellos, también conocido como: Lote 5, Bloque 9, de Bay Point, según el plano del mismo según consta en el Libro de planos 40, Página 63, Registros públicos del condado de Miami-Dade, Florida; Nº de identificación de parcela 01-3219-008-1390.

  Indicó la orden que la notificación del decomiso penal se publicó en un sitio oficial de Internet del gobierno por un período de 30 días y se envió una notificación directa a cualquier persona que razonablemente parecía ser un reclamante potencial con legitimación para impugnar la confiscación, o dicha persona estaba en la notificación real de la confiscación.

  En la referida notificación —explica la orden— se informaba que cualquier persona distinta a Gustavo Adolfo Hernández Frieri, que alegue un interés legal en los bienes solicitados para el decomiso definitivo podía solicitar al Tribunal una audiencia para adjudicar la validez del supuesto interés de esa persona, dentro de los 60 días del primer día de publicación o dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación, lo que ocurra primero.

  Se hace mención a que, además, el 7 de octubre de 2020, los agentes del orden público colocaron el aviso en el bien inmueble solicitado para el decomiso definitivo de manera abierta y notoria.

  En este sentido, la orden citó que el 18 de noviembre de 2020, los terceros peticionarios Olympia De Castro y 597 Hibiscus Lane Revocable Trust presentaron Peticiones reclamando 597 Hibiscus. Estas peticiones fueron desestimadas el 4 de febrero de 2022 atendiendo una recomendación emitida el 7 de marzo de 2021 por el Juez Magistrado, Edwin G. Torres.

  Explica la Orden Final de Decomiso que el 29 de septiembre de 2021, los Estados Unidos y los terceros peticionarios Olympia De Castro y 597 Hibiscus Lane Revocable estipularon una venta interlocutoria del inmueble, que la Corte aprobó el 5 de octubre de 2021.

  La venta interlocutoria de 597 Hibiscus se cerró el 26 de diciembre de 2021 y las ganancias netas de la misma fueron de aproximadamente USD 4.163.457,29 en moneda estadounidense, los cuales fueron restituidos en lugar de 597 Hibiscus para el decomiso final.

   Por lo que habiendo vencido el plazo para interponer una petición de interés sobre los bienes que se pretenden para el decomiso definitivo y no habiéndose presentado ninguna otra petición o reclamación, de conformidad con 21U.S.C § 853(n)(7), “Estados Unidos tendrá un título claro de propiedad que es el objeto de la orden de decomiso y puede garantizar el buen título a cualquier comprador o cesionario posterior”.

  La Orden Final de Decomiso establece que, de acuerdo a la norma, todos los derechos, títulos e intereses sobre los ingresos de la venta de 597 Hibiscus, por un monto de USD 4.163.457,29 en moneda estadounidense, quedan finalmente confiscados y conferidos a los Estados Unidos de América.

  El Tribunal conservará la competencia en este asunto a los efectos de hacer cumplir la Orden.

Petición de prórroga para responder

  El 5 de abril de 2022, Howard Srebnick, abogado de Gustavo Adolfo Hernández Frieri, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, una moción sin oposición solicitando una prórroga adicional para responder a los Estados Unidos la petición de confiscación de fianza.

  Ya previamente el tribunal había concedido una extensión de tiempo sin oposición hasta el mismo 5 de febrero de 2022, para que Hernández Frieri respondiera al gobierno su moción de confiscar la fianza del demandado.


    Luego de que los abogados llegaron a un acuerdo sobre los temas de la fianza, la defensa envió por correo electrónico a Hernández Frieri la Estipulación y Orden final propuesta que las partes tienen la intención de presentar ante el Tribunal.

  Se explica debido a que el Hernández está bajo custodia, los correos electrónicos que se le envíen deben pasar por el sistema de correo electrónico de la BOP, se informó a la defensa que contaban con un tiempo de respuesta de al menos seis horas para que su representado recibiera el correo electrónico y lo respondiera. De allí la solicitud de prórroga solicitada para darle que Hernández pudiera recibir y revisar el correo electrónico con la propuesta de Estipulación y Orden.


sábado, 26 de marzo de 2022

Corte procede al decomiso de inmuebles de José Luis De Jongh Atencio los cuales ahora son propiedad de EE. UU.

  En febrero la Corte le concedió un permiso para viajar a Miami para que retirara artículos personales que permanecían en los inmuebles decomisados.

Por Maibort Petit

   Lejos está de cumplirse la aspiración de algunos de recuperar bienes obtenidos con recursos esquilmados a Venezuela por parte de corruptos. Recientemente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston ordenó el decomiso de un conjunto de bienes inmuebles en Texas, propiedad de José Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, quien se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción que estafó millones de dólares al erario público venezolano.

  De Jongh-Atencio, quien fungió como gerente de Proyectos Especiales de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, recibió más de USD 7 millones en sobornos de parte de empresarios, a cambio del otorgamiento de contratos y prebendas.

 El exfuncionario venezolano deberá entregar unos inmuebles, específicamente las unidades de condominio identificadas con los números 301, 302, 303 y 304 en el Edificio 3 en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  La orden del tribunal establece que todos los derechos, títulos e intereses sobre esa propiedad que hasta ahora fueron de José Luis De Jongh-Atencio, pertenecen ahora a los Estados Unidos, con lo que se esfuman los deseos de quienes aspiran a que a Venezuela se le restituyan el dinero y propiedades adquiridas en el exterior por parte de políticos y empresarios corruptos con recursos que se robaron al patrimonio nacional.

Gobierno pide Orden final de decomiso

  Kristine E. Rollinson, asistente de la Fiscal interino de los Estados Unidos, Jennifer B. Lowery, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, en representación de los Estados Unidos una Moción sin oposición para una orden final de decomiso (Champion Forest).

  Específicamente, la fiscalía pidió el decomiso de los bienes inmuebles comerciales ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas (Unidades 301, 302, 303 y 304). Advirtió el gobierno que no había terceros con peticiones pendientes reclamando un interés en la propiedad inmueble, por lo que la moción no tenía oposición.

   Se mencionaba en la moción que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal había firmado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada la cual confiscó la propiedad de Champion Forest, entre otros. Tal decisión de acuerdo con la norma y con el consentimiento del demandado, José Luis De Jongh, expuesto en su Acuerdo de culpabilidad, por lo que la confiscación de los bienes inmuebles es definitiva para el demandado.

  Se indicaba que Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden al titular del título Top Canyon LLC el 7 de septiembre de 2021, estableciéndose como fecha límite para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 202, lo cual no ocurrió. Se advirtió que, en razón del vencimiento de los plazos de presentación, Top Canyon LLC y todos los demás terceros ya no pueden presentar un reclamo y deben declararse en incumplimiento,

Orden final de decomiso

  El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Texas-División de Houston, Gray H. Miller, luego de considerar la Moción de los Estados Unidos para una orden final de decomiso decidió conceder la moción.

   Refería la decisión que el 22 de marzo de 2021, el Tribunal emitió una Orden Preliminar de Confiscación Acordada confiscando la propiedad de Champion Forest, entre otros. El aviso de la Orden se publicó durante al menos 30 días consecutivos, a partir del 31 de marzo de 2021, habiendo transcurrido al momento de ser dictada la orden, más de 60 días desde la primera fecha de publicación.

  Se indica que el 7 de septiembre de 2021, Estados Unidos envió una notificación directa por escrito de la Orden a Top Canyon LLC, titular de los bienes inmuebles de Champion Forest. La fecha límite indicada para presentar una petición afirmando un reclamo era el 8 de octubre de 2021 y Top Canyon LLC no presentó una petición.

  El Tribunal tomó nota de que no había peticiones pendientes de terceros que hicieran valer un reclamo sobre la propiedad, y que el tiempo para presentar una petición había expirado.

  La Corte ordenó la confiscación a favor de los Estados Unidos de los bienes inmuebles, mejoras y accesorios ubicados en el 20008 Champion Forest Dr., Spring, Texas.

  El juez Miller determinó que los Estados Unidos tienen el título claro de los bienes inmuebles referidos anteriormente y pueden garantizar un buen título a cualquier comprador posterior, de conformidad con la norma.

  Estableció el magistrado que Top Canyon LLC se mantiene en mora y no tiene ningún derecho legal, título o interés en la propiedad confiscada.

  Miller declaró en rebeldía a todas las demás personas que pudieran reclamar cualquier derecho, título o interés sobre los bienes decomisados a través de esta Orden.

  El juez estableció que los Estados Unidos dispondrán de los bienes confiscados de conformidad con la ley y acreditará el producto neto recuperado del decomiso de los bienes inmuebles contra la sentencia monetaria dictada contra el demandado.

  Gray Miller ordenó al secretario del Tribunal enviar cinco copias certificadas de esta Orden Final de Decomiso a la Oficina del Fiscal Federal.

Permiso de viaje

 Por otra parte, el juez Gray Miller, concedió un permiso de viaje a José Luis De Jongh-Atencio.

  El demandado se trasladaría de Texas a Miami, Florida, entre el 17 y el 21 de febrero de 2022.

  Este permiso fue otorgado en razón de una moción presentada por De Jongh-Atencio quien por su condición de libertad provisional tiene restringido el tránsito al estado de Texas.

 José Luis De Jongh-Atencio requería trasladarse a Miami para desalojar una propiedad sujeta a una orden de decomiso acordada en el caso. Apuntaba el documento presentado ante la corte por Nicole De Borde, abogada del demandado, que su representado necesitaba retirar artículos personales de un inmueble sujeto a orden de decomiso, para que la propiedad pudiese venderse de conformidad con la orden de la corte.




 


 


 


 

martes, 8 de marzo de 2022

Tribunal reprograma para octubre el juicio entre PDV USA e Interamerican Consulting Inc a petición de las partes

  El juez aprobó el nuevo cronograma y advirtió que la corte no admitiría más prórrogas.

Por Maibort Petit

   Por decisión adoptada el pasado 3 de marzo, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Robert W. Lehrburger, el juicio entre PDV USA e Interamerican Consulting Inc. se reprograma para el mes de octubre del presente año 2022.

  Las partes presentaron ante la corte una solicitud conjunta en la que pidieron la extensión de programa del caso en aproximadamente tres meses.

A continuación, los detalles del nuevo cronograma:

La solicitud

  El 3 de marzo de 2022, Jeffrey B. Korn y Brady M. Sullivan, de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP en representación de PDV USA en el litigio que mantiene contra Interamerican Consulting Inc. en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, remitió una comunicación al juez de la causa, Robert W. Lehrburger, para solicitar, conjuntamente con la parte demandada, que la corte le diera entrada a la Orden de Programación Revisada Propuesta.

  El pedido, sustentado en lo establecido en la Regla I.F de las Prácticas Individuales de Su Señoría en Casos Civiles, propone la extensión del programa de casos actual en aproximadamente tres meses. Para facilitar la referencia, las partes presentaron los plazos vigentes para la fecha de la comunicación, junto con los plazos revisados propuestos. Se explicó que esta se trataba de la segunda solicitud para extender el cronograma establecido por el plan de manejo de casos, con consentimiento de ambas. La primera solicitud había sido aprobada por el Tribuna.

  Se refiere que, para el momento de la remisión de la carta, ambas partes habían hecho un progreso significativo en el descubrimiento. En tan sentido, se indicó que PDV USA había producido más de 1.200 documentos, mientras que Interamerican había hecho lo propio con más de 500 documentos.

  Informaron al juez Lehrburger que, a través de correspondencia escrita, así como en reuniones y consultas, habían resuelto muchas de sus disputas relacionadas con la producción de documentos. PDV USA obtuvo documentos de media docena de terceros, muchos de los cuales están fuera del estado, al tiempo que refirieron que las declaraciones habían comenzado recientemente.

  Los abogados explicaron al juez que la razón de la nueva solicitud conjunta de prórroga del cronograma obedece, primero a que, en una reciente reunión y conferencia, PDV USA e Interamerican acordaron realizar una recopilar y revisar documentos adicionales. Ejemplificaron esto con la referencia de que Interamerican debe recopilar y revisar una cuenta de correo electrónico adicional de su cliente, mientras que PDV USA tiene que realizar colecciones de custodia adicionales para ampliar el rango de fechas de su revisión de documentos.

  En segundo lugar, indicaron los abogados en la comunicación que algunos terceros han evadido la notificación del proceso, por lo que PDV USA necesita tiempo adicional para notificarlos, obtener y revisar documentos de ellos y declararlos.

  En tercer lugar, Interamerican entregó recientemente sus respuestas al interrogatorio enmendado de conformidad con las instrucciones del juez Lehrburger en las cuales se reveló la existencia de una cantidad de terceros adicionales con información relevante. Por ello, PDV USA necesita tiempo adicional para obtener evidencia de estas personas y entidades recientemente identificadas, así como del contador de Interamerican, quien también fue identificado recientemente.

  Finalmente, ambas partes acordaron que realizar las declaraciones de las partes sería más productivo después de completar sustancialmente la producción de documentos y de completar el descubrimiento por parte de terceros.

El cronograma propuesto

  La citada líneas arriba Orden de Programación Revisada Propuesta planteó al tribunal como fecha límite para completar el descubrimiento de los hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de los hechos, el 23 de junio del presente año 2022.

  Asimismo, el límite para modificar alegatos y/o incorporar partes adicionales sería igualmente el 23 de junio de 2022.

  Como fecha límite para completar declaraciones de expertos se planteó el 18 de agosto, mientras que las mociones de juicio sumario deberán presentarse el 3 de octubre.

  Del mismo modo propusieron que la Orden previa al juicio conjunta se paute para el 24 de octubre de 2022 (o 21 días después de la decisión de cualquier moción dispositiva).

  La preparación de las partes para el juicio sería de la siguiente manera: A las 48 horas de la notificación o a los 21 días de la presentación del auto de instrucción conjunto.

  El juez Robert W. Lehrburger aprobó el nuevo cronograma y advirtió que la corte no admitiría más prórrogas en ausencia de circunstancias convincentes.

 


 



La permanencia de Maduro en el poder impide que PDVSA sea tenida como víctima de la corrupción y pueda pedir la restitución de lo robado

   La actitud delincuencial manifestada por los más altos funcionarios de PDVSA, así como los más bajos, evidencia ante las autoridades judiciales de EE. UU., el carácter cómplice de la conducta de quienes han sido procesados en las cortes por corrupción.

Por Maibort Petit

   El daño patrimonial que la corrupción ha causado a Petróleos de Venezuela S.A., al parecer, resulta incuantificable, tanto como imposible resultaría cualquier intento por tratar de que los miles de millones de dólares esquilmados a la petrolera estatal venezolana le sean restituidos, por lo menos ante la justicia de los Estados Unidos donde decenas de casos de este tipo se ventilan en las cortes. Así será, al menos, en tanto el régimen de Nicolás Maduro tenga vigencia. ¿La razón? El precedente que sienta el hecho de que el Departamento de Justicia de EE. UU. estimó que PDVSA no es víctima sino cómplice en la trama de corrupción y lavado de dinero que protagonizaron Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera. También decisiones en cortes federales servirían de sustento a esta negativa.

  No ser tenida como víctima impide —mientras el chavismo continúe en el poder en Venezuela— que la que otrora fue la principal industria del país y una de las más grandes e importantes del mundo, sea beneficiaria de los fondos incautados por las autoridades de los EE. UU. tal como lo establece el Estatus de Víctima y Restitución.

  Tanto el régimen de Nicolás Maduro, como el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó han intentado reclamar la restitución de los capitales confiscados a exfuncionarios y contratistas corruptos procesados en las cortes de los EE. UU. Tal es el caso del reclamo de condición víctima solicitado por ambas administraciones ante el juez Gray Miller de la Corte del Distrito Sur de Texas en 2016, cuando procuraban hacerse de los fondos y bien es incautados a Roberto Rincón y Abraham Shiera.

   En los dos casos, bien la solicitud formulada ante la Corte de Texas como la presentada ante el tribunal de la Florida, fueron denegadas y con ello también cualquier otra aspiración de rescatar lo robado a la petrolera.

La posición de la fiscalía

  Fue la, para entonces, fiscal para el Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshán, a través del ex- fiscal auxiliar, Michael B. Nadler, quien mediante una respuesta de su despacho a una moción de PDVSA que reclamaba el estatus de víctima y la restitución ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, solicitó denegar tal condición en razón de que el gobierno consideraba que la estatal petrolera, como organismo estatal, no calificaba como víctima según la CVRA.

   Además, la fiscalía acusó la complicidad de PDVSA en los esquemas de soborno y lavado de dinero lo cual le impedía ser tratada como una víctima bajo la Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas (MVRA) y la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen (CVRA).

  Igualmente, estimaba la fiscalía, según su interpretación, que PDVSA no tenía derecho a la restitución en virtud de la MVRA por ningún presunto daño que resultara de una conducta que no fue imputada o por presuntos daños no causados directa y próximamente por la conducta delictiva del demandado Abraham Edgardo Ortega.

  Bajo estos alegatos, el gobierno de los EE. UU. sostuvo ante el tribunal que no había necesidad de suministrar más información ni de mostrar pruebas, por lo que la solicitud alternativa de PDVSA para una audiencia de restitución también debía ser denegada.

  PDVSA, solicitó alternativamente en esa ocasión una “audiencia de restitución”, basada esta en la presunción, errónea a decir de la fiscalía, de que ya se había determinado que la corporación venezolana era una víctima con derecho a restitución. Al respecto el gobierno sostuvo que no era necesario presentar más pruebas para determinar que PDVSA no tenía los derechos de las víctimas porque participó en la conducta corrupta generalizada y porque no puede demostrar un vínculo causal directo y próximo entre la conducta de Ortega y cualquier perjuicio supuestamente sufrido por la empresa.

  Acota el gobierno que las operaciones de PDVSA durante el periodo en que ocurrieron los hechos, ha estado controlada por el Ministerio de Petróleo y la Junta Directiva, designada por el expresidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías y el expresidente Nicolás Maduro.

  Para le fecha en que se presentó la respuesta de la fiscalía, las autoridades de los Estados Unidos habían investigado y enjuiciado a varias personas por soborno y lavado de dinero que involucra a PDVSA y sus subsidiarias de propiedad absoluta. Hasta ese momento, se habían anunciado cargos contra 15 contratistas de la estatal petrolera venezolana que pagaron sobornos, 11 funcionarios de dicha empresa que recibieron sobornos y 5 intermediarios. También, 12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, 8 funcionarios que los recibieron y un intermediario, se habían declarado culpables en relación con las investigaciones en curso de Estados Unidos sobre corrupción en la corporación petrolera de Venezuela.

  Sobre Abraham Edgardo Ortega, la fiscalía informó que este acusado en el caso en cuestión, había sido Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, quien se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero, en la que admitió haber recibido y lavado USD 12 millones en relación con dos esquemas de corrupción separados que ocurrieron en 2012 y entre 2014 y 2015, respectivamente.

PDVSA sin derechos

  Aseguraba el gobierno en su escrito, que PDVSA no tenía derecho a los derechos de una víctima en virtud de la CVRA, en razón de que la definición de víctima de dicho instrumento legislativo no incluye a una instrumentalidad estatal de un gobierno extranjero.

  Recordó que la CVRA define una "víctima" de un delito como "una persona directa e inmediatamente perjudicada como resultado de la comisión de un delito federal".

 En tal sentido, el gobierno apuntó que la jurisprudencia ha establecido que el Congreso de los EE. UU. no incluyó entidades gubernamentales, como ciudades, estados, los Estados Unidos o naciones extranjeras en su definición de “persona”.

  Asimismo, el gobierno consideró que cualquier afirmación de que PDVSA debe ser vista simplemente como una corporación y no como una agencia del gobierno venezolano no es convincente a la luz de sus propias declaraciones hechas en el litigio, las conclusiones de hecho de otro tribunal sobre el estado legal de PDVSA y la Corte Suprema análoga. Por tanto, el estatus como agencia de un gobierno extranjero impide que PDVSA buscar el estatus de víctima bajo la CVRA y no tiene derecho a los derechos garantizados a las víctimas de delitos de conformidad con ese estatuto.

  Al ser PDVSA cómplice de la conducta ilegal, no tiene a los derechos de víctima, alegó el gobierno.

  Recuerda la fiscalía que los tribunales han negado tres intentos por parte de una entidad estatal de afirmar que fue defraudada por sus empleados y aquellas personas que pagaron sobornos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y enjuiciamientos por lavado de dinero, sosteniendo cada vez que el estado no calificó para la condición de víctima y restitución por su complicidad en los delitos.

  En tal sentido, se apunta que otros países, además de EE. UU., han abierto investigaciones y enjuiciamientos por conducta corrupta en PDVSA. También otros empleados de PDVSA han estado implicados en esquemas de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos, entre ellos Abraham Edgardo Ortega y César Rincón, exgerente general de la filial de compras de PDVSA, quienes admitieron su participación en los esquemas.

   El gobierno subrayó que la actividad delictiva en PDVSA ha ocurrido desde los niveles más altos de la gerencia hacia abajo y, como tal, la empresa fue cómplice y no podía ser considerada una víctima.

  Finalmente, al no poder comprobar PDVSA que directamente perjudicada por el delito de condena del demandado, que sufrió alguna pérdida pecuniaria o que existe una conexión causal entre la conducta del demandado y la pérdida alegado, su reclamo de reparación bajo la MVRA debía ser denegado.


martes, 21 de diciembre de 2021

Samark López Bello pide denegar demanda de la OFAC en su contra y la acusa de violar sus derechos constitucionales

  Quien es señalado de ser testaferro de Tareck El Aissami acusó a la agencia gubernamental estadounidense de actuar arbitrariamente en su contra.

Por Maibort Petit


  Samark López Bello, acusado de ser testaferro del ministro de petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Tareck El Aissami, además de haber sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro por colaborar en la actividades de narcotráfico internacional que encabezaría el funcionario venezolano, demandó la agencia gubernamental estadounidense y ahora exige que el Tribunal para el Distrito de Columbia —donde se lleva la causa— ordene la realización de un juicio sumario y se desestime la moción de la OFAC, pues se le ha afectado al violársele su debido proceso y derechos constitucionales.

   El 3 de diciembre de 2021, Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates, P.C., en representación de Bradley T. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorando en apoyo a la moción cruzada de Samark Bello para juicio sumario y la oposición a la moción del demandado para desestimar o, en alternativa, para juicio sumario.


   Considera López Bello que el Tribunal debe concederle la moción de juicio sumario; denegar la moción de los demandados de desestimar o, alternativamente, de un juicio sumario; y que dicte sentencia a su favor en todos los reclamos que plantea.

  Se plantea la interrogante acerca de si la agencia encargada de administrar las sanciones económicas de los Estados Unidos, puede imponer dichas sanciones sin una notificación justa de la conducta sujeta a regulación y sin tener en cuenta los límites legales impuestos a su autoridad.

  Refiere, entonces, que el debido proceso impone el que se formule una notificación justa acerca de qué conducta está regulada antes de imponer sanciones por dicha conducta. Advierte que la OFAC no puede exceder el alcance de las autoridades legales que les otorgó el Congreso. Considera que, si los demandados no brindan el aviso a que hace referencia o actúan en exceso de su autoridad en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros, entonces esas acciones deben ser consideradas ilegales y remediadas mediante vacatur.

  Recuerda que la OFAC impuso sanciones al Samark José López Bello en virtud de la Ley Kingpin por su presunta asistencia material o provisión de apoyo financiero o tecnológico o suministro de bienes o servicios a las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de Tareck Zaidan El Aissami Maddah y para, supuestamente, actuar en nombre de este. En este sentido, subraya que El Aissami no fue designado en virtud de la citada legislación en el momento en que, supuestamente, ocurrieron los hechos. En otras palabras, el demandante se da cuenta de que sus supuestos tratos con El Aissami eran sancionables cuando se sancionó al funcionario venezolano.

  Explica que cuando esto ocurre ya era demasiado tarde para que Samark López ajustara su supuesta conducta a los requisitos de la ley de los EE. UU. puesto que la OFAC anunció la designación del demandante simultáneamente con la de El Aissami. Por lo tanto, el órgano del Departamento del Tesoro designó al demandante por presunta conducta antes de la designación del propio El Aissami. Al actuar de este modo, se le negó a López una notificación justa de lo inadecuado de su conducta.

  Para el demandante, se trata de un error de magnitud constitucional, en razón de que viola los derechos de debido proceso de López bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

  Plantea la moción de López que la OFAC además de lo expuesto, también utiliza la Ley Kingpin en exceso de la autoridad que le otorga dicho estatuto. Específicamente, el texto de la Ley Kingpin es claro: el Secretario del Tesoro (o sus delegados) están autorizados a imponer sanciones a las personas extranjeras que ayuden materialmente o brinden apoyo financiero o tecnológico para, o que proporcionen bienes o servicios a, las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, o que actúen en nombre o en nombre de una persona designada de conformidad con la Ley Kingpin.

  Refiere Samark López que como consecuencia de las acciones ilegales de la OFAC. ha visto destrozada su vida en los Estados Unidos; su residencia fue decomisada; sus activos sustanciales fueron bloqueados o sujetos a decomiso; y su persona es objeto de acusación penal por razones que se derivan únicamente de su designación.

“La pregunta para este Tribunal es si los Demandados pueden persistir en tal conducta ilícita sin consecuencias dado el daño causado al Demandante”.

Los hechos

  Tareck El Aissami fue designado por la OFAC —el 13 de febrero de 2017— como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNTK), de conformidad con la Ley Kingpin, por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos.

  Simultáneamente a esta designación, la OFAC designó a Samark López de conformidad con la misma ley, por presuntamente proporcionar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios, en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos de El Aissami y por presuntamente actuar en su nombre.



  Igualmente, la OFAC designó o identificó como propiedad bloqueada a trece empresas que eran propiedad o estaban controladas por el demandante, entre ellas, cinco empresas estadounidenses.

  En un comunicado de prensa emitido en el momento de la designación, la OFAC alegó que el demandante "es un líder clave de El Aissami y en esa capacidad lava las ganancias de las drogas". Asimismo, alegó que Samark López "es utilizado por El Aissami para comprar ciertos activos" y "maneja acuerdos comerciales y asuntos financieros para el funcionario venezolano, generando ganancias significativas como resultado de la actividad ilegal en beneficio de este.

   Como consecuencia de su designación, se bloqueó toda propiedad en la que López mantenga un interés dentro de los Estados Unidos, como también lo está toda persona estadounidense, donde sea que se encuentre, pues generalmente tienen prohibido participar en transacciones o tratos con el demandante o la propiedad en la que mantiene un interés. Además, las personas extranjeras que participan en transacciones o tratos con el demandante están expuestas a sanciones de conformidad con la Ley Kingpin.

El memorándum de la OFAC

   Refiere la moción que para determinar que Samark López cumple con los criterios de designación de conformidad con la Ley Kingpin, la OFAC redactó un memorando probatorio que establece la base fáctica y legal de su decisión de designarlo. El demandante recibió solo una versión de este memorando probatorio con porciones sustanciales de las afirmaciones fácticas subyacentes a la designación retenidas de divulgación.

  El memorando probatorio de la OFAC establece —entre otras consideraciones— que Samark López actúa como gerente financiero y testaferro de Tareck El Aissami y cita un artículo de julio de 2013 en un periódico venezolano Reportero24 , el cual refiere que el demandante “tiene un patrimonio neto estimado de USD 1 mil millones".

   El memorando de la OFAC también establece que López Bello "desempeña un papel documentado en las siguientes entidades", algunas de las cuales son estadounidenses y otras extranjeras. Se especifican aquellas dentro de los Estados Unidos que son propiedad o están controladas por el demandante:

- 1425 Brickell Ave 63-F LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida, para la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello se desempeña como el "administrador único".

-  1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Florida, de la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello es el "administrador único".

-  1425 Brickell Avenue 64E LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida, para la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello se desempeña como el "administrador único".

-  Agusta Grand LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, de la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello es el "administrador único".

-  200G PSA Holdings LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, para la cual, según el memorando de la OFAC, López Bello es el "único accionista" y se desempeña como gerente.

  El memorando de la OFAC también identificó una aeronave propiedad o bajo el control de 200G PSA Holdings LLC, una entidad bloqueada en virtud de la supuesta propiedad o control del Samark López.

  La OFAC alega que Yakima Oil Trading LLP, una entidad bloqueada por ser presuntamente propiedad o estar controlada por el demandante, "arrendó 2.437 pies cuadrados de espacio de oficinas en el piso 25 en 375 Park Avenue, Nueva York".

Resúmenes no clasificados de la OFAC

  Seguidamente, la moción refiere que el 18 de julio de 2017, la OFAC reveló información adicional no clasificada, no privilegiada y de otro modo liberable del registro administrativo. Según la OFAC, estos resúmenes dan respuesta a la solicitud del demandante, pues, "completan [d] la respuesta de la OFAC a la solicitud [del demandante] de información divulgable" en relación con la base de su designación en virtud de la Ley Kingpin .

Los resúmenes sin clasificar establecían lo siguiente:

- El venezolano Samark José López Bello es el "testaferro" de Tareck El Aissami.

- López Bello está a cargo de lavar el producto de la droga a través de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y organizar las rutas aéreas y marítimas de cocaína para transportarla a Oriente Medio y Asia. Fue utilizado por El Aissami para comprar medios de comunicación en Venezuela que eran los más críticos con el régimen. La compra se habría hecho con fondos provenientes del gobierno venezolano para influir en la opinión pública del país.

- López Bello es identificado como el "representante comercial", "administrador de dinero" y "blanqueador de dinero" de El Aissami.

- López Bello maneja los asuntos financieros de El Aissami; también administra bonos venezolanos; y realiza negocios no específicos que generan ganancias significativas. Actividades estas que se realizan en beneficio de El Aissami vía López Bello. Samark López igualmente ha adquirido vehículos en los Estados Unidos que fueron transportados a Venezuela y, finalmente, a manos de El Aissami y otros funcionarios del gobierno venezolano.

  Se indica que la OFAC no ha proporcionado ningún detalle adicional con respecto a la base fáctica de su decisión de designar a López Bello de conformidad con la Ley Kingpin ni ninguna de las pruebas de apoyo para las alegaciones contenidas en estos resúmenes no clasificados.

325 Leucadendra Drive, Coral Gables, Florida

  Se hace mención a que el 22 de abril de 2017, la OFAC reveló una versión redactada y no clasificada del memorando probatorio relacionado con el bloqueo de propiedad adicional en la que,  el demandante, tenía un interés.

  Cree la OFAC que 325 Leucadendra Drive, en Coral Gables, Florida es una propiedad de la que Samark López sería el propietario.

  Se indica que Samark López Bello y su familia usaban esta propiedad como su residencia principal en los Estados Unidos. Como resultado directo del bloqueo, esta propiedad quedó sujeta a una orden de ejecución emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida para satisfacer una sentencia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

  Apunta la moción que como resultado directo de la designación de López Bello por parte de la OFAC, terceros demandantes han tratado de ejecutar, y han ejecutado, sus sentencias pendientes contra las FARC con  propiedades del demandante en los Estados Unidos.

La acusación de López Bello

  El 8 de marzo de 2019, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció cargos penales contra Samark López Bello por presuntas violaciones de la Ley Kingpin.

  En la misma fecha, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusó a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de violaciones de la Ley de designación de cabecillas extranjeros de narcóticos y López Bello fue señalado, específicamente, de eludir o evitar las prohibiciones de la Ley Kingpin, o de conspirar para violar dicha ley, al trabajar con personas estadounidenses y titulares de visas para obtener ciertos servicios de viaje, incluidos los vuelos chárter en jets privados.

  Los cargos penales se basan en el alegato de que el demandante, como Narcotraficante Especialmente Designado, buscó participar en transacciones con personas estadounidenses o recibir servicios de ellas en supuesta violación de la Ley Kingpin. Estos cargos criminales no incluyen ningún cargo por tráfico de drogas o lavado de dinero.

Queja enmendada del demandante

  El 4 de octubre de 2021, Samark López modificó su demanda de impugnación de su designación por parte de la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin por ser arbitraria, caprichosa, abusiva, contraria a la ley en violación de la APA; por exceder la jurisdicción legal, las limitaciones o las autoridades en violación de la APA; y por ser contrario al derecho, poder, privilegio o inmunidad constitucional en violación de la APA.

  Además, la Demanda Enmendada impugna el hecho de que la OFAC no proporcione una notificación justa al designar a Samark López en virtud de la Ley Kingpin en violación de la Cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda y alega que con la designación de Demandante se viola su derecho de la Cuarta Enmienda a estar libre de ataques.  

  Finalmente, la Demanda Enmendada cuestiona el hecho de que la OFAC no le haya notificado adecuadamente a López Bello los motivos de su designación según la Ley Kingpin en violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda y la APA.

Los alegatos de Samark López

   Considera Samark López Bello que la designación en su contra por parte de la OFAC es arbitraria y caprichosa, violatoria de la APA, pues la agencia gubernamental no demuestra cómo el demandante ayudó materialmente a Tareck El Aissami en sus actividades de tráfico internacional de drogas.



  Esto habría ocurrido porque al momento de la designación de López Bello, Tareck El Aissami no había sido designado bajo la Ley Kingpin, entonces no podía haber una conexión racional entre los hechos alegados en el expediente administrativo y la determinación de la OFAC de que el demandante ayudó materialmente al funcionario venezolano.

  Refiere que las designaciones de la OFAC se hacen sustentados en informes de noticias en líneas de Venezuela, sin que esta sean verificadas.

  Igualmente, advierte la moción que casi todas las alegaciones fácticas de la OFAC carecen de un nexo aparente con las actividades de tráfico de estupefacientes de El Aissami, un requisito para la designación del demandante la ley.

  Asegura que la argumentación de la OFAC para la designación es errónea, pues se sustentó en acusaciones de fuentes de terceros sin evaluar la exactitud ni de unas ni de otras.

OFAC excedió alcance de su autoridad

  De acuerdo al criterio de Samark López Bello, la OFAC actuó más allá del alcance de sus autoridades estatutarias en virtud de la Ley Kingpin cuando lo designó por ayudar materialmente o proporcionar apoyo o servicios financieros o tecnológicos a Tareck El Aissami, quien no fue designado en virtud de la Ley Kingpin.

  Reitera que El Aissami no fue designado bajo la Ley Kingpin antes de la designación del propio demandante, lo que significa que la OFAC designó a López Bello sobre la base de una supuesta conducta que no era sancionable por el lenguaje sencillo de la citada Ley Kingpin.

 Precisa que las acusaciones no pudieron demostrar que el demandante participó en una conducta que involucró a una persona designada bajo la Ley Kingpin en el momento de su ocurrencia.

  López asevera que los demandados plantean varios desafíos a la afirmación del demandante de que la OFAC actuó en exceso de la jurisdicción, autoridad o limitaciones legales en violación de la APA. Sin embargo, cada uno de estos desafíos falla porque, primero, la designación simultánea de El Aissami y el demandante por parte de la OFAC era permisible, ya que "la Ley Kingpin no habla sobre el momento o la secuencia de las decisiones de la OFAC relacionadas con las sanciones".

  En este caso, El Aissami no era ni un "narcotraficante extranjero significativo", que requiere su identificación como tal en virtud de la Ley Kingpin, ni una persona extranjera designada antes de la designación del propio demandante. Esto significa que el Samark López, como cuestión de derecho, no podría haberse involucrado en una conducta sancionada por por la ley antes de la designación de El Aissami.

Violación a la Quinta Enmienda

  Samark López estima que la OFAC violó el derecho al debido proceso de la Quinta Enmienda del demandante al no otorgarle una notificación justa de conducta prohibida.

  Explica que la OFAC no proporcionó una notificación justa de la conducta que lo sometería a sanciones en virtud de la Ley Kingpin, pues sancionaron al demandante por supuestamente involucrarse en una conducta que no era sancionable en el momento de su presunta empresa.

  La acción de la OFAC desafía el claro mandato de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de que "las leyes que regulan a las personas (…) dar aviso justo de la conducta que está prohibida o requerida.

  Advierte el demandante que las divulgaciones de los demandados no informan adecuadamente de las razones de su designación de acuerdo con el debido proceso.

Incautación injustificada

  Samark López bello sostiene que fue objeto de una incautación injustificada de sus activos en violación de sus derechos en virtud de la Cuarta Enmienda.

  La Cuarta Enmienda protege “[el] derecho del pueblo a estar seguro en su persona (…) contra irrazonables (…) ataques”.

  Sostiene que la OFAC al imponer sanciones al demandante, incluido el bloqueo de toda propiedad dentro de los Estados Unidos se hizo una incautación de la propiedad del demandante, una que activó las protecciones de la Cuarta Enmienda.

  Indica la moción que mediante el bloqueo de la propiedad de Samark López, incluida su residencia, la OFAC declaró ilegal que el demandante o cualquier otra persona transfiriera, pagara, exportara, retirara o negociara con dicha propiedad.