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miércoles, 15 de septiembre de 2021

Los delitos de César David Rincón Godoy en PDVSA y la nueva fecha de su sentencia

   El magistrado del tribunal del Distrito Sur de Texas impondrá la pena el 8 de noviembre del presente 2021.

Por Maibort Petit

   La sentencia que deberá pagar César David Rincón Godoy por la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero, se conocerá en noviembre del presenta año 2021, se acuerdo al cronograma que estableció el juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt
   El magistrado dijo, específicamente el 8 de noviembre a las 10 de la mañana, como la fecha en que se determinará la condena que deberá cumplir el exgerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El acto tendrá lugar en la Sala 11A del tribunal.

   Rincón Godoy formó parte de un esquema internacional de lavado de dinero[1]mediante el cual se buscaba la legitimación de sobornos pagados para asegurar de manera corrupta contratos de PDVSA. Los cabecillas de la trama eran los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera.

  El 19 de abril de 2018, César David Rincón Godoy se declaró culpable de haber integrado la trama de lavado de dinero de fondos provenientes de sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano con el propósito de asegurar de manera corrupta contratos de energía y priorizar el pago de facturas pendientes.

  Al momento de declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, Rincón Godoy fue impuesto de una sentencia monetaria personal de USD 7.033.504,71 la cual aceptó pagar a través de dicte una orden de decomiso.

  En aquel entonces se fijó el dictado de la sentencia para el 9 de julio de 2018 y, desde entonces, ha visto prorrogándose.

  El juez Hoyt, además, fijó para el 11 de enero de 2021, para la presentación del Informe Previo de la Sentencia (PSI), mientras que será el 18 de octubre el día para que se presenten objeciones al PSI.

Los cargos

  Junto a Luis Carlos De León-Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, César David Rincón conformaron el grupo élite que comandó una de las más grandes estafas cometidas con la estatal petrolera venezolana. Fue arrestado en octubre de 2017 en España donde residía con base a una acusación de 20 cargos que cursa en el Tribunal del distrito Sur de Texas-División Houston. Fue extraditado a EE. UU. el 9 de febrero de 2018.

  Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso[2].

   En específico, la acusación refiere que César David Rincón y el resto de los imputados, solicitaron a los proveedores de PDVSA los sobornos y comisiones entre 2011 y 2013. A cambio de estos pagos, ellos lograban la aprobación de millonarios contratos y la agilización de la cancelación de las facturas pendientes de pago. Estos dineros obtenidos irregularmente, luego eran lavados mediante un esquema que comprendía numerosas transacciones financieras nacionales e internacionales para encubrir la naturaleza corrupta de los fondos.

  Sobre el cargo de Conspiración para cometer lavado de dinero, la acusación señala que César David Rincón Godoy “conspiró, se confederó y estuvo de acuerdo (…) sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA (…).

  En tal sentido, se especifica que Rincón Godoy prometió al Empresario 3 —un residente de Florida que controlaba, junto con otros, una serie de empresas, incluidas varias empresas de EE. UU. que se utilizaron para asegurar contratos con PDVSA— asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de PDVSA, a cambio de pagos de sobornos.

  Igualmente, se indica que ordenó que los pagos de sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a él, incluidas empresas, intermediarios, parientes, amigos y asociados personales cercanos, con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos irregulares.

   Del mismo modo se dice que Rincón Godoy creó justificaciones falsas para algunos de los sobornos, incluidas facturas por servicios que nunca se prestaron, para ocultar su naturaleza delictiva.

Las acciones de Rincón Godoy

   La acusación precisa que el 29 de febrero de 2012, César David Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, traducido al inglés, “Allí me preguntan si envió el dulce a [César Rincón, pariente 1]”, haciendo referencia a los pagos de sobornos. El empresario 3 respondió, traducido al inglés: "Ese dulce se enviará hoy a la casa de [César Rincón Pariente 1]". Más tarde ese día, el empresario 3 volvió a escribirle a Rincón Godoy, diciendo, traducido al inglés: “Tengo un pequeño problema con enviar todos los dulces hoy. Necesito sacarlo de la tienda principal para enviarlo a la sucursal y sabes que tenemos que tener cuidado con eso aquí, pero puedo enviar una buena carga hoy ".

   En la misma fecha, una empresa controlada por el Empresario 3 transfirió USD 150.710 a una cuenta a nombre de César Rincón Pariente 1. El Empresario 3 envió la confirmación: “Señor, Fue enviado. Gracias por todo…".

    El 16 de noviembre de 2012, César Rincón envió al empresario 3 un correo electrónico en el que decía, "Adjunto las facturas de las transferencias de [César Rincón Pariente 1]". Se adjuntaba una factura por un monto de USD 110.000 de una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otra de una compañía controlada por el Empresario 3 supuestamente por “Asistencia técnica” en un proyecto de mantenimiento.

   El 14 de febrero de 2013, el empresario 3 firmó un cheque por USD 110.000 de una compañía controlaba por él, a una compañía controlada por César Rincón Pariente 1 y otro pariente. La línea de nota del cheque hacía referencia a un número de factura que coincidía con el número de la factura que César Rincón envió al empresario 3 el 16 de noviembre de 2012, referida anteriormente. Este cheque se presentó para su pago el 15 de febrero de 2013.

   En los cargos de la acusación comprendidos del ocho al once, relacionados con Lavado de dinero, se refiere que César David Rincón llevó a cabo una serie de transacciones financieras, a sabiendas de que las mismas afectaban el comercio interestatal y extranjero y que involucraron el producto de una actividad ilegal.

   Se señala que estas operaciones que representaban el producto de una actividad ilícita, fueron diseñadas, en su totalidad y en parte, para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita.

   Las referidas transacciones se definen en la acusación de la siguiente manera:



REFERENCIAS

[1] Departamento de Justicia. “Former Venezuelan Official Pleads Guilty to Money Laundering Charge in Connection with Bribery Scheme”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

[2] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme

 

martes, 17 de agosto de 2021

Abraham Edgardo Ortega, exfuncionario de PDVSA, busca a toda costa retrasar su ingreso a una cárcel de EE. UU.

 Por Maibort Petit 

   Abraham Edgardo Ortega, quien se declaró culpable por delitos de corrupción y lavado de dinero busca a toda costa no ir a la cárcel, y para ello ha logrado que un juez norteamericano le autorice posponer la fecha de entrega voluntaria a la prisión, mientras sus abogados arreglan con los fiscales para que la justicia le otorgue "más beneficios tras su colaboración en la investigación" que realizan las autoridades estadounidenses sobre la enorme red de venezolanos que blanqueó miles de millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos.

  La abogada de Ortega,  Lilly Ann Sánchez, pidió a un juez estadounidense que el convicto por delitos de corrupción y lavado de dinero proveniente de PDVSA, no se entregue "voluntariamente a la cárcel para cumplir su sentencia en la fecha prevista en el mandato del tribunal", que establecía que el reo entraría a la prisión  el 2 de septiembre de 2021. 

   El ex ejecutivo de la compañía petrolera estatal de Venezuela fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión en relación con un supuesto plan de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones vinculado a bienes raíces en el sur de Florida.

  En la comunicación de  la defensa, refrendada por los fiscales federales, se asegura que el corrupto podría entregarse a las autoridades de la prisión en una fecha  posterior al 3 de enero de 2022. 

  Para lograr permanecer en libertad condicional  y no cumplir con la sentencia de 28 meses en prisión, Abraham Edgardo Ortega argumentó que ha seguido colaborando con los fiscales y que aspira una reducción de la sentencia.

  El 31 de octubre de 2018,  Ortega se declaró culpable de un cargo n que lo acusa de conspiración para cometer blanqueo de capitales, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a).

  La audiencia de sentencia, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2021, y un juez  lo condenó a 28 meses de prisión. 

  Según la defensa de Ortega, los fiscales federales señalaron que  esperan presentar una moción basada en la regla 35 para una reducción basada en una mayor cooperación que aún está en curso.

   La misiva dice que la defensa y el Gobierno esperaban que la cooperación en curso se completara antes de la fecha de entrega del 2 de septiembre de 2021, pero "no ha sido así, debido a las complicaciones derivadas de la pandemia continúan retrasando las cosas".

   Abraham Edgardo Ortega "se encuentra bajo fianza y monitoreo electrónico y ha cumplido plenamente durante todo el tiempo que estuvo pendiente" sostiene su defensa.

   Asimismo, la abogada Sánchez sostiene que el fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el representante del Departamento de Justicia en este caso, Paul Hayden se han pronunciado, y el gobierno no se opone a esta prórroga y cree que una fecha de entrega posterior al 3 de enero de 2022 sería apropiada.

  Abraham Edgardo Ortega, quien fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, admitió que aceptó más de $ 12 millones en sobornos por su papel, lo que permitió a otros venezolanos acusados ​​de desfalcar a la petrolera venezolana.

   Los fiscales del caso alegaron que los "cleptócratas" hicieron préstamos a la compañía petrolera que los hicieron ricos de la noche a la mañana, en parte a través del sistema de cambio de divisas único de Venezuela.

   En total, nueve personas fueron acusadas en el plan en 2018, y cinco de ellas aún están prófugas. Ortega es el segundo en recibir una sentencia reducida.

   La sentencia de 10 años del banquero suizo Matthias Krull se redujo a tres años y medio en septiembre. Krull, acusado de mover $ 600 millones vinculados al esquema de la compañía petrolera, también cooperó con los fiscales.

   Los fiscales han alegado que parte del dinero extraído terminó en bienes raíces locales, incluida una unidad en la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach.

  Al momento de su sentencia, Ortega lloró frente a la jueza federal Kathleen Williams en Miami y reconoció  que la “corrupción” generalizada y el esquema de malversación de fondos llevaron a la crisis económica en Venezuela.

   La fecha de la sentencia de Abraham Edgardo Ortega  se ha cambiado dos veces. Inicialmente estaba prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días y luego fue planificada para el 2 de septiembre de 2021. Ahora nuevamente se cambia para el 10 de febrero de 2022.

El caso

   Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga; José Vicente Amparan Croquer, alias «Chente»; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos.

  La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.

  La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.

  Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.

   Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega recibió  USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.

  Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018.

  Por estos hechos el tribunal procedió con la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. A estas se suman propiedades en Miami. 


Juez de Texas cambia nuevamente fecha de la sentencia de los contratistas corruptos de CITGO y PDVSA: Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Maibort Petit

   La Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de CITGO, Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares. Una decisión del juez Gray H. Miller  anunció que los dos contratistas corruptos serán sentenciados el 10 de febrero de 2022

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

La espera continúa

  Abraham José Shiera Bastidas, contratista de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

     La sentencia estaba prevista para el 19 de agosto de 2021 a las 10 AM.

jueves, 12 de agosto de 2021

Tribunal prorroga el dictado de la sentencia de González Testino hasta febrero de 2022

  El magistrado concedió la Moción Acordada de Continuidad presentada por la Fiscalía.

Por Maibort Petit

   Definitivamente no será este año 2021 la fecha en que se conozca la sentencia que el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston a cargo del juez Gray H. Miller dicte en contra de José Manuel González Testino, toda vez que el magistrado aprobó extender hasta el próximo año —específicamente para el 10 de febrero de 2022— la condena que deberá purgar el empresario por protagonizar un esquema de corrupción y lavado de dinero consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. para asegurar y mantener contratos de energía y logística con la estatal.
   El destino del contratista estadounidense y venezolano ha sido aplazado en varias oportunidades después de que, en primera instancia, se fijara el 28 de agosto de 2019 como el día en que esta se diera a conocer por el juez de la causa, luego de que se declarara culpable el 29 de mayo de 2019 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras.

  González que había sido arrestado el 31 de julio de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el territorio estadounidense, después de que el sistema judicial encontrara una causa probable para demandar al empresario, como efectivamente lo demandó.

 González controlaba varias empresas estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA, la cuales fueron utilizadas para, entre 2012 y 2018, obtener contratos millonarios a cambio de sobornos pagados a funcionarios de la estatal venezolana.

  El 19 de febrero de 2020 era la nueva fecha, después de que el magistrado aprobara un calendario en el que se establecía que el informe de investigación de presentación estaría disponible para el acusado antes del 17 de enero de 2020; antes del 31 de enero de 2020 debían hacerse las objeciones por escrito o la declaración de que no se tenían objeciones; antes del 14 de febrero de 2020, el oficial de libertad condicional debía presentar al juez el informe final de presentación con una adición que abordara los temas en disputa; asimismo, todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberían presentarse a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas; la sentencia se llevaría a cabo en la fecha antes indicada a las 10:00 a.m.

  Otro cambio operó y la sentencia de González Testino se fijó para el 19 de agosto de 2021 a las 10:00 a. m, pero como informamos al principio y detallamos a continuación, el dictado de sentencia se prorrogó hasta el próximo año 2022.

Orden de prórroga

  El 6 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Texas-Houston, Gray H. Miller, prorrogó el dictado de la sentencia contra José Manuel González Testino hasta el 10 de febrero de 2022 a las 10:00 a. m.

   Tal decisión la tomó el magistrado en atención a la Moción Acordada de Continuidad presentada por la fiscalía.

  Igualmente, el juez Miller indicó en su decisión que los plazos asociados también continúan, determinando que la preparación del Informe de Presencia inicial vence el 6 de enero de 2022, las objeciones vencen el 20 de enero de 2022 y el Informe de Presencia final vence el 3 de febrero de 2022.

REFERENCIAS

[1] Department of Justice. “Business Executive Pleads Guilty to Foreign Bribery Charges in Connection with Venezuela Bribery Scheme”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery

[2] Venezuela Política. “(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA”. 1 de agosto de 2018. https://www.venezuelapolitica.info/ee-uu-arresta-jose-manuel-gonzalez/

[3] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO”. 11 de diciembre de 2019. https://www.venezuelapolitica.info/gonzalez-testino-fue-arrestado-el-31-de/



 

miércoles, 28 de julio de 2021

PDVSA se planta en la corte e insiste en desestimación de demanda de Syracuse Mountains Corporation

  Alega que la demandante no cumplió los términos de los contratos que contemplan cláusulas de No Acción.

Por Maibort Petit

   Ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Petróleos de Venezuela S.A. insiste que se debe desestimar la demanda que en su contra entabló Syracuse Mountains Corporation, por inclumplimiento de contrato al no realizar los pagos de capital e intereses derivados de la tenencia de bonos emitidos por PDVSA y de los que la demandante es beneficiario final.

  La demandante reclama pagos no cumplidos desde 2017, aunque es una compañía registrada en Panamá, de acuerdo al portal Open Corporates, el 18 de noviembre de 2020, bajo el número 155699100[1].

Posiciones ante juez

   El 6 de mayo de 2021, los abogados de la firma Hughes Hubbard & Reed LLP, que representa los intereses de Syracuse Mountains Corp., conjuntamente con los representantes legales de Petróleos de Venezuela S.A., remitieron una comunicación a la juez Valerie E. Caproni, titular del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la causa en que la primera demanda a la segunda, para abordar los asuntos requeridos por el Aviso de Conferencia Previa al Juicio Inicial del 31 de marzo de 2021, antes de la Conferencia Previa al Juicio Inicial programada para mayo 14 de febrero de 2021.

  Para Syracuse el caso es simplemente por incumplimiento de contrato por parte de PDVSA al no cumplir con el pago de ciertos montos adeudados en virtud de ciertos pagarés.

   Estima la demandante que las acusaciones son indiscutibles porque es la beneficiaria final de las participaciones en cinco títulos de deuda por USD 333.300.000 emitidas por PDVSA de conformidad con cinco contratos de emisión celebrados entre 2007 y 2013; porque los Contratos y las Obligaciones Negociables establecen la promesa explícita e incondicional de PDVSA de realizar pagos de capital e intereses programados regularmente a los tenedores de las Obligaciones Negociable; y porque PDVSA no ha cumplido con los pagos de interés y principal desde noviembre de 2017.

   En tal sentido, Syracuse le manifestó a la juez Caproni que su interés la procura del pago del capital e intereses devengados y no pagados de los Bonos, así como los intereses previos al juicio y los honorarios de los abogados.

   Entretanto, PDVSA le manifestó a la magistrada que Syracuse no ha cumplido con los requisitos establecidos en los contratos de emisión para entablar una demanda para hacer cumplir los Bonos.

   En tal sentido recordó que cada contrato contiene una "Cláusula de no acción" que prohíbe las acciones de ejecución a menos que los tenedores de al menos el 25 por ciento del monto principal de los pagarés cumplan con ciertas condiciones previas al juicio, incluida la exigencia de que el fiduciario de cada contrato entable una demanda en nombre de todos los tenedores. Dado que Syracuse no cumplió estas condiciones, no tiene derecho a mantener sus reclamos contra PDVSA. En consecuencia, sostienen los abogados de la petrolera, la demanda debe desestimarse.

   Ambas partes reconocen la jurisdicción del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York sobre la materia sobre esta acción emprendida por Syracuse contra PDVSA.

  Igualmente, PDVSA le anunció a la juez Caproni su intención de presentar una moción para desestimar la acción en su contra, porque considera que Syracuse no tiene derecho a hacer cumplir las Obligaciones Negociables porque cumplió con los requisitos de la Cláusula de No Acción contenida en cada contrato.

  Por su parte, Syracuse adelantó que se opondría a la moción de desestimación, porque cree que tiene el derecho de iniciar la acción según los términos de los contratos y los bonos.

  De igual manera, anunció que, en cualquier momento, cuando lo estime apropiado, buscará un juicio sumario sobre la base de que los hechos y la responsabilidad son indiscutibles.

   Los abogados de Syracuse y PDVSA le manifestaron a la juez que hasta la fecha de la comunicación no habían discutido la posibilidad de llegar a un arreglo por estimar que era poco probable de alcanzarlo en la etapa del litigio en que se encontraban, aunque se manifestaron abiertos a discusiones en una fecha posterior.

   También presentaron una propuesta conjunta de un plan de gestión de casos y orden de programación con fechas que se contarán a partir del dictamen de la Corte sobre la moción de sobreseimiento de PDVSA. Sin embargo, las partes solicitaron que la Corte no entregar el auto de programación hasta que resuelva la moción anticipada de desestimación de PDVSA. 

    Mientras la petrolera creía que la moción de desestimación plantearía un problema en cuanto al derecho de Syracuse a iniciar esta acción en virtud de los contratos y pagarés, y propuso resolver el problema antes de participar en cualquier actividad adicional potencialmente innecesaria. Syracuse, como se señaló anteriormente, tiene la intención de oponerse a la moción de desestimación, pero consintió la propuesta de PDVSA sobre el momento de la entrada del plan de gestión del caso y la orden de programación. En aras de la eficiencia, las partes acordaron negociar los términos de una orden de protección mientras la moción de desestimación está pendiente.

  Por estas razones, las partes creían innecesaria una conferencia preliminar, pero manifestaron su disposición si el Tribunal consideraba lo contrario.

La moción de desestimación

   El 21 de mayo de 2021, PDVSA, a través de los abogados de la firma Hughes Hubbard & Reed LLP, remitieron al Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York una moción de desestimación de la demanda presentada en su contra por parte de Syracuse Mountains Corporation.

   La comunicación iba acompañada de un memorando de ley en apoyo de la moción para desestimar la denuncia presentada por Syracuse Mountains Corporation, la cual está sustentada únicamente en la queja del demandante y los documentos en los que se basó y adjuntó a su demanda, que a primera vista le impiden presentar sus reclamos actuales. Al presentar esta Moción, PDVSA advierte que se reserva todos los derechos y defensas que puedan estar disponibles y no renuncia a ninguno.

   El memorando explica, en primer lugar, que la demanda de Syracuse debe desestimarse con base a la Regla 12 (b) (6). Argumenta PDVSA que los contratos de emisión prohíben al demandante presentar estos reclamos, pues cada uno contiene una cláusula de "No acción" que impide que los tenedores de bonos entablen una demanda a menos que hayan cumplido ciertas condiciones previas a la demanda, incluido en particular el requisito de que representen al menos el 25 por ciento del capital de las notas. Lo pertinente es solicitar al fiduciario de las notas que adelante las reclamaciones en nombre de todos los tenedores de notas.

   Agrega que Syracuse ni siquiera alega que ha solicitado a los fideicomisarios de los pagarés que presenten estos reclamos en su contra ni ha cumplido con las otras condiciones previas al juicio contenidas en las cláusulas de No Acción. En consecuencia, bajo los términos claros e inequívocos de los contratos y las alegaciones de la demanda, las por incumplimiento de contrato deben desestimarse.

   Precisa que una moción para desestimar de conformidad con la Regla 12 (b) (6) requiere que el tribunal determine si los hechos alegados en la demanda son suficientes para demostrar que el demandante tiene un reclamo de reparación.

  Sostiene PDVSA que el tribunal para declarar un reclamo por incumplimiento de contrato bajo la ley de Nueva York, debe certificar que el demandante alegue: (1) un contrato válido; (2) desempeño del demandante; (3) incumplimiento del acusado; y (4) daños resultantes del incumplimiento. Cuando un contrato contiene una condición precedente inequívoca, debe alegar el cumplimiento de la misma para declarar un reclamo por incumplimiento del contrato; de lo contrario, la reclamación debe desestimarse.

    Reitera que los reclamos de incumplimiento de contrato presentados por Syracuse están sujetos a lo establecido en los contratos que, a saber, son e de fecha 12 de abril de 2007, el del 17 de noviembre de 2011, el de l17 de mayo de 2012 y el del 15 de noviembre de 2013, por lo que es necesario que el demandante cumpla con lo que en ellos se establece.

  Tales contratos en una sección titulada “Incumplimientos y remedios” estipulan que el demandante cumpla era con los contratos de emisión relevantes en cualquier acción para hacer cumplir los bonos o los contratos de emisión, indicando estos que "Los tenedores no pueden hacer cumplir el Contrato o los Pagarés excepto según lo dispuesto en el Contrato".

  Por tanto, la demanda debe ser desestimada porque el demandante no ha cumplido con las cláusulas de No Acción contenidas en los Contratos.

  Se explica que una cláusula de No Acción “es una disposición estándar presente en muchos contratos de fideicomiso” que limita los derechos de los tenedores de bonos individuales. Recuerda que, bajo la ley de Nueva York, una cláusula de No Acción prohíbe las reclamaciones de un tenedor de pagarés que no cumpla con las condiciones precedentes enumeradas en la obligación.  "Los tribunales que aplican la ley de Nueva York han encontrado cláusulas de no acción aplicables como regla general".

   Subraya el memorando que las alegaciones de la propia queja de Syracuse y los documentos adjuntos a la misma, demuestran que no cumplió con las cláusulas de No Acción, pues no se muestra en ella que haya notificado a los Fideicomisarios en virtud de las Notas sobre cualquier evento de incumplimiento.

   Tampoco hay alegato de que los tenedores de bonos que representan el 25 por ciento del capital total hayan solicitado a los Fideicomisarios en virtud de los Bonos que persigan cualquier reparación por parte de PDVSA.



  El demandante tampoco posee cerca el 25 por ciento de las Obligaciones Negociables en circulación que lo califique para presentar tal solicitud al Fiduciario.

  Finalmente, PDVSA sostiene que Syracuse no alega que haya brindado seguridad satisfactoria a los Fideicomisarios en virtud de los Pagarés o que estos, una vez solicitados, no cumplieron con dicha solicitud. Por lo tanto, en base a las disposiciones expresas e inequívocas de los documentos del contrato, es indiscutible que el demandante no cumplió con esas condiciones, esta queja debe ser desestimada.

PDVSA reitera su posición

   El 1 de julio de 2021, los abogados de PDVSA presentaron ante el tribunal, un memorando de respuesta en apoyo adicional de la demandada Petróleos de Venezuela S.A. de desestimar la demanda en su contra.

  Expuso que el memorando de ley del demandante en oposición a la moción de PDVSA para desestimar su demanda, no presenta ninguna razón por la cual sus reclamos no deben ser desestimados.

    En el memorando PDVSA asegura que Syracuse en su respuesta no niega que los contratos de emisión contengan una cláusula de no acción, como tampoco niega su incumplimiento de las cláusulas de No Acción, las cuales requieren que el 25 por ciento de los tenedores de bonos notifiquen al Fideicomisario que emprenda una acción colectivamente para todos los tenedores de bonos.

   Destaca que, por el contrario, el demandante argumenta que los extensos contratos de emisión que establecen los términos y condiciones de pago de los bonos no se aplican en absoluto a sus reclamaciones, que, según sostiene, se basan únicamente en los bonos y no en los contratos de emisión.

    Tal argumento, advierte PDVSA, ignora la realidad comercial de que cada contrato es una parte crítica e inseparable de la nota, como igualmente ignora el lenguaje sencillo de la demanda, en la que repetidamente dice que su reclamo se basa en los términos de los contratos. Además, ignora, y de hecho no cita una sola vez, las disposiciones de los propios Bonos que establecen que "los Tenedores no pueden hacer cumplir el Contrato o los Bonos excepto según lo dispuesto en el Contrato".

   Debido a que se requirió al demandante que cumpliera con el Contrato para hacer cumplir las Obligaciones Negociables, y debido a que el Demandante admite que no lo hizo, sus reclamos deben desestimarse, reitera PDVSA.

   PDVSA pidió al tribunal que desestime la demanda con perjuicio de la falta de presentación de reclamo y otorgue cualquier otro remedio que el Tribunal estime oportuno.

CITA

[1] Venezuela Política. “Extraña "empresa" offshore panameña demandó a PDVSA en Nueva York por más de $333 millones por incumplimiento de pagos de capital e intereses de Bonos”. 22 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/extrana-empresa-off-shore-panamena.html 

viernes, 23 de julio de 2021

Conozca los detalles del caso EE. UU. vs. CITGO por daños a recursos naturales en Luisiana

  Un derrame petrolero desde su refinería en Lake Charles es la causa de la acción legal que culminó con la imposición de una multa de más de USD 19 millones.

Por Maibort Petit

   Entre el cúmulo de demandas que ya acumula la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en los Estados Unidos, una entablada conjuntamente por el gobierno federal y estado de Luisiana, castiga la negligencia de CITGO en el manejo de los residuos petroleros a raíz de un derrame ocurrido en 2006, con una multa que sobrepasa los USD 19 millones y que se suma a la amenaza que cierne sobre el principal activo de Venezuela fuera de sus fronteras, al enfrentar  múltiples reclamos de resarcimiento que ponen en riesgo la existencia misma de la estatal.

  Ante el Tribunal para el Distrito Oeste de Luisiana, los Estados Unidos y el estado de Luisiana presentaron una demanda en contra de CITGO Petroleum Corporation por daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de los recursos naturales a consecuencia de la descarga de petróleo de su refinería en Lake Charles, en dicha entidad federal, ocurrida el 18 y 19 de junio de 2006. Los demandantes piden compensación y restauración, así como también recuperar los costos no reembolsados de evaluar dichos daños.

  El 16 de junio de 2021, el Departamento de Justicia presentó una propuesta Decreto de consentimiento con el Tribunal para Distrito Oeste de Louisiana en la demanda que conjuntamente entablaron contra CITGO Petroleum Corp. en la acción civil identificada con el número 2: 21-cv-1705.

  La aprobación del Decreto de Consentimiento por el Tribunal, significó la sentencia final del caso entre las partes.

    El Decreto de Consentimiento constituye el acuerdo final, completo y exclusivo de entendimiento entre las partes y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos anteriores, ya sean orales o escritos.

  Se advierte que el Decreto de Consentimiento terminará automáticamente una vez que se complete el pago por parte de CITGO Petroleum Corporation de los montos requeridos en virtud de la Sección VI y el pago de las sanciones estipuladas aplicables en virtud de la Sección VII.

La demanda conjunta

   La Demanda en este caso de daños a recursos naturales se presentó simultáneamente con la presentación del Consentimiento propuesto Decreto. Por un lado, la Demanda alega que CITGO es responsable por daños y perjuicios bajo OPA y OSPRA por haber vertido residuos petroleros en el Canal de Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario de Calcasieu en junio de 2006 ocasionando graves daños a los recursos naturales. Por el otro, el Decreto de Consentimiento propuesto establecía que CITGO pagará un total de USD 19.688.149,83, de los cuales USD 19,16 millones se destinarán a la restauración de la zona por los daños ocasionados por el derrame petrolero, mientras los restantes USD 528.149.83 se reembolsarán a los fideicomisarios por todos los costos de evaluación no pagados.

  Anteriormente, un juez federal de Luisiana, atendiendo una demanda interpuesta por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., declaró la causa del derrame en 2006 como “negligencia grave” de CITGO en la operación y mantenimiento de su instalación de tratamiento en Lake Charles.

   La acción legal fue presentada por el Fiscal General de los Estados Unidos, actuando a solicitud de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio (NOAA) y el Departamento del Interior (DOI), a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS) y el Estado de Luisiana, a través de la Oficina del Coordinador de Derrames de Petróleo, Departamento de Correcciones y Seguridad Pública (LOSCO), Departamento de Recursos Naturales (LDNR), Departamento de Calidad Ambiental (LDEQ), Departamento de Vida Silvestre y Pesca (LDWF) y Autoridad de Restauración y Protección Costera (CPRA).

  Los demandantes procuran que CITGO se sustentan para esta acción civil en las Secciones 1002 (a) y 1002 (b) (2) (A) de la Ley de contaminación por hidrocarburos (OPA), 33 USC §§ 2702 (a) y 2702 (b) (2) (A), y la Sección 2480 de la Ley de Prevención y Respuesta a Derrames de Hidrocarburos de Luisiana (OSPRA), La. R.S. 30: 2480.

El primer reclamo

  El primer reclamo de alivio de los Estados Unidos y el estado de Luisiana es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 1002 de OPA.

  Refieren que el 18 de junio de 2006 cuando ocurrió el derrame petrolero, CITGO era el propietario y operador de la refinería en Lake Charles, Luisiana, incluida la unidad de tratamiento de aguas residuales y los tanques de almacenamiento relacionados.

   Dicha refinería es una "instalación en tierra" según el significado de la Sección 1001 (24) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (24). Además, CITGO era la "parte responsable" de la instalación en tierra dentro del significado de la Sección 1001 (32) (B) de OPA, 33 U.S.C. Sección 2701 (32) (B).

  Sostiene la demanda que los días 18 y 19 de junio de 2006, CITGO descargó millones de galones de residuos petroleros de dos tanques de almacenamiento de aguas residuales en su unidad de tratamiento de aguas residuales. Los referidos tanques de diez millones de galones fueron diseñados para servir como tanques para tormentas, eran utilizados incorrectamente por CITGO durante años al destinarlos para acumular residuos petroleros, lodo y aguas residuales aceitosas en su unidad de tratamiento. Ocurrió que, durante una tormenta, el aceite se desbordó de los dos tanques y estando la berma de contención secundaria alrededor de los tanques defectuosa, el petróleo fluyó hacia la vía fluvial y las costas adyacentes de Indian Marais y luego hacia el río Calcasieu y el estuario y las costas adyacentes.

  Debido a esto, al menos 54.000 barriles de residuos petroleros e incontables millones de galones de aguas residuales aceitosas fluyeron hacia las vías fluviales durante el incidente.

  Después del juicio en una acción de aplicación de la Ley de Agua Limpia relacionada, el tribunal de distrito determinó que la causa de la descarga de petróleo fue la negligencia grave de CITGO en la operación y mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales y la falta de suficiente capacidad de almacenamiento y tratamiento. La corte determinó que el derrame de petróleo de CITGO fue "masivo, excesivo y una tragedia".

  El derrame de petróleo se interpreta como la "descarga" que describe la Sección 1001 (7) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (7), mientras que el petróleo liberado en el incidente fue "petróleo" según el significado de la Sección 1001 (23) de OPA, 33 U.S.C. § 2701 (23).

   La descarga se produjo en aguas navegables de los Estados Unidos y contaminó una parte significativa del Indian Marais, el río Calcasieu y el estuario. Las vías fluviales y aproximadamente 150 millas de la costa se contaminaron con petróleo, incluidas áreas pantanosas, de playa, residenciales e industriales, y una amplia variedad de recursos naturales fueron dañados por el petróleo vertido.

   Esto afectó a las especies marinas y a las aves que hacen vida en la zona y contaminó hábitats acuáticos y costeros. Asimismo, el derrame petrolero interrumpió durante diez días el comercio y la navegación a lo largo del Canal de Navegación y el Canal Intracostero, y redujo el uso recreativo del río y el estuario afectados.

   El derrame petrolero de CITGO causó daño, destrucción, pérdida o pérdida de uso de “recursos naturales” pertenecientes a los Estados Unidos o el Estado dentro del significado de la Sección 1001 (20) de OPA, 33 USC § 2701 (20), incluidos los hábitats pantanosos, submareales e intermareales y una amplia variedad de vida acuática, aves y vida terrestre.

  Los Fideicomisarios de los Estados Unidos y el Estado están coordinando la evaluación de daños a los recursos naturales y los esfuerzos de restauración, además de haber incurrido en costos para ello.

El segundo reclamo

  El segundo reclamo es por Daños a los recursos naturales bajo la Sección 2480 de OSPRA.

  Se explica que los fideicomisarios de Luisiana, LOSCO, LDNR, LDEQ, LDWF y CPRA actúan como Fideicomisarios estatales bajo OSPRA según La. R.S. 30: 2451, et seq. y LA. Código de Administración tit. 43, parte XXIX, et seq. De igual modo, CITGO era el propietario y operador de su refinería de Lake Charles y, como tal, es la "parte responsable" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (22).

   Se advierte que descarga no fue autorizada por un permiso federal o estatal y por lo tanto constituye una "descarga de petróleo no autorizada" según OSPRA. El. R.S. 30: 2454 (29), ocasionando daños, destrucción o pérdida de recursos naturales administrados, mantenidos en fideicomiso y/o regulados por los Fideicomisarios estatales.

   Los Fideicomisarios del Estado han incurrido en costos para evaluar los daños a los recursos naturales resultantes de la descarga no autorizada de petróleo y de acuerdo a la ley, CITGO es responsable ante ellos por daños a los recursos naturales, incluido el costo razonable de evaluar dichos daños.



miércoles, 14 de julio de 2021

José Luis De Jongh Atencio establece acuerdo con la fiscalía: Fuentes aseguran que hará grandes revelaciones

 La sentencia del ex-funcionario corrupto de CITGO, se prorrogó hasta enero de 2022.

Por Maibort Petit

    Luego de haberse declarado culpable[1] por participar en un esquema internacional de lavado de millones de dólares en sobornos y por otorgar ventajas comerciales de manera corrupta, el exfuncionario de CITGO Petroleum Corporation, José Luis De Jongh Atencio, llegó a un acuerdo de cooperación con la fiscalía, a través del cual se comprometió a dar información valiosa, tanto sobre el caso en el que está involucrado, como acerca de otras irregularidades ocurridas en la filial en estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que sean violatorias del sistema legal de Estados Unidos.

  Fuentes tribunalicias informaron a Venezuela Política que el viraje de posición y estrategia de José Luis De Jongh Atencio, se produjo luego de que cambiara de abogados en el caso que se ventila en el Tribunal del Distrito Sur de Texas-División Houston. Se había declarado no culpable el 21 de diciembre de 2020[2].

  La causa contra De Jongh Atencio se inició en julio de 2020, cuando un Gran Jurado aprobó la acusación formulada por la Fiscalía que lo señaló de recibir sobornos por un monto de USD 2,5 millones de los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías a cambio de la aprobación de contratos de CITGO y de PDVSA al amparo de la posición como gerente de adquisiciones en el Grupo de Proyectos Especiales de la empresa que ocupaba para ese entonces.

  El acuerdo de cooperación al que llegó De Jongh Atencio con el gobierno de los Estados Unidos establece su compromiso a cooperar plenamente con la justicia estadunidense sin poner objeción a la confiscación de sus activos.

Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.

   Igualmente, el exfuncionario de CITGO aceptó el diferimiento de su sentencia, tal como lo solicitará la fiscalía ante el Tribunal, hasta que se complete la cooperación.

   El acuerdo estipula que el demandado acepta "cooperar plenamente", lo cual contempla proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, entre ellas, las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley de Viajes, cable fraude, lavado de dinero, robo de identidad agravado, fraude fiscal y cualquier delito relacionado.

   En razón de lo anterior, el juez Gray H. Miller, ordenó el pasado 6 de julio del presente año 2021, aprobar la Moción Acordada de Continuidad presentada ante la corte por la fiscalía, estableciendo la prórroga de la sentencia del caso hasta el 10 de febrero de 2022 a las 2:00 p. m.

  La orden judicial contempla, además, la extensión de las fechas límites asociadas, por lo que se fijó el 6 de enero de 2022 para la preparación del Informe de Presencia, el 20 de enero de 2022 para las objeciones, y el 3 de febrero de 2022 para el Informe de Presencia final.

REFERENCIA

[1] Venezuela Política. “Jose Luis De Jongh Atencio se declaró culpable de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero en una corte de EE. UU.”. 22 de marzo de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/03/jose-luis-de-jongh-atencio-se-declaro.html

[2] Venezuela Política. “José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.”. 22 de diciembre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/12/jose-luis-de-jongh-atencio-exgerente-de.html


CITGO acusa al fallecido Nelson Martínez de entregar un contrato millonario corrupto a la empresa de su sobrino, Rothwell Energy Services LLC

   En el documento presentado por CITGO se asegura que el contrato se otorgó a Rothwell en razón de los vínculos que esta empresa tenía con el entonces CEO de la filial de PDVSA en EE. UU., Nelson Martínez.

Por Maibort Petit

   Hasta la fecha no se había hecho alusión directa a Nelson Martínez, el expresidente de CITGO Petroleum Corporation al momento de que este suscribiera un contrato con Rothwell Energy Services LLC, para la adquisición e instalación de plantas desalinizadoras en Venezuela. La contrademanda que CITGO presentó contra dicha empresa en el Tribunal del Condado de Harris, en Texas, acusa que el fallecido Martínez otorgó el referido contrato, "dado los vínculos de la contratista con un familiar suyo".
   Aunque la contrademanda se refiere a los socios de Nelson Martínez como “otros” sin mencionarlos por sus nombres, fuentes ligadas al caso refirieron a Venezuela Política que se trata de José Luis De Jongh y los seis exfuncionarios de CITGO que se encuentran detenidos en Caracas, a saber, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira.

  La fuente sostiene que los abogados de CITGO manipulan la realidad al presentar a Rothwell como la parte que incumplió el contrato, cuando la verdad es que nadie en la filial habría cumplido con su responsabilidad de monitorear las operaciones antes de realizar los pagos.

   Además, el informante asegura que el monto de los pagos realizados a Rothwell supera lo referido en la contrademanda, USD 5.542.241,77, pues en realidad, supuestamente, se habrían cancelado más de USD 10 millones.

La contrademanda de CITGO

  El 14 de mayo de 2021, John Zavitsanos, abogado de la firma Ahmad, Zavitsanos, Anaipakos, Alavi & Mensing PC, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante la Corte del Condado de Harris, en Texas, la Cuarta Respuesta Enmendada y Segunda Contrademanda Enmendada del caso que ventila en esa instancia judicial entre la filial de la petrolera venezolana y la empresa Rothwell Energy Services LLC, a la que reclama daños reales, daños ejemplares, intereses previos y posteriores al juicio a la tasa permitida en la ley, las costas judiciales, honorarios de abogados y cualquier otra compensación adicional, por contrato, por ley o en equidad a la que tenga derecho.
   CITGO niega que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se haya unido a la demanda en razón de que tuviera interés en el contrato de servicio y porque las plantas desalinizadoras que son razón del mismo, debían ser transferidas por Rothwell a ella a través de una factura de venta y cesión.

  Además, CITGO niega que deba dinero alguno a Rothwell aunque admite que si el tribunal determina alguna deuda, esto no será conforme a una cuenta jurada. La filial incorporó las declaraciones de Brian Boudreaux en apoyo de la denegación del reclamo del demandante.

Lo que sostiene CITGO

  Alega CITGO que cualquier pago a Rothwell, así como el cumplimiento adicional del Acuerdo, sería imposible, impracticable y/o ilegal en razón de que violaría las sanciones impuestas por EE. UU. referidas en las Órdenes Ejecutivas 13808, 13850 y 13884.

    Refiere que la cláusula de fuerza mayor en el Acuerdo impide que CITGO adeude o realice pagos a Rothwell, además de excluir la reclamación de esta por daños y perjuicios.

   CITGO asevera la defensa afirmativa de pago y refiere que ya pagó a Rothwell la cantidad de USD 5.542.241,77 de conformidad con el contrato, lo cual queda corroborado con la Declaración Jurada de Gina Coon, tesorero corporativo de la empresa petrolera. Subraya que este monto cancelado es mayor al realmente tenía derecho Rothwell.
   En razón de estos pagos, CITGO se acoge a la defensa afirmativa de compensación y sostiene que Rothwell no le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado todas las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

 Asimismo, CITGO afirma la defensa afirmativa de falta de mitigación, satisfacción y fraude.

  La petrolera venezolana en EE. UU. niega que Rothwell cumpliera con todos los requisitos para pagarle los montos que solicita, así como tampoco ha certificado pagos a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores; todos los embargos han sido liberados; se han cumplido todos los criterios de la prueba de desempeño para el trabajo por el que solicita pago; o que se haya proporcionado la documentación necesaria de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO afirma que el Acuerdo prohíbe la recuperación del lucro cesante y cualquier otro daño emergente que busque Rothwell.

   Entre los señalamientos de CITGO se alega que Rothwell obtuvo el contrato a pesar de que carecía de la experiencia necesaria para instalar plantas desalinizadoras, esto en razón de la estrecha relación, familiar o de otro tipo, existente entre su propietario y Nelson Martínez, para la fecha de la negociación, Director Ejecutivo de la filial de PDVSA.

   Martínez ordenó que CITGO otorgara a Rothwell el acuerdo y esta última presentó su oferta sobre el Proyecto directamente a este Martínez, luego de que Laymar Peña, una exempleada del departamento de adquisiciones le notificara sobre el mismo. Peña se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston y se encuentra a la espera de sentencia.

Los cargos

  CITGO Petroleum Corporation presentó ocho cargos contra Rothwell, el primero de ellos por Conspiración para violar el deber fiduciario, indicando que Martínez y otros tenían una relación fiduciaria con CITGO y violaron los deberes fiduciarios que le debían a la empresa.

   Tales incumplimientos de los deberes fiduciarios ocasionaron un daño a CITGO y/o resultaron en un beneficio para Rothwell, una empresa, como se ha dicho, en la que Nelson Martínez tenía intereses y con la que, mediante sus socios, buscaba un propósito legal por medios ilegales.

   Martínez y otros, quienes le debían a CITGO lealtad, violaron intencionalmente sus deberes fiduciarios, sin limitación, tomando medidas para dirigir la adjudicación del Acuerdo a Rothwell, perpetuando la participación en el Proyecto y/o inducir pagos de CITGO a Rothwell.

  CITGO sufrió un daño como resultado inmediato del hecho ilícito, sostiene la empresa para sustentar el cargo.

   El segundo cargo 2 es por Ayudar y favorecer el incumplimiento del deber fiduciario, argumentando que Rothwell tenía conocimiento de que la conducta de Martínez y de otras personas constituía un incumplimiento de sus deberes fiduciarios para con CITGO.

   Sostiene CITGO que Rothwell le brindó a Martínez asistencia para quebrantar sus deberes fiduciarios, lo cual fue un factor sustancial en el incumplimiento del director ejecutivo s de sus deberes fiduciarios para con la filial de PDVSA.

   En el tercer cargo, por Incumplimiento de contrato (desempeño), CITGO refiere que existía un contrato válido y ejecutable entre ella y Rothwell en forma de Acuerdo. En tal sentido, como signatario del contrato CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento.

   Se indica que Rothwell violó el Acuerdo al no proporcionar la cantidad acordada de plantas de agua ni en la fecha acordada; por no realizar correctamente ni plenamente su trabajo en virtud del Acuerdo; por realizar trabajos no autorizados; por no completar la preparación del sitio, la instalación, la puesta en servicio y/o de las plantas de desalinización; por no proporcionar un cronograma de proyecto adecuado; por no realizar su trabajo de manera expedita y eficiente; por no tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del calendario del Acuerdo; por no agregar personal adicional, trabajar horas extras, para cumplir con el cronograma del Acuerdo; por no subsanar el trabajo ineficaz; por no cumplir con los horarios de envío, instalación y puesta en marcha; por cambiar y/o desviarse de las especificaciones sin la aprobación previa por escrito del representante autorizado de CITGO; por no informar adecuadamente el avance de la obra, entre otras.

   El cuarto cargo es por Incumplimiento de contrato (defensa y/o indemnización), refiriendo CITGO que en el acuerdo, una serie de anexos establecen que "El Contratista se compromete a indemnizar incondicionalmente por completo, mantener indemne y defender, a costa exclusiva del Contratista, la Compañía (...) de y contra todas las Responsabilidades y Daños (...) reclamados por (...) el Contratista (...) que surjan directa o indirectamente de o en cualquier forma relacionada con el desempeño o incumplimiento de este Acuerdo o el Trabajo u operaciones cubiertas o contempladas por este Acuerdo, sin tener en cuenta la causa o las causas del mismo (...)".
   Como parte del Acuerdo, CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento del contrato por parte de Rothwell, la cual violó el Acuerdo, sin limitación, al iniciar una demanda, no defender y/o no indemnizar a la petrolera de acuerdo con las disposiciones anteriores.

   El quinto cargo es por Incumplimiento de la garantía expresa de los servicios, alegando CITGO que Rothwell le vendió servicios y ofreció garantías sobre la calidad y características de los servicios.

   Sostiene que Rothwell violó las garantías que otorgó a CITGO, al no realizar el trabajo de manera ágil y eficiente, al no proporcionar una administración y supervisión empresarial eficiente en todo momento; al no realizar trabajos libres de defectos de mano de obra; al no proporcionar equipos, materiales y suministros libres de defectos y que cumplan con todas las especificaciones; al no proporcionar personal con las habilidades, la capacitación, los antecedentes, las licencias y los registros adecuados para realizar el trabajo de manera buena y profesional; al no utilizar principios y prácticas de ingeniería sólidos.

  El sexto cargo por Sentencia declaratoria refiriendo que, al existir una controversia de carácter judicial entre las partes, la Corte debe determinar los derechos de CITGO y declarar que Rothwell violó las disposiciones de defensa, exoneración de responsabilidad y/o indemnización del Acuerdo.

   Quiere CITGO que se establezca que los pagos a Rothwell violan las sanciones impuestas por EE. UU. y hacen que el cumplimiento sea impracticable, imposible y/o ilegal.

   Al mismo tiempo, CITGO solicita una declaración de que está eximido de cumplir mientras existan sanciones de conformidad con la cláusula de fuerza mayor del Acuerdo.

  El séptimo cargo, por Enriquecimiento injusto precisa que Rothwell ha retenido injustamente un beneficio en detrimento de CITGO en el monto de los pagos en exceso que se le hicieron en virtud del Acuerdo. Esta retención viola los principios fundamentales de justicia, equidad y buena conciencia.

   El octavo cargo, por Dinero refiere que Rothwell posee dinero, en forma de sobrepagos, que, en equidad y conciencia, pertenece a CITGO.