En un tribunal de WPB: Claudia Díaz Guillén, "la enfermera de Hugo Chávez" se enfrenta a la justicia norteamericana

   Claudia Díaz Guillén, exenfermera y extesorera venezolana aceptó sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit

    Este viernes 13 de mayo, un juez de Distrito del estado de la Florida leyó los cargos por corrupción a Claudia Patricia Díaz Guillén, una mujer que pasó de ser una enfermera del exmandatario Hugo Chávez, a Tesorera de Venezuela y posteriormente, una potentada millonaria que vivía entre lujos y caprichos con su marido, Adrián José Velázquez Figueroa quien también es acusado por el gobierno de Estados Unidos por haber cometidos delitos que violan las leyes federales estadounidenses. 

  Díaz Guillén fue extraditada desde Madrid, España el 12 de mayo de 2022, luego de un proceso que buscaba, por medio de acciones legales,  paralizar su entrega [por parte del Reino de España] a las autoridades de los Estados Unidos.  

   En la audiencia de arraigo, el juez auxiliar William Matthewman leyó los cargos por los cuales es acusada Díaz Guillén.  El magistrado se comunicó con la acusada a través de su abogada provisional, Marissel Descalzo. 

  La defensa solicitó una nueva audiencia para presentar todos los recaudos de una fianza. El magistrado Matthewman fijó la cita para el martes 17 de mayo. Este proceso se realiza en la Corte del Distrito de West Palm Beach, tribunal que juzgó a uno de los co-acusados, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y fue sentenciado. Gracias a su colaboración con la justicia y buen comportamiento, la condena de Andrade se redujo en mas de un 60 %. El exfuncionario corrupto está en libertad desde febrero 2022.

Los cargos 

  Díaz  Guillén es señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ser acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación firmada por la exfiscal del Distrito, Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Según varios medios de comunicación, Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

    Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

Doble apelación

  Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, apelaron ante la Audiencia Nacional de España la solicitud de extradición que Venezuela hizo por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1]. Asimismo, Díaz y Velásquez apelaron la petición de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos a España y que se concretó primeramente con la ex-enfermera de Hugo Chávez.

  En una entrevista concedida a BBC Mundo en 2018, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: “Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado”, criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. “El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos”[2].

La acusación

  El 30 de octubre del 2020, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

 El gobierno de Estados Unidos precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.

[1] Tal Cual. “AP: Ex-enfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/

[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037

¿Por qué la juez del caso Ali Sadr decidió publicar los documentos que dejaron mal parada a la justicia de EE. UU. ?

   La juez del caso ordenó divulgar las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo del caso.

Por Maibort Petit

  Una victoria para la libertad de expresión e información significó la decisión de la juez, Alison Nathan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York respecto al caso que en esa instancia judicial se dirime entre Estados Unidos y Ali Sadr Hashemi Nejad, toda vez que en uno de los apartes de su decisión del pasado 17 de febrero de 2021, concedió la solicitud de la prensa —a través de The Associated Press— de permitir la divulgación de los documentos que la fiscalía neoyorquina manipuló y pretendió ocultar durante el juicio del banquero iraní.

   En la citada corte, un jurado determinó que Sadr Hsheminejad era culpable de “violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán”, delitos por los que podía pasar varias décadas en la cárcel.

    Sin embargo, recientemente se conoció que los fiscales ocultaron de los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa de Sadr, a saber, una carta del Commerzbank al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. La extraña conducta de los fiscales llegó al extremo de, en lugar de enmendar su error, procedieron a “enterrar” el documento entre otra serie de papeles que remitieron a la defensa, creyendo que la irregularidad no iba a ser detectada.

  La prensa bregó ante el tribunal a objeto de que se permitiera la divulgación, tanto de la carta del Commerzbank, como de los correos electrónicos y mensajes de texto, entre otros, que se cruzaron los fiscales y que revelaban cómo su actuación permitió el desmoronamiento del caso contra Sadr cuando el juicio estaba a punto de completarse.

  Ocurrió que un registro bancario apareció a último momento cuando la fiscal federal adjunta, Jane Kim, lo quería presentar como prueba, pero se percató de que aún no lo había compartido con los abogados de Alí Sadr, algo que violaba las reglas del debido proceso. 

   Tales hechos llevaron a la juez Alison Nathan a anular el veredicto del jurado y a, en los últimos días, recomendar al Departamento de Justicia, investigar la probable conducta irregular de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente a la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales.

  En su decisión del 17 de febrero, la juez Nathan permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello. Y si bien la magistrada accedió a sellar los expedientes que constituyen la base del dictamen que estableció que el público tiene derecho a saber cómo sucedieron los hechos.

   Recuerda la decisión que tanto la Constitución como las leyes y la tradición judicial reconocen el derecho de acceso público a los procedimientos judiciales y a los documentos judiciales. Subraya que las Enmiendas Primera y Sexta también protegen el derecho a iniciar un proceso judicial —la Sexta para los acusados y la Primera para el público y los miembros de la prensa— siendo condición que el documento solicitado sea un "documento judicial".

   Señala la jurisprudencia que la Corte debe considerar la “relevancia del contenido específico del documento para la naturaleza del procedimiento y el grado en que el acceso al documento ayudaría materialmente al público a comprender los asuntos ante la corte y a evaluar la imparcialidad e integridad de la resolución judicial". Agrega que el tribunal en el ejercicio de sus poderes de supervisión tiene poder para investigar las declaraciones falsas y sancionar la mala conducta de los abogados. 

  De este modo, las declaraciones del fiscal, los anexos y las cartas de las partes son importantes para que el público comprenda las cuestiones que tiene ante sí la Corte, refiere la decisión, incluida la desestimación de los cargos subyacentes contra Alí Sadr y la tergiversación de la fiscalía ante la Corte con respecto a la divulgación de pruebas exculpatorias. En tal sentido, el Tribunal mostró su desacuerdo con la posición de los fiscales de que los documentos están exentos de divulgación porque la presente investigación del es análoga a un procedimiento disciplinario. Contundentemente el tribunal estableció que el caso de Sadr no es un procedimiento disciplinario. 

  La Corte estimó que el derecho público de acceso a los documentos judiciales no se evapora cuando está involucrada la mala conducta de un abogado y, por el contrario, sostiene que es más importante "tener cierta responsabilidad y que el público tenga confianza en la administración de justicia". Así, el tribunal concluyó que las declaraciones del fiscal y las cartas de las partes son documentos judiciales.

  Igualmente, la Corte concluyó que tanto la Primera Enmienda como el derecho consuetudinario apoyan el acceso público a los documentos en el caso de Alí Sadr, una conclusión a la que llegó sobre la base de que las declaraciones en las que se basa un tribunal para llegar a una decisión judicial son documentos históricamente abiertos a la prensa y al público, el cual tiene un profundo interés en la conducta de los fiscales federales. 

  Precisa la juez Nathan que la información sobre la mala conducta de la fiscalía que dio pie a la anulación del veredicto del jurado y la desestimación de una acusación, es de gran valor para quienes supervisan los tribunales federales. El hecho de que se haya decidido no imponer más sanciones basándose únicamente en dichos documentos, sin una audiencia pública, pesa más a favor de la divulgación. 

   Refiere la decisión que las declaraciones del fiscal y sus anexos hacen referencia solo a un puñado de correos electrónicos con terceros, ninguno de los cuales incluye información privada o vergonzosa. Sostiene que los intereses de privacidad de los propios fiscales tampoco justifican la denegación del acceso público a los documentos, mientras que el interés del público precisamente en estos detalles pesa en contra del sellado.

  La juez Alison Nathan determinó que es apropiado revelar las identidades de los fiscales involucrados y concluyó que dicha información se puede verificar fácilmente a partir de documentos presentados públicamente y transcripciones del juicio. 

  Determinó la magistrada que el público tiene derecho a saber cómo ocurrieron los hechos extraordinarios de este caso en el cual el Gobierno terminó por solicitar y obtener la vacante del veredicto del jurado en razón de la responsabilidad de los funcionarios públicos y en la confianza del público en la administración de justicia. 

“Con la excepción de una clase limitada de materiales que tratan con información confidencial, la Corte no mantendrá en secreto las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes y los documentos de respaldo en este caso. La Corte espera que a medida que el Distrito Sur de Nueva York deje atrás este desafortunado capítulo, estos documentos proporcionarán a otros fiscales y miembros del público una idea de cómo el Gobierno llegó a manejar tan mal sus obligaciones éticas en este caso, algo de disuasión para conducta indebida en juicios futuros y cierta seguridad de que el poder judicial trata estos asuntos con la mayor seriedad”, concluye la decisión.

Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano

   El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra Claudia Díaz Guillén y su esposo, señalados de recibir sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit

Señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la extesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”, fue acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación de la fiscal Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Hace pocos días, circuló una información que asegura que Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

   Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

   En la actualidad, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, esperan la decisión de la Audiencia Nacional de España respecto a la solicitud de extradición que Venezuela ha formulado por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1].

  En una entrevista concedida a BBC Mundo, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: "Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado", criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. "El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos"[2].

La acusación

  El pasado 30 de octubre del corriente, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  La fiscalía precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.

 

 

 

 

[1] Tal Cual. “AP: Exenfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/

 

[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037

SAAB NO ES EL ÚNICO: EL EJE DEL MAL OPERA COMO UNA RED QUE HAY QUE CONOC...

FinCEN advierte a instituciones financieras sobre los continuos intentos de corruptos de Venezuela de robar, ocultar o lavar dinero

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un aviso para alertar a las instituciones financieras sobre la continua corrupción generalizada en Venezuela y los métodos que las figuras políticas de ese país y sus asociados pueden usar para mover y ocultar el producto de su corrupción. Además de describir el saqueo corrupto del programa de distribución de alimentos patrocinado por el gobierno de Venezuela, el aviso proporciona y actualiza una serie de avisos financieros para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que puedan ser indicativas de corrupción.

“Los miembros de la tribu de corruptos de Maduro continúan buscando flujos de ingresos ilícitos, incluso cuando el pueblo y la economía venezolanos se hunden más en la desesperación. Estamos alertando a las instituciones financieras de que el régimen de Maduro está utilizando esquemas sofisticados, incluido el desvío de asistencia humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control sobre el poder ", dijo Sigal Mandelker, Subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera. "La comunidad financiera internacional debe estar atenta para evitar la explotación por parte de los miembros del régimen corruptos y sus habilitadores, incluidas las compañías del frente y las instituciones financieras extranjeras que continúan apuntalando este régimen ilegítimo".

"Los venezolanos están siendo presa del ilegítimo régimen de Maduro y sus aliados y acólitos, que están matando de hambre al pueblo venezolano, privándolos de atención médica y usándolos como herramientas para apoyar la sed de dinero y poder del régimen", dijo FinCEN. Director Kenneth A. Blanco. “El pueblo venezolano está sufriendo una tragedia épica cuyas proporciones rara vez se ven en el hemisferio occidental, si acaso alguna, debido a la codicia y la corrupción del régimen ilegítimo de Maduro. Los Estados Unidos no permitirán que se abuse de nuestro sistema financiero en beneficio de los cleptócratas extranjeros que intentan esconder su fortuna secreta y comprar casas, yates y aviones en los Estados Unidos y crear cada vez más riqueza para los propósitos inhumanos del régimen de Maduro. Este dinero pertenece legítimamente a la gente de Venezuela. FinCEN y sus socios de la institución financiera continuarán trabajando juntos para cortar el flujo de dinero sucio ”.

El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el Presidente Interino de Venezuela y el líder legítimo del pueblo venezolano. El régimen ilegítimo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro se ha involucrado en una corrupción masiva a través de empresas estatales y terceros offshore. En los últimos años, las instituciones financieras han reportado una mayor actividad con sospechas de vínculos con la corrupción pública venezolana, incluidos los contratos gubernamentales.

FinCEN advierte sobre el uso indebido del programa de distribución de alimentos patrocinado por el gobierno de Venezuela denominado Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción ("Comités Locales de Suministro y Producción"), que se conoce comúnmente como el "programa CLAP". CLAP se creó en 2016 para El propósito declarado públicamente es proporcionar raciones de alimentos subsidiados a ciudadanos venezolanos. El ilegítimo antiguo régimen de Maduro está utilizando el programa CLAP para proporcionar alimentos subsidiados a sus partidarios, retener los alimentos de los ciudadanos venezolanos comunes y aquellos que critican al régimen y enriquecer a los miembros del régimen corruptos y sus aliados mediante malversación, manipulación de precios y dinero basado en el comercio. Esquemas de lavado utilizando empresas frontales y shell.

El régimen de Maduro también ha experimentado con el uso de la moneda digital para evitar las sanciones y generar ingresos. Ha desarrollado una moneda digital llamada "Petro" y, según se informa, continúa desarrollando nuevos tokens. En 2018, el banco ruso Evrofinance Mosnarbank surgió como la principal institución financiera internacional dispuesta a financiar el Petro. En marzo de 2019, la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Evrofinance Mosnarbank por asistir, patrocinar o proporcionar material, apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) ). Se recuerda a las instituciones financieras que la Orden Ejecutiva (E.O.) 13827 prohíbe a las personas de EE. UU. Cualquier participación en la moneda Petro digital.

Las instituciones financieras deberían tomar medidas basadas en el riesgo para identificar y limitar cualquier exposición que puedan tener a los fondos y otros activos asociados con la corrupción pública venezolana alimentada por el régimen de Maduro. Sin embargo, las instituciones financieras deben ser conscientes de que los negocios normales y otras transacciones que involucran a nacionales y empresas venezolanas no representan necesariamente el mismo riesgo que las transacciones y relaciones identificadas como relacionadas con el antiguo régimen venezolano.

Tribunal de NY fija fecha del juicio contra el banquero iraní que evadió sanciones contra Irán con jugosos contratos en Venezuela

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El juicio del presidente del banco maltés, Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad  se realizará en octubre de 2019, según la orden firmada por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Andrew L. Carter. El banquero fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones estadounidenses contra Irán, de fraude bancario y lavado de dinero relacionado con proyectos de viviendas sociales durante el gobierno del fallecido Hugo Rafael Chávez Frías.

El juez decidió que el juicio de Ali Sadr Hasheminejad empezará el 21 de octubre, para lo cual las partes deben suministrar a la corte las propuestas de instrucciones al jurado y las mociones in limine a más tardar el 9 de octubre.

El propietario de banco maltés Pilatus Bank fue arrestado en marzo de 2018 fue acusado de estar involucrado en un caso relacionado con un contrato mil millonario que el iraní firmó en 2006 con el gobierno de Hugo Chávez a través del cual el banquero habría movido dinero ilegal como parte de un acuerdo para construir viviendas de bajo costo para los venezolanos.

Según los documentos federales, los gobiernos de  Hugo Chávez y el  del iraní Mahmoud Ahmadinejad acordaron construir miles de casas en Venezuela para lo cual se firmó un contrato con la empresa energética estatal venezolana Stratus Group, un grupo de compañías propiedad de Hasheminejad.  

Los fiscales argumentan que el proyecto de Stratus Group consistía en construir 7,000 viviendo por $476 millones. Cada casa tenía un costo de $70,000 aproximadamente, lo que equivalía para ese entonces ( cambio del dólares sobre el bolívar en 2006) a 210 millones de bolívares.

La acusación del Gran Jurado sostiene que el acusado, Ali Sadr Hasheminejad participó directamente en la supervisión de la ejecución del proyecto y ocultaba el rol de la República Islámica en ese proyecto para así evadir las sanciones que el gobierno norteamericano había impuesto al régimen iraní. 

En el marco de la conspiración acusada, Ali Sadr Hasheminejad  y otro co conspirador habrían logrado obtener pasaportes de San Cristóbal y Nieves, cuyos gobierno son aliados del régimen venezolano. En 2010 el acusado poseía un documento de la isla caribeña para lo cual usaba una dirección en Emiratos Árabes Unidos. El objetivo era tener otras entidades  fuera de Irán, una en Turquía y otra en Suiza que fueron usadas para recibir los pagos en dólares provenientes del gobierno de Chávez. Las dos entidades  estaban controladas por Ali Sadr Hasheminejad  y su grupo familiar en Irán.

El rastreo evidenció que entre los años 2011 y 2013 el gobierno de Venezuela ejecutó 15 pagos por un monto de USD115 millones cada uno relacionados con el proyecto de las viviendas de interés social de la administración de Hugo Chávez. El dinero luego fue transferido a un banco en otro offshore ubicado en las Islas Vírgenes Británicas.

Los fiscales destacan que en 2012, el acusado y sus asociados usaron USD 2 millones para comprar propiedades en California. El dinero fue ingresado bajo la categoría  “ganancias del proyecto. 

Uno de los fiscales de distrito, Geoffrey Bearman sostiene que  Sadr Hasheminejad logró crear el banco Pilatus en 2013 con dinero proveniente de la industria criminal y gracias a los pagos en dólares con los que  benefició a Irán. 

Bearman sostuvo que un monto de USD12.9 millones que estaban depositados en Pilatus Bank fueron decomisados porque constituyen un producto criminal relacionado con el proyecto de viviendas en Venezuela.

Ali Sadr Hasheminejad está en libertad con fianza millonaria

En junio de 2018, Ali Sadr Hasheminejad logró salir en libertad bajo fianza aunque acordó estar sujeto al monitoreo electrónico y a la prohibición de salir de su residencia después de las 7 PM. 

La fianza del banquero incluye una serie de condiciones y bonos que totalizan unos $ 34 millones,  aunado a unos 40 bonos de familiares, amigos y colegas que alcanza un valor de casi $ 14 millones.

El acusado  también fue obligado a entregar todos sus pasaportes y otros documentos de viaje a la corte neoyorquina. Por orden judicial el banquero no podrá obtener nuevos documentos y debió renunciar a cualquier derecho de impugnar la extradición  en caso que cualquier país extranjero decida procesarlo.

La orden de la corte estableció un perímetro entre los Distritos sur y este de la ciudad de Nueva York, Washington DC, Maryland y el distrito este de Virginia.

Entre las otras limitaciones que acordó Ali Sadr Hasheminejad está la posibilidad de reclamar el dinero que fue congelado en sus cuentas bancarias en bancos internacionales.

Fiscal provisorio exculpó a empresa bloqueada por PDVSA por sobreprecios en contratos contradiciendo a Tarek William Saab

Contraviniendo las afirmaciones del Tarek William Saab, el Fiscal Provisorio 55° de competencia Nacional en lo Penal, exculpó a la empresa Capriservis C.A., señalada por su superior de desfalcar a PDVSA mediante contratos con sobreprecios.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Desmintiendo al fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, el Fiscal Provisorio 55° Nacional Penal, Ronny José Salimey Mejías, exculpó a la empresa Capriservis C.A. por no ser objeto de investigación en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), pese a que su superior jerárquico así lo había asegurado ante la opinión pública venezolana.

Cabe recordar que el 31 de agosto de 2017, Saab dio a conocer que las empresas Nalco Venezuela, Sumi Service 2021, Capriservis, Cooperativa servicio de Oriente, Servicio construcciones y mantenimiento Romara, Constructora Urbano Fermín, Metroemergencias, Travequip, SDV Energía e Infraestructura y Derwick Associates, estaban señaladas de supuestamente haber desfalcado al país por un monto de USD 200 millones, ocasión que aprovechó para vincular en estos hechos irregulares a Luisa Ortega Díaz por actuar “con permisiva omisión. Usted es la principal responsable del desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco porque desviaron la investigación para extorsionar”[1].

Y aunque ahora el fiscal Ronny José Salimey Mejías niega que Capriservis haya incurrido en el ilícito de negociar con sobreprecio con la estatal petrolera, Tarek William Saab aseguró que sus investigaciones lo llevaron a determinar que las diez empresas involucradas recibieron doce contratos para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco entre 2010 y 2016 estableciendo tarifas sobrevaloradas en hasta 230 por ciento[2].

Esa no fue la única ocasión en la que Tarek William Saab se refirió al asunto, pues posteriormente, el 22 de septiembre del mismo año 2017, indicó que luego de avanzar en las investigaciones de su despacho —pese a que el fiscal Salimey Mejías lo niega— el número de las empresas bajo averiguación se había elevado a 17, “de las cuales 10 están totalmente auditadas y comprometidas en este desfalco con sobreprecio en las contrataciones que se hicieron en la Faja” y agregó que a través de estas “contrataciones colosales”, aproximadamente con 41 mil contratos otorgados de manera directa, se había esquilmado el patrimonio público en unos 35 mil millones de dólares, informó el periódico de tendencia oficialista El Correo del Orinoco[3].

El oficio exculpatorio

El 27 de abril de 2018, el Fiscal Provisorio 55° Nacional Penal, Ronny José Salimey Mejías, dirigió una comunicación al presidente de Petróleos de Venezuela S.A., Mayor General Manuel Quevedo, para informarle que las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público en la Faja Petrolífera del Orinoco, “en razón del otorgamiento de los distintos contratos que contienen procura con sobreprecio”, se constató que la empresa Capriservis C.A. con el Registro de Información Fiscal (RIF) J-31131922-0, con el código de proveedor en la industria N° 100066862, no estaba siendo investigada por las fiscalías comisionadas para el caso signado con el número MP-257978-2017, referido a Petropiar, “ni en ninguna otra causa”.

El fiscal Salimey Mejías le refirió a Manuel Quevedo que en razón de que para el momento de suscribir dicha comunicación, la susodicha empresa se encontraba bloqueada por PDVSA y sus filiales, se exhortaba a la Petróleos de Venezuela S.A. a proceder al respectivo desbloqueo “a los fines que pueda continuar son sus labores dentro de la estatal, honre los compromisos contratados con esa empresa y así se le realicen los pagos correspondientes”.

“En tal sentido, siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y su función está dirigida a determinar la culpabilidad de los posibles agentes que están inmersos en algún hecho punible, también tiene atribuida la facultad de exculpar en aquellos casos donde no se encuentran elementos de convicción, en consecuencia solicitamos de sus buenos oficios de cumplimiento a lo exhortado por esta Oficina Fiscal”, concluye.

La comunicación iba con copia a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, a la Consultoría Jurídica, a la Dirección de Auditoría Interna y a la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA.

La orden de bloqueo

El 14 de agosto de 2017, el entonces presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, pidió al vicepresidente de la estatal, Simón Zerpa, así como al presidente de Bariven, Francisco Jiménez, bloquear preventivamente de forma inmediata a diez empresas para todo tipo de operaciones en el maestro de proveedores, incluida la colocación de pedidos, pagos y financiamiento en la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

La orden de Del Pino se sustentaba en el hecho de que cursaba una investigación sobre la procura de la Faja Petrolífera donde estas diez empresas, entre las que figuraba Capriservis C.A., eran consideradas "de alto riesgo [y] a las cuales se les debe hacer bloqueo inmediato".

El presidente de la estatal petrolera prohibió que ha dichas compañías se les invitara a participar “en procesos de licitación, celebración de negocios y contratos hasta que culmine la investigación”[4].

La empresa

La empresa Capriservis C.A., de acuerdo al portal Pymes Venezuela[5], se dedica a “todo lo relacionado con la prestación de servicios de control ambiental y de manera enunciativa podría realizar mantenimiento de fosas con componentes derivados del petróleo, aceites, gases, fosas de agua salada, desechos tóxicos, reciclaje de derivados del petróleo aceites, construcción, mantenimiento  e inspección de obras civiles, petroleras, mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas, movimientos de tierra, levantamientos topográficos, transporte en general marítimo y terrestre, suministro, alquiler y venta de maquinarias y equipos pesados, elaboración de proyectos, mantenimiento en general, importación, fabricación, compra, venta de materiales de ferretería y de la construcción, suministro y supervisión de personal, recuperación y restauración de áreas verdes, arborización, paisajismo, decoración de ambientes exteriores e interiores, así como la explotación de cualquier rama de actividad mercantil de lícito comercio establecidas en las leyes venezolanas, además de las ramas conexas o no relacionadas, siempre que así se decida en asamblea general de accionistas”.

La compañía tiene su sede en Santa Elena de las Piñas, calle principal, Quinta N° 58, Maturín, estado Monagas, la cual también figura como dirección fiscal. El Registro de Información Fiscal (RIF) es J-31131922-0.

Se informa que cuenta con un trabajador y sus teléfonos son 0414-3824569, 0416-9922186, Fax 0291-6419119 y correo electrónico: capriservis@cantv.net.

Entretanto, Dato Capital[6] informa que el último balance presentado por Capriservis tenía fecha de 31 de diciembre de 2016, con una facturación de 118.566.483 bolívares, un beneficio bruto de Bs. 93.064.031, un beneficio neto de Bs. 3.034.981 y un efectivo disponible de Bs. 3.760.193.

La empresa, que figura en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) correspondiente al estado Monagas.

Capriservis estaba habilitada para contratar con el estado de  acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones Públicas.

El fiscal

Ronny José Salimey Mejías nació el 13 de noviembre de 1976 y es titular de la Cédula de Identidad número V-13.406.007, se le ubica en la parroquia Sucre del municipio Libertador del Distrito Capital, de acuerdo a información del portal Dateas[7].

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional “Doctor Elías Rodríguez”, ubicado en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital.

Según su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ingresó al sistema el 16 de junio de 1997, su fecha de contingencia es el 13 de noviembre de 2036. Su estatus actual es cesante, al haberse retirado de la Defensoría del Pueblo Número Patronal 19891412, el 9 de enero de 2019. Acumula 992 semanas cotizadas y un total de salarios de Bs. 21.045,76.

Este fiscal, según fuentes informativas, es protegido del Director General de Administración de la Fiscalía General.

Ronny José Salimey Mejías También fue señalado por los familiares del expresidente de Citgo y PDVSA, Nelson Martínez, quien murió cuando estaba detenido por acusaciones de corrupción, por no haber tomado acciones a tiempo que hubieran impedido que el exfuncionario falleciera, supuestamente, por negársele a tiempo los servicios médicos que requería[8].

Notas

[1] Efecto Cocuyo. “Saab vincula a exfiscal en desfalco a la Nación de 200 millones de dólares”. 31 de agosto de 2017. http://efectococuyo.com/politica/saab-vincula-a-exfiscal-en-desfalco-a-la-nacion-de-200-millones-de-dolares/

[2] 2001. “Tarek William Saab nombra 10 empresas que incurrieron en robo a la nación (+Lista)”. 31 de agosto de 2017. http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/168537/tarek-william-saab-nombra-10-empresas-que-incurrieron-en-dano-patrimonial---lista-.html

[3] Correo del Orinoco. “Cronología de la caída de las mafias petroleras”. 1° de diciembre de 2017. http://www.correodelorinoco.gob.ve/cronologia-de-la-caida-de-las-mafias-petroleras/

[4] Venezuela Política. “Presidente de PDVSA pide bloquear a 10 empresas con antecedentes de corrupción para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco”. 31 de agosto de 2017. http://maibortpetit.blogspot.com/2017/08/presidente-de-pdvsa-pide-bloquear-10.html

[5] Pymes Venezuela. Capriservis C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/capriservis-ca-33280

[6] Datos Capital. Capriservis C.A. https://www.datocapital.com.ve/empresas/Capriservis-Ca.html

[7] Dateas. Salimey Mejías, Ronmy José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/salimey-mejias-ronmy-jose-578294

[8] Noticias Venezuela. “Maibort Petit: Al expresidente de Citgo y PDVSA Nelson Martínez se le habría violado servicio médico y tratamiento adecuado”,

Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida

En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que el acusado será presentado ante el juez el miércoles 22 de agosto de 2018 para una audiencia en la cual deberá declararse culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Los nuevos documentos dados a conocer por la Corte del Distrito Sur de la Florida en el caso de contratistas y funcionarios del gobierno venezolano que habrían supuestamente malversado más de US$1.200 millones provenientes de la estatal  petrolera PDVSA (entre 2014 y 2018), revelan que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá, además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas. Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos.

Los acusados son los siguientes: Francisco Convit Guruceaga (contratista venezolano); Carmelo Urdaneta Aqui, (exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela); Abraham Eduardo Ortega, exdirector de finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer, operador  venezolano;  Hugo Andrés Ramalho Gois (banquero portugués),  Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (banquero uruguayo) y Mario Bonilla Valera.

En este caso fue arrestado el 24 de julio de 2018 en Miami,  el ciudadano alemán que vivió en Venezuela y quien es residente de Panamá, Matthias Krull.  Tras su presentación ante el juez el 27 de julio de 2018, la defensa del banquero solicitó libertad bajo fianza, la cual fue fijada por el juez de la causa en un millón de dólares (USD 1.000.000,00). 

La nueva audiencia de Matthias Krull se realizará el miércoles 22 de agosto de 2018 ante la jueza Cecilia M. Altonaga y la misma tiene como objeto que el acusado se declare culpable o no culpable de los cargos en su contra.

Krull firmó una autorización para un juicio acelerado, y en los documentos que aparecen en su expediente está una audiencia para los exámenes preliminares de este caso prevista realizarse el 8 de octubre de 2018.

La acusación de Krull dice que el demandado trabajó en la administración de las cuentas de la cúpula venezolana y que formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares provenientes de Pdvsa.

Otro detenido en espera de extradición

Otro de los sujetos acusados en la supuesta conspiración es un ciudadano colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. La fiscalía lo acusada de blanquear parte de los fondos a través de inversiones fraudulentas en fondos mutuos. Hernández Frieri fue detenido en Italia el 25 de julio de 2018 y está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.

El caso

La acusación emanada del Gran Jurado establece que los acusados conspiraron para lavar unos US D 1.200 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera PDVSA,  y que a la vez idearon un esquema para lavar los fondos de origen ilegítimo en el sistema financiero norteamericano y europeo.

Dice la demanda que los acusados compraron una serie de propiedades inmobiliarias, bonos e instrumentos financieros durante las fechas de la conspiración (2014-2018). 

El gobierno acusa a Francisco Convit  Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Arteaga, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andrés Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara y a Mario Enrique Bonilla Valera de haber conspirado para lavar dinero en los Estados Unidos. 

Los demandados, Abraham Edgardo Arteaga y Gustavo Adolfo Hernández Frieri tienen dos cargos por lavar dinero con instrumentos financieros. El la acusación también se destaca que Hernández Frieri tiene un cargo por promoción de lavado de dinero internacional.

Incautaciones de propiedades en tres países

Documentos de la corte informan que el gobierno de los Estados Unidos incautó propiedades por el orden de los USD 45.585.667, 46. El 19 de diciembre de 2017 se incautaron bienes por USD 5.999.710,00; en enero 8 de 2018 por el orden de US D 35.488.967,72 y el 17 de julio de 2018 por US D 4.096.989,74.

Se confiscó además una propiedad en la Torre Porsche ubicada en 18555 Collins Avenue #2205, Sunny Isles Beach, Florida 33160. 

Asimismo se congelaron todos los fondos depositados en la cuenta 1466054 Del City National Bank y los de la cuenta -portafolio 1303311-00 Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas; USD 5.000 Global Securities Trade Clase D-Serie D-1-15813-315 LU098615466 Fenice SICAV SIF Eagle Global. 

Otras incautaciones hechas por las autoridades federales fueron los fondos depositados en la cuenta 10608645 de Zarattini & Co Bank en Lugano, Suiza y los siguientes instrumentos financieros:

1)16.000 Fenice SICAV SIF SCA SICAV-SIF Eagle Global.

2)24,405,72 Fenice SICAV SIF SCA SICAV Blu.

Y todos los fondos depositados en la cuenta ZIULD767 en Valbury Capital LTD en Londrés.

Se confiscaron11 apartamentos ubicados en las Residencias Santa María Signature en ciudad de Panamá, con el mobiliario incluido.

Asimismo embargaron 11 propiedades inmobiliarias en el estado de la Florida.